Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Decreto nº 126/2018
Fecha: 05.02.2018

Artículo 1º.- Establécese para la Dirección de Despacho de la Dirección General de Despacho dependiente de Presidencia, el siguiente Reglamento Orgánico:

CAPITULO I
DIRECCION DE DESPACHO

MISION:
Atender el diligenciamiento de todo trámite administrativo.

FUNCIONES:
1. Asistir directamente al Departamento Ejecutivo en las funciones que este determine.
2. Atender la recepción y diligenciamiento de expedientes.
4. Redacción de Decretos, Resoluciones y disposiciones que el Departamento Ejecutivo disponga.
5. Colaborar con las Secretarias del Departamento Ejecutivo.
6. Verificar la tramitación de las actuaciones a cargo de los auxiliares.
7. Controlar la asistencia y licencia del personal, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
8. Actualizar la base de datos de las nuevas normas legales.
9. Brindar asesoría legal en los expedientes que así lo requieran.
10. Verificar la correcta gestión de las tramitaciones.
11. Registro de Decretos y Resoluciones que emita Presidencia y de Ordenanzas promulgadas.
12. Expedición de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones del Departamento Ejecutivo previa registración.
13. Clasificar, gestionar para luego encuadernar las disposiciones registradas.

Artículo 2º.- Apruébase la planta de cargos para la Dirección de Despacho de Presidencia, conforme el Reglamento Orgánico establecido en el artículo 1º del presente Decreto.

CAPITULO II
Relaciones de dependencia y administrativas
Depende directamente de la Dirección General de Despacho de presidencia.
Mantiene relación directa con todas las Direcciones de la Administración Municipal.

CAPITULO III
De la Dirección de Despacho de Presidencia dependen:
a) Subdirección Administrativa
a.1) Departamento Técnico Legal
a.2) Departamento Técnico Administrativo
a.3) Sección Mesa de Entradas.
a.4) Sección Personal
b) Subdirección Fichero y Antecedentes
c) Subdirección de Registro de Disposiciones del Departamento Ejecutivo.
c.1) Departamento Archivo de Antecedentes y Documentación

Artículo 3º.- (1)

Artículo 4º.- (1)

Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 


(1) No se transcriben los artículos 3° y 4º° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas reparticiones dependientes de la Dirección de Despacho.

Ley nº 27508
Sancionada: 26.06.2019
Promulgada: 23.07.2019
Publicada: 23.07.2019

Ley de Creación del Fondo Fiduciario Público

Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364

Artículo 1°- Créase el Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364", el que se conformará como un Fideicomiso de Administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la citada ley, su modificatoria, y su decreto reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.

Los bienes que integran el "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tienen carácter extrapresupuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 2°- A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

a. Fiduciante: Es el Estado nacional, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al fiduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente ley y del Contrato de Fideicomiso respectivo.

b. Fiduciario: Es Nación Fideicomisos S.A., como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, de conformidad con las pautas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por la Unidad Ejecutiva.

c. Beneficiario: Son las víctimas del delito de trata y explotación de personas.

d. Fideicomisario: El Estado nacional será el destinatario final de los fondos integrantes del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364", en caso de su extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

e. Unidad Ejecutiva: La Unidad Ejecutiva es la encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento. En todos los supuestos las instrucciones respetarán la decisión de destino de los bienes que indique en cada caso el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se brinde el apoyo técnico que la Unidad Ejecutiva requiera.

f. Bienes Fideicomitidos: Son los fondos líquidos decomisados y aquéllos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta, de conformidad con la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364, su modificatoria, su decreto reglamentario y sus normas complementarias.

Artículo 3°- Los recursos del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" se destinarán, de acuerdo a la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

En aquellos casos que la asistencia directa a las víctimas y las reparaciones previstas en el artículo 6° de la ley 26.364 no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.

Artículo 4°- Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos a inscripción en los registros públicos correspondientes, bastará con la resolución firme de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364, y con destino del producido de su realización al Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de ésta. La inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de traspaso o inscripción dispuesto por leyes nacionales.

En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la autoridad correspondiente concederá una identificación especial para su individualización e inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364 y con destino del producido de su realización al Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de la misma. Para los supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también la exención de pago establecida en el primer párrafo, última parte, de este artículo.

Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso, se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Una vez firme el decomiso y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

Artículo 5°- El "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" tendrá una duración de treinta (30) años, contados desde la suscripción del Contrato de Fideicomiso. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el Fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los bienes fideicomitidos que integren el patrimonio del citado Fondo en ese momento serán transferidos al Estado nacional en su carácter de fideicomisario, los cuales deberán destinarse a programas de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

Artículo 6°- Exímese al Fondo Fiduciario Público creado por el artículo 1° de la presente ley y al fiduciario en sus operaciones relativas a aquél, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el presente.

