Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Decreto nº 986/2017
Fecha: 29.06.2017

Artículo 1º.- Créase la Dirección Agua y la Dirección Ingeniería, ambas dependientes de la Subsecretaría de Saneamiento de la Secretaría Centro de Integración de Servicios Ciudadanos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- (1)
Artículo 6º.- (1)
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3°, 4º, 5º y 6° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas reparticiones dependientes de áreas dependientes de la Subsecretaría de Saneamiento.

Decreto nº 778/2017
Fecha: 22.05.2017

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Mantenimiento y Desmalezado de Canteras y Banquinas de Avenidas dependiente de la Secretaría Centro de Integración de Servicios Ciudadanos.(2)
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- (1)
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3°, 4º y 5° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas areas de la repartición creada.

(2) Decreto nº 1394/2018
Fecha: 08.08.2018

Artículo 1º.- Dispónese la creación del Departamento Desmalezado dependiente de la Dirección de Mantenimiento y Desmalezado de Canteras y Banquinas de Avenidas dependiente de la Secretaría Centro de Integración de Servicios Ciudadanos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3° y 4º en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas áreas.

Decreto nº 777/2017
Fecha: 22.05.2017

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Ramas –Sector Oeste- dependiente de la Secretaría Centro de Integración de Servicios Ciudadanos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- (1)
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3°, 4º y 5° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las áreas de esta repartición.

Resolución 40/2020 MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Fecha: 07.07.2020
Publicado: 08.07.2020
RESOL-2020-40-APN-MDTYH

VISTO el Expediente Nº EX-2020-40130993-APN-SSPVEI#MDTYH del registro de este Ministerio, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, la Resolución del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA N° 122 de fecha 15 de marzo de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS N° 122 del 15 de marzo de 2017 se dejó sin efecto las Resoluciones de la ex SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Nros. 1270 del 30 de diciembre de 2008, 15 del 3 de febrero de 2009, 428 del 22 de abril de 2009, 1012 del 18 de mayo de 2009, 993 del 5 de octubre de 2010, 1030 del 28 de octubre de 2010 y la Circular Nº 2 de la mencionada Secretaría del 16 de octubre de 2012, por las que se habían implementado diferentes programas de viviendas, y asimismo se creó en el ámbito de la ex SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la ex SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA el "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA" aprobándose el Reglamento Particular del referido Plan.

Que muchas de las obras que se continuaron o se iniciaron dentro de dicho Plan se encuentran a la fecha discontinuada su construcción debido a diversas y que resulta de interés Nacional reactivarlas y determinar sus respectivas terminaciones estableciendo una reglamentación acorde a las circunstancias específicas de cada Jurisdicción.

Que con la paralización mencionada se han deteriorado las condiciones de desarrollo y del hábitat en su conjunto afectando a miles de familias en todo el Territorio Nacional reduciendo las posibilidades de ocupación de mano de obra y la movilidad de las economías locales.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, estableciendo que corresponde a este MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las políticas de promoción del reequilibrio social y territorial y de desarrollo de vivienda, hábitat e integración socio urbana.

Que en ese orden compete a esta Cartera de Estado entender en la formulación, elaboración y ejecución de la Política Nacional en todas las materias relacionadas con el desarrollo del hábitat y ejecutar los planes, programas y proyectos de su competencia que elabore conforme las directivas que le imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que en dicho marco, y con la finalidad de reactivar y finalizar obras del PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS paralizadas o demoradas en su ejecución al inicio del presente año presupuestario y/o las que quedaron finalmente paralizadas producto del aislamiento producido por pandemia del coronavirus COVID-19 y al mismo tiempo buscando el desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y grupos vulnerables en situación de emergencia, marginalidad y riesgo ambiental en todo el Territorio Nacional, se considera pertinente crear el "PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT", en adelante el "PROGRAMA".

Que con el "PROGRAMA" se busca también promover la incorporación de mano de obra local, procurando de ese modo una reinserción social y laboral de la población afectada como la movilización de la economía a partir de mercados locales de materiales e insumos para la construcción.

Que se considera más eficaz ante la situación dada incorporar todas las obras vigentes a los lineamientos del "PROGRAMA" que por este acto se crea, al que podrán adherir voluntariamente los Entes Ejecutores de estas obras, o continuar según las condiciones pactadas en los Acuerdos originalmente suscriptos.

Que en el supuesto que al momento de la adhesión existan reclamos entre las partes, o surjan de análisis posteriores, se procederá a una instancia de conciliación a fin de cerrar administrativamente los efectos de dichos acuerdos.

Que el derecho a una vivienda adecuada tiene reconocimiento constitucional con la incorporación que hace de los instrumentos internacionales de derechos humanos su Artículo 75, inciso 22 y en el reconocimiento expreso que en el Artículo 14 bis se hace del derecho al acceso a una vivienda digna.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7° del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el "PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT", destinado a reactivar y finalizar las obras que se ejecutan dentro del PLAN NACIONAL DE VIVIENDA las que se encuentran paralizadas o demoradas en su ejecución, favoreciendo de ese modo al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat, de la vivienda, de la infraestructura básica y del equipamiento comunitario de los hogares involucrados con Necesidades Básicas Insatisfechas y de los grupos vulnerables en situación de emergencia, marginalidad y riesgo ambiental en todo el Territorio Nacional, a la incorporación de mano de obra, a la reinserción social y laboral de la población afectada y a la movilización de la economía a partir de mercados locales de materiales e insumos para la construcción, cuyo Reglamento Particular obra como Anexo I (IF-2020-44872096-APN-SSL#MDTYH) y que forma parte integrante de la presente resolución.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Resolución Nº 57/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat B.O. 23/7/2020)

ARTÍCULO 2° — Los Entes Ejecutores que deseen adherir al PROGRAMA que se crea por la presente medida deberán comunicarlo a través de una solicitud de adhesión dirigida a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS dependiente de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, de conformidad con el Anexo II (IF-2020-43174943-APN-SSL#MDTYH) que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Lo acordado con los Entes Ejecutores que no adhieran al PROGRAMA continuará según las estipulaciones originalmente pactadas.

ARTÍCULO 4° — Si al momento de la adhesión existen reclamos entre las partes o surjan de análisis posteriores, se procederá a una instancia de conciliación a fin de cerrar administrativamente los efectos de dichos acuerdos.

ARTÍCULO 5° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a los créditos presupuestarios del Fideicomiso vigente o del Programa 38 según corresponda, pudiendo cambiar de imputación según condiciones específicas que serán aprobadas por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

ARTÍCULO 6° — Facultase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT a dictar las normas aclaratorias, complementarias o interpretativas de la presente medida.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. María Eugenia Bielsa

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)
ANEXO I

(Anexo sustituido por art. 1º de la Resolución Nº 57/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat B.O. 23/7/2020)

                                                                                                                                                          ANEXO I

REGLAMENTO PARTICULAR DEL "PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACION Y TERMINACION DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HABITAT"

INDICE

1. MARCO INTRODUCTORIO

1.1 OBJETIVOS

1.2 PARTES INTERVINIENTES

1.3 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

1.3.1 Respecto de la UNIDAD DE GESTIÓN

1.3.2 Respecto de la SUBSECRETARÍA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

1.3.3 Respecto de la SECRETARÍA DE HABITAT

1.3.4 Respecto de la PROVINCIA como ENTE EJECUTOR

1.3.5 Respecto de los MUNICIPIOS como ENTE EJECUTOR

1.4 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR LOS BENEFICIARIOS

2.- CONTENIDO y ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO PARTICULAR

2.1 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

2.1.1 Terminación de Viviendas y Mejoramientos de Vivienda paralizadas

2.1.2 Construcción de Viviendas y Mejoramientos de Vivienda proyectadas sin inicio.

2.1.3 Obras de Mejoramiento del Hábitat Urbano, de Infraestructura frentista, nexos de media

escala y Complementarias de Equipamiento Urbano, paralizadas o proyectadas sin inicio.

2.2 IMPUTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

2.2.1 Imputación del gasto

2.2.2 Afectación del gasto

2.2.3 Evaluación de los elementos que componen los indicadores

2.2.4 Control presupuestario, metas físicas

2.3 PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

2.3.1 Primera Etapa: "DE GESTIÓN DEL PROYECTO"

2.3.1.1 Criterios de elegibilidad de los proyectos

2.3.1.2 Gestión para obtener la Factibilidad Técnica

2.3.2 Segunda Etapa: "DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO"

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS VIVIENDAS y LOS MEJORAMIENTOS

2.5 FINANCIAMIENTO

2.5.1 Establecimiento de los montos financiables

2.5.2 Adecuación y actualización de los montos financiables

2.5.3 Metodología para efectuar los desembolsos y sus rendiciones

REGLAMENTO PARTICULAR DEL "PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACION Y TERMINACION DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HABITAT"

1. MARCO INTRODUCTORIO

1.1 OBJETIVOS

a) Reactivar y terminar las obras que se encuentran paralizadas o demoradas en su

ejecución.

b) Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y grupos vulnerables en situación de emergencia, marginalidad y riesgo ambiental en todo el Territorio Nacional.

c) Promover la incorporación de mano de obra.

d) Procurar la reinserción social y laboral de la población afectada.

e) Movilizar la economía a partir de mercados locales de materiales e insumos para la construcción.

1.2 PARTES INTERVINIENTES

-UNIDAD DE GESTIÓN: El PROGRAMA DE REACTIVACIÓN y TERMINACIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN OPERATIVA DE PROYECTOS HABITACIONALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA.

-SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA: Organismo dependiente de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT.

-ENTES EJECUTORES: Los Estados Provinciales, representados por los organismos competentes, que ellos designen, Municipales y Organizaciones no Gubernamentales de reconocida trayectoria

1.3 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

1.3.1 Respecto de la UNIDAD DE GESTIÓN

-Analizar y evaluar la documentación presentada por los ENTES EJECUTORES.

-Fijar criterios de elegibilidad excepcionales cuando circunstancias de contexto lo requieran.

-Emitir la Factibilidad Técnica de los Proyectos.

-Adoptar las medidas y controles necesarios para el cumplimiento de los Convenios suscriptos entre los ENTES EJECUTORES y la SUBSECRETARÍA.

-Supervisar y auditar el inicio, los avances y la finalización de cada Proyecto.

1.3.2 Respecto de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

-Suscribir los Convenios con los ENTES EJECUTORES.

-Auditar y monitorear el PROGRAMA.

-Financiar todas sus Líneas de Acción.

-Impulsar las transferencias de los fondos a los ENTES EJECUTORES, en tiempo y forma, de

acuerdo con lo establecido en cada Convenio.

-Suspender la ejecución de cualquiera de las Líneas de Acción, donde no se cumplan los

aspectos programáticos o alguna de las cláusulas fijadas en los Convenios por parte de los

ENTES EJECUTORES.

1.3.3 Respecto de la SECRETARÍA DE HÁBITAT

-Ratificar mediante Resolución los Convenios firmados por la SUBSECRETARÍA, y aprobar la transferencia del monto total del proyecto, facultando al Sr. Subsecretario a impulsar la liquidación de los anticipos financieros y demás desembolsos según lo establecido en los Convenios ratificados.

1.3.4 Respecto de la PROVINCIA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ENTE EJECUTOR

-Presentar los Proyectos y las Solicitudes de Factibilidad Técnica ante la UNIDAD DE GESTIÓN.

-Suscribir los Convenios con la SUBSECRETARÍA.

-De corresponder, llevar adelante procesos licitatorios, públicos o privados, concursos de precios, adjudicar las obras y celebrar los respectivos contratos para la ejecución del Proyecto de la Línea de Acción correspondiente.

-Garantizar que las viviendas, cuenten al momento de ser terminadas con los servicios de agua, cloaca, gas, electricidad y obras complementarias.

-Proveer de luz y agua potable a la obra antes del inicio de los trabajos preliminares.

-Realizar inspecciones técnicas y de seguimiento de todos los Proyectos las veces que sea necesario y por lo menos en oportunidad de cada desembolso efectuado.

-Realizar los certificados de avance de obra físico y financiero, según el modelo fijado por el PROGRAMA y elevarlo a la UNIDAD DE GESTIÓN.

-Adjudicar las viviendas conforme los lineamientos del PROGRAMA.

-Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

-Realizar la recepción provisoria y definitiva de la obra.

-Una vez finalizada la obra, gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles, proceder a la inmediata entrega de las viviendas e instrumentar, a través de la Escribanía General de Gobierno provincial, el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor del BENEFICIARIO; y realizar la constitución de la correspondiente hipoteca a favor de la PROVINCIA, cuando corresponda, una vez terminadas las obras.

-Instrumentar el recupero de las cuotas, cuando corresponda, que abonarán los BENEFICIARIOS, adjudicatarios de las viviendas, para su reinversión en nuevos proyectos de viviendas en su jurisdicción.

-Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

1.3.5 Respecto de los MUNICIPIOS como ENTE EJECUTOR

-Los municipios que actúen como Entes Ejecutores deberán cumplir con las mismas exigencias que los Organismos provinciales salvo aquellas que excedan el alcance de su jurisdicción.

1.4 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIMENTAR LOS BENEFICIARIOS

Para el caso de entregas de viviendas nuevas se deberán cumplir con las cuotas que cada Jurisdicción establezca, salvo el caso de relocalizaciones forzosas en el marco de problemáticas de riesgo ambiental y contaminación.

2.- CONTENIDO y ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO PARTICULAR

2.1 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

El PROGRAMA está compuesto por tres Líneas de Acción:

a) Terminación de Viviendas y Mejoramientos de Viviendas Paralizadas.

b) Construcción de Viviendas y Mejoramientos de Viviendas proyectadas sin inicio.

c) Obras de Mejoramiento del Hábitat Urbano, de Infraestructura frentista, nexos de media escala y Complementarias de Equipamiento Urbano, paralizadas o proyectadas sin inicio.

2.1.1 Terminación de Viviendas y Mejoramientos de Vivienda paralizadas

La Línea de Acción "terminación" está dirigida a concluir de manera eficaz, efectiva y eficiente todas aquellas obras que se encuentran paralizadas y que debido al estado económico, financiero y físico pueden ser reactivadas

2.1.2 Construcción de Viviendas y Mejoramientos de Vivienda proyectadas sin inicio.

Esta Línea de Acción prevé atender la demanda de viviendas nuevas que sean el resultado de rescisiones de Convenios de anteriores operatorias, adendas o complementen intervenciones inconclusas.

2.1.3 Obras de Mejoramiento del Hábitat Urbano, de Infraestructura frentista, nexos de media escala y Complementarias de Equipamiento Urbano, paralizadas o proyectadas sin inicio.

Esta Línea de Acción prevé atender la demanda en proyectos desarrollados de obras de cordón cuneta, veredas, pavimento nexos de redes de servicios básicos y la ejecución de todas aquellas obras menores destinadas a mejorar el Hábitat Urbano que se encuentren paralizadas o proyectadas sin inicio garantizando un cierre integral de la obra.

2.2 IMPUTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

2.2.1 Imputación del gasto

La imputación del gasto quedará sobre las partidas vigentes al momento de su ejecución, contemplando las siguientes líneas de acción:

✓ Terminación de Viviendas y Mejoramientos de Viviendas.

✓ Construcción de Viviendas y Mejoramientos de Viviendas.

✓ Obras de Mejoramiento del Hábitat Urbano, de Infraestructura frentista, nexos de media escala y Complementarias de Equipamiento Urbano.

2.2.2 Afectación del gasto

Según corresponda.

2.2.3 Evaluación de los elementos que componen los indicadores

Los componentes básicos para la elaboración de los indicadores del PROGRAMA son:

✓ Cantidad de viviendas en ejecución

✓ Cantidad de viviendas terminadas

✓ Cantidad de mejoramientos de viviendas en ejecución

✓ Cantidad de mejoramientos de viviendas terminados

✓ Cantidad de proyectos de infraestructura en ejecución

✓ Cantidad de proyectos de infraestructura terminados

✓ Cantidad de proyectos de equipamiento urbano o comunitario en ejecución

✓ Cantidad de proyectos de equipamiento urbano o comunitario terminados

✓ Cantidad de familias relocalizadas por riesgo ambiental

✓ Cantidad de familias afectadas por obras de mejoramiento de viviendas

✓ Cantidad de familias afectadas por obras de infraestructura o mejoramiento del hábitat

✓ Cantidad de Barrios Populares intervenidos

2.2.4 Control presupuestario, metas físicas

Las Metas y su correspondientes Unidades de Medida, del presente PROGRAMA, están en relación con sus Líneas de Acción:

1) Meta: Terminación de Viviendas paralizadas. Unidad de Medida: Vivienda Terminada y Vivienda en Ejecución.

2) Meta: Construcción de Viviendas proyectadas sin inicio. Unidad de Medida: Vivienda Terminada y Vivienda en Ejecución.

3) Meta: Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias. Unidad de Medida: Proyecto Terminado y Proyecto en Ejecución.

2.3 PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

El PROGRAMA se instrumenta en base a los lineamientos fijados en el presente Reglamento. Cada proyecto que se realice en este marco deberá encontrarse respaldado jurídicamente por un CONVENIO suscripto entre la SUBSECRETARÍA DE POLITICAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA, y los ENTES EJECUTORES de las respectivas Jurisdicciones.

El procedimiento para la aprobación de PROYECTOS comprende dos etapas:

a) La primera etapa, se denomina "DE GESTIÓN DEL PROYECTO".

b) La segunda etapa, "DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO".

2.3.1 Primera Etapa: "DE GESTIÓN DEL PROYECTO"

Los ENTES EJECUTORES interesados presentarán mediante nota a la SUBSECRETARÍA, la voluntad de adherirse al PROGRAMA. Acompañando la mencionada nota se presenta la "Solicitud de Factibilidad Técnica" junto a la documentación técnica del Proyecto, por cada Línea de Acción, previo asesoramiento de la UNIDAD DE GESTIÓN.

2.3.1.1 Criterios de elegibilidad de los proyectos

Los criterios de elegibilidad estarán condicionados al estado de paralización de los proyectos iniciados o por iniciarse.

En la evaluación que realizará la UNIDAD DE GESTION deberán considerarse aspectos técnicos, constructivos, funcionales, económicos, financieros, ambientales y sociales.

Las viviendas que resulten reiniciadas o sean nuevas para completar proyectos inconclusos deberán ajustarse a lo establecido en los "Estándares Mínimos de Calidad" y a las Factibilidades Técnicas emitidas. Deberán contemplarse aspectos funcionales, técnicas constructivas locales en relación con la mano de obra disponible. Así como aspectos regionales o culturales que puedan verse vulnerados por tipologías inapropiadas. En el caso de los Mejoramientos de Viviendas deberán respetarse las características morfológicas de las viviendas a terminar y procurar la mejor adaptabilidad a los usos y costumbres de sus habitantes.

Para la conclusión de un proyecto podrán utilizarse las tres líneas de acción en simultáneo, puesto que podrán ser terminadas las viviendas iniciadas, aprobarse las restantes sin inicio con montos actualizados y proceder a la firma de otro Convenio y completar el proyecto con la línea de acción 3, otorgándole veredas, cordón cuneta, equipamiento urbano, nexos de infraestructura o conectividad de pavimento a por lo menos una vía de acceso pavimentada existente, en otro Convenio.

Para ello deberán programarse los tiempos de ejecución y evitar periodos improductivos con transferencias realizadas.

2.3.1.2 Gestión para obtener la Factibilidad Técnica

Conforme los criterios de elegibilidad, la Solicitud de Factibilidad Técnica será evaluada por la UNIDAD DE GESTIÓN. Dicho análisis se hará en base a la documentación técnica que acompañará cada Solicitud. De existir observaciones de orden técnico o económico, estas deben ser salvadas por el ENTE EJECUTOR.

En caso de no existir observaciones se otorgará la Factibilidad Técnica, la cual será comunicada mediante nota, por la UNIDAD DE GESTIÓN, al ENTE EJECUTOR. Una vez otorgada se procederá a la apertura de los expedientes de obra o a la incorporación de expedientes existentes y a la elaboración y firma de los respectivos Convenios.

La UNIDAD DE GESTIÓN será quien esté facultada para realizar los controles y adoptar las medidas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento de los Convenios suscriptos entre los ENTES EJECUTORES y la SUBSECRETARÍA.

En los casos en que la normativa de la Jurisdicción del ENTE EJECUTOR le obligue al mismo a introducir modificaciones al modelo de Convenio se dará intervención a la Asesoría Jurídica de la SUBSECRETARÍA para que opine al respecto.

Los Convenios, una vez confeccionados, serán suscriptos por la SUBSECRETARÍA y las Jurisdicciones intervinientes los cuales luego de ser protocolizados, el área pertinente remitirá copia del ejemplar a cada una de las Jurisdicciones participantes.

