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Normas Nacionales - Promoción Industrial

Normas Nacionales - Promoción Industrial (4)

Jueves, 17 Febrero 2011 01:07

1.1. Ley nº23.614

Digitalizado por

Capítulo 1: Normas Nacionales:

 

1.1. Ley nº23.614

Institúyese un único sistema nacional de promoción industrial para el establecimiento de nuevas actividades industriales y la expansión, reconversión y modernización de las existentes. (1)

Jueves, 17 Febrero 2011 14:06

2.7.1. Ley nº 23614

Digitalizado por

2.7.1. Ley nº 23614
Sancionada: 27.09.1988
Promulgada: 17.10.1988
Publicada: 08.11.1988

TITULO I -Definiciones y objetivos

ARTÍCULO 1º.-Institúyese un único sistema nacional de promoción industrial para el establecimiento de nuevas actividades industriales y la expansión, reconversión y modernización de las existentes.

Este sistema estará constituído por la presente ley, su decreto reglamentario general, las normas legales que se sancionen en virtud de lo dispuesto por el artículo  8º, un decreto de promoción regional de carácter sectorial, un decreto de promoción para proyectos prioritarios, un decreto para la promoción selectiva de inversiones y reinversión de utilidades, y la normativa que se dicte con arreglo a las disposiciones anteriores.

ARTÍCULO 2º.-La promoción industrial se realizará mediante utilización de los mecanismos dispuestos en la presente ley de manera coordinada con las pautas y orientaciones que se establezcan en la política de desarrollo. Su función consistirá en lograr, mediante la aplicación de un criterio selectivo y programado, el despliegue armónico y dinámicamente eficiente de la actividad productora en todo el territorio nacional.

Son objetivos del sistema:

a) Apoyar la expansión y fortalecimiento de la industria nacional, creando las condiciones para favorecer la inversión y capitalización del sector, una elevada tasa de crecimiento de su producción y el logro y mantenimiento de su competitividad.

b) Priorizar la constitución y desarrollo de empresas industriales de capital nacional. c) Procurar la democratización del poder económico y apoyar la expansión de las pequeñas y medianas industrias.

d) Propender al desarrollo científico y tecnológico del país a través del estímulo al desarrollo, adaptación e incorporación de tecnologías de avanzada y al fortalecimiento de la capacidad local de generación de tecnología, tanto en la industria existente como en la que se instale.

e) Apoyar la reconversión y reestructuración de las industrias existentes a fin de mejorar su productividad.

f) Armonizar la promoción industrial con las necesidades socioeconómicas de la población asegurando condiciones de vida digna y vivienda adecuada al personal que empleen las empresas

g) Impulsar el pleno y eficiente empleo de los recursos humanos, contribuir a alcanzar niveles crecientes de ocupación de mano de obra industrial en las áreas de menor desarrollo económico relativo y propender a su capacitación técnica profesional

h) Preservar el medio ambiente y las condiciones adecuadas de vida de la contaminación y el envilecimiento a que pueden verse sometidos las personas y los recursos naturales por la actividad industrial.

i) Tender hacia una configuración espacial de la actividad económica que mediante la aplicación de estímulos diferenciales revierta las distorsiones y desequilibrios actuales de orden económico, social, cultural y poblacional, propendiendo a la integración económica del territorio nacional y a la creación de espacios económicos complejos capaces de disminuir progresivamente la necesidad de incentivos para su sostenimiento y desarrollo.

j) Estimular las inversiones en industrias que den lugar a un máximo aprovechamiento de los recursos naturales de la región mediante su industrialización en las zonas de origen, apoyando la incorporación y desarrollo de tecnologías aplicadas a ese fin y la integración vertical de la región, sin perjuicio de estimular también dentro de la misma región las inversiones en otras industrias de alto valor agregado.

k) Desarrollar actividades en complementación y apoyo con países limítrofes cuando razones geoeconómicas lo hagan conveniente.

l) Lograr una adecuada complementación con los regímenes locales de promoción y apoyar el desarrollo de áreas y parques industriales y la instalación de empresas en los mismos.

m) Apoyar las instalaciones industriales en las zonas y áreas de frontera para asegurar el establecimiento y arraigo de la población. n) Promover proyectos de inversión en sectores industriales específicos que por envergadura y por su significativa importancia en la conformación del perfil industrial del país, adquieran carácter prioritario.

