Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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RESOLUCION GENERAL Nº 1/1978
Fecha: 30.01.1978
Publicado: 10.02.1978
Declárese en vigencia un convenio suscripto en la ciudad de Salta.

VISTO que con fecha 18 de agosto de 1977, se reunió en la ciudad de Salta un Plenario Especial de representantes jurisdiccionales, constituido por las representaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Juan, Salta, Río Negro y Tucumán y, en ejercicio del mandato otorgado por las respectivas jurisdicciones acordaron ad referendum de las mismas, un nuevo Convenio Multilateral en reemplazo del signado el 23 de octubre de 1964, y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 34 del nuevo Convenio suscripto, se establece que el mismo comenzará a regir desde el 1 de enero inmediato siguiente a su ratificación por todas las jurisdicciones.
Que al 31 de diciembre de 1977 se había cumplimentado la adhesión de la totalidad de las jurisdicciones, mediante la sanción de las respectivas normas legales: Leyes 8.960 (27/12/77) de la provincia de Buenos Aires, 3.278 (04/12/77) de la provincia de Catamarca, 6.119 (05/12/77) de la provincia de Córdoba, 3.390 (02/11/77) de la provincia de Corrientes, 2.205 (20/12/77) de la provincia del Chaco, 1.581 (15/12/77) de la provincia del Chubut, 6.087 (30/12/77) de la provincia de Entre Ríos, 568 (27/12/77) de la provincia de Formosa, 3.478 (07/12/77) de la provincia de Jujuy, 833 (28/11/77) de la provincia de La Pampa, 3.741 (13/12/77) de la provincia de La Rioja, 4.235 (30/12/77) de la provincia de Mendoza, 929 (30/12/77) de la provincia de Misiones, 1.056 (26/12/77) de la provincia del Neuquén, 1.277 (22/12/77) de la provincia de Río Negro, 5.218 (22/12/77) de la provincia de Salta, 4.381 (30/12/77) de la provincia de San Juan, 3.824 (16/12/77) de la provincia de San Luis, 1.174 (27/12/77) de la provincia de Santa Cruz, 8.159 (22/12/77) de la provincia de Santa Fe, 4.546 (02/12/77) de la provincia de Santiago del Estero, 4.925 (28/11/77) de la provincia de Tucumán y 106 (21/12/77) del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud y Ordenanza Nº 33.859 /77 (14/11/77) de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ello,
La Comisión Arbitral
Resuleve:

Artículo 1º — Declárase en vigencia, a partir del 1º/1/78 el Convenio que, en reemplazo del Convenio Multilateral del 23/10/64, fuera suscripto en la ciudad de Salta, con fecha 18 de agosto de 1977, de conformidad con el texto que se anexa a la presente resolución.
Artículo 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

                                                                               CONVENIO
En la ciudad de Salta a los 18 días del mes de Agosto del año 1977, entre los Representantes de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires: Enrique G. Bulit Goñi; y de las provincias de: Buenos Aires: Luis A. P. Gómez Novaro y Enrique Argentino Álvarez; Catamarca: Buenader González y Carlos A. Ortiz; Córdoba: Carlos Siriczman; Corrientes: Bernardo M. Blanco y Jorge E. Bonastre; Chaco: Germán M. Sánchez; Entre Ríos: Alberto G. Cerini; Jesús L. Salas y José G. Iglesias; Formosa: Augusto J. Margueirat y Cristian Larsen; Jujuy: Omar José Blanco y Aer Amil Olguín; Santa Fe: Tito L. Rocchetti y Juan Carlos Mercier; La Pampa: Jorge Omar Andrade; San Luis: Ramón Liendo; Santiago del Estero: Diego Peña Palencia y Manuel Osvaldo López; Santa Cruz: Héctor Domingo Marinero; San Juan: Agustín Romero; Juan Puleri y Eduardo Andrés Coria; Chubut: Elisa Mirta Rebasti; La Rioja: Jorge Alberto Primo y Carlos Dante Mercado; Río Negro: Néstor Isidoro Torres y Carlos Alberto Matarrelli; Salta: Dr. Luis María Juan José Peña; Misiones: Amadeo Denti y Carlos Roko; Tucumán: Juan José Galilea y Eduardo Budeguer, en ejercicio de los mandatos otorgados expresamente por sus respectivas jurisdicciones y;

VISTO lo actuado por el Plenario de los representantes de las jurisdicciones convocado al efecto, y teniendo en cuenta:
Que resulta innecesario destacar la importancia del Convenio Multilateral para prevenir y evitar las perniciosas consecuencias que se derivarían de la doble o múltiple imposición dentro del territorio nacional por medio de los tributos locales que inciden sobre las actividades lucrativas o económicas, los ingresos brutos y todo otro gravamen, provincial, territorial, municipal o comunal de similares características;
Que el Convenio vigente ha sufrido distintas modificaciones resueltas por diversos Plenarios de representantes; algunas de las cuales fueron incorporadas mediante la correspondiente ratificación, mientras que otras no alcanzaron las ratificaciones necesarias para entrar en vigor;
Que ello lleva a la necesidad de revisar el Convenio en un todo, adecuando sus normas a distintas circunstancias producidas en el transcurso del tiempo desde la fecha en que entrara en vigor;
Que todo ello debe efectuarse con la necesaria prudencia para evitar en lo posible circunstancias que en otras oportunidades provocaran la no adhesión de algunas jurisdicciones a las modificaciones que se introdujeron;
Que en este orden no se considera conveniente ni oportuno introducir modificaciones sustanciales que hagan a la estructura o régimen del Convenio en sí, sino, fundamentalmente, a la adecuación del mismo a las cambiantes circunstancias que hacen al ámbito económico de su aplicación;
Que, dentro de este espíritu y en beneficio de una mayor claridad y sencillez, se ha considerado conveniente aprobar un nuevo texto íntegro del Convenio;
Que, por otra parte, y en la misma línea antes expresada, corresponde declarar a este Convenio abierto para la adhesión de las jurisdicciones que, por cualquier causa, no lo suscriban en este acto.
Por todo ello y ad-referéndum de los poderes locales competentes de cada una de las jurisdicciones intervinientes, los Representantes de las Provincias antes mencionadas;
Convienen y acuerdan lo siguiente:

AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO
Artículo 1º – Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por: intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así se encuentran comprendidas en él los casos en que se configure alguna de las siguientes situaciones:
a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente;
b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en otra u otras.
c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras;
d) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicadas o utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones.
Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3º, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso (correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera).

REGIMEN DE DISTRIBUCION DE INGRESOS
Régimen General
Artículo 2º – Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma:
a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.
b) El cincuenta por ciento (50%) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas por el intermedio de sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. A los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios.
Artículo 3º – Los gastos a que se refiere el Artículo 2º, son aquellos que se originen por el ejercicio de la actividad;
Así, se computarán como gasto: los sueldos, jornales y toda otra remuneración; combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación; alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etc. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias.
No se computarán como gasto:
a) El costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado;
b) El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización;
c) Los gastos de propaganda y publicidad;
d) Los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etc.);
e) Los intereses;
f) Los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los importes que excedan del uno por ciento (1%) de la utilidad del balance comercial.
Artículo 4º – Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción, cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle (por ejemplo: de dirección, de administración, de fabricación, etc.), aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Así, los sueldos jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren.
Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, se distribuirán en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto a éstos. En caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlos mediante estimación razonablemente fundada.
Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible.
Artículo 5º – A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior.
De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior.
Regímenes especiales
Artículo 6º – En los casos de actividades de la construcción, incluidas las de demolición, excavación, perforación, etc., los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en esa jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el diez por ciento (10%) de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá el noventa por ciento (90%) de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse, al considerar los ingresos brutos, importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa.
Artículo 7º – En los casos de entidades de Seguros, de Créditos de capitalización y ahorro, de ahorro y préstamo y entidades financieras no bancarias, cuando la administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o personas situadas o domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta o estas jurisdicciones, el 80% de los ingresos provenientes de la operación y se atribuirá el 20% restante a la jurisdicción donde se encuentre situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo de la contratación, en los casos de seguros de vida o de accidente.
Artículo 8º – En los casos de Bancos cuya sede central o casa matriz se halle en una jurisdicción y tengan sucursales en otras, cada Fisco podrá gravar los ingresos brutos de los establecimientos situados en su jurisdicción.
Artículo 9º – En los casos de empresas de transporte de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje.
Artículo 10. – En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio, consultorio u oficina similar en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otras, la jurisdicción en la cual se realiza la actividad podrá gravar el 80% de los honorarios en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el 20% restante.
Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas consultoras.
Artículo 11. – En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar el 80% de los ingresos brutos originados por esas operaciones y la otra, el 20% restante.
Artículo 12. – En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados en forma de empresa y que tengan su domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituya sobre bienes inmuebles o muebles situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos podrá gravar el 80% de los ingresos brutos producidos por la operación y la otra jurisdicción, el 20% restante.
Artículo 13. – En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de los productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país en bruto, elaborados y/o semielaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor sin facturar, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración, enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible con arreglo al régimen establecido por el artículo 2º.
En el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido por el artículo 2º. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores e intermediarios de quebracho y de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmonte, y en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y frutas.
En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora y siempre que ésta no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de adquisición. Cuando existan dificultades para establecer este precio, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos, conforme al régimen del artículo 2º. En los casos en que la jurisdicción productora grava la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo al régimen del artículo 2º.
Artículo 14. – En los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones no será de aplicación el art. 5º. La atribución de los ingresos correspondientes a todas las jurisdicciones en el año del comienzo o cese de esas actividades se efectuará con arreglo a los ingresos brutos obtenidos y a los gastos realmente soportados por el contribuyente en todas las jurisdicciones en el año mencionado, conforme corresponda.

ORGANISMOS DE APLICACION
Artículo 15. – La aplicación del presente convenio estará a cargo de una Comisión Plenaria y de una Comisión Arbitral.

DE LA COMISION PLENARIA
Artículo 16. – La Comisión Plenaria se constituirá con dos representantes por cada jurisdicción adherida —un titular y un suplente— que deberán ser especialistas en materia impositiva. Elegirá de entre sus miembros en cada sesión un presidente y funcionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, decidiendo el presidente en caso de empate.
Artículo 17. – Serán funciones de la Comisión Plenaria:
a) Aprobar su reglamento interno y el de la Comisión Arbitral;
b) Establecer las normas procesales que deberán regir las actuaciones ante ella y la Comisión Arbitral;
c) Sancionar el presupuesto de gastos de la Comisión Arbitral y controlar su ejecución;
d) Nombrar el presidente y vicepresidente de la Comisión Arbitral de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación;
e) Resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere el artículo 25, dentro de los noventa (90) días de interpuestos;
f) Considerar los informes de la Comisión Arbitral;
g) Proponer, "ad referendum" de todas las jurisdicciones adheridas, y con el voto de la mitad más uno de ellas, modificaciones al presente convenio sobre temas incluidos expresamente en el orden del día de la respectiva convocatoria. La Comisión Arbitral acompañará a la convocatoria todos los antecedentes que hagan a la misma.
Artículo 18. – La Comisión Plenaria deberá realizar por lo menos dos reuniones anuales.
Artículo 19. – La Comisión Arbitral estará integrada por un presidente, un vicepresidente, siete vocales titulares y siete vocales suplentes y tendrá su asiento en la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación.
Artículo 20. – El presidente de la Comisión Arbitral será nombrado por la Comisión Plenaria de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. El vicepresidente se elegirá en una elección posterior entre los dos miembros propuestos restantes. Los vocales representarán a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires y a cada una de las cinco zonas que se indican a continuación, integradas por las jurisdicciones que en cada caso se especifica:
Zona Noreste Zona Noroeste
Corrientes Salta
Chaco Jujuy
Misiones Tucumán
Formosa Santiago del Estero
Catamarca
Zona Centro Zona Cuyo
Córdoba San Luis
La Pampa La Rioja
Santa Fe Mendoza
Entre Ríos San Juan
Zona Sur o Patagónica:
Chubut
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud
El presidente, el vicepresidente y los vocales deberán ser especialistas en materia impositiva.
Las jurisdicciones no adheridas no podrán integrar la Comisión Arbitral.
Artículo 21. – Los vocales representantes de las zonas que se mencionan en el artículo anterior durarán en sus funciones dos años y se renovarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Dentro de cada zona se determinará el orden correspondiente a los vocales, asignando por acuerdo o por sorteo un número correlativo a cada una de las jurisdicciones integrantes de la zona respectiva.
b) Las jurisdicciones a las que correspondan los cinco primeros números de orden tendrán derecho a designar los vocales para el primer período de dos años, quienes serán sustituidos al cabo de ese término por los representantes de las jurisdicciones que correspondan, según lo que acordaren los integrantes de cada zona o que sigan en orden de lista, y así sucesivamente hasta que todas las jurisdicciones hayan presentado a su respectiva zona.
c) A los efectos de las futuras renovaciones las jurisdicciones salientes mantendrán el orden preestablecido.
Artículo 22. – Las jurisdicciones que no formen parte de la comisión tendrán derecho a integrarla mediante un representante cuando se susciten cuestiones en las que sean parte.
La comisión sesionará válidamente con la presencia del presidente o vicepresidente y de no menos de cuatro vocales. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los vocales y representantes presentes. El presidente decidirá en caso de empate.
Artículo 23. – Los gastos de la comisión serán sufragados por las distintas jurisdicciones adheridas, en proporción a las recaudaciones obtenidas en el penúltimo ejercicio en concepto del impuesto al que se refiere este convenio.
Artículo 24. – Serán funciones de la Comisión Arbitral:
a) Dictar de oficio o a instancia de los Fiscos adheridos, normas generales interpretativas de las cláusulas del presente convenio, que serán obligatorias para las jurisdicciones adheridas;
b) Resolver las cuestiones sometidas a su consideración, que se originen con motivo de la aplicación del convenio en los casos concretos. Las decisiones serán obligatorias para las partes en el caso resuelto;
c) Resolver las cuestiones que se planteen con motivo de la aplicación de las normas de procedimiento que rijan la actuación ante el organismo;
d) Ejercer iguales funciones a las indicadas en los incisos anteriores con respecto a cuestiones que originen o se hayan originado y estuvieran pendientes de resolución con motivo de la aplicación de los convenios precedentes;
e) Proyectar y ejecutar su presupuesto;
f) Proyectar su reglamento interno y normas procesales;
g) Organizar y dirigir todas las tareas administrativas y técnicas del organismo;
h) Convocar a la Comisión Plenaria en los siguientes casos:
1. Para realizar las reuniones previstas en el artículo 18.
2. Para resolver los recursos de apelación a que se refiere el artículo 17, inciso e), dentro de los treinta (30) días de su interposición. A tal efecto remitirá a cada una de las jurisdicciones, dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso, copia de todos los antecedentes del caso en apelación.
3. En toda otra oportunidad que lo considere conveniente.
i) Organizar la centralización y distribución de información para la correcta aplicación del presente convenio.
A los fines indicados en el presente artículo, las jurisdicciones deberán remitir obligatoriamente a la Comisión Arbitral los antecedentes e informaciones que ésta les solicite para la resolución de los casos sometidos a su consideración y facilitar toda la información que les sea requerida a los fines del cumplimiento de lo establecido en el inciso i).
Artículo 25. – Contra las disposiciones generales interpretativas y las resoluciones que dicte la Comisión Arbitral, los fiscos adheridos y los contribuyentes o asociaciones reconocidas afectadas, podrán interponer recurso de apelación ante la Comisión Plenaria, en la forma que establezcan las normas procesales y dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación.
Artículo 26. – A los fines indicados en el artículo anterior, las resoluciones de la Comisión Arbitral deberán ser comunicadas por carta certificada con aviso de recepción, a todas las jurisdicciones adheridas y a los contribuyentes o asociaciones reconocidas que fueran parte en el caso concreto planteado o consultado.
En el caso de pronunciamiento dictado con arreglo a lo previsto en el artículo 2º, inciso a), se considerará notificación válida, con respecto a los contribuyentes y asociaciones reconocidas, la publicación del pronunciamiento en el Boletín Oficial de la Nación.