2.3.2 Segunda Etapa: "DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO"

Esta segunda etapa "DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO" comenzará, con el primer envío de fondos por parte de la SUBSECRETARÍA al ENTE EJECUTOR, el cual fuera aprobado mediante Resolución de la SECRETARÍA DE HABITAT.

Dichos desembolsos estarán sujetos a las condiciones de cada Convenio, según la Línea de Acción que corresponda.

Los plazos de ejecución de las obras van a depender de cada Línea de Acción y estarán plasmados en los Planes de Trabajo y Cronogramas de Desembolsos, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de las obras correspondientes a los proyectos. Los mismos, podrán prorrogarse en casos puntuales, cuando concurran circunstancias imprevistas o impedimentos debidamente justificados y hayan sido comunicados por los ENTES EJECUTORES con una antelación no menor a TREINTA (30) días a la UNIDAD DE GESTIÓN.

Todo proyecto aprobado podrá ser modificado en sus aspectos técnicos, siempre que medien circunstancias imprevistas y estén debidamente justificadas. Dichas propuestas de modificación deberán comunicarse con la debida anticipación adjuntando la documentación respaldatoria que avale la misma, quedando a consideración de la UNIDAD DE GESTIÓN su aprobación.

La UNIDAD DE GESTIÓN supervisará y auditará el inicio, los avances y la finalización de cada Línea de Acción del Programa, fijando criterios comunes a cualquier ENTE EJECUTOR.

Una vez finalizada la obra, la PROVINCIA y/o el MUNICIPIO procederá a la entrega, en el caso de vivienda nueva, de la escritura traslativa de dominio a sus adjudicatarios, procediendo a la constitución de la correspondiente hipoteca a favor de esta. Asimismo, el ENTE EJECUTOR firmará el Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Finalmente, los expedientes iniciados en el ámbito de la SUBSECRETARÍA serán cerrados una vez que se adjunte al mismo el Acta mencionada.

La SUBSECRETARÍA podrá suspender la ejecución de cada Línea de Acción del Programa en aquellos casos en que no se cumplan las responsabilidades establecidas en cada una de las cláusulas de los Convenios correspondientes a los ENTES EJECUTORES.

2.4 MÉTODO DE CONTRATACIÓN

Podrán realizarse licitaciones públicas o privadas y/o concursos de precios y podrá utilizarse la modalidad por "administración" para determinados Convenios cuando ello agilice los procesos administrativos en relación con el monto de la obra y lo permita los alcances de las normativas nacionales, provinciales o locales de sus respectivas leyes para la contratación de obras.

2.5 FINANCIAMIENTO

En todas las Líneas de Acción es la SUBSECRETARÍA la que financia los fondos del PROGRAMA, que aprueba y transfiere la SECRETARÍA DE HABITAT. Los ENTES EJECUTORES son los receptores de los fondos, responsables de su aplicación en los proyectos, de las rendiciones de cuenta de estos y de la ejecución de las obras. El financiamiento de cada Línea de Acción se instrumentará de ser necesario mediante la firma de un Convenio suscripto entre la SUBSECRETARÍA y los ENTES EJECUTORES. Los financiamientos serán no reintegrables y se concederán en forma individual por cada Proyecto.

El monto total del financiamiento está comprendido por el Monto de la Línea de Acción que corresponda, pudiendo ser concurrente con otra Línea de Acción prevista por el PROGRAMA para garantizar una intervención completa e integral procurando un hábitat digno y saludable.

2.5.1 Establecimiento de los montos financiables

Los montos que financiará la SUBSECRETARÍA, para cada Línea de Acción, serán establecidos en los Convenios con los siguientes criterios:

a) Para obras de terminación, correspondientes a la Línea de Acción 1, se tomará el % físico faltante de obra en relación con a la última medición recibida, y se determinará el monto resultante Podrán considerarse los deterioros producto de la paralización de las obras debidamente verificados. Si hubiera un saldo financiero positivo con relación al % físico se considerará como un anticipo efectuado y se calculará su relación a un % de obra a realizar.

b) Para obras de Construcción de Viviendas y Mejoramientos de Viviendas proyectadas sin inicio, Línea de acción 2, se utilizarán los montos máximos financiables vigentes expresados en UVISs (Anexo I)

c) Para Obras de Mejoramiento del Hábitat Urbano, de Infraestructura frentista, nexos de media escala y Complementarias de Equipamiento Urbano, paralizadas o proyectadas sin inicio se procederá a un análisis comparativo de valores de referencia y se procederá de igual manera que las Líneas de Acción 1 y 2.

d) En los casos indicados en los puntos a) y b) que anteceden deberá realizarse un balance financiero y económico en relación con los recursos desembolsados por Nación y deberá verificarse la correspondencia entre el avance físico declarado y el avance financiero transferido. En su caso las actuaciones pasaran a la etapa de conciliación administrativo.

2.5.2 Adecuación y actualización de los montos financiables

A los fines de instrumentar las distintas Líneas de Acción, los montos establecidos en los Convenios vigentes serán actualizados según las siguientes metodologías:

a) Para obras adheridas a UVIs, según Leyes 27271 y 27397, se procederá de la siguiente manera:

1.- las obras consideradas "activas" podrán reprogramar sus plazos de ejecución, adecuar sus respectivos planes de trabajos y continuar con la ejecución y sus respectivas certificaciones dentro de los alcances de la normativa vigente.

2.- las obras con certificaciones descontinuadas podrán considerarse paralizadas, y ser alcanzadas por este Reglamento. Para su reactivación y terminación se deberá calcular la obra faltante en UVIs y, reprogramar las obras, fijar los montos respectivos a valores actuales al momento de la reactivación y de ser necesario, reconocer montos complementarios por sobre los saldos financiables por Convenio. De esta manera se obtendrá un nuevo monto de obra con el que se podrá, por Disposición del Subsecretario, adecuar el Convenio vigente, addendar o firmar uno nuevo por "terminación".

b) Para obras paralizadas no adheridas a UVIs se reconocerá eventuales mayores montos de obra de cada Convenio con la siguiente metodología:

1.- las obras que no posean acciones judiciales promovidas sumarios o rescisiones unilaterales se tomará la última medición al momento de la paralización expresada en % de avance físico y se le aplicará el valor de la UVI según corresponda. Con ello se obtendrá el % físico de obra faltante a ejecutar expresado en UVIs. A continuación, se le aplicará a esa cantidad de UVIs el valor vigente al momento de la Solicitud de Factibilidad Técnica, de ser necesario, podrán reconocerse montos complementarios por sobre los saldos financiables por Convenio. De esta manera se obtendrá un nuevo monto de obra con el que se podrá, por Disposición del Subsecretario, adecuar el Convenio vigente, addendar o firmar uno nuevo por "terminación".

2.- las obras que estuvieran sometidas a acciones judiciales deberán resolver las controversias y después de ello estar sometidas a las prescripciones up-supra definidas.

2.5.3 Metodología para efectuar los desembolsos y sus rendiciones

Los plazos de ejecución se fijarán en el Plan de Trabajos de cada obra y en el Cronograma de Desembolsos, que como Anexos formarán parte de los Convenios a ser suscriptos entre los "ENTES EJECUTORES" y la "SUBSECRETARÍA".

Los fondos serán depositados, antes del inicio o re-inicio de la obra, en las cuentas bancarias declaradas por los "ENTES EJECUTORES", las que deberán estar dadas de alta en el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" realizará el primer desembolso al "ENTE EJECUTOR" en concepto de "anticipo financiero", a determinar según la obra y será descontado (desacopio) de las certificaciones futuras a presentar. El ENTE EJECUTOR deberá presentar junto a la certificación, la correspondiente "rendición".

La "UNIDAD DE GESTIÓN" procederá a verificar dicha rendición en base a la siguiente documentación remitida por el "ENTE EJECUTOR", a saber:

a) Acta de inicio o re-inicio de obra.

b) Certificado.

c) Constancia de cobro de la empresa en original con copia de la factura correspondiente y copia del comprobante de depósito en la cuenta de la contratista o constancia fehaciente de acreditación de los fondos.

d) Planilla en soporte magnético, conteniendo la síntesis de la rendición para todas las obras.

Recibida y evaluada la rendición se procederá a gestionar los siguientes desembolsos.

Con el último certificado de avance de obra y una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas del ultimo desembolso, cumplimentando el 100% financiero y físico, se procederá al cierre de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública de la jurisdicción respectiva; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada, las viviendas en condiciones de ser habitadas y las infraestructuras en funcionamiento.

2.5.4 Mecánica de desembolsos

Los desembolsos serán efectivizados de acuerdo con la siguiente mecánica en cuatro remesas según etapas de avance físico:

1° desembolso en concepto de anticipo financiero, pudiendo ser entre el 15 y el 20 % del saldo total, de acuerdo con las particularidades de cada obra. En los casos que el saldo financiero y el avance físico de la obra lo requieran podrá instrumentarse un único desembolso.

2° desembolso correspondiente a un 30 o 35 % del saldo total, cuando se alcance mínimamente, el primer 25% de obra faltante.

3° desembolso correspondiente a un 30 o 35 % del saldo total, cuando se alcance mínimamente, el 50% de obra faltante.

4° y ultimo desembolso correspondiente al saldo por transferir, cuando se alcance mínimamente, el 80% de obra faltante.

2.6 MARCO DE APLICACIÓN - METODOLOGÍA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL

Los fondos que se transfieran en el presente Programa quedan sujetos a su rendición de acuerdo a lo establecido en la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT Nº 31/2020 o a la norma que en un futuro la remplace.

 

                                                                                                                                                          ANEXO II

Sr. Subsecretario de Políticas de Vivienda e Infraestructura

Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat

Ctdor. Daniel Guastavino

S_____/_____D

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _______________ de 2020, en mi carácter de representante legal del ENTE EJECUTOR del Convenio N° _________________________, de fecha __________, solicito la adhesión de dicho convenio al Programa Nacional de Reactivación y Finalización de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat.

Presto conformidad a la aplicación del Reglamento Particular del Programa a las tareas de terminación de las obras que actualmente son desarrolladas por este Ente bajo el Plan Nacional de Vivienda.

En particular, a lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución Ministerial de Desarrollo Territorial y Habitat Nro XXX/2020, en cuanto a que se procederá a una instancia de conciliación a fin de cerrar administrativamente los efectos de dichos convenios.

A dichos efectos, constituyo como vía de comunicación oficial:

Mail:

Teléfono:

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente.

Decreto nº 126/2016
Fecha: 04.01.2016

Artículo 1º.- Créase la Dirección General de Emergencia Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.
(2) Por Decreto nº 566/2017 dispuso que dependa de la Secretaría General y Derechos Humanos y que preste servicios en las instalaciones dispuestas como Dormidero para Personas en Situación de Calle del Centro Integrador Comunitario "Este", sito en calle Fermín Garay y Roque Saenz Peña.

Decreto nº 403/2017 
Fecha: 15.03.2017

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Tránsito y Planificación Urbano Vehicular, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.(2)
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.


(2) Decreto nº 455/2019
Fecha: 26.03.2019

Artículo 1º.- Créase la Subdirección de Tránsito y Planificación Urbano Vehicular, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.


(3) Decreto nº 969/2019
Fecha: 20.05.2019

Artículo 1º.- Créase la Subdirección de Despacho Administrativo en la Dirección de Tránsito y Planificación Urbano Vehicular dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

Decreto nº 2672/2016
Fecha: 28.12.2016

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Promoción Institucional, dependiente de la Secretaría General y Derechos Humanos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- El presente es refrendado por el Secretario General y Derechos Humanos. Municipal.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3° y 4° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

Decreto nº 366/2016
Fecha: 01.02.2016
                                                                                                                                                               Anexo XV
8. Subsecretaría de la Juventud
8.1. Dirección de Despacho Administrativo(1)
       Departamento Administrativo

(1) Decreto nº 699/2016
Fecha: 23.03.2016

Artículo 1º.- (1)
Artículo 2º.- Créase el Departamento Administrativo de la Dirección de Despacho de la Subsecretaría de Juventud, dependiente de la Secretaría General y Derechos Humanos.
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- Créase la Subdirección de Residencia Municipal Madre Teresa de Calcuta, dependiente de la Secretaría General y Derechos Humanos
Artículo 6º.- (1)
Artículo 7º.- (1)
Artículo 8º.- (1)
Artículo 9º.- (1)
Artículo 10º.- (1)
Artículo 11º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 1°, 3°, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de distintas reparticiones.

Decreto nº 605/2020
Fecha: 18.07.2020
Publicado: 18.07.2020
DECNU-2020-605-APN-PTE - "Distanciamiento social, preventivo y obligatorio". Régimen aplicable.

VISTOel Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020 y sus normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el VISTO del presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia.
Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20 por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "ASPO", durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de la normativa señalada en el VISTO del presente decreto, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 y, con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos Nros. 520/20 y 576/20 hasta el 17 de julio del corriente año, inclusive.
Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la expansión de COVID-19 teniendo en cuenta la aparición gradual y detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país, según se detalla más adelante, y habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo.
Que, durante el transcurso de estos más de CIENTO DIECISIETE (117) días desde el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.
Que desde el inicio de la pandemia se logró un incremento del 41% en la dotación de camas de terapia intensiva para adultos, reduciendo la brecha entre el sector público y el sector privado.
Que solo en materia de salud se dispusieron 29.485 millones de pesos a la atención de la emergencia especialmente destinados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, transferencias financieras y en especie a las provincias, compra y distribución de bienes, insumos, recursos y obras para hospitales nacionales.
Que se ha desarrollado fuertemente la investigación en todos los aspectos de la pandemia, registrándose a la fecha más de 350 estudios de investigación en el país de los cuales 63 corresponden a ensayos clínicos.
Que se desarrollaron y registraron 4 dispositivos de diagnóstico diseñados y producidos por científicos y empresas locales y se estimuló y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y elementos de protección personal.
Que se reforzaron las acciones territoriales y de atención primaria de la salud en todas las jurisdicciones del país.
Que se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento de muestras para diagnóstico de COVID-19, adquiriendo más de 800 mil determinaciones de PCR (Polymerase Chain Reaction) y destinando recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS).
Que se consolidó y capacitó a un equipo de más de 13.000 voluntarios compuesto por profesionales y trabajadores de la salud, estudiantes universitarios y empleados estatales que se encuentran acompañando las acciones territoriales de atención, seguimiento de contactos, carga y procesamiento de datos y apoyo en acciones generales.
Que se implementó el plan nacional de cuidado de los trabajadores y las trabajadoras de los equipos de salud y se realizaron capacitaciones online para profesionales y cuidados en enfermería.
Que se generaron 73 recomendaciones para equipos de salud, 163 guías de buenas prácticas, 68 documentos de consenso y directrices en la preparación de los servicios de salud pública y privados.
Que se implementó como estrategia de control de contactos estrechos "DetectAr" (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina) en provincias y municipios de todo el país.
Que, específicamente en los últimos DIECISIETE (17) días, se reforzaron todas las estrategias para afrontar la pandemia.
Que, en igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica que se vio plasmada a través de distintos instrumentos. Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables y los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la epidemia, como las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas.
Que con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y, también, para ir incorporando gradualmente la realización de diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera, se establecieron excepciones al "ASPO" y a la prohibición de circular para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios, y se estableció el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "DISPO". Todo ello mediante los Decretos Nros. 297/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20 y 576/20, y las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20, 975/20, 995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20, 1075/20, 1146/20, 1251/20 y 1264/20.
Que al día 15 de julio, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se confirmaron más de 13 millones de casos y 574 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios, con casos de COVID-19.
Que la región de las Américas sigue siendo la más afectada en este momento, donde se observa que el 48,6% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 27,4% a BRASIL y solo el 1,5% a ARGENTINA, y que similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 46,5% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 25,1% a BRASIL y el 0,6% a la ARGENTINA.
Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 245 casos cada 100.000 habitantes, de las más bajas de la región americana.
Que la tasa de letalidad al 15 de julio es de 1,8% y la tasa de mortalidad es de 45,2 personas por millón de habitantes, manteniéndose la REPÚBLICA ARGENTINA dentro de los países con menor mortalidad en la región.
Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.
Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y tanto el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) como el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comunitaria sostenida y brotes en distintas jurisdicciones, no se haya saturado el sistema de salud.
Que al momento de disponer el "ASPO" a nivel nacional, el tiempo de duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de TRES COMA TRES (3,3) días, y al día 8 de mayo de 2020 alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los VEINTICINCO (25) días. Al 6 de junio ese valor era de QUINCE COMA CINCO (15,5) días, al 26 de junio de CATORCE COMA TRES (14,3), y al 16 de julio se estima en VEINTITRÉS COMA NOVENTA Y CINCO (23,95) días, lo que implica que el tiempo para duplicar casos es mayor que en los VEINTE (20) días previos, inclusive, con un número de casos mucho mayor.
Que, en la región del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en adelante AMBA, en los últimos DIECIOCHO (18) días se ralentizó el aumento de casos, siendo de un CINCUENTA Y CINCO COMA SEIS POR CIENTO (55,6%), en comparación con el CIENTO TREINTA Y SEIS COMA CUATRO POR CIENTO (136,4%) de incremento observado en los VEINTE (20) días previos al dictado del Decreto N° 576/20, el día 29 de junio próximo pasado.
Que el tiempo de duplicación de casos para la misma zona geográfica al 25 de junio era de CATORCE COMA TRES (14,3) días y que al 14 de julio se estima en VEINTICUATRO COMA SETENTA Y CINCO (24,75) días.
Que a pesar del aumento de casos, no se saturó el sistema de salud con un porcentaje de ocupación de camas, para la misma región, del SESENTA Y TRES COMA SIETE POR CIENTO (63,7%).
Que el tiempo de duplicación de casos para el total del país, excluyendo del cálculo al AMBA, al 2 de junio, era de CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días, al 23 de junio era de VEINTIDÓS COMA CUATRO (22,4) días y al 16 de julio se estima en DIECIOCHO COMA CINCO (18,5) días.
Que todas las jurisdicciones presentaron casos en los últimos CATORCE (14) días y que muchas de ellas presentan brotes (algunos de varios conglomerados), con casos esporádicos en los cuales no se puede definir el nexo epidemiológico.
Que el aglomerado urbano de Neuquén de la Provincia del Neuquén y el Departamento de General Roca de la Provincia de Río Negro aumentaron el tiempo de duplicación de casos, pero sin aumento exponencial de los mismos, ni saturación del sistema de salud.
Que la Provincia del Chaco continúa con transmisión comunitaria extendida en el Departamento de San Fernando, pero con disminución en la velocidad de transmisión en el resto de la provincia.
Que la Provincia de Jujuy presenta un aumento exponencial de casos en las últimas semanas distribuidos en todo el territorio, con un número creciente de casos sin nexo epidemiológico que afecta al personal de salud y un tiempo de duplicación de SIETE COMA SEIS (7,6) días que compromete la capacidad de respuesta del sistema de atención.
Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país.
Que, en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin nexo y las que presentan brotes o conglomerados pequeños controlados.
Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA, en atención a lo ya señalado, y específicamente debido a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica, obliga al Estado Nacional a adoptar decisiones en función de cada realidad.
Que la efectividad del ASPO ha logrado que más del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada actividad que se va habilitando como excepción.
Que si bien han transcurrido más de CIENTO DIECISIETE (117) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.
Que una parte importante de la transmisión se produce debido a la realización de actividades sociales en las cuales no se respeta el distanciamiento social, y que es mayor el riesgo en las aglomeraciones de personas, principalmente en lugares cerrados.
Que las medidas de distanciamiento social para tener impacto deben ser sostenidas, e implican la responsabilidad individual y colectiva, para logar el objetivo de disminuir la transmisión del virus y evitar la saturación del sistema de salud.
Que la saturación del sistema de salud, conlleva a un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros países del mundo.
Que ningún país del mundo ha logrado aún controlar definitivamente la epidemia, por lo que no puede todavía validarse en forma categórica ninguna estrategia adoptada, especialmente cuando las realidades sociales, económicas y culturales introducen aún mayores complejidades. Por este motivo se debe continuar en el diseño de una estrategia nacional específica para atender las urgencias y los desafíos que demanda una situación epidemiológica con características inusitadas.
Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el "ASPO", los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto".
Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, "...no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás".
Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales", del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en cuanto a la razonabilidad de las medidas adoptadas en nuestro país, en el marco de los Decretos Nros. 297/20, sus sucesivas prórrogas y 493/20, ha manifestado que: "...En este sentido, la restricción a la libertad ambulatoria para preservar la salud pública, y la reglamentación dispuesta por la norma se encuentra motivada en forma razonable por cuanto, como se explicó no se advierte otro mecanismo posible en este estado del conocimiento científico, ni la parte lo ha explicitado o ha brindado otras posibles opciones que demuestren que las medidas dispuestas en la norma que impugna constituyan mecanismos arbitrarios sin sustento científico o irracionales". "...Las restricciones allí impuestas a los derechos y garantías de todos los habitantes, de acuerdo a las limitaciones según las jurisdicciones con distintas intensidades de acuerdo a la situación sanitaria, están motivadas en forma razonable como se señaló y con el fin de preservar la salud pública.", así como también que "...los decretos de necesidad y urgencia cuestionados por la accionante no poseen tintes de arbitrariedad en tanto los fines y medios utilizados demuestran la compatibilidad constitucionalidad de las limitaciones a los derechos individuales (artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la CN)".(23588/2020/CA1 – "Blanco Peña, M. L. s/habeas corpus" - CNCRIM Y CORREC – SALA V- 29/05/2020).
Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción parcial y temporaria a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.
Que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES manifestaron la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la presente medida.
Que, desde el día 18 de julio y hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, se mantendrá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -DISPO- para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artículo 2° del presente decreto. Asimismo, se mantendrá por igual plazo, la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo.
Que el "DISPO" y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.
Que, asimismo, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el "DISPO" y otras para el "ASPO", conforme se indica en los artículos 9° y 18 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipulados.
Que en el presente decreto se elimina de las prohibiciones para el "ASPO" la apertura de parques y plazas.
Que el aglomerado urbano del AMBA que incluye, a los fines de este decreto, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a TREINTA Y CINCO (35) partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES conforme se indica en el artículo 11 del presente, el Departamento de San Fernando de la PROVINCIA DEL CHACO y todos los Departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY presentan transmisión comunitaria sostenida, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.
Que si bien el riesgo de circulación existe y el Estado posee la obligación de extremar los cuidados con el fin de controlar la situación epidemiológica, se ha ralentizado la velocidad de contagio; razón por la cual se procede a restablecer la vigencia de la normativa que fue suspendida por imperio del artículo 32 del Decreto N° 576/20, quedando supeditada su efectiva aplicación a los lineamientos que cada Gobernadora, Gobernador o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca.
Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente con las Decisiones Administrativas mencionadas en el artículo 12 del presente decreto, se declaran "esenciales" a distintas actividades y servicios y se exceptúa del cumplimiento del "ASPO" a las personas afectadas a ellos.
Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente decreto requieren la previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, con el fin de preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.
Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de todas las personas, especialmente de los niños, las niñas y adolescentes, que deban cumplir el "ASPO", se mantendrá, con los alcances y limitaciones establecidos en el artículo 20 del presente decreto, la facultad de realizar una breve salida de esparcimiento.
Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes se prevé que los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias puedan decidir nuevas excepciones al cumplimiento del ASPO y a la prohibición de circular, para personas afectadas a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, con la implementación del protocolo respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.
Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada en el artículo 11 es considerada como una unidad a los fines de contabilizar los habitantes que en ella residen, toda vez que se trata de un aglomerado urbano.
Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil contener su expansión, sigue sin autorizarse para las zonas con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes bajo la modalidad "ASPO", la disposición de nuevas excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y previo requerimiento del Gobernador o de la Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.
Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares, se exigirá que las empleadoras o los empleadores garanticen el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. En todos los casos, la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá utilizar el que se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de distintas áreas del país, se continuará implementando la misma estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.
Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el "DISPO" como para el "ASPO".
Que las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES remitir al referido MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).
Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.
Que se mantiene la obligatoriedad por parte de las Autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de comunicar de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario.
Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones y tomando en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), se puede transitar entre "ASPO" y "DISPO", según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder, no depende de plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos.
Que con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente, que se mencionan en el artículo 12 del presente decreto.
Que resulta imprescindible en todo el país, y especialmente en las zonas definidas como de transmisión comunitaria sostenida, aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de signos y síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y el cumplimiento de cuarentena por CATORCE (14) días de sus familias, convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la pandemia.
Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados y sus contactos estrechos, como estrategia imprescindible para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.
Que también se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el "DISPO" como por el "ASPO", las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.
Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 2 de agosto de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20.
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.
Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

