Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Ordenanza nº 9906 (1)
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1162
Publicada: 14.09.2020

CAPITULO I:
DEFINICIONES SOBRE ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD

Artículo 1°.- Declárese el desarrollo y preservación del Arbolado Urbano como estrategia prioritaria de adaptación, mitigación y resiliencia de la Ciudad de Paraná frente a las causas y efectos del cambio climático, y establécese que las políticas en la materia deberán considerar arbolado como un componente de la infraestructura de salud pública de la ciudad, y al árbol como sujeto de derechos urbanos.

CAPITULO II:
MESA DEL ARBOLADO URBANO

Artículo 2°.- Establécese un procedimiento para la elaboración participativa de un Marco Normativo Integral e Integrado para el Desarrollo y Preservación del Arbolado Urbano en el ámbito de la Ciudad de Paraná, y un esquema de monitoreo de un Plan de Implementación.
Artículo 3°.- A tales efectos, la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, dependiente de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, actuará como órgano convocante, propiciando la conformación y funcionamiento de una Mesa del Arbolado Urbano, integrada por expertos y especialistas en el tema, universidades, organizaciones no gubernamentales, representantes vecinales, sociales, sindicales y territoriales.
En esta Mesa se pondrán a consideración los aspectos que se indican a continuación de modo orientativo: Marco General, paradigmas, tendencias y definiciones, espacios verdes, áreas protegidas, árboles protegidos, definición de arbolado público, arbolado de alineación, plan de arbolado integral y zonal, especies permitidas y no permitidas en plan de arbolado, biodiversidad, vivero municipal, viveros privados, veredas y estacionamiento, identidad arbórea por zonas, corredores biológicos y de gestión de cuencas, árboles autóctonos, especies invasoras, relevamiento permanente, déficit arbóreo por zonas, incentivos económicos (relación con tasas) y zonificación, sanciones, participación ciudadana, inspectores honorarios, educación ambiental y conciencia social, abordaje en la región metropolitana, integración con los otros componentes de la infraestructura urbana, autoridad de aplicación, sistema de poda y mantenimiento, procedimiento de extracción, mesa del arbolado, y compostaje domiciliario.

CAPITULO III:
CONCLUSIONES Y PROYECTO DE NORMA

Artículo 4°.- Una vez recibidos los aportes y propuestas, el órgano facilitador dejará constancia a través de un expediente de los aportes, opiniones y propuestas recibidas, y realizará un informe, dando cuenta del cumplimiento del procedimiento, analizando los mismos, y elaborando el proyecto de norma respectivo. Tal informe, junto al proyecto de norma, se elevará al Departamento Ejecutivo, a los fines de su remisión para tratamiento del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 5°.- Comuníquese

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1162, dispone: "Facúltese a la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, para la implementación de las disposiciones de lo Ordenanza promulgada."

Ordenanza nº 9905 (1)
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1161
Publicada: 14.09.2020

Artículo 1°.- Créase el Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad, en el ámbito de la ciudad de Paraná.

CAPITULO 1
Funciones y Atribuciones del Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad

Artículo 2°.- El Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad tendrá el carácter de órgano colegiado de consulta y participación. Sus resoluciones e informes tendrán el carácter de no vinculantes. Contará con facultades para proponer acciones tendientes a mejorar y proteger derechos del colectivo, en miras a modificar circunstancias temporales y las sostenidas en el tiempo.
Artículo 3°.- Las funciones y atribuciones del Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad se ejercerán mediante dictámenes, informes, propuestas y actividades que tendrán como propósito:
a) Promover la conciencia social sobre la necesidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres, hombres y personas LGBTTTIQP+.
b) Impulsar la perspectiva de género en la implementación de políticas y acciones públicas en el ámbito de la Municipalidad.
c) Crear y consolidar un sistema de participación, que refuerce el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos proclamados en el artículo 17° de la Constitución de Entre Ríos.
d) Fomentar la cooperación entre los distintos niveles gubernamentales, asociaciones y la Sociedad Civil para la prevención y atención de la violencia contra mujeres y la promoción del ejercicio de la ciudadanía plena y derechos de mujeres y personas LGBTTTIQP+.
e) Proponer planes, programas y acciones, a desarrollar por la Municipalidad de Paraná que garanticen la igualdad de oportunidades y plena participación de las mujeres y personas LGBTTTIQP+ en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, deportivos, laborales y educativos.
f) Promover convenios, apoyo y colaboración entre el Municipio y otras instituciones con el propósito de aunar esfuerzos a favor de la atención de los derechos de las mujeres y personas LGBTTTIQP+.
g) Desarrollar toda otra actividad que promueva los derechos de las Mujeres y personas LGBTTTIQP+ en el ámbito de la ciudad de Paraná.
Artículo 4°.- Emitir opiniones y colaborar con el H.C.D. en la realización de un relevamiento, estudio y sistematización de las ordenanzas, resoluciones y decretos, relativos a la materia de mujeres, género y diversidad, existentes en el ámbito de la ciudad de Paraná. Con el objetivo de brindar recomendaciones e informes, sobre la pertinencia de su continuidad, derogación o necesidad de reforma.
Artículo 5°.- Proponer normativa local afín y participar, cuando así se lo requieran, en los proyectos de ordenanza que se relacionen con dicha temática.

CAPITULO II
Funcionamiento y conformación del Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad

Artículo 6°.- El Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad será presidido por la Presidenta Municipal o Vice Presidenta Municipal de la ciudad de Paraná. Facultad que podrá, mediante resolución, ser delegada únicamente en la titular de la Subsecretaría de Mujer y Diversidad de la Municipalidad (o la que en un futuro la reemplace), entendiéndose que ésta cuenta con la mayor especificidad en la materia.
Artículo 7°.- En la primera reunión del Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad se redactará el reglamento interno del mismo, para que comience con su adecuado funcionamiento, respetado los objetivos establecidos en la presente Ordenanza.
Artículo 8°.- Deberes y Obligaciones de la presidenta:
a) Convocar a reuniones del Consejo en Pleno, con un mínimo de tres Reuniones Plenarias en cada año calendario. Cuando exista programación surgida de reuniones anteriores, o cuando así lo considerare o le fuere requerido por cualquiera de las Comisiones Permanentes, el Departamento Ejecutivo Municipal o el Honorable Concejo Deliberante.
b) Recibir los pedidos de informe, solicitudes o asesoría, que se cursen desde el Departamento Ejecutivo Municipal o el Honorable Concejo Deliberante. Instar a su tratamiento en las comisiones.
c) Colaborar y dar recomendaciones al Departamento Ejecutivo Municipal o el Honorable Concejo Deliberante, en todo lo relativo a la materia que le es propia a este Consejo, cuando así le fuere requerido.
d) Elevar al Departamento Ejecutivo Municipal o el Honorable Concejo Deliberante las conclusiones sobre los distintos temas que se traten y resuelvan en las comisiones permanentes o en el Pleno, a través de recomendaciones, aunque estas no fueren solicitadas.
e) Conducir el proceso de creación del reglamento interno, junto con las, los y les demás integrantes del concejo.
f) Tendrá a su cargo la recepción, custodia y rendición cíe los fondos y aportes, que pudieran recibirse en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18°.
g) Homologar lo acordado, respecto a quienes integrarán cada comisión permanente y sus respectivas autoridades, las cuales se renovarán anualmente.
h) Homologar qué subcomisiones funcionarán en cada comisión permanente, previo acuerdo con cada una de sus autoridades.
i) Homologar previo acuerdo, integrantes y autoridades de las subcomisiones.
j) Establecer quién se desempeñará en la relatoría.
Artículo 9°.- El Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad estará compuesto por un mínimo de dos comisiones permanentes, una de Mujer y otra de Diversidad, las cuales serán independientes entre sí, sin perjuicio de la colaboración mutua y su funcionamiento conjunto cuando se llame al Pleno.
Artículo 10°.- El Pleno se reunirá un mínimo de tres (3) veces por año y será convocado según lo indicado en el artículo 8 Inc. a) de la presente. Las comisiones permanentes también podrán solicitar la convocatoria al pleno.
Artículo 11°.- Con acuerdo de cada comisión permanente, la presidenta del Consejo constituirá las subcomisiones de cada comisión permanente y sus autoridades, las cuales no podrán modificarse dentro del año, según lo establecido por el Artículo 8°.
Artículo 12°.- El consejo contará con una relatoría. La relatora principal será designada por la presidenta. Se nombrarán, además, relatores de apoyo, que serán elegidos dentro de los miembros de cada comisión/subcomisión.
Artículo 13°.- La relatoría tendrá como funciones:
a) Relatar y dejar asentado por escrito, lo que acontezca en el Pleno, en las comisiones permanentes y subcomisiones.
b) Confecciona los informes, pedidos, solicitudes y recomendaciones conjuntamente con la Presidencia.
c) Asiste a la presidenta en todo lo que fuere requerido por aquella.
Artículo 14°.- Formarán parte del Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad, representantes propuestos por: Universidades; Poder Judicial; Áreas Provinciales de Mujeres, Géneros y Diversidad o afines; Concejo Deliberante; Departamento Ejecutivo Municipal; Organizaciones Sindicales, Estudiantiles; Asociaciones de Mujeres; Organizaciones Vecinales, Culturales y Deportivas. La presente enumeración no es taxativa y deberá interpretarse en sentido amplio. Podrá además, participar toda otra mujer y persona LGBTTTIQP+, o varón, que se sienta comprometido con la materia y pueda aportar desde su rol.
La Cantidad de representantes, de cada una de las entidades detalladas anteriormente, serán determinadas en el reglamento interno del consejo.
Artículo 15°.- Las, los y les integrantes del Consejo desempeñarán ad-honorem sus funciones.
Artículo 16°.- El D.E.M. o los integrantes del H.C.D. podrán solicitar informes y cursar pedidos al Consejo sobre las temáticas afines. El cual deberá darles curso y tratarlos.
Artículo 17°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá instar a la conformación del "Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad", dentro de los treinta días (30) de publicada la presente ordenanza. Para la conformación de los años subsiguientes, se establece que antes del primero (1) de marzo de cada año, deberá solicitar la nueva conformación del mismo, mediante decreto.
Artículo 18°.- El Consejo podrá solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal aportes de recursos para garantizar su mínimo funcionamiento.
Artículo 19°.- Deróganse las Ordenanzas n° 9478 y n° 9620.(2)
Artículo 20°.- Comuníquese.-

 


(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1161/2020, dispone: "Facúltese a la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria para la implementación de las disposiciones de la Ordenanza promulgada."

(2) Las normas derogadas obran en este digesto Municipal.