Artículo 7°- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo aprobará el Contrato de Fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la reglamentación de la presente ley.

Artículo 8°- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo suscribirá el Contrato de Fideicomiso con el Fiduciario.

Artículo 9°- Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, sin que ello implique erogación alguna.

Artículo 10.- Los bienes fideicomitidos deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, el que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo creado por la presente y a su destino, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364 y su modificatoria, por el siguiente:

Artículo 27: El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la presente norma, tendrán como destino específico un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, constituye una excepción a lo establecido en el artículo 23, sexto párrafo in fine, del Código Penal de la Nación.

Artículo 13.- Incorpórase como artículo 28 de la ley 26.364 y su modificatoria, el siguiente:

Artículo 28: En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal, deberán en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente apículo, no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente.

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

a. Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda.

b. Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados -con excepción de lo establecido en el último párrafo de este artículo- a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el Tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los decomisos ordenados en los casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como destino específico el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 15.- Los gastos que genere la implementación de la presente ley serán solventados por el Fideicomiso creado mediante el artículo 1° de la presente.

Artículo 16.- El veinte por ciento (20%) de los fondos que ingresen al Fideicomiso creado por la presente ley será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.

Artículo 17.- Los fondos líquidos decomisados o los obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364 y sus modificatorias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición de magistrados del Poder Judicial de la Nación, deben transferirse al Fondo creado por el artículo 1° de esta ley dentro del plazo de treinta (30) días de encontrarse operativo.

Artículo 18.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 


REGLAMENTACIÓN LEY Nº 27508 FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA
Decreto nº 844/2019
Fecha: 06.12.2019
Publicado: 09.12.2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-88081247-APN-DGDYD#MJ, las Leyes N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 111 de fecha 26 de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el delito de trata y explotación de personas supone una vulneración de los derechos humanos fundamentales de la víctima, puesto que niega su condición de persona y la asimila a un objeto o cosa que se comercializa en el mercado de bienes y servicios, por lo cual su reparación excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y especialmente al ESTADO NACIONAL.

Que existen convenciones internacionales ratificadas por la REPÚBLICA ARGENTINA y diversas recomendaciones de organismos internacionales que contemplan la necesidad de tomar medidas para la conservación y preservación de bienes embargados o decomisados en el marco de procesos penales de diversa índole.

Que la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas.

Que esa ley crea en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.

Que, por su parte, mediante la Ley Nº 27.508 se creó el fondo fiduciario público denominado FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY Nº 26.364, integrado por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas y lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la norma.

Que de acuerdo al artículo 27 de la citada Ley Nº 26.364, corresponde al Consejo Federal mencionado la administración del referido Fondo.

Que en virtud de lo expuesto resulta procedente reglamentar el régimen del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA- LEY N° 26.364.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación del régimen del Fondo Fiduciario Público "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley N° 26.364" creado por la Ley N° 27.508 que como ANEXO I (IF-2019-108304188-APN-UCG#MJ) forma parte del presente decreto.(1)

ARTÍCULO 2°.- Desígnase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS autoridad de aplicación de la reglamentación aprobada por el artículo 1° del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

(1) El Anexo I obra como Archivo Adjunto

Ley nº 10445
Sancionada: 04.10.2016
Promulgada: 19.10.2016
Publicada: 26.10.2016

ARTICULO 1°.- Adhesión. Adhiérase a la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental y su Decreto Reglamentario Nº 603/2013 (B.O. fecha 29 de mayo de 2013), en todos sus términos en cuanto no se opongan a la Ley 8806 de la Provincia de Entre Ríos y la presente ley si resultaren más beneficiosas.

ARTÍCULO 2º.- Creación del Órgano de Revisión Provincial. Objeto. Créase el Órgano de Revisión Provincial de Salud Mental, en el ámbito de la Defensoría General de Entre Ríos, con el objeto de proteger y promover los Derechos Humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.

ARTÍCULO 3º.- Funciones. El Órgano de Revisión Provincial posee idénticas funciones que su par nacional, sin perjuicio de las que a futuro pueda dictarse para sí mediante la confección de su reglamento interno.
a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación, prácticas o abordajes en el ámbito público y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades, y eventualmente apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657;
e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el jurado de enjuiciamiento o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los magistrados y funcionarios judiciales en las situaciones en que hubiera irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en Salud Mental tendientes a garantizar los derechos humanos;
j) Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental;
k) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.

