Indice Digesto Municipal

Trata y Tráfico de Personas

Trata y Tráfico de Personas (5)

Decreto nº 936/2011 
Fecha: 05.07.2011
Publicación: 06.07.2011

Promuévese la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

VISTO las Leyes Nros. 26.364 y 26.485 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.364 de PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS tiene por objeto la implementación de las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.
Que el artículo 4º de la Ley precitada, determina que existe explotación —entre otros supuestos— cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual.
Que, por su parte, la Ley Nº 26.485 de PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, declara de Orden Público sus disposiciones y determina su aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal.
Que en virtud de su artículo 2º, dicha ley tiene como objeto promover y garantizar, entre otros extremos la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
Que, asimismo, la mencionada norma establece que los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.
Que, por la Ley Nº 26.485 quedan especialmente comprendidas en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.
Que, entre las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres, la referida norma incluye a la violencia mediática, definida como "aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres".
Que también la Ley Nº 26.485 en su artículo 3º, garantiza todos los derechos reconocidos por la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS y por la Ley Nº 26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Que, en tanto, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER —"CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ"—, ratificada por la Ley Nº 24.632, establece el compromiso de los Estados Parte a alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a su dignidad.
Que en cuanto a los Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Nº 26.522 en su artículo 3º, incisos d), h) y m), respectivamente, establece para los mencionados servicios y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.
Que asimismo, la referida ley dispone en su artículo 12, inciso 19), que la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL tendrá entre sus misiones y funciones la de garantizar el respeto a la Constitución Nacional, las leyes y Tratados Internacionales en los contenidos emitidos por los servicios de comunicación audiovisual.
Que por otra parte, el artículo 71 de la ley en cita establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar por el cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por las Leyes Nros. 26.485 de PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES y 26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, anteriormente referidas.
Que dentro del marco precedentemente reseñado, resulta imperioso adoptar medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia sexual y trata de personas, en particular con fines de prostitución, que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas y son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano, determinando la adopción de medidas eficaces en los planos nacional, regional e internacional.
Que se reconoce que la labor emprendida a nivel mundial para erradicar la trata de mujeres y niñas, incluida la cooperación internacional y los programas de asistencia técnica, requiere una fuerte voluntad política y la activa cooperación de todos los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de destino.
Que existe un alto grado de preocupación por el aumento de las actividades de las organizaciones de la delincuencia transnacional, así como de otras que lucran con la trata internacional de mujeres y niños aun sometiendo a sus víctimas a condiciones peligrosas e inhumanas en flagrante violación de las normas de derecho interno e internacional.
Que la trata de personas constituye un fenómeno global, más de CIENTO TREINTA (130) países han reportado casos, siendo una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) millones de personas, en un gran porcentaje mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral.
Que, en ese orden, se deben arbitrar las medidas necesarias para promover la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de personas en medios masivos de comunicación; y en especial, los avisos de la prensa escrita los cuales pueden derivar en una posible captación de víctimas de trata de personas.
Que lo consignado precedentemente determina la necesidad de reducir todas aquellas prácticas o usos sociales que faciliten o dejen expedita la consecución de las acciones que puedan ser tipificadas como trata de personas.
Que en tal sentido, se considera que los avisos publicados y/o transmitidos por los medios de comunicación que promueven la oferta sexual son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas.
Que, en consecuencia, resulta necesario adoptar medidas al respecto, combatiendo las herramientas que puedan facilitar a las redes criminales la consumación del aludido delito, procediendo a la reglamentación de las aludidas Leyes Nros. 26.364 y 26.485, así como de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, del 9 de junio de 1994 y de la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (C.E.D.A.W.), del 18 de diciembre de 1979, prohibiendo los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, teniendo como finalidad la prevención del delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.
Que, a tal fin, se dispone la creación de la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la que será Autoridad de Aplicación del presente, facultándose a la misma para verificar el cumplimiento de sus disposiciones, para monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual, así como para imponer o requerir las sanciones por incumplimientos.
Que, tendiendo al efectivo cumplimiento de las disposiciones de este acto, corresponde determinar el procedimiento de verificación de las infracciones y de sustanciación de las causas que de ellas se originen.
Que asimismo se establece que la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su actuación con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) y con el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

(1)Artículo 1º.— Con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.
Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente.
Artículo 2º.— Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL, la que será Autoridad de Aplicación del presente decreto.
Artículo 3º.— La OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL se encuentra facultada para:
a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este decreto.
b) Monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual.
c) Imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en esta medida.
Artículo 4º.— La verificación de las infracciones a lo dispuesto en este acto y la sustanciación de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece:
a) Comprobada una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado, la disposición infringida, debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde conste materialmente dicha infracción.
b) Ante la primera comprobación de una infracción, el funcionario actuante notificará al presunto infractor e instará, en el mismo acto, a que en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas, el medio gráfico cese con la práctica incursa en infracción.
c) Si el medio gráfico incurriese nuevamente en una práctica vedada e hiciese caso omiso de lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario actuante labrará una nueva acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida, debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde conste materialmente la nueva infracción, como así también copia del acta labrada contemplada en el inciso a).
El presunto infractor, dentro de los CINCO (5) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere.
d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en los incisos a) y c) de este artículo, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.
e) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.
f) Concluido el plazo contemplado en el último párrafo del inciso c) la Autoridad de Aplicación dictará resolución definitiva dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, notificando en el mismo acto al presunto infractor.
Artículo 5º.— La OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su actuación con la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 26.522, con el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES atento las previsiones de la Ley Nº 26.485 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1011/10, y con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA.
Artículo 6º.— Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación del régimen establecido por este acto.
Artículo 7º.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

 


(1) Resolución 14/2011 S.C.P.
Fecha: 20.07.2011
Publicado: 19.09.2011

Régimen sancionatorio aplicable a supuestas transgresiones, establecidas por el Decreto Nº 936/2011.

VISTO el CUDAP EXP-JGM: 0027463/2011 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes Nº 26.364, Nº 26.485 y Nº 26.522 y sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 984 del 27 de julio de 2009, Nº 14 del 11 de enero de 2011 y Nº 936 del 5 de julio de 2011 y sus normas complementarias, las Resoluciones de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA Nº 3 del 4 de febrero de 2011 y Nº 11 del 27 de junio de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, tiene por objeto la implementación de las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, así como asistir y proteger a sus víctimas.

Que por su parte, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, tiene por objeto promover y garantizar, entre otros extremos, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Que en virtud de la normativa citada precedentemente, el Estado Nacional tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, sino que además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia.

Que mediante el Decreto Nº 936/11 se estableció con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, la prohibición de los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.

Que asimismo por el Decreto referido se dispuso que quedan comprendidos en su régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente.

Que por su parte el artículo 71 de la Ley Nº 26.522 establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar por el cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por la ya citada Ley Nº 26.485.

Que conforme surge del Anexo al artículo 2º del Decreto Nº 357/2002 la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es quien tiene a su cargo la formulación, ejecución y supervisión de la política de comunicación pública, así como también la coordinación y supervisión de la gestión comunicacional de los organismos o empresas actuantes en el ámbito de su competencia.