ñ) Asegurar el desarrollo de las industrias necesarias para la defensa nacional.

o) Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones de alto valor agregado o que contribuyan a la sustitución eficiente de importaciones, procurando no afectar la provisión de materias primas a la industria local.

p) Estimular la renovación, modernización y expansión de los activos fijos de las empresas industriales y en especial incentivar la reinversión dentro de las regiones promovidas de las utilidades en ellas generadas.

ARTÍCULO 3º- A los fines del artículo. 1º, se considerarán proyectos prioritarios aquellos que por su magnitud tengan potencialmente repercusiones significativas sobre la estructura económica del país, satisfagan definiciones especificas de la política de desarrollo a nivel nacional y respondan a algunos de los criterios que se enuncian a continuación:

a) Industrias intensivas en tecnología, basadas en la investigación científica o tecnológica o en el uso intensivo de recursos humanos calificados

b) Industrias que directa o indirectamente tengan un impacto favorable en el balance de divisas del país.

c) Industrias básicas o de lento retorno del capital que requieran condiciones especiales para la creación en el país de nuevas tecnologías o para la apertura de nuevos mercados.

ARTÍCULO 4º.- Los decretos específicos a los que alude el artículo. 1º serán dictados por el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 2º, las normas legales que se sancionen de acuerdo con el artículo 8º y las facultades acordadas por la presente ley.

TITULO II-INCENTIVOS PROMOCIONALES

CAPITULO I -Régimen de promoción regional con carácter sectorial.

ARTÍCULO 5º- El decreto de promoción regional con carácter sectorial podrá contemplar, para proyectos acogidos al mismo, los siguientes estímulos:

a) A los inversionistas

Provisión de bonos de crédito fiscal n ominativos y transferibles por un primer y único endoso, por un monto de hasta el 40% de la inversión estipulada en el proyecto, imputables al pago de obligaciones relativas a los siguientes tributos o a los que en su momento lo sustituyan o complementen:

-Impuesto a las ganancias

-Impuesto sobre los capitales

-Impuesto al patrimonio neto

-Impuesto sobre los beneficios eventuales

-Impuesto al valor agregado

La tasa máxima de beneficio por departamento o partido resultará de sumar a una tasa base de hasta el veinte por ciento (20%) un adicional de hasta veinte puntos, que se graduará de acuerdo con los coeficientes sobre el valor agregado a que hace referencia el artículo  8º.

La imputación de estos bonos podrá efectuarse a partir del momento en el que se acredite que se haya efectivizado la inversión en términos reales y hasta el tercer año calendario a partir del correspondiente al de la fecha de inversión y en ningún caso podrán generar saldo a favor de los contribuyentes. Los montos computables serán actualizables mediante la aplicación del índice al que alude el artículo 51, referido al mes anterior al acto administrativo que acuerde los beneficios, de acuerdo con la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes inmediato anterior al de imputación de los bonos. Los bonos no computados hasta el tercer año caducarán automáticamente.

La titularidad de la inversión deberá permanecer en manos de los beneficiarios o sus derechohabientes durante un plazo mínimo obligatorio de tres años contados a partir de la puesta en marcha del proyecto; caso contrario, se tendrá por no cumplido el compromiso de inversión, resultando de aplicación las normas enunciadas en el artículo 48º.

Si la titularidad se extendiera a la totalidad del plazo de vigencia de los respectivos proyectos acogidos a este régimen, los bonos adquirirán el carácter de no reintegrables.