ARTÍCULO 4º.- Facultades. El Órgano de Revisión Provincial cuenta con las siguientes facultades:
a) Realizar estudios, pericias y la producción de toda otra medida probatoria cuando lo considere necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones.
b) Promover acciones judiciales y administrativas en cualquier fuero y jurisdicción, así como solicitar la intervención de otros organismos de protección de derechos con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines.
c) Fijar los plazos para la remisión de informes y antecedentes y para la realización de diligencias.
d) Asistir a las comisiones y juntas de la Legislatura, en las cuestiones relativas a su incumbencia cada vez que se le requiera.
e) Celebrar convenios de capacitación y cooperación.
f) Dictar su Reglamento Interno.
g) Realizar todo acto que sea necesario para su mejor funcionamiento de acuerdo a sus fines y objetivos.

ARTÍCULO 5º.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, o del organismo competente que la reemplace en un futuro.

ARTÍCULO 6º.- Ámbito de aplicación. El Órgano de Revisión Local cumple su función respecto a todo abordaje por motivo de Salud Mental, que sea efectuado en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 7º.- Integración. El Órgano de Revisión Local es interdisciplinario e integrado de la siguiente manera:
a) Un representante de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos.
b) Un representante de la Secretaria de Justicia del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
c) Un representante del Ministerio Público de la Defensa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
d) Un representante de asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud con personería jurídica.
e) Un representante de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud con personería jurídica.
f) Un representante de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos con persona jurídica.

ARTÍCULO 8º.- Funcionamiento. Podrá sesionar con el quórum mínimo de CUATRO (4) miembros. La toma de decisiones será por mayoría simple de los miembros presentes.
En caso de empate la Defensoría General de Entre Ríos a través de su titular o de quién éste designe deberá ejercer el voto en las reuniones, cuando resultare necesario.

ARTÍCULO 9º.- Secretaría Ejecutiva. Se otorga a la Defensoría General de Entre Ríos la Presidencia, representación legal y coordinación ejecutiva del Órgano de Revisión Provincial, a través de la organización de una Secretaría Ejecutiva y de un equipo de apoyo técnico y otro administrativo.
La Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será designado por la Defensoría General de Entre Ríos, deberá coordinar las reuniones de los integrantes del Órgano de Revisión Provincial, implementar las estrategias políticas, jurídicas e institucionales, participar sin voto de las reuniones, seguir los lineamientos acordados por los integrantes del Órgano, canalizar la colaboración necesaria entre los distintos miembros, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento permanente del organismo, rindiendo cuentas de las acciones emprendidas.
La labor permanente de carácter operativo, técnico y administrativo del Órgano de Revisión, se sustentará mediante los equipos de apoyo enunciados precedentemente, cuyo personal será provisto por la Defensoría General de Entre Ríos y coordinado por la Secretaría Ejecutiva.

ARTÍCULO 10º.- Cargos. Créase a fin de proveer a la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Provincia de Entre Ríos, de un equipo de apoyo técnico y otro administrativo, compuesto de SEIS (6) cargos dentro de la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos, contratándose a tal fin un (1) Abogado, un (1) Médico Psiquiatra, un (1) Licenciado en Psicología, un (1) Licenciado en Trabajo Social y a dos (2) empleados administrativos.

ARTÍCULO 11º.- Cooperación. El Órgano de Revisión Provincial se complementa con otros organismos públicos de la Provincia. A tal fin, se promueve la cooperación y complementariedad y prestará colaboración activa con los mecanismos nacionales e internacionales de monitoreo de la aplicación de las Convenciones de Derechos Humanos y de las recomendaciones de los organismos internacionales.

ARTÍCULO 12º.- Registro de Instituciones. El Órgano de Revisión Provincial organizará un registro actualizado de instituciones que brinden servicios de Salud Mental. A tales efectos, requerirá a las mismas la información que fuera necesaria para conformarlo. Es obligación de toda institución que brinde servicios de salud mental inscribirse en el mismo.

ARTÍCULO 13º.- Presupuesto. La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos deberá contemplar en el presupuesto que se establezca para la jurisdicción de la Defensoría General de Entre Ríos, la partida necesaria para el funcionamiento del Órgano de Revisión Provincial.