Que asimismo, según surge del artículo 5º del Decreto Nº 14/11 la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA de GABINETE de MINISTROS resulta la autoridad de aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nº 984/09.

Que por el artículo 1º del Decreto citado en último término, se estableció que las campañas institucionales de publicidad y comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que realice la Administración Pública Nacional, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas y los demás organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias y complementarias, cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán realizarse o contratarse conforme sus disposiciones.

Que al emitirse la Orden de Publicidad a un medio de comunicación determinado, nace una relación de orden contractual entre su emisor, sea TELAM S.E., la AFIP, la ANSES o las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, y el titular del medio, que comporta una serie de derechos y obligaciones inherentes a cada una de las partes, que habilita la aplicación de un régimen sancionatorio.

Que independientemente del régimen legal vigente que faculta al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como autoridad de aplicación, a imponer sanciones frente a violaciones al régimen dispuesto por el Decreto Nº 936/2011, TELAM S.E., la AFIP, la ANSES y las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, en el marco de la relación contractual que las vincula con el medio de comunicación infractor, se encuentran investidas de la potestad para sancionar a su contraparte, debiendo merituar la misma de conformidad con el principio de razonabilidad y la gravedad y periodicidad de la infracción, ello con el objeto de combatir la vulneración de la normativa en cuestión, de orden público y rango constitucional.

Que a los fines de instrumentar un régimen sancionatorio que se aplique frente a supuestos de transgresiones al mencionado Decreto, de las cuales tome conocimiento, resulta conveniente que en forma previa se proceda a notificar en lo sucesivo y a través de todas las Ordenes de Publicidad, que en atención al dictado del Decreto Nº 936/2011, aquellos medios de comunicación que infrinjan sus disposiciones, serán pasibles de la aplicación de la sanción de suspensión de la publicidad oficial en el medio infractor y la accesoria que pudiera corresponder.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DELEGACION LEGAL de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 14/2011.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMUNICACION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

Artículo 1º.— Establécese que la Agencia TELAM S.E., la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, deberán incorporar en sus regímenes de contratación de publicidad, entre las causales de sanción de suspensión en el registro de proveedores, la inobservancia de lo dispuesto en el Decreto Nº 936/2011.

Artículo 2º.— Dicha sanción tendrá los siguientes efectos:

a) la pena de no recibir orden de publicidad de comunicación institucional o publicidad comercial, de corresponder, por tiempo determinado y

b) la publicación en el medio, de la sanción dispuesta por la entidad o empresa estatal.

Artículo 3º.— Instrúyese a TELAM S.E., a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a las empresas integrantes del GRUPO AEROLINEAS, para que a toda Orden de Publicidad o documento análogo que se emita en el marco de una contratación de publicidad oficial se le incorpore la siguiente leyenda: "Aquellos medios de Comunicación que infrinjan las disposiciones del Decreto Nº 936/11 (B.O. Nº 32.185) serán pasibles de la aplicación de sanción".

Artículo 4º.— La Agencia TELAM S.E., la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, deberán comunicar a la SUBSECRETARIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA, dependiente de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las transgresiones al régimen legal vigente, detallando la infracción cometida, el medio infractor, la suspensión impuesta y demás antecedentes que considere relevantes.

Artículo 5º.— La presente entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 6º.— Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —

Ley nº 26364
(Texto actualizado, modificado por las Leyes nº 26842 y nº 27508)
Sancionada: 09.04.2008
Promulgada: 29.04.2008
Publicada: 30.04.2008

PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º — Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

ARTICULO 2º — Artículo 2º: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;

c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;

d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;

e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;

f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)
ARTICULO 3º — (Artículo derogado por art. 2° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 4º — (Artículo derogado por art. 2° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 5º — No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.

TITULO II

Garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas

(Denominación del Título sustituida por art. 3° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 6º — El Estado nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes:

a) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan;

b) Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social;

c) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal;

d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo;

e) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias;

f) Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones previstas por la ley 25.764;

g) Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la ley 26.165;

h) Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo;

i) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;

j) Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

k) Ser oída en todas las etapas del proceso;

l) A la protección de su identidad e intimidad;

m) A la incorporación o reinserción en el sistema educativo;

n) En caso de tratarse de víctima menor de edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 7º — Alojamiento de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

ARTICULO 8º — Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.

Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.

ARTICULO 9º — Cuando la víctima del delito de trata o explotación de personas en el exterior del país tenga ciudadanía argentina, será obligación de los representantes diplomáticos del Estado nacional efectuar ante las autoridades locales las presentaciones necesarias para garantizar su seguridad y acompañarla en todas las gestiones que deba realizar ante las autoridades del país extranjero. Asimismo, dichos representantes arbitrarán los medios necesarios para posibilitar, de ser requerida por la víctima, su repatriación.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

TITULO III

DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES

ARTICULO 10. — Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.

La pena será de CUATRO (4) a DIEZ (10) años de prisión cuando:

1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;

3. Las víctimas fueren TRES (3) o más.

ARTICULO 11. — Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años.

La pena será de SEIS (6) a QUINCE (15) años de prisión cuando la víctima fuere menor de TRECE (13) años.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de DIEZ (10) a QUINCE (15) años de prisión, cuando:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;

2. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;

4. Las víctimas fueren TRES (3) o más.

ARTICULO 12. — Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años.

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen.

ARTICULO 13. — Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:

e) Los previstos por los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.

ARTICULO 14. — Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.

ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:

Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO (8) años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia de la víctima.

ARTICULO 16. — Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:

Artículo 121: Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de OCHO (8) a VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.

ARTICULO 17. — Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.

TITULO IV

Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

(Denominación del Título sustituida por art. 6° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 18. — Créase el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, que contará con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

2. Un representante del Ministerio de Seguridad.

3. Un representante del Ministerio del Interior.

4. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

5. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.

6. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

7. Un representante de la Cámara de Diputados de la Nación, elegido a propuesta del pleno.

8. Un representante de la Cámara de Senadores de la Nación, elegido a propuesta del pleno.

9. Un representante del Poder Judicial de la Nación, a ser designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

10. Un representante por cada una de las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11. Un representante del Ministerio Público Fiscal.

12. Un representante del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

13. Un representante del Consejo Nacional de las Mujeres.

14. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que serán incorporadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la presente ley.

El Consejo Federal designará un coordinador a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, en los términos que establezca la reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 19. — Una vez constituido, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas habilitará un registro en el que se inscribirán las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos o con actividad específica en el tema, que acrediten personería jurídica vigente y una existencia no menor a tres (3) años.

La reglamentación dispondrá el modo en que, de manera rotativa y por períodos iguales no superiores a un (1) año, las organizaciones inscriptas integrarán el Consejo Federal de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 20. — El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene las siguientes funciones:

a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas, supervisando el cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes;

b) Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley; y, en general, participar en el diseño de las políticas y medidas necesarias que aseguren la eficaz persecución de los delitos de trata y explotación de personas y la protección y asistencia a las víctimas;

c) Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que aseguren la protección eficaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;

d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo creado en el Título V de la presente ley;

e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el Comité Ejecutivo a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas del área solicitándole toda información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y explotación de personas, su publicación y difusión periódicas;

g) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;

h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas. Esta cooperación tendrá como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para prevenir el delito de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y castigo de sus autores y asistir a las víctimas;

i) Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya suscripto la República, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la materia;

j) Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación. Una vez aprobado, dicho informe será girado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para su presentación ante los organismos internacionales y regionales con competencia en el tema;

k) Aprobar el plan de acción bianual que elabore el Comité Ejecutivo;

l) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado con el voto de los dos tercios de sus miembros.