TÍTULO UNO

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19.

TÍTULO DOS

CAPÍTULO UNO:

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen "transmisión comunitaria" sostenida del virus SARS-CoV-2.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos se aplicará el artículo 10 y concordantes del presente decreto.

La medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el día 18 de julio hasta el día 2 de agosto de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares:

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO.

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO, con excepción del Departamento de "San Fernando".

• Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de los TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el artículo 11 del presente decreto.

ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE (14) días.

ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad.

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2.

ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES. PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas.

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

ARTÍCULO 8º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 9°.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del presente decreto quedan prohibidas las siguientes actividades:

1. Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas.

2. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes.

3. Cines, teatros, clubes, centros culturales.

4. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del presente.

5. Turismo.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo. Las excepciones deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.

CAPÍTULO DOS:

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 18 de julio hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto.

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 10, los siguientes lugares:

El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

• El Departamento de "San Fernando" de la PROVINCIA DEL CHACO.

• Todos los Departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY.

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 10, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.

30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1.

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: También quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes:

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2.

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Mutuales y Cooperativas de Crédito mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o pagos. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7.

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre ubicada en los lugares establecidos por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10.

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (Decisión Administrativa N° 763/20, artículo 1°, Anexo I punto 5, y concordantes para el resto de las jurisdicciones).

7. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos, en los términos de la Decisión Administrativa N° 1056/20.

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.

Los Gobernadores y las Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva.

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional.

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, y limitar su duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá incorporar al "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" ya citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria.

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o UNA (1) pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20.

ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las siguientes actividades:

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas.

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 23 de este decreto.

5. Turismo.

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a cumplir con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20.

CAPÍTULO TRES:

DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento se excluya de las disposiciones del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del "aislamiento social, preventivo y obligatorio". El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 10 del presente decreto.

ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, que disponen el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10.

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que disponga el cese del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanzados por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" queda facultado para ampliar o reducir la autorización prevista en el presente artículo.

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto.

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de "caso sospechoso" ni la condición de "caso confirmado" de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de Covid-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabajadoras mayores de esa edad, están dispensados y dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos, se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes.

ARTÍCULO 26.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 27.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrá los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 28.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.

ARTÍCULO 29.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20.

ARTÍCULO 30.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 31.- RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES EN "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO": Aquellas actividades y servicios que estuvieron suspendidos hasta el día 17 de julio de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto N° 576/20 en los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, recuperan su vigencia a partir del día 18 de julio de 2020. En todos los casos, su efectiva reanudación queda supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TÍTULO TRES

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET: Prorrógase hasta el 2 de agosto de 2020 inclusive, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20.

ARTÍCULO 33.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 34.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 18 de julio de 2020.

ARTÍCULO 35.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 36.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

(1) Decreto 624/2020
Fecha: 28.07.2020
Publicado: 29.07.2020
DECNU-2020-624-APN-PTE - Prohibición de despidos y suspensiones. Prórroga.

VISTO el Expediente N° EX-2020-46313098-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 297 del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, 329 del 31 de marzo de 2020 y 487 del 18 de mayo de 2020 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 359 del 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del virus SARS-CoV-2, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que en dicho contexto, se dictó el Decreto N° 260/20 por el que se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.
Que con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que posteriormente por los Decretos Nros. 520/20, 576/20 y 605/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y las que permanecieron en "aislamiento social, preventivo y obligatorio", de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado.
Que a pesar de los distintos estatus sanitarios existente en las regiones geográficas del país, la pandemia de COVID-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial, de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prolongar en el tiempo la normativa existente respecto de la prohibición de despidos, para lo cual el Estado nacional viene brindando variadas medidas de apoyo económico.
Que dicha medida impacta directamente sobre la actividad económica del país y en el sistema de producción de bienes y servicios, cuestión que ha sido considerada por este Gobierno conforme lo dispuesto en los Decretos Nros. 316 del 28 de marzo de 2020, 320 del 29 de marzo de 2020, 332 del 1° de abril de 2020 y sus modificatorios, por los que se dispuso la constitución de un Fondo de Afectación Específica en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios y el decreto que crea el Programa de "Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción" para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica, el cual fue prorrogado por el Decreto N° 621 de fecha 27 de julio de 2020; así como la prórroga del Régimen de Regularización Tributaria establecido en el último párrafo del artículo 8º de la Ley N° 27.541, entre otras de las muchas normas ya dictadas.
Que esta normativa estableció una serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios, en función de la gravedad de la situación del sector y del tamaño de la empresa. Asimismo, se han dispuesto garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES).
Que como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, en el contexto de emergencia, por los Decretos N° 329 del 31 de marzo de 2020 y N° 487 del 18 de mayo de 2020, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días.
Que, asimismo, los citados decretos prohibieron las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por idéntico plazo, quedando exceptuadas de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en ese marco, se dispuso también que los despidos y las suspensiones que se hubieran adoptado en violación a lo establecido en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º de los aludidos decretos, no producirían efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.
Que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.
Que en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias.
Que, a su vez, el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas, y en la coyuntura deviene indispensable la preservación de los puestos de trabajo.
Que la Organización Internacional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento "Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)" que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que subraya "que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o trabajadores interesados".
Que por su parte, el artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso b) establece expresamente la posibilidad de que la "fuerza mayor" no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada en sus efectos cuando una disposición legal así lo prevea.
Que una situación de crisis como la que motivó el dictado de las medidas de emergencia ya citadas autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en "Aquino", Fallos 327:3753, considerando 3, en orden a considerar al trabajador o a la trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que, asimismo, resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar.
Que, respecto del Sector Público Nacional resulta adecuado en esta instancia seguir idéntico criterio al sostenido en el Decreto N° 156 del 14 de febrero de 2020.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio y las medidas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", dispuestas por los Decretos N° 297/20 y 520/20, sus complementarios y modificatorios.
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 487/20.
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 487/20.
Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 6°.- Las prohibiciones previstas en este decreto no serán de aplicación en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran.
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 8°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

Resolución 122-E/2017 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Fecha: 15.03.2017
Publicación: 17.03.2017

VISTO el Expediente Nº EX-2016-04828591- -APN-SECVYH#MI del registro de este Ministerio, la Resolución N° 1270 del 30 de diciembre de 2008 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución Nº 15 del 3 de febrero 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modificatorias, la Resolución N° 428 del 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 1012 del 18 de mayo de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 993 del 5 de octubre de 2010 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 1030 del 28 de octubre de 2010 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Circular Nº 2 del 16 de octubre de 2012 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y el Decreto Nº 212 del 22 de diciembre 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 1270/08 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIO", en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que por la Resolución Nº 15/09 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA II", en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que por medio de la Resolución N° 428/09 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - TECHO DIGNO", en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que mediante la Resolución N° 1012/09 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS", en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que por la Resolución N° 993/10 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES", en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que mediante la Resolución N° 1030/10 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se creó el "PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - MEJOR VIVIR II", en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Que a través de la Circular Nº 2/12 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se implementó el plan de acción denominado: "MÁS CERCA: MAS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MÁS PATRIA".

Que habiéndose evaluado el desempeño de los programas de vivienda y hábitat citados precedentemente, se verificó la existencia de actividades y funciones superpuestas, replicándose en cada programa actividades comunes a todos ellos, lo que ha generado una dispersión de esfuerzos administrativos y una ineficiente utilización de los recursos con el consiguiente atraso en la ejecución de las obras así como también una distribución territorial inequitativa de dichas obras.

Que de conformidad con la Ley 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, este Ministerio tiene entre sus competencias entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Que asimismo, el Decreto N° 212/15 establece como objetivos de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT de este Ministerio la de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda.

Que en el marco de lo expuesto, resulta pertinente dejar sin efecto el "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA II", el "PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO", el "PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS", el "PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS – MEJOR VIVIR II", el "PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES", el "PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIO", y el plan de acción denominado "MÁS CERCA: MÁS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MAS PATRIA".

Que a su vez, corresponde crear el "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA" en el ámbito de SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT de este Ministerio y el "PLAN NACIONAL DE HÁBITAT" en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT de este Ministerio, como planes permanentes para la ejecución de los proyectos de vivienda y hábitat, en coordinación con las distintas jurisdicciones competentes en la materia, buscando de esta manera lograr una gestión más eficiente, ágil y eficaz.

Que el "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA" tiene como finalidad principal atender el déficit habitacional existente en la República Argentina, a través de diferentes líneas de acción, tendientes a facilitar a la población con recursos económicos insuficientes, el acceso a una vivienda adecuada, en el marco de un desarrollo urbano sustentable.

Que el "PLAN NACIONAL DE HÁBITAT" tiene como objetivo principal mejorar el acceso al hábitat en áreas precarias urbanas y en las localidades más vulnerables de todo el país, a través de la inversión en obras de infraestructura básica (agua y saneamiento), vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda.

Que en línea con lo expuesto, resulta necesario aprobar los Reglamentos Particulares del "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA" y del "PLAN NACIONAL DE HÁBITAT", en los cuales se detallan los organismos ejecutores de los planes, las acciones y responsabilidades asignadas a los mismos, los requisitos a cumplimentar por éstos para la aprobación de los proyectos y los procedimientos a seguir para el financiamiento, la ejecución y la correspondiente rendición de cuentas.

Que por otra parte, el "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA" y el "PLAN NACIONAL DE HÁBITAT" requieren contar con un instrumento de registración y actualización de la información referida a sus beneficiarios, a fin de asegurar procesos eficaces, equitativos y transparentes de identificación y selección de dichos beneficiarios.

Que en consecuencia, resulta necesario crear una Base Única de Beneficiarios (BUB) en el ámbito de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT de este Ministerio, la cual deberá instituirse como instrumento idóneo de convergencia y coordinación de la información estratégica para los distintos planes.

Que por otra parte, y a los fines de garantizar la vigencia de los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, se considera pertinente facultar al señor Secretario de Vivienda y Hábitat de este Ministerio a fijar los nuevos Montos Máximos Financiables, aplicables a los convenios particulares que se ejecuten en el marco del "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA" así como a realizar las modificaciones que resulten necesarias a los Reglamentos Particulares de los planes que se aprueban por la presente medida.

Que esta medida responde a los objetivos de este Ministerio consistentes en solucionar el déficit habitacional y proveer al mejoramiento del hábitat, en el marco de las políticas de pobreza cero contempladas para esta gestión de gobierno, que requieren de herramientas que provean celeridad, transparencia y eficiencia para lograrlos.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de este Ministerio, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 17 de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Déjase sin efecto la Resolución N° 1270 del 30 de diciembre de 2008 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución Nº 15 del 3 de febrero 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 428 del 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 1012 del 18 de mayo de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 993 del 5 de octubre de 2010 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 1030 del 28 de octubre de 2010 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIO y la Circular Nº 2 del 16 de octubre de 2012 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente entonces del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL

ARTÍCULO 2° — Créase en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, el "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA". (1)(2)

ARTÍCULO 3° — Apruébase el Reglamento Particular del "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA", que como Anexo I, registrado bajo el número IF-2017-03753592-APN-SECVYH#MI, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4° — Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA a aprobar el Manual de Ejecución del "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA".

ARTÍCULO 5° — Créase en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, el "PLAN NACIONAL DE HÁBITAT".

ARTÍCULO 6° — Apruébase el Reglamento Particular del "PLAN NACIONAL DE HÁBITAT", que como Anexo II, registrado bajo el número IF-2017-03753653-APN-SECVYH#MI, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 7° — Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA a aprobar el Manual de Ejecución del "PLAN NACIONAL HÁBITAT".

ARTÍCULO 8° — Créase la Base Única de Beneficiarios (BUB), en la órbita de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la que tendrá por objeto la registración y actualización de la información referida a los beneficiarios de los planes que se crean por los artículos 2º y 5º de la presente medida.

ARTÍCULO 9° — Facúltase al señor Secretario de Vivienda y Hábitat del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA a fijar los nuevos Montos Máximos Financiables, aplicables a los convenios particulares que se ejecuten en el marco del "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA", creado por el artículo 2° de la presente medida.

ARTÍCULO 10. — Facúltase al señor Secretario de Vivienda y Hábitat del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA a realizar las modificaciones que resulten necesarias a los Reglamentos Particulares que se aprueban por los artículos 3º y 6º de la presente medida, así como a dictar las normas complementarias que resulten pertinentes y a efectuar las interpretaciones y aclaraciones que devengan necesarias.

ARTÍCULO 11. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas presupuestarias con las que cuenta esta jurisdicción para el ejercicio 2017.

ARTÍCULO 12. — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA —www.boletinoficial.gob.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

                                                                                                                                                              ANEXO I

REGLAMENTO PARTICULAR PLAN NACIONAL DE VIVIENDA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

 1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL

1.1 ALCANCES

1.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

Promover y financiar proyectos para el desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de los hogares de escasos recursos, contribuyendo con el descenso progresivo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de la República Argentina.

1.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES

- Promover el desarrollo de soluciones habitacionales de calidad en el marco de proyectos integrales e inclusivos, para una adecuada apropiación del hábitat por parte de los beneficiarios, mediante la ejecución de acciones participativas.

- Contribuir con el desarrollo de procesos de integración y recuperación urbana.

- Vincular la política habitacional con el desarrollo territorial, alentando el aprovechamiento del suelo en localizaciones favorables dentro de la trama urbana.

- Promover la creación de nuevo suelo urbano apto para uso residencial.

- Mejorar la calidad de vida de los hogares, favoreciendo la integración socio comunitaria y el desarrollo sustentable del hábitat urbano, haciendo uso responsable de recursos y materiales vinculados a la construcción, y promoviendo la incorporación de nuevos sistemas constructivos.

- Garantizar esquemas de financiación de proyectos eficientes que permitan una mejor ejecución de las obras que se enmarquen en la presente línea de acción.

- Brindar seguridad jurídica a los beneficiarios de soluciones habitacionales generadas con financiamiento público, a partir del otorgamiento del correspondiente título de propiedad.

Contribuir de un modo ágil y eficaz, a brindar soluciones habitacionales a los hogares damnificados por contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos.

1.1.3 IMPACTOS INDIRECTOS

- Reforzar el rol de los gobiernos locales en el marco de la política nacional de vivienda.

- Mejorar el acceso al empleo decente.

- Contribuir con el fortalecimiento de la gobernanza.

1.1.4 COMPONENTES Y PRODUCTOS

A través de esta línea de acción se financiarán proyectos que incluyan los siguientes componentes, según los alcances de este Reglamento Particular, del Manual de Ejecución, de las normas complementarias que se dicten y de los convenios particulares que se suscriban:

1.1.4.1 Vivienda

Serán financiables aquellos proyectos que incluyan la ejecución de alguno de los siguientes tipos de solución habitacional, según las especificaciones del Manual de Ejecución de esta línea de acción: a) viviendas nuevas: viviendas adecuadas o unidades funcionales a subdividir bajo el régimen de propiedad horizontal; b) viviendas en obra a recuperar: viviendas a finalizar sin habitar pertenecientes a un proyecto público de vivienda social, que por diferentes razones se encuentra paralizado sin posibilidad de reinicio de acuerdo a su proyecto original, y cuya finalización es jurídico, financiera y técnicamente viable; c) viviendas para discapacitados; y d) viviendas adecuadas para adultos mayores.

1.1.4.2 Mejoramientos habitacionales

Serán financiables aquellos proyectos que incluyan alguna de las siguientes acciones: a) reconstrucción, ampliación o refacción de viviendas unifamiliares deficitarias o afectadas por contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos, y b) rehabilitación de conjuntos habitacionales multifamiliares, construidos a través del financiamiento del Estado Nacional.

1.1.4.3 Unidades habitacionales para la emergencia

Serán financiables unidades habitacionales destinadas a atender las necesidades urgentes originadas por contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos.

1.1.4.4 Infraestructura integrada y generación de suelo urbano

Serán financiables solicitudes que incluyan acciones destinadas a la identificación, captación y/o activación de suelo urbano; y la ejecución de alguno de los siguientes productos para dotar de infraestructura integral a proyectos de vivienda o de lotes con servicios: a) accesibilidad vial y peatonal, b) agua corriente, c) desagüe cloacal, d) desagüe pluvial, e) energía eléctrica, f) alumbrado, g) gas, y h) obras básicas de equipamiento barrial.