ARTÍCULO 14º.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo sobre propuesta de la Defensoría General, reglamentará la presente Ley, en un plazo máximo de NOVENTA (90) días a partir de su promulgación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera: La Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, coordinarán y ejecutarán las acciones necesarias para la designación de los representantes que conformarán el Órgano de Revisión creado por la presente Ley, dentro del término de TREINTA (30) días hábiles desde la puesta en vigencia de la presente ley y su publicación en el Boletín Oficial.
Segunda: A los efectos de integrar el Órgano de Revisión Provincial, los representantes designados por los tres (3) organismos estatales deberán elegir, por decisión fundada, a las entidades que representarán a las asociaciones y organizaciones mencionadas en los incisos d), e) y f) del artículo 7° de la presente ley.
El Órgano de Revisión Provincial comenzará su actividad regular y permanente luego de constituido íntegramente, con todos los representantes previstos en la ley.

ARTICULO 15°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10565
Sancionada: 08.03.2018
Promulgada: 23.03.2018
Publicada: 09.04.2018

ARTÍCULO 1°.- Establécese que la publicación de avisos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos destinados a la contratación de personas para servicios laborales, a desempeñarse dentro o fuera de la Provincia, por cualquiera de los medios de comunicación, se regirán por lo dispuesto por la presente ley.

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la presente Ley:

a) prevenir eventuales hechos o situaciones de violencia y abusos que puedan cometerse a través de publicaciones engañosas de supuestas ofertas laborales;
b) contar con la información necesaria de quienes solicitan la publicación de avisos a efectos de brindar seguridad a los destinatarios de las mismas;
c) generar un registro de datos en los medios de publicación que sirvan como elementos para la investigación de presuntos hechos delictivos;
d) erradicar, a corto y mediano plazo, la publicación de avisos falsos y engañosos que persigan en definitiva la captación de personas para su trata.

ARTÍCULO 3º.- Las empresas y/o particulares de medios de comunicación deberán solicitar a quienes requieran la publicación los siguientes datos y documentación:
a) tratándose de personas físicas: nombre, documento nacional de identidad, domicilio y fotocopia del documento nacional de identidad;
b) en el caso de personas jurídicas u organizaciones empresariales: razón social o denominación de la empresa, domicilio y constancia de CUIT;
c) domicilio del lugar de prestación laboral;
d) número telefónico de contacto del responsable de la publicación;
e) fotocopia de la factura de un servicio a nombre de quien realiza la publicación.

ARTÍCULO 4º.- Las publicaciones deberán contener en su texto un número de referencia visible o identificación similar, a fin de que los destinatarios de las mismas puedan contactarse con el medio de comunicación para requerir o verificar la información exigida en el Artículo 3° de la presente.

ARTÍCULO 5º.- La información y documentación mencionada en el Artículo 3° deberá ser conservada por los medios de comunicación por un período de tiempo no inferior a un año.

ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Contralor de la presente ley será el Consejo Provincial de Prevención de la Violencia de Entre Ríos (COPREV), quién deberá velar por el cumplimiento de la misma y asegurar sus objetivos.

ARTÍCULO 7º.- Facúltese al Ejecutivo Provincial a dictar las normas que resulten necesarias para la implementación de la presente, debiendo dar intervención a la Dirección General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, aplicándose las multas establecidas en los Arts. 47, inciso a), b), d), e) y f) y Art. 49° conforme el procedimiento administrativo que fuera pertinente en los términos de la Ley Nacional N° 24.240/93 y Ley Provincial N° 8.973/95.

ARTÍCULO 8.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10632
Sancionada: 03.10.2018
Promulgada: 06.11.2018
Publicada: 12.11.2018

ARTÍCULO 1°.- Institúyese en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el "Día Provincial de Prevención del Tráfico y la Trata de Personas", en consonancia con el Día Mundial contra la Trata adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 68/192 de 2013, a conmemorarse el día 30 de julio de cada año.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase al Consejo General de Educación para que incluya en el Calendario Escolar la fecha instituida en el Artículo 1º y disponga en todos sus niveles la realización de jornadas alusivas a la conmemoración de dicho día en los establecimientos escolares de toda la Provincia, para la divulgación y promoción sobre el tráfico y la trata de personas.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo dispondrá, a través de los organismos que correspondan, la realización anual y periódica de campañas para crear mayor conciencia sobre la temática y como mecanismo para hacer frente al problema de la trata de personas; utilizando para ello los medios públicos de comunicación masiva, publicidad gráfica, radial y toda otra herramienta audiovisual de difusión que se considere apropiada.
ARTÍCULO 4°.- Invítase a los Municipios de la Provincia de Entre Ríos, a adherir a la presente Ley.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10455
Sancionada: 05.10.2016
Promulgada: 19.10.2016
Publicada: 28.10.2016

ARTÍCULO 1°.- Establécese en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el Sistema Provincial de Botones Anti-pánico para Víctimas de Violencia de Género con el objeto de proteger y otorgar asistencia inmediata a las víctimas de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Defínase como botón antipánico, aquel dispositivo de geolocalización y alerta a autoridades de las fuerzas de seguridad.

ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Gobierno, o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 4º.- La Autoridad de Aplicación entregará a las víctimas los dispositivos anti-pánico en comodato, el que sólo puede ser utilizado por aquellas en forma personal y por el tiempo que se extienda la situación de peligro generado por el hecho violento.

ARTÍCULO 5°.- Para proceder a la entrega de dicho dispositivo de emergencia las víctimas deberán contar con Resolución Judicial de Exclusión de Hogar y/o Prohibición de Acercamiento, conforme lo dispuesto en los supuestos previstos por el artículo 26 de la Ley Nacional Nº 26.485 y el artículo 9º de la Ley Provincial Nº 9198, expedida por Juez competente de la cual surja la conveniencia y se ordene el uso del mismo.
La Resolución Judicial debe contener los datos particulares del caso, el tiempo estimado de utilización del dispositivo -el que podrá ser prorrogado automáticamente mientras subsista el riesgo a la víctima-, los datos identificatorios del denunciado y la denunciante de agresión quien debe tener su domicilio ubicado dentro del ámbito de cobertura del Centro de Monitoreo que a tal efecto disponga la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 6°.- El dispositivo anti-pánico debe contar con conexión directa a los Centros de Monitoreo, que a tales efectos creará la autoridad de aplicación, o a los que ya se encuentren en funcionamiento en el ámbito de la Provincia. Estos deberán adoptar la tecnología necesaria para receptar el alerta y detectar el geo-posicionamiento de la víctima al momento de poner en funcionamiento el botón anti-pánico.

ARTÍCULO 7º.- La autoridad de aplicación deberá establecer las acciones necesarias para garantizar la presencia inmediata de personal policial al lugar geo-referenciado conforme el alerta emitida por el dispositivo antipánico. Asimismo deberá proceder a la identificación y registro del personal policial designado.

ARTÍCULO 8º.- Todos los datos que surgieran de la tecnología aplicada al sistema servirá como medio de prueba en el proceso judicial en el cual fuera requerida su aplicación.

ARTÍCULO 9º.- Autorízase a la Autoridad de Aplicación a la firma de los protocolos y/o convenios necesarios para la aplicación de la presente y a la coordinación con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia para la implementación de las resoluciones judiciales necesarias para ello. La misma garantizará la capacitación de los agentes involucrados en la aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 10º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias que den reflejo al cumplimiento de los propósitos de la presente.

ARTICULO 11º.- La presente ley entrará en vigencia a partir del quinto día hábil a contar desde la fecha de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, la que no podrá exceder los 180 días de promulgada la presente.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10417
Sancionada: 12.04.2016
Promulgada: 27.04.2016
Publicada: 13.05.2016

ARTÍCULO 1°.- Establécese que las boletas de obligaciones tributarias y servicios públicos que se emitan bajo la regulación e intervención del Estado Provincial deberán contener leyendas de carácter preventivo respecto de la temática de violencia en sus diferentes manifestaciones; como así también incorporar el teléfono gratuito 144 de orientación para las víctimas.

ARTÍCULO 2º.- Será autoridad de aplicación, implementación y seguimiento el organismo que designe el Poder Ejecutivo con el acompañamiento del Consejo Provincial de Prevención de la Violencia (COPREV).

ARTÍCULO 3º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia a adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10416
Sancionada: 31.03.2016
Promulgada: 15.04.2016
Publicada: 27.04.2016

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

CAPÍTULO I: OBJETO. MARCO LEGAL. PRINCIPIOS.

