Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Viernes, 02 Marzo 2012 13:36

Ley nº 8672 Valuación Parcelaria

Ley nº 8672

(Texto actualizado, modificada por Ley nº 10446, nº 10591 y nº 10637)
Sancionada:
Promulgada:
Públicada:

Artículo 1°.- La valuación parcelaria es el justiprecio de los bienes inmuebles, obtenidos mediante el conjunto de los actos administrativos dispuestos para tal fin. Este justiprecio servirá de base para la determinación de los montos imponibles de aquellas obligaciones fiscales que expresamente lo determinaren y para su utilización con fines públicos o privados en remisión a las normas legales que así lo establecieren.

CLASIFICACION DE PARCELAS

Artículo 2°.- A los efectos valuatorios, las parcelas se clasifican en urbanas, subrurales y rurales. La Dirección de Catastro realizará la clasificación precitada de los bienes inmuebles existentes en el territorio provincial y la individualización de los mismos mediante un sistema de nomenclación, teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 3°.- PARCELAS URBANAS: Se consideran parcelas urbanas a las que se encuentran ubicadas dentro de los límites de las plantas urbanas de los Municipios y Juntas de gobierno, o en aquellos planos oficiales registrados o aprobados por la Dirección de Catastro de los trazados de pueblos y colonias donde se encuentre delimitadas dichas
plantas. Asimismo, se considerarán como parcelas urbanas a loteo o situaciones de hecho existentes que integren manzanas o unidades equivalentes. El Poder Ejecutivo fijará una superficie de tierra máxima para clasificar como urbanas a las parcelas que no cumplan con la condición de ubicación señaladas en el párrafo precedente.
Corresponderá igual clasificación a aquellas parcelas que no cumpliendo con la condición de ubicación y tamaño, se destinen a comercio, industrias, vivienda rural, viviendas suntuosas y viviendas que no siendo suntuosas sirvan de alojamiento transitorio de los propietarios para descanso o distracción, siempre que no estuvieran acompañadas de alguna explotación agropecuaria.

Artículo 4°.- PARCELAS SUBRURALES: Se consideran parcelas subrurales a las que se encuentran ubicadas dentro de los ejidos municipales, no se clasifiquen según el artículo anterior, y no superen una superficie máxima, la que será fijada por el Poder Ejecutivo en cada Municipio.

Artículo 5°.- PARCELAS RURALES: Se consideran parcelas rurales todas aquellas que de acuerdo a los artículos anteriores no estén encuadradas en la categoría de urbanas y subrurales.
"Igual consideración tendrán aquellas parcelas ubicadas en las plantas urbanas de Juntas de Gobierno, o en aquellos planos oficiales registrados o aprobados por la Dirección de Catastro de los trazados de pueblos y colonias donde se encuentren delimitadas dichas plantas, que posean una superficie igual o mayor a la que determine el Poder Ejecutivo y cuyo destino no sea comercio o industria. Corresponderá igual clasificación a aquellas parcelas ubicadas en las plantas urbanas de Juntas de Gobierno que no cumpliendo con la condición de tamaño acrediten fehacientemente que su destino sea una explotación agropecuaria de carácter comercial." (φ)

DE LA DETERMINACION DE LAS VALUACIONES
Clasificación
"Artículo 6º.- La valuación de los inmuebles podrá efectuarse en forma independiente para parcelas urbanas, subrurales o rurales. Asimismo dentro de cada una de estas clasificaciones podrán llevarse a cabo valuaciones por sectores jurisdiccionales, administrativos o técnicos, actividad, uso, destino y/o características intrínsecas parcelarias. Las valuaciones de las parcelas que no resultaren afectadas por la aplicación de las valuaciones sectorizadas autorizadas por el párrafo precedente, podrán mantenerse según el sistema valuatorio anterior legalmente vigente, o ser el producto de la combinación de éste y de la nueva metodología que se aplique en función de la presente. El Poder Ejecutivo dispondrá la fecha en que deben realizarse las valuaciones de los inmuebles y determinará los sectores jurisdiccionales y/o características intrínsecas parcelarias." (Ω)

"Artículo 7º.- Será materia de justiprecio en cada parcela, la tierra, edificios, sus obras accesorias, instalaciones y otras mejoras efectuadas a la misma, complementarias de su destino o explotación, así como de la actividad, uso y/o destino de la parcela, que se establezca de manera específica." (Ω)

Artículo 8°.- La valuación de cada parcela será la resultante de la suma del valor asignado a la tierra libre de mejoras y el valor de las mejoras.

Valor de la tierra libre de mejoras
Artículo 9°.- Para determinar el valor de la tierra libre de mejoras se procederá en función del siguiente esquema:
a) Para las parcelas urbanas, su valor resultará de la aplicación de coeficientes de ajuste según forma, dimensiones y ubicación de las mismas, respecto a un valor unitario básico por metros cuadrados, determinado para un lote tipo, ubicado en cada frente de manzana o unidad equivalente, de acuerdo al valor medio de mercado en la zona. Los valores resultantes aplicados a las superficies de las parcelas determinarán su valuación.
b) Para las parcelas subrurales su valor resultará de la aplicación de coeficientes de ajustes según características edafotográficas de las mismas, respecto a un valor unitario básico por hectárea determinado par aun predio de aptitud
edafotográficas optima, de acuerdo al valor medio de mercado en la zona. Los valores resultantes aplicados a las superficies de las parcelas determinarán su valuación.
c) Para las parcelas rurales se dividirá el territorio provincial en zonas de características ecológicas-económicas uniformes; pudiendo producirse creación de nuevas zonas, unificación y/o supresión de las existentes en función de los estudios técnicos que se realicen a efectos de su ajuste y perfeccionamiento. Para cada una de las zonas resultantes se determinará un valor unitario básico que resultará de capitalizar al tipo 100/l el valor del promedio de las rentas correspondientes a los predios que caracterizan a las mismas por su frecuencia, dimensión, uso del suelo, nivel tecnológico y forma en que se combinan las actividades productivas en las que el suelo tiene importancia como factor de producción. Las rentas que hace referencia el párrafo anterior se calcularán teniendo en cuenta rendimientos físicos y precios de último quinquenio inmediato anterior al año en que se disponga la vigencia de las valuaciones. Para cada zona se calculará la superficie necesaria para que las Unidades productivas se encuentren en equilibrio sin retribuir el factor tierra. Una vez halladas las mismas, se determinará cuál es la renta que corresponde a una explotación en la zona en la que el equilibrio en el uso de los factores demandó mayor superficie, y aplicando principios de renta diferencial se llega a determinar los valores de renta en las demás zonas de la Provincia. Los valores unitarios básicos correspondientes a las aptitudes medias de cada una de las zonas resultantes, serán incrementadas hasta valores óptimos correspondientes a las aptitudes máximas al ser afectadas por coeficientes de corrección que serán a la inversa de las aptitudes medias. Estos valores óptimos, corregidos por coeficientes de ajuste según características edafotográficas y de ubicación de las parcelas, aplicados a las superficies de las mismas determinarán sus valuaciones.
"Valor de la tierra libre de mejoras y de las mejoras conforme actividad, uso, destino y características intrínsecas de la parcela.
Para la determinación del valor de la tierra libre de mejoras y del valor de las mejoras en parcelas Urbanas, Subrurales y Rurales, cuando los mismos se establezcan conforme a actividad, uso, destino y/o características intrínsecas de las parcelas, se establecerán mediante Autodeclaración de valuaciones fiscales efectuada por los propietarios, usufructuarios, poseedores a títulos de dueños y/o responsables de la parcela afectada. De no efectuarse la mencionada Autodeclaración dentro de las formas y plazos previstos por la reglamentación, se podrá efectuar Tasación de oficio para determinar su valor, estableciéndose como organismo de aplicación a la Dirección de Catastro." (Ω)

Valor para las mejoras
Artículo 10°.- Para determinar el valor de las mejoras se aplicará el método de costos de reposición presente, para lo cual se procederá en función del siguiente esquema en el caso de los edificios y sus obras accesorias e instalaciones. Se dividirá el territorio provincial en zonas de acuerdo al nivel de costos medios. Para cada una de las zonas de costos medios resultantes se determinarán valores unitarios básicos según destinos y características constructivas. Los valores básicos a que hace mención el apartado anterior resultarán de promediar los costos de los mismos. Estos valores unitarios básicos, corregidos por coeficientes de depreciación según antigüedad y estado de conservación aplicados a la superficie de las mejoras, determinarán su valuación.

DE LA DETERMINACION DE VALORES UNITARIOS BASICOS
Elaboración
Artículo 11°.- Los valores unitarios básicos a que aluden los incisos a) y b) del artículo 9° y 10° serán elaborados por la Dirección de Catastro o por las respectivas municipalidades o juntas de gobierno, con la supervisión de la primera. Los valores unitarios básicos a que alude el inciso c) del artículo 9° serán elaborados por el área específica de la Secretaría Ministerial de Asuntos Agrarios.

Aprobación
Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo fijará la mecánica y la fecha que deberán tenerse en cuenta para la aprobación de los valores unitarios básicos, los que podrán ser actualizados hasta la puesta en vigencia de las valuaciones fiscales. A tales efectos, la Dirección de Catastro, o en su caso, el área específica de la Secretaría Ministerial de Asuntos
Agrarios, sugerirán al Poder Ejecutivo los valores unitarios básicos o los coeficientes de actualización de los valores unitarios básicos respecto a los del año anterior, a efectos de la aprobación de los mismos.

Artículo 13°.- El Poder Ejecutivo realizará la aprobación de las zonas, valores unitarios básicos, coeficientes citados en los artículos 9° y 10° y fijará la fecha de vigencia de las valuaciones fiscales.

DE LA INFORMACION PARCELARIA PARA DETERMINAR VALUACIONES
Sistemas posibles
Artículo 14°.- La valuación de los inmuebles será practicada por la Dirección de Catastro en base a declaraciones juradas que presentarán los responsables o de oficio. También podrá efectuarse total o parcialmente mediante la aplicación combinada de ambos sistemas.
Si se efectuara mediante declaraciones juradas, éstas deberán ser presentadas por los propietarios. Asimismo, podrán realizarla los poseedores a título de dueño. Las declaraciones juradas se presentarán en oportunidad y con la forma que disponga el Poder Ejecutivo y contendrán los datos referidos al inmueble que sean requeridos al disponerse la valuación. Ante la falta de la declaración jurada o en caso de su presentación incompleta, la Dirección de Catastro deberá determinar la valuación fiscal del inmueble, en base a datos que posea. Asimismo la Dirección de Catastro podrá verificar las declaraciones juradas para comprobar su exactitud. Si las valuaciones se efectuaren de oficio, serán practicadas con la intervención y control de la Dirección de Catastro, quien fijará en base a los valores unitarios básicos que resulten de la aplicación de las normas contenidas en los artículos 9°, 10°, 11° y 13° yal relevamiento de datos y características de las parcelas; la valuación definitiva de las mismas.
"A los efectos establecidos en el párrafo anterior, ante la carencia, inexactitud y/o insuficiencia de datos, la Dirección de Catastro podrá adoptar como presunciones generales, la información relevada a través de sensores remotos, las características constructivas observadas en la fachada, la categoría de mejora constructiva que represente la mayor cantidad de polígonos de idéntica categoría existente en la manzana en la que se ubique la parcela , y la categoría de mejora constructiva de mayor valor existente en la parcela." (Ω)

Rectificaciones y controles en declaraciones juradas
Artículo 15°.- Los responsables de la presentación de las declaraciones juradas, podrán rectificarla en caso de error de cálculo o concepto. La rectificación estará sujeta a la comprobación de los datos declarados por parte de la Dirección de Catastro en baso a los elementos o datos que posea y con los que requiera del presentante, pudiendo
admitir la declaración bajo juramento cuando resulte dificultosa la acreditación de los datos que se rectifican. La Dirección de Catastro podrá delegar en las Municipalidades o Juntas de Gobierno las facultades de comprobación de los datos declarados a que alude el párrafo anterior. La Dirección de Catastro podrá de oficio, rectificar la valuación de los inmuebles cuando aquella resulte incorrecta por haberse fundado en datos erróneos contenidos en la última declaración jurada, presentada por los responsables o considerados en las determinaciones de oficio realizadas
anteriormente, notificando en todos los casos a los contribuyentes en el domicilio denunciado, o la Delegación de Rentas donde se encuentra empadronado el inmueble y, en los casos que corresponda a la Dirección General de Rentas.