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 27. – En la atribución de los gastos e ingresos a que se refiere el presente convenio se atenderá a la realidad económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se realicen.
Artículo 28. – Los contribuyentes presentarán ante los Fiscos respectivos, juntamente con sus declaraciones juradas anuales, una planilla demostrativa de los ingresos brutos totales discriminados por jurisdicción y de los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.
Las planillas discriminativas de ingresos y gastos a presentar en cada jurisdicción deberán estar intervenidas por el organismo recaudador de la jurisdicción en que el contribuyente tenga su asiento principal. A tal efecto presentará ante dicho organismo la cantidad de copias necesarias.
La liquidación del impuesto en cada jurisdicción se efectuará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias locales respectivas, siempre que no se opongan a las disposiciones de este convenio.
Artículo 29. – Todas las jurisdicciones están facultadas para inspeccionar directamente a los contribuyentes comprendidos en este convenio, cualquiera fuese su domicilio o el lugar donde tenga su administración o sede, con conocimiento del Fisco correspondiente.
Artículo 30. – Los contribuyentes comprendidos en el presente convenio están obligados a suministrar todos los elementos de juicio tendientes a establecer su verdadera situación fiscal, cualquiera sea la jurisdicción adherida que realice la fiscalización.
Artículo 31. – Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a efectos de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. Dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas relativas a la información, recaudación y fiscalización del tributo.
Artículo 32. – Las jurisdicciones adheridas no podrán aplicar a las actividades comprendidas en el presente convenio, alícuotas o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto a iguales actividades que se desarrollen, en todas sus etapas, dentro de una misma jurisdicción.
Artículo 33. – En los casos en que los contribuyentes desarrollaran simultáneamente actividades en jurisdicciones adheridas y no adheridas, la distribución de ingresos brutos se efectuará atribuyendo a los Fiscos adheridos y a los que no lo están las sumas que les correspondan con arreglo al régimen general o a los especiales que prevé este convenio, pudiendo las jurisdicciones adheridas gravar solamente la parte de los ingresos brutos que les haya correspondido.
Artículo 34. – Este convenio comenzará a regir desde el 1º de enero inmediato siguiente a su ratificación por todas las jurisdicciones. Su vigencia será de dos años y se prorrogará automáticamente por períodos bienales, salvo que un tercio (1/3) de las jurisdicciones lo denunciara antes del 1º de mayo del año de su vencimiento.
Las jurisdicciones que denunciaren el presente convenio sólo podrán separarse al término del período bienal correspondiente.
Artículo 35. – En el caso de actividades objeto del presente convenio, las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas, podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos Fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de las normas del presente convenio.
La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas se hará con arreglo a las disposiciones previstas en este convenio si no existiere un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial adherida.
Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial.
Las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto de las cuales controvierta expresas disposiciones constitucionales.

DISPOSICION TRANSITORIA
Artículo 36. – La Comisión Arbitral mantendrá su composición actual de acuerdo a las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente convenio, y hasta tanto se produzcan las renovaciones de acuerdo a lo que establecen los artículos 20 y 21.

Firmas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Enrique G. Bulit Goñi — Buenos Aires: Luis Gómez Novaro, Enrique A. Álvarez — Catamarca: Buenader González, Carlos Ortiz — Córdoba: Carlos Siriczman — Chaco: Germán M. Sánchez — Corrientes: Bernardo M. Blanco, Jorge E. Bonastre — Entre Ríos: Alberto G. Cerini, Jesús L. Salas, José G. Iglesias — Formosa: Augusto J. Margueirat, Cristian Larsen — Jujuy: Omar José Blanco, Aer Amil Olguín — Santa Fe: Tito L. Rochetti, Juan Carlos Mercier — La Pampa: Jorge Omar Andrade — San Luis: Ramón Liendo — Santiago del Estero: Diego Peña Palencia, Manuel Osvaldo López — Santa Cruz: Héctor D. Marinero — San Juan: Agustín Romero, Juan Puleri, Eduardo Andrés Coria — La Rioja: Jorge Alberto Primo, Carlos D. Mercado — Chubut: Elisa M. Rebasti — Río Negro: Néstor I. Torres, Carlos A. Matarrelli — Salta: Luis María Juan José Peña — Misiones: Amadeo Denti, Carlos Roko — Tucumán: Juan José Galilea, Eduardo Budeguer

Decreto nº 680/2020
Fecha: 17.08.2020
Publicado: 18.08.2020
DCTO-2020-680-APN-PTE - Disposiciones.

VISTO el Expediente N° EX-2020-45079142-APN-CGD#MMGYD, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y sus modificatorias, 26.618, 26.743, 27.412 y 27.499, el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran reconocidos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL como así también en los Convenios y Tratados Internacionales incorporados por el artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna.

Que mediante las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente, se aprobaron la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" que establecen, dentro de los deberes de los Estados partes, establecer políticas e incluir en su legislación interna normas destinadas a asegurar el ejercicio efectivo de derechos por parte las mujeres, como así también las necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Que, asimismo, el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2°); la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2°); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (artículos 1°, 13°.5, 17°.4 y 24°); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículos 2°.1, 3°, 20°.2, 23°.4, 24°.1 y 26°); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (artículos 2°.2 y 3°); la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (artículo 2°) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (artículos 2°, 3° y ss.)

Que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está contemplado, en especial, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), que aporta una guía jurídica y política insoslayable para el diseño de políticas públicas en estas temáticas, en particular para la puesta en funcionamiento de una institucionalidad reforzada en la materia.

Que a través de la Ley N° 26.485 y sus modificatorias de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, se garantiza la igualdad y el derecho a vivir una vida sin violencia.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha sido pionera en el reconocimiento y promoción de derechos de las personas LGBTI+ al sancionar la Ley N° 26.618 por la que se incorporó el matrimonio igualitario a nuestra legislación; la Ley N° 26.743 en la que se estableció que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y al trato digno basado en el respeto de esta y la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que modificó el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.

Que, entre los avances legislativos más recientes en aras a alcanzar la igualdad de género, se encuentra la sanción de la Ley MICAELA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL ESTADO N° 27.499.

Que las obligaciones del Estado en materia de no discriminación exigen la adopción de medidas de carácter administrativo, legislativo, judicial y de cualquier otra índole, necesarias para eliminarla.

Que, en ese sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha instado a los Estados a que tengan en cuenta las desigualdades económicas, sociales y culturales existentes, en especial las que sufren las mujeres, a la hora de diseñar e implementar políticas, y ha exhortado a los Estados a que promuevan la igualdad de representación de hombres y mujeres en la administración pública y en los órganos decisorios, así como en la planificación del desarrollo y la adopción de decisiones.

Que en similar sentido se ha manifestado el Comité de Derechos Humanos, órgano convencional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al señalar que los Estados deben adoptar medidas eficaces y positivas, incluidas las medidas necesarias de discriminación inversa, para promover y asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos (Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 28, La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, artículo 3°, 2000, punto 29).

Que el Comité de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su último informe sobre Argentina del año 2016, instó al Estado a reforzar las iniciativas de coordinación para asegurar la igualdad de género y, por su parte, en el año 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) recomendó que se preste particular atención a las necesidades e intereses de los grupos que sufren discriminaciones múltiples, entre ellos las mujeres, con el objetivo de implementar políticas coordinadas para enfrentarlas. También instó a reforzar las disposiciones legislativas y las políticas públicas con presupuestos asignados destinadas a lograr la igualdad de derechos para el hombre y la mujer (párrafos 29 y 25).

Que, en particular, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece que el éxito de las políticas y de las medidas destinadas a respaldar o reforzar la promoción de la igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer debe basarse en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad.

Que, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/70/1, el Objetivo 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y para ello los Estados se han comprometido, entre otras acciones, a poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública y a aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Que, a mayor abundamiento, en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Estados de la región acordaron otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, jerarquía al más alto nivel y asegurar que los procesos de transversalización de la igualdad de género permeen toda la estructura del Estado.

Que es indudable que en la REPÚBLICA ARGENTINA se produjeron transformaciones positivas para las mujeres y las personas LGBTI+, entre las cuales se encuentra la creación del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, mediante el dictado del Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios, lo que responde a un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.

Que compete al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD entender en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad, asistiendo al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a dicha temática.

Que, asimismo, el citado Ministerio tiene entre sus funciones entender en la articulación de acciones con los actores del sector público y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, así como en la coordinación de acciones con otros Ministerios para asegurar la transversalización de dichas políticas.

Que el marco constitucional, legal y de derecho internacional en temas de igualdad de género y no discriminación y en materia de derechos de las mujeres a una vida libre de violencias con el que cuenta la REPÚBLICA ARGENTINA obliga al Estado a adoptar medidas efectivas en estas temáticas, las que requieren la máxima coordinación entre los organismos de la Administración Pública de manera tal que se implemente la transversalidad del enfoque de género en todas las políticas públicas que se impulsen.

Que toda política pública requiere que sea diseñada teniendo en cuenta el impacto que tendrá en las mujeres y la población LGBTI+, para lo cual se requieren instancias de decisión de diferentes áreas de gobierno.

Que la respuesta a dicho desafío exige un trabajo sistemático de integración y coordinación, lo que evidencia la necesidad de conformar una instancia de trabajo interministerial que permita el tratamiento de dicha temática en forma transversal.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase, en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO, el que tendrá como finalidad garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales.

ARTÍCULO 2°.- A los fines del cumplimiento de su finalidad, el GABINETE tendrá las siguientes funciones:

a. consensuar acciones para la incorporación de la perspectiva de género tanto en su componente presupuestario como de gestión y ejecución de las mismas;

b. articular estrategias conjuntas para el monitoreo del cumplimiento de los programas a implementar, a través de indicadores aplicables al conjunto de los Ministerios; y

c. articular las estrategias y acciones de capacitación y especialización de los recursos humanos necesarios en cada Ministerio para asegurar la transversalización de la perspectiva de género.

ARTÍCULO 3°.- El GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO estará presidido por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS e integrado por los y las titulares de la totalidad de los Ministerios y por los o las Titulares de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS y el PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, quedando facultados y facultadas para designar a un funcionario o a una funcionaria en su reemplazo con rango no inferior a Secretario o Secretaria para su representación en el mismo. El GABINETE se reunirá periódicamente, al menos una vez cada SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 4°.- El GABINETE podrá requerir la intervención, permanente o transitoria, de otros Organismos, cuando las materias a tratar así lo requieran.

ARTÍCULO 5°.- El GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO será asistido por una Mesa de Coordinación cuyas funciones serán: coordinar el trabajo operativo del GABINETE, articular con cada Ministerio el plan de trabajo correspondiente, brindar asistencia técnica y capacitación, consolidar los documentos que surjan del trabajo del GABINETE, sugerir temas o acciones a implementar, atender los requerimientos que demande el funcionamiento del GABINETE y realizar el seguimiento y sistematización de los avances en materia de transversalización de la perspectiva de género.

ARTÍCULO 6°.- La Mesa de Coordinación contará con un Secretario o una Secretaria Administrativo o Administrativa que será designado o designada por el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD. Cada integrante del GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO deberá designar un o una representante titular y un o una representante suplente, de rango no inferior a Director o Directora Nacional o equivalente, cuya función será colaborar en el cumplimiento de las funciones de la citada Mesa de Coordinación.

Las y los representantes deberán reunirse junto con la Mesa de Coordinación periódicamente, al menos UNA (1) vez por mes.

ARTÍCULO 7°.- Los Organismos que conforman el GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO prestarán la colaboración necesaria que este requiera para el cumplimiento de su cometido.

ARTÍCULO 8°.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para invitar a participar en el GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO a expertas o expertos y a representantes de sectores con injerencia en la materia de los distintos sectores de la sociedad civil y de los poderes del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 9°.- El GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO dictará su reglamento de funcionamiento interno.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Resolución 12/2020 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Fecha: 09.03.2020
Publicación: 10.03.2020
RESOL-2020-12-APN-MOP

VISTO el Ex–2020-14790433-APN-SGA#MOP del Registro del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Ley de Ministerios N° 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios, el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que, entre las facultades del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, conforme el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentra la de entender en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas.

Que resulta indispensable promover la reactivación de las economías locales, del sector de la construcción, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional.

Que a fin de lograr los objetivos indicados resulta conveniente la implementación de un Plan de alcance nacional al que se denominará "ARGENTINA HACE" y cuya finalidad primordial está dada por el restablecimiento de las obras y construcciones en todo el territorio nacional como motor del desarrollo.

Que entre los objetivos del Plan "ARGENTINA HACE" se propicia garantizar derechos, mejorando el nivel de empleo, la distribución de los ingresos y el acceso a servicios urbanos e infraestructura social básica.

Que el Plan se desarrollará con financiamiento nacional y se ejecutará a través de las Provincias y los Municipios cuyos proyectos resulten aprobados para su ejecución.

Que en virtud de lo normado por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, Anexo 3, Acápite XIII, se encuentran bajo la órbita de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Dirección Nacional de Vialidad, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Corredores Viales S.A., Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre otros, conformando un núcleo de actuación conjunta que permitirá asistir la demanda que el PLAN conlleva.

Que el Plan propone una acción inmediata con obras de corto plazo de ejecución, generando un fuerte impacto en las economías locales, pudiendo ser efectuado a través de diversas entidades de la comunidad y que se encuentren legalmente constituidas tales como Cooperativas, Organizaciones Sociales, trabajadores de la economía popular y/o MiPyMEs radicadas prioritariamente en cada zona de intervención.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS concentrará entre sus obligaciones principales y en la medida de la disponibilidad de recursos financieros suficientes, las de financiar y monitorear los proyectos de obra que resulten aprobados.

Que el Plan "ARGENTINA HACE" promueve la creación de nuevos puestos de trabajo en los territorios locales respetando un criterio de equidad de género, tendiendo a cubrirse los mismos bajo un régimen de paridad.

Que el Plan a su vez, propicia la generación de capacidades individuales y colectivas, a partir de posibles intercambios con Instituciones de Formación y Capacitación en artes y oficios vinculados a la construcción.

Que los interesados cuyos proyectos resulten aprobados, ajustarán la mecánica de acreditación de la inversión efectuada conforme los lineamientos expuestos en el Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes de aplicación en el ámbito de este Ministerio.

Que por la normativa mencionada en el considerando precedente se deberá incorporar como ANEXO a los Convenios que se suscriban con las Provincias o los Municipios, formando parte de la documentación contractual en los procedimientos de contratación que se lleven adelante como consecuencia de la suscripción de tales Convenios.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente Plan será financiado en función de los recursos financieros existentes en la jurisdicción de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, como así también con los presupuestos propios de los organismos descentralizados o empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentran dentro de la órbita de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y que adhieran al presente PLAN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE INTERIOR, ha tomado la intervención que le compete en virtud del art. 7 del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.250 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y Decretos N° 7/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 y N° 50/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°– Créase el Plan Nacional de Obras denominado PLAN "ARGENTINA HACE - I" en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Resolución Nº 27/2020 del Ministerio de Obras Púbicas B.O. 21/4/2020. Vigencia: desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.)

ARTÍCULO 2°– Apruébase el Reglamento del PLAN "ARGENTINA HACE", que, como Anexo I, registrado bajo el número PV-2020-15279839-APN-MOP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°– El objeto del PLAN "ARGENTINA HACE" consiste, a partir del financiamiento de obras y servicios públicos, en la reactivación de las economías locales, asociadas al sector de la construcción y rubros afines, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional.

ARTÍCULO 4°– El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas presupuestarias que se asignen en cada Convenio Específico.

ARTÍCULO 5°– Las Provincias y los Municipios deberán observar las siguientes pautas en relación a los proyectos que se definan en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE":

a) Realizarse a través de diversas entidades de la comunidad y que se encuentren legalmente constituidas tales como Cooperativas, Organizaciones Sociales, trabajadores de la economía popular y/o MiPyMEs radicadas prioritariamente en cada zona de intervención. Asimismo y en situaciones especiales, podrán encararse las obras por administración, siempre que ello implique la contratación de nueva mano de obra.-

b) Llevar adelante un proceso de participación y capacitación inicial que promueva la participación de la comunidad en el PLAN "ARGENTINA HACE".

c) Ejecutarse en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días.

ARTÍCULO 6°– Facúltase a los Señores SECRETARIOS DE OBRAS PÚBLICAS y DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA a fijar los montos máximos financiables por obra que se ejecutarán en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE" creado por el art. 1° de la presente medida, como así también a suscribir los Convenios Específicos, Actas Complementarias, Adendas y todo otro acto administrativo necesario, en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 7°– Asimismo y ante proyectos cuya incumbencia específica corresponda a organismos descentralizados o a empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentren dentro de la órbita de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, se procederá a su remisión a los fines de la debida intervención técnica, legal y financiera, en el marco de sus competencias y del presente PLAN.

ARTÍCULO 8°– La Autoridad de Aplicación del PLAN "ARGENTINA HACE" será la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de la UNIDAD COORDINADORA que a tal efecto se constituya y que estará integrada por personal de esa Secretaría y de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Dicha UNIDAD tendrá a su cargo la formulación de las normas aclaratorias y complementarias y de los criterios de distribución de los recursos.