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. La presente ley tiene como fin establecer políticas públicas para prevenir, reconocer y abordar la conflictividad social en el ámbito escolar, instituyendo las bases para la promoción, la intervención institucional, la recopilación de experiencias sobre la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo dependiente del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones de la provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2º.- MARCO LEGAL. La presente ley se encuadra en el siguiente marco legal:
a) Ley Nacional Nº 23.849 de "Convención sobre los Derechos del Niño".
b) Ley Nacional Nº 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes".
c) Ley Nacional Nº 26.206 de Educación.
d) Ley Nacional Nº 26.892 de "Promoción de la Convivencia y el Abordaje de La Conflictividad Social en las Instituciones Educativas".
e) Constitución Provincial, Artículo 257º.
f) Ley Provincial Nº 9.890 de Educación.
g) Resolución Provincial Nº 2150/14 del Consejo General de Educación que establece el "Dispositivo para el abordaje de la conflictividad social en las instituciones Educativas", que como Anexo I forma parte de la presente ley.
h) Decreto Provincial Nº 1507/12, que suscribe al "Protocolo Interministerial e intersectorial de acciones destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia Integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar", que como Anexo II forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 3º.- PRINCIPIOS. La presente ley se regirá por los siguientes principios fundamentales y orientadores:
a) La protección integral de los niños, adolescentes y jóvenes ante cualquier proceso de toma de decisiones, así como la movilización de los recursos disponibles en los ámbitos legal, educativo, social y otros, a fin de garantizar la interrupción de la situación de violencia y lograr un mejor contexto psicosocial para ellos.
b) El respeto por los derechos humanos como orientación para la convivencia social y la integración a la vida escolar, social y comunitaria.
c) La educación en el respeto mutuo a la dignidad e intimidad de las personas, el reconocimiento de los valores, creencias e identidades culturales de todos. El respeto y la aceptación de las diferencias.
d) La escuela es un lugar de construcción e interacción de subjetividades. En los procesos pedagógicos, de socialización e inclusión, los niños, adolescentes y jóvenes son sujetos iguales como agentes de derechos, pero diferentes por sus singularidades.
e) El rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación.
f) El rol de la escuela enmarcado en la educación para la paz y la no violencia, desde un abordaje transversal. La resolución no violenta de conflictos será la metodología utilizada para el tratamiento de los problemas de convivencia, desde una perspectiva preventiva, de intervención y posventiva.
g) La promoción y fortalecimiento permanente del diálogo y la reflexión, que permitan orientar y viabilizar la toma de decisiones y actuaciones pertinentes así como el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas inclusivas.
h) El derecho a participar de diferentes ámbitos y asuntos de la vida escolar.
i) El respeto por las normas y la sanción de las transgresiones, con un encuadre que forme parte de la enseñanza socializadora de la escuela y que posibilite al alumno continuar su proceso de inclusión.
j) La contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según las perspectivas de los actores, las situaciones previas y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley.
k) La promoción de espacios de reflexión que garanticen el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas.
l) La valoración primordial del sentido formativo en la construcción de límites, al aplicar eventuales sanciones o llamados de atención.
m) El reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas, bienes de la escuela o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona o grupos responsables de esos hechos.

ARTÍCULO 4º.- OBJETIVOS: Son objetivos de la presente ley:
a) Estimular la adopción del enfoque de derechos humanos como orientación para la convivencia y la integración a la vida social y comunitaria.
b) Potenciar valores y prácticas democráticas para el ejercicio de la ciudadanía y la inclusión social.
c) Promover que las instituciones educativas expresen en cada toma de decisión y en cada una de sus prácticas el espíritu de la inclusión escolar.
d) Garantizar los derechos y deberes de niños, adolescentes y jóvenes.
e) Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia.
f) Orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico.
g) Promover la elaboración y revisión de las normas de convivencia en las instituciones educativas, con la finalidad de establecer bases para generar acuerdos de convivencia y conformar órganos de participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.
h) Establecer los lineamientos sobre las sanciones a aplicar en casos de transgresión de las normas.
i) Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y a sus equipos docentes para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia.
j) Fortalecer los lazos entre familia y escuela que propicien el trabajo conjunto para alcanzar acuerdos precisos de colaboración mutua y proyectar metas comunes entre ambas.
k) Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en los distintos departamentos y ciudades para la prevención, la intervención y la posvención ante situaciones de violencia.
l) Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas.

CAPÍTULO II: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. LINEAMIENTOS.

ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones a través del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 6º.- El Consejo General de Educación debe promover la elaboración y revisión de las normas sobre convivencia en las instituciones educativas para todos los niveles y modalidades de la enseñanza, a partir de los siguientes lineamientos:
a) Orientar las acciones de los integrantes de la comunidad educativa hacia el respeto de sí mismo y del otro, la aceptación de las diferencias, el respeto por la vida y los derechos de cada persona y la resolución no violenta de los conflictos.
b) Propiciar vínculos pluralistas que impulsen el diálogo y la interrelación en la diversidad.
c) Reconocer las competencias de las instituciones educativas para elaborar y revisar periódicamente sus propios acuerdos de convivencia garantizando la participación de la comunidad educativa, adecuándose a las características específicas de los diferentes niveles, modalidades y contextos.
d) Reconocer la facultad que tiene la escuela para disponer el abordaje transversal e institucional de la resolución pacífica de conflictos y la educación para la paz, incorporando al proyecto educativo institucional el contexto en la que la institución está inserta.
e) Impulsar modos de organización institucional que garanticen la participación de los alumnos, docentes y familias en diferentes ámbitos y asuntos de la vida institucional de la escuela, según las especificidades de cada nivel y modalidad.
f) Prever y regular la conformación y funcionamiento de órganos e instancias de participación, reflexión, diálogo y consulta en relación con la convivencia en las instituciones educativas, que resulten adecuados a la edad y madurez de los niños, adolescentes y jóvenes. Los mismos deben ser de funcionamiento permanente y deben estar representados todos los sectores de la comunidad educativa.
g) Impulsar la constitución de un sistema de sanciones formativas dentro de un proceso educativo de construcción de límites, que posibilite al niño, al adolescente o al joven, internalizarlos para asumir responsabilidades progresivamente, teniendo en cuenta la perspectiva de los derechos y deberes.
h) Promover la recopilación de experiencias sobre la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en las instituciones educativas.