DE LA NOTIFICACION, VIGENCIA Y MODIFICACIONES EN LAS VALUACIONES
Notificación
Artículo 16°.- La notificación de las valuaciones fiscales a los contribuyentes se efectuará mediante la difusión de los padrones que las contengan por primera vez. Se considerará que la difusión de los padrones opera el día en que los mismos son puestos a disposición de los contribuyentes en las oficinas que la Dirección General de Rentas habilite para tal fin. La Dirección General de Rentas indicará la fecha a partir de la cual los padrones estarán a disposición de los contribuyentes en cada una de las oficinas habilitadas. La notificación de las rectificaciones de las valuaciones fiscales practicadas de oficio o como consecuencia de la rectificación de declaraciones juradas, y de las modificaciones de las valuaciones fiscales autorizadas por el artículo siguiente se considerarán operadas conforme lo dispuesto en el párrafo precedente mediante la difusión de los padrones que las contengan por primera vez, excepto en los casos que el contribuyente hubiera sido notificado con anterioridad.

Modificaciones y Vigencia
"Artículo 17º.- Las valuaciones de los inmuebles no serán modificadas hasta las siguientes valuaciones que el Poder Ejecutivo disponga, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando se modifique el estado parcelario de los inmuebles por documentaciones de mensuras registradas en la Dirección de Catastro por desgloses, subdivisión, unificación y subparcelación para sometimiento al régimen de propiedad horizontal. En tales casos la valuación de cada parcela se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, tomando como valores unitarios básicos los establecidos en la última valuación.
b) Cuando se produzcan incorporaciones y/o supresión de mejoras por declaración jurada.
c) Por presentación de los contribuyentes rectificando declaraciones juradas o solicitando verificación de los avalúos fiscales.
d) Por rectificaciones de valuaciones realizadas de oficio por la Dirección de Catastro sin existir tramitaciones iniciadas por los contribuyentes.
e) Por modificación de zonas o de límites jurisdiccionales, coeficientes de ajuste y/o depreciación y valores unitarios básicos o actualización de los mismos, según los dispuesto en el artículo 13.
f) Cuando a través de la Dirección de Catastro se realicen de oficio rectificaciones de valuaciones o se incorporen de oficio superficies de mejoras en parcelas urbanas y subrurales, en base a información suministrada por Municipalidades, Juntas de Gobierno o Comunas.
g) Cuando a través de la Dirección de Catastro se realicen de oficio rectificaciones de valuaciones de parcelas rurales y/o subrurales, en virtud de ser sometidas a análisis y/o revisión de las características Edafotográficas y de ubicación, en base a datos que posea el Organismo u otra información que requiera.
h) Cuando se certifiquen Documentaciones de Mensuras de parcelas rurales y/o subrurales y se determine, según superficie, efectuar el estudio y/o revisión de las características Edafotográficas y de ubicación, resultando la modificación de su valuación.
Las nuevas valuaciones que surjan de la aplicación de los incisos a), b) y h) tendrán vigencia a partir de la fecha de registro de las respectivas documentaciones de mensura o de acuerdo a información obrante en la declaración jurada presentada. Las valuaciones que surjan por aplicación del inciso c) reemplazarán a las vigentes a partir del momento de presentación de las nuevas declaraciones juradas.
Las nuevas valuaciones que se determinen conforme al inciso d) tendrán vigencia retroactiva hasta la fecha fijada para la prescripción de los tributos.
Las valuaciones que surjan de la aplicación del inciso e) tendrán vigencia a partir de la fecha que disponga el Poder Ejecutivo.
Las valuaciones que surjan como resultado del procedimiento dispuesto en los incisos f) y g) tendrán vigencia desde el comienzo del período fiscal en que fueran incorporadas, no siendo aplicable a estos casos lo dispuesto en el Artículo 23° del presente cuerpo legal.
En los supuestos establecidos en los incisos f) y g) la notificación en el domicilio declarado por el contribuyente previsto en el Artículo 15° podrá ser reemplazada por la difusión de padrones establecido por el Artículo 16°." (Ω)

DE LA VIA RECURSIVA
Casos no recurribles
Artículo 18°.- No serán susceptibles de recurso alguno, salvo por error de hecho:
a) Los valores unitarios básicos, según surjan de la aplicación de los artículos 9° y 10° y aprobados por el Poder Ejecutivo según el artículo 13°.
b) Los coeficientes de ajustes y de depreciación obtenidos por aplicación de los artículos 9° y 10° y aprobados por el Poder Ejecutivo según el artículo 13°.
c) Los coeficientes de actualización de los valores unitarios básicos que se obtengan por aplicación del artículo 13°.
d) La clasificación parcelaria dispuesta en el artículo 2°.
e) Las delimitaciones zonas que por aplicación del artículo 9° apruebe el Poder Ejecutivo por el artículo 13°.
f) La ubicación parcelaria zonal.
Los recursos que se interpongan por presunción de errores de hecho, deberán efectuarse ante la Dirección de Catastro, quien dispondrá la producción de la prueba que estime pertinente, aunque no haya sido ofrecida, y elevará las actuaciones a resolución del Poder Ejecutivo, emitiendo opinión sobre su procedencia formal y material. La elevación de las actuaciones se efectuará dentro de los 30 días de recibido el recurso, prorrogables por un término igual.

Recurso de revocatoria
Artículo 19°.- Las valuaciones fiscales de los inmuebles, rectificaciones y el rechazo de las rectificaciones de declaraciones juradas, serán susceptibles de recurso de revocatoria ante la Dirección de Catastro. Por esta vía no podrán recurrirse los actos enumerados en el artículo anterior. El plazo para la interposición del recurso será de quince días, a partir de la notificación efectuada, salvo que la misma se hubiere operado mediante la difusión de padrones, en cuyo caso será de cuarenta y cinco días. Con la interposición del recurso, el recurrente ofrecerá la prueba de que intente valerse agregando la documental que obre en su poder. La Dirección de Catastro dispondrá la producción
de la prueba que estime pertinente, aunque no haya sido ofrecida y dictará resolución.

Recurso de Apelación
Artículo 20°.- Contra la resolución del recurso de revocatoria establecida en el artículo anterior, procederá el de apelación ante el área Ministerial de la cual depende orgánicamente la Dirección de Catastro. El recurso se interpondrá ante la Dirección de Catastro en el término de quince días de notificada la resolución recurrida. No podrán ofrecerse nuevas pruebas, excepto de hechos posteriores o documentos que no pudieron presentarse al interponer el recurso de revocatoria. Recibido el recurso de apelación la Dirección de Catastro procederá a considerar el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad y en casos de incumplimiento, mediante resolución fundada
tendrá el recurso por no presentado. Si el recurso fuere formalmente procedente dispondrá la producción de la prueba que autoriza el párrafo precedente si hubiera sido ofrecida y remitirá las actuaciones al Ministerio opinando sobre los fundamentos y petición del recurrente y sobre la procedencia material del recurso. La resolución del recurso de apelación no será recurrible en sede administrativa.

Condiciones para la vía recursiva
Artículo 21°.- Los recursos de revocatoria y apelación previsto en esta ley revestirán carácter devolutivo y su interposición no obstará la producción de los efectos de la valuación fiscal que se cuestione.

De la obligación de denunciar modificaciones
Artículo 22°.- Los propietarios de inmuebles o poseedores a título de dueño estarán obligados a denunciar, dentro de los sesenta días de producido, cualquier modificación del estado parcelario y económico que se produjera en las parcelar de su propiedad o posesión.

DE LAS MULTAS
Artículo 23°.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 14° y 22° de esta Ley será motivo de la aplicación de multas por parte de la Dirección de Catastro de acuerdo a las siguientes pautas:
a) La no presentación de las declaraciones juradas dentro de los términos que el Poder Ejecutivo disponga para tal fin, determinará la aplicación de una multa equivalente al dos (2%) por ciento de la valuación fiscal del inmueble del cual se haya omitido la presentación de la declaración jurada. Esta mula se multiplicará por la cantidad de años que resulten desde el momento de su detección hasta el año en que legalmente hubiera correspondido la vigencia de la valuación del inmueble.
b) La no concordancia de información entre la declarada por los responsables y la que realmente corresponda de acuerdo a las características del bien inmueble detectada por la aplicación del artículo 14°, determinará la aplicación de una multa. Cuando de la declaración jurada resulte una valuación fiscal menor que la que efectivamente correspondiere esta multa será equivalente al 2% de la diferencia que resulte entre la valuación fiscal determinada en base a la información suministrada por los responsables y la correcta correspondiente al año en que se detecte la discordancia. Esta diferencia se multiplicará por la cantidad de años o fracción que resulten desde la vigencia de la valuación que originó la presentación de la declaración jurada hasta el año de su detección.

Artículo 24°.- Las multas previstas en el artículo anterior se actualizarán desde el momento de la notificación al contribuyente hasta la fecha de su efectivo pago, de acuerdo a las previsiones del Código Fiscal.

Artículo 25°.- Las multas que fija esta Ley son independientes de las establecidas en la legislación fiscal por el incumplimiento en el pago de los impuestos.

Artículo 26°.- La Dirección de Catastro evaluará las causales que se presenten con motivo del no cumplimiento de las disposiciones de los artículos 14° y 23° de esta Ley en relación a la correspondencia o no de la aplicación de las multas dispuestas por el artículo 23° de la presente.

DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS INTERVINIENTES
Artículo 27°.- El Poder Ejecutivo establecerá las pautas de participación de las entidades intermedias que tengan relación directa con lo estipulado en la presente Ley.

Artículo 28°.- Los diferentes organismos provinciales como así también las Municipalidades y Juntas de Gobierno estarán obligadas a colaborar con la Dirección de Catastro en las tareas de valuación general, mantenimiento y actualización de las mismas.

Artículo 29°.- La Dirección de Catastro mantendrá permanentemente actualizado el registro de valuaciones, debiendo comunicar las mismas así como las modificaciones que se operen, a la Dirección General de Rentas en el tiempo y forma que se establezca.

DE LOS CASOS PARTICULARES
Artículo 30°.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en la Dirección de Catastro la atención y solución de situaciones puntuales específicas que se generen con motivo de la aplicación de la presente Ley.