Si luego de cumplido el plazo mínimo de tres años no se la mantuviere, los bonos imputados o transferidos deberán ser reembolsados por los inversionistas en la medida que indica la siguiente tabla.

Años de mantenimiento de la proporción a reintegrar titularidad contados a partir de la puesta en marcha.

-de tres (3) hasta antes de cumplido el sexto año……. 100%

-de seis (6) hasta antes de cumplido el noveno año….. 60%

-de nueve (9) hasta antes de la finalización del plazo….30%

Pérdida la titularidad de la inversión una vez finalizado el tercer año y antes de cumplirse el plazo de seis años contados a partir de la puesta en marcha, los montos a reintegrar deberán ser cancelados en seis cuotas anuales iguales y consecutivas a partir del vencimiento de este plazo.

Si la pérdida de la titularidad se verificara cumplido el plazo de seis años, los montos deberán cancelarse a partir del año en el que se verificará la pérdida, en tantas cuotas anuales iguales y consecutivas como años restaren hasta el décimo segundo contando a partir de la puesta en marcha.

Los montos a reintegrar en todos los casos serán actualizables mediante la aplicación del régimen que a tales efectos se establezca reglamentariamente y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 51º.

b) A las empresas

Las empresas titulares de los proyectos podrán ser beneficiarias de:

1. Bonos de Créditos Fiscal no Reintegrables imputables al pago de obligaciones originadas en los proyectos promovidos, emergentes de los siguientes tributos o los que en su momento los sustituyan o complementen:

- Impuesto a las Ganancias

- Impuestos sobre los capitales

- Impuesto al valor agregado, excepto el generado por importaciones.

Estos bonos serán nominativos e intransferibles, salvo los casos especialmente previstos en la presente ley y tendrán una preimputación por ejercicio comercial que limitará su utilización para el pago de obligaciones tributarias devengadas en cada uno de los ejercicios, no pudiendo su uso generar saldos a favor del contribuyente. Dichos bonos serán actualizables según el procedimiento previsto en el inciso a) de este

ARTÍCULO. Los bonos no utilizados contra obligaciones devengadas en los ejercicios para los que fueron preimputados caducarán automáticamente. Los bonos asignados para cada ejercicio fiscal serán utilizables en la proporción en la que se cumplimenten las unidades de producción comprometidas.

2. Excepción parcial del monto de los derechos de importación correspondientes a bienes de capital y sus partes y repuestos, destinados al proyecto, no producidos en el país según se establece en el Nomenclador Arancelario de Importación (NADI), de acuerdo con la normativa que al respecto formule la Secretaría de Industria y Comercio Exterior.

3. Créditos de mediano y largo plazo que asegure el adecuado desenvolvimiento del proyecto durante su período de vigencia, en las condiciones que se especulen por vía reglamentaria.

4. Asistencia tecnológica aplicada a la actividad respectiva.

5. Facilidades para el aprovisionamiento de materias primas, prestación de servicio y compra o locación de bienes del dominio del Estado.

6. Autorización para computar en el IVA la totalidad del crédito fiscal emergente por importación o compra en el mercado interno de bienes de capital destinados al proyecto, en el ejercicio fiscal en el que el respectivo impuesto les hubiera sido facturado.

ARTÍCULO 6 º.- Los estímulos promocionales a las empresas beneficiarias de este régimen tendrán una duración máxima de 12 ejercicios comerciales, contados a partir del de la puesta en marcha del proyecto. No obstante ello, a partir del tercero, para poder gozar de los beneficios que correspondiere a los ejercicios subsiguientes hasta el cuarto, la autoridad de concesión y control deberá expedir constancia del cumplimiento de los compromisos asumidos para los anteriores, entendiéndose que el supuesto de concesiones efectuadas por el PEN o el Ministerio de Economía de la Nación la función podrá ser delegada en la autoridad de aplicación. Idéntico requisito regirá para el goce de los beneficios correspondientes a los bienios comerciales que restaren.