ARTÍCULO 7º.- El Consejo General de Educación regulará las sanciones a ser aplicadas a los niños, adolescentes y jóvenes, en caso de transgresión, considerando el paradigma no punitivo y siguiendo las pautas que se detallan a continuación:
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al niño, adolescente o joven, asumir responsabilidades progresivamente teniendo en cuenta la perspectiva de los derechos y deberes, según las características de los diferentes niveles y modalidades.
b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión cometida.
c) Deben aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según los diferentes actores, las situaciones previas y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante las normas.
d) Deben definirse garantizando el derecho del niño, adolescente o joven, a ser escuchado y a formular su descargo.

ARTÍCULO 8º.- Queda expresamente prohibida cualquier norma o medida que atente contra el derecho a la participación de los docentes, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, en la vida educativa institucional.

ARTÍCULO 9º.- Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los niños, adolescentes o jóvenes en el sistema educativo.

CAPÍTULO III: FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES.

ARTÍCULO 10º.- El Consejo General de Educación debe:
a) Promover la educación para la paz y la no violencia.
b) Promover el desarrollo de estrategias y acciones para fortalecer a las instituciones educativas y a los equipos docentes y de supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia en las instituciones educativas.
c) Propiciar la conformación de consejos de convivencia escolar y departamental.
d) Impulsar la consolidación de espacios de orientación, reflexión y participación acerca de la conflictividad social.
e) Fortalecer a los equipos profesionales de los distintos departamentos a fin de que éstos puedan proveer el acompañamiento y la asistencia profesional, tanto individual como institucional, a los sujetos y a los grupos que encuentren situaciones de violencia en contextos escolares, de modo de atender las dimensiones sociales, educativas, vinculares y subjetivas.
f) Proponer acciones e iniciativas que afiancen una cultura democrática en las instituciones educativas.
g) Elaborar guías y resoluciones orientadoras que establezcan líneas de acción, criterios normativos y distribución de responsabilidades para los diferentes actores del sistema y las instituciones educativas, de modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia producidas en el contexto escolar.
h) Desarrollar acciones institucionales tendientes a generar condiciones que inhiban el maltrato, la discriminación, el acoso escolar o cualquier otra forma de violencia entre pares, adultos, niños, adolescentes y jóvenes.
i) Garantizar el abordaje de la conflictividad social conforme al "Dispositivo para el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas", dispuesto por la Resolución Provincial Nº 2150, articulando acciones con otros organismos gubernamentales, tendientes al cumplimiento de esta ley, con el objetivo de atender la problemática en toda su magnitud y complejidad.
j) Promover que en la cátedra de Derechos Humanos de los institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones, se incluya en sus contenidos curriculares el abordaje de la conflictividad social y la promoción de la convivencia en las instituciones educativas.

CAPÍTULO IV: ACCIONES A DESARROLLAR POR EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 11º.- El Consejo General de Educación desarrollará las siguientes acciones:
a) Acordar convenios con universidades para el desarrollo de investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas, a fin de generar y difundir información oficial, pública y confiable sobre las dimensiones y caracterizaciones de los fenómenos con especial énfasis en los aspectos pedagógicos.
b) Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las formas que adquiere la violencia en las instituciones educativa ante los nuevos modos de interacción en entornos virtuales.
c) Identificar, sistematizar y comunicar las situaciones de conflicto acaecidas en las instituciones educativas a los organismos correspondientes.
d) Identificar, sistematizar y difundir a través de los organismos correspondientes, prácticas que hayan permitido crear condiciones favorables para la convivencia, el encuentro y la comunicación en las instituciones educativas.