ARTÍCULO 9°– La presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10– Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII)

 

(1)Resolución nº 27/2020 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Fecha: 19.04.2020
Publicado: 27.04.2020
RESOL-2020-27-APN-MOP

VISTO el Expediente Nº EX-2020-24982326-APN-SGA#MOP del registro de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Ley de Ministerios N° 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios, los Decretos N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Resolución RESOL-2020-12-APN-MOP de fecha 9 de marzo de 2020 de este Ministerio de creación del PLAN "ARGENTINA HACE" y el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, entre las facultades del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, conforme el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentra la de entender en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas.

Que, a fin de promover la reactivación de las economías locales, del sector de la construcción, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional, en fecha 9 de marzo de 2020 se dictó la Resolución RESOL-2020-12-APN-MOP de creación del PLAN "ARGENTINA HACE" en el ámbito de este Ministerio.

Que atento la gran repercusión que el PLAN "ARGENTINA HACE" ha producido durante el corto plazo transcurrido desde su creación, es menester ampliar la visión originariamente dada al mismo para transformarlo en una herramienta que permita contribuir efectivamente al financiamiento de distintos tipos de proyectos relativos a la ejecución de obras, cualesquiera sea su dimensión, llevadas adelante por parte de las Provincias o los Municipios u otros Entes, de manera de contribuir al desarrollo y crecimiento económico de los argentinos a través de proyectos que mejoren sustancialmente la calidad de vida de la ciudadanía toda.

Que en ese contexto resulta menester renombrar el PLAN "ARGENTINA HACE" y denominarlo PLAN "ARGENTINA HACE – I", así como también instituir el PLAN "ARGENTINA HACE – II" a los fines de dar respuesta a las nuevas demandas recibidas y que se enmarcan dentro de la competencia asignada a esta Cartera de Estado por la Ley de Ministerios N° 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios.

Que, en consecuencia, corresponde dotar al PLAN "ARGENTINA HACE - II" de una mayor amplitud para que todas aquellas Provincias, los Municipios y/u Otros Entes que concierten con esta Cartera de Estado la asistencia financiera para proyectos, conforme los programas definidos en el mismo como así también sobre los que en el futuro pudieren incorporarse, puedan llevar adelante su ejecución con ajuste a cualesquiera de las modalidades de contratación que la normativa local autorice.

Que el PLAN "ARGENTINA HACE – II" tiene por objeto contribuir al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS concentrará entre sus obligaciones principales las de financiar y monitorear a través de la plataforma implementada al efecto, los proyectos que resulten aprobados.

Que los interesados cuyo proyecto resulte aprobado, ajustarán la mecánica de acreditación de la inversión efectuada conforme los lineamientos expuestos en el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo I al Artículo 1º de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.

Que la normativa mencionada en el considerando precedente se deberá incorporar como ANEXO a los Convenios que se suscriban con las Provincias, los Municipios y/u otros Entes.

Que en tal sentido, se ha determinado la necesidad de suscribir en primer lugar un Convenio Marco de adhesión al PLAN "ARGENTINA HACE – II" entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y las PROVINCIAS, los MUNICIPIOS o los Entes que así lo decidan y, posteriormente, la suscripción de un Convenio Específico entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS o la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA y los mencionados en último término, a fin de llevar adelante los Proyectos propuestos oportunamente y que fueran aprobados para su financiación.

Que el PLAN "ARGENTINA HACE – II" será financiado a través de los recursos asignados a la jurisdicción de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención de su competencia de conformidad con el artículo 7 del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios y Decretos N° 7/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 y N° 50/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el ARTÍCULO 1º de la Resolución RESOL-2020-12-APN-MOP de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1°– Créase el Plan Nacional de Obras denominado PLAN "ARGENTINA HACE - I" en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS."

ARTÍCULO 2° — Créase el Plan Nacional de Obras denominado PLAN "ARGENTINA HACE - II" en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 3° — El objeto del PLAN "ARGENTINA HACE - II" está dado por la contribución al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

ARTÍCULO 4°— Facúltase a los Señores SECRETARIOS DE OBRAS PÚBLICAS y DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA a fijar los montos máximos financiables para cada proyecto que se ejecutará en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE – II" creado por el art. 2° de la presente Resolución, como así también a suscribir los Convenios Específicos, Actas Complementarias, Adendas y todo otro acto administrativo necesario, en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 5°— La Autoridad de Aplicación del PLAN "ARGENTINA HACE – II" será la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, quién tendrá a su cargo la formulación de las normas aclaratorias y complementarias.

ARTÍCULO 6º— El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas presupuestarias que se asignen en cada Convenio Específico.

ARTÍCULO — Apruébase el Reglamento Particular del PLAN "ARGENTINA HACE – II" que, como Anexo I e Instructivo Anexo registrados bajo la PV-2020-25012989-APN-SGA#MOP y el IF-2020-25012898-APN-SGA#MOP respectivamente, forman parte integrante de la presente medida, los cuales deberán incorporarse como ANEXO a los Convenios Marco que se suscriban con las Provincias, los Municipios u otros Entes.

ARTÍCULO 8° — Apruébanse el modelo de Convenio Marco y el modelo de Convenio Específico, a suscribirse entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y las PROVINCIAS, los MUNICIPIOS u otros Entes que adhieran al PLAN creado en el ARTÍCULO 2° de la presente Resolución que, como Anexos II y III registrados bajo el IF-2020-25012833-APN-SGA#MOP e IF-2020-25012766-APN-SGA#MOP respectivamente, forman parte integrante de la presente medida. Cuando las características técnicas, las modalidades de ejecución, u otros motivos vinculados al proyecto a financiar, así lo justifiquen, la Autoridad de Aplicación podrá introducir las modificaciones que pudieran resultar necesarias sobre los modelos aprobados.

ARTÍCULO 9° — La presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10 — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)

 

Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico

Número: IF-2020-25012898-APN-SGA#MOP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo al Anexo I - Reglamento Particular del PLAN "ARGENTINA HACE - II"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Providencia

Número: PV-2020-25012989-APN-SGA#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo I - Reglamento Particular del PLAN "ARGENTINA HACE - II"
PLAN ARGENTINA HACE - II

Anexo I

INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS | ÁREAS TEMÁTICAS Y COMPONENTES

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

4. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

5. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Definición del Proyecto

- Presentación

- Plazos y evaluación

- Aprobación y firma de Convenio

- Actos preliminares

- Ejecución del Proyecto

- Modificación del Proyecto

- Incumplimientos

- Rescisión

- Cumplimiento de Normas de Administración Financiera

- Indemnidad

6. FINANCIAMIENTO

7. MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

8. TRANSPARENCIA

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El PLAN ARGENTINA HACE - II tiene como objeto contribuir al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

Las obras serán desarrolladas de forma descentralizada, a través de las Provincias, los Municipios u otros Entes. Es por ello que el Ministerio de Obras Públicas encara este desafío desde una perspectiva federal, tendiendo a revertir desigualdades y asimetrías entre las distintas regiones del país promoviendo una Nación más solidaria y equitativa.

En el marco del presente Plan, serán las Provincias, los Municipios y otros Entes quienes tendrán a su cargo el diseño de proyectos, la contratación, inspección y mantenimiento de la obra, y su posterior operación cuando correspondiere, siendo los responsables exclusivos de todos los efectos derivados de esas tareas, como así también de su manutención y conservación posterior.

2. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS

El PLAN ARGENTINA HACE - II financiará los proyectos que propongan las Provincias, los Municipios u otros Entes y que resulten aprobados por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS según las áreas temáticas y componentes que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo al instructivo de carga de documentos referidos a proyecto y ejecución de obra de la plataforma https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2 y que como Instructivo anexo forma parte integrante del presente.

Asimismo, cuando las características del proyecto determinaran la conveniencia de dar intervención a alguno de los organismos descentralizados o a empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentran bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a exclusivo criterio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá remitirlos a dichos organismos a los fines de su intervención técnica en el marco del presente Plan.

ÁREAS TEMÁTICAS Y COMPONENTES

Las áreas temáticas, funcionan a la vez de programas, e indican el tipo de intervenciones que podrán ejecutarse en el marco del presente Plan. Los proyectos que eleven las entidades proponentes deberán considerar en su cómputo y presupuesto la provisión de materiales, equipos (según proyectos) y/o provisión y colocación de mobiliario urbano, contratación de maquinarias si así fuera requerido y la contratación de mano de obra.

1. Consolidación Barrial

Los barrios como unidades de identidad colectiva, se presentan como la oportunidad para generar lazos comunitarios, espacios de encuentro, de producción individual y colectiva. Asimismo, se configuran como los centros de identidad y pertenencia más próximos a cada hogar. En ese sentido, el Programa se propone garantizar el acceso a los servicios básicos, acortando distancias y generando el soporte para que el transporte llegue cada vez más cerca de las principales vialidades, y consolidar el espacio público para todos y todas.

• Acceso a los servicios básicos: agua y saneamiento.

• Sistemas de escurrimiento y protección hidráulica (desagües pluviales, bocas de tormentas, alcantarillas, etc.).

• Accesibilidad y conectividad urbana como soporte a la infraestructura de transporte para promover la integración de los barrios a la trama urbana.

• Pavimentación, re-pavimentación, iluminación y arborización de las vías principales: avenidas, bulevares, calles barriales.

• Pavimentación de la totalidad del entramado urbano.

• Iluminación de las sendas peatonales y de las vías de acceso.

2. Jerarquización de las centralidades urbanas

• Puesta en valor de los centros históricos de cada localidad.

• Puesta en valor del paisaje urbano: arborización, parquización, iluminación, señalización y colocación de mobiliario urbano (mesas y bancos, refugios, paradas de transporte público, etc.) en áreas verdes libres y públicas. Esto incluye corredores, arterias viales jerarquizadas y plazas emblemáticas.

• Puesta en valor del espacio público urbano con la pavimentación, la ejecución de redes pluviales, la materialización de las veredas, la colocación de iluminación LED y la colocación de mobiliario urbano (cestos, protecciones, bebederos, etc.)

• Definición de circuitos comerciales a partir de la modernización de las infraestructuras de soporte, materialidad e imagen de las calles comerciales.

3. Infraestructura para la recuperación de la matriz productiva

Recuperación de la producción, impulso de las economías locales y regionales desde la infraestructura de soporte tales como rutas, vías de acceso, señalización, semaforización entre otros.

4. Construcción de equipamiento social

Fortalecimiento de las redes comunitarias y del tejido social en su totalidad.

• Construcción y remodelación de Jardines de Infantes.

• Construcción y puesta en valor de clubes barriales.

• Centros integrales de atención a la mujer.

• Centros de apoyo a los adultos mayores.

• Centros de Atención Primaria de Salud.

• Otros.

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

Para la evaluación y aprobación de los proyectos a financiar se tendrá en cuenta:

• Memoria del proyecto: Fundamentación del proyecto como respuesta a una oportunidad de desarrollo o problemática detectada en el territorio local o provincial.

• Definición técnica del proyecto según Instructivo anexo.

• Cantidad de nuevos trabajadores ocupados en la ejecución de la obra.

• Cantidad de población local beneficiada por su ejecución.

• Impacto sobre la organización social y económica de la región donde se ejecuta la obra.

• Impacto físico sobre el territorio y las proyecciones de nuevas obras o proyectos de índole social y/o de obras públicas.

4. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

El Plan contempla la participación del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS junto a las Provincias, los Municipios y otros Entes.

1. El Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y éste a través de su estructura funcional: pondrá en ejecución el Plan; evaluará y procederá a la elección y consecuente aprobación de los proyectos; financiará los proyectos aprobados y controlará el cumplimiento del "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes" aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, o el que en el futuro lo reemplace. Por otra parte, hará los desembolsos correspondientes según avance del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Específico vinculante entre las partes.

2. Las Provincias, los Municipios y otros Entes son los responsables de la ejecución de los proyectos y las obras; elaborarán el Proyecto y lo someterán a evaluación y aprobación del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; Las Provincias, los Municipios u otros Entes cuyos proyectos hayan sido seleccionados, deberán abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina para recibir los fondos correspondientes al pago de anticipo y pagos referidos a las rendiciones de cuentas de avance y final del proyecto. Dentro de su dependencia, deberán designar al menos: 1) un inspector de obra (Ingeniero o Arquitecto matriculado) y 2) un responsable administrativo (legal y/o contable).

5. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Definición del Proyecto

Las Provincias, los Municipios u otros Entes definirán los proyectos y el esquema de ejecución de obras que llevarán adelante en virtud de las necesidades evidenciadas en sus territorios de actuación.

• Presentación

Una vez definido el proyecto, las Provincias, los Municipios u otros Entes deberán subirlo a la Plataforma de Proyectos y Obras | PPO: https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2

En la página indicada, el Representante de la Jurisdicción, deberá crear un usuario y una vez iniciada la sesión, deberá subir la documentación correspondiente. Dicha documentación será remitida a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, la cual la enviará al área específica según la temática del proyecto para la evaluación de factibilidad.

• Plazos y evaluación

La SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA, evaluará la pre-factibilidad de los proyectos y los derivará a las áreas pertinentes, a fin de que se proceda a la evaluación de la documentación presentada y de los contenidos vinculados a la propia definición del proyecto según el Instructivo Anexo, así como también la fundamentación del mismo. Esta evaluación será efectuada en el plazo de cinco (5) días hábiles. Si se detectaran errores u omisiones, lo devolverá a la jurisdicción correspondiente para que la misma efectúe las correcciones señaladas, disponiendo de un plazo de cinco (5) días hábiles para enviarlo nuevamente. No obstante, y cuando el análisis de la propuesta así lo requiera, los plazos precitados podrán ser ampliados.

• Aprobación y firma de Convenio

De manera preliminar las Provincias, los Municipios u otros Entes firmarán un Convenio Marco de Adhesión al PLAN ARGENTINA HACE - II en el cual se consignará de manera preliminar la/s obra/s cuya ejecución resulta de su interés.

Una vez evaluado/s y aprobado/s el/los proyecto/s, la Provincia, el Municipio u otros Entes firmará un Convenio Específico con la SECRETARÍA de incumbencia en la materia, por cada uno de los proyectos a financiarse.

• Actos preliminares

Serán por cuenta y cargo de la Provincia, el Municipio u otros Entes los actos administrativos y gestiones judiciales o extrajudiciales que fuera menester para concretar eventuales expropiaciones, constituir servidumbres u obtener permiso de paso, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes y los costos que generan tales cuestiones, como así también verificar el cumplimiento por parte de la contratista de toda la normativa aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Asimismo, será responsabilidad de la Provincia, el Municipio u otros Entes la obtención de los permisos locales necesarios para la ejecución del Proyecto, tales como habilitaciones y autorizaciones urbanísticas, permisos ambientales, el correspondiente trámite de impacto ambiental, u otros que fueren requeridos por la jurisdicción.

Previo al inicio de la ejecución del Proyecto, la Provincia, el Municipio u otros Entes deberá presentar con carácter obligatorio la nómina de su equipo (un Inspector de Obra, responsable administrativo) así como también el contrato celebrado con la entidad ejecutora (en caso de corresponder). Todo ello conforme los requerimientos expuestos en la plataforma de carga del proyecto. El incumplimiento de estos recaudos podrá generar el retraso del inicio de la obra y/o hasta la rescisión del Convenio.

• Ejecución del Proyecto

Efectuada la transferencia del primer adelanto de fondos, las Provincias, los Municipios u otros Entes se comprometen a dar inicio al proyecto en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la fecha en que se encuentren cumplidos los procesos y requisitos legales y administrativos, establecidos en la normativa nacional, provincial y/o municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la obra, dando cumplimiento al plan de trabajos oportunamente presentado y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas.

La existencia de impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier tipo, y que resulten atribuibles a la Provincia, al Municipio u otros Entes, que de cualquier modo obstaculicen la normal ejecución del Proyecto, serán de su exclusiva responsabilidad, siendo causal de resolución del Convenio.

La Provincia, el Municipio u otros Entes tendrán a su cargo, en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE - II", el diseño, la contratación, inspección y mantenimiento del Proyecto, y su posterior operación cuando correspondiere, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos derivados de su ejecución, como así también de su mantenimiento y conservación posterior.

El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS comunicará a las jurisdicciones cuyos proyectos hayan sido seleccionados, el formato de cartel de obra que deberán emplazar en el sitio de la obra, según los patrones de comunicación establecidos por Presidencia de la Nación.

La implementación y ejecución de la obra debe darse dentro del plazo establecido en el Convenio Específico que oportunamente se suscriba, pudiendo concederse prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su ejecución en el lapso concertado.