1.1.4.5 Regularización dominial y titulación

Serán financiables algunas de las siguientes acciones necesarias para la gestión, confección y entrega de los correspondientes títulos traslativos de dominio a favor de los beneficiarios: a) relevamientos o censos, b) mensuras; confección y gestión de aprobación de planos; c) adquisición de equipamiento, insumos y tecnología, d) estudio, gestión y confección de títulos, y e) asistencia técnica para la promoción de acciones de regularización dominial.

1.1.4.6 Promoción social y del cooperativismo

Serán financiables las siguientes acciones de integración social: a) actividades para la promoción social de los hogares beneficiarios durante el proceso de ejecución de las obras, b) capacitación en el uso de las viviendas y en la sustentabilidad del hábitat, c) acciones post entrega de las soluciones habitacionales d) asistencia en la conformación de consorcios en caso que corresponda y e) promoción del cooperativismo.

1.1.4.7 Promoción de la planificación urbana

Serán financiables acciones tendientes a promover el ordenamiento territorial en articulación con otros organismos del Estado Nacional, así como capacitación y asistencia técnica para la promoción de acciones de planificación urbana.

1.1.4.8 Promoción del alquiler social

Serán financiables acciones tendientes a facilitar el acceso formal al alquiler de una vivienda tales como: a) garantías con cobertura para los meses de vigencia del contrato de locación; b) subsidio parcial del costo mensual de la locación, c) financiamiento blando para la cobertura de los costos iniciales de la locación, y d) financiamiento de proyectos de construcción de vivienda para ser adjudicadas bajo la modalidad de locación o Leasing inmobiliario según lo detalla el Capítulo 5 - Leasing, (artículo 1227/1250) del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado mediante ley 26.994.

(Punto 1.1.4.8 sustituido por art. 1° de la Resolución N° 73/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 25/10/2019. Vigencia: a partir de la publicación en el Boletín Oficial)

1.1.5 BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios los hogares residentes en todo el territorio nacional, con dificultad de acceso a una solución habitacional, priorizando a aquellos cuyos ingresos no superen DOS (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para los casos de emergencias por contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos serán beneficiarios aquellos hogares que fueran damnificados y estén registrados en el respectivo censo.

1.2 ESQUEMA INSTITUCIONAL

1.2.1 PARTES INTERVINIENTES

1.2.1.1 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: organismo a cargo de la política nacional de vivienda y hábitat.

1.2.1.2 Secretaría de Vivienda y Hábitat: organismo dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda competente en materia de vivienda y hábitat.

1.2.1.3 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: organismo dependiente de la

Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de la gestión directa de las líneas de acción contempladas en el presente Reglamento Particular.

1.2.1.4 Unidad de Gestión: equipo interdisciplinario dependiente de la Dirección Nacional de Vivienda Social de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

1.2.1.5 Solicitantes: organismos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipales, responsables de la ejecución de proyectos urbanísticos y/o de vivienda, organismos e instituciones públicas financieras, nacionales, provinciales y/o municipales, organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, fondos fiduciarios o entes del sector público nacional.

1.2.1.6 Entes Ejecutores: Solicitantes que hayan suscripto un convenio particular en el marco de la presente línea de acción.

1.2.2 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Las siguientes son las funciones generales de las partes intervinientes con las especificidades que se describan en el correspondiente Manual de Ejecución:

1.2.2.1 Secretaría de Vivienda y Hábitat:

Definir la ejecución presupuestaria anual de la presente línea de acción y sus metas de actuación.

- Establecer los lineamientos estratégicos, definir anualmente los requerimientos presupuestarios y suscribir los convenios particulares promovidos por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Gestionar los desembolsos, de conformidad con el procedimiento administrativo que se establezca.

1.2.2.2 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda:

- Aprobar el Manual de Ejecución de esta línea de acción.

- Emitir las Constancias de Factibilidad Técnica, las Habilitaciones para Licitar, las Constancias de Factibilidad Financiera y las Factibilidades de Ocupación para cada proyecto a ser financiado.

- Promover la firma de los convenios particulares con los Solicitantes.

- Evaluar el desempeño financiero de esta línea de acción.

- Informar los incumplimientos de los convenios particulares firmados con los Entes Ejecutores y proponer la adopción de las medidas que correspondan.

- Establecer los estándares mínimos de calidad para las viviendas de interés social.

- Brindar asesoramiento para la presentación de proyectos que se enmarquen dentro de los componentes de la presente línea de acción.

1.2.2.3 Unidad de Gestión:

- Confeccionar y difundir manuales, guías de presentación y gestión de los proyectos enmarcados en la presente línea de acción.

- Canalizar los requerimientos de financiamiento de los Solicitantes, coordinando su correspondiente evaluación con ajuste a los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de esta línea de acción y asegurando brindar a dichos Solicitantes la respuesta e información correspondiente.

- Analizar y evaluar la documentación presentada por los Solicitantes o Entes Ejecutores, solicitar y recibir correcciones y/o ampliaciones de los proyectos a financiar por la presente línea de acción y promover el otorgamiento de las Constancias de Factibilidad Técnica, las Habilitaciones para Licitar, las Constancias de Factibilidad Financiera y las Factibilidades de Ocupación.

- Elaborar los proyectos de convenios particulares a suscribir entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat y los Entes Ejecutores.

- Llevar adelante las acciones necesarias de supervisión para el logro de una ejecución adecuada y eficiente de los proyectos a financiar por la presente línea de acción, verificando el cumplimiento de los convenios particulares que se suscriban.

- Supervisar el cumplimiento de planificaciones, metas y objetivos establecidos.

- Generar información para la toma de decisiones, emergente de la ejecución de los proyectos que se enmarcan en la presente línea de acción.

- Revisar y proponer mejores criterios de elegibilidad para los proyectos que se ejecutan a través de la presente línea de acción.

- Colaborar con las auditorías de los proyectos financiados y preparar los informes que correspondan a tal fin.

1.2.2.4 Solicitantes / Entes Ejecutores:

1.2.2.4.1 Municipios:

- Participar de jornadas de planificación estratégica, identificación y concertación de prioridades de actuación.

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se le indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, de corresponder, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia de Factibilidad de Ocupación.

- Propender al financiamiento compartido de los proyectos que se ejecuten en el marco de esta línea de acción.

- Suscribir los convenios particulares con la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

- De corresponder, llevar adelante los procesos licitatorios.

- De corresponder, llevar adelante procesos de selección de cooperativas u organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas.

- Llevar adelante la ejecución y dirección de cada componente de esta línea de acción que se ejecute por administración, cumpliendo con las obligaciones acordadas.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento de los proyectos, así como la inspección de las obras o acciones, controlando su cumplimiento, cuando fuese ejecutado por empresas, cooperativas u otras personas jurídicas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de todos los proyectos incluidos en la presente línea de acción.

- Elaborar informes específicos sobre los proyectos convenidos con carácter de declaración jurada, incluyendo la recepción provisoria y definitiva de la obra.

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

- Realizar censos, relevamientos, inscripciones, evaluaciones y selección de adjudicatarios, cuando corresponda, llevando adelante procesos de oposición a la adjudicación.

- Cuando corresponda, adjudicar las soluciones habitacionales, conforme los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de esta línea de acción, una vez ratificadas las adjudicaciones por la Unidad de Gestión.

- Emitir el acto administrativo de adjudicación que corresponda para cada solución habitacional.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con, en caso de corresponder, la constitución de derecho real de hipoteca.

- Proceder a la entrega, si este fuese el componente que se financia, de cada solución habitacional con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de habitabilidad.

- Instrumentar y gestionar el recupero de cuotas y su posterior reinversión en soluciones habitacionales, según los parámetros que establezca el convenio particular y la reglamentación vigente.

- Para casos de solicitudes de unidades habitacionales por emergencia producto de contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos, deberá garantizar la adjudicación provisoria de las unidades habitacionales supervisando su buen uso, recuperación y reintegro una vez finalizada la emergencia; y la obtención de una solución habitacional definitiva para los hogares que fueran damnificados.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

1.2.2.4.2 Organizaciones no gubernamentales:

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia de Factibilidad de Ocupación.

- Propender al financiamiento compartido de los proyectos que en el marco de esta línea de acción se ejecuten.

- Suscribir los convenios particulares con la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

- Realizar censos, relevamientos, inscripciones, evaluaciones e identificación de adjudicatarios, cuando corresponda, llevando adelante los procesos de oposición a la adjudicación establecidos en el Manual de Ejecución de la presente línea de acción.

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de todos los proyectos incluidos en la presente línea de acción.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con, si corresponde, la constitución de derecho real de hipoteca.

- Proceder a la entrega, si este fuese el componente que se financia, de cada solución habitacional con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de habitabilidad.

- Instrumentar y gestionar el recupero de cuotas y su posterior reinversión en soluciones habitacionales, según los parámetros que establezca el convenio particular y la reglamentación vigente.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

1.2.2.4.3 Organismos Provinciales:

- Realizar y presentar a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda los análisis del déficit habitacional relativos a su provincia y su impacto territorial.

- Participar de jornadas de planificación estratégica, identificación y concertación de prioridades de actuación.

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, de corresponder, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia de Factibilidad de Ocupación.

- Propender al financiamiento compartido de los proyectos que en el marco de esta línea de acción se ejecuten.

- Suscribir los convenios particulares con la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

- De corresponder, llevar adelante procesos licitatorios.

- De corresponder, llevar adelante procesos de selección de cooperativas u organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas.

- Llevar adelante la ejecución y dirección de cada componente de esta línea de acción que se ejecute por administración, cumpliendo las obligaciones acordadas.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento de los proyectos, así como la inspección de las obras o acciones, controlando su cumplimiento, cuando fuese ejecutado por empresas, cooperativas u otras personas jurídicas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión cualquier tipo de incumplimiento.

- Cuando corresponda, administrar financieramente, controlar y/o inspeccionar los proyectos que no sean ejecutados por sí mismos.

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de todos los proyectos incluidos en la presente línea de acción.

- Realizar informes específicos sobre los proyectos convenidos con carácter de declaración jurada, incluyendo la recepción provisoria y definitiva de la obra.

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

- Realizar censos, relevamientos, inscripciones, evaluaciones e identificación de adjudicatarios, cuando corresponda, llevando adelante los procesos de oposición a la adjudicación establecidos en el Manual de Ejecución.

- Cuando corresponda, adjudicar las soluciones habitacionales en función de los lineamientos establecidos en el Manual de Ejecución de esta línea de acción, una vez ratificadas las adjudicaciones por la Unidad de Gestión.

- Emitir el acto administrativo de adjudicación que corresponda para cada solución habitacional.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con, si corresponde, la constitución de derecho real de hipoteca.

- Proceder a la entrega, si este fuese el componente que se financia, de cada solución habitacional con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de habitabilidad.

- Instrumentar y gestionar el recupero de cuotas y su posterior reinversión en soluciones habitacionales, según los parámetros que establezca el convenio particular y la reglamentación vigente.

- Para casos de solicitudes de unidades habitacionales para la emergencia producto de contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos, garantizar la adjudicación provisoria de las unidades habitacionales supervisando su buen uso, recuperación y reintegro, una vez finalizada la emergencia; y la obtención de una solución habitacional definitiva para los hogares que fueran damnificados.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

1.2.2.4.4 Organismos e instituciones públicas financieras, nacionales, provinciales y/o municipales, fondos fiduciarios o entes del sector público nacional:

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia Factibilidad de Ocupación.

- Cuando corresponda, propender al financiamiento compartido de los proyectos que en el marco de esta línea de acción se ejecuten.

- Suscribir los convenios particulares con la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

- Cuando corresponda, administrar financieramente, controlar y/o inspeccionar proyectos que no sean ejecutados por sí mismos.

- Cuando corresponda, llevar adelante los procesos licitatorios.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento y control de cumplimiento contractual de las obras convenidas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión respecto a cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de todos los proyectos incluidos en la presente línea de acción.

- Realizar informes específicos sobre los proyectos convenidos con carácter de declaración jurada, incluyendo la recepción provisoria y definitiva de la obra.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con, si corresponde, la constitución de derecho real de hipoteca.

- Proceder a la entrega, si este fuese el componente que se financia, de cada solución habitacional con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de habitabilidad.

- Instrumentar y gestionar el recupero de cuotas y su posterior reinversión en soluciones habitacionales, según los parámetros que establezca el convenio particular y la reglamentación vigente.

1.3 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

1.3.1 PARÁMETROS PARA LA FEDERALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos presupuestarios de la presente línea de acción se asignarán en función a criterios equitativos y solidarios, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Se utilizará para esto indicadores poblacionales asociados al déficit habitacional, la emergencia habitacional, saldo migratorio, desocupación, mano de obra ocupada en la obra pública, entre otros.

1.3.2 MONTOS MÁXIMOS FINANCIABLES

Los montos máximos a financiar para los proyectos presentados por los Solicitantes, serán los establecidos por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, de conformidad a la normativa vigente y se aplicarán al momento de otorgar la correspondiente Constancia de Factibilidad Técnica.

1.3.3 FINANCIAMIENTOS COMPARTIDOS

El financiamiento de los proyectos deberá ser compartido entre la Secretaria de Vivienda y Hábitat y los Entes Ejecutores, debiendo este último financiar una contraparte equivalente a UN TERCIO (1/3) del monto total del proyecto. Esta modalidad podrá exceptuarse cuando se trate de proyectos de emergencia, proyectos de construcción de vivienda a ser adjudicadas bajo la modalidad de locación o Leasing inmobiliario y en los casos en que la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, previa evaluación del proyecto, determine la excepción.

(Punto 1.3.3 sustituido por art. 2° de la Resolución N° 73/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 25/10/2019. Vigencia: a partir de la publicación en el Boletín Oficial)

1.3.4 FINANCIAMIENTOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES O MUNICIPALES

Se podrán financiar programas provinciales o municipales, siempre que compartan los objetivos y sean equivalentes sus componentes y productos con los de la presente línea de acción, respetando los montos máximos financiables y los niveles técnicos mínimos establecidos para aprobar cada proyecto. Los Entes Ejecutores deberán solicitar las correspondientes Constancias de Factibilidad Técnica y Constancias de Factibilidad Financieras para cada uno de los proyectos a ejecutar.

1.3.5 RECUPEROS

Los Entes Ejecutores deberán implementar y gestionar a su cargo un sistema de recupero de cuotas a ser pagadas por los adjudicatarios de las soluciones habitacionales en forma mensual y consecutiva, siendo obligatoria la reinversión del total de los fondos recaudados en nuevos proyectos.

Las condiciones para el otorgamiento de los financiamientos a cada hogar, el destino y la disposición de los fondos, los mecanismos de información y rendición de cuentas será establecido en el Manual de Ejecución de esta línea de acción.

1.3.6 IMPUTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

1.3.6.1 Apertura programática

La asignación será atendida con las partidas presupuestarias correspondientes al Programa 38 "Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano". (Apartado sustituido por art. 1° de la Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 13/02/2019)

1.3.6.2 Afectación del gasto

Por tratarse de gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y al tratarse de importes no reintegrables, la afectación del gasto corresponderá en todos los casos al Inciso 5 "Transferencias".

1.3.7 INDICADORES PARA LA DEFINICIÓN DE METAS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

Los indicadores de la línea de acción Promoción de la Vivienda Social son las siguientes:

- Proyectos ejecutados: Se refiere a proyectos que se han ejecutado en un todo de acuerdo con el convenio particular.

- Viviendas construidas: Se refiere a las viviendas terminadas y adecuadamente habitadas.

- Viviendas recuperadas: Se refiere a las viviendas terminadas pertenecientes a proyectos de recuperación de obras.

- Mejoramientos terminados: Se refiere a cada ampliación o refacción de vivienda concluida en un todo de acuerdo con el convenio particular.

- Conjuntos habitacionales rehabilitados: Se refiere a cada rehabilitación de conjuntos habitacionales multifamiliares de más de CINCUENTA (50) viviendas en propiedad horizontal, construidos por el Estado Nacional.

- Infraestructuras y/o equipamientos completados: Se refiere a las infraestructuras y/o equipamientos terminados, cuyo funcionamiento se encuentra habilitado por el correspondiente organismo u empresa prestadora, con verificada disponibilidad y uso adecuado.

- Hogares integrados: Hogares que han participado en al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) de las actividades de promoción social realizadas de conformidad con esta línea de acción y el convenio particular.

- Hogares beneficiarios con título: Hogares adjudicatarios de una vivienda nueva que recibieron título debidamente inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble.

- Hogares beneficiarios del proceso de regularización dominial: Hogares ocupantes de soluciones habitacionales de antigua adjudicación, que recibieron su correspondiente título de propiedad a instancias de la presente línea de acción.

- Lotes con servicios provistos: Se refiere a lotes adecuadamente implantados y cuyos servicios se encuentran habilitados por el correspondiente organismo u empresa prestadora, con verificada disponibilidad y uso adecuado.

- Unidades habitacionales para la emergencia otorgadas: Hogares adjudicatarios de una solución habitacional provisoria en los casos de contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos.

- Hogares adjudicados mediante la modalidad de contrato de locación. (Incorporado por art. 3° de la Resolución N° 73/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 25/10/2019. Vigencia: a partir de la publicación en el Boletín Oficial)

- Hogares adjudicados bajo la modalidad de contrato de leasing inmobiliario. (Incorporado por art. 3° de la Resolución N° 73/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 25/10/2019. Vigencia: a partir de la publicación en el Boletín Oficial)

1.4 CICLO DE LOS PROYECTOS

Esta línea de acción se instrumentará en base a los lineamientos fijados en el presente Reglamento Particular, el Manual de Ejecución que se apruebe, las normas complementarias que se dicten y los convenios particulares. Los proyectos a ser financiados por esta línea de acción superarán las siguientes fases:

a) Fase de evaluación y aprobación de los proyectos.

b) Fase de ejecución, de seguimiento y control.

c) Fase de Cierre.

1.4.1 PRIMERA FASE: DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS

1.4.1.1 Presentación de una solicitud de financiamiento

Los Solicitantes, podrán presentar proyectos ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante nota de solicitud de financiamiento en la cual deberán incluir la información y la documentación específica necesaria según se establezca en el Manual de Ejecución de esta línea de acción.

1.4.1.2 Fundamentos de la solicitud

La cantidad y especificidad de los proyectos cuya financiación se solicite, deberá estar adecuadamente justificada por los Solicitantes según los lineamientos del Manual de Ejecución de esta línea de acción, en base a datos fehacientemente comprobables, teniendo en cuenta para su dimensionamiento el déficit cuantitativo y cualitativo de la localidad o localidades donde se prevé llevar adelante el proyecto, la cantidad de hogares damnificados ante eventuales contingencias climatológicas producidas por desastres naturales o antrópicos o la cantidad y ubicación de las unidades habitacionales en estado de irregularidad dominial.

1.4.1.3 Marco de gestión de los proyectos

Los proyectos a financiar se podrán gestionar mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Por Licitación Pública;

b) Por administración del Ente Ejecutor, siempre y cuando el proyecto sea igual o inferior a CINCUENTA (50) viviendas, mejoramientos o lotes con servicios. Los proyectos destinados a dar solución a situaciones de emergencia habitacional podrán ejecutarse bajo este modo de gestión aun cuando se financie más de CINCUENTA (50) soluciones habitacionales.

c) Por cooperativas, siempre y cuando el proyecto no implique la adjudicación de más de CINCUENTA (50) viviendas, mejoramientos o lotes con servicios a una única cooperativa. Los proyectos destinados a dar solución a situaciones de emergencia habitacional podrán ejecutarse bajo este modo de gestión aun cuando se financie más de CINCUENTA (50) soluciones habitacionales.

Los proyectos para el financiamiento exclusivo del componente 1.1.4.5 "Regularización Dominial y Titulación", 1.1.4.7 "Promoción de la Planificación Urbana" o 1.1.4.8 "Promoción del Alquiler Social", se ejecutarán bajo el modo de administración por parte del Ente Ejecutor.

1.4.1.4 Criterios para el otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Técnica

La Unidad de Gestión, en articulación con las diferentes áreas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, procederá a evaluar cada proyecto de acuerdo a los criterios que se establezcan en el Manual de Ejecución, verificando, de acuerdo a los componentes solicitados, sus aspectos sociales, dominiales, urbanísticos, ambientales, constructivos, financieros y su adecuación a los Montos Máximos Financiables vigentes.

Analizada la documentación técnica que presente el Solicitante y de obtener un informe favorable de la Unidad de Gestión, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda generará un expediente de proyecto y procederá a otorgar una Constancia de Factibilidad Técnica, la cual será comunicada mediante nota al Solicitante teniendo ésta un plazo de validez que será establecido según las características de cada proyecto particular.