ARTÍCULO 12º.- El Consejo General de Educación elaborará un informe anual de carácter público en base a los resultados de las investigaciones sobre convivencia y conflictividad en las instituciones educativas y las acciones llevadas a cabo en el marco de la presente ley con el objetivo de evaluar el estado de situación para el desarrollo y orientación de las políticas educativas.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10496
Sancionada: 01.06.2017
Promulgada: 21.06.2017
Publicada: 12.07.2017

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, como ente autárquico descentralizado, el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (CO.PRE.V.). Se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 2º.- El Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (CO.PRE.V), funcionará bajo la conducción de un Presidente que será secundado por un Secretario General, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 3º.- En órbita del Consejo funcionará una mesa intersectorial como órgano honorario, con especialidad en la materia, conformada por: un representante de cada uno de los Ministerios; un representante de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo Provincial; un representante del Poder Judicial; un representante del Ministerio Público de la Defensa; un representante del Ministerio Público Fiscal; un representante por las entidades sindicales o gremiales; un representante por cada Universidad; un representante por cada Colegio de Profesionales afines y un representante por cada organización no gubernamental dedicada a la temática, quienes revistarán la calidad de consejeros. Estos consejeros desarrollarán sus tareas ad-honorem.
ARTÍCULO 4º.- En órbita del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas (CO.PRE.V.), funcionará el Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de violencia "Inés Londra" de Paraná, conforme al convenio celebrado con el Consejo Nacional de las Mujeres, ratificado mediante Decreto 3071/13 y todos aquellos de similar y análoga naturaleza que se creen en el territorio y jurisdicción provincial.(1)
ARTÍCULO 5º.- El Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las violencias (CO.PRE.V.), tendrá las siguientes funciones y facultades:
a) Desarrollar y diseñar políticas públicas de carácter institucional destinadas a promover la igualdad de género y contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación.
b) Propiciar la promoción y fortalecimiento de acciones y estrategias vinculadas a la prevención y protección integral de las violencias en todo el territorio.
c) Promover el trabajo articulado, participación, corresponsabilidad y comunicación permanente entre los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales.
d) Construir el segundo nivel de intervención, teniendo como objetivo brindar asesoramiento y la coordinación de la asistencia integral a personas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos de reparticiones públicas y privadas, en temas vinculados a la violencia y promoción de los derechos humanos de los sectores vulnerables.
e) Realizar convenios de cooperación y asistencia recíproca con organismos internacionales, Nacionales, Provinciales, Municipales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entidades gremiales, colegios de profesionales, entre otros.
f) Gestionar acciones que permitan optimizar, profundizar y avanzar en el abordaje interdisciplinario de la problemática de las violencias en todo el territorio.
g) A través de la Mesa Intersectorial, se encargará del estudio, análisis y revisión y seguimiento de las políticas públicas, protocolos, y demás dispositivos vigentes y a crearse, sus ejes temáticos, de las acciones intermedias que se desarrollen en virtud de la aplicación de los mismos.
h) Asesorar a los distintos organismos y poderes del Estado en la promoción de acciones en el ámbito de su competencia y la sanción de normas a nivel provincial en temas vinculados a la presente ley.
ARTÍCULO 6º.- En el término de tres (3) meses de su entrada en vigencia y sin perjuicio de la inmediata puesta en funcionamiento y operatividad de la presente, el Consejo propondrá al Poder Ejecutivo su reglamento de funcionamiento y organización interna conforme lo estipulado en esta ley.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, etcétera.

 

(1) El Decreto nº 3071/2013 MPlyS obra como archivo Adjunto

Contacto:
Dirección: Andrés Pazos 242 - Paraná
Teléfono: 0343-4840503 / 4840239
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ley nº 10218
Sancionada: 24.04.2013
Promulgada: 06.06.2013
Publicada: 13.06.2013

Adhesión a la Ley Nacional Nº 26811 "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional"

ARTÍCULO 1º.- Adherir a la Ley Nacional Nº 26.811 que declara el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional", con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

ARTÍCULO 2º.- Incorporar al calendario escolar provincial el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional".

ARTÍCULO 3º.- Disponer la señalización de cada uno de los lugares donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional, acompañada de una leyenda alusiva en repudio de los hechos que allí sucedieron.

ARTÍCULO 4º.- La provincia de Entre Ríos se compromete a eliminar por medio del Poder Ejecutivo todas las medidas políticas y administrativas que permitan o toleren actos de violencia institucional. El Poder Legislativo provincial se compromete a sancionar las leyes y a realizar las modificaciones legislativas para evitar cualquier tipo de detención ilegal o arbitraria. El Poder Judicial tomará las medidas que permitan el acceso irrestricto a la justicia de las víctimas de actos de violencia institucional y el cumplimiento de las garantías procesales en todas sus instancias.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, etcétera.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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