La Defensoría del Pueblo de la Nación será el organismo de control externo del cumplimiento de los planes y programas decididos por el Consejo Federal.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

TITULO V

Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

(Título incorporado por art. 10 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 21. — Créase el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con autonomía funcional, y que estará integrado del siguiente modo:

1. Un representante del Ministerio de Seguridad.

2. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social.

4. Un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

(Artículo incorporado por art. 11 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 22. — El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene a su cargo la ejecución de un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que consistirá en el desarrollo de las siguientes tareas:

a) Diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación, y a proteger y asistir a las víctimas de tales delitos y sus familias;

b) Desarrollar acciones eficaces orientadas a aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación;

c) Asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías, proporcionándoles la orientación técnica para el acceso a servicios de atención integral gratuita (médica, psicológica, social, jurídica, entre otros);

d) Generar actividades que coadyuven en la capacitación y asistencia para la búsqueda y obtención de oportunidades laborales, juntamente con los organismos pertinentes;

e) Prever e impedir cualquier forma de re-victimización de las víctimas de trata y explotación de personas y sus familias;

f) Llevar adelante un Registro Nacional de Datos vinculados con los delitos de trata y explotación de personas, como sistema permanente y eficaz de información y monitoreo cuantitativo y cualitativo. A tal fin se deberá relevar periódicamente toda la información que pueda ser útil para combatir estos delitos y asistir a sus víctimas. Se solicitará a los funcionarios policiales, judiciales y del Ministerio Público la remisión de los datos requeridos a los fines de su incorporación en el Registro;

g) Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación y entrenamiento acerca de la problemática de los delitos de trata y explotación de personas, desde las directrices impuestas por el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y las cuestiones específicas de la niñez y adolescencia;

h) Promover el conocimiento sobre la temática de los delitos de trata y explotación de personas y desarrollar materiales para la formación docente inicial y continua, desde un enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva de género, en coordinación con el Ministerio de Educación;

i) Impulsar la coordinación de los recursos públicos y privados disponibles para la prevención y asistencia a las víctimas, aportando o garantizando la vivienda indispensable para asistirlas conforme lo normado en la presente ley;

j) Capacitar y especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas policiales, instituciones de seguridad y funcionarios encargados de la persecución penal y el juzgamiento de los casos de trata de personas con el fin de lograr la mayor profesionalización;

k) Coordinar con las instituciones, públicas o privadas, que brinden formación o capacitación de pilotos, azafatas y todo otro rol como tripulación de cabina de aeronaves o de medios de transporte terrestre, internacional o de cabotaje, un programa de entrenamiento obligatorio específicamente orientado a advertir entre los pasajeros posibles víctimas del delito de trata de personas;

l) Coordinar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. Realizar en todo el territorio nacional una amplia y periódica campaña de publicidad del Sistema y el número para realizar denuncias.

El Comité Ejecutivo elaborará cada dos (2) años un plan de trabajo que deberá ser presentado ante el Consejo Federal para su aprobación. Deberá también elaborar y presentar anualmente ante el Consejo Federal informes sobre su actuación a los fines de que éste pueda ejercer sus facultades de supervisión. Estos informes serán públicos.

A los fines de hacer efectiva la ejecución del Programa, el Comité Ejecutivo coordinará su accionar con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos nacionales e internacionales.
(Artículo incorporado por art. 12 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

TITULO VI

Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas

(Título incorporado por art. 13 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 23. — Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas.

(Artículo incorporado por art. 14 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 24. — A fin de implementar el Sistema mencionado en el artículo anterior, asígnasele el número telefónico ciento cuarenta y cinco (145), uniforme en todo el territorio nacional, que funcionará en forma permanente durante las veinticuatro horas del día a fin de receptar denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas. Las llamadas telefónicas entrantes serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares.

Asimismo, se garantizará el soporte técnico para desarrollar e implementar el servicio de mensajes de texto o SMS (Short Message Service) al número indicado, para receptar las denuncias, los que serán sin cargo.

(Artículo incorporado por art. 15 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 25. — El Ministerio Público Fiscal conservará un archivo con los registros de las llamadas telefónicas y de los mensajes de texto o SMS (Short Message Service) identificados electrónicamente, los que serán mantenidos por un término no menor a diez (10) años, a fin de contar con una base de consulta de datos para facilitar la investigación de los delitos de trata y explotación de personas.
(Artículo incorporado por art. 16 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 26. — Las denuncias podrán ser anónimas. En caso de que el denunciante se identifique, la identidad de esta persona será reservada, inclusive para las fuerzas de seguridad que intervengan.

(Artículo incorporado por art. 17 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

TITULO VII

Disposiciones Finales

(Título incorporado por art. 18 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012)

ARTICULO 27. — El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la presente norma, tendrán como destino específico un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, constituye una excepción a lo establecido en el artículo 23, sexto párrafo in fine, del Código Penal de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 27.508 B.O. 23/7/2019. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTICULO 28. — En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal, deberán en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente apículo, no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente.

(Artículo incorporado por art. 13 de la Ley N° 27.508 B.O. 23/7/2019. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

 

Antecedentes Normativos

- Artículo 27 incorporado por art. 19 de la Ley N° 26.842 B.O. 27/12/2012

 


Aprueba Reglamentación de la Ley nº 26364 y su modificatoria nº 26842
Decreto nº 111/2015
Fecha: 26.01.2015
Publicado: 28.01.2015

VISTO el Expediente Nº CUDAP: EXP-JGM: 0053019/2014 del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Nº 26.364 y su modificatoria Nº 26.842, y

CONSIDERANDO:

Que es deber del estado fortalecer toda actividad destinada a la prevención y sanción del delito de trata de personas así como el de profundizar políticas tendientes a garantizar a sus víctimas un efectivo cumplimiento de sus derechos.

Que un avance en la materia ha sido la sanción de la Ley Nº 26.364 para la "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas" y su modificatoria Nº 26.842.

Que la Ley mencionada en primer término, creó en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con autonomía funcional, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, estableciendo que dicho comité estaría integrado por UN (1) representante del MINISTERIO DE SEGURIDAD, UN (1) representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, UN (1) representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y UN (1) representante del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que se procedió al análisis del plexo normativo internacional y nacional vigente, con el fin de proponer una reglamentación que propicie un trabajo coordinado entre todas las áreas del Estado Nacional, las provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la sociedad civil, con el fin de optimizar las tareas de prevención y sanción del delito de trata de personas y la protección y asistencia a sus víctimas.