Artículo 31°.- En los casos de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal la valuación deberá referirse a cada una de las unidades funcionales y/o complementarias que los componen.

DE FORMA
Artículo 32°.- Derógase el Decreto Ley N° 6426/79, ratificado por Ley N° 7735.

Artículo 33°.- Las disposiciones de esta Ley entrarán en vigencia el 1° de Enero de 1.993 y serán aplicables a las valuaciones fiscales determinadas de conformidad con regímenes anteriores.

Artículo 34°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar la norma reglamentaria de la presente Ley.

 

(Ω) Texto según Ley nº 10591

(φ) Texto según Ley nº 10637

 

(1) Reglamentado por Decreto nº 6827/1992 MEOSP. Ver Archivo Adjunto

Decreto nº 1604/2016
Fecha: 01.08.2016

(1)ARTÍCULO 1º.- Créase el Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN", el que dependerá de la Subsecretaría de Deportes, y funcionará en el predio de calle Juan A. Barbagelata s/n de la ciudad de Paraná.
Objetivo: Promover a través del deporte, la formación integral del ser humano en sus diferentes aspectos, aportando elementos para el mejoramiento de su calidad de vida.
Funciones: El Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN" posee nivel de Dirección y tiene como objetivos básicos:
a) Administrar eficientemente los recursos técnicos, humanos y públicos con que se cuente para satisfacer oportuna y eficazmente las necesidades de los usuarios del Centro Deportivo Municipal.
b) Es obligación del Director coordinar las labores de los trabajadores de la Dirección para brindar atención a los requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas y soluciones oportunas a las situaciones planteadas con la calidad y eficiencia requeridas.
c) Vigilar la debida observancia de este Reglamento, dando las órdenes e instrucciones que correspondan, así como la atención de los servicios y el despacho de los asuntos de su competencia
d) Es obligación llevar un libro de novedades, donde constará todo el movimiento de Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN". Se llevará además un libro de quejas y sugerencias. Ambos libros serán rubricados y controlados mensualmente por la Subsecretaría de Deportes.
e) En la Administración quedarán todas las llaves correspondientes al Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN. El Director o la persona que él designe, será el encargado de abrir y cerrar las dependencias que se encuentren bajo llave.
ARTICULO 2º.- El Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN" se destina exclusivamente a la formación integral del ser humano a través del deporte y estará orientado principalmente a la iniciación y desarrollo deportivo de niños y jóvenes de nuestra ciudad en el marco del Programa "Escuelas Municipales de Deportes" establecido por Ordenanza nº 7741 con el fin de llevar a cabo los objetivos establecidos en dicha norma. Para ello se implementará la "Escuela de Iniciación y Desarrollo Deportivo" y "Colonia de Vacaciones".
ARTICULO 3º.- En el Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN" funcionarán la Dirección de Deporte Social, la Dirección de Mediana y Tercera Edad y la Dirección de Deporte Comunitario.
ARTICULO 4º.- Al Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN", podrán acceder los ciudadanos que realicen su solicitud en la forma y plazos establecidos, cumpla con los requisitos exigidos y presente la documentación que en cada caso corresponda.
El procedimiento para las inscripciones a los programas de actividades dirigidas se desarrollará de conformidad con las instrucciones que se dicten por el Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN", utilizándose el sistema de orden de inscripción para cubrir las vacantes siempre que la demanda supere las plazas ofertadas.
Dependiendo de la modalidad deportiva la actividad se podrá estructurar en diferentes niveles de aprendizaje, a los efectos de mantener la homogeneidad en la formación de los grupos.
ARTICULO 5º.- Con carácter general, la obtención de plaza en una actividad da derecho a la asistencia a la misma durante una temporada deportiva, salvo para las personas inscritas en aquellas actividades que estén estructuradas en niveles de aprendizaje o con características especiales, cuya permanencia se determinará en función de cada modalidad deportiva.
ARTÍCULO 6º.- Con fines recreativos y en función de su disponibilidad, el Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN" estará al servicio de toda la ciudadanía, pudiendo practicarse en ellas individualmente o en grupos, los diversos deportes para los que se hallen aptos. Adicionalmente los salones están habilitados para la práctica de Gimnasia de Musculación y Aeróbica, así también las piletas para la práctica de natación.
ARTÍCULO 7º.- Son obligaciones de los usuarios:
- Utilizar las instalaciones deportivas municipales con actitud positiva y deportiva, evitando posibles desperfectos y daños en las instalaciones o riesgos a la salud y derechos de otros usuarios, así como guardar el debido respeto hacia los demás usuarios, espectadores y personal de la instalación.
- Cumplir con la normativa específica de cada instalación.
- Deberán hacer uso de las papeleras habilitadas para ello colaborando en lo posible en el cuidado de las instalaciones, observando las normas de limpieza e higiene establecidas.
- Hacer uso de cualquiera de las instalaciones con la adecuada indumentaria acorde a las diferentes modalidades deportivas.
- Abonar el precio público.
- Cumplir la legislación y reglamentación vigente en materia de tabaquismo, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.
- Cumplir los horarios establecidos en las unidades deportivas.
- Se podrá requerir en cualquier momento al usuario, que presente el carnet de abonado o resguardo de acceso dentro de la instalación.
- Cualquier usuario que ocasione desperfectos materiales en las instalaciones deportivas municipales será directamente responsable, por tanto se ha de hacer cargo de los gastos que origine el desperfecto ocasionado.
- La Municipalidad de Paraná recomienda a los usuarios someterse a un reconocimiento médico previo antes de iniciar cualquier actividad programada por éste, reservándose el derecho a exigirlo si lo estimase conveniente.
- La Municipalidad de Paraná no se hará responsable de la pérdida o hurto de prendas u objetos que no hayan sido declarados y depositados en la consigna para su custodia.
ARTÍCULO 8º.- El personal del Centro Deportivo Municipal destinado a las instalaciones, podrá cerrarlas en cualquier momento por razones de seguridad, climatológicas y cuando se produzcan circunstancias que puedan ocasionar daños físicos a personas y/o desperfectos a las instalaciones.
ARTÍCULO 9º.- Es requisito para el uso de las instalaciones del Centro la presentación del comprobante de pago extendido por dicho Centro. A tal fin se habilitara una oficina de cobro que funcionará en el Centro Deportivo Municipal. La rendición de lo cobrado se realizará cada 48 hs, en la Tesorería General, debiendo depositarse en una cuenta especial creada a tal efecto.
ARTICULO 10º.- Créase la Cuenta "Centro Deportivo Municipal RAUL R. ALFONSIN", a fin de la imputación de lo recaudado debiendo, asimismo, la Dirección de Presupuesto efectuar la adecuaciones presupuestarias correspondientes. El gasto que demande el cumplimiento del presente, se imputará a la partida correspondiente del presupuesto municipal de la Subsecretaría de Deportes.
ARTICULO 11º.- Establécese a partir del día de la fecha del presente decreto, la tarifa a cobrar por el ingreso a los natatorios y Gimnasios de Musculación y Aeróbica ubicados en el Centro Municipal del Deporte "RAUL R. ALFONSIN", de acuerdo a lo que se determina a continuación:
Derecho de Pileta por Temporada de Verano
Menores de 14 años $ 120,00
Grupo Familiar (cuatro personas) $ 500,00
Individual $ 180,00
Derecho de Pileta por Día
Individual $ 50,00
Gimnasio Musculación y Aeróbica
Pase mensual individual $ 240,00
Pase mensual Grupo Familiar (cuatro personas) $ 450,00
ARTÍCULO 12º.- Los empleados Municipales abonaran el equivalente al setenta por ciento (70%) del arancel fijado por cada concepto.
ARTICULO 13º.- (1).
ARTICULO 14º.- Dispónese que la Sala Médica Deportiva y el personal que presta servicios en la misma, pase a depender y continúe cumpliendo sus funciones en el Centro Deportivo Municipal "RAUL R. ALFONSIN", debiendo incorporarse a su inventario, el equipamiento médico, muebles y demás elementos inventariados que se encuentren en Sala Médica Deportiva.
ARTÍCULO 15º.- Facúltase al Subsecretario de Deportes para que modifique los importes establecidos en el artículo 11º, apruebe el Reglamento Interno de Uso de las Instalaciones, siendo además –dentro del objeto fijado-, el único facultado para evaluar y autorizar el uso de las mismas.
ARTICULO 16º.- La presente norma será refrendada por el Señor Secretario Legal y Técnico y el Señor Fiscal Municipal.-
ARTICULO 17º.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

 

(1) No se transcribe el artículo 13º en virtud de que establece disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

Decreto nº 1752/2008
Fecha: 26.12.2008

Artículo 1º.- Facúltase al titular de la Secretaría de Hacienda a disponer la regularización de los débitos que correspondan a:
1. Gastos y Comisiones Bancarias, incluyendo en este concepto los gastos de mantenimiento de cuentas bancarias y comisiones por cobro de tasas y derechos municipales.
2. Comisión por cobranzas de tasas facturadas por ENERSA descontada de la liquidación mensual presentada por la empresa.
3. Servicios de Deuda Consolidada, conformados por amortización, intereses y gastos; descontados de la coparticipación de impuestos nacionales y/o provinciales.
Artículo 2º.- Facúltase al titular de la Secretaría de Hacienda a efectuar transferencias de fondos de la cuentas abiertas a nombre de la Municipalidad de Paraná en el Banco de Entre Ríos S.A. a las del Banco de la Nación Argentina, y viceversa, mediante comunicación de Tesorería General de los importes a transferir.
Artículo 3º.- Facúltase a la Contaduría General a emitir Orden de Pago a solicitud del titular de la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del presente.
Artículo 4º.- Deróguese en consecuencia el Decreto nº 871 de fecha 02.06.2006.
Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Hacienda.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Ordenanza nº 7230
Sancionada: 02.05.1990
Promulgada: 16.05.1990 por Decreto nº 592.
Publicada: 30.05.1990

ARTICULO 1º.- Denomínase a las calles 756 con el nombre de "Los Junquillos"; calle 760 "Los Alelíes"; calle 762 "Las Marimoñas"; calle 766 "Las Madreselvas"; calle 783 "Las Orquideas"; calle 799 "Las Alverjillas"; calle 800 "Los Gladiolos".
ARTICULO 2º.- Comuníquese.

Resolución General Interpretativa nº 30/2002
Fecha: 11.07.2002
Publicada: 18.07.2002
Interpretación con alcance general sobre la competencia de la Comisión Federal de Impuestos para entender en todo asunto referido al cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias. Intervención de naturaleza indistinta y supletoria respecto de la que habilita la acción de los órganos de contralor específicos del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977.