Ordenanza nº 9898
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1154
Publicada: 14.09.2020

Artículo 1°.- Instituir el 21 de mayo como el "Día de los/as Afroentrerrianos/as y la Cultura Afrolitoraleña" en la ciudad de Paraná.
Artículo 2°.- Incorporar, anualmente, el día 21 de mayo como "Día de los/as afroentrerrianos/as y la Cultura Afrolitoraleña" a la Agenda Municipal de la ciudad de Paraná.
Artículo 3º.- Encomendar a la Municipalidad de la ciudad de Paraná, a través del área que corresponda, la concreción de políticas públicas que visibilicen y apoyen la cultura afroentrerriana y afrolitoraleña, en sus distintas manifestaciones.
Artículo 4º.- Comuníquese.-

Ordenanza nº 9897 (2)
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1153
Publicada: 14.09.2020

Artículo 1°.- Extiéndase hasta el 30 de Junio de 2020 el plazo para el acogimiento al Régimen Especial de Regularización Fiscal instaurado mediante Ordenanza nº 9892.(1)
Artículo 2°.- Amplíese el alcance del Régimen Especial de Regularización Fiscal instaurado mediante Ordenanza N°9892 resultando alcanzadas las deudas de las tributos municipales Tasa General Inmobiliaria, Tasa por Servicios Sanitarios, Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, Fondo Municipal de promoción de la Comunidad y Turismo, Tasa Solidaria de Contribución para Obras Públicas, Contribución por Mejoras, Derecho de Ocupación de la Vía Pública y Derecho de Publicidad, administrados por la Administración Fiscal Municipal, cuyos vencimientos hubieren operado hasta el día 30/04/2020, incluyendo sus intereses y multas, de conformidad a lo dispuesto en el citado régimen.
Artículo 3°.- Modifíquese el Artículo 5° de la Ordenanza nº 9892 quedando redactado de la siguiente manera:
"Artículo 5°.- REQUISITO. Dispónese que para acceder al presente Régimen, los contribuyentes y/o responsables deberán regularizar mediante el mismo la totalidad de la deuda por obligaciones fiscales no prescriptas de todos los tributos que registren, incluida aquella que se encuentre en gestión de cobro administrativa como así también judicial, excepto aquella por la que se hubiere formulado denuncia penal o que se encuentre incluida o vinculada a procesos penales."
Artículo 4°.- Facúltase a la Administración Fiscal Municipal a prorrogar el plazo previsto en el artículo 1° por un término máximo de Noventa (90) días.
Artículo 5º.- Comuníquese.

 

(1) Ver Texto Completo de la Ordenanza nº 9892, en este Digesto Municipal.

(2) Por artículo 2° del Decreto nº 1153/2020, dispone: "Facúltese a la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, para la instrumentación de las disposiciones de la Ordenanza promulgada."

Resolución 196/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Fecha: 03.09.2020
Publicación: 08.09.2020
RESOL-2020-196-APN-MTR

VISTO el Expediente N° EX-2020-04656328- -APN-SECGT#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), N° 27.467 y N° 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 25 de mayo de 2020, N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 677 de fecha 16 de agosto de 2020 y N° 714 de fecha 30 de agosto de 2020, los Decretos N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009, N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017, N° 4 de fecha 2 de enero de 2020 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similares Decretos N° 335 de fecha 4 de abril de 2020 y N° 532 de fecha 9 de junio de 2020, las Resoluciones N° 23 de fecha 23 de julio de 2003, N° 337 de fecha 21 de mayo de 2004 y N° 106 de fecha 27 de mayo de 2010 todas ellas de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y N° 231 de fecha 18 de abril de 2017, N° 14 de fecha 23 de enero de 2020, N° 50 de fecha 6 de marzo de 2020 y N° 87 de fecha 8 de abril de 2020 todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de las medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, con arreglo a lo establecido en el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la mentada ley.

Que en el marco de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 125 de Ley N° 27.467 de Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2019, la cual fue prorrogada por el Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, se dictó la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE por la cual se dispuso, entre otras cuestiones, transferir las acreencias del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país creado por el artículo 125 de Ley N° 27.467, al Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, en los términos del inciso e) del artículo 20 de dicho decreto, con el fin único de compensar los desequilibrios financieros que pudieran suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por aplicación del artículo 115 de la Ley N° 27.467.

Que en razón de lo establecido por el artículo 5° de la citada Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se procedió a la suscripción de los convenios entre el ESTADO NACIONAL y las distintas jurisdicciones provinciales (en adelante, los "Primeros Convenios"), a fin que estas últimas accedan a las acreencias del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467, detalladas en los artículos 2° y 3° de la mentada resolución.

Que, a los efectos del contralor de los fondos erogados por el ESTADO NACIONAL, mediante el inciso d) del artículo 8° de la Resolución N° 14/20 con las modificaciones establecidas por la Resolución N° 50 de fecha 6 de marzo de 2020 ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE se estableció que las jurisdicciones suscribientes remitirán la información relativa al destino de dichos montos que les sea requerida con el objeto de mantener el derecho a percibir las correspondientes acreencias, conforme el PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN, obrante como ANEXO V de la mentada norma.

Que, asimismo, el artículo 10 de la Resolución N° 14/20 modificado por el artículo 2° de la citada Resolución N° 50/20, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, estableció que en caso de que se presentasen situaciones extraordinarias en las que se verificase la existencia de un desequilibrio financiero en el sistema de transporte, las jurisdicciones provinciales y municipales podrán solicitar una asistencia excepcional, siendo ésta analizada por la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR y, de corresponder, hacerse lugar al pedido formulado, indicando que los fondos que se asignen en virtud de lo dispuesto en dicho artículo deben ser rendidos conforme lo expuesto en su ANEXO V de la citada medida.

Que, a tal efecto, por el mencionado ANEXO V, modificado por las Resoluciones N° 50/20 y N° 87 de fecha 8 de abril de 2020 ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se estableció un procedimiento y un modelo de Declaración Jurada a fin que las jurisdicciones beneficiarias efectúen las rendiciones de las acreencias percibidas en virtud de la Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, como condición para mantener el carácter de beneficiarias.

Que por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, con causa en la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

Que, posteriormente, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para todas las personas que habitan en la REPÚBLICA ARGENTINA o que estén en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de mayo de 2020, N° 520 de fecha 7 de junio de 2020, N° 576 de fecha 29 de junio de 2020, Nº 605 de fecha 18 de julio de 2020, Nº 641 de fecha 2 de agosto de 2020, Nº 677 de fecha 16 de agosto de 2020 y 714 de fecha 30 de agosto de 2020, hasta el 20 de septiembre de 2020 inclusive.

Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del Coronavirus (COVID-19) producido en la REPÚBLICA ARGENTINA, en atención a las particulares realidades demográficas y la dinámica de transmisión, así como también por las medidas adoptadas a nivel Nacional, Provincial, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y Municipal para contener la expansión del virus, y específicamente a su diversidad geográfica, socio- económica y demográfica, ha motivado el dictado de los decretos mencionados precedentemente.

Que, en ese marco, el citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/20 en su artículo 9° enumeró las "ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO", en los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del mentado decreto, entre las que se encuentra el "Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del presente" y el "Turismo"; ello conforme surge de los incisos 5° y 6° de dicho artículo, respectivamente.

Que, asimismo, el artículo 18 del aludido Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714/20 estableció las "ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO", en todos los lugares alcanzados por el artículo 10 del referido decreto, detallando en el inciso 4° al "Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 23 de este decreto" y en el inciso 6° al "Turismo", entre otras actividades.

Que, por otro lado, los artículos 13 y 16 in fine del referido Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/20 impusieron restricciones al uso del servicio público de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional para aquellas personas afectadas a las actividades y servicios y que se encuentran exceptuadas del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", lo que ha implicado una significativa merma en su uso.

Que, oportunamente, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2020-36004601-APN-DNTAP#MTR de fecha 3 de junio de 2020 expuso que el marco coyuntural de la pandemia ha afectado profundamente a toda la cadena de valor vinculada a las empresas que operan como permisionarias del sistema de transporte público por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano del interior del país.

Que, asimismo, la citada DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS expresó en el Informe precitado y en su complementario N° IF-2020-37544621-APN-DNTAP#MTR de fecha 10 de junio de 2020 que habiéndose ejecutado las acreencias establecidas en el artículo 125 de la Ley N° 27.467, la cual fuera prorrogada por el Decreto N° 4/20, correspondientes al Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, pero subsistiendo las razones que lo motivaron, a las que deben adicionarse las nuevas necesidades surgidas de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria con causa en la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19) establecida por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, debería considerarse la reactivación del Fondo de Compensación creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467, con el objeto de atender las contingencias precitadas.

Que, en virtud de la referida propuesta, la cual fuera acompañada por la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante las Providencias N° PV-2020-37544992-APN-SSTA#MTR de fecha 10 de junio de 2020 y N° PV-2020-37578587-APN-SSTA#MTR de fecha 11 de junio de 2020, por la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante las Providencias N° PV-2020-37545526-APN-SECGT#MTR de fecha 10 de junio de 2020 y N° PV-2020-37722718-APN-SECGT#MTR de fecha 11 de junio de 2020 y por la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante la Nota N° NO-2020-37788481-APN-SAI#MTR de fecha 11 de junio de 2020, se dictó la Resolución N° 140 de fecha 16 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE por la que se propició, entre otras cuestiones, la suscripción de convenios con las distintas jurisdicciones del interior del país, a fin de continuar asistiendo a los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, con el fin de coadyuvar a su sostenibilidad (en adelante, los "Segundos Convenios").

Que, posteriormente, por el artículo 4° de la Ley N° 27.561 se creó el Fondo COVID de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país (en adelante, "Fondo COVID-19") y se asignó al mismo la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 10.500.000.000) para ser transferida a las provincias y municipios conforme los criterios de distribución que el MINISTERIO DE TRANSPORTE establezca en la normativa reglamentaria del mismo, debiendo en consecuencia asumir las provincias la integración de una parte de la compensación allí establecida, comprometiéndose conjuntamente con las empresas de transporte a la adhesión e implementación del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE), creado a través del Decreto N° 84 de fecha 4 de febrero de 2009.

Que tomó nueva intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2020-56059286-APN-DNTAP#MTR de fecha 25 de agosto de 2020, en el que expuso que en atención a la modificación normativa efectuada por la Ley N° 27.561, y teniendo en cuenta que esta norma reactiva la posibilidad de brindar asistencia a los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano del interior del país, en términos diferentes a los aprobados en la Resolución N° 140/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, correspondería derogar la precitada resolución y proceder a dictar la normativa reglamentaria que el artículo 4° de la Ley N° 27.561 encomienda a este Ministerio.

Que, en ese orden, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS propuso como criterio de distribución de las acreencias a liquidar en el marco del Fondo COVID-19, "mantener los coeficientes aprobados a diciembre de 2018, a los que se adicionaría para cada jurisdicción PESOS ($20) por cada litro de gasoil consumido en sus respectivos sistemas de transporte, más una suma de hasta PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS ($14.700.-) por cada empleado en relación de dependencia afectado a la prestación del servicio (agente computable), incorporando también una suma representativa del promedio de los importes percibidos en 2019 en concepto del atributo social y/o el grupo de afinidad conforme lo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, con las modificaciones del artículo 1° de la Resolución N° 521 de fecha 15 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, cuyo pago no resultó procedente en virtud de la considerable merma en el uso del servicio, producida por las restricciones a la circulación impuestas por el ESTADO NACIONAL como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 y contemplar tanto aquellos casos que fueron analizados por aplicación del artículo 10 de la Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE como aquellos que correspondan a empresas de transporte público urbano y suburbano que habían cumplido en su oportunidad los recaudos previstos en el artículo 2º bis del Anexo IV de la Resolución Nº 337 de fecha 21 de mayo de 2004 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, incorporado por el Artículo 3º de la Resolución N° 106 de fecha 27 de mayo de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y posteriormente modificado por el artículo 1° de la Resolución N° 231 de fecha 18 de abril de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE para la recategorización de los servicios".