Que todos los actores llamados a atender de una u otra forma las causas y consecuencias de estos delitos deben asumir un rol activo que permita aunar criterios y a su vez brindar una respuesta efectiva para este flagelo.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los servicios jurídicos permanentes del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del MINISTERIO DE SEGURIDAD y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria Nº 26.842, que como ANEXO forma parte integrante del presente.

Artículo 2° — Facúltase al señor Jefe de Gabinete de Ministros y a los Ministros de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente medida, en el marco de sus respectivas competencias.

Artículo 3° — El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Las reglamentaciones ya existentes sobre la materia mantendrán su vigencia en tanto no se opongan a lo aquí previsto.

Artículo 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 


                                                                                                                                                                    ANEXO

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 26.364 Y SU MODIFICATORIA

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- La Ley Nº 26.364 y su modificatoria Nº 26.842, serán interpretadas y aplicadas en armonía con los tratados de rango constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las facultades conferidas legalmente y los profesionales de los organismos de rescate y asistencia a las víctimas, dentro de sus competencias, deberán informar de inmediato la identificación de posibles víctimas al juez o fiscal encargados de la investigación.

ARTÍCULO 2°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 3°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 4°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 5°.- Sin reglamentar.

TÍTULO II

GARANTÍAS MÍNIMAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 6°.- En los casos de rescate de víctimas de trata, el ESTADO NACIONAL procurará que el primer contacto sea llevado adelante por profesionales especializados en trata de personas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes, previo requerimiento del magistrado competente.

Una vez concluida la primera declaración en etapa instructiva en sede judicial, la asistencia continuará a cargo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en el marco de su competencia, el que efectuará las articulaciones necesarias con las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para el abordaje de las víctimas procurando la continuidad de la asistencia integral hasta la restitución efectiva de sus derechos.

Inciso a) Toda víctima recibirá información detallada, clara y suficiente. En caso de tratarse de una víctima, que no hable o comprenda el idioma nacional y/o sufra una disminución, pérdida, total o parcial, de su capacidad visual y/o auditiva, los miembros del PODER JUDICIAL del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad y los organismos de rescate y asistencia a las víctimas arbitrarán los medios necesarios para que intervenga un intérprete u otra/s persona/s con capacidad de entender su idioma o lenguaje.

Se podrá solicitar la colaboración de traductores o intérpretes inscriptos en las listas de peritos del PODER JUDICIAL, del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y de las Embajadas del país de origen de las víctimas.

La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los MINISTERIOS DE SEGURIDAD, DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DE DESARROLLO SOCIAL y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrán suscribir convenios con facultades públicas o privadas o colegios públicos de traductores, centros o institutos de estudios de lenguas extranjeras a efectos de obtener un traductor o intérprete, con salvaguarda para poder asegurar la confidencialidad.

Inciso b) Sin reglamentar.

Inciso c) Debe entenderse por alojamiento apropiado un espacio físico contenedor que proteja la seguridad e intimidad de las víctimas, no debiendo limitarse la libertad ambulatoria.

El alojamiento debe contar con todos los componentes necesarios para satisfacer la cobertura de las necesidades que conlleva el albergue de las personas, en un ambiente adecuado con especial resguardo de las condiciones edilicias y de salubridad, garantizándose su disponibilidad para su uso en forma permanente y con personal técnico y profesional especializado.

Inciso d) El acceso a programas de empleo o cursos de formación laboral se ofrecerá a todas las víctimas mediante la articulación con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el marco de sus responsabilidades, debiendo implementar el desarrollo de acciones prioritarias en cumplimiento con lo establecido en el artículo 11 inciso 6 de la Ley Nº 26.485.

Inciso e) El asesoramiento legal integral y el patrocinio jurídico gratuito serán ofrecidos a las víctimas a través del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, con especial observancia de lo establecido en el artículo 2 incisos f) y g) de la Ley Nº 26.485.

I. A efectos de garantizar la protección de este derecho y brindar un adecuado asesoramiento legal, los profesionales del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrán solicitar a los Juzgados, Fiscalías o Tribunales Orales Federales, Nacionales o locales, información sobre el estado de trámite de las causas y copias de las resoluciones adoptadas.

II. Las víctimas podrán contar con patrocinio jurídico gratuito durante las diligencias que deban practicar en sede judicial, desde el inicio del proceso penal y hasta su culminación, así como para promover la acción civil resarcitoria tendiente a lograr la reparación de los daños y perjuicios provocados por el delito.

III. El ESTADO NACIONAL podrá constituirse como parte querellante en los procesos judiciales sobre trata de personas o delitos conexos. Esta atribución será ejercida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en articulación con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Inciso f) Sin reglamentar.

Inciso g) En los casos de personas extranjeras que decidan permanecer en el país, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL podrá dar intervención al MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE u otros organismos que por su competencia deban actuar, procurando la documentación necesaria para su permanencia.

Igual asistencia brindará a las personas argentinas que debieran regularizar su documentación personal.

Inciso h) En los casos de personas extranjeras que decidan retornar a su país de origen, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL procurará todo lo necesario para dicho retorno voluntario, articulando con los organismos de asistencia del país de origen, a fin de que se continúe con la protección de los derechos de las víctimas.

Las personas menores de edad siempre deberán ser acompañadas hasta su país por profesionales especializados.

Inciso i) Las víctimas serán acompañadas por un equipo especializado en trata de personas en todas las diligencias procesales de las que deban participar, hasta la finalización del proceso.

Inciso j) Sin reglamentar.

Inciso k) Sin reglamentar.

Inciso I) Todas las personas o instituciones que participen directa o indirectamente en las diferentes etapas de protección y asistencia de víctimas, deberán respetar la confidencialidad de los datos que compongan el registro de información.

Inciso m) Sin reglamentar.

Inciso n) Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9°.- Sin reglamentar

TÍTULO III

DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 12.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 14.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 15.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 16.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar.

TÍTULO IV

CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 18.- El Jefe de Gabinete de Ministros convocará a la primera reunión del CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.

Previo a la convocatoria, el Jefe de Gabinete de Ministros, requerirá a los organismos integrantes, que en un plazo máximo de SESENTA (60) días, designen a su representante, procurándose que los mismos sean funcionarios con rango no menor a Subsecretario de Estado o equivalente y que se desempeñe en alguna de las carteras encargadas de la prevención y/o persecución del delito y/o asistencia a las víctimas de trata de personas.

Los organismos comunicarán sus representantes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. La propuesta deberá incluir UN (1) suplente por cada titular.

La primera asamblea sesionará con los miembros presentes, debiendo tomarse las decisiones a través del voto de las dos terceras partes de los mismos. Para las restantes asambleas y decisiones se procederá de acuerdo a lo que establezca el reglamento que el propio Consejo dicte al efecto.

El Consejo Federal, designará a uno de sus miembros como Coordinador, a través del voto de las dos terceras partes de los presentes. Su mandato tendrá una duración de DOS (2) años.

El Coordinador tendrá las siguientes competencias:

1) Convocar y moderar las reuniones plenarias del Consejo Federal.

2) Confeccionar las actas de las reuniones plenarias.

ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.

TÍTULO V

COMITÉ EJECUTIVO PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 21.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 22.- Sin reglamentar.