VISTO: el artículo 8, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentran en condiciones de resolver diversos expedientes iniciados ante esta Comisión en donde se plantean denuncias por incumplimiento de los municipios a las obligaciones asumidas por las Provincias al adherir a la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, en materia de aplicación del Convenio Multilateral del 18/8/ 77, de conformidad a lo establecido por el artículo 9, inciso d) de dicha norma.
Que al respecto se ha solicitado previamente la opinión de la Asesoría Jurídica que se ha expresado mediante dictamen 20/02.
Que con relación a la materia en consideración, dos cuestiones aparecen claramente diferenciadas requiriendo ambas la ratificación o modificación del criterio de la Comisión, teniendo en cuenta sus precedentes acerca de aquella:
a) La presentación ante esta Comisión —invocando su competencia— de denuncias por incumplimiento de las obligaciones asumidas por las Provincias (que involucrarían a sus municipios), tanto al suscribir el Convenio Multilateral aludido como la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias (artículo 9, inciso d).
b) Los requerimientos efectuados por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ante el no acatamiento de sus resoluciones por parte de municipios denunciados en su sede y respecto de cuya posición se ha decidido desfavorablemente.
Que antes de reseñar los precedentes de la Comisión en la materia resulta necesario transcribir las normas en juego para resolver aquellas cuestiones:
Artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias:
"La adhesión de cada Provincia se efectuará mediante una ley que disponga: ... d) Que continuarán aplicando las normas del Convenio Multilateral del 18 de Agosto de 1977 sin perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones de éste, adoptadas por unanimidad de los fiscos adheridos".
Artículo 11, inciso c) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias:
"(La Comisión) Tendrá las siguientes funciones: ...c) Controlar el estricto cumplimiento por parte de los respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al aceptar este régimen de distribución".
Artículo 11, inciso f) de la ley convenio 23.548, sus complementarias: "(La Comisión) Tendrá las siguientes funciones:... f) Asesorar a la Nación y a los entes públicos locales, ya sea de oficio o a pedido de partes, en las materias de su especialidad y, en general, en los problemas que cree la aplicación de derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido reservado expresamente a otra autoridad...".
Que se tienen como precedentes en la materia a los siguientes:
1. Resolución N° 61 del Comité Ejecutivo (21/ 12/88).
La Resolución del Comité Ejecutivo N° 61 del 21/12/88, ante una denuncia de la Unión Industrial Argentina contra la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene de la Municipalidad de La Matanza de la Provincia de Buenos Aires, que fue desestimada, señaló, sin embargo, en sus considerandos:
"...Que por otra parte, la propia Ley N° 23.548 impone la continuidad de la aplicación del Convenio Multilateral art. 9 inc. d), cuyo art. 35 importa una autorización expresa para que los municipios apliquen gravámenes locales que recaigan sobre ingresos brutos, de donde mal puede resultar que éstos, por esta sola circunstancia, resulten incompatibles con el Impuesto al Valor Agregado y con el Impuesto a las Ganancias del orden nacional.
Que además, las propias leyes provinciales que menciona la recurrente (Nros. 10.261 art. 1° y 10.559 art. 13), prohíben a los municipios aplicar gravámenes que recaigan sobre ingresos brutos, pero excluyen expresamente de esa prohibición, entre otras, a la tasa de inspección seguridad e higiene que es la objetada.
Que no habiendo sido objetado el carácter de tasa del tributo local, y no siendo de la competencia de esta Comisión Federal de Impuestos lo demás que se expone, la demanda articulada no puede prosperar".
2. Resolución N° 33 del Plenario de la Comisión (3/1/90).
Mediante la Resolución N° 33 del Plenario de la Comisión, del 3/1/90 dictada en el recurso de revisión interpuesto contra la citada Resolución 61, se decidió desestimar el mismo estableciendo, al mismo tiempo en sus considerandos:
"Que la recurrente discrepa con la resolución, considerando que la Comisión Federal es competente para decidir que la norma objetada está en contradicción con el régimen de coparticipación federal en cuanto violenta el artículo 35 del convenio multilateral, lo que la habilita también para examinar la superposición por analogía del tributo local con los impuestos nacionales a las ganancias y el valor agregado...
...Que en cuanto a la presunta contraposición que existiría entre la gabela municipal impugnada y el artículo 35 del Convenio Multilateral, ello constituye una materia reservada a la Comisión Arbitral y en grado de apelación a la Comisión Plenaria, organismos ambos de aplicación del aludido Convenio según surge de sus artículos 17, 24 y ccs.
Que la Ley N° 23.548 se limita a asegurar la sujeción de los fiscos adheridos al referido Convenio (artículo 9°, inciso d), lo cual significa el respeto pleno de aplicación irrestricta, la que de suyo comprende la intervención reservada a sus organismos de aplicación, sin que la Comisión Federal pueda inmiscuirse en su campo propio y reservado, tal como —en otro contexto— se desprende del artículo 11, inciso f) in fine de la ley.
Que la Comisión Federal no resulta competente para conocer de la materia sustantiva alegada, que resulta propia de la Comisión Arbitral...".
3. Resolución N° 72 del Comité Ejecutivo (26/2/93).
El criterio expuesto fue ratificado en la siguiente oportunidad (26/2/93) que tuvo el Comité Ejecutivo para referirse a la cuestión, "...en el expediente N° 256/92 "American Express S.A. c/Municipio de Gral. Pueyrredón s/Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene y art. 35 del Convenio Multilateral" en la que objeta la tasa mencionada por contraria a la Ley N° 23.548 y al art. 35 del Convenio Multilateral, en cuanto el municipio la pretende aplicable sobre el total de ingresos brutos atribuidos a la Provincia de Buenos Aires".
Allí se reiteró que
"...la citada objeción no es propia del régimen de coparticipación federal, sino que pertenece al ámbito del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, vigente ante la ratificación legislativa de todas las jurisdicciones adheridas.
Que la obligación que la Ley N° 23.548 impone a las provincias y sus municipalidades de ajustarse a sus normas no determina, por el mero hecho de que de ellas surja también la obligación de aplicar el citado Convenio Multilateral, que la Comisión Federal de Impuestos se torne competente para entender en las causas en que se pretendan violaciones al mismo.
Que así surge de la circunstancia expresa de que tales eventuales violaciones al Convenio Multilateral constituyen materia de derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento está reservado a otra autoridad, cual es la Comisión Arbitral, y la Plenaria como su instancia de apelación".
4. Dictamen de Asesoría Jurídica en los expedientes acumulados 280/93 y 281/93 (Expediente 287/93), (27/7/93).
Este tercer antecedente se trata de los Expedientes acumulados 280/93 y 281/93 en el Expediente 287/93.
En estas actuaciones acumuladas, por la primera de ellas CIARA cuestiona la Ordenanza 5424/92 de la Municipalidad de Rosario, en tanto incorpora —entre los ingresos que se consideran para la conformación de la base imponible del Derecho de Registro e Inspección — a los derivados de exportaciones.
En el otro expediente acumulado en esa oportunidad, la propia Municipalidad de Rosario solicita asesoramiento acerca de la legitimidad de las normas aludidas. En tal circunstancia, y atento a que la primera presentación presentaba deficiencias procesales que impedían su substanciación y a que se consideró relevante la posición de la Municipalidad en demanda de asesoramiento, se resolvió producir un dictamen de Asesoría Jurídica, suscripto, por los entonces titulares, Dres. Bulit Goñi y Casas que fue notificado oportunamente a los interesados, luego de haber sido aprobado y hecho suyo por el Comité Ejecutivo con fecha 27 de julio de 1993.
Sustancialmente y para lo que interesa como línea argumental principal a criterio de la Asesoría Jurídica, la misma —en pleno— opinó que:
"1. La Comisión no sería competente para tratar posibles violaciones al Convenio Multilateral". Sin embargo precisan que "Esta temática podría conceptuarse propia de la Comisión Arbitral, y por tanto excluyente de la competencia de la Comisión Federal (principio del artículo 11 inc. f) ley 23.548 (sic). Pero la aplicación del Convenio también es parte propia del régimen de coparticipación, y más cuando ya la Comisión Arbitral, más precisamente la Plenaria, se ha expedido al respecto, en el sentido de que los ingresos provenientes de exportaciones no deben computarse a los fines de la aplicación del referido Convenio (14/9/90, en "Swift Armour S.A. de Argentina c/Provincia de Formosa"), criterio interpretativo que ha sido acogido, con efectos aclaratorios, por el texto de Convenio aprobado en Córdoba en 1988 (arts. 17 inc. c) y 13 inc. b) que no rige aun por falta de ratificaciones...".
Que este dictamen —hecho propio por el Comité Ejecutivo— fue notificado en carácter de asesoramiento a los interesados CIARA, Provincia de Santa Fe y Municipalidad de Rosario, con fecha 29 de julio de 1993 por Nota N° 149/93.
Que, como se observa, hasta ese momento continuó predominando el criterio de compartir la opinión de la Asesoría Jurídica en orden a considerar la competencia de la Comisión Federal de Impuestos en la materia a la luz de lo establecido por el artículo 11, inciso f) de la ley convenio 23.548.
5. Resolución N° 117 del Comité Ejecutivo (22/ 8/95).
El 22 de agosto de 1995, en el Expediente N° 352/94, "en que tramita la presentación efectuada por Bunge y Born S.A., en la que cuestiona la legislación de veintiuna jurisdicciones", mediante Resolución N° 117, el Comité Ejecutivo resolvió desestimar el planteo estableciendo en sus considerandos que:
"...tal cuestionamiento se centra en que al disponer la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos, en cumplimiento del compromiso contenido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, lo han circunscripto a los casos en que el establecimiento industrial se encuentre radicado en la jurisdicción.
Que esta forma de conceder la exención, sostiene la presentante, comporta un incumplimiento del compromiso asumido, en tanto se gravará a las actividades industriales que se cumplan en la jurisdicción cuando el establecimiento industrial esté radicado en otra, lo que importa una violación a la Ley N° 23.548, en tanto esta manda aplicar el Convenio Multilateral, cuyo art. 32 prescribe la discriminación a las actividades interjudisdiccionales.
Que sobre este último tema específico, esta Comisión considera que es una materia cuyo juzgamiento ha sido reservado a la Comisión Arbitral (Ley N° 23.548, art. 11 inc. f), la cual ya se ha expedido respecto de idéntica presentación efectuada por la misma empresa".
6. Resolución N° 47 del Plenario de la Comisión (8/4/1996).
La Resolución N° 117 fue recurrida en revisión y con fecha 8 de abril de 1996, el Plenario de la Comisión, mediante Resolución N° 47 consideró que "...tal objeción fue presentada como violatoria del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, del art. 32 del Convenio Multilateral, y de la Ley N° 23.548 en tanto en su art. 9° inc. d) se asume la obligación de continuar aplicando este Convenio.
Que el Comité Ejecutivo sustanció esa impugnación corriendo traslado a la totalidad de las jurisdicciones, y con el N° 117, el 22/8/95, dicta resolución que desestima la presentación efectuada, por ser una cuestión propia de la Comisión Arbitral (art. 11 inc. Ley N° 23.548), y ser prematura la presunta violación del Pacto de 1992, atenta la prórroga dispuesta por Ley N° 24.468 hasta abril de 1996.
Que el recurso de revisión contra la misma ha sido deducido en tiempo y forma, aportando elementos que, a juicio de esta Comisión Plenaria, no alcanzan a conmover lo decidido por el Comité Ejecutivo.
Que a tal efecto, además de las razones mencionadas, y tal como lo resolvieran la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral según se ha acreditado, el art. 32 del mismo está limitado a las alícuotas y a los recargos, no correspondiendo introducir otra restricción a las potestades tributarias locales que las que estas mismas han consentido en el citado Cuerpo normativo".
Que, fuera de estos precedentes, y con posterioridad a ellos se tramitan diversos expedientes vinculados al cumplimiento por parte de los municipios de la obligación a que alude el artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, que motivara la solicitud de opinión específica a la Asesoría Jurídica, la que se ha expedido a través de su dictamen 20/02, ya citado.
Que, al respecto, resulta evidente que ya no solamente se trata de determinar cuándo corresponde habilitar la competencia de la Comisión Federal de Impuestos en orden a controlar que los fiscos adheridos (y sus municipios) continúen aplicando el Convenio Multilateral, sino también el decidir si se actúa o no como alzada de ejecución para las Resoluciones de la Comisión Plenaria de aquel y, aún, si además se resuelven concomitantemente cuestiones propias de los ámbitos judiciales o administrativos provinciales y municipales.
Que, por ende, se torna imprescindible identificar con mayor precisión todavía las cuestiones a resolver dentro de esta materia.
Que el dictamen N° 22/01 de Asesoría Jurídica precisa al respecto lo siguiente:
"A partir de los precedentes reseñados (son los mismos citados "supra"), creemos que se presentan varias cuestiones a resolver, lógicamente concatenadas:
a) Alcance de la competencia de la Comisión Federal de Impuestos en relación con lo establecido por el artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548.
b) Si la competencia se limita a verificar la aplicación del Convenio, ¿qué ocurre en los casos en que no se comparte total o parcialmente el criterio de la Comisión Arbitral y el Plenario del Convenio Multilateral?
c) Si se adopta el temperamento de abrir la competencia para decidir sobre el fondo, ¿es cómo revisión de lo actuado en la Comisión Arbitral y el Plenario, o de modo independiente?
d) En este último caso, las partes, ¿a qué decisión deben someterse?
e) En razón de estar constituidos por los mismos sujetos de derecho público, ¿les resulta aplicable el principio de los "actos propios" y de "congruencia procesal" cuando los votos de la misma jurisdicción, en un mismo asunto no coinciden? Es decir: ¿estamos siempre ante la representación de los mismos sujetos, con excepción del caso del Gobierno Federal?
f) Dada la naturaleza de ambos organismos, ¿existe alguna diferenciación en razón de jerarquía? Antes de decidir el Comité Ejecutivo esta Asesoría entiende que resulta indispensable contestar al menos a estos interrogantes".
Que, por el mismo dictamen, la Asesoría Jurídica ha opinado: "...entendemos nuestra obligación reiterar lo que expresáramos en el dictamen 22/01 respecto de la Resolución 72 del Comité Ejecutivo extensivo a todos los precedentes reseñados:
"...En primer lugar ninguna duda cabe en cuanto a que por el juego de los artículos 9, inciso d) y 11, inciso c) constituye una función asignada por la ley convenio a esta Comisión el controlar que los fiscos contratantes (y sus municipios agrego conforme a lo ya dicho) apliquen las normas del Convenio Multilateral.
En tal sentido, este Asesor no comparte totalmente los considerandos de la Resolución 72/93, adoptados a propuesta de la anterior Asesoría Jurídica, por las siguientes razones:
a) La concordancia de los artículos citados no admite dudas.
b) El argumento de que esta es materia de derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento está reservado a otra autoridad no resulta aplicable. Ello porque este criterio es adoptado por la ley convenio para definir los alcances del inciso f) del artículo 11, a saber la función de "asesorar a la Nación y a los entes públicos locales...". Nada tiene que ver la función de "controlar" establecida por el inciso c) con la de "asesorar" a que se refiere el inciso f), ambos del artículo 11.
c) La función de "controlar" se proyecta sobre todo el Capítulo II de la ley convenio, referido a las obligaciones de las partes (arts. 8 y 9 en todos sus supuestos y sin excepción en el caso del art. 9, inc. d). La función de "asesorar" sí se encuentra limitada en el inciso f) del artículo 11 cuando se trate de problemas de derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento ya se encuentre reservado a otra autoridad.
La Resolución 72/93 ha interpretado implícitamente que, existiendo los órganos de contralor del Convenio Multilateral, es extensiva la aplicación del criterio del inciso f) al inciso c) cuando del Convenio Multilateral se trate. Entiendo que ha podido hacerlo pues, conforme al artículo 11, inciso e) a la Comisión le corresponde interpretar la propia ley convenio. Ello sin embargo, y en mi opinión, no inhabilita la competencia de la Comisión en esta materia toda vez que estime corresponda ejercerla. Y en este caso, aun sería razonable tener a las Resoluciones de la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria como vinculantes de hecho atento a la integración de estos organismos con los mismos fiscos que componen esta Comisión.
En síntesis, pretende esta opinión dejar a salvo que en modo alguno surge de la letra de la ley convenio que esta Comisión resulte incompetente para entender en lo referido al cumplimiento de los fiscos respecto de su obligación de aplicar el Convenio Multilateral. En todo caso debe afirmarse que corresponde a sus prerrogativas interpretar, como lo ha hecho, que, en tanto exista un organismo específico de contralor de tal sistema, se esté en la materia a lo resuelto por el mismo".
La última afirmación nos lleva a reiterar la preocupación en orden a que no existan criterios divergentes entre las decisiones de ambos organismos... Finalmente, y como complemento de lo expuesto más arriba y en el dictamen 33/01, ya citado, entendemos y propiciamos como solución lógica que existiendo la Comisión Arbitral y el Plenario del Convenio Multilateral como órganos especiales sean ellos quienes juzguen —en principio — acerca de la correcta aplicación de dicho acuerdo y, ante la omisión de ello lo denuncie a la Comisión Federal de Impuestos quien, por esa vía o de oficio si correspondiere, actuará en virtud de las disposiciones de los artículos 11, inciso c) y 9, inciso d) de la ley convenio 23.548 teniendo en el primer caso como supuesto que se ha incumplido el Convenio y, en el segundo (al actuar de oficio), dando cuenta a la Comisión Arbitral para el inicio del trámite que corresponda. Todo ello sin perder en modo alguno su competencia general sobre la materia.
No se nos escapa que la falta de un adecuado régimen de sanciones en el Convenio Multilateral unido a la falta de acatamiento de sus resoluciones por parte de determinados fiscos plantee un grave problema de orden administrativo y funcional en el caso de que se incremente la cantidad de causas que se remiten a esta Comisión para su intervención. De allí la necesidad de decidir un procedimiento que, como lo hemos propuesto, preserve las más amplias facultades de este organismo para resolver en cada caso los alcances de su actuación tendiendo —en principio— a que ésta se agote en el ámbito del Convenio Multilateral y sólo por excepción llegue a nuestra sede.
Entonces, y para que este juego de reciprocidad de los organismos funcione "sistémicamente" como se lo ha requerido, es decisivo el respeto a los principios de jerarquía funcional, congruencia procesal y doctrina de los actos propios, garantizados por la máxima autoridad provincial con competencia en la materia. Reiteramos que, a nuestro entender la clave para resolver esta cuestión consiste en el hecho de que son los mismos fiscos quienes integran ambos organismos.
Finalmente, entendemos que también resulta imprescindible limitar por vía decisoria en esta Comisión —y aun en el ámbito de la Comisión Arbitral— la pretensión abusiva de ciertos contribuyentes para obtener en estas sedes administrativas interjurisdiccionales lo que corresponde peticionen ante la justicia o la administración local"
Que han sido analizados debidamente todos los antecedentes reseñados, así como merituada la opinión de la Asesoría Jurídica a través de los dictámenes emitidos tanto por la anterior como la actual composición.
Que, previo a considerar el tema de la competencia de la Comisión Federal de Impuestos respecto del contralor de la obligación a que se refiere la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, en su artículo 9, inciso d), resulta necesario recordar que, en general, se han presentado denuncias referidas concretamente al incumplimiento, por parte de un municipio que integra el territorio de una Provincia adherida al régimen de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, de las obligaciones que ésta contrajo por sí y en su nombre al momento de la adhesión.
Que ello implica interpretar si tales obligaciones le resultan oponibles a los municipios dentro de la Provincia adherida.
Que, por ende, se trata de decidir si la Comisión Federal de Impuestos se encuentra habilitada para entender, de conformidad a la ley convenio 23.548, en las denuncias contra los municipios, por incumplimiento de las obligaciones que las Provincias han asumido en su nombre al adherir al régimen de la misma.
Que, al respecto, diremos sin más que, a criterio de este Comité, los municipios, aun después del reconocimiento de su autonomía a partir de la reforma constitucional de 1994 —la que podrán ejercer, con los límites que los respectivos ordenamientos constitucionales provinciales determinen, también en lo financiero —, se encuentran obligados por la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, en tanto:
a) lo manifiesten expresamente a través de sus órganos competentes o
b) lo manifiesten tácitamente recibiendo sin reservas la porción de recursos nacionales coparticipables que le asigne el ordenamiento respectivo provincial de conformidad con el artículo 9, inciso g) de la ley convenio 23.548.
Que, resuelto lo anterior, corresponde entonces pasar a considerar la cuestión sustantiva ya expuesta respeto de la competencia de esta Comisión en la materia citada.
Que al respecto y en primer lugar, este Comité decide ratificar sus precedentes ya reseñados "supra" en orden a la habilitación de la competencia requerida.
Que, sin embargo, y en mérito a los nuevos elementos y argumentaciones arrimados por la Asesoría Jurídica en sus dictámenes 22/01; 24/01; 33/01, 05/02; 20/02 y 23/02, este Comité decide asimismo que resulta procedente aclara aquel criterio ratificado decidiendo que, correspondiéndole de conformidad al artículo 11, inciso c) de la ley convenio 23.548 controlar las obligaciones asumidas por los fiscos al adherir a dicha norma, y que entre tales obligaciones se encuentra la de "continuar aplicando el Convenio Multilateral...", la competencia declinada no lo ha sido en forma absoluta sino sólo y en tanto el procedimiento previsto ante la Comisión Arbitral y el Plenario del Convenio Multilateral se desarrolle regularmente.
Que lo anterior no implica establecer en esta sede una instancia de revisión ni de ejecución de las resoluciones emitidas por la Comisión Arbitral o el Plenario el Convenio Multilateral puesto que ellas se agotan, en el orden administrativo, en su propia sede; al interesado quedará pues la recurrencia a la jurisdicción administrativa provincial y/o judicial, si la denuncia fuere contra un municipio o judicial si fuere contra una Provincia.
Que, entonces, lo resuelto solamente expresa que, en tanto exista un organismo específico de contralor del sistema de aquel Convenio, se estará en la materia a lo resuelto por el mismo (aplicación de la doctrina propia respecto del artículo 11, inciso f) de la ley convenio 23.548, sus complementarios y modificatorias) pero, asimismo, que esta Comisión se encuentra habilitada —cuando lo considere pertinente— para entender de oficio o a pedido de parte en todo cuanto hace al control de todas las obligaciones a que hace referencia el Capítulo II de dicha ley convenio, referido a las obligaciones de las partes (arts. 8 y 9 en todos sus supuestos), en razón de lo establecido por el artículo 11, inciso c) de la misma norma.
Que ello implica interpretar que la competencia de la Comisión Federal de Impuestos en orden a controlar el cumplimiento de lo establecido por el artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, en términos del derecho procesal administrativo resulta de naturaleza indistinta 1 y —conforme a la especialidad del órgano—, supletoria respecto de la que habilita la intervención de los órganos de contralor específicos del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, en tanto estos existan como tales.
————
1 Diez, Manuel María; Derecho Administrativo, Tomo II, pág. 44.
————
Que asimismo, ello implica interpretar también que, en principio, se estará a lo resuelto en cada caso por dichos órganos a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, correspondiendo todo cuanto hace a la revisión y/o ejecución de tales resoluciones a la jurisdicción administrativa provincial y/o judicial, según el caso.
Que, concordante y supletoriamente, deberá habilitarse la competencia de esta Comisión toda vez que se trate de una denuncia por vicios de procedimiento y/o agravio a las normas del debido proceso legal administrativo y/o de la misma ley convenio, supuestamente ocurridas durante la tramitación de un asunto en sede de los órganos de contralor del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, vinculado a la aplicación de éste.
Que ha sido oída la Asesoría Jurídica.
Que, por todo ello, y lo dispuesto en el inciso e) del artículo 11 de la Ley 23.548, sus complementarias y modificatorias:

EL COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION FEDERAL DE IMPUESTOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Interpretar con alcance general que la competencia de la Comisión Federal de Impuestos para entender en todo asunto referido al cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, resulta de naturaleza indistinta y —conforme a la especialidad del órgano— supletoria respecto de la que habilita la intervención de los órganos de contralor específicos del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, en tanto estos existan como tales.
Artículo 2° — Interpretar asimismo con alcance general que, en relación con lo interpretado en el artículo anterior y en principio, se estará a lo resuelto en cada caso por dichos órganos a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 9, inciso d) de la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, correspondiendo todo cuanto hace a la revisión y/o ejecución de tales resoluciones a la jurisdicción administrativa provincial y/o judicial, según las circunstancias.
Artículo 3° — Interpretar también con alcance general que, concordante y supletoriamente con lo interpretado por los dos artículos anteriores, deberá habilitarse la competencia de esta Comisión toda vez que se trate de una denuncia por vicios de procedimiento y/o agravio a las normas del debido proceso legal administrativo y/o a todo lo dispuesto por la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, supuestamente ocurridas durante la tramitación de un asunto en sede de los órganos de contralor del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, vinculado a la aplicación de éste. Todo de conformidad a los fundamentos de la presente.
Artículo 4° — Notifíquese a todos los fiscos adheridos y publíquese en el Boletín Oficial de la Nación por un (1) día. 