Que, atendiendo al disímil impacto de la pandemia en las diferentes jurisdicciones del interior del país, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS señaló que correspondería que se establezca un mecanismo para que las mismas puedan solicitar al ESTADO NACIONAL anticipos financieros a cuenta de las compensaciones tarifarias a recibir durante el mes inmediato posterior, dentro del presente ejercicio fiscal, con el objeto de atender las necesidades de sus sistemas de transporte automotor público urbano y suburbano de pasajeros, debiendo estos anticipos ser atendidos con los fondos que les correspondiesen percibir en virtud del Fondo COVID-19 a la jurisdicción solicitante, en el mes inmediato posterior al desembolso y hasta un máximo de afectación del TREINTA POR CIENTO (30%).

Que, por otro lado, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS propuso que se establezca un procedimiento para registrar las modificaciones, caducidades y transferencias en los permisos, y líneas nuevas, que se produjeron en las jurisdicciones con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y para analizar las situaciones no contempladas en la Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, que pusieron de manifiesto las Provincias en diferentes presentaciones, con el objeto de proveer un mejor orden administrativo y de optimizar la distribución de las acreencias erogadas por el ESTADO NACIONAL.

Que, en ese marco, la mentada Dirección Nacional indicó que, conjuntamente con la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de esta Cartera ministerial, solicitó a las jurisdicciones beneficiarias la remisión de la información relativa a los actuales prestadores de los servicios sometidos a su competencia territorial, incluyendo copia de los actos administrativos por los que se hubiesen otorgado los permisos vigentes, como así también, la nómina del personal y cuadros tarifarios actualizados de sus servicios.

Que, a su vez, la citada dependencia señaló que, a fin de complementar estos datos y dado lo previsto en el artículo 8° de la Resolución N° 50/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante la Nota N° NO-2020-18263759-APN-SSTA#MTR de fecha 20 de marzo de 2020 solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la información que obra en sus registros a diciembre de 2018, respecto del parque móvil, servicios, ramales y/o líneas afectadas a la prestación de los servicios públicos de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del país, requiriéndose, asimismo, la nómina de personal de tales empresas.

Que, paralelamente, en materia de nuevos servicios públicos que estableciesen las jurisdicciones se consideró que las mismas no podrán acrecer en materia de kilómetros, personal y parque móvil afectados a los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos de su ejido territorial, respecto de los datos históricos registrados en la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE (CNRT) y en el Sistema Informático de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS); a fin de no generar distorsiones en los coeficientes de distribución y de respetar los topes máximos establecidos en la Resolución N° 422 de fecha 21 de septiembre de 2012 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, debiendo las jurisdicciones involucradas tomar a su cargo las compensaciones resultantes de aquellas diferencias que se produjesen en virtud de modificaciones operativas que las mismas hayan autorizado a las empresas operadoras de los servicios aludidos; ello de acuerdo a lo indicado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE de esta Ministerio mediante el Informe N° IF-2020-56059286-APN-DNTAP#MTR de fecha 25 de agosto de 2020.

Que, asimismo, tomó intervención la referida SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante la Providencia N° PV-2020-56115881-APN-SSTA#MTR de fecha 25 de agosto de 2020 en la que propició la actualización del procedimiento que deberán observar las jurisdicciones para mantener el carácter de beneficiarios de las acreencias que se generen por aplicación de la presente resolución, entre los que se destacan la suscripción de una Adenda al último Convenio con el ESTADO NACIONAL, en la que se prevea el mantenimiento de la tarifa vigente al momento de la suscripción de la misma y de la preservación del esquema de pagos efectuados por las jurisdicciones, representativos de como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las compensaciones abonadas por el ESTADO NACIONAL, tanto a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), como de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), como asimismo en concepto de gasoil a precio diferencial, durante el período anual 2018.

Que, por otro lado, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR propuso que las rendiciones mensuales de las acreencias que se transfieran en virtud de la compensación propiciada, puedan presentarse a través del módulo Trámite a Distancia (TAD) ubicado dentro de la página de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), de acuerdo al procedimiento previsto en los Anexos V y V.a de la Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que, paralelamente, a fin de dotar al ESTADO NACIONAL de mayores elementos para la transparencia y trazabilidad de las compensaciones erogadas y a los efectos de colectar información para el futuro diseño de políticas públicas aplicables al transporte público del interior del país, resulta necesario instruir a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para que proceda a requerir a todas las jurisdicciones Provinciales y Municipales que perciban las acreencias derivadas de la compensación propuesta como requisito a los fines de poder continuar percibiendo compensaciones, la información relativa a los permisos de explotación de los servicios públicos que se prestan, los kilómetros recorridos, la composición y cantidad de su parque móvil y el detalle del personal afectado a los mismos, como así también todo otro dato que considere relevante para analizar el sector; ello de acuerdo a la indicado por la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE mediante la Providencia PV-2020-56115881-APN-SSTA#MTR.

Que, por último, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR señaló que a los fines de coadyuvar a la sostenibilidad de los servicios públicos del interior del país, corresponde que las jurisdicciones se comprometan a transferir a cada una de las empresas de su jurisdicción y de los Municipios de cada Provincia, sea que los mismos se encuentren o no incluidos en la compensación por Atributo Social establecida por la Resolución N° 651 de fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificada por la Resolución N° 521 de fecha 15 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de como mínimo un monto igual CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la participación de cada uno de ellos respecto de la suma de acreencias liquidadas por el ESTADO NACIONAL durante el período anual 2018, a través del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), y de los montos en pesos representativos de los cupos asignados en el marco del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial, de acuerdo al procedimiento establecido por la Resolución N° 23/03 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, sus normas concordantes y complementarias.

Que tomó intervención la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante la Providencia N° PV-2020-58214358-APN-DGSAF#MTR de fecha 2 de septiembre de 2020 en la que informó que esta Cartera Ministerial cuenta con crédito suficiente para afrontar el gasto que demande el trámite en cuestión.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCÍON DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), el artículo 4° de la Ley N° 27.561 y los Decretos N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1344 del 4 de octubre de 2007 y N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008 modificado por su similar N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.

Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reglaméntase el FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR DEL PAÍS (Fondo COVID-19) creado por el artículo 4° de la Ley N° 27.561 a fin de asistir a las Provincias y por su intermedio a las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de carácter provincial y municipal de cada Jurisdicción, en cumplimiento de los acuerdos suscriptos entre las Provincias y el MINISTERIO DE TRANSPORTE y los que se suscriban en el futuro, hasta un monto de afectación de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 10.500.000.000.-).

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente resolución, los siguientes términos se definen según el significado determinado a continuación:
1. Por "Fondo COVID-19" se entiende al FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR DEL PAÍS, creado por el artículo 4° de la Ley N° 27.561.
2. Por "Adendas" se significan los acuerdos que suscriban las Provincias y el MINISTERIO DE TRANSPORTE que integran a los Segundos Convenios en el marco de Fondo COVID-19 según el artículo 4° de la presente resolución y se complementan con el compromiso de adhesión e implementación del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE).
3. Por "Primeros Convenios" se significan los acuerdos suscriptos durante los meses de enero y febrero entre las Provincias y el MINISTERIO DE TRANSPORTE, a los efectos de las compensaciones tarifarias con destino a los servicios públicos urbanos y suburbanos de sus respectivas jurisdicciones.
4. Por "Segundos Convenios" se significan los suscriptos durante los meses de junio y julio, a los efectos de asistir a las provincias y, mediante éstas, a sus municipios, en materia de transporte público por automotor urbano y suburbano de pasajeros de sus respectivos ejidos territoriales, que están vigentes a la fecha de emisión de la presente norma.
ARTÍCULO 3°.- Transfiérase al Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, en los términos del inciso e) del artículo 20 de dicho decreto, la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 6.500.000.000.-) destinada a compensar al transporte público automotor urbano y suburbano que se desarrolla en los ejidos territoriales de las Provincias y Municipios.
Esta compensación se distribuirá conforme se detalla en el ANEXO I (IF-2020-37715091-APN-SSTA#MTR) que integra la presente resolución, en concordancia con los Segundos Convenios suscriptos entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y las Provincias.
El remanente entre el monto consignado en el primer párrafo y el referido en el artículo 1° de la presente resolución será aplicado a futuras compensaciones al transporte público urbano y suburbano del interior del país, a devengarse durante el año en curso.

ARTÍCULO 4°.- Las Provincias que hayan suscripto un Segundo Convenio serán beneficiarias de las compensaciones establecidas por el artículo 3° de la presente resolución, mediante la suscripción de la Adenda correspondiente, a los fines de transferir las acreencias que se les asignen en virtud del Fondo COVID-19, de conformidad al modelo aprobado en el ANEXO II (IF-2020-58670121-APN-SSTA#MTR) que forma parte integrante de la presente medida.
A tal fin, la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en forma indistinta, suscribirán las Adendas, donde además informarán la vigencia de las Cuentas Especiales abiertas por ellas en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, denunciando las modificaciones que correspondiesen. Estas cuentas tendrán como único objeto la transferencia por parte del ESTADO NACIONAL de las acreencias liquidadas en el marco de la presente resolución.
Las acreencias liquidadas como consecuencia de la aplicación del artículo 3° de la presente resolución serán transferidas a la Jurisdicción Provincial beneficiaria, a fin de que ésta transfiera los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales, salvo manifestación en contrario, efectuada por medio fehaciente por la Jurisdicción Municipal.

ARTÍCULO 5°.- Las jurisdicciones beneficiarias del Fondo COVID-19 deberán continuar transfiriendo a cada una de las empresas de su jurisdicción y de sus Municipios o, en su caso, a la Jurisdicción Municipal que así se lo haya requerido por medio fehaciente, como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la participación de cada una de tales jurisdicciones respecto de las acreencias liquidadas por el ESTADO NACIONAL durante el período anual 2018, a través del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), y de los montos en pesos representativos de los cupos asignados en el marco del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Resolución N° 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, sus normas concordantes y complementarias, de conformidad con el ANEXO III (IF-2020-37715069-APN-SSTA#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Apruébanse los procedimientos para atender a las novedades acaecidas en los servicios públicos de transporte automotor de las jurisdicciones beneficiarias contenidos en los ANEXOS IV (IF-2020-58670104-APN-SSTA#MTR), IV.a (IF-2020-37715049-APN-SSTA#MTR) y IV.b (IF-2020-58669946-APN-SSTA#MTR) que forman parte integrante de la presente resolución, de acuerdo con el siguiente detalle:
a. las bajas de empresas y/o servicios, ramales, líneas, frecuencias, más las modificaciones producidas por caducidades, transferencias y/o cesiones de los permisos para la prestación de servicios públicos provinciales y municipales serán tenidas en cuenta para calcular y efectuar las retenciones y recobros que correspondan como consecuencia de las modificaciones producidas en los servicios que se informen con posterioridad a la transferencia de las acreencias respectivas, y
b. las novedades de personal, que deberán ser informadas en base al modelo del Anexo X de la Resolución N° 33 de fecha 2 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se considerarán a los fines de evaluar el grado y nivel de la transferencia de los servicios denunciados en el punto a), con el objeto de mesurar las compensaciones que correspondan en su consecuencia. Deberá adjuntarse a esta declaración el Formulario 931 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) de la/s empresa/s correspondiente/s y la presentación que del mismo se realice deberá ser acompañada de un dictamen con firma de contador público, certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.
Las presentaciones de las novedades sobre personal deberán declararse hasta el día 20 de septiembre de 2020 tomando como mes de referencia para la carga el del mes de marzo de 2020, siguiendo el concepto contable del devengado.
Con posterioridad a esta presentación y para los casos de futuras novedades de altas y bajas de personal producidas en cada mes calendario deberán ser comunicadas dentro de los TREINTA (30) días corridos de acaecidas como condición para continuar percibiendo las compensaciones determinadas en el artículo 3° de la presente medida. Estas novedades serán asentadas en el Sistema Informático de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS) de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE y seguirán, en lo pertinente, los procedimientos y plazos establecidos en el ANEXO IV de la presente resolución
Una vez cumplidos los recaudos previstos en los ANEXOS IV, IV.a y IV.b, la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS analizará la documentación presentada y, de corresponder, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, comunicará las novedades para ser incluidas en la base de datos del Sistema Informático de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS). En los casos que procedan los cambios la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR propiciará y/o suscribirá las Adendas necesarias para un mejor orden administrativo.