ARTÍCULO 7º.- La cuantía de los bonos de créditos fiscal a adjudicar a las empresas titulares de proyectos promovidos según el régimen del presente capítulo, se calculará como porcentaje del valor agregado previsto en los mismos durante el lapso de vigencia de los beneficios o de la ponderación de uno o más de sus componentes, con especial consideración de la nómina salarial, según la definición que el Honorable Congreso de la Nación efectúe de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º.

Dicha cuantía no podrá superar el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda según la localización del proyecto, sobre el valor agregado por éste, ni el monto total de los tributos originados por el proyecto contra los que resultare imputables los bonos, salvo en el caso contemplado en el artículo 10º.

El decreto correspondiente a este régimen establecerá las pautas de preimputación por ejercicio comercial a los fines de la distribución de la cuantía total de bonos resultantes para los proyectos. Dicha preimputación podrá cubrir el monto de los tributos devengados con anterioridad al ejercicio de la puesta en marcha y deberá fijar pautas decrecientes de asignación a partir del de esta última.

ARTÍCULO 8º.- El Honorable Congreso de la Nación, a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, fijará las tasas máximas de incentivo a utilizar, así como los criterios o las prioridades sectoriales a las que deberá ajustarse la promoción en las distintas zonas y la definición de valor agregado o la de los componentes del mismo que, según lo previsto en el artículo 7º de la presente ley, deberá emplearse para el cálculo de los incentivos promocionales.

A los fines de la fijación de las tasas máximas, la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional deberá contemplar la necesidad de otorgar estímulos diferenciales en función de los objetivos enunciados en el artículo 2º de la presente ley, en especial los del incisos i), a cuyos efectos tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios.

a) Mayor población con necesidades básicas insatisfechas respecto de la población total.

b) Menor producto bruto industrial geográfico respecto del producto bruto geográfico total.

c) Mayor distancia en relación al kilómetro cero.

d) Menor densidad de la población.

e) Mayores tasas de desempleo abierto y subempleo.

f) Menor población ocupada en el sector industrial respecto de la ocupación total.

g) Migración neta en relación a la población total.

h) Inferiores valores de las variables indicativas de dotación de infraestructura. Las tasas máximas de incentivo sobre valor agregado serán determinadas por departamento o partido.

Para la cuantificación de las variables expuestas precedentemente se utilizarán datos oficiales con el mayor grado de actualización disponible, provenientes del INDEC o del Consejo Federal de Inversiones, correspondientes a cada departamento o partido.

En los casos en que dichos datos no existan con ese nivel de desagregación, se tomarán los correspondientes a la jurisdicción provincial.

En aquellos casos de departamentos colindantes pertenecientes a jurisdicciones provinciales distintas que presenten similitudes estructurales, se contemplarán factores de corrección que tiendan a homogeneizar las tasas de incentivo.

A fin de garantizar la neutralización de las distorsiones y desequilibrios a que hace referencia el objetivo enunciado en el inc. i) del artículo 2º de la presente ley, las tasas sobre valor agregado a asignar por departamento o partido tendrán como límite inferior el valor cero para aquellos que queden definidos como los más favorecidos en la relación desigual que se procura corregir.

Asimismo, con el objeto de estimular el desarrollo de las áreas de frontera, se priorizará la intensidad de los incentivos para las mismas.

En materia de sectorización, se deberá priorizar el logro del pleno empleo productivo de los recursos humanos y la industrialización de los recursos naturales y productos primarios en origen, así como la integración con actividades industriales existentes.