Subsecretaria de Saneamiento

Decreto nº 1529/2008
Fecha: 20.11.2008

Artículo 1º.- Créase dependiente de la Subsecretaría de Saneamiento de la Secretaría de Planificación e Infraestructura las siguientes Direcciones:

Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos.

* Dirección Mantenimiento de Redes Agua Potable, Desagües Cloacales, Construcciones y Recursos Humanos.

Artículo 2º.- (1)

Artículo 3º.- (1)

Artículo 4º.- (1)

Artículo 5º.- Refrenda el presente el Sr. Secretario de Planificación e Infraestructura.

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2º, 3º y 4º, en virtud de que los mismos refieren a designación de personal de los cargos creados.

(2) Decreto nº 1571/2011
Fecha: 

Artículo 1º.- Créase el cargo de Subdirección dependiente de la Dirección de Ingeniería de Procesos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- El presente será refrendado la Secretaría de Planificación e Infraestructura.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del  área creada.

(3) Decreto nº 229/2012
Fecha: 16.01.2012

ARTICULO 1°.- Créase el Departamento de Preservación Operativa del Sistema Sanitario, dependiente de la Dirección de Ingeniería de Procesos y Nuevos Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de Saneamiento – Secretaría de Planificación e Infraestructura, con la siguiente misión y funciones:

MISION:

Dirigir todos los recursos técnicos, administrativos para ejecutar todas las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación para la preservación operativa de las instalaciones y equipamiento existente del servicio de agua y cloaca en la Ciudad de Paraná.-

FUNCIONES:

-     Efectuar el control sobre todos los trabajos de obras superficiales y/o subterráneas en la vía pública, para instalar cañerías, ductos y/o artefactos y/o extensiones y/o efectuar reparaciones en instalaciones ya existentes y/o trama vial, por parte de empresas públicas y/o privadas con el fin de proteger y mantener operativas el sistema de saneamiento en el ejido de la Ciudad de Paraná.-

-   Entregar documentación e información técnica de los servicios existentes, asesorando en el lugar, para una correcta ejecución de las obras de acuerdo al legajo de proyecto presentado.-

-     Aprobar un plan de cateos de acuerdo al legajo de proyecto presentado.-

-     Autorizar el inicio de las obras de infraestructura y/o de servicios en la vía pública.-

-     Producir, sistematizar y registrar la información sobre las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento y sus unidades complementarias, existente surgido del plan de cateos y/o relevamiento identificando el material con el cual han sido realizado  las cañerías, diámetro, ubicación, dispositivos, etc, y estado general de la misma.-

-    Formular y/o aprobar un plan de mitigación, para restablecer el servicio en forma urgente, en caso de posible rotura. En caso de ser necesario interrumpir el servicio se deberá alertar con inmediatez a los usuarios que sean afectados, a través de todos los medios de comunicación disponibles, y en caso de interrupción el servicio de agua potable se deberá garantizar el mismo mediante carro-tanque.-

-     Realizar las actas de constatación de rotura y liquidaciones correspondientes de las reparaciones.-

-     Participar en la elaboración de las previsiones presupuestarias del Departamento.-

-   Participar en la selección, asesoramiento y evaluación con respecto a las necesidades de recursos humanos, infraestructura física y de equipamiento para el funcionamiento óptimo del departamento.-

-     Promover la capacitación permanente del personal a cargo.-

-    Desarrollar además toda otra tarea que sea necesaria y que se relacione con el funcionamiento del departamento, las indispensables para su administración internas y las que fije la dirección.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno a/c de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.-

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.  

Ley nº 24632 (1)
Sancionada: 13.03.1996
Promulgada: 01.04.1996
Publicada: 09.04.1996

(Texto extraída página INFOLEG)

ARTICULO 1º.— Apruébase la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER —"CONVENCION DE BELEM DO PARA"—, suscripta en Belem do Pará —REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL—, el 9 de junio de 1994, que consta de VEINTICINCO (25) artículos, cuyo texto forma parte de la presente ley.
ARTICULO 2º.— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 


CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"
LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCION,
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;
AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;
PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;
RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y
CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
CAPITULO I
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
CAPITULO II
DERECHOS PROTEGIDOS
Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
CAPITULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS
Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamental y del sector privado destinado a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.
Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
CAPITULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION
Artículo 10
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.
Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
Artículo 15
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 16
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.
Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 21
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 22
El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 23
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.
Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará".
HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.


(1)Decreto nº 1011/2010 Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26485 que refiere a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Fecha: 19.07.2010
Publicado: 20.07.2010

VISTO el Expediente del Registro de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 28.730/10, la Ley Nº 26.485, y

CONSIDERANDO:

Que tanto la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994), aprobadas por el Estado Argentino por las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente, obligan a los Estados a impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Que habiendo transcurrido más de una década desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), es indudable que en la REPUBLICA ARGENTINA se han producido transformaciones positivas para las mujeres tales como, la elección de un significativo número de legisladoras en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, y que dos prestigiosas juristas han sido designadas Ministras en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que la incorporación de funcionarias en cargos importantes de decisión en el PODER EJECUTIVO NACIONAL y en los PODERES EJECUTIVOS Provinciales y Municipales ha sido un jalón relevante en el camino ala igualdad entre hombres y mujeres, destacándose la designación de mujeres al frente de organismos históricamente dirigidos por hombres, como el MINISTERIO DE DEFENSA y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Que no puede dejar de mencionarse la sanción de numerosas leyes, en un corto período que abarcó desde el año 2003 hasta la fecha, todas ellas consagrando la vigencia de distintos derechos de las mujeres, tales como, la Ley Nº 26.130 para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, la Ley Nº 26.171 de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Ley Nº 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley Nº 26.472 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que contempla el supuesto de Prisión Domiciliaria para Madres con hijos menores de CINCO (5) años, entre otras normas.

Que, también, es notoria la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral, aunque todavía con serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y a percibir igual remuneración por igual tarea.

Que asimismo, se evidencian en nuestra sociedad cambios graduales vinculados a transformaciones socioculturales que tienden a eliminar algunas diferencias de género.

Que, sin embargo, persisten las inequidades basadas en un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, desde roles estereotipados de género y con la excusa de la diferencia biológica, fija las características de la masculinidad como parámetro de las concepciones humanas y así institucionaliza la desigualdad en perjuicio de las mujeres.

Que en el afán de combatir el flagelo de la violencia de género, se promulgó la Ley Nº 26.485 de "PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES" con el objeto de promover acciones positivas que tiendan a asegurar a las mujeres el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre la materia.

Que asimismo, la precitada norma es producto de años de esfuerzo de miles de mujeres que han luchado inclaudicablemente por alcanzar un espacio de igualdad real de oportunidades y de trato.

Que la ley que se propone reglamentar por el presente implica un cambio de paradigma en tanto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva infinitamente más amplia y abarcativa de la que hasta ahora existía en la legislación argentina. Es una norma que rebasa las fronteras de la violencia doméstica para avanzar en la definitiva superación del modelo de dominación masculina, proporcionando una respuesta sistémica a la problemática, con una dimensión transversal que proyecta su influencia sobre todos los ámbitos de la vida.

Que de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 26.485 el ESTADO NACIONAL tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica sino que, además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia.

Que ante el gran desafío de sortear los múltiples obstáculos que impiden la plena igualdad entre varones y mujeres, el PODER EJECUTIVO NACIONAL considera de gran trascendencia reglamentar la Ley Nº 26.485, a fin de otorgar una dinámica adecuada a la estructura normativa vigente.

Que el proceso iniciado en el año 2003 ha profundizado los cimientos éticos de un Estado democrático garante de los derechos humanos, entendiendo que los mismos solamente serán respetados, defendidos y garantizados, en la medida en que la sociedad en su conjunto comprenda e internalice la relevancia de los derechos de las mujeres.

Que en el marco descripto y de cara al Bicentenario de la Patria, mirando al futuro sin perder de vista el pasado, se entiende que la Ley Nº 26.485 y la presente reglamentación, orientan hacia una refundación de la República con perspectiva de género.

Que ha tomado la pertinente intervención el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que el presente decreto se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º.— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.485 DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, la que como Anexo I, forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2º.— Facúltase al CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente Decreto.

Artículo 3º.— El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA.

Artículo 4º.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


                                                                                                                                                                               ANEXO I

                                                           REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26485

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- Sin reglamentar.

ARTICULO 2º.-

Incisos a), b), c) y d).- Sin reglamentar.

Inciso e).- Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que tienda a:

1) Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros;

2) Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas;

3) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno de los géneros;

4) Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o discriminatorio;

5) Referirse a las mujeres como objetos;

Inciso f).- El acceso a la justicia a que hace referencia la ley que se reglamenta obliga a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del ESTADO NACIONAL, ya sean de orden administrativo o judicial o de otra índole que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.

El acceso a la justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.

Inciso g).- Sin reglamentar.

ARTICULO 3º.-

Inciso a).- Se entiende por discriminación contra las mujeres a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Incisos b), c), d), e) y f).- Sin reglamentar.

Inciso g).- Se considera adecuada la información o asesoramiento, el que se brinda de manera detallada, suficiente, acorde a las condiciones subjetivas de la solicitante y a las circunstancias en las que la información o el asesoramiento son solicitados, y en el lenguaje y con la claridad necesaria que permita su comprensión.

Inciso h).- Sin reglamentar.