1.4.1.5 Criterios para otorgar la habilitación para licitar

Cuando la modalidad de gestión sea por Licitación Pública, los Solicitantes que cuenten con proyectos con "Constancia de Factibilidad Técnica" vigente, podrán iniciar el proceso licitatorio una vez otorgada la Habilitación para Licitar. La misma será emitida por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria y los criterios que surgen del apartado 1.3.1 "Parámetros para la Federalización de los Recursos" y contendrá el plazo máximo para la presentación de la solicitud de la Constancia de Factibilidad Financiera.

1.4.1.6 Constancia de Factibilidad Financiera

El otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Financiera, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, habilitará la firma del convenio particular, salvo para los proyectos que financien, exclusivamente, el componente "1.1.4.5 "Regularización Dominial y Titulación", 1.1.4.7 "Promoción de la Planificación Urbana" o 1.1.4.8 "Promoción del Alquiler Social, que estarán exentos de este documento y habilitados para la firma del convenio particular sin más trámite.

Para obtener la Constancia de Factibilidad Financiera se deberá presentar la documentación que seguidamente se señala:

1.4.1.6.1 Para los proyectos a ejecutar por administración

La Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentada la documentación relativa a la designación del Responsable Técnico, cuyo perfil y antecedentes será evaluada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según la dimensión del proyecto.

1.4.1.6.2 Para los proyectos a ejecutar por licitación de obra y ejecución por empresa

La Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentada la siguiente documentación con carácter de declaración Jurada:

- Fecha de apertura de la licitación.

- Monto de presupuesto oficial.

- Documentación que dé cuenta de la publicidad de las ofertas.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará nombre de la empresa, capacidad técnico-financiera de cada una y puntaje.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará: nombre de la empresa, oferta económica y porcentaje relación oferta/presupuesto oficial.

- Conclusiones de la comisión evaluadora.

- Antecedentes de la empresa pre adjudicada.

- Pliego de contratación utilizado, términos de referencia, modelo de contrato de obra y cronograma de obra a suscribir, de donde surja el cumplimiento de las condiciones aprobadas por la Constancia de Factibilidad Técnica.

- Cualquier otra información que requiera la Unidad de Gestión.

1.4.1.6.3 Para los proyectos a ejecutarse por cooperativas

La Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentada la documentación relativa a la designación del Responsable Técnico de proyecto, cuyo perfil y antecedentes será evaluado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda según la dimensión del proyecto.

1.4.1.7 Firma del convenio particular

Obtenida la Constancia de Factibilidad Financiera, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda promoverá la firma de un convenio particular, en el cual se definirán, según corresponda, entre otros los siguientes aspectos:

- El modo de gestión del proyecto.

- Los montos a financiar por cada parte.

- El plan de trabajo, anticipo y cronograma de desembolsos.

- La metodología a ser utilizada para mantener la ecuación económica y financiera del convenio particular.

- Aspectos particulares para la rendición de cuentas.

- Fondos que se afectarán a la cobertura de costos de inspección y fiscalización del proyecto.

- La frecuencia de presentación de cronogramas actualizados de ejecución del proyecto.

- La obligación de dar publicidad al listado de beneficiarios del proyecto y el establecimiento de un mecanismo de oposición.

- La obligatoriedad de adjudicar las viviendas en un plazo que no podrá superar los CIENTO OCHENTA (180) días de iniciada la ejecución del convenio particular y registrarlos, si correspondiese, en la Base Única de Beneficiarios (BUB).

- La acreditación de la instalación del cartel de obra acordado con la presentación del primer certificado de avance de obra.

- La escrituración de las viviendas por parte de quien corresponda en cada caso, y eventualmente la constitución de garantías, dentro del plazo que se establezca en cada convenio particular.

- Modalidad de recupero de los fondos y destino de los mismos.

1.4.1.8 Anticipos y modalidad de las transferencias financieras

En cada convenio particular se definirá el anticipo financiero a otorgar el cual podrá alcanzar hasta el VEINTE PORCIENTO (20%) del monto total acordado en dicho convenio particular. Salvo estipulación en contrario, el saldo restante del proyecto se transferirá contra certificación mensual y descuento proporcional del anticipo financiero.

1.4.2 SEGUNDA FASE: DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

Suscripto el convenio particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda promoverá el pago del primer desembolso, comenzando, a partir de dicha transferencia, la etapa de ejecución del proyecto.

1.4.2.1 Inicio del proyecto

La ejecución del proyecto deberá iniciarse en un plazo no superior a los TREINTA (30) días a contar desde la fecha de transferencia del primer desembolso, a excepción de los proyectos para casos de emergencia, cuyo plazo para el inicio de las obras no podrá ser superior a los CINCO (5) días. La falta de inicio en dicho plazo dará derecho a la Secretaría de Vivienda y Hábitat a resolver el convenio particular y exigir la devolución de los fondos transferidos, sin necesidad de intimación previa a los Entes Ejecutores.

1.4.2.2 Política comunicacional

Los Entes Ejecutores deberán coordinar todas las acciones comunicacionales que se lleven adelante durante la ejecución del proyecto con la Unidad de Gestión, estando obligados a brindar toda la información que se le requiera para ser publicada y difundida, la que deberá ser provista mediante el medio que se indique.

Todas las piezas de comunicación deberán incluir el logo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de acuerdo a los lineamientos que la Secretaría de Vivienda y Hábitat establezca.

1.4.2.3 Adjudicación de las soluciones habitacionales

La adjudicación de las soluciones habitacionales se sujetará a las especificaciones del Manual de Ejecución de esta línea de acción y requerirá la revisión previa de la Unidad de Gestión.

El nivel o la formalidad de los ingresos no podrá ser causal de exclusión de ningún hogar como beneficiario, tampoco cuestiones de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica desfavorable, condición social o caracteres físicos.

Cuando la solución a adjudicar sea una vivienda, los beneficiarios o cualquier otro miembro mayor del grupo familiar declarado no deberán ser propietarios de otra, ni adjudicatarios de algún plan o programa habitacional o beneficiario de un crédito habitacional otorgado por cualquier organismo público, siendo obligatorio para los Entes Ejecutores consultar, previo a la adjudicación, los registros de la propiedad inmueble que correspondan, como así también el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda gestionará la Base Única de Beneficiarios (BUB), siendo obligación de los Entes Ejecutores ajustar los modos y criterios de selección a las especificaciones que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establezca.

1.4.2.4 Ejecución del componente de promoción socio-cultural

Será responsabilidad de los Entes Ejecutores realizar las acciones de promoción socio- cultural que se convengan, siendo éstas condición necesaria para la aprobación de los desembolsos correspondientes a cada certificado de obra.

1.4.2.5 Control de avances, calidad constructiva y cumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio particular

La Unidad de Gestión deberá realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos convenidos. En tal sentido, podrá requerir al Ente Ejecutor la presentación, entre otros, de los siguientes documentos, los cuales deberán ser entregados en tiempo y forma:

- Cronogramas de obras y acciones actualizados, con cálculo de fechas de finalización probable en función a posibles desvíos en los plazos de ejecución originalmente previstos.

- Resumen de movimientos de la cuenta bancaria destinataria de los desembolsos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat respecto al período de tiempo que le fuese requerido.

- Auditorías técnicas independientes, en caso de detectarse anomalías en la calidad de las construcciones.

- Actualización o remisión de certificados de factibilidad de provisión de servicios.

- Copias autenticadas de actas, partes o libros de obra.

- Listado de pre adjudicatarios y/o adjudicatarios de las soluciones habitacionales con la información que de cada uno de ellos se requiera.

- Cualquier otra documentación pertinente necesaria para el control de la ejecución de los proyectos.

1.4.2.6 Modificación del proyecto

Solo por circunstancias imprevistas y debidamente justificadas podrán modificarse aspectos técnicos del proyecto o ampliarse su plazo de ejecución. Las eventuales modificaciones técnicas o ampliaciones de plazo sólo podrán realizarse con la aprobación de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo informe favorable de la Unidad de Gestión.

1.4.2.7 Rescisión o cesión del contrato de ejecución de proyectos

Cuando los proyectos sean ejecutados por terceros contratados mediante el procedimiento de Licitación Pública y el Ente Ejecutor resuelva o ceda el contrato, se deberá solicitar la aprobación previa de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda indicando para ello las razones por las cuales se resuelva o cede el contrato y acreditando el cumplimiento de todos los pasos legales previstos en el pliego licitatorio y en la normativa aplicable al efecto.

1.4.2.8 Suspensión del financiamiento o resolución del convenio particular

De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance acumulado planificado para los proyectos o el incumplimiento de las cláusulas del correspondiente convenio particular, la Secretaría de Vivienda y Hábitat podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación o eventualmente resolver el convenio particular. En este último caso, el Ente Ejecutor deberá, en forma inmediata, presentar a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda una rendición de cuentas y restituir los montos no invertidos en los proyectos convenidos, así como abonar los daños y perjuicios que correspondan.

1.4.2.9 Metodología de rendición de cuentas

Será de aplicación la normativa vigente establecida por el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda con las particularidades previstas en cada convenio particular.

1.4.3 TERCERA FASE: DE CIERRE

Para el caso de proyectos de construcción de viviendas, finalizadas las obras y antes de la entrega de las soluciones habitacionales a los beneficiarios, las mismas deberán ser inspeccionadas por la Unidad de Gestión a fin de otorgar la Factibilidad de Ocupación. Este documento será entregado previa certificación del cumplimiento de las obligaciones descriptas en el convenio particular y verificada la disposición de los correspondientes servicios domiciliarios. Asimismo, deberá estar asegurada la entrega de los correspondientes títulos de propiedad a los hogares adjudicatarios.

1.5 MANUAL DE EJECUCIÓN

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda redactará y aprobará el Manual de Ejecución de la línea de acción Promoción de la Vivienda Social, en el cual se ampliarán los aspectos contenidos en el presente Reglamento Particular, siendo este de cumplimiento obligatorio para la presentación de solicitudes de financiamiento y para el desarrollo de las demás acciones previstas en la presente línea de acción.

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: ACCESO AL FINANCIAMIE NTO PARA LA VIVIENDA

2.1 ALCANCES

2.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

Ejecutar políticas destinadas a atender el déficit habitacional, tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo de la República Argentina, a través del acceso de las personas a un sistema de créditos individuales y/o colectivos destinados al mejoramiento del hábitat, la conexión de las viviendas a los servicios públicos y/o la regularización dominial, como así también a la construcción de unidades habitacionales nuevas, la adquisición de lotes con servicios o la compra de viviendas ya existentes.

2.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES

- Desarrollar e implementar herramientas financieras para familias, grupos de familias, colectivos, organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos, mutuales y Organizaciones No Gubernamentales.

- Impulsar iniciativas de financiamiento para la vivienda social en articulación con gobiernos provinciales y municipales, incentivando el desarrollo de las economías regionales y contemplando estrategias de integración urbana.

- Impulsar iniciativas de inclusión crediticia que contemplen sectores con ingresos informales o cuya inserción en el mercado de trabajo sea como monotributista social, becario de investigación, residente en el sistema de salud, trabajador/a del servicio doméstico y trabajador/a rural.

- Fomentar proyectos habitacionales inclusivos, creativos, innovadores y sustentables.

2.1.3 PARTES INTERVINIENTES

2.1.3.1 Secretaría de Vivienda y Hábitat: organismo dependiente del Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda.

2.1.3.2 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: organismo dependiente de la

Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

2.1.3.3 Unidad de Gestión

Será conformada por la Dirección Nacional de Acceso al Financiamiento para la Vivienda, la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones, y la Dirección Nacional de Vivienda Social, todas ellas dependientes de la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, cada una en el marco de sus respectivas competencias. (Apartado sustituido por art. 4° de la Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 13/02/2019)

2.1.3.4 Entes Ejecutores: serán los fiduciarios de los fondos fiduciarios públicos, ya existentes o a crearse, con capacidad suficiente para administrar los fondos comprometidos.

2.1.4 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

2.1.4.1 Secretaría de Vivienda y Hábitat

- Definir los lineamientos anuales de la ejecución presupuestaria de esta línea de acción y las metas a cumplir.

- Establecer los lineamientos estratégicos, definir anualmente los requerimientos presupuestarios y suscribir los convenios particulares promovidos por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Gestionar los desembolsos comprometidos.

2.1.4.2 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

- Planificar y definir los componentes de esta línea de acción, público objetivo, asignación de roles y propuesta de metas.

- Supervisar a la Unidad de Gestión.

- Suspender la ejecución de cualquier entrega de fondos por parte de los Entes Ejecutores, cuando no se cumplan los aspectos operativos, los criterios establecidos por la Unidad de Gestión o alguna de las cláusulas fijadas en los convenios particulares.

- Formular y publicar el informe de cumplimiento de metas que será aportado por los Entes Ejecutores.

- En situaciones de emergencia, y siempre que exista una necesidad concreta, proponer proyectos especiales para superar dichas situaciones, para una o más regiones del territorio nacional.

2.1.4.3 Unidad de Gestión

- Supervisar, auditar y monitorear la conformación y la gestión de los Entes Ejecutores.

- Desarrollar y/o asegurar la debida aplicación del "Reglamento Operativo" que regirá a cada Ente Ejecutor.

- Adoptar las medidas que sean necesarias y realizar los controles que garanticen el fiel cumplimiento de los convenios particulares suscriptos entre los distintos actores de la línea de acción y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Analizar y evaluar la documentación e información presentada por los Entes Ejecutores en relación al desempeño de las acciones convenidas y al impacto social de los proyectos comprometidos.

- Cuando corresponda podrá ser parte de los órganos decisorios de los Entes Ejecutores de la línea de acción.

- Establecer los parámetros de cada línea de crédito, definiendo entre otros aspectos: máximos financiables, plazos de devolución, segmentos a los que se apunta y condiciones de elegibilidad.

2.1.4.4 Entes Ejecutores

- Administrar los fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y por todo otro aportante, según los términos establecidos en cada convenio particular.

- Respetar los criterios que sean impartidos por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para la ejecución de los fondos aportados.

- Suscribir los instrumentos necesarios para la entrega de créditos y/o microcréditos a los tomadores de los mismos y realizar su evaluación y seguimiento.

- Suscribir convenios particulares con Organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria para la entrega de fondos destinados a la ejecución de esta línea de acción, pudiendo destinarse parte de esos fondos a la

consolidación de dichas Organizaciones y el costeo de sus estructuras administrativas.

- Transferir los fondos a Organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria en aquellos casos en los que hayan sido aprobados los proyectos presentados.

- Auditar el cumplimiento de los convenios particulares con cada Organización No Gubernamental.

- Elaborar informes mensuales de evolución de las acciones convenidas y elevarlos para su consideración a la Unidad de Gestión, debiendo incluirse en dichos Informes el detalle de la contabilidad y el registro administrativo de los movimientos financieros de los créditos otorgados.

- Utilizar los montos que se establezcan en los convenios particulares para la realización de talleres, capacitaciones, contratación del personal idóneo y demás servicios que sean necesarios para cubrir el normal funcionamiento del Ente Ejecutor, en relación a esta línea de acción.

- Cumplir con la provisión de información a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Unidad de Gestión, cada vez que así se exija.

2.2 COMPONENTES DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

Serán financiables proyectos que contemplen las siguientes líneas de crédito:

2.2.1 CRÉDITO PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL

- Microcréditos individuales para el mejoramiento progresivo de la vivienda, su conexión a los servicios públicos y/o su regularización dominial.

- Microcréditos colectivos para el mejoramiento progresivo de la vivienda, su conexión a los servicios públicos y/o su regularización dominial.

- Créditos individuales para la realización de obras de ampliación, terminación y/o refacción de una vivienda.

- Créditos colectivos para la realización de obras de ampliación, terminación y/o refacción de una vivienda.

2.2.2 CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA

- Créditos para el financiamiento de la construcción de una vivienda nueva en terreno propio o en un inmueble de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad directo.

- Créditos colectivos para el financiamiento de la construcción de viviendas nuevas o la refuncionalización y rehabilitación de inmuebles existentes con fines habitacionales que resuelvan el déficit de un conjunto de familias nucleadas en organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos, mutuales y asociaciones civiles.

2.2.3 CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE O LOTE CON SERVICIOS

- Créditos para la adquisición de una vivienda existente en el parque habitacional, ya sea usada o a estrenar.

- Créditos para la adquisición de un lote con servicios públicos.

2.2.4 CRÉDITO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS HABITACIONALES ESPECIALES

- Créditos que fomenten desarrollos habitacionales inclusivos, creativos, innovadores y sustentables.

- Créditos para la construcción de viviendas sociales en articulación con gobiernos provinciales y municipales incentivando el desarrollo de las economías regionales.

- Créditos para la vivienda en situaciones de emergencia, cuando así sea solicitado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

2.2.5 CRÉDITO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Serán financiables acciones de fortalecimiento organizacional, capacitación, adquisición de insumos y herramientas para Organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria que realicen acciones en el marco de la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.

2.2.6 Crédito para la Vivienda Sustentable

-Créditos o microcréditos para la sustentabilidad de la vivienda, a través de la ejecución de mejoramientos y/o la incorporación de equipamiento de eficiencia energética y energías renovables.

La operatoria de este componente será reglamentada por el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, creado por el artículo 59º de la Ley N° 27.341, cuyo Fiduciario actuará como Ente Ejecutor en los términos del apartado 2.1.3.4 del presente Reglamento. (Apartado incorporado por art. 5° de la Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 13/02/2019)

2.3 BENEFICIARIOS

La línea de acción se encuentra destinada a todas aquellas familias, residentes en todo el territorio nacional, con ingresos formales y/o informales, que se encuentren en situación de déficit o vulnerabilidad habitacional ya sea por la calidad de sus viviendas o por necesitar una unidad habitacional.

2.3.1 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BENEFICIARIOS

- Ser mayores de DIECIOCHO (18) años.

- Contar con algún tipo de déficit habitacional.

- Cumplir con la devolución de los créditos y/o microcréditos que hubiese recibido con anterioridad derivado de la presente línea de acción, utilizando los recursos de manera responsable y según lo establecido en los instrumentos que den cuenta de los compromisos y responsabilidades de las partes.

- No ser propietario de una vivienda cuando el crédito a otorgar este destinado a la construcción o adquisición de otra.

2.4 METODOLOGÍA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL

Será de aplicación la norma vigente establecida por el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda con las particularidades previstas en cada convenio particular.

2.5 MANUAL DE EJECUCIÓN

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda redactará y aprobará el Manual de Ejecución de la presente línea de acción.

3 LÍNEA DE ACCIÓN 3: ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA VIVIENDA

3.1 ALCANCES

3.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

Promover la reducción del déficit habitacional mediante la generación de oferta de vivienda adecuada con la participación conjunta del sector público y del sector privado.

3.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

- Estimular la participación del sector privado en la política pública de vivienda a fin de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

- Establecer reglas claras y transparentes, con riesgos y beneficios compartidos.

- Llevar a cabo proyectos integrados que promuevan la colaboración del sector privado.

- Estimular la integración social de los hogares con diferentes ingresos económicos.

- Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat de los hogares con impedimento al acceso de un crédito bancario.

- Mejorar el acceso a la vivienda de los hogares que, aun teniendo acceso al crédito, no puedan acceder a ella.

- Contribuir al desarrollo, saneamiento y mejoramiento de las condiciones necesarias para el acceso a la vivienda.

- Generar empleo formal y movilizar las economías regionales.

3.1.3 PARTES INTERVINIENTES

3.1.3.1 Secretaría de Vivienda y Hábitat: organismo dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

3.1.3.2 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: organismo dependiente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

3.1.3.3 Unidad de Gestión: es la Dirección Nacional de Diseño e Implementación de Nuevos Desarrollos de Vivienda dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

3.1.3.4 Entes Ejecutores: organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargados de llevar adelante la política provincial o local de vivienda; organismos e instituciones públicos financieros provinciales y/ o municipales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales y/o asociaciones sin fines de lucro de reconocida trayectoria; fondos fiduciarios o entes del sector público nacional. Las organizaciones no gubernamentales o las entidades intermedias podrán recurrir a la figura del fideicomiso siempre y cuando el fiduciario designado sea una entidad de reconocida trayectoria. (Apartado sustituido por art. 1° de la Resolución N° 23/2017 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat B.O. 14/12/2017)

3.1.3.5 Agente financiero: entidad financiera nacional o provincial regulada por el Banco Central de la República Argentina, q sea parte de un fideicomiso público como fiduciario.

3.1.3.6 Ente Integrador: podrán ser desarrolladores, fondos de inversión, entidades financieras, entidades intermedias, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, sindicatos, constructoras.