• Modificación del Proyecto

Toda modificación relativa al Proyecto deberá contar con la no objeción previa por parte de la SECRETARÍA de incumbencia en la materia, como condición necesaria para su implementación.

• Incumplimientos

A fin de no incurrir en causales de resolución del Convenio Específico, las Provincias o los Municipios deberán acreditar el inicio de la obra ante el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, mediante una copia del Acta de Inicio firmada por la jurisdicción contratante y la entidad contratada en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en que se encuentren cumplidos los procesos y requisitos legales y administrativos, establecidos en la normativa nacional, provincial y/o municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la obra.

Asimismo se considerará resuelto de pleno derecho:

a) Cuando, en cualquier momento, la Provincia, el Municipio u otros Entes paralicen unilateralmente o en acuerdo con la contratista, sin haber mediado previa notificación fehaciente a la SECRETARÍA de incumbencia en la materia de la causal que justifique esta medida, y la aprobación de la misma por esta última;

b) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos desde el vencimiento del plazo para la presentación de las rendiciones de cuentas establecido en el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes" aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.

En el supuesto de haberse efectuado el adelanto financiero la Provincia, el Municipio u otros Entes deberán devolver los montos percibidos por dicho concepto. El MINISTERIO tendrá derecho a reclamar a la Provincia, al Municipio u otros Entes una indemnización por los daños y perjuicios que se deriven de los incumplimientos señalados en el apartado b) del presente punto más los intereses correspondientes.

• Rescisión

Tanto el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS como las Provincias, los Municipios u otros Entes podrán rescindir los convenios suscriptos, previa notificación fehaciente a la otra parte con una anticipación no menor a UN (1) mes. La rescisión del convenio no afectará el normal desarrollo de las actividades que estuvieran en ejecución, las que deberán ser concluidas de conformidad a lo estipulado en el convenio respectivo y sus eventuales modificaciones, salvo que medie acuerdo expreso en contrario entre las partes.

• Cumplimiento de Normas de Administración Financiera

La Provincia, el Municipio y los Entes se comprometen a que los fondos a ser recibidos por parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS serán exclusivamente empleados para los proyectos solicitados y aprobados, quedando vedado el uso de los recursos transferidos a cualquier otro destino que no fuera el desarrollo de la obra, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes" aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.

Asimismo la Provincia, el Municipio y los Entes se comprometen a dar estricto cumplimiento a los procedimientos que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.

• Indemnidad

La Provincia, el Municipio u otros Entes abonarán con recursos propios los reclamos de pago de cualquier naturaleza que efectúe la contratista que realice el Proyecto. Las SECRETARÍAS de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, los órganos superiores, inferiores o dependientes, no asumen el carácter de Comitente, ni pueden subrogarse en los derechos y obligaciones de la Provincia, los Municipios u otros Entes en los contratos que ellas suscriban.

La Provincia, el Municipio u otros Entes se compromete a mantener indemne al ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios de abogados como consecuencia de la ejecución del Proyecto y por todas aquellas por las cuales la Provincia, el Municipio u otros Entes deban responder.

La SECRETARÍA de incumbencia en la materia podrá, sin necesidad de autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad previa por parte de la Provincia, el Municipio u otros Entes, encomendar la realización de auditorías técnicas y financieras que consideren necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecución del Proyecto, sin perjuicio de las tareas inherentes en la materia a cargo de la Provincia, el Municipio u otros Entes, comprometiéndose estas últimas a garantizar el ejercicio de las mismas. La Provincia, el Municipio u otros Entes no podrán obstaculizar la realización de las auditorías encomendadas por la SECRETARÍA de incumbencia en la materia, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.

6. FINANCIAMIENTO

El Proyecto será financiado mediante los recursos asignados al PLAN ARGENTINA HACE - II por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

7. MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

• Anticipo y desembolsos parciales

El monto comprometido para el financiamiento del proyecto será transferido por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en función de las disponibilidades presupuestarias, a las jurisdicciones en CUATRO (4) tramos:

- El primero de ellos por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra en concepto de anticipo financiero el cual se descontará en forma proporcional en cada rendición de cuentas, de manera tal que con la última rendición quede reintegrado en su totalidad dicho anticipo;

- el segundo por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, previo descuento del anticipo financiero, contra la presentación y aprobación de la respectiva rendición de cuentas correspondientes al avance físico equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ejecución de la obra;

- el tercero por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, previo descuento del anticipo financiero, contra la presentación y aprobación de la rendición de cuentas correspondientes al avance físico equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) de ejecución de la obra; y

- el último importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), previo descuento del anticipo financiero, en concepto de rendición final del PROYECTO contra presentación de la rendición de cuentas final correspondientes a la ejecución total y recepción provisoria de la misma.

La Autoridad de Aplicación podrá implementar, a su exclusivo criterio, esquemas distintos de desembolsos, cuando las características técnicas, las modalidades de ejecución u otros motivos vinculados al proyecto a financiar así lo justifiquen. Estos esquemas diferenciados de desembolsos deberán ser incluidos en el convenio específico relativo al proyecto en cuestión.

El esquema de desembolsos establecido en cada convenio específico, no podrá ser modificado a lo largo de la ejecución del mismo, salvo que, a criterio exclusivo de la Autoridad de Aplicación, sobrevengan motivos vinculados al proyecto a financiar que justifiquen la conveniencia de dicha modificación. En estos casos deberá previamente procederse a la modificación del convenio específico, reflejando expresamente el nuevo esquema de desembolsos establecido.

• Cuenta Bancaria

La Provincia, el Municipio u otros Entes deberán abrir una cuenta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA al fin exclusivo y excluyente de ser utilizada para la transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio. Una vez notificado el Ministerio de la apertura de la cuenta bancaria y cumplidos los requisitos administrativos, técnicos y legales que permitan el desarrollo del proyecto del Convenio Específico, la Provincia, el Municipio u otros Entes solicitarán el pedido formal del primer adelanto de fondos.

El Ministerio transferirá los fondos correspondientes en la Cuenta Bancaria declarada. La dependencia correspondiente deberá elevar el comprobante con el número de identificación de dicha cuenta (CBU), indicando la sucursal habilitada a estos fines.

• Rendición de Cuentas

La Provincia, el Municipio u otros Entes que tengan a su cargo la ejecución del PROYECTO deberán observar las disposiciones del "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL - 2020 - 19 - APN - MOP del 31 de marzo de 2020.

8. TRANSPARENCIA

A los fines previstos por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y en virtud de lo expresamente contemplado en su art. 7°, inciso a), este Ministerio resulta sujeto obligado a brindar información pública. En consecuencia, solicitará a todas las instituciones involucradas, la acreditación de los fondos públicos transferidos y aplicados a la ejecución de la obra (art. 32 inc. f).

Asimismo, las partes intervinientes, asumirán las obligaciones que en cada convenio específico se consignen, vinculadas a dotar de transparencia, tanto respecto del proceso de selección de la entidad ejecutora, como la exhibición de los estados de avance físico y financiero de las obras ejecutadas.

Informe

Número: IF-2020-25012833-APN-SGA#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo II - Convenio Marco PLAN "ARGENTINA HACE - II"
ANEXO II

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

LA PROVINCIA DE/ MUNICIPALIDAD DE__________, PROVINCIA DE________.

PLAN "ARGENTINA HACE - II"

En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de 2020, entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, representado en este acto por el señor Ministro de Obras Públicas Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS (D.N.I. N° 18.431.166), con domicilio en la Avenida Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, Oficina 1114, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y la PROVINCIA / MUNICIPALIDAD DE____________________________, Provincia de representada en este acto por el señor Gobernador/ Intendente _________________(DNI N° _________________), con domicilio en la calle __________________________N° _______________________de la Localidad de __________________________ de la Provincia de ___________________________ por la otra parte, en adelante "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" conjuntamente denominadas "LAS PARTES", y acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO, en adelante el "CONVENIO MARCO", y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS tiene entre sus competencias ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Así como también entender en el diseño y ejecución de los planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.

Que el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 establece como objetivo de LA SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS el de intervenir en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas, en especial en los programas de inversión y preinversión pública de su competencia y en la coordinación de los planes, programas relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la Jurisdicción.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, viene desplegando diversas acciones tendientes a contribuir en el desarrollo de la obra pública, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal.

Para su concreción, se halla abocado al diseño de diversos programas y subprogramas cuya asistencia económica estará a su cargo, sin perjuicio de que la ejecución y control de los Proyecto estará en cabeza del estado provincial o municipal, según sea el caso.

Que en acuerdo con la reseña efectuada, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha desarrollado un nuevo plan, en línea con el PLAN "ARGENTINA HACE - I", definiendo nuevos programas con diversas metodologías de abordajes para su concreción, en cabeza de las Provincias, Municipios y Otros Entes adherentes al mismo.

En tal entendimiento y por la Resolución N° de fecha de de 2020 (RESOL-2020- ), agregada como ANEXO I al presente, se ha instituido el PLAN "ARGENTINA HACE - II" el cual tiene por objeto contribuir al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

Que atento a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la PROVINCIA DE / MUNICIPALIDAD DE , Provincia de , realizando los Proyectos que cumplan con la finalidad del PLAN "ARGENTINA HACE - II", resulta oportuna la celebración del presente CONVENIO MARCO.

Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" manifiesta expresamente su adhesión a la normativa vigente instituida por el PLAN "ARGENTINA HACE - II", como así también a la que como consecuencia del mismo se dicte.

En tal entendimiento LAS PARTES se comprometen a desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y necesarias para posibilitar la ejecución de los Proyectos a realizarse bajo la órbita del PLAN "ARGENTINA HACE - II" en el marco de su jurisdicción y competencia y sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, legales y presupuestarias de factibilidad, que posibiliten la ejecución de los proyectos que se mencionan en el ANEXO II que forma parte integrante del presente.

SEGUNDA: El financiamiento del costo de los Proyectos detallados en el ANEXO II y que se estima en la suma de PESOS ($ ) se hará con aportes del "MINISTERIO", en la medida de sus disponibilidades económicas y con los alcances y en la proporción que se prevean en los Convenios Específicos que se suscriban oportunamente, de conformidad con lo previsto en la cláusula QUINTA del presente.

TERCERA: El listado de los Proyectos que se mencionan en el ANEXO II y que forman parte del presente, no podrán ser modificados, salvo que medie acuerdo expreso de ambas PARTES, pudiendo en ese caso "EL MUNICIPIO" reemplazar uno o varios Proyectos por otro u otros, siempre dentro del límite del importe total de la asistencia financiera otorgada por "EL MINISTERIO".

CUARTA: "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" deberá ingresar la documentación de estilo (administrativa, proyectos técnicos, memoria descriptiva, cómputo, presupuesto detallado, cronograma y curva de trabajos, curva de inversión, etc.) como así también toda aquella que le fuera requerida por los funcionarios intervinientes del "MINISTERIO" a través de la plataforma https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2, o la que en un futuro la reemplace.

QUINTA: Para la implementación de las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en las cláusulas precedentes, la Secretaría de incumbencia específica en la materia dependiente del "MINISTERIO" y "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" suscribirán los Convenios Específicos que resulten pertinentes, por cada proyecto a ejecutarse conforme aprobación definitiva de aquellos mencionados en el ANEXO II. A los efectos de poder verificar los compromisos de inversión en los Proyectos que reciban financiamiento, "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" deberá llevar una contabilidad independiente por cada Proyecto y abrir una cuenta bancaria específica para este PLAN "ARGENTINA HACE - II", en la que ingresen todos los recursos que le sean girados por "EL MINISTERIO".

SEXTA: A través del PLAN "ARGENTINA HACE - II" podrá financiarse hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del importe de los Proyectos presentados por "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD". El PLAN también podrá destinarse a financiar en forma parcial proyectos que puedan encontrarse en vías de contratación o de ejecución por parte de "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD", en ambos casos exclusivamente hasta el límite de la parte de la obra que se encuentre pendiente de ejecución.

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte del "MINISTERIO" serán exclusivamente empleados para los proyectos aprobados. Asimismo, "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" se compromete a dar estricto cumplimiento de los procedimientos que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.

OCTAVA: El presente Convenio no limita el derecho de "LAS PARTES" a la celebración de acuerdos de financiamiento con otros organismos públicos o privados, nacionales o del exterior, o con personas físicas, interesadas en la ejecución de la obra, en la proporción que la misma no resulte financiada por "EL MINISTERIO".

NOVENA: En todo hecho o circunstancia que tenga relación con este "CONVENIO MARCO", "LAS PARTES" mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumirán particularmente las responsabilidades propias consiguientes.

DÉCIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente "CONVENIO MARCO" y/o de los ESPECÍFICOS que como consecuencia se celebren, "LAS PARTES" intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, "LAS PARTES" suscriben el presente "CONVENIO MARCO" en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
ANEXO I

RESOLUCIÓN Y ANEXO - PLAN "ARGENTINA HACE - II"

ANEXO II

Informe

Número: IF-2020-25 012766-APN-SGA#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo III - Convenio Específico PLAN "ARGENTINA HACE - II"
ANEXO III

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "_________________" PROVINCIA DE____________/ MUNICIPALIDAD DE_______________, PROVINCIA DE .

PLAN "ARGENTINA HACE - II".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de 2020, entre la SECRETARÍA DE dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en adelante "LA SECRETARÍA", representada por el Señor Secretario (D.N.I. N°_________________), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, oficina 11 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA de/MUNICIPALIDAD de_________________ de la Provincia de_________________, en adelante "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD", representada en este acto por el Señor Gobernador/Intendente_________________(D.N.I. N°_________________), con domicilio legal en la calle_________________N° de la ciudad de_________________, Provincia de_________________, conjuntamente denominadas "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE - II", en adelante "EL CONVENIO", para la ejecución del Proyecto "_________________" en la ciudad de _________________, Provincia de _________________, en adelante "EL PROYECTO", y

CONSIDERANDO:

Que con fecha_________________de_________________de 2020, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la PROVINCIA de/MUNICIPALIDAD de_________________de la Provincia de_________________, celebraron un CONVENIO MARCO en la esfera del PLAN "ARGENTINA HACE - II".

Que en el referido CONVENIO MARCO, "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD" solicitó la asistencia financiera para la ejecución del Proyecto "_________________", objeto del presente CONVENIO

ESPECÍFICO.

Que la SECRETARÍA DE _________________del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha verificado la documentación correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad del mismo sin expresar objeciones y por ende conveniente acordar los términos para el otorgamiento del financiamiento solicitado.

Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente para la suscripción del presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y en la Resolución N° 15 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (RESOL-2020-18-APN-MOP).

Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: "EL CONVENIO" tiene por objeto brindar asistencia financiera, por parte del MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS, a "LA PROVINCIA/ MUNICIPALIDAD" para la ejecución del PROYECTO "_________________

" cuya documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas se encuentran ingresadas con carácter de declaración jurada bajo el I.D. de Proyecto N°_________________ en la plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO) e incorporados al presente como IF_________________y forman parte del EX-2020-_________________-MOP.

SEGUNDA: "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD" se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte del MINISTERIO serán exclusivamente empleados para "EL PROYECTO".

TERCERA: El monto del "PROYECTO" cuyo detalle surge de la Cláusula PRIMERA, asciende a la suma de PESOS_________________ ($_________________ ) con cargo al presupuesto correspondiente a la apertura programática_________________ .

La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de "precio tope", entendiéndose por tal el precio máximo que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS financiará por "EL PROYECTO".

CUARTA: El plazo de ejecución del "PROYECTO" será de _________________(_________________) meses contados desde la fecha del acta de inicio, pudiendo concederse prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su ejecución en el lapso concertado.

QUINTA: "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD" manifiesta que "EL PROYECTO" se ejecutará en un todo de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y dando cumplimiento al "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, que forma parte del presente como ANEXO I.

SEXTA: La autoridad competente transferirá los fondos correspondientes, en virtud de lo establecido en el presente "CONVENIO", a una cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, habilitada a estos fines y debidamente informada por "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD".

SÉPTIMA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, conservando la misma hasta SEIS (6) meses posteriores a la finalización de la ejecución del Proyecto.

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.


                                                                                                                                              ANEXO I

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA RENDICIÓN DE

CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U

OTROS ENTES

(Aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020)

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarias y Subsecretarías del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada programa;

Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;

Detallar la fecha de recepción de la transferencia y el monto total de la transferencia que se rinde y los conceptos que se atendieron con cargo a dicha transferencia, individualizando la cuenta bancaria receptora de los fondos;

Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto, el extracto de la cuenta escritural en los casos en que el receptor de la transferencia resulte ser una provincia en la que se encuentre implementado el sistema de Cuenta Única del Tesoro;

e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el tipo de comprobante o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, punto de venta, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde, y contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las transferencias respectivas;

Asimismo, y de conformidad con las características del proyecto de que se trate, se le podrá requerir a la jurisdicción beneficiaria la presentación de la documentación e informes adicionales que pudieran considerarse necesarios.