Inciso i).- El acceso a la justicia es gratuito independientemente de la condición económica de las mujeres, no siendo necesario alegar ni acreditar situación de pobreza.

Inciso j).- Sin reglamentar.

Inciso k).- Se entiende por revictimización, el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro.

ARTICULO 4º.- Se entiende por relación desigual de poder, la que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

ARTICULO 5º.-

Incisos 1) y 2).- Sin reglamentar

Inciso 3).- A los efectos de la aplicación del presente inciso deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conforme la cual la violencia contra las mujeres incluye, junto con la física y la psicológica, a la violencia sexual y se refiere tanto a las acciones o conductas que tengan lugar dentro de la familia, como a las que se produzcan en lugares de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud o en otros espacios, tanto del ámbito público como del privado.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto por las normas relativas a la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas - Ley Nº 26.364.

Inciso 4).-

a) y b).- Sin reglamentar.

c).- En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y éstos/as vivan con ellas, las necesidades de los/as menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna.

d).- Sin reglamentar.

ARTICULO 6º.- Las definiciones de violencia comprendidas en el artículo que se reglamenta, en ningún caso pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo, como excluyentes de hechos considerados como violencia contra las mujeres por otras normas. Para ello deberá interpretarse la norma de forma armónica y sistemática con lo establecido en el artículo 4º, segundo párrafo de la Ley Nº 26.485, y con lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Recomendación General Nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; los demás Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las observaciones y recomendaciones que efectúen sus respectivos órganos de aplicación.

Inciso a).- Sin reglamentar.

Inciso b).- Sin Reglamentar.

Inciso c).- Se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres. En el mismo sentido, se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género.

Se entiende por derecho a igual remuneración por igual tarea o función, al derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor, en los términos del artículo 7º, párrafo a) i) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 11, párrafo 1) d) de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de 1951 OIT 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

Se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea como amenaza o acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.

En oportunidad de celebrarse o modificarse una norma convencional, en el marco de la negociación colectiva del trabajo, las partes contratantes tomarán en consideración los principios protectorios que por razón de género se tutelan en la presente normativa legal, a fin de asegurar mecanismos orientados a abordar la problemática de la violencia en el trabajo.

En los supuestos de denuncia de discriminación por razón de género, resultarán aplicables los principios generales receptados en materia de prueba en el Convenio OIT 111 "Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación" sobre discriminación (empleo y ocupación de 1958) y lo expuesto por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Estudio General sobre Igualdad en el empleo y la ocupación, 75º reunión Ginebra 1988, así como lo señalado en el Informe Global de la 96º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2007, Nº 198.

Inciso d).- Configura violencia contra la libertad reproductiva toda acción u omisión proveniente del personal de instituciones públicas o privadas de atención de la salud, o de cualquier particular como cónyuges, concubinos, convivientes, padres, otros parientes o empleadores/as, entre otros, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o no tener hijos, el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.

Específicamente incurren en violencia contra la libertad reproductiva los/as profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o la provisión de todos los medios anticonceptivos, como así también los/as que se niegan a realizar prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva.

Inciso e).- Se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no.

Se considera personal de salud a los efectos de la ley que se reglamenta, a todo aquel/la que trabaja en un servicio, se trate de los/as profesionales (médicos/as, enfermeros/as, trabajadores/ as sociales, psicólogos/as, obstétricas/os, etc.) o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, administrativo o de maestranza.

Las mujeres que se atienden en las referidas instituciones tienen el derecho a negarse a la realización de las prácticas propuestas por el personal de salud. Las instituciones del ámbito de la salud pública, privada y de la seguridad social deben exponer gráficamente, en forma visible y en lenguaje claro y accesible para todas las usuarias, los derechos consagrados en la ley que se reglamenta.

Inciso f).- Conforme las atribuciones conferidas por el artículo 9º incisos b) y r) de la Ley Nº 26.485, el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dispondrá coordinadamente con las áreas del ámbito nacional y de las jurisdicciones locales que correspondan, las acciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes que:

1) Inciten a la violencia, el odio o la discriminación contra las mujeres.

2) Tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten la exhibición de hechos aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación.

3) Estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres.

4) Contengan prácticas injuriosas, difamatorias, discriminatorias o humillantes a través de expresiones, juegos, competencias o avisos publicitarios.

A los efectos de la presente reglamentación se entiende por medios masivos de comunicación todos aquellos medios de difusión, gráficos y audiovisuales, de acceso y alcance público.

TITULO II
POLITICAS PUBLICAS

CAPITULO I
PRECEPTOS RECTORES

ARTICULO 7º.- Todas las intervenciones que se realicen en el marco de la presente reglamentación deben garantizar un amplio acceso a la justicia y a los diversos programas y acciones de garantías de derechos contemplados por la ley que se reglamenta.

La asistencia a las mujeres en situación de violencia será articulada con todos los organismos intervinientes y evitará su revictimización. Se prestará especial atención a las particularidades o características diferenciales que agraven el estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como la edad, la condición socioeconómica, el origen étnico, racial o religioso.

CAPITULO II
ORGANISMO COMPETENTE

ARTICULO 8º.- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.485, podrá conformar una Comisión Interinstitucional integrada por representantes de todas las áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL aludidas por la ley citada. Dicha Comisión, tendrá como función articular acciones entre el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES y los Ministerios y Secretarías representados, con el objetivo de lograr la efectiva implementación de la Ley Nº 26.485.

Se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a impulsar en sus jurisdicciones la constitución de comisiones interinstitucionales con la participación de todos los sectores involucrados a nivel Municipal.

ARTICULO 9º.-

Inciso a).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.485 deberá:

1) Solicitar a los organismos y funcionarios/as del Estado Nacional y de las jurisdicciones locales que estime necesarias, la realización de informes periódicos respecto de la implementación de la ley que se reglamenta.

2) Elaborar recomendaciones, en caso de ser preciso, a los organismos a los que les haya requerido un informe. Dichas recomendaciones deberán ser publicadas.

3) Ratificar o rectificar las acciones desarrolladas semestralmente utilizando los insumos obtenidos de los informes mencionados en los incisos anteriores.

4) Instar a quien corresponda a la ejecución de las acciones previstas en el respectivo Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El citado Plan Nacional de Acción será revisado en el mes de noviembre de cada año a partir de 2011, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y a efectos de readecuarlo a las nuevas realidades que se vayan generando.

Inciso b).- Sin reglamentar.

Inciso c).- Para la convocatoria a las organizaciones sociales se tendrá en cuenta la diversidad geográfica de modo de garantizar la representación federal.

Inciso d).- Sin reglamentar.

Inciso e).- El respeto a la naturaleza social, política y cultural de la problemática, presupone que ésta no sea incompatible con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico argentino ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Incisos f) y g).- Sin reglamentar.

Inciso h).- La capacitación a que alude este inciso debe incluir, como mínimo, los contenidos de los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, a fin de evitar la revictimización.

Incisos i), j) y k).- Sin reglamentar.

Inciso I).- A efectos de desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos, se considera que la naturaleza de los hechos incluye el ámbito en el que acontecieron y, en aquellos casos en que se sustancie un proceso penal, la indicación de los delitos cometidos.

Inciso m).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES extremará los recaudos para que la coordinación con el Poder Judicial incluya además a los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, tanto en el ámbito nacional como en las jurisdicciones locales.

Inciso n).- Sin reglamentar.

Inciso ñ).- El CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES elaborará una Guía de Servicios de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de todo el país, que será permanentemente actualizada en conjunto con las jurisdicciones locales. Contará con una base de datos en soporte electrónico y cualquier otro medio que permita la consulta en forma instantánea y ágil de acuerdo a los requerimientos y a las distintas alternativas disponibles en cada localidad.

Inciso o).- Se implementará una línea telefónica con alcance nacional, sin costo para las/os usuarias/os y que funcionará las VEINTICUATRO (24) horas de todos los días del año.

Inciso p).- Sin reglamentar.

Inciso q).- Sin reglamentar.

Inciso r).- Sin reglamentar.

Inciso s).- Sin reglamentar.

Inciso t).- Sin reglamentar.

Inciso u).- A los efectos de la ley que se reglamenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º, Inciso 2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se entiende por privación de libertad cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º, inciso b) de la ley que se reglamenta por el presente y en el artículo 9º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la condición de mujer privada de libertad no puede ser valorada para la denegación o pérdida de planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio acordado o al que tenga derecho a acceder, salvo disposición legal expresa en contrario.

Se garantizarán todos los servicios de atención específica previstos en esta ley a las mujeres privadas de libertad para lo cual se deben implementar medidas especialmente diseñadas que aseguren:

1) El acceso a la información sobre sus derechos, el contenido de la Ley Nº 26.485, los servicios y recursos previstos en la misma y los medios para acceder a ellos desde su situación de privación de libertad.

2) El acceso a un servicio especializado y un lugar en cada unidad penitenciaria o centro de detención, en el que las mujeres privadas de libertad puedan hacer el relato o la denuncia de los hechos de violencia.

3) El acceso real a los distintos servicios previstos en la ley que se reglamenta, ya sean jurídicos, psicológicos, médicos o de cualquier otro tipo. Para ello, se deben implementar programas específicos que pongan a disposición estos servicios en los lugares en que se encuentren mujeres privadas de su libertad, mediante la coordinación con los organismos con responsabilidades o trabajo en las distintas áreas.

CAPITULO III
LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES

ARTICULO 10.- Se consideran integrales los servicios que se ocupan de la prevención, detección, registro y abordaje de los distintos tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, acorde a los requerimientos de las respectivas comunidades. Deberán implementarse estrategias de articulación y coordinación con los distintos sectores involucrados, priorizándose el desarrollo del trabajo en redes.

Inciso 1).- Las campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad tendrán entre sus objetivos sensibilizar a la población sobre la gravedad de la problemática de la violencia contra las mujeres e instalar la condena social a los victimarios; informar sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza a las víctimas; combatir la discriminación contra las mujeres y fomentar su incorporación en igualdad de oportunidades y de trato en la vida social, laboral, económica y política.

Inciso 2).- Los servicios integrales especializados en violencia de género en el primer nivel de atención, deberán estar constituidos por profesionales con experiencia en el tema y sus actividades deberán ser llevadas a cabo en forma coordinada conforme los estándares internacionales y regionales en materia de prevención y asistencia integral de las mujeres víctimas.

Inciso 3.- Sin reglamentar.

Inciso 4.- Sin reglamentar.

Inciso 5.- Sin reglamentar.

Inciso 6.- Las instancias de tránsito y albergue deberán ser creadas como centros de desarrollo que proporcionen a las mujeres víctimas de violencia, las herramientas imprescindibles para su integración inmediata a su medio familiar, social y laboral y deberán tener disposiciones claras respecto de la permanencia de la mujer, los servicios ofrecidos y las obligaciones de las víctimas.

Inciso 7.- Sin reglamentar.

ARTICULO 11.- Los distintos Ministerios y Secretarías del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán desarrollar, además de las acciones aquí detalladas, todas aquéllas que se hallan establecidas en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El diseño de los planes y programas de los organismos del ESTADO NACIONAL y los criterios de inclusión de las mujeres víctimas de violencia, en los términos definidos por la ley que se reglamenta, deberán respetar el enfoque de género.

Inciso 1).- Sin reglamentar.

Inciso 2).- Sin reglamentar.