ARTÍCULO 9º-El Poder Ejecutivo Nacional deberá elevar la propuesta a la que alude el artículo anterior, juntamente con el dictamen que sobre la misma formule el Consejo Federal de Promoción Industrial, creado por el artículo 32º de esta ley. A tales efectos este organismo contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la notificación que el Poder Ejecutivo Nacional deberá hacerle de la propuesta, entendiéndose que la falta de pronunciamiento, vencido el citado plazo, implica un dictamen favorable de dicho organismo. En este último supuesto, el Poder Ejecutivo nacional quedará eximido de la obligación de adjuntar el dictamen del Consejo Federal de Promoción Industrial, debiendo dar cuenta de tal circunstancia.

ARTÍCULO 10º.-Cuando un proyecto comprenda exportación u operaciones en el mercado interno exentas del IVA, a los fines de la restricción que a la cuantía asignable de bonos impone el artículo  7º de la presente ley, se considerará que el monto de los impuestos contra los que dichos bonos son imputables comprende la suma que resulte de aplicar, al valor agregado al proyecto involucrado en las exportaciones y operaciones exentas, la tasa general del gravamen vigente al tiempo del acto de concesión de beneficios.

ARTÍCULO 11.-La limitación a la que se refiere el artículo  5º inciso b) de la presente ley en cuanto a la intransferibilidad de los Bonos de Crédito Fiscal, no será de aplicación cuando se verifiquen exportaciones u operaciones en el mercado interno exentas del IVA. En tales casos la cuantía de bonos transferibles resultará de la aplicación de la siguiente fórmula.

B' = B. T´, donde

T

B´= Cuantía de bonos que adquieren transferibilidad en virtud de la exportación u operación exenta;

B= Cuantía de bonos asignados para el ejercicio comercial en el que se efectúa la exportación y operación exenta;

T= Monto de impuestos en moneda constante, cancelable con bonos, que según el proyecto corresponde ingresar por el ejercicio comercial en el que se verifica la exportación y operación exenta, incluida la suma prevista en el artículo 10 in fine.

T´= Impuesto en moneda constante que, de acuerdo con la metodología del artículo 10 de la presente ley, corresponde a las exportaciones u operaciones exentas que se verifiquen en el ejercicio comercial.

En el supuesto de exportaciones, facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a adicionar esta promoción a cualquier otra que pudiera corresponder a las mismas en virtud de normativas de carácter general o especial que contemplen restricciones.

ARTÍCULO 12.-Los bonos sólo adquirirán transferibilidad por autorización expresa de la autoridad de concesión de los beneficios. La asignación de este nuevo beneficio sólo podrá efectuarse una vez que dicha autoridad verifique el cumplimiento de los requisitos que el decreto correspondiente a este régimen establezca, tanto en lo formal como a los fines de la acreditación de las operaciones pertinentes. La transferibilidad sólo podrá operarse mediante un primer y único endoso. La reglamentación establecerá plazos taxativos de tramitación y verificación de las solicitudes de transferibilidad, vencidos los cuales se considerará aceptada la solicitud respectiva.

CAPITULO II-Régimen de proyectos prioritarios

ARTÍCULO 13º.-El decreto de promoción de proyectos prioritarios podrá contemplar, para proyectos acogidos al mismo, los siguientes estímulos:

a) A los inversionistas

Provisión de bonos de crédito fiscal nominativos y transferibles por un primer y único endoso, por un monto de hasta el treinta por ciento (30%) de la inversión estipulada en el proyecto, a los que les serán aplicables las regulaciones y limitaciones previstas en el inciso a) del artículo 5º de la presente ley, salvo las contenidas en su segundo párrafo.

b) A las empresas

Las empresas titulares de los proyectos podrán ser beneficiarias de:

1. Bonos de Crédito Fiscal no Reintegrables, imputables al pago de obligaciones originadas en los proyectos promovidos, emergentes de los siguientes tributos a los que en su momento los sustituyan o complementen.

- Impuesto sobre los capitales

- Impuesto a las ganancias

Serán de aplicación respecto de estos Bonos las limitaciones y regulaciones previstas para sus similares en el acápite 1 del inc. b) del artículo 5º de la presente ley, salvo la que habilita la posibilidad de su transferencia.