3.1.3.7 BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios los hogares residentes en todo el territorio nacional, con dificultad de acceso a una solución habitacional, priorizando a aquellos cuyos ingresos sean hasta CUATRO (4) Salarios Mínimo, Vitales y Móviles, está modalidad podrá exceptuarse en los casos de emergencias por contingencias climatológicas, desastres naturales o antrópicos serán beneficiarios aquellos hogares que fueran damnificados y estén registrados en el respectivo censo.

(Apartado incorporado por art. 2° de la Resolución N° 23/2017 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat B.O. 14/12/2017)

3.1.4 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

3.1.4.1 Secretaría de Vivienda y Hábitat:

- Definir los lineamientos anuales de ejecución presupuestaria de esta línea de acción y las metas de actuación.

- Establecer los lineamientos estratégicos, definir anualmente los requerimientos presupuestarios y suscribir los convenios particulares promovidos por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Gestionar los desembolsos, de conformidad con el procedimiento administrativo que se establezca.

3.1.4.2 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda:

- Supervisar a la Unidad de Gestión.

- Formular y publicar el informe de cumplimiento de metas aportados por los Entes Ejecutores.

- Promover la suscripción de convenios particulares entre las partes.

- Otorgar la Constancia de Factibilidad Técnica, condicionada y definitiva a los proyectos encuadrados en esta línea de acción, de corresponder.

- Otorgar la Constancia de Factibilidad Financiera a los proyectos encuadrados en la línea de acción, de corresponder.

- Poner a disposición del Ente Ejecutor diversos prototipos de vivienda y brindar asistencia técnica en su desarrollo, si así lo solicitara.

- Analizar los proyectos presentados por el Ente Ejecutor.

- Aprobar los beneficiarios seleccionados por parte del Ente Ejecutor.

3.1.4.3 Unidad de Gestión:

- Planificar y definir los componentes de esta línea de acción, fijando los objetivos, la asignación de roles y la propuesta de metas.

- Adoptar las medidas necesarias, realizar el seguimiento y los controles correspondientes para el fiel cumplimiento de los convenios particulares suscriptos entre las diferentes partes de esta línea de acción y la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

- Analizar y evaluar la documentación presentada por los Entes Ejecutores, solicitar y recibir correcciones y/o ampliaciones de los proyectos a financiar por la presente línea de acción y promover el otorgamiento de las Constancias de Factibilidad Técnica, las Habilitaciones para Licitar y las Constancias de Factibilidad Financiera.

- Gestionar y asistir a los Entes Ejecutores en la formulación de los Proyectos.

3.1.4.4 Entes Ejecutores:

- De corresponder, llevar adelante los procesos licitatorios.

- Suscribir los convenios particulares a fin de llevar a cabo los proyectos que se enmarcan en la presente línea de acción.

- Seleccionar a los beneficiarios.

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica y la Constancia de Factibilidad Financiera.

- Entregar a la Unidad de Gestión los datos catastrales y de dominio del terreno donde se construirán las viviendas, la infraestructura existente y la pre-factibilidad de los servicios.

- Entregar a la Unidad de Gestión el cronograma de ejecución de los proyectos convenidos.

- Cumplir con la ejecución de la obra en tiempo y forma en el marco de las normas legales, técnicas, laborales y ambientales que correspondan.

- Entregar información de avance del proyecto a las partes intervinientes.

- Facilitar la inspección de las obras por parte de la Unidad de Gestión o quién esta designe.

- Garantizar la escrituración de las viviendas conforme se vayan entregando a sus destinatarios finales.

3.1.4.5 Agente Financiero:

- Administrar los fondos fideicomitidos destinados a la ejecución de los proyectos convenidos.

- Efectuar los desembolsos destinados a la ejecución de los proyectos convenidos, conforme a lo establecido en el contrato de Fideicomiso.

- Gestionar el recupero de los aportes realizados.

- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en el contrato de Fideicomiso.

3.1.4.6 Ente Integrador:

- Suscribir los convenios particulares con la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

- Asistir en la selección del terreno en el que se emplazarán las obras y en el diseño del proyecto de construcción de viviendas, según los estándares mínimos preestablecidos por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Asistir en la selección de los beneficiarios.

- Asistir en la ejecución de la obra y en las acciones necesarias para la escrituración de las viviendas a construir.

- De corresponder, realizar los aportes de capital, en el marco de lo que se acuerde en el convenio particular.

3.2 CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO PARTICULAR

3.2.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA

Esta línea de acción contiene un único componente que es la construcción de vivienda nueva, con su infraestructura y/u obras complementarias.

3.2.2 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

3.2.2.1 Montos máximos financiables

Los montos máximos a financiar, serán establecidos por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, de conformidad con la normativa vigente y se aplicarán al momento de otorgar la correspondiente Constancia de Factibilidad Técnica.

3.2.2.2 Financiamientos compartidos

El financiamiento de los proyectos deberá ser compartido entre la Secretaria de Vivienda y Hábitat, los Entes Ejecutores y/o Entes Integradores, debiendo los Entes Ejecutores fundar adecuadamente su solicitud, de conformidad a lo que establezca en el Manual de Ejecución. Está modalidad podrá exceptuarse cuando se trate de proyectos de emergencia y en los casos en que la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, previa evaluación del proyecto, determine la excepción. (Apartado sustituido por art. 3° de la Resolución N° 23/2017 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat B.O. 14/12/2017)

3.2.2.3 Gestión de financiamiento

Los fondos utilizados para esta línea de acción se podrán disponer a fideicomisos públicos, en el marco de la normativa que le resulte aplicable.

3.2.3 IMPUTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

3.2.3.1 Apertura programática

La asignación será atendida con las partidas presupuestarias correspondientes al Programa 38 "Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano". (Apartado sustituido por art. 1° de la Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 13/02/2019)

3.2.3.2 Afectación del gasto

Por tratarse de gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y al tratarse de importes no reintegrables, la afectación del gasto corresponderá en todos los casos al Inciso 5 "Transferencias".

De acuerdo con la naturaleza de los Entes Ejecutores que recibirán las transferencias corresponderá afectar el gasto según corresponda.

3.2.3.3 Evaluación de los elementos que componen los indicadores

Componentes básicos para la elaboración de los indicadores sociales, institucionales y financieros de esta línea de acción.

Sociales:

- Índice de trabajadores formales.

- Índice de personas con aptitudes crediticias a fin de obtener un crédito hipotecario.

- Índice de mano de obra ocupada (horas hombre por vivienda).

- Índice de déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo.

- Número de empleados anotados en la actividad.

- Total de individuos en grupo familiar de empleados anotados en la actividad.

- Total de empleados con déficit habitacional de las empresas inscriptas.

- Total de individuos en grupo familiar de empleados con déficit habitacional.

- Número de viviendas en construcción.

- Número de viviendas finalizadas.

- Número de empleados habitando la vivienda finalizada.

- Número de individuos en grupo familiar de empleados habitando la vivienda terminada.

- Empleados anotados / total empleados con déficit habitacional.

Institucionales y Financieros;

- Número de gremios anotados en la actividad.

- Número de gremios con obras en construcción.

- Número de gremios con obras finalizadas.

- Montos invertidos en proyectos.

- Meses en obra por proyecto.

- Promedio de meses en finalizar una vivienda.

- Montos invertidos en materiales.

- Montos Invertidos en mano de obra.

- Metros cuadrados construidos.

- Cantidad de hipotecas otorgadas.

- Monto cobrado por recupero.

3.2.3.4 Control presupuestario de las metas físicas

Metas y su correspondiente Unidad de Medida:

- Meta: Construcción de viviendas.

- Unidad de Medida: Vivienda terminada y vivienda en ejecución.

3.2.4 PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.2.4.1 Primera etapa "De gestión del proyecto"

Los Entes Ejecutores o Entes Integradores presentarán solicitudes de proyectos, asesorados previamente en la formulación por la Unidad de Gestión.

Analizado el proyecto presentado, la Unidad de Gestión dictará la Constancia de Factibilidad Técnica respecto de aquellos que cumplan con los criterios establecidos en el "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA" y emitirá la Habilitación para Licitar a solicitud del Ente Ejecutor.

Cuando la modalidad de gestión sea por licitación pública, la Secretaría de Vivienda podrá otorgar Constancias de Factibilidad Técnica condicionadas al cumplimiento de alguna de las especificaciones indicadas para la presentación de solicitudes de financiamiento. Los condicionantes establecidos en la factibilidad técnica condicionada deberán ser cumplidos con anterioridad a la emisión de la Constancia de Factibilidad Financiera, momento en el cual podrá otorgarse una Constancia de Factibilidad Técnica Definitiva. Las Constancias de Factibilidad Técnica Condicionadas permitirán la emisión de una Habilitación para Licitar.

El Ente Ejecutor procederá a licitar la obra correspondiente, seleccionará la mejor propuesta presentada y remitirá la documentación a la Secretaría de Vivienda para revisión y posterior otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Financiera.

El Ente Ejecutor con asistencia del Ente Integrador seleccionará a los beneficiarios y los comunicará a la Secretaría de Vivienda, quien verificará que cumplan con los requisitos previstos para esta Línea de Acción.

La conformación de la fuente de financiamiento provendrá de fondos públicos y/o privados estableciéndose que el porcentaje de financiación por parte de la Secretaría de Vivienda, no podrá superar el CUARENTA POR CIENTO (40%) del costo total del proyecto. (Apartado sustituido por art. 2° de la Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 13/02/2019)

3.2.4.1.1 Constancia de Factibilidad Técnica

La Unidad del Gestión, en articulación con las diferentes áreas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda procederá a evaluar la elegibilidad del proyecto presentado, de acuerdo a los criterios que se establezcan en el Manual de Ejecución, verificando sus aspectos sociales, dominiales, urbanísticos, ambientales y financieros y su adecuación a los Montos Máximos Financiables vigentes.

Para el caso que el proyecto no cuente con un terreno, la Constancia de Factibilidad Técnica estará condicionada a las características del predio donde se emplazará la obra, postergando el otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Técnica definitiva al momento de presentación de la correspondiente documentación a la Unidad de Gestión.

La Constancia de Factibilidad Técnica definitiva será comunicada mediante nota al Ente Ejecutor, teniendo un plazo de validez que será establecido según las características de cada proyecto particular y no generará ninguna obligación para la Secretaría de Vivienda y Hábitat con relación al proyecto.

3.2.4.1.2 Habilitación para Licitar

La Habilitación para Licitar será emitida por la Unidad de Gestión teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria y contendrá el plazo máximo para iniciar el proceso de licitación. (Apartado sustituido por art. 3° de la Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 13/02/2019)

3.2.4.1.3 Constancia de Factibilidad Financiera

El Ente Ejecutor una vez realizada la apertura de la Licitación Pública remitirá a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la solicitud de Constancia de Factibilidad Financiera, en base a una memoria descriptiva en carácter de declaración jurada, donde se consignará:

- Fecha de apertura de la licitación.

- Monto de presupuesto oficial.

- Documentación que dé cuenta de la publicidad de las ofertas.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará nombre de la empresa oferente, capacidad técnico-financiera de cada una y puntaje.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará: nombre de la empresa oferente, oferta económica y porcentaje relación oferta/presupuesto oficial.

- Conclusiones de la comisión evaluadora.

- Antecedentes de la empresa pre-adjudicada.

- Pliego de contratación utilizado, términos de referencia, modelo de contrato de obra y cronograma de obra a suscribir, de donde surja el cumplimiento de las condiciones aprobadas por la Constancia de Factibilidad Técnica.

- Cualquier otra información que requiera la Unidad de Gestión.

De existir observaciones, deberán de ser salvadas por el Ente Ejecutor, caso contrario no se otorgará la Constancia de Factibilidad Financiera. Cumplidas satisfactoriamente estas etapas, el proyecto será considerado financiable por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, otorgándose la correspondiente Constancia de Factibilidad Financiera, la cual será comunicada mediante nota por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda al Ente Ejecutor. Una vez otorgada la Constancia de Factibilidad Financiera, se procederá a la apertura de los expedientes de obra y a la elaboración y suscripción del convenio particular.

Suscripción del convenio particular En el convenio particular se definirá:

- El modo de gestión del proyecto.

- Los montos a financiar por cada parte.

- El plan de trabajo, anticipo y cronograma de desembolsos.

- La metodología a ser utilizada para mantener la ecuación económica y financiera del convenio particular.

- Aspectos particulares para la rendición de cuentas.

- Fondos que se afectarán a la cobertura de costos de inspección y fiscalización del proyecto.

- La frecuencia de presentación de los cronogramas actualizados de ejecución del proyecto.

- La obligación de dar publicidad a las pre-adjudicaciones y al establecimiento y gestión de un Registro Público de Oposición.

- La obligatoriedad de adjudicar las viviendas financiadas por la Secretaría de Vivienda y Hábitat en un plazo que no podrá superar los CIENTO OCHENTA (180) días de iniciada la ejecución del convenio particular y registrarlos, si correspondiese, en la Base Única de Beneficiarios (BUB).

- La acreditación de la instalación del cartel de obra acordado con la presentación del primer certificado.

- La escrituración de las viviendas por parte de quien corresponda en cada caso, y eventualmente la constitución de garantías, dentro del plazo que se establezca en cada convenio particular.

- Modalidad de recupero de los fondos y destino de los mismos.

3.2.4.1.4 Anticipos y modalidad de las transferencias financieras

En cada convenio particular se definirá el anticipo financiero el cual podrá alcanzar hasta el VEINTE PORCIENTO (20%) del monto del total acordado. Salvo estipulación en contrario, el saldo restante del proyecto se transferirá contra certificación mensual o bimestral y descuento proporcional del anticipo.

3.2.4.2 Segunda etapa "De ejecución del proyecto"

3.2.4.2.1 Inicio del proyecto

El proyecto convenido deberá ser iniciado en un plazo no superior a los TREINTA (30) días a contar desde la fecha de transferencia del primer desembolso. La falta

de inicio en dicho plazo dará derecho a la Secretaría de Vivienda y Hábitat a resolver el convenio particular y a exigir devolución de los fondos transferidos, sin necesidad de intimación previa al Ente Ejecutor.

3.2.4.2.2 Política comunicacional

Los Entes Ejecutores deberán coordinar todas las acciones comunicacionales que se lleven adelante durante la ejecución del proyecto con la Unidad de Gestión, estando obligados a brindar toda la información que se les requiera para ser publicada y difundida, la que deberá ser provista mediante el medio que se indique.

Todas las piezas de comunicación deberán incluir el logo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de acuerdo a los lineamientos que la Secretaría de Vivienda y Hábitat establezca.

3.2.4.2.3 Adjudicación de las soluciones habitacionales

La adjudicación de las soluciones habitacionales se sujetará a las especificaciones del manual de ejecución y requerirá la revisión previa de la Unidad de Gestión.

Serán beneficiarios los hogares residentes en todo el territorio nacional, con dificultad de acceso a una solución habitacional.

Los beneficiarios deberán contar con un ingreso familiar que permita afrontar el financiamiento de la vivienda. No podrán ser titulares de otra vivienda, ni haber sido adjudicatarios de algún plan o programa habitacional o beneficiario de un crédito habitacional otorgado por cualquier organismo público, siendo obligatorio para los Entes Ejecutores consultar, previo a la adjudicación, los registros de la propiedad inmueble que correspondan, como así también en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda gestionará la Base Única de Beneficiarios (BUB), siendo obligación de los Entes Ejecutores registrar en ella a los hogares que resulten beneficiarios, según las especificaciones que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establezca.

3.2.4.2.4 Control de avances, calidad constructiva y cumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio particular

La Unidad de Gestión deberá realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos convenidos. En tal sentido, podrá requerir al Ente Ejecutor la presentación, entre otros, de los siguientes elementos, los cuales deberán ser entregados en tiempo y forma:

- Cronogramas de obras actualizados, con cálculo de fechas de finalización probable en función a posibles desvíos en los plazos de ejecución originalmente previstos.

- Auditorías técnicas independientes con costas al Ente Ejecutor, en caso de detectarse anomalías en la calidad de las construcciones.

- Actualización o remisión de certificados de factibilidad o compromisos de provisión de servicios.

- Copias autenticadas de actas, partes o libros de obra.

- Listado de pre-adjudicatarios y/o adjudicatarios con la información que de cada uno de ellos se requiera.

- Cualquier otra documentación pertinente necesaria para el control en la ejecución de las obras.

3.2.4.2.5 Modificación del proyecto

Solo por circunstancias imprevistas debidamente justificadas podrán modificarse aspectos técnicos del proyecto o ampliarse el plazo de las obras. Las eventuales modificaciones técnicas o ampliaciones de plazo sólo podrán realizarse con la aprobación de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo informe favorable de la Unidad de Gestión.

3.2.4.2.6 Resolución o cesión del contrato de ejecución de proyectos

Cuando las obras sean ejecutadas por terceros contratados mediante el procedimiento de Licitación Pública, y el Ente Ejecutor resuelva o ceda un contrato, se deberá solicitar la aprobación de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda indicando para ello las razones por las cuales se resuelve o cede el contrato y acreditando el cumplimiento de todos los pasos legales previstos en el pliego licitatorio y la normativa aplicable al efecto.

3.2.4.2.7 Suspensión del financiamiento o resolución del convenio particular

De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance acumulado planificado para las obras o incumplimiento de las cláusulas del correspondiente convenio particular, la Secretaría de Vivienda y Hábitat podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación o eventualmente resolver el convenio particular. En este último caso, el Ente Ejecutor deberá, en forma inmediata, presentar a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda una rendición de cuentas y restituir los montos no invertidos en las obras convenidas, así como abonar los daños y perjuicios que correspondan.

3.2.4.2.8 Metodología de rendición de cuentas

Será de aplicación la norma vigente establecida por el Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda con las particularidades previstas en cada convenio particular.

3.3 MANUAL DE EJECUCIÓN

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda redactará y aprobará el Manual de Ejecución de esta línea de acción, en el cual se ampliarán los aspectos contenidos en el presente reglamento, siendo este de cumplimiento obligatorio para la presentación de solicitudes de financiamiento y para el desarrollo de las demás acciones previstas en la presente línea de acción.

4. LÍNEA DE ACCIÓN 4: PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDAS (Línea de Acción incorporada por art. 6° de la Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda B.O. 13/02/2019)

4.1. ALCANCES

4.1.1. OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo de proyectos habitacionales o urbanísticos destinados a sectores medios y bajos y facilitar el acceso de los hogares a unidades habitacionales a través de un financiamiento adecuado todo ello a fin de reducir el déficit habitacional.

4.1.2. OBJETIVOS PARTICULARES

- Facilitar el acceso al financiamiento para el desarrollo de proyectos habitacionales o urbanísticos.

- Promover proyectos que fomenten la integración socio-urbana, la sustentabilidad y el derecho a la ciudad.

- Impulsar regímenes promocionales para la generación de vivienda nueva.

- Facilitar la incorporación de distintas fuentes de financiamiento y la utilización de instrumentos financieros para el desarrollo de proyectos habitacionales o urbanísticos.

- Difundir los proyectos habitacionales o urbanísticos promocionados entre los hogares que requieran una solución habitacional.

- Promover instrumentos que faciliten el acceso al crédito a los hogares de sectores medios y bajos.

4.1.3. IMPACTOS INDIRECTOS

- Contribuir a la mejora de las condiciones del mercado habitacional.

- Impulsar la generación de empleo formal.

- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los hogares.

- Contribuir a la seguridad jurídica en el mercado de vivienda a través de la registración y publicidad de los boletos de compra venta y otras herramientas y operaciones.

4.2. ESQUEMA INSTITUCIONAL

4.2.1. PARTES INTERVENIENTES

4.2.1.1. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: organismo a cargo de la política nacional de vivienda.

4.2.1.2. Secretaría de Vivienda: organismo dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de la gestión directa de las líneas de acción contempladas en el presente Reglamento Particular.

4.2.1.3. Entes Ejecutores: son aquellos organismos provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargados de llevar adelante la política provincial o local de vivienda; organismos e instituciones públicas financieras provinciales y/o municipales; fideicomisos públicos y otros entes del sector público nacional, desarrolladores (empresas dedicadas al desarrollo de soluciones inmobiliarias), fondos de inversión, empresas, entidades intermedias, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, sindicatos, constructoras.

4.2.1.4. Agente financiero: entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.526 y sus modificatorias; fideicomisos o fondos públicos que fomenten o financien el crédito a la vivienda.

4.2.2. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

4.2.2.1. Secretaría de Vivienda

- Establecer los lineamientos estratégicos y definir anualmente los requerimientos presupuestarios para la correcta ejecución de la línea.