Inciso 3).-

a).- Los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género deben estar incluidos en todos los niveles y modalidades educativas y en todas las instituciones, ya sean de gestión estatal, privada o cooperativa.

A los efectos del diseño de la currícula se entiende que el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, se relaciona con el tipo de vínculo que se promueve en el ámbito educativo entre mujeres y varones, la asignación de espacios a unos y otras, las expectativas de aprendizaje y la desarticulación de estereotipos de género en las prácticas concretas.

b).- Sin reglamentar.

c).- Sin reglamentar.

d).- Sin reglamentar.

e).- Sin reglamentar.

f).- Sin reglamentar.

Inciso 4).- Sin reglamentar.

Inciso 5).- Sin reglamentar.

Inciso 6).- Sin reglamentar.

Inciso 7).- El MINISTERIO DE DEFENSA tomará en consideración las recomendaciones del Consejo de Políticas de Género que funciona en su órbita, a los fines de realizar las propuestas sobre las acciones referentes a la temática a ser desarrolladas por la institución.

Inciso 8).-

a), b) y c).- Sin reglamentar.

d).- En los términos de la presente reglamentación se entenderá por "sexismo" toda expresión, oral, escrita, gráfica o audiovisual, que naturalice las diferencias construidas social e históricamente entre los sexos, justificando situaciones de desventaja y discriminación de las mujeres, fundadas en su condición biológica.

e).- Sin reglamentar.

ARTICULO 12.- Sin reglamentar.

ARTICULO 13.- Sin reglamentar.

ARTICULO 14.- Sin reglamentar.

ARTICULO 15.- Sin reglamentar.

TITULO III
PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16.-

Inciso a).- El MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, y organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrarán los convenios necesarios con sus respectivos Ministerios Públicos, asociaciones y Colegios de Abogados existentes en sus jurisdicciones, Facultades de Derecho de las distintas universidades públicas y/o privadas, y todo otro organismo público o no gubernamental, a efectos de garantizar el asesoramiento y el patrocinio jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia.

Inciso b).- La respuesta que den los organismos del ESTADO NACIONAL será considerada oportuna cuando implique la sustanciación del proceso más breve, o la adecuación de los procesos existentes para que la resolución de los mismos no sea tardía; y efectiva cuando dicha respuesta prevenga la reiteración de hechos de violencia y repare a la víctima en sus derechos, teniendo en consideración las características de la denuncia.

Inciso c).- Sin reglamentar.

Inciso d).- Sin reglamentar.

Inciso e).- Sin reglamentar.

Inciso f).- Sin reglamentar.

Inciso g).- Sin reglamentar.

Inciso h).- Sin reglamentar.

Inciso i).- Sin reglamentar.

Inciso j).- Sin reglamentar.

Inciso k).- Los mecanismos de denuncia a los/ as funcionarios/as se consideran eficientes cuando, impidiendo la revictimización de la mujer, evitan una excesiva burocratización de la situación, garantizando un fácil acceso a dicho mecanismo, la inmediata atención y la resolución en plazos razonables del "planteo".

Todos los plazos fijados en la Ley que se reglamenta deben computarse de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Código Civil de la Nación Argentina.

ARTICULO 17.- Las jurisdicciones locales extremarán los recaudos para que los procedimientos administrativos que fijen para el cumplimiento de la ley que se reglamenta sean diseñados de modo tal que, teniendo en consideración los distintos tipos y modalidades de violencia, garanticen una respuesta integral y efectiva a la víctima.

Los procedimientos referidos son opcionales para las mujeres y deben ser implementados conforme a las mejores prácticas de atención a la violencia.

ARTICULO 18.- Cuando el hecho no configure delito, las personas obligadas a hacer la denuncia deberán contar previamente con la autorización de la mujer. Al formalizar la denuncia se resguardará a la víctima y observarán las disposiciones referidas al secreto profesional y al consentimiento informado, como así también las contenidas en la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

ARTICULO 19.- Sin reglamentar.

ARTICULO 20.- La gratuidad del trámite implica que todas las actuaciones quedarán eximidas del pago de sellados, tasas, depósitos o cualquier otro impuesto y/o arancel que pudieren cobrar las entidades receptoras.

ARTICULO 21.- Hasta tanto se encuentren en funcionamiento los servicios que aseguren el acceso inmediato y gratuito al patrocinio jurídico a todas las mujeres víctimas de violencia, no se requiere asistencia letrada para formular las denuncias. La reserva de identidad se limitará a la etapa preliminar pero no se mantendrá durante el proceso. Durante el juicio no se recibirá declaración a quienes gocen de reserva de identidad si no es indispensable. En esos casos, se extremarán los cuidados para resguardar al/la testigo.

ARTICULO 22.- Sin reglamentar.

ARTICULO 23.- Sin reglamentar.

ARTICULO 24.-

Inciso a).- Sin reglamentar.

Inciso b).- Sin reglamentar.

Inciso c).- Sin reglamentar.

Inciso d).- En los casos en que la denuncia la efectúe un tercero, el plazo de VEINTICUATRO (24) horas para citar a la mujer se computará desde que la autoridad interviniente haya tomado conocimiento del hecho. Previo asesoramiento legal, la víctima deberá expresar si desea instar la acción penal respecto del hecho del cual tomó conocimiento la autoridad judicial. Sólo en ese caso se podrá requerir a la víctima que ratifique o rectifique los hechos denunciados por el tercero. Para el supuesto que la víctima no desee instar la acción penal, la denuncia será archivada pudiendo, posteriormente, la misma rectificar su voluntad.

Inciso e).- Sin reglamentar.

ARTICULO 25.- Sin reglamentar.

ARTICULO 26.-

Inciso a):

1).- En concordancia con lo dispuesto en los apartados 2) y 7) del presente inciso, debe en-tenderse que la enunciación formulada no reviste carácter taxativo. Consecuentemente, la orden judicial también podrá restringir el acercamiento a la víctima, con independencia del lugar donde ésta se encontrare.

2).- Sin reglamentar.

3).- Para la implementación de la medida de modo seguro e idóneo, según las circunstancias del caso concreto, sin perjuicio de la intervención de un Oficial de Justicia y/o de personal policial, y en concordancia con lo previsto por los artículos 16 inciso d) y 25 de la ley que se reglamenta, se recabará la opinión de la víctima acerca de la participación en la diligencia de una tercera persona de su confianza, sea en calidad de autorizada principal o de acompañante.

4).- Sin reglamentar.

5).- Sin reglamentar.

6).- Sin reglamentar.

7).- Sin reglamentar.

Inciso b)

1).- Sin reglamentar.

2).- Sin reglamentar.

3).- Respecto del reintegro al domicilio de la mujer, si ésta se hubiese retirado, es de aplicación lo dispuesto en el inciso a), apartado 3) del presente artículo.

4).- Sin reglamentar.

5).- Sin reglamentar.

6).- En relación con el modo de ejercer adecuadamente el derecho a ser oída de la niña o adolescente víctima, las medidas practicadas deben recoger el principio de protección especial a la niñez contenido en la normativa vigente del amplio "corpus juris" de protección de derechos humanos de ese grupo etáreo. En este sentido, los testimonios de las niñas y adolescentes serán tomados por personal especializado y en un ámbito adecuado que, de ser necesario, estará constituido por un gabinete acondicionado con Cámara Gesell o dispositivo similar, y con los implementos acordes a la edad y etapa evolutiva de las menores de edad.

7).- Sin reglamentar.

8).- Sin reglamentar.

9).- Respecto de la realización del inventario se aplica el principio de gratuidad del procedimiento consagrado por la ley que se reglamenta para las mujeres víctimas de violencia.

10).- Sin reglamentar.

ARTICULO 27.- Sin reglamentar.

ARTICULO 28.- Sin reglamentar.

ARTICULO 29.- El equipo interdisciplinario que realice el informe, debe pertenecer a la administración pública o al poder judicial y estará integrado por profesionales especializados en la problemática de violencia de género.

ARTICULO 30.- Sin reglamentar.

ARTICULO 31.- Sin reglamentar.

ARTICULO 32.- Sin reglamentar.

ARTICULO 33.- Sin reglamentar.

ARTICULO 34.- Sin reglamentar.

ARTICULO 35.- Sin reglamentar.

ARTICULO 36.- La obligación de informar de los/as funcionarios/as enumerados en la norma se enmarca en lo establecido por el artículo 3º inciso g) de la presente Reglamentación.

Inciso a).- Se consideran también servicios gubernamentales los proporcionados por organizaciones no gubernamentales u otras personas privadas en cumplimiento de acuerdos celebrados con el ESTADO NACIONAL o con las jurisdicciones locales.

Inciso b).- Sin reglamentar.

Inciso c).- Sin reglamentar.

ARTICULO 37.- Sin reglamentar.

ARTICULO 38.- Sin reglamentar.

ARTICULO 39.- Sin reglamentar.

ARTICULO 40.- Sin reglamentar.

ARTICULO 41.- Sin reglamentar.

ARTICULO 42.- Sin reglamentar.

ARTICULO 43.- Sin reglamentar.

ARTICULO 44.- Sin reglamentar.

ARTICULO 45.- Sin reglamentar.

Ordenanza nº 7034
Sancionada: 23.09.1987
Promulgada: 08.10.1987 por Decreto nº 2217
Publicada: 19.10.1987

Artículo 1º.- Se dispone que todo agente que trabaje en el Cementerio Municipal de esta ciudad, al que le faltase un año para acogerse a los beneficios jubilatorios, podrá a su solo criterio solicitar su traslado a otra repartición y/o dependencia municipal durante ese lapso y/o hasta que efectivamente le sea otorgada la jubilación.

Artículo 2º.- El único habilitado a los efectos establecidos en el artículo anterior, es el agente afectado al Cementerio Municipal.

Artículo 3º.- Queda establecido que el ejercicio del derecho de opción podrá realizarse como máximo con un año de anticipación a la fecha de iniciación del trámite jubilatorio.

Artículo 4º.- comuníquese.

 

Lunes, 07 Noviembre 2011 13:51

Ordenanza nº 8716

Ordenanza nº 8716

Esta ordenanza establece la prohibición de fumar tabaco en cualquiera de sus formas, en las oficinas, locales cerrados y espacios dedicados a la atención al público del ámbito municipal, alcanzado dicha medida tanto al personal municipal como así también a los asistentes además, y entre otras. Así también el Decreto nº 529/2008 reglamentaria de esta ordenanza. Ver Textos Completos en este Digesto Municipal

Ordenanza nº 8413
Sancionada: 30.09.2003
Promulgada: 17.10.2003 por Decreto nº 1156
Publicada: 27.10.2003

ARTICULO 1º.- Denomínase "La Delfina",  "De la Bajada", "De la Cantera", "De la Fábrica", "De la Laguna", "Boulevard de las Palmeras" y "Boulevard del Puerto Viejo", a las Calles Públicas Nº 1444, 1511, 1509, 1507, 1446, 1515, 1448 y 1513, respectivamente. (θ)
ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes para la colocación de carteles indicadores en los que figure el nombre mencionado en el artículo anterior.
ARTICULO 3º.- Comuníquese.

 

(θ) Texto modificado por Ordenanza nº 8916.  Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

Ver más...

Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

Ver más...

Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

Ver más...

Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

Ver más...

Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

Ver más...

Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

Ver más...

Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

Ver más...

 

Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

Ver más...