2. Bonos de Crédito Fiscal Nominativos no Reintegrables, imputables al pago de cualquier impuesto nacional y transferibles por un primer y único endoso, cuya utilización quedará habilitada en la medida del cumplimiento de los planes de exportación previstos en el proyecto. La cuantía de estos bonos no podrá superar el monto que resulte de aplicar sobre el valor agregado involucrado en las exportaciones, el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo nacional de la alícuota del IVA vigente al momento de la concesión de los beneficios. La actualización del valor de estos bonos se practicará mediante la aplicación del régimen que a tales efectos se establezca reglamentariamente y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 51. Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a adicionar este beneficio a cualquier otro que pudiera corresponder por tales exportaciones. 3. Los incentivos previstos en los acápites 2 a 6 del inciso b) del artículo 5º.

ARTÍCULO 14º.-Los estímulos promocionales a las empresas beneficiarias tendrán una duración máxima de ocho ejercicios comerciales contados a partir del de la puesta en marcha. No obstante ello, para el goce de los beneficios a partir del segundo bienio comercial, se deberá contar con las constancias de cumplimiento de compromisos a las que se refiere el artículo 6º, emitidas por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 15º.- La cuantía de los Bonos de Crédito Fiscal a que se refiere el acápite 1 del inciso b) del artículo 13, se calculará como porcentaje de la suma de los siguientes conceptos:

-La inversión fija en equipo nacional importado; en este último caso sólo cuando no se produjera en el país o cuando su abastecimiento local no cumpla condiciones de calidad o plazo de entrega razonables.

-Gastos de investigación y desarrollo de tecnología aplicada que se ajusten a los objetivos de la presente ley.

En ningún caso dicho porcentaje podrá ser superior al que a tales fines fije el decreto correspondiente al presente régimen, ni la cuantía de bonos resultante podrá superar el monto de los tributos correspondientes al proyecto, contra los que los bonos son imputables.

El decreto que regule este régimen establecerá las pautas de preimputación por ejercicio a los fines de la distribución de la cuantía de los bonos. Dicha preimputación podrá cubrir el monto de los tributos devengados con anterioridad al ejercicio comercial en el que se verifique la puesta en marcha y deberá fijar pautas decrecientes a partir de esta última.

ARTÍCULO 16º.-Los proyectos acogidos a este régimen deberán sujetarse a los programas de integración de insumos y partes de producción nacional que se establezcan en los respectivos actos administrativos de concesión de beneficios, los que deberán respetar los porcentajes mínimos obligatorios para dicha integración que fije el decreto correspondiente a este régimen.

CAPITULO III -Régimen para la promoción selectiva de inversiones y reinversión de utilidades.

ARTÍCULO 17º.-El decreto que regule la promoción selectiva de inversión y reinversión de utilidades podrá contemplar la provisión de bonos de crédito fiscal no reintegrables.

a) A empresas que desarrollen actividades industriales, extractivas, de producción primaria o de construcción de inmuebles, por un monto de hasta el quince por ciento (15%) de la inversión que efectivamente realicen en bienes muebles amortizables, nuevos, de origen nacional, afectados a las explotaciones en las condiciones que fije el reglamento y en tanto se trate de bienes comprendidos en el listado que a tal efecto establezca la respectiva autoridad de concesión con vigencia para cada año calendario.

La autoridad de concesión de los beneficios privilegiará aquellas adquisiciones enmarcadas en planes y programas sectoriales de reconversión industrial que procuren el logro de economías de especialización y aglomeración, la estandarización y la mejora en la calidad de los productos.

b) A empresas industriales, por un monto de hasta el quince por ciento (15%) de la inversión que efectivamente realicen en construcción o ampliación de vivienda destinada a su personal en relación de dependencia, siempre que se trate de vivienda que encuadre en las especificaciones que a su respecto se estipulen reglamentariamente y su provisión al personal se ajuste a las condiciones que se fijen por la misma vía.

c) A las empresas que, como consecuencia de normativas de orden nacional, provincial o municipal, deban realizar un traslado forzoso de sus instalaciones industriales y opten por asentarse en un área o parque industrial dentro de la misma jurisdicción, por un monto de hasta el quince por ciento (15%) de la inversión que efectivamente realicen en inmuebles afectados a ese fin, en las condiciones que fije el reglamento.