- Gestionar convenios con organismos nacionales, gobiernos provinciales y/o municipales que tengan como fin la concreción de los objetivos de la presente Línea de Acción.

- Planificar y definir los componentes de la línea de acción, fijando los objetivos, la asignación de roles y la propuesta de metas. Formular y publicar el informe de cumplimiento de metas.

- Otorgar la Aptitud Técnica (TC) y urbanística a los proyectos encuadrados en esta línea de acción, de corresponder.

- Emitir Constancias de Factibilidad Financiera (CFF) para proyectos que comprendan financiamiento en carácter de subsidio a hogares, de corresponder.

- Brindar asistencia técnica a los Entes Ejecutores en la presentación de documentación de proyectos, si así lo solicitaran.

- Analizar y evaluar la documentación presentada por los Entes Ejecutores, solicitar y recibir correcciones y/o ampliaciones de los proyectos a presentarse bajo esta línea de acción.

- Gestionar convenios con organismos nacionales, gobiernos provinciales y/o municipales para las gestiones necesarias relativas al componente 5.1.3 "Provisión de suelo".

- Registrar, validar y seleccionar, según corresponda, los beneficiarios de los proyectos habitacionales.

- Desarrollar e implementar las herramientas necesarias para la difusión y promoción de los proyectos.

- Firmar los convenios para la implementación de las acciones previstas en la presente línea de acción, en caso que sea necesario para su correcto desarrollo.

- Adoptar las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de los convenios suscriptos entre las diferentes partes de esta línea de acción y la Secretaría de Vivienda.

4.2.2.2. Entes Ejecutores

- Llevar a cabo el diseño de los proyectos y la construcción de las soluciones habitacionales que se enmarcan en la presente línea de acción.

- Presentar los proyectos a los efectos de obtener la Aptitud Técnica (AT) y la Constancia de Factibilidad Financiera (CFF).

- Aportar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

- Seleccionar a los beneficiarios, en caso de corresponder.

- Facilitar la inspección de las obras por parte de la Secretaría de Vivienda o por quien ésta designe.

- Gestionar y obtener, en caso de corresponder, el financiamiento necesario de la entidad financiera para la correcta ejecución del proyecto.

- Garantizar la escrituración de las viviendas a sus destinatarios finales.

4.2.2.3. Agente Financiero

- Suscribir convenios con la Secretaría de Vivienda para el financiamiento a los Entes Ejecutores para el desarrollo de los proyectos, en caso de corresponder.

- Poner a disposición líneas de crédito intermedio con destino específico a proyectos habitacionales que hayan obtenido la Aptitud Técnica (AT) de la Secretaría de Vivienda.

- Poner a disposición líneas de crédito a beneficiarios la adquisición, cambio, construcción o refacción de vivienda única en el marco de proyectos que hayan obtenido la Aptitud Técnica (AT) de la Secretaría de Vivienda.

4.3. COMPONENTES

4.3.1. Para la promoción de la Oferta

4.3.1.1. Promoción fiscal: Serán elegibles para la obtención de beneficios fiscales los proyectos presentados por los Entes Ejecutores que obtengan una Aptitud Técnica (AT) otorgada por la Secretaría de Vivienda y se adecúen a los requisitos que establezca la legislación aplicable para tal fin. Asimismo, dicha Aptitud Técnica (AT) y la elegibilidad que se otorgue permitirá la gestión de beneficios fiscales en aquellas provincias que adhieran a la Ley Nro. 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, sus normas modificatorias y aquellas que en lo sucesivo se incorporen.

4.3.1.2. Acceso al financiamiento: Promoción del acceso de los Entes Ejecutores a las siguientes líneas de financiamiento:

4.3.1.2.1. Crédito intermedio para la construcción: Financiamiento a ser otorgado por las entidades financieras a los Entes Ejecutores -preferentemente a PyMEs-, que obtuvieron la correspondiente Aptitud Técnica (AT). La Secretaría de Vivienda promoverá la suscripción de convenios con distintas entidades financieras, organismos u otros entes, para facilitar el acceso a dicho financiamiento.

4.3.1.2.2. Fondo de garantía: Cobertura para garantizar el financiamiento intermedio que se estructurará mediante la creación y el desarrollo de un fondo de garantía con destino específico a proyectos de vivienda para hogares de sectores medios y bajos.

4.3.1.3. Provisión de suelo: La Secretaría invitará a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y al fondo fiduciario público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única y Familiar (PRO.CRE.AR.) creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 902/2012 y sus normas modificatorias y complementarias, a las Provincias y los Municipios a participar en la Línea de Acción para que ofrezcan inmuebles de propiedad del Estado nacional, provincial o municipal a los Entes Ejecutores mediante cesión o venta , para el desarrollo de los proyectos, en las condiciones que establezca la normativa aplicable.

4.3.2. Acceso de los hogares a los proyectos:

4.3.2.1. Identificación de la demanda: Procesos de inscripción y análisis de selección de hogares que requieran una solución habitacional y pueda ser canalizada a través de proyectos promocionados por la Secretaría de Vivienda.

4.3.2.2. Acceso al crédito: Acciones para facilitar el acceso al crédito a los hogares seleccionados mediante convenios con entidades financieras, organismos u otros entes que otorguen financiamiento.

4.2.2.3. Fondo de garantía: Cobertura para garantizar el financiamiento individual para la adquisición, cambio, construcción o refacción de vivienda mediante la creación y el desarrollo de un fondo de garantía con destino específico a hogares de sectores medios y bajos.

4.3.2.4. Subsidio a la demanda: Recursos que podrán ser otorgados con carácter de subsidio a los hogares beneficiarios mediante convenio con el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). Podrán consistir en:

4.3.2.4.1. Terreno Subsidiado: Terreno cedido por el Estado (Nacional, Provincial y/o Municipal) para el desarrollo del proyecto cuyo valor no será incorporado al precio de venta.

4.3.2.4.2. Subsidio al capital: Aporte de capital no reembolsable provisto por el Estado (Nacional, Provincial y/o Municipal) a otorgar a los beneficiarios para la adquisición, construcción o refacción de la vivienda.

4.3.2.4.3. Subsidio a la tasa: Porcentaje de interés que no será aplicable al crédito hipotecario de la propiedad a adquirir.

4.3.2.4.4. Subsidio del Seguro Hipotecario: Costo del seguro asociado a cada crédito que podrá ser afrontado por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.

4.3.2.4.5. Subsidios para la Sustentabilidad: Subsidios de capital o Tasas preferenciales a los beneficiarios, destinada a promover la implementación de medidas de eficiencia energética (EE), energías renovables (ER) y el aseguramiento de niveles de calidad y sustentabilidad definidos por la Secretaría de Vivienda para la construcción de viviendas.

4.3.2.4.6. Otros subsidios: Asistencia para afrontar gastos asociados a la adquisición, refacción y/o formalización de la tenencia de la vivienda, incluyendo insumos y/o materiales que se estimen necesarios.

4.3.2.5. Difusión de proyectos: Promoción de los proyectos que cuenten con Aptitud Técnica (AT) destinados a sectores medios y bajos a través de un portal y otros medios destinados para tal fin.

4.4. BENEFICIARIOS

La presente línea de acción se encuentra destinada a todos aquellos hogares, residentes en todo el territorio nacional, con ingresos formales y/o informales, que se encuentren en condiciones de adquirir, construir o refaccionar una vivienda.

Aquellos beneficiarios que adquieran o cambien su vivienda única de ocupación permanente mediante crédito hipotecario deberán contar con antecedentes crediticios favorables y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad bancaria seleccionada.

Aquellos hogares beneficiarios de un subsidio previsto en el punto 5.2.4 deberán cumplir con los siguientes requisitos: (i) contar con algún tipo de déficit habitacional; (ii) los integrantes del grupo familiar inscripto no resulten beneficiarios de ningún programa de vivienda social, otorgado por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, en el plazo de los últimos diez (10) años.

4.5. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO PARTICULAR

4.5.1. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

Los recursos presupuestarios a ser utilizados por la presente Línea de Acción, serán aplicados al otorgamiento de subsidios a la demanda de unidades habitacionales y al fondo de garantía, según instruya la Secretaría de Vivienda en cada caso,

4.5.2. GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Los fondos a utilizar en esta línea de acción se podrán transferir a fideicomisos públicos destinados a financiamiento de subsidios y/o el otorgamiento de garantías y/o contragarantías destinadas a facilitar el financiamiento mediante el otorgamiento de crédito intermedio o individual, en el marco de la normativa que le resulte aplicable.

4.5.3. IMPUTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

4.5.3.1. Afectación del gasto

Por tratarse de gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y al tratarse de importes no reintegrables, la afectación del gasto corresponderá en todos los casos al Inciso 5 "Transferencias".

4.5.3.2. Indicadores para la definición de metas de la línea de acción

Los indicadores de la línea de acción "Promoción de la oferta de viviendas" son los siguientes:

- Proyectos ejecutados: Se refiere a proyectos que se han finalizado bajo alguno de los distintos componentes de la Línea.

- Viviendas construidas: Se refiere a las viviendas terminadas y vendidas en el marco de proyectos contemplados bajo alguno de los distintos componentes de la Línea.

- Proyectos promocionados: Se refiere a los proyectos que se han promocionado a través del portal dispuesto por la Secretaría de Vivienda con la finalidad de acercar la oferta de vivienda a las familias.

- Proyectos con promoción fiscal: aprobaciones otorgadas a proyectos que cumplan con los requisitos establecidos para el otorgamiento de exenciones fiscales.

- Vivienda con promoción fiscal: cantidad de viviendas construidas y vendidas en el marco de proyectos con promoción fiscal aprobados por la Secretaría de Vivienda.

- Proyectos con acceso al financiamiento: proyectos aprobados con el otorgamiento de la Aptitud Técnica (AT) por parte de la Secretaría de Vivienda que obtuvieron, mediante entidades financieras, acceso a financiamiento de crédito intermedio.

- Créditos otorgados a hogares: cantidad de créditos para la adquisición, cambio, construcción y/o refacción de vivienda única otorgados a hogares en el marco de convenios suscritos entre la Secretaría de Vivienda y entidades financieras.

- Subsidios otorgados: subsidios para la adquisición, cambio, construcción y/o refacción de vivienda única otorgados a hogares elegibles bajo los lineamientos establecidos en las convocatorias a proyectos.

4.5.4. PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

4.5.4.1. Presentación de proyectos

Los Entes Ejecutores presentarán proyectos para su evaluación en la Secretaría de Vivienda, a través del portal Trámite a Distancia (TAD), o aquel que lo reemplace, asesorados en la formulación por la Secretaría de Vivienda. Aquellos proyectos que ya se encuentren en trámite administrativo presentados ante la Secretaría serán exceptuados del requerimiento de utilización del portal.

4.5.4.2. Aprobación de Proyectos

La Secretaría de Vivienda, en articulación con las distintas áreas que la conforman, procederá a evaluar la aptitud del proyecto presentado, de acuerdo a los criterios que se establezcan en el Manual de Ejecución de la presente Línea, verificando sus aspectos dominiales, urbanísticos, financieros y constructivos y su adecuación al monto máximo por vivienda establecido en la promoción fiscal.

La participación de la Secretaría de Vivienda se limitará a la evaluación de los proyectos y la aprobación de los mismos con el otorgamiento de la Aptitud Técnica (AT), requisito necesario para la posterior gestión del Ente Ejecutor para la obtención de distintos beneficios indicados en los componentes de la línea: (i) ante los organismos de recaudación competentes en el caso de solicitar la "promoción fiscal" al proyecto; (ii) ante los agentes financieros que hayan firmado convenios con la Secretaría de Vivienda para la obtención de crédito intermedio; y (iii) ante la dependencia correspondiente para acceder a suelo del Estado nacional, provincial o municipal.

4.5.4.3. Constancia de Factibilidad Financiera

Para aquellos proyectos que impliquen una erogación de fondos por parte de la Secretaría de Vivienda, los Entes Ejecutores deberán obtener una Constancia de Factibilidad Financiera (CFF) otorgada por la Secretaría de Vivienda, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Manual de Ejecución de la Línea.

4.5.4.4. Acceso a la provisión de suelo de proyectos

Para aquellos proyectos que se realicen en suelo de propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, la Secretaría de Vivienda, a través de sí u otra dependencia de la que participe como integrante, firmará convenios con los Entes Ejecutores para el desarrollo de los proyectos habitacionales o urbanísticos . La afectación de los terrenos podrá realizarse a través de licitación para su adquisición o mediante la cesión de uso de acuerdo al procedimiento establecido en el Manual de Ejecución de la Línea.

4.5.4.5. Promoción de proyectos

En caso de solicitud por parte del Ente Ejecutor, la Secretaría de Vivienda, podrá promover y publicar los proyectos a través de un portal disponible a tal fin y otras acciones.

En el caso de que los proyectos presentados contemplen el otorgamiento de subsidios previstos en el punto 5.2.4; los mismos deberán ser promocionados a través del mencionado portal y se registrará a los beneficiarios en la Base Única de Beneficiarios (BUB) y validará a través del Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE) de la Secretaría de Vivienda.

4.5.4.6. Ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto, la gestión de la venta y la entrega de unidades habitacionales dependerá completamente del Ente Ejecutor.

4.5.4.7. Adjudicación de las soluciones habitacionales

El Ente Ejecutor será responsable de la adjudicación de las soluciones habitacionales. En aquellos casos que los proyectos habitacionales o urbanísticos contemplen el otorgamiento de subsidios, el Ente Ejecutor solo podrá adjudicarlas a los hogares beneficiarios que hayan sido validados por Secretaría de Vivienda.

4.5.4.8. Acceso al financiamiento de hogares

4.5.4.8.1. La Secretaría de Vivienda firmará convenios con agentes financieros a fin de facilitar el acceso a líneas de crédito a individuos para la adquisición, cambio, construcción o refacción de vivienda única. Los agentes financieros serán los responsables de determinar las características crediticias del producto.

4.5.4.8.2. La Secretaría de Vivienda firmará convenios con Entes Ejecutores a fin de garantizar el otorgamiento de subsidios a hogares de sectores medios y bajos seleccionados en el marco de un proyecto habitacional o urbanístico.

4.5.4.8.3. Cumplimiento de las obligaciones relativas al proyecto

Será responsabilidad exclusiva del Ente Ejecutor la calidad constructiva, el cumplimiento de planes de obras y/o cualquier daño o perjuicio que se ocasione con relación a la obra. La Secretaría de Vivienda a través de sí, de alguna de sus dependencias o de un tercero contratado a tal fin, podrá realizar auditorías en el momento que lo estime conveniente, debiendo los Entes Ejecutores permitir el acceso y aportando toda aquella información relativa al proyecto que le sea requerida.

4.5.4.8.4. Modificación del proyecto

Solo por circunstancias imprevistas debidamente justificadas podrán modificarse aspectos técnicos del proyecto. Las eventuales modificaciones sólo podrán realizarse con la aprobación previa de la Secretaría de Vivienda. En caso contrario el proyecto perderá la Aptitud Técnica (AT) otorgado por la Secretaría de Vivienda, y no podrá requerir las exenciones impositivas previstas ante los organismos de recaudación competentes y perderá los beneficios obtenidos.

4.6. MANUAL DE EJECUCIÓN

La Secretaría de Vivienda redactará y aprobará el Manual de Ejecución de esta línea de acción, en el cual se ampliarán los aspectos contenidos en el presente reglamento, siendo este de cumplimiento obligatorio para la presentación de proyectos y para el desarrollo de las demás acciones previstas en la presente línea de acción.

IF-2017-037535 92-APN-SECVYH#MI

ANEXO II

(Anexo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 684/2018 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda B.O. 02/11/2018)

REGLAMENTO PARTICULAR PLAN NACIONAL DE HÁBITAT

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ÍNDICE

1. OBJETIVO GENERAL

1.1 OBJETIVOS PARTICULARES

1.2 COMPONENTES Y PRODUCTOS

1.3 BENEFICIARIOS

1.4 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN Y EL MONITOREO

1.4.1 Obras de Infraestructura Urbana en Ejecución

1.4.2 Obras de Infraestructura Urbana Terminadas

1.4.3 Familias Atendidas

1.4.4 Escrituras Firmadas

2. ESQUEMA INSTITUCIONAL

2.1 PARTES INTERVINIENTES

2.2 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

2.2.1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

2.2.2 Entes Ejecutores

a) Provincias y Municipios

b) Institutos de la Vivienda y/o Hábitat de las Provincias y/o Municipios

c) Universidades Públicas

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

3.1 PARÁMETROS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

3.2 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

3.3 ANTICIPOS Y MODALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 4. CICLO DE LOS PROYECTOS

4.1 PRESENTACIÓN

a) Presentación

b) Criterios de priorización

4.2 CONTENIDO DEL PROYECTO

4.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

a) Criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica

b) Criterios para el otorgamiento de la constancia prefactibilidad financiera

c) Firma de convenio

4.4 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

a) Inicio de ejecución del proyecto

b) Control de avances, calidad constructiva y cumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio

c) Modificación del proyecto

d) Resolución del convenio del Ente Ejecutor con la empresa contratista

e) Metodología de rendición de cuentas

1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, planificar e implementar políticas y proyectos de infraestructura y servicios urbanos para el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos compactos, inclusivos, sustentables y resilientes.

1.1 OBJETIVOS PARTICULARES

Por medio del presente reglamento se promueve la integración y la reconsolidación del tejido urbano, mejorando la conectividad, el acceso a los servicios básicos, al espacio público y a la ciudad, a través de la inversión en obras de infraestructura básica y sanitaria, red vial, red peatonal, espacio público, equipamiento urbano, equipamiento comunitario, construcción y mejoramiento de la vivienda.

Los proyectos a ejecutarse en el marco del presente reglamento pueden clasificarse en DOS (2) grupos:

a. Los proyectos integrales de infraestructura urbana que tienen como objetivo promover la integración y la reconsolidación del tejido urbano, mejorando la conectividad, el acceso a los servicios básicos, al espacio público y a la ciudad. Estos objetivos se abordarán a través de la inversión en obras de infraestructura, red vial, red peatonal, espacio público, equipamiento urbano, equipamiento comunitario y construcción y mejoramiento de la vivienda. Los proyectos también estarán orientados a abordar el déficit habitacional cualitativo empleando instrumentos de regularización dominial y generación de suelo urbano, según corresponda. Las áreas de intervención pueden ser la extensión urbana sin infraestructura y las áreas vacantes.

b. Las renovaciones urbanas contemplan el desarrollo de parques y bordes costeros o la puesta en valor de áreas centrales. En el primer caso, se busca asegurar la sostenibilidad hídrica y ecológica a partir del aprovechamiento del ciclo del agua y el desarrollo de grandes parques, bosques urbanos, parque lineal, parques hídricos, parque lineal costero, plazas y plazoletas drenantes, corredores ambientales, áreas verdes en edificios públicos y cubiertas verdes. Por su parte, la puesta en valor de las áreas centrales desarrolla nueva infraestructura y renueva la existente en centros urbanos (nivelación de veredas, movilidad sustentable, prioridad peatón, carriles diferenciales, estacionamiento restringido, ciclovías y bicisendas, mobiliario y equipamiento urbano, iluminación, disminución de la contaminación visual y mejoramiento de la conectividad y de los servicios).

1.2 COMPONENTES Y PRODUCTOS

A través del presente reglamento se podrán financiar proyectos urbanísticos integrales que podrán comprender:

1. Obras de infraestructura básica y urbana, incluyendo la adquisición de maquinarias y herramientas que sean necesarias para llevar a cabo dichas obras.

2. Creación o mejoramiento de espacios públicos, recreativos y/o deportivos.

3. Regularización dominial.

4. Mejoramiento de vivienda.

5. Relevamiento y evaluación de las áreas de intervención.

6. Renovaciones urbanas.

1.3 BENEFICIARIOS

Habitantes de las zonas donde se ejecuten los proyectos que se lleven a cabo en el marco del presente reglamento.

1.4 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN Y EL MONITOREO

A los efectos de evaluar y monitorear el desarrollo de las obras llevadas a cabo en el marco del presente reglamento, se considerarán CUATRO (4) indicadores: i. Obras de Infraestructura Urbana en Ejecución; ii. Obras de Infraestructura Urbana Terminadas; iii. Familias Atendidas; y iv. Escrituras Firmadas.