ARTÍCULO 7°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE a efectuar la publicación de los montos transferidos como consecuencia de la aplicación de la presente medida a cada una de las jurisdicciones beneficiarias en el sitio web del MINISTERIO DE TRANSPORTE, detallando el monto correspondiente a las empresas de cada jurisdicción en cada caso.

ARTÍCULO 8°.- Establécese que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, a través de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, determinará una compensación por parque y personal a abonar a las empresas de transporte suburbano que percibían cupo gasoil a precio diferencial hasta el año 2018, tomando a tales fines como referencia los datos obrantes en los registros de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE (CNRT).
Para acceder a dicha compensación, las jurisdicciones deberán haber cumplido con anterioridad a diciembre de 2018 los recaudos para la recategorización de los servicios aludidos en el artículo 2º bis del Anexo IV de la Resolución Nº 337 de fecha 21 de mayo de 2004 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con las modificaciones del artículo 1° de la Resolución N° 231 de fecha 18 de abril de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. A tales efectos será excluyente que cada jurisdicción hubiese emitido el acto administrativo de recategorización de los servicios y parque con anterioridad a la fecha consignada en el párrafo precedente y deberá efectuar la presentación formal a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) (https://tramitesadistancia.gob.ar/), dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la publicación de la presente resolución y adelantarse por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
En caso que corresponda efectuar las inclusiones solicitadas, la máxima autoridad en materia de transporte de las jurisdicciones solicitantes deberá suscribir una adenda al Convenio vigente con el ESTADO NACIONAL, de manera complementaria a la Adenda suscripta en virtud del artículo 4º de la presente resolución.

ARTÍCULO 9°.- La rendición de las acreencias percibidas por las jurisdicciones, en virtud de la aplicación de las compensaciones establecidas por el artículo 3° de la presente medida, se realizará a través del procedimiento establecido en el Anexo V de la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias.
La presentación de las rendiciones se efectuará a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) (https://tramitesadistancia.gob.ar/), de acuerdo con el procedimiento previsto por la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con copia al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

ARTÍCULO 10.- Establécese que, a los fines de acceder y mantener el derecho a la percepción de las compensaciones conforme al procedimiento de distribución establecido en la presente resolución, las jurisdicciones Provinciales deberán observar las siguientes condiciones:
a. Informar la vigencia de las Cuentas Especiales abiertas por ellas en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, denunciando las modificaciones que correspondiesen, la cual tendrá como único objeto la transferencia por parte del ESTADO NACIONAL de las acreencias liquidadas en el marco de la presente resolución.
b. Suscribir y dar cabal cumplimiento a cada uno de los términos establecidos en el Segundo Convenio y su Adenda según el artículo 4º de la presente medida.
c. La condición de beneficiario del Estado Provincial de que se trate continuará a partir de la firma de la Adenda, la cual la habilitará para percibir las acreencias que se disponen por el artículo 3º de la presente medida.
d. Los Estados Provinciales deberán transferir durante cada período mensual a cada una de las empresas de su jurisdicción o a sus Municipios -que así se lo hayan requerido por medio fehaciente-, como mínimo, un monto equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la participación de cada una de tales jurisdicciones respecto de las acreencias liquidadas por el ESTADO NACIONAL durante el período anual 2018, a través del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), y de los montos en pesos representativos de los cupos asignados en el marco del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial, de acuerdo al procedimiento establecido por la Resolución N° 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, sus normas concordantes y complementarias, de conformidad con lo establecido en el ANEXO III de la presente medida.
e. Los Estados provinciales y municipales deberán suscribir, conjuntamente con las empresas de transporte bajo sus jurisdicciones, un compromiso de adhesión e implementación del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (SUBE), el que será anexado a las Adendas, como así también aprobar durante el presente año calendario las normas y actos administrativos necesarios para su instrumentación.
f. Los Estados Provinciales deberán proceder mensualmente a la presentación de la rendición de los fondos percibidos por el ESTADO NACIONAL, de acuerdo con lo prescripto en el Anexo V de la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias, conforme lo estipulado por el artículo 7° de la presente medida.
En el supuesto de omitirse esta presentación o de que presente inconsistencias, se procederá a la suspensión preventiva del beneficio, comunicándose a la jurisdicción afectada los recaudos que deberá cumplir para el restablecimiento del mismo, reteniéndose dichos fondos hasta tanto la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS resuelva su liberación, en base a la información remitida por la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR.
En caso de que se verificase la necesidad de redistribuir los fondos transferidos desde el ESTADO NACIONAL entre las distintas operadoras continuadoras del o de los servicios por haberse transferido, sustituido o caducado servicios públicos de transporte por automotor en las jurisdicciones beneficiarias, la jurisdicción deberá documentar y justificar esta situación conforme el ANEXO IV de la presente resolución quedando facultada la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR para dirimir las discrepancias que eventualmente se presentasen.
g. Las novedades deberán declararse conforme el procedimiento del ANEXO V de la Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. En estos últimos supuestos la jurisdicción Provincial deberá propiciar la modificación correspondiente del acuerdo integrado por la Adenda.
h. Las jurisdicciones beneficiarias deberán mantener las tarifas correspondientes a sus servicios públicos urbanos y suburbanos de pasajeros que estuvieran vigentes al momento de la suscripción del Segundo Convenio e invitar a los municipios de su ejido territorial a adherir a la referida política tarifaria durante su vigencia.

ARTÍCULO 11.- Establécese que los beneficiarios podrán solicitar las revisiones que estimen correspondientes sobre cualquier aspecto relativo a la liquidación efectuada a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos desde la finalización del período mensual de devengamiento de los fondos a distribuir conforme el artículo 3° de la presente resolución. En caso de corresponder, la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE procederá a elaborar una liquidación rectificativa.

ARTÍCULO 12.- Las provincias y/o municipios alcanzados por el beneficio del Fondo COVID-19 deberán remitir la información referente a las empresas prestadoras de servicios públicos de transporte urbanos y suburbanos de pasajeros por automotor del interior del país de sus correspondientes ejidos territoriales a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.
La información correspondiente a los Municipios deberá ser certificada por las Autoridades de la Provincia correspondiente y será remitida mediante la plataforma web que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE pondrá a disposición, a través de los formatos y procedimientos que se establezcan y en el plazo que dicha plataforma indique. La COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE notificará mediante Circulares, los plazos y modos para presentar la información referida a cada uno de los siguientes aspectos:
1. Totalidad de Operadores de Servicio Público de cada jurisdicción.
2. Parque móvil habilitado.
3. Actos administrativos de autorización donde se detallen los servicios descriptos en el punto 1).
4. Kilometraje mensual real recorrido sobre las trazas autorizadas (los que deberán surgir de sistemas de conteo electrónico siempre basados en sistemas de seguimiento vehicular mediante el uso de un módulo de posicionamiento global -GPS con su correspondiente documentación de respaldo que incluirá los recorridos georreferenciados.
5. Revisiones técnicas obligatorias.
Dicha información deberá mantenerse permanentemente actualizada por las jurisdicciones beneficiarias, que deberán comunicar cualquier novedad de caducidad, baja, transferencia y/o cesión de empresas, líneas o servicios dentro de los TREINTA (30) días corridos de ocurrido el hecho, no reconociéndose beneficios por ninguna modificación en forma retroactiva. La falta de información dentro de los plazos establecidos dará lugar a la retención del total de las compensaciones a la empresa incumplidora y a la provincia subsidiariamente, si hubiere períodos anteriores que recobrar.
La información remitida por las jurisdicciones en relación a los párrafos precedentes en caso de superar los topes establecidos por los incisos a) y b) del artículo 7º de la Resolución Nº 422/12 del ex MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE no implicará incremento alguno en las compensaciones determinadas en virtud de la presente resolución y será de aplicación como información estadística de validación y control, y para la toma de decisiones futuras del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 13.- La COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, dictará los actos administrativos necesarios para determinar y publicar a través de su sitio web los métodos de auditoría a aplicarse para el control de los servicios públicos alcanzados por la presente resolución, en función de las tecnologías disponibles en cada caso, pudiendo efectuar auditorías de escritorio a partir de la información remitida por las jurisdicciones a fin de verificar que los kilómetros recorridos informados sean realizados y que estos se correspondan con las trazas autorizadas y declaradas. Para ello, solicitará toda la información adicional de respaldo necesaria a las jurisdicciones beneficiarias y/o a sus empresas.
Las observaciones o penalizaciones que se deriven de los análisis efectuados serán puestas en conocimiento de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE mensualmente, a través de un informe que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE elevará con las novedades detectadas.

ARTÍCULO 14.- Establécese que las jurisdicciones que suscriban las Adendas podrán solicitar anticipos financieros de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del total de las acreencias mensuales que se les asigna por el ANEXO I de la presente medida para atender al pago de salarios del personal y/o a la compra de gasoil. Para acceder al pago de este anticipo, las jurisdicciones beneficiarias deberán presentar una declaración jurada en la que se preste la conformidad lisa y llana al recobro de las sumas adelantada conjuntamente con su solicitud.
Otorgados los anticipos aludidos, los montos que se hubiesen adelantado serán descontados de las acreencias a transferir a la jurisdicción beneficiaria en el mes inmediato posterior a su desembolso.

ARTÍCULO 15.- Derógase la Resolución N° 140 de fecha 16 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Sin perjuicio de ello, los actos de ejecución realizados en su consecuencia quedan confirmados y convalidados por la presente medida. Asimismo, las transferencias que se hubieren efectuado en dicho marco normativo, deberán ser imputadas al FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR DEL PAIS. Los Segundos Convenios y sus actos de ejecución integrarán el acuerdo de las Adendas previstas en el artículo 4° de la presente resolución.

ARTÍCULO 16.- Los actos de ejecución de los Segundos Convenios serán computados a cuenta de las que le corresponda percibir a las jurisdicciones en cuestión como beneficiarias del Fondo COVID-19.

ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 3° del Anexo V de la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por el siguiente:

"ARTÍCULO 3°.- La declaración jurada contenida en el ANEXO V.a, la totalidad de la documentación allí solicitada y la indicada en el artículo precedente, si correspondiese, deberán ser presentadas a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) https://tramitesadistancia.gob.ar/, de acuerdo con el procedimiento que determine la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.
Asimismo, toda la documentación precitada deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.."

ARTÍCULO 18.- El gasto que demande la implementación de la presente resolución se imputará a la Jurisdicción 57, SAF 327 - MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la partida presupuestaria 5.5.4, correspondiente al ejercicio 2020.