TÍTULO VI

SISTEMA SINCRONIZADO DE DENUNCIAS SOBRE LOS DELITOS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS

ARTÍCULO 23.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 24.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 25.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 26.- Sin reglamentar.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 27.- Sin reglamentar.

 

Ley nº 27508
Sancionada: 26.06.2019
Promulgada: 23.07.2019
Publicada: 23.07.2019

Ley de Creación del Fondo Fiduciario Público

Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364

Artículo 1°- Créase el Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364", el que se conformará como un Fideicomiso de Administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la citada ley, su modificatoria, y su decreto reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.

Los bienes que integran el "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tienen carácter extrapresupuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 2°- A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

a. Fiduciante: Es el Estado nacional, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al fiduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente ley y del Contrato de Fideicomiso respectivo.

b. Fiduciario: Es Nación Fideicomisos S.A., como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, de conformidad con las pautas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por la Unidad Ejecutiva.

c. Beneficiario: Son las víctimas del delito de trata y explotación de personas.

d. Fideicomisario: El Estado nacional será el destinatario final de los fondos integrantes del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364", en caso de su extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

e. Unidad Ejecutiva: La Unidad Ejecutiva es la encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento. En todos los supuestos las instrucciones respetarán la decisión de destino de los bienes que indique en cada caso el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se brinde el apoyo técnico que la Unidad Ejecutiva requiera.

f. Bienes Fideicomitidos: Son los fondos líquidos decomisados y aquéllos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta, de conformidad con la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364, su modificatoria, su decreto reglamentario y sus normas complementarias.

Artículo 3°- Los recursos del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" se destinarán, de acuerdo a la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

En aquellos casos que la asistencia directa a las víctimas y las reparaciones previstas en el artículo 6° de la ley 26.364 no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.

Artículo 4°- Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos a inscripción en los registros públicos correspondientes, bastará con la resolución firme de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364, y con destino del producido de su realización al Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de ésta. La inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de traspaso o inscripción dispuesto por leyes nacionales.

En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la autoridad correspondiente concederá una identificación especial para su individualización e inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364 y con destino del producido de su realización al Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de la misma. Para los supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también la exención de pago establecida en el primer párrafo, última parte, de este artículo.

Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso, se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Una vez firme el decomiso y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

Artículo 5°- El "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" tendrá una duración de treinta (30) años, contados desde la suscripción del Contrato de Fideicomiso. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el Fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los bienes fideicomitidos que integren el patrimonio del citado Fondo en ese momento serán transferidos al Estado nacional en su carácter de fideicomisario, los cuales deberán destinarse a programas de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

Artículo 6°- Exímese al Fondo Fiduciario Público creado por el artículo 1° de la presente ley y al fiduciario en sus operaciones relativas a aquél, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el presente.

Artículo 7°- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo aprobará el Contrato de Fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la reglamentación de la presente ley.

Artículo 8°- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo suscribirá el Contrato de Fideicomiso con el Fiduciario.

Artículo 9°- Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, sin que ello implique erogación alguna.

Artículo 10.- Los bienes fideicomitidos deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, el que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo creado por la presente y a su destino, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364 y su modificatoria, por el siguiente:

Artículo 27: El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la presente norma, tendrán como destino específico un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, constituye una excepción a lo establecido en el artículo 23, sexto párrafo in fine, del Código Penal de la Nación.

Artículo 13.- Incorpórase como artículo 28 de la ley 26.364 y su modificatoria, el siguiente:

Artículo 28: En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal, deberán en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente apículo, no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente.

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

a. Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda.

b. Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados -con excepción de lo establecido en el último párrafo de este artículo- a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el Tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los decomisos ordenados en los casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como destino específico el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 15.- Los gastos que genere la implementación de la presente ley serán solventados por el Fideicomiso creado mediante el artículo 1° de la presente.

Artículo 16.- El veinte por ciento (20%) de los fondos que ingresen al Fideicomiso creado por la presente ley será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.

Artículo 17.- Los fondos líquidos decomisados o los obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364 y sus modificatorias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición de magistrados del Poder Judicial de la Nación, deben transferirse al Fondo creado por el artículo 1° de esta ley dentro del plazo de treinta (30) días de encontrarse operativo.

Artículo 18.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 


REGLAMENTACIÓN LEY Nº 27508 FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA
Decreto nº 844/2019
Fecha: 06.12.2019
Publicado: 09.12.2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-88081247-APN-DGDYD#MJ, las Leyes N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 111 de fecha 26 de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el delito de trata y explotación de personas supone una vulneración de los derechos humanos fundamentales de la víctima, puesto que niega su condición de persona y la asimila a un objeto o cosa que se comercializa en el mercado de bienes y servicios, por lo cual su reparación excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y especialmente al ESTADO NACIONAL.

Que existen convenciones internacionales ratificadas por la REPÚBLICA ARGENTINA y diversas recomendaciones de organismos internacionales que contemplan la necesidad de tomar medidas para la conservación y preservación de bienes embargados o decomisados en el marco de procesos penales de diversa índole.

Que la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas.

Que esa ley crea en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.

Que, por su parte, mediante la Ley Nº 27.508 se creó el fondo fiduciario público denominado FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY Nº 26.364, integrado por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas y lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la norma.

Que de acuerdo al artículo 27 de la citada Ley Nº 26.364, corresponde al Consejo Federal mencionado la administración del referido Fondo.

Que en virtud de lo expuesto resulta procedente reglamentar el régimen del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA- LEY N° 26.364.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación del régimen del Fondo Fiduciario Público "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley N° 26.364" creado por la Ley N° 27.508 que como ANEXO I (IF-2019-108304188-APN-UCG#MJ) forma parte del presente decreto.(1)

ARTÍCULO 2°.- Desígnase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS autoridad de aplicación de la reglamentación aprobada por el artículo 1° del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

(1) El Anexo I obra como Archivo Adjunto

Resolución 2149/2008 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Fecha: 06.08.2008
Publicación: 12.08.2008

Creáse la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que estará integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
                                             
VISTO la Ley de Ministerios 26.338, la Ley 26.364, la Resolución del M.J.S y D.H. Nº 1679 de fecha 26 de junio de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que es política del Estado Nacional la prevención del delito de trata de personas, como así también, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores.
Que es una problemática compleja que no sólo involucra la explotación sexual, sino también múltiples actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas, como trabajos forzados, reducción a la servidumbre, secuestro, distintas formas de violencia, privación sistemática de la libertad y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Que por la Resolución citada en el Visto, se instruye a las Fuerzas de Seguridad a crear unidades específicas a los fines de ejercer las acciones tendientes a la prevención e investigación del delito de trata de personas.
Que es necesario crear un ámbito que coordine los mecanismos de inteligencia criminal, la actuación de las fuerzas de seguridad y la asistencia a los damnificados del delito de trata de personas desde el momento del allanamiento hasta que presten declaración testimonial en el Juzgado Federal interviniente.
Que, por lo expuesto, es imprescindible establecer mecanismos de articulación entre las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que integran el cuerpo interdisciplinario que trabaja en esta temática.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (T.O por Decreto Nº 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.— Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA, que estará integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
Artículo 2º.— Conforme lo establecido en el artículo precedente, la Oficina centralizará toda actividad referida prevención e investigación del delito de trata de personas, como así también el acompañamiento y asistencia jurídica a las personas damnificadas por el delito de mención hasta el momento de la declaración testimonial de la víctima.
Artículo 3º.— Instrúyase a las Secretarias, sus dependencias y al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO –INADI- a elevar a conocimiento de la Oficina creada en el artículo primero, todas las denuncias, oficios y demás presentaciones vinculadas a la trata de personas.
Artículo 4º.— Desígnase Coordinadora de la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA a la Dra. Silvina Elena Zabala.
Artículo 5º.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —

Resolución 742/2011 M.S.
Fecha: 17.08.2011
Publicación: 24.08.2011

Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas. Funciones.