En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular de la transferencia, es decir la máxima autoridad de la persona jurídica involucrada y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.

Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de Coordinación -o funcionario de nivel equivalente- y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.

En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Obras Públicas o funcionario de nivel equivalente.

La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuentas deberá ser puesta a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos de control, cuando así lo requieran.

i. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado.

Cuando el objeto del convenio consistiera en la transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad mencionada en el inciso h) del presente artículo.

ARTÍCULO 3°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas ante el Ministerio de Obras Públicas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio, según se establezca en el mismo y siempre con ajuste a lo previsto en el artículo 11 del presente. Este plazo podrá ser prorrogado, por única vez, por un término máximo de TREINTA (30) días hábiles, previa solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO 4°. - Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá reintegrar los montos percibidos al Ministerio de Obras Públicas.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas, en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 5°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá conservar por el plazo de DIEZ (10) años, contados a partir de la aprobación de la rendición de cuentas, los comprobantes originales en soporte papel o en soporte electrónico.

ARTÍCULO 6°. - Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 7°- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 8°- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria especial en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

En el caso de las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, éstas deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos.

ARTÍCULO 10. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 11.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso, cuando se encuentre rendido al menos el 75% del último fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada la rendición de las anteriores, en caso de existir. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente Reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente Reglamento.

ARTÍCULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo, forma y de acuerdo al objeto, los montos no rendidos y/u observados deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL, conforme el procedimiento que al efecto notifique el Ministerio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibida dicha notificación.

ARTÍCULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

ARTÍCULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente Reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.

Resolución 31/2020 MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Fecha: 18.06.2020
Publicado: 19.06.2020
RESOL-2020-31-APN-MDTYH

(1)(2)(3)VISTO el EX-2020-37483764-APN-MDTYH, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los Decretos Nros. 892 de fecha 11 de diciembre de 1995, 225 de fecha 13 de marzo de 2007, 782 del 20 de noviembre de 2019 y 7º del 10 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Nº 892/95, se diseñó un mecanismo tendiente a garantizar un sistema de relaciones financieras entre las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL y los Estados Provinciales, para el uso eficiente de los recursos asignados al cumplimiento de programas o acciones de carácter social, sobre la base de cuentas separadas, intangibilidad de fondos específicos y apertura de cuentas corrientes en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

Que las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, a que hace referencia el artículo 1° del mentado decreto, tienen las facultades de interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate alguno de los supuestos contenidos en su Artículo 2°.

Que el Artículo 1° del Decreto Nº 225/07 dispuso que cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en los Incisos 5 - Transferencias - Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales, sean para financiar gastos corrientes o de capital, y 6 - Activos Financieros -, destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, que se ejecuten en el marco de convenios bilaterales que prevean la obligación de rendir cuentas, a suscribirse con las Provincias y/o Municipios, dictará un reglamento que regule la rendición de los fondos presupuestarios transferidos, al que deberán ajustarse dichos acuerdos.

Que las rendiciones de cuentas de fondos presupuestarios cualquiera fuera su destinatario, hace a la verificación del destino y a la intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Que el Decreto Nº 782 del 20 de noviembre de 2019 establece que las presentaciones de las rendiciones de cuentas deben ejecutarse en formato electrónico mediante los módulos Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT), Registro Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a Distancia (TAD) todos ellos componentes del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE.

Que su artículo 2º dispone que en las transferencias correspondientes a las partidas principales y parciales del Inciso 5 del Clasificador por Objeto de Gasto del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional que se efectivicen mediante normas y/o convenios que prevean la obligación de rendir cuentas por parte de los beneficiarios, se deberá respetar los lineamientos generales que determina.

Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, esta última, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 50/2019, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (T.O. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo registrado bajo el número IF-2020- 37541640 -APN-SSL#MDTYH forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2° — El REGLAMENTO que se aprueba por el artículo 1° de la presente medida, deberá incorporarse como Anexo a los Convenios que se suscriban con las Provincias, Municipios y/u otros Entes y formar parte de la documentación contractual en el marco de los procedimientos de contratación que se lleven adelante como consecuencia de la suscripción de dichos convenios.

ARTÍCULO 3° — La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

                                                                                                                                                                          ANEXO I

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1°.- Las presentes reglas serán de aplicación a la rendición de cuentas de la transferencia de fondos que se realiza, la que deberá efectuarse en formato electrónico mediante los módulos Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT) Registro Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a Distancia (TAD) todos ellos componentes del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice deberá:

a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos y precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;

b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos y contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria;

c. Detallar el monto total, parcial y la fecha de la transferencia que se rinde;

d. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde;

e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;

g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

i. La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuenta deberá ser puesta a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos de control, cuando así lo requieran.

J. En los casos que la transferencia de los fondos se disponga mediante tarjetas de débito emitidas por el Banco de la Nación Argentina destinados a Organizaciones Comunitarias regularmente constituidas, sus representes legales serán los responsables de realizar la rendición de los gastos autorizados conforme corresponda en lo indicado en los incisos precedentes.

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en las presentes reglas deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio. Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en las presentes reglas deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en las presentes reglas, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° de las presentes reglas, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en las presentes reglas de la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- Las Entidades no gubernamentales obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente, deberá abrir una cuenta bancaria en banco público nacional, provincial o privado; que estuviere habilitado para recibir fondos nacionales de conformidad con las normas vigentes que regulan la materia. La cuenta bancaria debe ser de uso exclusivo para la ejecución del programa, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente. Por su parte las entidades gubernamentales deberán contar con una Cuenta Bancaria abierta en la respectiva sucursal del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Esta cuenta deberá ser utilizada como receptora de recursos y pagadora de acciones financiadas por el Gobierno Nacional, con destino al organismo gubernamental beneficiario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 892/1995. Las Provincias receptoras de los fondos que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 9° del Decreto 782/2019.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos

Sin perjuicio de ello, es condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIEN POR CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente reglamento.

ARTÍCULO 11. Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

 


(1)Decreto Nacional 892/1995
Fecha: 11.12.1995
Publicado: 18.12.1995
Norma a la que se ajustarán las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos presupuestos incluyan a los incisos 5 y 6, destinados a la atención de los programas o acciones de carácter social.

VISTO la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que es preciso diseñar un mecanismo que garantice un sistema de relaciones financieras entre el ESTADO NACIONAL y los Estados Provinciales para el uso eficiente de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas del Plan Social.
Que en las actuales circunstancias de restricciones financieras es indispensable contar con un sistema permanente de monitoreo del gasto social que cuente con financiamiento del PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, así como todo otro que se aplique directamente en diversas jurisdicciones y niveles de gobierno.
Que el modelo de asignación de recursos financieros destinados a sufragar las erogaciones de carácter social deberá realizarse sobre la base de cuentas separadas, intangibilidad de fondos específicos y apertura de cuentas corrientes en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Que la auditoría de los fondos asignados se realizará conforme a un criterio de homogeneidad metodológica y optimización operativa de manera de poder contar con un panorama adecuado al del cumplimiento de los compromisos legales, administrativos y operacionales.
Que a los sistemas de transferencia explicitados en la presente norma corresponde crear un mecanismo de condicionalidades específicas que incluya la plena vigencia de la cuenta separada, el control según lo normado por la Ley Nº 24.156 y la suspensión automática de las remesas de recursos financieros por incumplimiento del convenios de asignación financiera.
Que es decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL el control federal sobre estos fondos con destino a programas y actividades sociales.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en el Inciso 5 — Transferencias — Transferencias a gobiernos provinciales y/o municipales, sean para financiar gastos corrientes o de capital, y 6 — Activos Financieros, destinados a la atención de los programas o acciones de carácter social, detallados en el Anexo I del presente artículo, podrán sólo efectivizar las transferencias en la medida que las jurisdicciones receptoras den cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Disponer que las transferencias a que alude el presente artículo deben ser identificadas en las respectivas leyes de presupuesto, cualquiera sea el método de clasificación utilizado, especificando además la fuente de financiamiento como de origen nacional.
b) Establecer que los recursos a transferir se acrediten en una cuenta bancaria especial abierta en la respectiva sucursal del BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Esta cuenta deberá ser utilizada como receptora de recursos y pagadora de acciones financiadas por el Gobierno Nacional.
c) Adoptar las medidas que aseguren la intangibilidad de los fondos transferidos en orden al cumplimiento del destino específicamente acordado.
d) Definir y cuantificar la producción de bienes y servicios ofrecidos para la satisfacción de la demanda social identificada, a fin de posibilitar el monitoreo de la ejecución físico financiera.
Artículo 2º.— Las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades a que se refiere el artículo anterior tendrán las facultades de interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
a) Incumplimiento, en tiempo y forma, de las rendiciones de cuentas acordadas en convenios bilaterales suscriptos y a suscribirse.
b) Objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o impedimentos para el control de la asignación de recursos transferidos.
c) La utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que la origine.
Artículo 3º — La aplicación de la presente norma no interfiere en el cumplimiento del Decreto Nº 684 de fecha 17 de mayo de 1995, que establece un régimen de información de las deudas provinciales.
Artículo 4º — La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en cumplimiento de las actividades específicas de control que le son propias deberá verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos a que se refiere el presente decreto.
Artículo 5º — El presente decreto comenzará a regir a los TREINTA (30) días de su publicación, para posibilitar el cumplimiento de los requisitos que en el mismo se establecen.
Artículo 6º — En el caso de programas y actividades que cuenten con financiamiento internacional y aportes del Tesoro Nacional como contraparte local, los mecanismos de seguimiento y control acordados con los Organismos Financieros Internacionales no implican la sustitución y/o disminución del régimen que el presente decreto establece.
Artículo 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 

                                                                                                                                                                    ANEXO I
PROGRAMAS
NOMBRE JURISDICCION
• Plan Social Educativo - Programa I (Mejor Educación para Todos)                          • Ministerio de Educación y Cultura
• Plan Social Educativo - Programa II (Mejoramiento de la Infraestructura Escolar)   • Ministerio de Educación y Cultura
• Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva                     • Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
• Programa Social Agropecuario                                                    • Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
• Programa de Ayuda Social para Producción de Agua Potable y Saneamiento        • Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
• Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos                 • Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
• Programa para Inundados - Subprograma Rehabilitación de Viviendas   • Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
• Programa Materno Infantil - Nutrición                                                                     • Ministerio de Salud y Acción Social
• Programa Materno Infantil - Salud Subprograma Nutrición                                    • Ministerio de Salud y Acción Social
• Programa Nacional de Pasantías                                                                   • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Programa Nacional de Promotores                                                                • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Programa de Asistencia Solidaria                                                                  • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Programa de Entrenamiento Ocupacional                                                     • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Programa de Empleo Privado                                                                        • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo                                         • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Programa de Empleo de Interés Social                                                         • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Capacitación y Formación Profesional                                                          • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Plan de Acción en Alimentación y Nutrición                                                                • Secretaría de Desarrollo Social
• Plan de Fortalecimiento de la Sociedad Civil                                                               • Secretaría de Desarrollo Social
• Subsidios Institucionales                                                                                              • Secretaría de Desarrollo Social
• Ayuda Solidaria para Mayores                                                                                     • Secretaría de Desarrollo Social
• Provisión de Agua Potable para Pequeñas Localidades                                             • Secretaría de Desarrollo Social
• Núcleos Húmedos                                                                                                        • Secretaría de Desarrollo Social
• Operatoria Techo y Trabajo                                                                                          • Secretaría de Desarrollo Social
• Programa de Mejoramiento del Hábitat Rural en Zonas Chagásicas                           • Secretaría de Desarrollo Social
• Programa de Vivienda y Mejoramiento Ambiental para Comunidades Aborígenes "J. D. Perón"        • Secretaría de Desarrollo Social
• Programa de Asentamientos Irregulares                                                                      • Secretaría de Desarrollo Social
• Programa Arraigo                                                                                                • Secretaría General de la Presidencia

 


(2)Decreto 225/2007
Fecha: 13.03.2007
Publicado: 15.03.2007
Dispónese que cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos presupuestos incluyan créditos en los Incisos 5 - Transferencias - Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales y 6 - Activos Financieros -, destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, que se ejecuten en el marco de convenios bilaterales que prevean la obligación de rendir cuentas, a suscribirse con las Provincias y/o Municipios, dictará un reglamento que regule la rendición de los fondos presupuestarios transferidos, al que deberán ajustarse dichos acuerdos.

VISTO el Expediente Nº 24/2006 del Registro de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el Decreto Nº 892 de fecha 11 de diciembre de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Nº 892 de fecha 11 de diciembre de 1995 se diseñó un mecanismo tendiente a garantizar un sistema de relaciones financieras entre las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL y los Estados Provinciales, para el uso eficiente de los recursos asignados al cumplimiento de las metas del Plan Social, sobre la base de cuentas separadas, intangibilidad de fondos específicos y apertura de cuentas corrientes en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Que por el Artículo 2º de la norma mencionada en el considerando anterior se dispuso que las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en el Inciso 5 – Transferencias - Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales, sean para financiar gastos corrientes o de capital, y 6 – Activos Financieros -, destinados a la atención de los programas o acciones de carácter social, tendrán la facultad de interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en los supuestos de incumplimiento, en tiempo y forma, de las rendiciones de cuentas acordadas en los convenios bilaterales suscriptos y a suscribirse.
Que la presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes, además de obedecer a un imperativo legal, deviene necesaria a fin de verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos y el adecuado ejercicio de las actividades específicas de control encomendadas a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que en tal sentido, resulta conveniente que cada jurisdicción o entidad que disponga la transferencia de partidas con destino a Provincias y/o Municipios para los fines supra referidos, a efectuarse en el marco de convenios bilaterales donde se prevea la obligación de rendir cuentas, dicte un reglamento al que se deberán ajustar dichos acuerdos, previéndose que en caso de no cumplir la Provincia o Municipio receptor de los fondos con la obligación de rendir cuentas, conforme las pautas mínimas que se establezcan en el respectivo reglamento, los montos no rendidos deberán ser reintegrados por la Provincia o Municipio al ESTADO NACIONAL, previéndose también las condiciones de devolución.
Que asimismo, corresponde instruir a las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL responsables de requerir las rendiciones de fondos que se hubieran transferido con destino a programas y acciones sociales, para que transcurridos NOVENTA (90) días a contar desde la fecha del dictado del presente decreto, suscriban con las Provincias y/o Municipios receptores de dichos fondos, que no hayan rendido cuentas de los fondos recibidos a la fecha del dictado de la presente medida, convenios que contemplen un plazo para presentar las rendiciones de cuentas pendientes, vencido el cual deberán ser reintegrados por la Provincia o Municipio al ESTADO NACIONAL.
Que las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL responsables de requerir las rendiciones de fondos transferidos con destino a programas y acciones sociales deberán gestionar el reintegro de los fondos.
Que resulta oportuno complementar el Decreto Nº 892/95 y la Decisión Administrativa Nº 105 de fecha 3 de abril de 1996, a los efectos de compatibilizar las medidas dispuestas en tales normas con el marco legal regulatorio por el cual se instrumenta el régimen de Cuenta Unica del Tesoro Nacional, en concordancia con igual régimen en el ámbito provincial.
Que en tal sentido, corresponde establecer que es posible reemplazar la cuenta bancaria especial para cada programa abierta en la respectiva sucursal del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, por una cuenta escritural específica cuando la Provincia opere con un Sistema de Cuenta Unica, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos, suministrando los extractos de dicha cuenta a los Organos Nacionales de Control competentes.
Que por otra parte, se estima pertinente que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION comunique a los respectivos Organos Superiores de Fiscalización de las Provincias, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES o Municipales los incumplimientos observados en la obligación de rendir cuentas, en tiempo y forma, de los fondos recibidos por las Provincias y/o Municipios y las condiciones de reintegro de los fondos no rendidos.
Que lo dispuesto en el presente decreto no obsta a la facultad de interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos contemplada en el Artículo 2º del Decreto Nº 892/95, ni la adopción de las acciones que jurídicamente correspondan.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dispónese que cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en los Incisos 5 - Transferencias - Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales y 6 – Activos Financieros -, destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, que se ejecuten en el marco de convenios bilaterales que prevean la obligación de rendir cuentas, a suscribirse con las Provincias y/o Municipios, dictará un reglamento que regule la rendición de los fondos presupuestarios transferidos, al que deberán ajustarse dichos acuerdos. Tales reglamentos deberán contener, como mínimo, las siguientes previsiones:
a) Individualización del organismo receptor de los fondos y de los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada programa;
b) El monto total de la transferencia que se rinde;
c) Los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a dicha transferencia;
d) El grado de avance en el cumplimiento de las metas comprometidas;
e) Copia del o los extractos bancarios correspondiente o correspondientes a la cuenta bancaria especial pertinente por el período que comprende la rendición;
f) La relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura o recibo, Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Unica de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
g) La obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
h) La obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;
i) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendición de cuentas de los fondos transferidos;
j) La previsión de que, en caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL.
k) Las condiciones de devolución de los montos a los que se refiere el inciso anterior.
El reglamento de rendición de cuentas que dicte la jurisdicción y/o entidad competente se incorporará como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias y/o Municipios.
Artículo 2º — Instrúyese a las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, mencionadas en el artículo precedente, para que en el plazo de NOVENTA (90) días de la fecha del dictado del presente decreto suscriban con las Provincias y/o Municipios receptores de dichos fondos, que no hayan rendido cuentas de los fondos recibidos a la fecha del dictado de la presente medida, convenios que contemplen un plazo para las rendiciones de cuentas pendientes. Vencido dicho plazo, las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán gestionar el reintegro de los fondos. Asimismo comunicarán a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quien será la encargada de comunicarlos a los Organos de Control de la jurisdicción provincial o municipal de que se trate.
Artículo 3º.— Aclárase que lo dispuesto en el presente decreto no obsta a la aplicación de las facultades contempladas en el Artículo 2º del Decreto Nº 892 de fecha 11 de diciembre de 1995, ni la adopción de las acciones que jurídicamente correspondan.
Artículo 4º.— Las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Nacional, podrán reemplazar la cuenta corriente especial abierta en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, por una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos, suministrando los extractos de dicha cuenta escritural a los Organos Nacionales de Control competentes.
Artículo 5º.— La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION tendrá a su cargo el control de lo dispuesto en el presente decreto.
Artçiculo 6º.— El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION será la Autoridad de Aplicación de esta medida y en tal carácter, podrá dictar las normas interpretativas, reglamentarias, aclaratorias y complementarias necesarias para su cumplimiento.
Artículo 7º.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —

 

(3)Decreto 782/2019
Fecha: 20.11.2019
Publicado: 21.11.2019
DECTO-2019-782-APN-PTE - Disposiciones.