1.4.1 Obras de Infraestructura Urbana en Ejecución: Es el registro del total de las obras que están siendo ejecutadas en el marco del presente reglamento. A dicho fin, se considera como obra en ejecución aquella obra en la que se presentó el acta de inicio de obra, habiendo recibido la conformidad por parte de la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

1.4.2 Obras de Infraestructura Urbana Terminadas: Es el registro del total de las obras que fueron concluidas en el marco del presente reglamento. A dicho fin, se considera como terminada una obra cuando la misma se encuentra ejecutada tal cual fue convenida con la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA y se refleja en la certificación un avance acumulado del CIENTO POR CIENTO (100%) y/o se presenta el acta final de obra.

1.4.3 Familias Atendidas: Es el registro del total de familias beneficiadas por al menos una de las Obras de Infraestructura Urbana Terminadas.

1.4.4 Escrituras Firmadas: Es el registro del total de escrituras firmadas en el marco del presente reglamento.

2. ESQUEMA INSTITUCIONAL

2.1 PARTES INTERVINIENTES

- La SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA y de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, coordinarán un equipo interdisciplinario a cargo del diseño, formulación, ejecución, evaluación y monitoreo de los proyectos que se lleven a cabo en el marco de presente reglamento.

- Entes Ejecutores: La ejecución de los proyectos se realizará a través de las Provincias y Municipios, de los Institutos de Vivienda y/o Hábitat de las Provincias y/o Municipios y de las Universidades Públicas.

2.2 RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

2.2.1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

- Suscribir los convenios que sean necesarios a los fines de ejecutar los proyectos que se lleven a cabo en el marco del presente reglamento.

- Gestionar los desembolsos de cada proyecto que se lleve adelante en el marco del presente reglamento, de conformidad con la normativa que le resulte aplicable.

- Confeccionar y difundir los manuales y guías de presentación y de gestión de los proyectos.

- Definir los criterios de elegibilidad y priorización de los proyectos a ser ejecutados en el marco del presente reglamento.

- Canalizar las solicitudes de financiamiento de los Entes Ejecutores.

- Analizar la documentación presentada por los Entes Ejecutores, pudiendo solicitarles las correcciones y/o ampliaciones que considere necesarias.

- Autorizar la emisión de la constancia de factibilidad técnica y de la constancia de prefactibilidad financiera para cada proyecto a ser financiado, por medio de las áreas técnicas competentes.

- Adoptar todas las medidas que correspondan ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de los Entes Ejecutores en los convenios que se suscriban en el marco del presente reglamento.

- Supervisar las condiciones de ejecución de los proyectos, verificando el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los convenios que se suscriban a dicho fin.

- Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente reglamento.

2.2.2 Entes Ejecutores

a) Provincias y Municipios

- Presentar los proyectos a ejecutarse en el marco del presente reglamento, a los efectos de obtener la constancia de factibilidad técnica y la constancia de prefactibilidad financiera.

- Suscribir con la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA los convenios que sean necesarios a los fines de ejecutar los proyectos propuestos, en el marco del presente reglamento.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento de las condiciones de ejecución de los proyectos, controlando el cumplimiento de los mismos, así como realizar las inspecciones que correspondan, debiendo notificar en forma inmediata a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA respecto de cualquier tipo de incumplimiento que pudiera identificar.

- Presentar la documentación que acredite las designaciones de los responsables técnicos de las obras, así como del proceso de selección de los contratistas y del acto de adjudicación correspondiente, las certificaciones de avance de obra, actas de inicio y final de obra, las actas de recepción provisoria y definitiva de las obras y toda otra documentación que le sea requerida en los convenios que se suscriban en el marco del presente reglamento.

- Realizar los informes que le sean solicitados por la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

- Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos que lleven a cabo.

- Llevar adelante las acciones posteriores a la finalización de las obras que se convengan.

- Gestionar la entrega de los correspondientes títulos de propiedad de los inmuebles.

- Acreditar que el proyecto se encuentra localizado en inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, Provincial o Municipal o que sean de propiedad de sus habitantes. En el caso de que el inmueble pertenezca al Estado Nacional, deberá acreditarse la correspondiente autorización para llevar adelante los proyectos.

- Obtener las autorizaciones, aprobaciones y demás actos que correspondan, que permitan la viabilidad del proyecto y/o de su ejecución, debiendo presentar los estudios de factibilidad en materia de agua potable, cloaca, saneamiento, electricidad, gas y, de corresponder, el certificado de no inundabilidad.

- Promover el financiamiento compartido de los proyectos que se propongan en el marco del presente reglamento.

- Proveer, cuando corresponda, los recursos de financiación de los proyectos en la forma comprometida, incluyendo la obtención de las garantías convenidas.

- En el caso de realizarse una Licitación Pública, el valor de los pliegos deberá ser gratuito y los mismos deberán ser publicados a través del sitio web de los Entes Ejecutores, siempre que no se contraríe la normativa local vigente.

- Dar debido cumplimiento a todas las obligaciones que asuma en los convenios que suscriba en el marco del presente reglamento.

b) Institutos de la Vivienda y/o Hábitat de las provincias y/o municipios

- Presentar los proyectos a ejecutarse en el marco del presente reglamento, a los efectos de obtener la constancia de factibilidad técnica y la constancia de prefactibilidad financiera.

- Suscribir con la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA los convenios que sean necesarios a los fines de ejecutar los proyectos propuestos, en el marco del presente reglamento.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento de las condiciones de ejecución de los proyectos, controlando el cumplimiento de los mismos, así como realizar las inspecciones que correspondan, debiendo notificar en forma inmediata a la SECRETARA DE INFRAESTRUCTRUA URBANA respecto de cualquier tipo de incumplimiento que pudiera identificar.

- Presentar la documentación que acredite las designaciones de los responsables técnicos de las obras, así como del proceso de selección de los contratistas y del acto de adjudicación correspondiente, las certificaciones de avance de obra, actas de inicio y final de obra, las actas de recepción provisoria y definitiva de las obras y toda otra documentación que le sea requerida en los convenios que se suscriban en el marco del presente reglamento.

- Realizar los informes que le sean solicitados por la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

- Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos que se lleven a cabo.

- Llevar adelante las acciones posteriores a la finalización de las obras que se convengan.

- Gestionar la entrega de los correspondientes títulos de propiedad de los inmuebles.

- Acreditar que el proyecto se encuentra localizado en inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, Provincial o Municipal o que sean de propiedad de sus habitantes. En el caso de que el inmueble pertenezca al Estado Nacional, deberá acreditarse la correspondiente autorización para llevar adelante las obras.

- Obtener las autorizaciones, aprobaciones y demás actos que correspondan, que permitan la viabilidad del proyecto y/o de su ejecución, debiendo presentar los estudios de factibilidad en materia de agua potable, cloaca, saneamiento, electricidad, gas y, de corresponder, el certificado de no inundabilidad.

- Promover el financiamiento compartido de los proyectos que propongan en el marco del presente reglamento.

- Proveer, cuando corresponda, los recursos de financiación de los proyectos en la forma comprometida, incluyendo la obtención de las garantías convenidas.

-En el caso de realizarse una licitación pública, el valor de los pliegos deberá ser gratuito y los mismos deberán ser publicados a través del sitio web de los entes ejecutores, siempre que no se contraríe la normativa local vigente.

- Dar debido cumplimiento a todas las obligaciones que asuma en los convenios que suscriba en el marco del presente reglamento.

c) Universidades Públicas

- Presentar los proyectos en el marco del presente reglamento.

- Suscribir con la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA los convenios que sean necesarios a los fines de ejecutar los proyectos propuestos en el marco del presente reglamento.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento de las condiciones de ejecución de los proyectos, notificando en forma inmediata a la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA respecto de cualquier tipo de incumplimiento que pudiera identificar.

- Realizar los informes que le sean solicitados por la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

- Proveer, cuando corresponda, los recursos de financiación de los proyectos en la forma comprometida, incluyendo la obtención de las garantías convenidas.

- Dar debido cumplimiento a todas las obligaciones que asuma en los convenios que suscriba en el marco del presente reglamento.

3 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

3.1 PARÁMETROS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos presupuestarios del presente reglamento se asignarán por provincia o por municipio, de manera equitativa y solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad:

a. Geográficos: se seleccionarán proyectos integrales y de renovación urbana localizados en cualquier parte del territorio nacional.

b. Características del proyecto: los proyectos serán elegibles en función de las siguientes consideraciones:

- que el proyecto esté contemplado en una planificación integral de la localidad.

- que el proyecto aborde el déficit y necesidades de mejora en infraestructura urbana.

- que el proyecto se encuentre localizado en inmuebles: (i) pertenecientes al Estado Nacional, Provincial, Municipal; o (ii) de propiedad de sus habitantes, y

- que los costos de inversión resulten eficientes.

Respecto de la forma de selección de proyectos, ya sea que se trate de intervenciones integrales en localidades o en áreas precarias urbanas, la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA utilizará la información pública que surge del censo del año 2010 y, ponderando distintos componentes, priorizará las zonas más vulnerables, carenciadas y con mayor déficit de infraestructura básica.

3.2 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

El financiamiento de los proyectos podrá ser compartido entre la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA y los Entes Ejecutores.

3.3 ANTICIPOS Y MODALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

En cada convenio se determinará el porcentaje correspondiente al anticipo financiero, el cual no podrá ser mayor al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total acordado.

4 CICLO DE LOS PROYECTOS

4.1 PRESENTACIÓN

El procedimiento para la aprobación de un proyecto comprende las siguientes etapas:

a) Presentación

El Ente Ejecutor deberá presentar ante la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA el proyecto que pretenda ejecutar.

b) Criterios de priorización

Se deberán priorizar aquellos proyectos que contemplen:

- El cuidado y uso responsable del medioambiente.

- Aprovechamiento de las facilidades existentes en el lugar.

- Menor costo con máximo beneficio.

- Innovación y sustentabilidad del proyecto.

- Utilización de mano de obra del lugar de ejecución del proyecto. 4.2 CONTENIDO DEL PROYECTO

El Ente Ejecutor deberá presentar un proyecto ante la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA (en copia digital y papel), que deberá contener:

1. Memoria descriptiva del proyecto, que incluye: a) descripción general del proyecto con la justificación de la obra a realizar; b) detalle de antecedentes de ejecución de proyectos de similares características; c) justificación de la priorización del proyecto por parte de la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA; d) descripción de las redes de infraestructura existentes y de sus respectivos planos, red peatonal y vial, residuos, transporte público, etc.; e) descripción de la operación y del mantenimiento del proyecto; f) descripción del plan de recupero de la inversión, de corresponder; y g) descripción de la composición de la contrapartida del gobierno local.

2. Documentación gráfica que incluya el plano de ubicación regional, plano de ubicación barrial y de todos los componentes solicitados para la intervención: plantas, cortes, vistas, detalles constructivos, perspectivas y toda la información necesaria para mostrar el proyecto.

3. Plano de implantación de la obra.

4. Cómputo y presupuesto desagregado por ítem y subítem.

5. Nota explicando cómo se ejecuta cada rubro (describir la ejecución de cada uno de los rubros, indicando si lo realiza el Ente Ejecutor o si lo efectúa a través del procedimiento de Licitación Pública).

6. Plazo de obra en meses, plan de trabajos y curva de inversión.

7. Situación dominial del sector a intervenir:

a. Espacio público y red vial y peatonal: documento que certifique la afectación al uso público de los espacios destinados a tal fin. Último plano registrado en Catastro (o, en su defecto, visado y en tramitación la aprobación definitiva y registro). b. Predios de dominio privado del Estado: informe dominial expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

8. Diagnóstico físico del sector a intervenir y certificados de factibilidad:

a. Pluvial: factibilidad hidráulica para obra de pluviales.

b. Ambiental y estudios básicos: plano de pendientes del área a intervenir (planialtimetría).

4.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

a) Criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica

Se procederá a evaluar cada proyecto, verificando la aptitud del mismo, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente en materia dominial, urbanística, ambiental y constructiva.

Analizada la documentación técnica que presenten los Entes Ejecutores y, de obtener un informe favorable de la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, se generará un expediente del proyecto y se procederá a otorgar una constancia de factibilidad técnica, la que será comunicada mediante nota a los Entes Ejecutores y tendrá un plazo de validez que se establecerá en cada constancia de factibilidad técnica.

b) Criterios para el otorgamiento de la constancia de prefactibilidad financiera

El otorgamiento de la constancia de prefactibilidad financiera, por parte de la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, habilitará la firma del convenio.

Para obtener la constancia de prefactibilidad financiera se deberá presentar la documentación que seguidamente se señala:

- Para los proyectos a ser realizados por los Entes Ejecutores

La constancia de prefactibilidad financiera será otorgada, de corresponder, luego de presentada una memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de inversión, con carácter de declaración jurada, donde se consignará el responsable técnico de las obras, cuyo perfil y antecedentes serán evaluados por la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

- Para los proyectos a ser realizados por los Entes Ejecutores por medio del procedimiento de Licitación Pública

La constancia de prefactibilidad financiera será otorgada, de corresponder, luego de presentada una memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de inversión, con carácter de declaración jurada, donde se consignará el cronograma con fechas previstas para el llamado a Licitación Pública, publicación de edictos, apertura y adjudicación de la Licitación Pública.

c) Firma del convenio

Obtenida la constancia de prefactibilidad financiera, la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA promoverá la firma de un convenio, en el cual se definirán, sin perjuicio los aspectos que en cada caso puedan corresponder, las siguientes cuestiones:

- Los montos a financiar por cada parte.

- El plan de trabajo, anticipo financiero y la modalidad de transferencia financiera.

- La rendición de cuentas por parte del Ente Ejecutor.

- La frecuencia de presentación de cronogramas actualizados de ejecución del proyecto.

- La acreditación de la instalación del cartel de obra acordado con la presentación del primer certificado.

4.4 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

a) Inicio de ejecución del proyecto

Suscripto el convenio, se iniciará la etapa de ejecución del proyecto, que comenzará a computarse a partir de la primera trasferencia acordada o del plazo establecido en el convenio.

La falta de ejecución del proyecto en el plazo acordado en el convenio dará derecho a la SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA URBANA a resolver el convenio y a exigir la devolución de los fondos transferidos, con más los daños y perjuicios que correspondan, todo ello de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta lo que se prevea en el convenio correspondiente.

b) Control de avances, calidad constructiva y cumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio

La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA deberá realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto aprobado. En tal sentido, podrá requerir la presentación de los documentos que se detallan a continuación, los cuales deberán ser entregados sin demoras por los Entes Ejecutores:

- Cronogramas de obras y acciones actualizados, con cálculo de fechas de finalización probable en función de posibles ampliaciones en los plazos de ejecución originalmente previstos.

- Resumen de movimientos de la cuenta bancaria destinataria de los desembolsos de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del período de tiempo que le fuese requerido.

- Auditorías técnicas independientes con costas al Ente Ejecutor, en caso de detectarse anomalías en la calidad de las construcciones.

- Copias autenticadas de actas, partes o libros de obra.

- Cualquier otra documentación pertinente necesaria para el control de la ejecución de los proyectos.

c) Modificación del proyecto

Por circunstancias imprevistas debidamente justificadas podrán modificarse aspectos técnicos del proyecto o ampliaciones de plazos de dichos proyectos. Las eventuales modificaciones técnicas o ampliaciones de plazo sólo podrán realizarse con la no objeción previa de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

d) Resolución del convenio del Ente Ejecutor con la empresa contratista

Los Entes Ejecutores deberán informar en forma previa a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA la decisión de resolver el contrato con la empresa contratista ante un incumplimiento de esta última, acreditando el cumplimiento de todos los pasos legales previstos en los pliegos licitatorios y en toda la normativa que le resulte aplicable.

f) Metodología de rendición de cuentas

En lo que respecta a la rendición de cuentas, será aplicable el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, aprobado por la Resolución N° 58 del 23 de agosto de 2016 y sus modificatorias o la normativa que lo sustituya en el futuro.

 

 

(1) Ver Decreto nº 583/2017, rectificado por Decreto nº 765/2017 que dispone la apertura de una Cuenta Corriente en el Banco de la Nación Argentina S.A. para la afectación de fondos provenientes del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas Nacional, paara la ejecución de obras en el Barrio Lomas del Mirador. Por Decreto nº 1089/2018 se aprueba el Convenio Específico Barrio lomas del mirador. Los mismos obran como Archivo Adjunto. 

(2) Resolución 22/2020 MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Fecha: 09.06.2020
Publicación: 11.06.2020
RESOL-2020-22-APN-MDTYH

VISTO el EX-2020-17336795-APN-MDTYH, la Resolución N° 122 de fecha 15 de marzo de 2017 del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Resolución Nº 1 de la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA de fecha 4 de enero de 2018 y la Resolución Nº 19 de fecha 2 de enero de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 122 del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA de fecha 15 de marzo de 2017 se creó el "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA".

Que el Artículo 8° de la Resolución antes mencionada crea la Base Única de Beneficiarios (BUB) y establece la obligatoriedad de adjudicar las viviendas enmarcadas en el Plan Nacional de Vivienda en un plazo que no podrá superar los CIENTO OCHENTA (180) días de iniciada la ejecución de cada convenio particular.

Que por Resolución N° 1 de fecha 4 de enero de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, se creó el Sistema de Gestión de Beneficiarios (SIGEBE) como herramienta tecnológica de registro, selección, adjudicación de beneficiarios y de gestión de la Base Única de Beneficiarios (BUB), a la vez que se estableció que podrían adherir voluntariamente al "Sistema de Gestión de Beneficiarios" (SIGEBE) todos aquellos entes ejecutores que hubieren promovido y financiado proyectos de soluciones habitacionales en sus jurisdicciones con fondos propios o nacionales en la República Argentina, y que la adhesión se formalizaría de acuerdo a lo dispuesto en el manual de operación de la herramienta de gestión de la Base Única de Beneficiarios (BUB).

Que la Resolución N° 19 del 2 de enero de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE VIVIENDA del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, que aprueba el Manual de Ejecución del SIGEBE, establece la obligatoriedad de presentar el listado de pre-adjudicatarios y beneficiarios a todos aquellos Entes que hayan suscripto convenios con anterioridad al dictado de la Resolución N°122/2017 del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que tengan por objeto ejecutar soluciones habitacionales financiadas o promovidas con fondos nacionales, así como la suspensión de los pagos de los certificados hasta tanto se cumpla con dicha presentación, obligatoriedad que también es incluida en las cláusulas de los Acuerdos suscriptos con el mismo objeto con posterioridad a dicha Resolución.

Que ese plexo normativo da un tratamiento dispar a la consecuencia que produce la inobservancia de la obligación que establece, ya que diferencia según el ente haya suscripto el convenio con anterioridad o con posterioridad al dictado de la Resolución N° 122/2017 del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA cuyo objeto sea ejecutar soluciones habitacionales financiadas o promovidas con fondos nacionales.

Que, por otra parte, la experiencia recogida a partir de la situación creada por la suspensión de los pagos de los certificados aconseja atenuar dicho requisito.

Que lo expuesto lleva a disponer que la presentación del listado de pre-adjudicatarios y beneficiarios que se prevé, deberá realizarse durante el transcurso de la obra teniendo como plazo límite el correspondiente al NOVENTA POR CIENTO (90%) de su avance físico, no abonándose certificados posteriores a dicho avance en caso de incumplimiento.

Que, además, debe considerarse a los Entes que con fondos propios ejecutan soluciones habitacionales.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 50/2019 y la PROCURACIÓN EL TESORO DE LA NACIÓN, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por el Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese que la obligatoriedad de la presentación de los listados de pre adjudicatarios y beneficiarios de todos aquellos Entes que hayan suscripto convenios con anterioridad al dictado de la Resolución N° 122-E/2017 de fecha 15 de marzo de 2017 del ex MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que tengan por objeto ejecutar soluciones habitacionales financiadas o promovidas con fondos nacionales, así como la obligatoriedad que fuera convenida en los acuerdos suscriptos con posterioridad a dicha resolución con el mismo objeto, deberá ser cumplimentada durante el transcurso de la obra teniendo como fecha límite la correspondiente al NOVENTA POR CIENTO (90%) de su avance físico, no abonándose certificados posteriores a dicho avance en caso de incumplimiento.

ARTÍCULO 2º.- Los entes ejecutores que hubieren promovido y financiado proyectos de soluciones habitacionales en sus jurisdicciones con fondos propios podrán adherir voluntariamente al "Sistema de Gestión de Beneficiarios" (SIGEBE), la adhesión se formalizará de acuerdo a lo dispuesto en el manual de operación de la herramienta de gestión de la Base Única de Beneficiarios (BUB).

ARTÍCULO 3º.- Deróganse el Artículo 2º de la Resolución N° 1/2018 de la ex SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT y el Artículo 3° de la Resolución N° 19/2018 de la ex SECRETARÍA DE VIVIENDA, ambas ex Secretarías dependientes del entonces MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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