ARTÍCULO 19.- Notifíquese a las Provincias de BUENOS AIRES, CATAMARCA, CHACO, CHUBUT, CÓRDOBA, CORRIENTES, ENTRE RÍOS, FORMOSA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, MENDOZA, MISIONES, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SALTA, SAN LUIS, SAN JUAN, SANTA CRUZ, SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO, TIERRA DEL FUEGO y TUCUMÁN.

ARTÍCULO 20.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII, AnexoIII, AnexoIV, AnexoV, AnexoVI)

Decreto nº 716/2020
Fecha: 02.09.2020
Publicado: 03.09.2020
DCTO-2020-716-APN-PTE - Disposiciones.

VISTO el Expediente N° EX-2020-31066977-APN-DGD#MPYT, el Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y sus modificatorios se creó el "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario" con el objetivo de financiar obras de infraestructura intra y extramuros en Parques Industriales Públicos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI).

Que, con el objeto de continuar profundizando la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las economías regionales, resulta conveniente reemplazar el programa mencionado precedentemente para incentivar el ordenamiento territorial, la planificación productiva local, maximizar la integración dentro de un determinado ámbito espacial, atraer inversiones nacionales y extranjeras, aumentar las oportunidades de generación de empleo y garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas.

Que, en consecuencia, resulta oportuno ampliar el universo de Parques Industriales Registrados y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para la gestión de proyectos, así como apoyar una planificación de las inversiones públicas en cada una de las jurisdicciones para contribuir al desarrollo económico y social del país.

Que, ante dicho contexto, se estima conveniente mantener la vigencia del REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) con el objeto de contar con una base de datos estadística actualizada que permita disponer de una oferta detallada de predios aptos para la radicación industrial, y también contar con información relevante sobre las empresas instaladas que funcionan en el ámbito de la Coordinación de Parques Industriales, dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que, frente a la importancia de la realización de obras intramuros para expandir y consolidar el desarrollo de los Parques Industriales y dotar a los gobiernos locales y regionales de todo el país de una herramienta de gestión y planificación de sus políticas productivas, se estima oportuno el otorgamiento de Aportes No Reintegrables dirigidos hacia los Parques Industriales Públicos y Mixtos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI).

Que, asimismo, el Programa creado se dirige a otorgar una bonificación en la tasa nominal anual de interés de créditos para empresas que estén radicadas o que tengan como fin radicarse o ampliar sus capacidades productivas en un Parque Industrial Público, Privado o Mixto inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) u otorgar una bonificación de la tasa nominal anual de interés en créditos para la adquisición de lotes por parte de los Parques Industriales Públicos y Mixtos inscriptos en el citado Registro.

Que, dadas las nuevas formas de producción basadas en el uso intensivo de tecnologías y nuevos conocimientos que aplican las industrias, es menester acompañar este cambio de paradigma con una nueva clasificación de agrupamientos productivos que contemple esta especificidad caracterizada por la incorporación de innovación a partir de los vínculos necesarios entre el sector de ciencia, tecnología y educación, como así también el sector productivo.

Que, en dicho contexto, se tiene como finalidad facilitar la radicación de empresas en un Parque Industrial, como así también potenciar las sinergias derivadas de la localización común de las que ya estén radicadas, promover la competitividad de los sectores, incentivar las exportaciones, fomentar la mejora de las capacidades en innovación e impulsar la integración de valor en la industria y los servicios.

Que, en ese orden, se prevé la coordinación con el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD u otro organismo que corresponda, para asistir conjuntamente la realización de obras de infraestructura extramuros que potencien la ejecución de proyectos que den respuestas a las necesidades regionales y sectoriales.

Que, frente a los nuevos desafíos que está experimentando el mundo del trabajo, los cambios tecnológicos, las tendencias demográficas, sociales y ambientales, se considera oportuno fomentar el desarrollo de los Parques Industriales impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura de un desarrollo industrial sostenible e inclusivo aplicando políticas de género y diversidad.

Que es imprescindible un alto grado de coordinación y cooperación entre los diferentes organismos de la Administración Pública y niveles jurisdiccionales para dar cumplimiento a los objetivos propuestos con el consecuente robustecimiento del sistema federal y el aprovechamiento de las economías regionales como complemento indispensable de las políticas nacionales de desarrollo.

Que, con el fin de complementar la articulación federal e institucionalizar un espacio de intercambio para el desarrollo regional, se considera oportuna la creación del Observatorio Nacional de Parques Industriales en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que mediante el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se establecieron los objetivos de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA entre los cuales se encuentra el de entender y analizar la problemática de los diferentes sectores industriales, detectando las necesidades de asistencia financiera y tecnológica, entre otras, así como el de promover el financiamiento productivo, tanto a nivel sectorial como regional.

Que, en función de ello, resulta adecuado facultar al Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, a ejercer las funciones de coordinación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales creado por la presente medida.

Que, asimismo, resulta apropiado prever la validez y continuidad de las presentaciones en trámite relacionadas con las rendiciones de cuentas, solicitudes de inscripción al REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) o de percepción de beneficios al amparo del Decreto N° 915/10 y sus modificatorios ya que, además de obedecer a un imperativo legal, deviene necesaria con el fin de verificar el destino, la intangibilidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos y el adecuado ejercicio de las actividades específicas de control.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase el "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales" que tendrá por objeto promover el ordenamiento territorial impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura del desarrollo industrial, de incidir en la planificación productiva local, en el desarrollo sustentable e inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar las sinergias derivadas de la localización común, cuya descripción obra en el ANEXO (IF-2020-31450087-APN-SIECYGCE#MDP) que forma parte integrante de la presente medida.
El programa creado precedentemente contemplará herramientas destinadas al financiamiento de:
i. estudios para la constitución, ampliación o regularización de Parques Industriales,
ii. ejecución de obras de infraestructura intramuros, según características del Parque,
iii. radicación de empresas o ampliación de sus capacidades productivas en un Parque Industrial,
iv. la adquisición de lotes por parte de los Parques Industriales y
v. obras de infraestructura extramuros en Parques Industriales Públicos y Mixtos, las que se efectivizarán a través de los organismos públicos nacionales o locales con competencia en la materia de que se trate, con intervención previa del Observatorio creado en el artículo 3° del presente decreto.
Las herramientas del Programa para alcanzar dichos objetivos son las que se detallan en el punto 2 del Anexo de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2°.- Créase el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO con el objeto de recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas radicadas en los mismos, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas.
El mismo contendrá una clasificación específica destinada a registrar las inscripciones de Parques Industriales Tecnológicos, entendidos como aquellos donde se promueva la radicación de empresas de base científica tecnológica, en un entorno innovador, con alta tecnología y vinculación con el sector académico y de la investigación".

ARTÍCULO 3°.- Créase el Observatorio Nacional de Parques Industriales con el objeto de contar con una herramienta que permita adoptar definiciones en materia de asignación de los beneficios contemplados en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, analizar aquellas solicitudes relacionadas con la realización de obras extramuros, así como implementar un abordaje integral de la temática tendiente a generar políticas federales y facilitar un espacio de intercambio para promover el desarrollo regional a partir de la promoción de las políticas vinculadas a los parques industriales en todo el territorio nacional, fomentando el asociativismo y el cooperativismo dentro de los mismos.
El Observatorio Nacional de Parques Industriales estará integrado por miembros que al efecto convoque la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las proporciones que la misma determine, debiendo reflejarse en el mismo la representación de diversas instituciones públicas o privadas de jurisdicción nacional, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales que puedan tener injerencia en la temática relacionada con la infraestructura y servicios en general y Parques Industriales en particular.
Sus miembros ejercerán sus funciones con carácter ad honorem.

ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación determinará las formas y condiciones en las que los beneficiarios y las beneficiarias deberán acreditar el correcto destino de los fondos otorgados en concepto de Aportes No Reintegrables o mediante crédito con bonificación de tasa nominal.

ARTÍCULO 5°.- Desígnase a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación del "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales", quedando facultada para suscribir convenios en el ámbito de sus competencias y dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Programa 43 - Actividad 8.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que las presentaciones formalizadas al amparo del Decreto Nº 915/10 y sus modificatorios que se encontraren en trámite al momento del dictado del presente decreto, podrán ser reencauzadas de conformidad con las previsiones contempladas en el mismo y las que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación, pudiendo solicitar información adicional en caso de considerarlo pertinente.

ARTÍCULO 8º.- Deróganse los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del Decreto N° 915/10 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 9°.- La presente medida comenzará a regir el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

 

                                                                                                                                                                          ANEXO:

PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES

1. DEFINICIONES:

A los efectos del presente Programa, se entenderá por:

a) Parque Industrial: aquellos predios planificados y diseñados para la radicación de industrias y servicios para la industria, respetando las particularidades regionales y localizados en base a planes de desarrollo territorial y urbano. Disponen de infraestructura y servicios comunes consolidados o en proceso de desarrollo fomentando la radicación de nuevas empresas.

b) Parque Industrial Público: aquellos Parques Industriales promovidos y gestionados exclusivamente por el ESTADO NACIONAL, Provincial o Municipal.

c) Parque Industrial Tecnológico o Parque del Conocimiento: Espacio productivo diseñado y organizado para fomentar la radicación y/o reorientación de empresas ya radicadas en unidades productivas que utilizan conocimiento e incorporan innovación de manera intensiva, siempre y cuando surja de una vinculación formal con entidades tecnológicas y/o educativas.

d) Parque Industrial Privado: aquellos Parques Industriales promovidos y gestionados exclusivamente por iniciativas particulares de personas jurídicas.

e) Parque Industrial Mixto: aquellos Parques Industriales promovidos y gestionados conjuntamente por organismos públicos y privados.

f) Obras Intramuros: aquellas obras dirigidas a la provisión de servicios públicos y/o a la construcción de obras dentro de un Parque Industrial Público o Mixto.

g) Obras Extramuros: aquellas obras de infraestructura que permitan la provisión de servicios públicos y obras viales externas a un Parque Industrial.

h) Estudios: aquellos estudios, análisis, verificaciones, etc., técnicos, que conforme la legislación aplicable resulten necesarios para la constitución, ampliación y/o regularización de los Parques Industriales Públicos y mixtos y/o para la realización en éstos de obras intramuros.

2. HERRAMIENTAS

A efectos de arribar a los objetivos planteados, el programa creado precedentemente contemplará el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR), Bonificación de Tasas de Interés de créditos o Ejecución de Obra Pública destinados a:

i- Financiar estudios para la constitución, ampliación y/o regularización de Parques industriales,

ii- Financiar obras intramuros para Parques Público y Mixtos inscriptos

en el Registro Nacional de Parques Industriales (en adelante) RENPI,

iii- Financiar la radicación de empresas en Parques Industriales

inscriptos en el RENPI,

iv- Financiar la ampliación de las capacidades productivas de empresas radicadas en un Parque Industrial inscripto en el RENPI,

v- Financiar la adquisición de lotes por parte de los Parques Públicos y Mixtos inscriptos en el RENPI,

vi- Coordinar la realización de obras extramuros en Parques Industriales que así lo requieran a través de obra pública ejecutada por los organismos públicos nacionales o locales con competencia en la materia de que se trate.

2.1 - APORTES NO REINTEGRABLES (ANR)

Los ANR serán otorgados por la Autoridad de Aplicación a los Parques Industriales Públicos y/o Mixtos que se encuentren inscriptos en el RENPI, resulten elegibles en los términos del PROGRAMA y cuenten con proyectos aprobados en las formas y condiciones que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación, hasta alcanzar un cupo total anual máximo para el Programa de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES ($2.400.000.000), según disponibilidad presupuestaria.