Cuando las inversiones previstas en este artículo fueran efectuadas por empresas industriales localizadas en zonas que resulten promocionadas por aplicación de las disposiciones del artículo 8º, los porcentajes de los incisos a) y b) del presente artículo se incrementarán en la magnitud porcentual de incentivo sobre valor agregado correspondiente a la localización de la empresa.

ARTÍCULO 18º.-Los bonos de Crédito Fiscal a otorgar a beneficiarios de este régimen serán nominativos e intransferibles y podrán imputarse al pago de obligaciones relativas a los siguientes tributos o a los que en su momento los sustituyan o complementen:

-Impuesto a las ganancias

-Impuesto sobre los capitales

-Impuesto al patrimonio neto

-Impuesto al valor agregado

La imputación de estos bonos podrá efectuarse a partir del momento en el que se efectivice la inversión o a partir de la fecha de habilitación de los respectivos bienes, según lo determine el decreto regulador de este régimen, siendo los montos actualizables mediante la aplicación del índice al que alude el artículo  51º referido al mes anterior al de la efectivización de la inversión; de acuerdo con la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes anterior al de la imputación de los bonos. Tratándose de explotaciones agropecuarias, los bonos serán transferibles por un primer y único endoso por un valor de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto total de los mismos.

En ningún caso la imputación de estos bonos podrá generar saldo a favor de los contribuyentes.

El decreto regulador de este régimen establecerá los plazos y condiciones para las respectivas imputaciones, así como para la habilitación de los bienes.

CAPITULO IV.-Disposiciones comunes

ARTÍCULO 19.-El decreto reglamentario general establecerá las clases de garantías que deberán exigirse para preservar el crédito fiscal en los casos de otorgamiento de bonos de Crédito Fiscal a los inversionistas.

ARTÍCULO 20.- Cuando razones de fuerza mayor justificaran modificaciones en la preimputación de los Bonos de Crédito Fiscal, las mismas solo podrán ser dispuestas por la autoridad de aplicación, previa intervención de la autoridad local sí esta hubiere concedido el beneficio, excepción hecha de lo dispuesto en el artículo  22º, segundo párrafo. En ningún caso su aplicación podrá extenderse más allá de los tributos correspondientes al último ejercicio comercial comprendido en el proyecto.

ARTÍCULO 21.-Las modificaciones de cualquier índole que intentaran introducirse a los proyectos a los que se hubieran acordado beneficios promocionales contemplados en los capítulos I y II del presente título deberán ser resueltas por la autoridad que concedió tales beneficios, salvo que se tratare de alguno de los supuestos previstos en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 22.- Toda modificación que implique una ampliación de los plazos de puesta en marcha del mismo, deberá ser resuelta por decreto del Poder Ejecutivo nacional. No obstante ello, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Economía de la Nación y la autoridad local habilitada para la concesión de los beneficios promocionales , según correspondiere, quedan facultados para acordar una primera prórroga de la puesta en marcha de los proyectos aprobados por ellos por un plazo que no exceda de la mitad del concedido originalmente. En tales casos quedan asimismo facultados para modificar la preimputación de los Bonos de Créditos Fiscal correspondientes al proyecto en función de la prórroga concedida. A estos fines deberán dejar constancia, en los bonos emitidos, de la modificación de la preimputación dispuesta, en la forma y condiciones que establezca el decreto reglamentario general. A los fines del tratamiento de toda modificación que implique una variación en el costo fiscal del proyecto en términos reales, deberá computarse la inversión real total del proyecto con sus modificaciones, a efectos de determinar la autoridad de concesión que corresponda.