VISTO el Expediente N° 18264/11 del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes Nros. 26.364, 24.059, y el Decreto N° 1993 del 14 de diciembre de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios —modificada por el Decreto N° 1993/10— establece que el MINISTERIO DE SEGURIDAD tiene entre sus competencias, entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales, así como entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales.

Que asimismo, la norma mencionada precedentemente dispone que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, supervisará el accionar individual o conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior.

Que en este sentido, el citado plexo normativo atribuye a esta Cartera de Estado, la facultad de entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.

Que es necesario prestar especial atención al delito de trata de personas, implementando medidas destinadas a prevenir y sancionarla, asistiendo y protegiendo a sus víctimas.

Que a los fines de la actuación de las Fuerzas Federales para el rescate de víctimas de trata de personas, debe formularse un protocolo de actuación para establecer principios rectores en la materia, coadyuvando a cumplimentar con lo dispuesto por la Ley N° 26.364.

Que dicho protocolo resulta esencial para asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran riesgo alguno.

Que a tales fines es necesario establecer los recaudos legales y técnicos que las Fuerzas Federales deben observar frente a la planificación del procedimiento que será oportunamente dispuesto por el Juez/Fiscal interviniente.

Que los resultados de los procedimientos realizados por la Fuerza Federal respectiva, serán comunicados a la SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERATIVA de este Ministerio.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios (t.o. 1992).

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébese como Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales Para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas, el que se acompaña como ANEXO I a la presente.

Artículo 2º.— Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


                                                                                                                                                                         ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACION DE LAS FUERZAS FEDERALES PARA EL RESCATE DE VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

1.- AMBITO DE APLICACION

Este protocolo se aplicará sólo para los casos de rescate de víctimas del delito de trata de personas durante el curso de una investigación, conforme los alcances de la Ley 26.364; es decir, en cumplimiento de órdenes judiciales y con apoyo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o de las oficinas provinciales que realicen el rescate de las víctimas.

En los procedimientos donde se presuma la posibilidad de encontrar a víctimas extranjeras, se procurará poner en conocimiento de esta situación, además del magistrado interviniente, a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.

A los fines del rescate, y siempre que sea posible, se asignará para dicha función a Fuerzas Federales con formación especializada en el delito de trata de personas y con conocimiento sobre los derechos de las víctimas, privilegiando a los miembros de las divisiones especiales de las fuerzas federales y al personal femenino.

Para el caso de constatar un hecho de trata de personas en flagrancia, se procurará dar cumplimiento en la mayor medida posible a este protocolo, sin perjuicio de dar inmediata intervención a la autoridad judicial.

2.- OBLIGACION DE LAS FUERZAS FEDERALES

Las Fuerzas Federales tienen la obligación de asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran el riesgo de ser consideradas delincuentes ni revictimizadas respecto de delitos en los que puedan haber incurrido como consecuencia de su situación como víctimas de la trata de personas.

También se le dará prioridad a la atención inmediata de la víctima en materia sanitaria, psicológica, asistencia migratoria, legal, entre otras que pudieran corresponder.

En ningún caso podrá anteponerse el interés de la investigación y de la recolección de la prueba por encima de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad personal y psíquica de la víctima de trata de personas.

3.- PROHIBICION

En caso de haberse identificado a la persona como víctima de trata de personas, en ningún caso podrá disponerse su detención como sospechosa, ya que esto equivale a una criminalización y revictimización, afectando principios y garantías fundamentales. La violación de este deber de cuidado constituye mal ejercicio en las funciones del funcionario público, por tanto resulta pasible de sanción administrativa.

4.- DEFINICIONES UTILIZADAS EN ESTE PROTOCOLO

a. Trata de personas: la Ley 26.364 define el delito de trata de personas como la acción de captar, transportar, trasladar —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior— acoger o recibir personas con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.

Se entiende por trata de menores, el ofre¬cimiento, la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.

Existe trata de menores de dieciocho años aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

Las formas de explotación incluyen, pero no se limitan, a la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.

b. Víctimas: la víctima de este delito debe ser considerada una víctima especial por su vulnerabilidad preexistente y el tratamiento que cabe asignarle como testigo víctima debe ser consecuente con tal condición, privilegiando que la recepción de su testimonio sea conforme lo establecido por los arts. 250 bis y ter del Código Procesal Penal de la Nación.

5.- PRINCIPIOS DE INTERVENCION

a. Emergencia: el concepto de emergencia debe primar desde el comienzo del operativo, ya que las víctimas de trata de personas deben ser consideradas como víctimas de delitos graves. Para ello, se privilegiará la mayor celeridad para articular el procedimiento de la Fuerza Federal interviniente con el procedimiento judicial, y la asistencia psicológica, médica, jurídica y material.

b. Accesibilidad y respeto: la obligación de los agentes de las Fuerzas Federales es tratar a la víctima, los testigos y los imputados con absoluto respeto por sus derechos y garantías constitucionales y legales, otorgando especial atención a las víctimas debido a la situación de sensibilidad y vulnerabilidad por la que atraviesan.

c. Seguridad: la seguridad de la víctima y su familia —en caso de que la misma se encuentre en el procedimiento— merece la consideración suprema en todo momento, siendo esto responsabilidad directa de los efectivos de las Fuerzas Federales que intervengan por orden del magistrado.

d. Evaluación continua de riesgo: los funcionarios que intervienen en el procedimiento tienen la obligación de evaluar de manera inmediata y continua el riesgo en lo que atañe a la seguridad y bienestar de las víctimas y de sus familias durante el procedimiento, acatando las órdenes emanadas de la autoridad judicial. Debe realizarse con la mayor celeridad posible después de la detección de las personas damnificadas, debiendo ser éste un proceso continuo. La evaluación del riesgo debe incluir el existente y el potencial.

f. Respeto por el interés superior del/a niño/a: en el caso de que las víctimas de trata de personas sean menores de 18 años, el vector de actuación de las Fuerzas Federales debe respetar siempre el interés superior del/a niño/a.

Por interés superior del niño/a se entenderá al conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

g. Prevención de la revictimización: en el tratamiento de las víctimas, debe evitarse cualquier conducta o actitud que tienda a la revictimización de las mismas.