Los beneficios otorgados por Parque solicitante serán de hasta la suma de PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000) por petición y no podrán contar con más de un ANR en ejecución.

Los beneficios de ANRs, están destinados a la ejecución de obras de infraestructura intramuros exclusivamente en Parques Industriales Públicos y Mixtos, inscriptos en el RENPI, incluyendo los gastos que tuvieren lugar en concepto de estudios relacionados a la constitución, ampliación y/o regularización de los mismos.

El peticionante deberá aportar, por sí o a través de un tercero solidariamente responsable, como mínimo en concepto de contrapartida local, ya sea en forma de aporte en especie o de aporte monetario, recursos adicionales al aporte solicitado equivalentes al DIEZ POR CIENTO (10 %) de su monto.

La Autoridad de Aplicación evaluará y aprobará la forma de integración de la contrapartida aludida.

No resultará exigible el requisito de la contrapartida local citada precedentemente, en aquellos proyectos que faciliten y estimulen políticas de diversidad género en el ámbito productivo en los Parques Industriales Públicos y Mixtos. Dichos proyectos deben tender a incrementar la participación de género en la administración de los Parques Industriales, como así también incorporen obras públicas destinadas a la maternidad u otras políticas vinculadas a tal fin.

La solicitud de otorgamiento del beneficio deberá ser realizada por el organismo de promoción y gestión, según corresponda su carácter y los requerimientos que establezca la Autoridad de Aplicación.

Ejecución y cumplimiento:

En aquellos proyectos, en los que el monto solicitado en concepto de ANR supere el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del monto máximo permitido, el desembolso de los ANRs, podrá ser realizado en etapas y contra presentación de certificado de avance de obra.

La ejecución de las obras deberá realizarse en observancia de los plazos establecidos en el cronograma del Proyecto aprobado.

El beneficiario estará obligado a rendir cuentas de la correcta imputación de los fondos aportados en concepto de ANR, así como de la contrapartida local cuando ella correspondiera, en los plazos, formas y condiciones que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación

La Autoridad de aplicación de Parques Industriales practicará, por sí y/o por terceras instituciones técnicas públicas o privadas con las que se celebren convenios específicos al efecto, los controles periódicos y/o finales que considere pertinentes teniendo en cuenta el cronograma de obras presentado por el beneficiario.

2.2 BONIFICACIÓN DE TASA

A través de este instrumento se bonificará hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la tasa nominal anual de interés de préstamos a ser otorgados por entidades financieras con las cuales se celebraren convenios al efecto.
La herramienta de bonificación de tasa resultará aplicable a los créditos que se otorguen a los Parques Públicos o Mixtos inscriptos en el RENPI con destino a la ampliación de su superficie.
Asimismo resultará aplicable a los créditos que se otorguen a las Empresas con la finalidad de radicarse en un Parque Industrial Público, Privado o Mixto inscripto en el o incrementar la capacidad productiva de dichas empresas cuando ya se encuentren radicadas en un Parque Industrial Públicos, Privados o Mixtos inscripto en el RENPI.
Establécese en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000) el monto total anual de créditos a ser otorgados con la bonificación de tasa prevista precedentemente destinados a las empresas que estén localizadas o que tengan el fin de radicarse en los Parques Industriales Públicos, Privados o Mixtos, inscriptos en el RENPI y en PESOS MIL MILLONES ($ 1.000.000.000) el monto total anual de créditos a ser otorgados con la bonificación de tasa prevista precedentemente destinados a la ampliación mediante la adquisición de lotes por parte de los Parques Industriales Públicos y Mixtos inscriptos en el RENPI.
2.3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EXTRAMUROS
Aquellas Provincias y/o Municipios que presenten estudios y propuestas que evidencien la conveniencia de llevar adelante obras de infraestructura extramuros que permitan la provisión de servicios públicos y obras viales necesarias para el acceso a sus Parques Industriales Públicos o Mixtos, podrán presentar el proyecto ante la Autoridad de Aplicación, quien le dará participación al Observatorio creado por el artículo 3° del presente Decreto quien tomando en consideración las opiniones vertidas por sus integrantes, recomendará a la Autoridad de Aplicación acerca de la viabilidad y conveniencia de tales solicitudes y el curso de acción a ser adoptado para su ejecución.
En tanto se considere que tales obras benefician a las empresas radicadas en el Parque Industrial y estimula la radicación de otras, la Autoridad de Aplicación coordinará y articulará acciones con los organismos públicos de jurisdicción nacional o local, con competencia en la ejecución y financiamiento de la obra o servicio de que se trate, pudiendo a tal fin suscribir convenios al efecto.
La Autoridad de Aplicación establecerá las formas, plazos y condiciones que regirán la presentación, análisis e instrumentación de las solicitudes relacionadas a la ejecución de obras extramuros.
3. REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI):
3.1 Podrán formar parte del RENPI creado por el artículo 2° del Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y ampliado por el artículo 2° del presente decreto, todo Parque Industrial, tanto Público, Privado o Mixto, de conformidad a las definiciones adoptadas en el punto 1 del presente Anexo que cumplan con los criterios, requisitos y formalidades que al efecto determine la Autoridad de Aplicación, quien emitirá la correspondiente constancia de inscripción.
3.2 A los fines de acceder a las herramientas contempladas en el presente Programa, los Parques Industriales deberán encontrarse inscriptos en el RENPI y encontrarse en cumplimiento del requisito de validación anual previsto en el punto 3.3 del presente Programa.
3.3 Todo Parque Industrial inscripto en el RENPI, deberá actualizar los datos consignados en el Registro al cumplirse cada año aniversario a contar desde la emisión de la constancia de inscripción correspondiente y será condición de acceso a los beneficios contemplados en el presente Programa.
3.4 Los Parques Industriales Públicos, Privados o Mixtos que a la fecha del dictado del presente Decreto se encontraren inscriptos en el RENPI, mantendrán su inscripción debiendo actualizar los datos consignados en el mismo a cumplirse cada año aniversario a contar desde la emisión de la constancia de inscripción correspondiente y será condición de acceso a los beneficios contemplados en el presente decreto.
La Autoridad de Aplicación establecerá las formas, plazos y condiciones que regirán el procedimiento de inscripción al RENPI así como respecto del procedimiento de actualización de datos anual previsto precedentemente.
4- CRITERIOS DE PONDERACIÓN:
Se tendrán en consideración, al momento del análisis de los proyectos presentados en el marco del presente Programa, aquellas solicitudes que incorporen líneas de acción vinculadas al desarrollo sostenible e inclusivo y que generen condiciones de eficiencia y sustentabilidad para las comunidades y el entramado productivo local o bien vinculadas al fomento de políticas de género en el ámbito de los Parques Industriales promovidos.
En ese sentido, serán priorizadas aquellas solicitudes presentadas por Pequeñas y Medianas Empresas en los términos de la Ley N° 24.467 y sus normas modificatorias y complementarias, así como aquellas solicitudes relacionadas a proyectos que promuevan:
1. El desarrollo de líneas de sustentabilidad en Parques Industriales, entendiendo por ello a aquellos proyectos que fomenten la eficiencia energética, incorporen la generación y utilización de energías renovables, tratamiento de efluentes, mejoras en la gestión de residuos, entre otras condiciones de sustentabilidad.
2. El desarrollo de Parques Industriales Tecnológicos o del Conocimiento entendiéndose por tales, a aquellos donde se promuevan la radicación de empresas de base científica tecnológica, en un entorno innovador, con alta tecnología y vinculación con el sector académico y de la investigación.
3. La incorporación de políticas de diversidad de género, tendientes a incrementar la participación de género en la administración de parques industriales como así también incorporen obras públicas destinadas a la maternidad u otras políticas dedicadas a tal fin.

IF-2020-31450087-APN-SIECYGCE#MDP

(1)Resolución 150/2020
Fecha: 09.09.2020
Publicado: 11.09.2020
RESOL-2020-150-APN-SIECYGCE#MDP

VISTO el Expediente Nº EX-2020-58442723- -APN-DGD#MDP y el Decreto Nº 716 de fecha 2 de septiembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 716 de fecha 2 de septiembre de 2020 se creó el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que tiene como objetivo promover el ordenamiento territorial, incidir en la planificación productiva local, en el desarrollo sustentable e inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar las sinergias derivadas de la localización común.

Que mediante el Artículo 2º del citado Decreto, se dispuso la ampliación del alcance del Registro Nacional de Parques Industriales, en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con el objetivo de optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas, contemplando asimismo en el mismo las inscripciones de Parques Industriales Tecnológicos.

Que, por su parte, el Artículo 3º del mencionado Decreto, previó en el mismo ámbito indicado en el considerando anterior, la creación de un Observatorio Nacional de Parques Industriales, con el fin de complementar la articulación federal e institucionalizar un espacio de intercambio para el desarrollo regional.

Que el citado Decreto estableció como Autoridad de Aplicación del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, quedando facultada para determinar las formas y condiciones para el otorgamiento de las herramientas de financiamiento definidas en el mismo.

Que, en consecuencia, la reglamentación de la normativa resulta imprescindible tanto para tornar operativos las herramientas de financiamiento creadas por ésta, como para establecer procedimientos claros y eficaces para su materialización.

Que, con el objeto de agilizar, simplificar y facilitar los procedimientos de presentación, análisis y evaluación de los proyectos, tanto para el peticionante como para la Administración Pública Nacional, resulta conveniente estandarizar las peticiones y delimitar el alcance de ciertos términos empleados en la normativa.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO tomó la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 716/20.

Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Reglamento Operativo del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales que como Anexo I IF-2020-58716357-APN-DNDRYS#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los modelos de Formularios conforme al siguiente detalle: A "Solicitud de inscripción o Actualización al Registro Nacional de Parques Industriales", B "Solicitud de Aportes No Reintegrables", C "Solicitud de Aportes No Reintegrables- Estudios de Prefactibilidad de Parques Industriales", D "Créditos con Bonificación de tasa - Parques Industriales", E "Créditos con bonificación de tasa – Empresas en Parques Industriales" y la documentación respaldatoria a dichas solicitudes, todos ellos contenidos en el Anexo II que como IF-2020-58716649-APN-DNDRYS#MDP, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Modelo de Certificado de Inscripción al RENPI el que, como Anexo III IF-2020-58716756-APN-DNDRYS#MDP, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- Establecese que las presentaciones formalizadas al amparo del Decreto Nº 915 de fecha 2010 y sus modificatorios, que se encontraren en trámite al momento del dictado del Decreto N° 716 de fecha 2 de septiembre de 2020, continuarán hasta su conclusión conforme a la normativa aplicable al momento del inicio de las mismas, pudiendo solicitarse información adicional en caso de considerarse pertinente.