VISTO el Expediente Nº EX-2019-21425345-APN-SECMA#JGM, las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 25.506 y 27.446, los Decretos Nros. 892 del 11 de diciembre de 1995, 225 del 13 de marzo de 2007, 1344 del 4 de octubre de 2007, 346 del 21 de abril de 2009, 434 del 1º de marzo de 2016, 561 del 6 de abril de 2016, 1063 del 4 de octubre de 2016, 1273 del 19 de diciembre de 2016 y 733 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA N° 100 de fecha 4 de junio de 2018 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.156 establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional.

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital, reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, y en su artículo 48 estableció que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

Que la Ley N° 27.446, en su artículo 7°, estableció que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, los expedientes electrónicos, las comunicaciones oficiales, las notificaciones electrónicas y el domicilio especial constituido electrónico de la plataforma de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el Sector Público Nacional, las Provincias, el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Municipios, Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el Sector Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley, debido a su interoperabilidad que produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.

Que, por otra parte, la política pública de modernización se plasmó en el Decreto N° 434 del 1° de marzo de 2016 que aprobó el Plan de Modernización del Estado, con el objetivo de constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios.

Que el citado decreto contempló en el eje "Plan de Tecnología y Gobierno Digital" el objetivo de implementar una plataforma horizontal informática de generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la Administración a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

Que la implementación de este enfoque estratégico de la política de modernización administrativa se puso en marcha mediante el Decreto Nº 561/16, que dispuso la implementación del ecosistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, en reemplazo de aquellos sistemas de gestión documental en uso en ese momento.

Que, como aspecto estratégico de la modernización administrativa para lograr la tramitación digital completa y remota y orientar la acción administrativa del Estado al ciudadano, el Decreto N° 1063/16 aprobó la implementación de la plataforma de "Trámites a Distancia" (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, como medio de interacción del ciudadano con la Administración a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, escritos, solicitudes, notificaciones y comunicaciones, entre otros.

Que el mencionado Decreto N° 1063/16, a los fines de brindar condiciones de acceso remoto igualitario a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), dispuso que la documentación se presente en formato electrónico, habilitando a los usuarios de dicha plataforma a solicitar la digitalización de la documentación que deban presentar y que conste en soporte papel en la sede del organismo pertinente, de acuerdo a los procedimientos que fije la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que por otra parte, el citado Decreto N° 1063/16 aprobó la implementación de los módulos "Registro Integral de Destinatarios" (RID) y "Gestor de Asistencias y Transferencias" (GAT) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), como único medio de registro, tramitación y pago de todas las prestaciones, beneficios, subsidios, exenciones y toda otra transferencia monetaria y/o no monetaria y asistencia que las entidades y jurisdicciones contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 otorguen a personas humanas o personas jurídicas públicas o privadas, independientemente de su fuente de financiamiento.

Que el aludido Decreto N° 1063/16 facultó a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas aclaratorias, operativas y complementarias necesarias para la implementación de los mencionados módulos.

Que, a fin de aliviar de cargas al ciudadano, contar con un marco de interoperabilidad que permita el intercambio directo entre organismos de documentación y datos, lograr la interconexión y operación simultánea, permitir la consulta automática entre bases de datos informáticas y aprovechar las iniciativas ya desarrolladas para evitar que el ciudadano tenga que aportar información ya obrante en la Administración, el Decreto N° 1273/16 dispuso que las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán intercambiar la información pública que produzcan, obtengan, obre en su poder o se encuentre bajo su control, con cualquier otro organismo público que así se lo solicite, para no requerir su presentación al administrado en los casos que se necesite determinada información, dato, documento o certificado que deba ser emitido por otra entidad o jurisdicción del Sector Público Nacional, e instruyendo a dichas entidades y jurisdicciones a celebrar convenios de colaboración recíproca con organismos provinciales, municipales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y entes públicos no estatales.

Que en el mismo sentido, el Decreto N° 733/18 estableció que la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, excepto cuando no fuere técnicamente posible, a partir del 1° de enero de 2019.

Que el citado Decreto N° 733/18, asimismo estableció que ningún organismo debe exigir la presentación de documentación en soporte papel, y que los organismos deben intercambiar la información entre sí, mediante el Módulo "INTEROPER.AR" del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, o el intercambio de comunicaciones oficiales en dicho sistema o los servicios de interoperabilidad que se implementen, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1273/16 y en la Ley N° 25.326.

Que, en otro orden de ideas, a través del Decreto Nº 892/95 se diseñó un mecanismo tendiente a garantizar un sistema de relaciones financieras entre las distintas jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL y los Estados Provinciales, para el uso eficiente de los recursos asignados al cumplimiento de las metas del Plan Social, sobre la base de cuentas separadas, intangibilidad de fondos específicos y apertura de cuentas corrientes en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Que por el artículo 2º de la norma mencionada en el considerando anterior se dispuso que las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, cuyos presupuestos incluyan créditos en el Inciso 5 – Transferencias - Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales, sean para financiar gastos corrientes o de capital, y 6 – Activos Financieros -, destinados a la atención de los programas o acciones de carácter social, tendrán la facultad de interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en los supuestos de incumplimiento, en tiempo y forma, de las rendiciones de cuentas acordadas en los convenios bilaterales suscriptos y a suscribirse.

Que la presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes, además de obedecer a un imperativo legal, deviene necesaria a fin de verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos y el adecuado ejercicio de las actividades específicas de control encomendadas a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que en tal sentido, resulta conveniente que cada jurisdicción o entidad que disponga la transferencia de partidas con destino a Provincias y/o Municipios para los fines supra referidos, a efectuarse en el marco de convenios bilaterales donde se prevea la obligación de rendir cuentas, dicte un reglamento al que se deberán ajustar dichos acuerdos, previéndose que en caso de no cumplir la Provincia o Municipio receptor de los fondos con la obligación de rendir cuentas, conforme las pautas mínimas que se establezcan en el respectivo reglamento, los montos no rendidos deberán ser reintegrados por la Provincia o Municipio al ESTADO NACIONAL, previéndose también las condiciones de devolución.

Que asimismo, corresponde instruir a las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL responsables de requerir las rendiciones de fondos que se hubieran transferido con destino a programas y acciones sociales, para que transcurridos NOVENTA (90) días a contar desde la fecha del dictado del presente decreto, suscriban con las Provincias y/o Municipios receptores de dichos fondos, que no hayan rendido cuentas de los fondos recibidos a la fecha del dictado de la presente medida, convenios que contemplen un plazo para presentar las rendiciones de cuentas pendientes, vencido el cual deberán ser reintegrados por la Provincia o Municipio al ESTADO NACIONAL.

Que las jurisdicciones y entidades dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL responsables de requerir las rendiciones de fondos transferidos con destino a programas y acciones sociales deberán gestionar el reintegro de los fondos.

Que la presente medida complementa las disposiciones del Decreto N° 225/07, el cual contempla los lineamientos a ser tomados en consideración por los reglamentos a dictarse en cada una de las jurisdicciones alcanzadas por dicha norma, por lo que resulta necesario establecer condiciones de base que podrán ser ampliadas por los reglamentos internos en caso de corresponder.

Que resulta oportuno complementar el Decreto Nº 892/95 y la Decisión Administrativa Nº 105/96, a los efectos de compatibilizar las medidas dispuestas en tales normas con el marco legal regulatorio por el cual se instrumenta el régimen de Cuenta Única del Tesoro Nacional, en concordancia con igual régimen en el ámbito provincial.

Que en tal sentido, corresponde establecer que es posible reemplazar la cuenta bancaria especial para cada programa abierta en la respectiva sucursal del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, por una cuenta escritural específica cuando la Provincia opere con un Sistema de Cuenta Única, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos, suministrando los extractos de dicha cuenta a los Órganos Nacionales de Control competentes.

Que por otra parte, se estima pertinente que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN informe a los órganos de control de las jurisdicciones beneficiarias de transferencias acerca de los incumplimientos observados en la obligación de rendir cuentas, en tiempo y forma, de los fondos recibidos y las condiciones de reintegro de los fondos no rendidos.

Que lo dispuesto en el presente decreto no obsta a la facultad de interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos contemplada en el artículo 2º del Decreto Nº 892/95, ni la adopción de las acciones que jurídicamente correspondan.

Que el Decreto N° 1344/07 estableció el Régimen de Fondos Rotatorios, Fondo Rotatorios Internos y Cajas Chicas para los organismos de la Administración Central dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que el Decreto N° 346/09 aprobó la creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC) con el objeto de brindar información inmediata actualizada de la totalidad de los autos de rebeldía, capturas, averiguación de paradero y comparendos que posee la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA N° 100/18 creó la "Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables" en el ámbito de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por lo que corresponde establecer que las transferencias directas o indirectas a una persona humana que figure como activa en central, sean comunicadas al mencionado organismo rector.

Que teniendo en consideración que la implementación de nuevas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración nacional, a fin de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad en cada una de las instituciones es un proceso que se desarrolla en forma progresiva, se considera conveniente ampliar el plazo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 641 de fecha 11 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente del MINISTERIO DE HACIENDA.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que las rendiciones de cuentas de aquellas transferencias y asistencias previstas en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 1063/16 y las que surgen de los Decretos Nros. 892/95, 225/07 y 1344/07, deberán ejecutarse en formato electrónico mediante los módulos Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT), Registro Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a Distancia (TAD) todos ellos componentes del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de implementar lo previsto en el artículo 1° del presente, los integrantes del Sector Público Nacional definidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, que ejecuten presupuestariamente transferencias correspondientes a las partidas principales y parciales del Inciso 5 del Clasificador por Objeto de Gasto del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional y se efectivicen mediante normas y/o convenios que prevean la obligación de rendir cuentas por parte de los beneficiarios, deberán requerir dichas rendiciones respetando los siguientes lineamientos generales:

a) Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada programa;

b) Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso y el monto total y parcial y fecha de recepción de la transferencia que se rinde;

c) Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde;

d) Contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las transferencias respectivas;

e) Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto, el extracto de la cuenta escritural en los casos en que el receptor de la transferencia resulte ser una provincia en la que se encuentre implementado el sistema de Cuenta Única del Tesoro.

f) Precisar la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando: Tipo de comprobante; CUIT del proveedor; Punto de venta; Número de comprobante; Fecha de comprobante; Importe total del comprobante; Importe a rendir; Proveedor; Condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA); Tipo de documento del receptor; Número de documento del receptor; Modalidad por la cual fue autorizado el comprobante; Número de código CAI/CAE/CAEA. Facúltase a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA a modificar los presentes datos y formatos.

g) Ser suscripta por el beneficiario titular de la transferencia, la máxima autoridad de la persona jurídica involucrada o por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor, según corresponda. Las rendiciones de las provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de Coordinación –o funcionario de nivel equivalente- o máxima autoridad del ente receptor de los fondos. En caso de los Municipios por el Secretario de Hacienda o funcionario de nivel equivalente.

La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuenta deberá ser puesta a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos de control, cuando así lo requieran.

ARTÍCULO 3°.- Los integrantes del Sector Público Nacional definidos en los términos establecidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, que ejecuten presupuestariamente transferencias correspondientes a las partidas principales y parciales del Inciso 5 del Clasificador por Objeto de Gasto del Presupuesto Nacional, en el marco de convenios bilaterales o leyes que prevean la obligación de rendir cuentas, deberán validar la información rendida de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, utilizando como fuentes primarias los registros de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

Si de la constatación de los datos de identidad efectuada ante la citada Dirección General resultara el fallecimiento de un beneficiario de las transferencias efectuadas, deberá dejarse constancia de tal situación en la rendición de cuentas respectiva.

ARTÍCULO 4°.- Establécese la obligación de preservar por el término de CINCO (5) años, contados a partir de la aprobación de la rendición de cuentas, los comprobantes originales en soporte papel o en soporte electrónico, de acuerdo con las pautas y procedimientos que establezca cada reglamento.

ARTÍCULO 5°.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo, forma y de acuerdo al objeto, los montos no rendidos y/u observados deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL.

El reintegro de los fondos se realizará mediante los procedimientos y comprobantes que determine cada reglamento.

ARTÍCULO 6°.- Instrúyese a las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 a dictar los reglamentos respectivos que, de acuerdo con los lineamientos generales definidos en el artículo 2° de la presente medida, deberán contemplar:

a) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendición de cuentas de los fondos transferidos, el cual podrá ser prorrogado sólo DOS (2) veces por igual lapso.

b) La definición de los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a dicha transferencia.

c) El grado de avance en el cumplimiento de las metas comprometidas;

d) Copia del o los extractos bancarios correspondiente o correspondientes a la cuenta bancaria especial pertinente por el período que comprende la rendición;

e) Las condiciones de devolución de los montos no rendidos.

ARTÍCULO 7°.- Los convenios que se firmen a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto deberán ajustarse a estas disposiciones y a los reglamentos establecidos en el artículo precedente.

ARTÍCULO 8°.- Establécese que lo dispuesto en el presente decreto no obsta a la aplicación de las facultades contempladas en el artículo 2º del Decreto Nº 892/95, ni la adopción de las acciones que jurídicamente correspondan.

ARTÍCULO 9°.- Las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos.

ARTÍCULO 10.- La comunicación de las instrucciones de las autoridades de fideicomisos y fondos fiduciarios efectuadas a los agentes fiduciarios respecto de la disposición de los fondos recibidos mediante transferencia de la Cuenta Única del Tesoro o que hayan sido depositados en las cuentas fiduciarias en forma directa, debe ser registrada y tramitada mediante el módulo Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT) del Sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE.

ARTÍCULO 11.- Establécese que en el caso de programas y actividades que cuenten con financiamiento internacional y aportes del Tesoro Nacional como contraparte local, los mecanismos de seguimiento y control acordados con los Organismos Financieros Internacionales no obstan al cumplimiento de lo establecido en el presente decreto.

ARTÍCULO 12.- Las transferencias directas o indirectas a una persona humana que figure como activa en autos de rebeldía, capturas, averiguación de paradero y comparendos del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas creado por el Decreto N° 346/09 administrado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS deberán ser notificadas a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA.

ARTÍCULO 13.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS deberá dictar el Protocolo de Notificación a la Justicia para aquellos casos en los que se encuentren coincidencias entre las nóminas de pago y el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas creado por el Decreto N° 346/09.