El riesgo de revictimizar a una persona tiene lugar cuando a los daños causados por los hechos de los que fue víctima, se le suman daños generados por el proceso legal. En ese sentido, es fundamental no estigmatizar o criminalizar a la víctima. Como correlato de esto, no se debe juzgar y/o inferir algún grado de responsabilidad por parte de la misma. Es decir, a los daños causados a la víctima por los delitos de los que fue objeto, no se le debe sumar el maltrato institucional.

h. Respeto por la confidencialidad y privacidad: en todo momento, debe respetarse la privacidad de la víctima, no pudiendo dar publicidad de sus circunstancias personales, declaraciones y/o fotografías.

i. Derecho de protección: en el momento del rescate, las Fuerzas Federales no podrán privar de la libertad a las víctimas de trata. En ningún caso se alojará a las víctimas en establecimientos penitenciarios, policiales o cualquier otro destinado a alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

j. Derecho a la asistencia médica, legal, psicológica y material: las víctimas tienen derecho a recibir asistencia médica, legal, psicológica y material, así como también alojamiento, alimentación suficiente e higiene personal adecuados, desde el primer momento en que son identificadas como tales, quedando esta actividad y coordinación bajo responsabilidad de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia provincial equivalente.

k. Derecho a un intérprete: cuando la víctima no hable ni comprenda el idioma local, desde el primer momento en que se la rescata debe brindársele un intérprete que traduzca en su idioma todas las actuaciones.

6.- PLANIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

La planificación del procedimiento debe seguir las indicaciones del fiscal o juez interviniente, informando de manera continua al Departamento/División Antitrata de la Fuerza Federal respectiva, quien a su vez será la encargada de comunicar a la Secretaría de Seguridad Operativa, dependiente del Ministerio de Seguridad, el resultado del procedimiento.

La planificación del procedimiento deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

a. Determinación de la cantidad y características del personal interviniente, con y sin utilización de uniforme, privilegiando la incorporación de personal femenino. Se recomienda, en la medida de las posibilidades, no recurrir a personal policial con actuación territorial en la zona de intervención.

b. Producción de la inteligencia pertinente y relevante para la investigación de los hechos.

c. Planeamiento de la operación a desarrollar. Para ello, se partirá del análisis de la inteligencia producida, incluyendo croquis de lugar, fotografías y/o filmaciones que se hayan realizado, ubicación de entradas y salidas, etc.

Asimismo, el Jefe del Operativo deberá informar de manera clara y completa la misión a cumplir, el concepto general que orientará la operación, las órdenes específicas para cada una de las personas intervinientes, las medidas de coordinación, las previsiones logísticas y las comunicaciones que se emplearán antes, durante y después de finalizado el procedimiento.

d. Elaboración del perfil de las posibles víctimas de trata de personas que se encontrarían en el lugar del procedimiento con el objeto de poner a conocimiento del personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia, inmediatamente antes de realizar el operativo, la situación de vulnerabilidad en que se encontrarían a fin de que dichas circunstancias puedan ser especialmente consideradas al momento de realizar las entrevistas con las posibles víctimas.

e. Búsqueda anticipada de testigos para suscribir actas y presenciar todos los eventos derivados del procedimiento, como secuestros, cacheos, detenciones, levantamiento de pruebas, huellas y rastros, etc.

f. Conocimiento de la jurisdicción en donde se realizará el operativo y la existencia de organizaciones del estado nacional o provincial, y no gubernamentales, que brinden los servicios de apoyo y tratamiento a las víctimas, y consulados.

7.- PAUTAS PARA EL PROCEDIMIENTO

a. Arribo al lugar: el sitio indicado para la realización del procedimiento debe mantenerse en reserva hasta el momento del operativo.

b. Ingreso: el ingreso al lugar debe ser acompañado con un despliegue de personal en los alrededores a fin de interceptar posibles fugas. En el momento del rescate, las Fuerzas Federales serán las que primero ingresen al lugar donde se encuentren alojadas las posibles víctimas de trata de personas, dando estricto cumplimiento a la orden de allanamiento, y en comunicación permanente con la autoridad judicial correspondiente.

c. Uso racional de la fuerza: el personal actuante deberá respetar los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", y el "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", haciendo un uso racional de la fuerza en la medida de las necesidades y acorde a las circunstancias del momento, teniendo como vector los principios de legalidad, oportunidad, y proporcionalidad.

Por uso racional de la fuerza se entiende a las acciones de las Fuerzas Federales que prioricen las técnicas disuasivas y preventivas, antes que represivas, así como el uso de la fuerza de forma gradual.

El uso de la fuerza sólo se dispondrá ante circunstancias excepcionales y como último recurso.

d. Control de situación: se inspeccionarán los espacios que conformen el lugar, diferenciando en cada caso los roles de los presentes. Se dispondrán lugares diferenciados dentro del mismo a fin de proceder a trasladar a los implicados (presuntos imputados, clientes y víctimas). Estas acciones se realizarán junto a los funcionarios judiciales, cuando se encuentren presentes, y bajo las órdenes que éstos dispongan. En caso que los mismos no se encuentren presentes, se seguirán las instrucciones que imparta el Jefe del Operativo.

En todo momento, las Fuerzas Federales dispondrán lo necesario para evitar el contacto físico y visual entre las presuntas víctimas y el resto de los presentes, sean éstos posibles responsables o testigos circunstanciales.

e. Prohibición de comunicación entre presentes: las Fuerzas Federales deben evitar, al momento del rescate, la comunicación entre las personas que se encuentren en el lugar.

f. Abordaje de las víctimas: en la medida de lo posible, las Fuerzas Federales se abstendrán de abordar a las posibles víctimas de trata de personas, procurando que sean entrevistadas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia.

Sin perjuicio de esto, se adoptarán todas las medidas necesarias, ordenadas por el magistrado interviniente, para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro.

g. Abordaje de las víctimas menores de 18 años: en el caso de encontrar víctimas menores de 18 años, además de las medidas dispuestas en el punto c y d), las Fuerzas Federales informarán al magistrado interviniente la presencia de las mismas, quien dispondrá las medidas particulares al respecto. No obstante, mientras esto se produce, junto al personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o su equivalente provincial, se adoptarán todas las medidas necesarias para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro, siempre respetando su interés superior.

En el caso de duda acerca de la edad de la víctima, se considerará que la misma es menor de 18 años.

h. Identificación y declaración de testigos: en el procedimiento de rescate, las Fuerzas Federales separarán a los posibles testigos del hecho, recibiéndoles la correspondiente declaración cuando el fiscal o juez así lo dispongan.

Si en el acto de allanamiento se identifican presuntos imputados, las Fuerzas Federales intervinientes los separarán de las presuntas víctimas, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

i. Requisa del lugar: en el momento de rescate, las Fuerzas Federales secuestrarán todo elemento, sustancia, material, objeto y documentación que haya autorizado u ordenado la autoridad judicial, prestando especial atención a todo aquello que indique, de manera directa o indirecta, que en el lugar allanado se estaba produciendo el delito de trata de personas, o que hubiesen personas que estaban siendo objeto de explotación sexual o laboral.