ARTÍCULO 5º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII, AnexoIII)

 

 

(2)Decreto nº 915/2010
Créase un Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos. Autoridad de Aplicación.
Fecha: 28.06.2010
Publicado: 08.07.2010

VISTO el Expediente Nº S01:0118410/2010 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, y
CONSIDERANDO:
Que con el objeto de continuar profundizando el desarrollo industrial en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA, dando preeminencia a la implementación de políticas públicas activas que repercutan en las diferentes economías regionales, resulta conveniente crear un Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales Públicos que permita financiar obras de infraestructura en dichos establecimientos, y asimismo fomentar la radicación en ellos de Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la bonificación parcial de la tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos a otorgarse en el marco del presente Programa.
Que la finalidad del Programa permitirá mejorar la eficiencia de las Pequeñas y Medianas Empresas, potenciar las sinergias derivadas de la localización común, incentivar la agregación de valor a la industria manufacturera y de servicios —tanto mediante la radicación de empresas procesadoras de las materias primas en las zonas agrícolaganaderas intensivas como la innovación tecnológica—, promover la formalización de empresas y de personal, generar empleos, afianzar el desarrollo industrial regional a través de la utilización de espacios permitiendo la convivencia adecuada con áreas residenciales.
Que a tal efecto, el Programa prevé el otorgamiento de Aportes No Reintegrables a los Parques Industriales Públicos, para la realización de obras de infraestructura intramuros.
Que además se prevé la realización, a través del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de obras de infraestructura extramuros que permitan potenciar a los citados Parques.
Que el ESTADO NACIONAL en el marco del mencionado Programa, bonificará parcialmente la tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos que se otorguen a empresas, a los fines de la radicación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas en los Parques Industriales Públicos.
Que asimismo, con el objeto de contar con una base de datos estadísticos actualizada que permita disponer de la oferta detallada de predios aptos para la radicación industrial en todo el Territorio Nacional, como así también la nómina de las empresas instaladas, se dispone la creación del Registro Nacional de Parques Industriales en el ámbito de la Unidad de Desarrollo Industrial Local dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO.
Que a los fines de complementar la base de datos ut supra mencionada, las Provincias y los Municipios, deberán informar al Registro Nacional de Parques Industriales, en el ámbito de sus competencias promocionales, los beneficios y/o cualquier tipo de subvención que otorgan a empresas ya radicadas en sus Parques Industriales Públicos. Los datos recopilados permitirán centralizar y difundir la información.
Que es imprescindible la cooperación y coordinación entre los distintos regímenes estaduales para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, con el consecuente afianzamiento y robustecimiento del sistema federal.
Que la presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes, además de obedecer a un imperativo legal, deviene necesaria a fin de verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos y el adecuado ejercicio de las actividades específicas de control.
Que resulta conveniente facultar a la Autoridad de Aplicación a dictar la normativa y/o reglamentación que resulte necesaria para su implementación.
Que la readecuación presupuestaria encuentra sustento en el Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias.
Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el Artículo 7, inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 2º — Créase el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO con el objeto de recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas radicadas en los mismos, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas.

El mismo contendrá una clasificación específica destinada a registrar las inscripciones de Parques Industriales Tecnológicos, entendidos como aquellos donde se promueva la radicación de empresas de base científica tecnológica, en un entorno innovador, con alta tecnología y vinculación con el sector académico y de la investigación.

(Artículo sustituido por art. 2º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 3º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 4º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 5º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 6º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 7º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


                                                                                                                                                                 ANEXO
(Anexo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)

Antecedentes Normativos
- Anexo, artículo 5º sustituido por art. 1° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Anexo, artículo 7º sustituido por art. 2° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Anexo, artículo 29 sustituido por art. 3° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Anexo, artículo 31 sustituido por art. 4° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Artículo 1°, (Nota Infoleg: por art.1° de la Resolución N° 212/2016 del Ministerio de Producción B.O. 30/5/2016 se delegan en el señor Secretario de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN las funciones de coordinación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario, creado por el presente Artículo. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial.);
- Artículo 5° sustituido por art. 1° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Artículo 5° sustituido por art. 5° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Artículo 7° sustituido por art. 6° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Anexo, artículo 1º sustituido por art. 2° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Anexo, artículo 2º sustituido por art. 3° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Anexo, artículo 3º sustituido por art. 4° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012.

Decreto nº 1406/2020 GOB
Fecha: 11.09.2020
Publicado: 11.09.2020

VISTO: El DNU Nº 714/20 del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto 1376 GOB de fecha 31 de agosto de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que por el primero de ellos se estableció un marco normativo para todas aquellas zonas en donde no existe circulación comunitaria de SARS-CoV-2, en las cuales rige el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" (DISPO) para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas en las que se verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica y que se indican en los artículos 2°y 3º; y se prorrogó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" (ASPO) para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que poseen transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos;
Que en relación a ello, el Art. 10º de la norma prorrogó desde el 31 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2020 el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio";
Que en el Art. 11º se determinaron que los aglomerados urbanos de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú de la Provincia de Entre Ríos quedaron alcanzados por el ASPO, a partir de la fecha del dictado del DNU Nº 714/20 PEN;
Que no obstante los límites a la circulación de personas y desarrollo de actividades plasmados en la norma, en el Art. 15º específicamente se determinó: "Autorización de nuevas excepciones en aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta quinientos mil (500.000) habitantes: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta quinientos mil (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional...";
Que efectuado un análisis con las máximas autoridades ministeriales, con el Comité Organización de Emergencia de Salud (COES) y con las respectivas autoridades municipales, este Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas por el Art. 15º del DNU Nº 714/20 PEN, autorizó mediante la emisión del Decreto Nº 1376/20 GOB, en el ámbito de las localidades entrerrianas que se encuentran dentro de los alcances del ASPO (Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú) las siguientes actividades: Comercio Minorista, Obras de Construcción de Índole Privada, Servicios, Profesiones Liberales incluidos los Colegios Profesionales y Cajas Forenses, Oficios y la Actividad Bancaria; Que el Presidente Municipal de Paraná solicitó se considere en esta instancia la posibilidad de autorizar el desarrollo de las actividades gastronómicas y culturales y el funcionamiento de los gimnasios;
Que en relación a la Ciudad de Paraná se puede aseverar que, en orden a los informes e indicadores aportados por el COES, se observa un descenso de la velocidad de crecimiento de casos y un aumento en el tiempo de duplicación de los mismos;
Que en efecto, tal incremento se evidencia analizando el período comprendido entre el 27 de agosto de 2020 al 02 de septiembre de 2020 (28,7 días) en relación al período 21 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2020 (14,2 días) denotando una estabilización temporal del número de casos nuevos;
Que el Presidente Municipal de Gualeguaychú por su parte, requirió se autorice en el ámbito de esa localidad el desarrollo de las actividades antes mencionadas como así también las deportivas;
Que en la referida ciudad se observa una evolución favorable de los indicadores epidemiológicos y sanitarios desde que se dispusiera el ASPO;
Que el período de duplicación de casos se elevó satisfactoriamente a 29 días disminuyendo en consecuencia la demanda sobre el sistema sanitario local y se incrementó la disponibilidad de camas en los 3 niveles de internación, encontrándose actualmente en el orden del 50%;
Que en este contexto resulta favorable autorizar nuevas actividades, de manera progresiva a fin de minimizar el riesgo de propagación del virus y el deterioro de las variables epidemiológicas;
Que por Decreto Nº 736 GOB de fecha 26 de mayo de 2020 se autorizó el desarrollo de las actividades gastronómicas, cuyo protocolo fue aprobado por el Ministerio de Producción mediante la emisión de la Resolución Nº 344/20 MP conforme la facultad conferida por el Art. 6º del decreto precitado, como así también la práctica del ciclismo y trote saludable;
Que por Decretos Nº 787/20 GOB, 833/20 GOB y 1160/20 GOB se autorizaron las prácticas de distintas actividades deportivas en su modalidad no competitiva con sus respectivas recomendaciones para su desempeño;
Que por Decreto Nº 832 GOB de fecha 11 de junio de 2020 se autorizaron las actividades culturales detalladas en la norma, supeditadas al estricto cumplimiento de los protocolos que forman parte del decreto;
Que por Decreto Nº 1006 GOB de fecha 3 de julio de 2020, modificado por Decreto Nº 1054 GOB de fecha 8 de julio de 2020, se autorizó el funcionamiento de los gimnasios y se aprobó conforme lo establecido en el Art. 3º de la primer norma citada, el Protocolo y las Recomendaciones a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la actividad;
Que le corresponde a este Poder Ejecutivo adoptar las medidas pertinentes en el marco de la pandemia del COVID-19, en coordinación con las autoridades municipales, en observancia de las directivas y recomendaciones emanadas del COES;
Que por lo expuesto se considera oportuno y conveniente autorizar en las localidades entrerrianas que se encuentran actualmente alcanzadas por el ASPO: Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú el desarrollo de las actividades gastronómicas, culturales y el funcionamiento de los gimnasios conforme lo determinado en sus decretos respectivos y en observancia de los protocolos y recomendaciones vigentes establecidas en los actos administrativos que autorizaron cada actividad -o que en el futuro los modifiquen o reemplacen- y en las establecidas por el COES;
Que en relación a la petición efectuada por el Municipio de Gualeguaychú para el desarrollo de las actividades deportivas, conforme el análisis efectuado por la autoridad sanitaria municipal en conjunto con el COES, habiéndose alcanzado los objetivos epidemiológicos y sanitarios propuestos, es intención del Poder Ejecutivo autorizar en esa localidad el desarrollo de las actividades deportivas individuales, sin contacto físico, en su modalidad no competitiva, conforme fuera autorizado por los Decretos Nº 737/20 GOB, 787/20 GOB y 1160/20 GOB; Que en ese sentido las actividades que por este decreto se autorizan en la ciudad de Gualeguaychú, deberán interpretarse con carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la autoridad municipal;
Que conforme lo expresado dichas habilitaciones están condicionadas al cumplimento de los requisitos de índole sanitaria establecidos en DNU 714/20 PEN, en los decretos provinciales aplicables y en las normas y recomendaciones emanadas de la autoridad sanitaria provincial y municipal mediante la emisión de normativa específica;
Que resulta oportuno destacar que el Art. 27º de la Constitución Provincial reconoce al deporte como derecho social, promueve la actividad deportiva para la formación integral de la persona facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización, desarrollo y el acceso a su práctica en igualdad de oportunidades;
Que en relación a los Protocolos y Recomendaciones para la ejecución de las actividades gastronómicas, culturales y deportivas que por el presente se habilitan en las localidades alcanzadas por el ASPO, deberán ser fehacientemente notificados a los municipios de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú por parte del Ministerio de Producción, Secretaría de Cultura de la Gobernación y Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social respectivamente, en el marco de sus competencias;
Que no obstante ello, en el contexto de la situación sanitaria y epidemiológica actual como consecuencia de la pandemia, las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, atento a que se trata de garantizar el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los espacios comunes utilizados para las prácticas que por el presente se autorizan como así también la fiscalización de las pautas mínimas exigibles determinadas en el presente decreto;
Que en este sentido es menester resaltar que son los municipios y las comunas quienes ejercen el poder de policía en materia de habilitaciones comerciales, salud pública, seguridad, higiene y bromatología, de acuerdo a lo que dispone el Art. 240 Inc. 21 de la Constitución de la Provincia, teniendo presente además la territorialidad, lo que las convierte en las instituciones idóneas para fiscalizar la aplicación de los protocolos vigentes;
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Arts. 15º del DNU 714/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1°.- Autorízase en las ciudades de Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Gualeguaychú, a partir del lunes 14 de septiembre y durante en el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) determinado por el DNU 714/20 PEN, el desarrollo de las siguientes actividades:
Actividad Gastronómica según Decreto Nº 736/20 GOB.
Actividades Culturales según Decreto Nº 832/20 GOB.
Gimnasios según Decreto Nº 1006/20 GOB modificado por Decreto Nº 1054/20 GOB.
Artículo 2°.-Autorízase en la Ciudad de Gualeguaychú, a partir del lunes 14 de septiembre y durante en el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) determinado por el DNU 714/20 PEN, el desarrollo de las actividades deportivas, individuales, sin contacto físico, en su modalidad no competitiva conforme lo determinado en los Decretos Nº 736/20 GOB, 787/20 GOB y 1160/20 GOB.-
Artículo 3°.- Dispónese que la autorización prevista en el artículo precedente está supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en el DNU Nº 714/20 PEN, a las del presente decreto, a las normativas del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES), a los protocolos pertinentes y toda otra normativa accesoria, complementaria y/o modificatoria aplicable emitida por autoridad competente provincial o municipal.
Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por las señoras Ministras Secretarias de Estado de Gobierno y Justicia; de Salud; y de Desarrollo Social; y por el señor Ministro Secretario de Estado de Producción.-
Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Decreto nº 1226/2011
Fecha: 15.06.2011

ARTICULO 1º.- Inclúyase dentro del Anexo VI del Decreto nº 333/10, que determina la estructura orgánica de Presidencia y Secretarías del Departamento Ejecutivo, la Dirección de Gestión Técnica con dependencia directa de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.
ARTICULO 2º.- (1)
ARTICULO 3º.- Refrenda el presente la Sra. Secretaria de Planificación e Infraestructura.
ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y en estado, archívese.