ARTÍCULO 14.- Las transferencias directas o indirectas a una persona humana o jurídica que figure como activa en la "Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables" dispuesta por la Resolución de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA N° 100/18 deberán ser notificadas a la misma.

ARTÍCULO 15.- Instrúyese a las máximas autoridades de las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, para que en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de la fecha del dictado del presente decreto suscriban con los organismos receptores de fondos, que no hayan rendido cuentas de las transferencias recibidas a la fecha del dictado de la presente medida, los instrumentos que contemplen un plazo para las rendiciones de cuentas pendientes. Vencido dicho plazo, las máximas autoridades de dichas jurisdicciones y entidades deberán gestionar el reintegro de los fondos. Asimismo, comunicarán a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN la existencia de tal situación y sus antecedentes, la cual será la encargada de comunicarlos a los Órganos de Control de la jurisdicción provincial o municipal de que se trate.

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese en el artículo 4º del Decreto N° 641 de fecha 11 de julio de 2018 la expresión "30 de junio de 2019" por "31 de diciembre de 2019"".

ARTÍCULO 17.- Facúltase a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA a dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que resulten necesarias para la implementación de la presente medida.

ARTÍCULO 18.- La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS entenderá en la asignación de los medios que resulten necesarios y en la promoción del intercambio automatizado de información para la verificación de liquidaciones y las rendiciones contempladas en el presente decreto.

ARTÍCULO 19.- La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN ejercerá las facultades de control asignadas en el marco de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 20.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Decreto nº 1168/2009
Fecha: 23.10.2009

Artículo 1º.- Créase la UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL, denominada UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA JOVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, responsable de la administración, ejecución y rendición de los fondos que se trasfieran a esta Municipalidad por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el Programa "Jóvenes con Más y Mejor Trabajo".
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Coordinación Económica.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcribe el artículo 2° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de la presente repartición.

(2) Ver Resolución nº 497/2008 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se crea el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral. Prestaciones. El mismo obra en este Digesto Municipal

Decreto nº 1275/2020 GOB
Fecha: 18.08.2020
Publicado: 18.08.2020

Artículo 1°.- Dispénsese de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada, a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el Documento COES ID: DCOES022 que agregado forma parte del presente, en la normativa que en el futuro lo modifique o lo reemplace, y en el Art. 21º del DNU Nº 520/20 PEN, durante el período de "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" que se implementa desde el 17 de agosto al 30 de agosto de 2020 inclusive, en todos los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos en virtud de lo dispuesto en los Arts. 2º y 3º del DNU 677/20 PEN.-(1)
Artículo 2°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente al personal declarado esencial o las que estén afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables conforme lo determine el Ministro Secretario de Estado de la jurisdicción, o el Secretario General de la Gobernación en el ámbito de la Gobernación.-
Artículo 3°.- Déjase establecido que la dispensa concedida en el artículo precedente se computará a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-
Artículo 4°.- Facúltase a las/os señores Ministras/os Secretarias/os de Estado y al señor Secretario General de la Gobernación –en la jurisdicción Gobernación-, mediante el dictado de Resoluciones, a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias en el período referido, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios los agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten, debiendo garantizarse la prestación de servicios en las áreas a su cargo, en observancia del Documento COES ID: DCOES039 que agregado forma parte del presente.-
Artículo 5°.- Prorróganse hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, las disposiciones contenidas en los Arts. 9º y 10º del Decreto Nº 368/20 GOB y los Decretos Nº 549/20 GOB y 595/20 GOB en todos sus términos.-
Artículo 6°.- Ratifícase la vigencia del Decreto Nº 1092/20 GOB aplicable para la Administración Pública Provincial Centralizada de la Ciudad de Paraná.-
Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General.-
Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

(1)Decreto nº 677/2020
Fecha: 16.08.2020
Publicación: 16.08.2020
DECNU-2020-677-APN-PTE

VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020 y 641 del 02 de agosto de 2020 y sus normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el VISTO del presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia.

Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20 por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "ASPO", durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de la normativa señalada en el VISTO del presente decreto, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 y, con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20 hasta el 16 de agosto del corriente año, inclusive.

Que, durante el transcurso de estos más de CIENTO CINCUENTA (150) días desde el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sistema de salud, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.

Que, como se lo viene señalando, solo en materia de salud se dispusieron más de 30.000 millones de pesos a la atención de la emergencia destinados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a transferencias financieras y en especie a las provincias, a la compra y distribución de bienes, insumos, recursos y a obras para hospitales nacionales.

Que se desarrollaron y registraron 4 dispositivos de diagnóstico diseñados y producidos por científicos y empresas locales y se estimuló y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y elementos de protección personal.

Que ARGENTINA ha sido seleccionada como parte de los países en los que se desarrollan los ensayos clínicos para una de las vacunas para COVID-19 y se ha anunciado la producción de otra de ellas en territorio nacional, posicionando al país en un lugar de privilegio dentro de la región de las Américas.

Que, además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento de muestras para diagnóstico de COVID-19; se han adquirido más de 800 mil determinaciones de PCR (Polymerase Chain Reaction) y se han destinado recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS).

Que se implementó como estrategia la búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados con presencia de síntomas "DetectAr" (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina) en provincias y municipios de todo el país, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, en igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica que se vió plasmada a través de distintos instrumentos que han sido detallados en los considerandos de la normativa señalada en el VISTO del presente decreto.

Que, tomando en cuenta los distintos programas y herramientas desplegadas por el Gobierno Nacional para morigerar el impacto de la pandemia y de las medidas sanitarias necesarias para contener su expansión, sobre la viabilidad de las empresas y el ingreso de las familias, el gasto público afectado ha superado a partir del momento del impacto de la epidemia de COVID-19, el equivalente a 3.25% del Producto Interno Bruto (PIB). A estas erogaciones se suman las políticas de garantías de créditos y subsidios de tasa para la actividad productiva y para las y los profesionales independientes cuyo despliegue ha implicado otros 2% del PIB.

Que con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y, también, para ir incorporando gradualmente la realización de diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera, se establecieron excepciones al "ASPO" y a la prohibición de circular para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios. Además, se estableció el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "DISPO". Todo ello mediante los Decretos Nros. 297/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20 y las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20, 975/20, 995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20, 1075/20, 1146/20, 1251/20, 1264/20, 1289/20, 1294/20, 1318/20, 1329/20, 1436/20, 1440/20, 1442/20, 1450/20 y 1468/20.

Que al día 12 de agosto, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se confirmaron más de 20,4 millones de casos y 744 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios, con casos de COVID-19.

Que la región de las Américas sigue siendo la más afectada en este momento, donde se observa que el 46,5% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 28,4% a BRASIL y el 2,4% a ARGENTINA, (evidenciándose un aumento en nuestro país en las últimas semanas) y que similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 41% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 25,9% a BRASIL y el 1,2% a la ARGENTINA.

Que si bien la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 608 casos cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región americana, se observa una tendencia al aumento sostenido del número de casos.

Que la tasa de letalidad al 13 de agosto continúa en 1,9% y la tasa de mortalidad es de 118 personas por millón de habitantes, manteniéndose la Argentina, a pesar del aumento en el número de fallecimientos, dentro de los países con menor mortalidad de la región.

Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.

Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual, en donde todas las jurisdicciones del país reportaron casos en los últimos CATORCE (14) días y muchas de ellas con brotes activos.

Que continúa aumentando el número de departamentos con transmisión comunitaria, y que el porcentaje de población que reside en zonas de transmisión comunitaria sostenida se incrementó de CUARENTA Y NUEVE COMA OCHO POR CIENTO (49,8 %) al 30 de julio, al CINCUENTA Y DOS COMA OCHO POR CIENTO (52,8%) al 13 de agosto.

Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el ASPO han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comunitaria sostenida y brotes en distintas jurisdicciones, no se haya saturado el sistema de salud.

Que en distintas jurisdicciones, a partir del aumento de la circulación y de la habilitación de numerosas actividades, se observó un aumento importante del número de casos, con generación de conglomerados de casos y con inicio de transmisión comunitaria del virus.

Que las personas sin síntomas o previo al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad.

Que el SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las personas, mayor es el riesgo de propagación.

Que un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la transmisión en eventos sociales.

Que en eventos sociales, la interacción entre las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física.

Que, en efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención en dichas reuniones, y se confirma que, con el transcurrir del tiempo se relaja el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes, especialmente durante el invierno.

Que en eventos con personas no convivientes, se puede propagar la enfermedad a partir de un evento, a múltiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisión, lo que aumenta exponencialmente en número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus.

Que es posible que una persona se infecte de COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos.

Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2 son, principalmente, el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos frecuente, la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la ventilación de los ambientes.

Que al momento de disponer el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" a nivel nacional, el tiempo de duplicación (TD) de casos de COVID-19 confirmados era de TRES COMA TRES (3,3) días y al día 8 de mayo de 2020 alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los VEINTICINCO (25) días. Al 26 de junio se estimó un TD de CATORCE COMA TRES (14,3) días, al 30 de julio nuevamente disminuyó, estimándose en VEINTIDÓS COMA NUEVE (22,9) días y al 10 de agosto, se estima en VEINTISIETE COMA CUATRO, (27,4) días.

Que la región del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en adelante AMBA, continúa con aumento sostenido en el número de casos y que ese incremento es variable según los distintos municipios y comunas.

Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aumento del número de casos se verifica con menor velocidad que en semanas previas, lo que se refleja en un aumento importante del tiempo de duplicación de casos que supera los CUARENTA Y OCHO (48) días.

Que en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, el aumento del número de casos se verifica con distintas velocidades según el municipio, y se observa una ralentización en las últimas dos semanas.

Que el tiempo de duplicación de casos al 25 de junio era de CATORCE COMA TRES (14,3) días, al 30 de julio de VEINTITRÉS COMA SIETE (23,7) días y al 10 de agosto, de VEINTINUEVE COMA NUEVE (29,9) días.

Que a pesar del aumento de casos no se saturó el sistema de salud y el porcentaje de ocupación de camas, para la misma región, es del SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%).

Que, tal como se ha señalado, todas las jurisdicciones presentaron casos en los últimos CATORCE (14) días y muchas de ellas presentan brotes, conglomerados extensos y zonas con transmisión comunitaria.

Que el tiempo de duplicación de casos para el total del país, excluyendo del cálculo al AMBA, al 2 de junio, era de CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días al 31 de julio, de DIECIOCHO COMA TRES (18,3) días y al 10 de agosto, de DIECISIETE (17) días.

Que la Provincia de JUJUY continúa con una situación crítica en relación con la transmisión de la enfermedad. Allí se verifica transmisión comunitaria extensa, casos distribuidos en todo el territorio y con brotes localizados tanto comunitarios como en personal de salud, lo que compromete la capacidad de respuesta del sistema de atención. Los departamentos más afectados son Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro.

Que la Provincia de MENDOZA continúa con transmisión importante del virus SARS-CoV-2, principalmente en la región metropolitana de MENDOZA y GRAN MENDOZA. El tiempo de duplicación de casos, registrado al 10 de agosto, era de DOCE COMA UN (12,1) días.

Que en la Provincia de SANTA FE, además de ROSARIO y GRAN ROSARIO se agregan como zonas de transmisión comunitaria las localidades de SAN LORENZO, CASILDA y VENADO TUERTO. También se registra un aumento de casos en la Ciudad de SANTA FE y el tiempo de duplicación estimado para toda la provincia al 10 de agosto fue de DIEZ COMA OCHO (10,8) días, lo que refleja un aumento en la velocidad de aparición de casos.

Que la Provincia de CÓRDOBA continúa con aumento importante de casos, principalmente en la ciudad Capital y en localidades más pequeñas, en las cuales se han implementado medidas epidemiológicas como cordones sanitarios, restringidos en algunos casos y más estrictos en otros, con el objetivo de contener los brotes. La provincia registra al 10 de agosto un tiempo de duplicación de casos de CATORCE COMA DOS (14,2) días, menor que lo registrado en las semanas previas.

Que la Provincia de ENTRE RÍOS presenta transmisión comunitaria en la ciudad de PARANÁ, con un importante aumento del número de casos, lo que se refleja en disminución en el tiempo de duplicación de casos a CATORCE COMA TRES (14,3) días.

Que en la Provincia de RÍO NEGRO -TD: DIECISIETE COMA TRES (17,3) días-, se siguen observando localidades con transmisión comunitaria, con aceleración del aumento de casos, y las localidades más afectadas son GENERAL ROCA y BARILOCHE, en las últimas semanas.

Que la Provincia de MENDOZA, la Provincia de SANTA FE, la Provincia de ENTRE RÍOS, la Provincia de RÍO NEGRO y la Provincia de CÓRDOBA, presentan un sistema de salud, que, a juicio de sus autoridades, tiene capacidad de dar respuesta al aumento de casos, tanto en lo que hace al diagnóstico como también con relación a la atención sanitaria y control de contactos. Según afirman las autoridades en estas zonas se presenta, además, un sistema intensificado de búsqueda de casos por medio de unidades centinelas que sensibiliza la detección de posibles casos nuevos de COVID-19. En este marco, y en atención a la evaluación positiva de la situación realizada por las autoridades provinciales, teniendo en cuenta el expreso compromiso asumido de informar cualquier situación de alerta epidemiológico a las autoridades sanitarias nacionales, se ha determinado que las Provincias de MENDOZA, CÓRDOBA, ENTRE RÍOS, RÍO NEGRO y SANTA FE, puedan mantenerse en el marco de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, debiéndose redoblar los esfuerzos en estas jurisdicciones para evitar la expansión de los contagios y las consecuencias que la propagación de la enfermedad conlleva.

Que las ciudades de RÍO GRANDE, en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, y de RÍO GALLEGOS, en la Provincia de SANTA CRUZ, presentan brotes importantes, con aumento exponencial de casos, con transmisión comunitaria, y Rt de UNO COMA DOS (1,2) lo que implica que son más los casos nuevos que los que se van recuperando, y esto hace que siga en aumento la epidemia, generando tensión en el sistema de salud.

Que en la Provincia de LA PAMPA pudo disminuir la transmisión de SARS-CoV-2 en SANTA ROSA, CATRILÓ y MACACHÍN, registrando en la última semana entre UNO (1) y DOS (2) casos por día.

Que en la Provincia de SALTA se registra un aumento importante del número de casos, lo que se ve reflejado en el tiempo de duplicación de casos de SEIS COMA TRES (6,3) días al 10 de agosto, siendo los lugares más afectados los departamentos de GENERAL SAN MARTIN, ORAN y CAPITAL, pero la situación epidemiológica en TARTAGAL, es la más preocupante, con aumento importante de casos, algunos sin nexo epidemiológico y con tensión del sistema de salud.

Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO registra TRES (3) brotes grandes en ciudad de SANTIAGO DEL ESTERO- BANDA, principalmente en conglomerados de casos y que, si bien el sistema de salud está pudiendo dar repuesta, la velocidad de aumento de casos es importante, con un tiempo de duplicación de casos de CUATRO COMA CINCO (4,5) días.

Que la Provincia de LA RIOJA también está atravesando una situación epidemiológica compleja con transmisión comunitaria en la ciudad Capital y en la localidad de CHAMICAL, y el tiempo de duplicación de casos al 10 de agosto esde DIECISIETE (17) días, con tensión en el sistema de salud.

Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país.

Que, en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin nexo y las que presentan brotes o conglomerados pequeños controlados.

Que es importante evaluar también la velocidad de aumento de casos y de la detección temprana de casos sin nexo, lo que puede indicar circulación no detectada.

Que es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del sistema de atención en cada jurisdicción.

Que, en esta etapa de la evolución de la pandemia, los indicadores epidemiológicos no son las únicas variables que corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez que pesan factores locales, culturales, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso. En consecuencia, cualquier decisión debe contemplar además de la situación epidemiológica, las tendencias que describen las variables estratégicas, entre ellas la evolución de casos y fallecimientos, los tiempos de duplicación, que deben interpretarse necesariamente asociados a la cantidad de casos en valores absolutos, el tipo de transmisión, la respuesta activa del sistema para la búsqueda de contactos estrechos y adicionalmente la capacidad de respuesta y de saturación del sistema de atención de la salud en lo que se relaciona con el porcentaje de ocupación de las camas críticas de terapia intensiva. Todo ello, además, está relacionado con la posibilidad de hacer uso de redes de derivación, lugares de aislamiento intermedio y características de la zona donde se producen los brotes. Para analizar y decidir las medidas necesarias resulta muy relevante la evaluación que realizan de la situación epidemiológica y sanitaria las autoridades provinciales y locales con el asesoramiento de las áreas de salud respectivas.

Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA, en atención a lo ya señalado, y específicamente debido a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica, obliga al Estado Nacional a adoptar decisiones en función de cada realidad.