El secuestro deberá realizarse teniendo en cuenta estrictas normas de seguridad para los medios de prueba colectados, como para la salud de las personas presentes en el lugar y las Fuerzas Federales que realizan el procedimiento.

j. Testigos: Los testigos del procedimiento deben ser convocados desde el inicio de la actividad procedimental, debiendo presenciar la totalidad de la pesquisa. Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los mismos fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.

k. Inspección ocular: la inspección ocular deberá ser documentada, siempre que sea posible, mediante croquis, fotografías, filmaciones, etc. Se podrán efectuar tomas fotográficas o registros fílmicos de las potenciales víctimas de trata, con el único objetivo de registrar las condiciones en que las mismas han sido halladas. En caso de efectuar dichas imágenes, se prohíbe de manera absoluta la difusión pública de las mismas.

I. Aseguramiento del lugar del hecho y repliegue: finalizado el procedimiento, las Fuerzas Federales intervinientes asegurarán el lugar del hecho por el tiempo que determine la autoridad judicial.

Una vez asegurado el escenario del proce¬dimiento, y siempre que las condiciones de seguridad así lo permitan, las Fuerzas Federales deberán replegarse, siendo su función asegurar el perímetro exterior e interior del lugar y de las personas que allí se encuentran, permitiendo que el personal civil prosiga con las diligencias y demás pesquisas.

8.- REGISTRO Y COMUNICACION DE ESTADISTICAS

a. Los agentes intervinientes en el operativo deberán confeccionar el registro del proce-dimiento siguiendo las pautas indicadas en el anexo de este Protocolo, conforme los lineamientos y modificaciones que desde el Ministerio de Seguridad pudiesen formularse, y remitir, con carácter bimensual, la información producida al funcionario a cargo del área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad.

b. Sobre esta base, el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad confeccionará informes estadísticos periódicos relativos a la persecución penal y el rescate de víctimas de trata de personas.

c. Tales informes serán puestos a disposición de los órganos competentes con el objeto de evaluar, planificar y desarrollar políticas públicas en materia de lucha contra la trata de personas.

                                                                            APARTADO

                                     CONTENIDOS MINIMOS DEL REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO

• Juzgado, Fiscalía y Secretaría interviniente.
• Carátula de las actuaciones judiciales y número de expediente judicial (en caso de conocerse esa información).
• Fuerza policial/de seguridad y dependencia interviniente.
• Tipo de procedimiento realizado: a) alla¬namientos; b) actividades de inteligencia; c) otras tareas (indicar cuáles); indicando cuántos procedimientos (de cada tipo) fueron efectuados.
• Si se realizaron tareas conjuntas o complementarias con alguna de las restantes fuerzas federales o locales; en caso afirmativo, especificar qué tareas y con qué institución.
• Si habían sido realizadas investigaciones anteriores por otra fuerza.
• Intervención de otros organismos en el procedimiento, por ejemplo: AFIP, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Migraciones, otros.
• Tipo de explotación (laboral, sexual, tráfico de órgano, reducción a la servidumbre) detectada.
• Si se detectó la posible comisión de otros delitos (como por ejemplo: infracción a la ley de profilaxis nro. 12.331, a la ley de estupefacientes nro. 23.737, tenencia ilegal de armas u otros delitos del Titulo III del CP "Delitos contra la integridad sexual", etc.)
• Cantidad total de presuntas víctimas.
• Cantidad de presuntas víctimas menores de dieciocho años de edad.
• Cantidad de presuntas víctimas mayores de dieciocho años de edad.
• Cantidad total de presuntas víctimas por delitos conexos a la trata de personas (Ley 12.331; arts. 125, 125 bis, 126, 127 y 128 Código Penal; 119 y 121 de Ley 25.871).
• Cantidad de presuntos autores.
• Cantidad de personas detenidas.
• Cantidad de testigos.
• Localización del lugar allanado (indicando: dirección, ciudad y provincia).
• Si se encontraba habilitado el lugar de explotación, especificar por qué autoridad municipal se encontraba habilitado.
• Si el lugar de explotación o los posibles autores habían sido infraccionados previamente, especificar por qué autoridad y la sanción impuesta (ej.: clausura)
• Características del lugar de explotación, por ejemplo: a) Whiskería/pool/pub; b) Privado;
c) Centro de Masajes; d) Explotación callejera; e) Obra en construcción; f) Fábrica; g) Taller textil; h) Campo agrícola; i) Otros (precisar).
• Nombre comercial (de fantasía) del lugar de explotación.
• Condiciones en las que fueron halladas las víctimas: a) Hacinamiento; b) Falta de alimentación adecuada; c) Falta de condiciones para procurarse higiene básica; d) Falta de descanso adecuado e) Otros (precisar).
• Restricciones a la libertad ambulatoria, modalidad utilizada para impedir que la víctima pueda abandonar el lugar de explotación, por ejemplo: a) Alambradas de púas; b) Cámaras de Seguridad; c) Rejas; d) Candados/cerraduras; e) Presencia de guardianes armados; f) Salidas Controladas; g) Otras modalidades (precisar).
• Si se secuestraron elementos, tales como: vehículos, objetos electrónicos (por ejemplo: computadoras, celulares), armas, estupefacientes, libros contables, libretas sanitarias, máquinas, otros (precisar).

Información sobre las posibles víctimas del delito de Trata de Personas

• Edad
• Sexo
• Género
• Nacionalidad (en caso de que sea argentina, indicar provincia de origen)
• Lugar de captación
• Lugar de explotación/destino

Información sobre los imputados

• Edad
• Sexo
• Género
• Nacionalidad (en caso de que sea argentina, indicar provincia de origen)
• Idioma
• Rol que desempeñaba en la red de trata
• Ocupación/Oficio.

INDICADORES PRELIMINARES PARA LA PRIMERA IDENTIFICACION DE PRESUNTAS VICTIMAS DE TRATA

Estos indicadores sólo orientan la función policial de separación de las presuntas víctimas de trata del grupo presente en el sitio allanado donde también se encontraran responsables del delito y posibles testigos.

» La persona es menor de 18 años de edad.
» La persona es extranjera o migrante (provenía de otra provincia).
» La persona no habla el idioma nacional o sólo sabe decir muy pocas palabras.
» La persona tiene un contacto limitado con sus familiares.
» La persona se encontraba privada de su libertad o tenía una capacidad muy limitada de movimientos.
» La persona no sabe en qué ciudad se encuentra.
» La persona tiene lesiones visibles.
» La persona se nota atemorizada.
» La persona vivía en el mismo lugar físico donde trabaja y difícilmente podía abandonar esas instalaciones.
» La persona está o estaba embarazada y era obligada a trabajar igual.
» En el lugar del operativo no hay líneas telefónicas o las personas que están dentro de él no tienen o tienen acceso limitado a teléfonos celulares.
» En el lugar hay indicios de que a las personas se les aplicaba multas o se les cobraba, por ejemplo, por el uso de preservativos, por higienizarse, o por los controles médicos realizados.
» La persona no posee dinero consigo.
» La persona no tiene en su poder sus documentos de identidad (DNI, pasaporte u otros documentos)
» La persona tiene documentos de identidad o de viaje falsos.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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