(1) No se transcribe el artículo 2º, en virtud de que el mismo refiere al personal a cargo del área creada.-

Resolución nº 1/2019

LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-08-77)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Actualizar el ordenamiento de las resoluciones generales contenido en la Resolución General Nº 1/2018, reemplazándolo por el anexo adjunto que se aprueba por la presente y que se incorpora en la página web de la Comisión Arbitral (www.ca.gov.ar).
ARTÍCULO 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, comuníquese a las jurisdicciones adheridas y archívese.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1/2019 Artículos
TÍTULO I.- Disposiciones comunes. 1 al 11
TÍTULO II.- Régimen General. 12 al 26
TÍTULO III.- Regímenes Especiales. 27 al 44
TÍTULO IV.- Protocolo Adicional. 46 al 53
TÍTULO V.- Sociedades Comerciales. 54 al 58
TÍTULO VI.- Regímenes de Retención y Percepción 59 al 70
TÍTULO VII. – Municipios. 71 al 79
TÍTULO VIII.- Liquidación del impuesto. 80 al 131
TÍTULO IX.- Padrón único de contribuyentes. Identificación. 132 al 155
TÍTULO X.- Organismos y Sistemas de Recaudación. 156 al 183
TÍTULO XI.- Fiscalizaciones. 184 al 185
TÍTULO XII.- Vencimientos. 186 al 194
TÍTULO XIII.- Vigencia del Convenio y Domicilio de los Organismos de aplicación. 195 al 196

Decreto nº 734/2020
Fecha: 08.09.2020
Publicado: 09.09.2020
DCTO-2020-734-APN-PTE - Disposiciones.

VISTO el Expediente N° EX-2020-41971126-APN-CGD#MMGYD, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y su modificatoria, 26.743, 27.541, el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias), y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 75 inciso 22 otorga rango constitucional a la "CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER" aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual el ESTADO NACIONAL se comprometió a elaborar, por todos los medios apropiados, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y en el año 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ".

Que por el inciso b) del artículo 7° de la citada Convención, los Estados Partes se comprometen a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Que la Ley N° 26.485, de PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, establece dentro de sus objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida; generar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Que, asimismo, esta Ley garantiza todos los derechos reconocidos por las Convenciones mencionadas, en especial los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones y otros derechos derivados, como así también, a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad.

Que, asimismo, en el artículo 7° se establece entre otros preceptos rectores, que para el cumplimiento de los fines de la Ley, los TRES (3) poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, deberán garantizar, la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Protección Integral.

Que en igual sentido, el artículo 10 de la citada norma compromete al ESTADO NACIONAL a promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres en situación de violencia por motivos de género, debiendo garantizar, entre otras cosas, programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.

Que por su parte, la Ley de Identidad de Género N° 26.743 establece el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su persona conforme a esta.

Que mediante el Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, ordenado por Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) se creó el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD como respuesta al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.

Que entre los objetivos del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD se encuentra la formulación de políticas de asistencia y atención integral a personas en situación de violencia por motivos de género y la coordinación con otras Jurisdicciones en el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género.

Que en el marco de sus competencias producto de un proceso participativo y federal, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD elaboró el "Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022", contemplando los lineamientos establecidos a través de las leyes referidas, desde una perspectiva multiagencial y transversal, proponiendo un nuevo abordaje integral e interseccional de esas violencias, que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situaciones de violencia por motivo de género.

Que lo expuesto exige adecuar los instrumentos existentes a los nuevos objetivos prioritarios de gobierno.

Que en ese orden de ideas, debe reconocerse que el reparto desigual del trabajo de cuidado no remunerado limita las posibilidades de que las mujeres y el colectivo LGBTI+ puedan tener acceso a empleos remunerados fuera y dentro de sus casas y si lo hubieran obtenido, que Puedan seguir desempeñándolo a lo largo de su desarrollo en igualdad de condiciones.

Que atento a que la violencia de género suele tener un componente de dependencia económica, el ESTADO NACIONAL entiende que debe ser primordial promover la autonomía de las personas en situación de riesgo por violencia por razones de género, resultando imperioso establecer acciones tendientes a crear las condiciones iniciales para la construcción de un proyecto de vida autónomo, a través de asignaciones económicas excepcionales destinadas a disminuir la condición de vulnerabilidad en que dichas personas se encuentran.

Que estas asignaciones económicas serán exclusivas para las situaciones descriptas precedentemente y asimismo, una herramienta más dentro de una estrategia de trabajo a llevar adelante, que contemplará los lineamientos establecidos a través de las Leyes Nros. 26.485 y 26.743.

Que en el entendimiento de que la dependencia económica de las personas en riesgo por violencia de género dificulta la salida de esos contextos, es impostergable que el ESTADO NACIONAL disponga recursos que favorezcan la autonomía de esas personas, en miras a disminuir los casos de violencias extremas.

Que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, siendo prioritario en este marco, atender a los sectores más vulnerados.

Que es prioritario crear una herramienta destinada a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género, tendiente a la reducción de estos hechos, así como de los femicidios, travesticidios y transfemicidios que ocurren diariamente.

Que en virtud de lo expuesto, resulta imperioso y urgente el desarrollo de políticas públicas tendientes a lograr mayor autonomía de las personas en situación de violencia por motivos de género, que tiendan a reducir no solo estas situaciones de violencia, sino también, la feminización de la pobreza.

Que también se considera impostergable adoptar políticas públicas concretas que permitan crear las condiciones mínimas de autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social a través de la aplicación de recursos económicos, sociales y culturales que les permitan recuperar y fortalecer las relaciones sociales y comunitarias en las que se insertan sus proyectos de vidas, con el objetivo de erradicar aquellas situaciones disvaliosas.

Que en consecuencia, resulta conveniente crear el "PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de un apoyo económico y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, cubriendo los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias en las condiciones y con los requisitos que acrediten la situación de riesgo, vulnerabilidad social y dependencia económica, que se disponen en la presente medida.

Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá prever las adecuaciones presupuestarias pertinentes para el ejercicio en curso.

Que el otorgamiento, la administración y gestión de las prestaciones que resulten de la aplicación del "PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) estarán a cargo del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, quedando facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación.

Que por su parte, el pago de la prestación económica que resulte de la aplicación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR" estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), quedando facultada para dictar las normas necesarias para la instrumentación del mismo.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio de asesoramiento jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 10 de la Ley N° 26.485.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase el "PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR), en el ámbito del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

ARTÍCULO 2°.- El PROGRAMA "ACOMPAÑAR" está destinado a aquellas personas que se encuentren en situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género, conforme lo establezca el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 3°.- En el marco del PROGRAMA "ACOMPAÑAR", se entiende por personas en situación de violencia por motivos de género que se encuentren en "riesgo", a aquellas mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social.

ARTÍCULO 4°.- Para acceder a la prestación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR" se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a UN (1) año anterior a la solicitud, a partir de los DIECIOCHO (18) años de edad.

ARTÍCULO 5°.- La prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de UN (1) salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante SEIS (6) períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género, de conformidad con lo que se establece en el presente.

ARTÍCULO 6º.- Este apoyo económico tiene la finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género, y resulta compatible con:

a. Asignación Universal por hijo o hija;

b. Asignación Universal por Embarazo para Protección Social;

c. Asignación por hijo o hija con discapacidad;

d. Monotributo Social,

e. Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y

f. Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

ARTÍCULO 7°.- La prestación que otorga el PROGRAMA "ACOMPAÑAR" resulta incompatible con el goce por parte de la persona postulante de:

a. Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributo; y régimen de autónomos, excepto la compatibilidad establecida en el ARTÍCULO 6° incisos d) y f) del presente;

b. Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el ESTADO NACIONAL;

c. Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES;

d. Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016;

e. Prestación por desempleo.

ARTÍCULO 8°.- La percepción de este apoyo económico cesa por:

a. Fallecimiento de la persona destinataria;

b. Renuncia expresa;

c. Ingreso a otro programa social de apoyo económico destinado a personas en situación de violencia por motivos de género;

d. Incompatibilidad sobreviniente al otorgamiento por verificarse alguno de los supuestos previstos en el ARTÍCULO 7° del presente.

ARTÍCULO 9°.- Se podrá disponer el cese de la percepción del referido apoyo económico antes del cumplimiento del término por el que haya sido otorgado, previo informe social del dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuando se constatara que han desaparecido las condiciones que justificaron su otorgamiento.

ARTÍCULO 10.- Las Provincias, los Municipios y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES podrán suscribir Convenios con el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD para constituirse como Unidades de Ingreso y Acompañamiento del Programa "ACOMPAÑAR". Dichas Unidades estarán a cargo de recibir y certificar la situación de riesgo por violencia por motivos de género, de elevar las solicitudes de inscripción al referido Ministerio y de dar acompañamiento y seguimiento a las personas que ingresen al Programa, en consonancia con los lineamientos y procedimientos que imparta cada Jurisdicción.

Durante el plazo en el que las personas en riesgo reciban la prestación económica referida en el artículo 5°, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, en articulación con las citadas Jurisdicciones que hayan suscripto los respectivos Convenios, brindarán acompañamiento promoviendo el fortalecimiento psicosocial de la persona.

El MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD promoverá capacitaciones a las Unidades de Acompañamiento con el objetivo de reforzar sus herramientas y metodología de abordaje para que puedan garantizar el enfoque de género en el acompañamiento y el fortalecimiento de las personas receptoras del apoyo económico.

ARTÍCULO 11.- Facúltase al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD para dictar las normas aclaratorias y complementarias para la efectiva implementación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR" que por el presente se crea.

ARTÍCULO 12.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) tendrá a su cargo el pago de la prestación económica que resulte de la aplicación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR".

ARTÍCULO 13.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para dictarlas normas necesarias para la implementación del pago de la prestación económica creada por el PROGRAMA "ACOMPAÑAR", de conformidad con las disposiciones del presente.

ARTÍCULO 14.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dispondrá las adecuaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de poner en ejecución la presente medida.

ARTÍCULO 15.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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