Que si bien han transcurrido más de CIENTO CINCUENTA (150) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.

Que en muchas localidades ha disminuido el nivel de alerta de la comunidad y del personal de salud, lo que facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de los casos.

Que las medidas de distanciamiento social para tener impacto deben ser sostenidas e implican la responsabilidad individual y colectiva para lograr el objetivo de disminuir la transmisión del virus y evitar la saturación del sistema de salud.

Que la eventual saturación del sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros países del mundo.

Que sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar definitivamente la epidemia, por lo que se mantiene vigente la imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia adoptada, especialmente cuando las realidades sociales, económicas y culturales introducen aún mayores complejidades.

Que muchos de los países que habían logrado controlar los brotes y relajado las medidas de cuidado y regresado a fases avanzadas de funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una segunda ola de contagios.

Que como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el DISPO, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto".

Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, "...no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás".

Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales", del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.

Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción parcial y temporaria a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.

Que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES siguen manifestando la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la presente medida.

Que, desde el día 17 y hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, se mantendrá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -DISPO- para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artículo 2° del presente decreto. Asimismo, se mantendrá por igual plazo, la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo.

Que el "DISPO" y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Que en lo que hace a los lugares donde se mantiene vigente la medida de ASPO debe destacarse que, en la gran mayoría de ellos, se encuentran habilitadas una gran cantidad de actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios, así como actividades recreativas y deportivas, sobre todo al aire libre, las que se van autorizando paulatinamente, con los correspondientes protocolos. En todos los casos las personas circulan para realizar numerosas actividades autorizadas, para lo cual es necesario insistir en la necesidad de mantener las medidas de prevención de contagios porque, al aumentar la cantidad de personas circulando también aumenta el número de contagios y, eventualmente, de personas fallecidas a causa de COVID-19.

Que una parte importante de la transmisión se produce debido a la realización de actividades sociales en las cuales se hace más difícil sostener el distanciamiento social, principalmente en lugares cerrados.

Que, por lo tanto, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el "DISPO" y otras para el "ASPO", y, asimismo, mantener entre dichas prohibiciones, tal como lo dispuso el Decreto N° 641/20, la realización de eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en todos los casos, aún con concurrencia menor a DIEZ (10) PERSONAS, conforme se indica en los artículos 9° y 18 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipulados. En tal sentido, el Jefe de Gabinete de Ministros, a pedido de los Gobernadores o las Gobernadoras, podrá autorizar la realización de reuniones sociales o familiares en los lugares alcanzados por la medida de "DISPO", según la evaluación de riesgo epidemiológico y sanitario del lugar. Pero en ningún caso podrá otorgar excepciones a dicha prohibición en los lugares alcanzados por el ASPO.

Que el aglomerado urbano del AMBA que incluye, a los fines de este decreto, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a TREINTA Y CINCO (35) partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES conforme se indica en el artículo 11 del presente, los Departamentos de Capital y Banda en la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, el Departamento de Río Grande en la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, el Departamento de Güer Aike en la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY, los Departamentos Capital y Chamical de la PROVINCIA DE LA RIOJA y el Departamento de General José de San Martín de la PROVINCIA DE SALTA, presentan transmisión comunitaria sostenida, o aumento brusco del número de casos, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.

Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente con las Decisiones Administrativas mencionadas en el artículo 12 del presente decreto, se mantiene la declaración de "esenciales" a distintas actividades y servicios y se exceptúa del cumplimiento del "ASPO" a las personas afectadas a ellos.

Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente decreto requieren la previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, con el fin de preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de todas las personas, especialmente de los niños, las niñas y adolescentes que deban cumplir el "ASPO", se mantendrá, con los alcances y limitaciones establecidos en el artículo 20 del presente decreto, la facultad de realizar una breve salida de esparcimiento.

Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, se mantiene la facultad de los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias con el fin de decidir nuevas excepciones al cumplimiento del "ASPO" y a la prohibición de circular, para personas afectadas a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, con la implementación del protocolo respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, excepto respecto de las prohibiciones establecidas en el artículo 18.

Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada en el artículo 11 es considerada como una unidad a los fines de contabilizar los habitantes que en ella residen, toda vez que se trata de un aglomerado urbano.

Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil contener su expansión, sigue sin autorizarse para las zonas con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes bajo la modalidad "ASPO", la disposición de nuevas excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y previo requerimiento del Gobernador o de la Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.

Que, para habilitar cualquier actividad en dichos lugares, se seguirá exigiendo que las empleadoras o los empleadores garanticen el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. En todos los casos, la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá utilizar el que se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de distintas áreas del país, se continuará implementando la misma estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.

Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el "DISPO" como para el "ASPO".

Que las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES remitir al referido MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).

Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.

Que se mantiene la obligatoriedad por parte de las Autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de comunicar de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario.

Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones y tomando en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), se puede transitar entre "ASPO" y "DISPO", según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder no depende de plazos medidos en tiempo, sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos.

Que, con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente, que se mencionan en el artículo 12 del presente decreto.

Que resulta imprescindible en todo el país, y especialmente en las zonas definidas como de transmisión comunitaria sostenida, aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de signos y síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y el cumplimiento de cuarentena por CATORCE (14) días de sus familias, convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la pandemia.

Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados y sus contactos estrechos, como estrategia imprescindible para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.

Que también se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el "DISPO" como por el "ASPO", las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.

Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20.

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.

Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

TÍTULO UNO
ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19.

TÍTULO DOS
CAPÍTULO UNO:
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:
1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.
2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen "transmisión comunitaria" sostenida del virus SARS-CoV-2.
3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.
En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no cumplan positivamente los TRES (3) parámetros anteriores, se definirá si se les aplican las normas de este CAPÍTULO o las del CAPÍTULO DOS del presente decreto, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral epidemiológico y sanitario.
La medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el día 17 de agosto hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares:

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY, excepto los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA, excepto el de Capital y Chamical

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA, excepto el de General José de San Martin

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, excepto los de Capital y Banda

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, excepto el de Güer Aike

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, excepto el de Río Grande

• Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de los TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el artículo 11 del presente decreto.

ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.
En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.
En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE (14) días.

ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad.
Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.

ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS. PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas ni se encuentren alcanzadas por las prohibiciones establecidas en el artículo 9°.
Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS (2) metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.
La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

ARTÍCULO 8º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 9°.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del presente decreto quedan prohibidas las siguientes actividades:

1. Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas. Los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control del cumplimiento de estas normas.
2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes. Los mismos deberán realizarse, preferentemente en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente un protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control de su cumplimiento.
4. Cines, teatros, clubes, centros culturales.
5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del presente.
6. Turismo.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones podrán ser requeridas por los gobernadores y las gobernadoras y deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.
Déjanse sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en infracción a lo establecido en el inciso 2 del presente artículo.

CAPÍTULO DOS:
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 17 hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto.

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 10, los siguientes lugares:
El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

• Los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY

• El Departamento de Güer Aike de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ

• El Departamento de Río Grande de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

• Los departamentos de Capital y Chamical, de la PROVINCIA DE LA RIOJA

• El departamento de General José de San Martin de la PROVINCIA DE SALTA

• Los departamentos de Capital y Banda de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 10, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.

30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1.

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: También quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes:

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2.

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Mutuales y Cooperativas de Crédito mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o pagos. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7.

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre ubicada en los lugares establecidos por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10.

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (Decisión Administrativa N° 763/20, artículo 1°, Anexo I punto 5, y concordantes para el resto de las jurisdicciones).

7. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 2.

8. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas o en proceso de clasificación para los XXXII Juegos Olímpicos o para los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas a la actividad de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino. Práctica deportiva desarrollada por los atletas miembros de la selección argentina de Rugby. Todo ello en los términos de las Decisiones Administrativas Nros. 1056/20, 1318/20, 1442/20 y 1450/20.

9. ACTIVIDADES E INDUSTRIAS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Galerías y paseos comerciales. Lavaderos de automotores automáticos y manuales. Paseo, adiestramiento y peluquería canina. Galerías de arte con turno. Profesiones. Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética). Industrias. Cultos: rezo individual con aforo y tope de hasta DIEZ (10) personas. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 1289/20.

10. ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS en diversos partidos departamentos y aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, en los términos de la Decisión Administrativa N°1294/20.

11. Actividades desarrolladas en el Municipio de La Matanza en los términos de la Decisión Administrativa N° 1329/20.

12. Actividades teatrales sin público. Trabajos de mantenimiento y conservación de las colecciones e instalaciones en museos. Sistema de préstamo de libros de las bibliotecas. Todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la Decisión Administrativa N° 1436/20.

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 último párrafo del presente decreto.
Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.
Los Gobernadores y las Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva.

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 último párrafo del presente decreto.
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, y limitar su duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá incorporar al "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" ya citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria.
Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o UNA sola (1) pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20.

ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las siguientes actividades:

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas.

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 23 de este decreto.

5. Turismo.

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.
En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares.
Déjanse sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a cumplir con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20.

CAPÍTULO TRES:
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.
Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento se excluya de las disposiciones del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del "aislamiento social, preventivo y obligatorio". El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 10 del presente decreto.

ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, que disponen el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10.
Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que disponga el cese del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.
En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanzados por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" queda facultado para ampliar o reducir la autorización prevista en el presente artículo.
Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto.

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de "caso sospechoso" ni la condición de "caso confirmado" de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabajadoras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes.

ARTÍCULO 26.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 27.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrá los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 28.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.

ARTÍCULO 29.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20.

ARTÍCULO 30.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 31.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES EN "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO": Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 576/20. Su efectiva reanudación está supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las autorizaciones que habilitan actividades prohibidas en los términos del artículo 9°, inciso 2 y en los términos de los dos últimos párrafos del artículo 18 del presente decreto.

TÍTULO TRES
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET: Prorrógase hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20.

ARTÍCULO 33.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 34.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 17 de agosto de 2020.

ARTÍCULO 35.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 36.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Decreto nº 476/2007
Fecha: 16.03.2007

Artículo 1º.- Créase la DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL dependiente de la Secretaría de Justicia Social cuya misión y funciones se consigna en el Anexo I el que forma parte inescindible de la presente norma.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

                                                                                                                                                ANEXO I
DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL
MISION Y FUNCIONES
Participar en las acciones que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de las condiciones y del hábitat e infraestructura complementaria.
Atender la demanda laboral de los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar d los desocupados no beneficiarios de ningún subsidio generado la inserción laboral de los mismos.
Organizar Cooperativas de Trabajo para la ejecución de trabajos alcanzados por el Programa Federal de Emergencia habitacional y el Subprograma Mejoramiento del hábitat Urbano, infraestructura y obras complementarias.
Elaborar los proyectos que serán sometidos para su aprobación y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
Elaborar los convenios específicos que deberán suscribirse y los contratos de obras o servicios que deba celebrar el Municipio con las Cooperativas de Trabajo para la ejecución de los proyectos aprobados y financiaos por el Gobierno Nacional.
Efectuar las rendiciones de los desembolsos que efectúa la Nación, acompañando la documentación respaldatoria pertinente.
Proponer al Departamento Ejecutivo la adopción de otros programas que lleven adelante los gobiernos provinciales y nacionales que tiendan a la inclusión de pleno empleo.
Analizar y elaborar los convenios específicos y los contratos de obra que se deberán formalizar con el Gobierno Nacional y las Cooperativas de Trabajo.
Gestionar la inscripción de las cooperativas en el INAES y su incorporación al Registro Nacional de efectores.
Llevar el control de los planes jefes y jefas que integran las Cooperativas.
Capacitar a los integrantes de las Cooperativas y asesorar a las mismas en su calidad de empresa social en lo atinente a su encuadre impositivo y de la seguridad social.
Gestionar la implementación de dichos programas a través de la Unidad Ejecutora y/o de las áreas pertinentes del Municipio.
Coordinar la gestión con oros actores institucionales, universidades, terciarios, secundarios y tos aquellos organismos comprometidos con la capacitación.

Ley nº 27554
Sancionada: 23.07.2020
Promulgada: 10.08.2020
Publicada: 11.08.2020

CAMPAÑA NACIONAL PARA LA DONACIÓN DE PLASMA SANGUÍNEO DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19

Declarar de interés nacional, promoción y registro

Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de los pacientes que lo requieran, según los protocolos vigentes autorizados por la autoridad de aplicación.

Artículo 2°- Campaña Nacional. Se dispone la creación de una Campaña Nacional para la difusión y promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19, en todo el territorio nacional, en el marco del "Plan Estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos".

Artículo 3º - Declarar de interés. Declárase de interés público nacional la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19.

Artículo 4°- Creación del Registro Nacional de Pacientes Recuperados de COVID-19 donantes de plasma. Se crea el Registro Nacional de Pacientes Recuperados de COVID-19, donantes de plasma.

El registro estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley, y se adecuará a lo dispuesto por la ley 22.990 - Ley de Sangre.

La información del Registro Nacional de Pacientes Recuperados de COVID-19 donantes de plasma deberá resguardarse en cumplimiento de la ley 25.326 – Protección de Datos Personales –.

Artículo 5°- Licencia especial. Los pacientes recuperados de COVID-19 donantes de plasma sanguíneo y que sean trabajadoras/es que se desempeñen bajo relación de dependencia, en el ámbito público o privado, gozarán de una licencia especial remunerada de dos (2) días por cada donación de plasma que realicen, debiendo acreditar tal circunstancia ante el/la empleador/a mediante la presentación del certificado expedido por el centro de salud interviniente. Esta licencia no podrá implicar afectación salarial alguna, descuentos, ni la pérdida del presentismo, ni cualquier otro beneficio laboral o adicional salarial que perciba el/la trabajador/a.

Artículo 6°- Reconocimiento. Se reconoce a los pacientes recuperados de COVID-19, que sean donantes de plasma sanguíneo, como "Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina". A tales efectos, la autoridad de aplicación instrumentará los mecanismos para que los/as donantes que acrediten tal condición puedan acceder a dicho reconocimiento.

Artículo 7°- Autoridad de aplicación. Corresponde al Poder Ejecutivo nacional determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 8°- Traslado. La autoridad de aplicación debe en articulación con las jurisdicciones provinciales y municipales arbitrar los medios idóneos y necesarios, durante la emergencia sanitaria establecida por el decreto 260/2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen, procurando garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de COVID-19, aptos para la donación de plasma sanguíneo, que no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse cumpliendo con todos los resguardos de seguridad e higiene adecuados.

Artículo 9º- Funciones de la autoridad de aplicación. Son funciones de la autoridad de aplicación, adecuándose a protocolos vigentes:

a) Garantizar que aquellos donantes cumplan con todos los criterios de elegibilidad de acuerdo a protocolos habilitados vigentes y hayan expresado su consentimiento informado para tal fin;

b) Aumentar la disponibilidad de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos e investigaciones aprobadas que así lo requieran;

c) Requerir a las autoridades sanitarias jurisdiccionales la definición de los Centros Regionales de Hemoterapia y/o Bancos de Sangre que serán los responsables de realizar la captación y recolección de plasma de los pacientes recuperados de COVID-19;

d) Fomentar la capacitación a los equipos de salud sobre el procedimiento para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19.

e) Propender al desarrollo de actividades de investigación en la temática;

f) Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG's) en las acciones previstas en la presente ley;

g) Formular y planificar lineamientos, propuestas, estrategias y acciones dirigidas a la donación de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID-19;

h) Asegurar el acceso a la información sobre donación de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID-19.

Artículo 10.- Difusión. Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias a fin de implementar actividades específicas referidas a la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 y realizar la más alta difusión de las mismas, a través de los mecanismos de comunicación oficial.

Artículo 11.- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Decreto nº 1775/2004
Fecha: 14.12.2004

Artículo 6º.- Depende de la Secretaría de Justicia Social
3. Dirección Manos a la Obra (2)
Subdirección de Coordinación (1)


(1) Decreto nº 491/2005
Fecha: 04.04.2005

Artículo 1º.- Créase la Subdirección Coordinación dependiente de la Dirección Manos a la Obra, de la Secretaría de la Justicia Social, el cual se encuentra sujeto a la aprobación de la estructura orgánica de la repartición.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

(2) Por Decreto nº 333/2010 Anexo VII

5.2. Dirección Programa "Manos a la Obras"

(3) Por Decreto nº 366/2016 Anexo VIII

14.1. Dirección de Programa "Manos a la Obra"

Decreto nº 283/2016
Fecha: 22.01.2016

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Cuadrilla, Poda y Reposición de Especies dependiente de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable de la Secretaría General y Derechos Humanos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- El presente es refrendado por el Secretario General y Derechos Humanos.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3º y 4° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

Ver más...

Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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