Su aprobación deberá ajustarse a los requisitos formales y sustanciales que prevé esta ley para la aprobación de proyectos y el otorgamiento de beneficios.

ARTÍCULO 23.-Los regímenes de incentivos previstos en este título para un proyecto o inversión no son acumulables entre si ni con los beneficios de otros regímenes de promoción de carácter nacional, generales o especiales, incluso aquellos vinculados a la deuda externa, vigentes o futuros, que pudieran alcanzar a tales proyectos o inversiones.

Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación en los siguientes casos:

1-Respecto de las normas de promoción de exportaciones.

2-Respecto de los beneficios previstos en el artículo 17º, inc. b), en el caso de proyectos amparados por los regímenes de los capítulos I y II.

ARTÍCULO 24º.- Los montos de bonos del crédito fiscal acordados según la presente ley no constituirán materia imponible a los fines de la determinación de obligaciones tributarias d orden nacional, ni serán deducibles para la fijación del valor impositivo de los respectivos bienes.

ARTÍCULO 25º.- Los proyectos para los que se soliciten los beneficios de los capítulos I y II del presente título deberán preveer instalaciones en las que el total del equipamiento sea nuevo, sin uso. La autoridad de aplicación podrá autorizar, en casos de excepción, la utilización de equipos usados cuando se trate de equipos importados que entrando al país por primera vez, constituyan un avance tecnológico significativo.

ARTÍCULO 26º.-Los proyectos que soliciten el acogimiento a los beneficios previstos en los capítulos I y II del presente título, deberán acreditar como mínimo un aporte genuino de capital propio de un treinta por ciento (30%) sobre la inversión total .

A tales fines:

a) se considerará aporte genuino aquel que consiste en dinero libremente disponible o bienes muebles o inmuebles afectados al proyecto, libres de todo gravamen o pasivo.

b) No se computará como capital propio:

1. El capital que provenga de la utilización de beneficios promocionales;

2. Los fondos autogenerados por la beneficiaria del proyecto.

El aporte genuino de capital propio al que se refiere el presenteartículo deberá integrarse con anterioridad a la puesta en marcha del proyecto, salvo casos de excepción debidamente autorizados por la autoridad de aplicación, la que en tales os deberá fijar los plazos especiales a los que quedare sujeta dicha integración.

ARTÍCULO 27º.-Los actos administrativos que concedan beneficios previstos en los capítulos I y II del presente título que transgredan la normativa de los decretos que regulan los respectivos regímenes o los requisitos establecidos por esta ley y sus normas reglamentarias, serán considerados nulos de nulidad absoluta y no generarán derechos adquiridos para sus beneficiarios.

El decreto reglamentario general establecerá los procedimientos a seguir en tales casos.

ARTÍCULO 28º.-Anualmente el Poder Ejecutivo Nacional, previo dictamen del Consejo Federal de Promoción Industrial, incluirá en el respectivo proyecto de ley de presupuesto:

1. Los cupos fiscales globales anuales correspondientes a los regimenes de promoción previstos en los capítulos I a III del presente título.

2. La asignación por jurisdicción de los cupos fiscales globales anuales correspondientes a los regímenes de los capítulos I y III. La propuesta del Poder Ejecutivo Nacional estará sujeta al requisito de que en ningún caso:

a) en los dos primeros ejercicios presupuestarios en lo que resulte de aplicación el presente artículo, la relación entre la suma de los cupos fiscales globales a que alude el precedente inc.1, neta de las afectaciones a proyectos a probados con anterioridad, y el PBI proyectado para el ejercicio presupuestario, sea inferior al tres por mil (3 %o); b) el monto del cupo fiscal global anual correspondiente al régimen del capítulo II exceda el treinta por ciento (30%) de la suma de los cupos a que alude en inc.1 del presente artículo.

Los cupos fiscales constituirán los límites máximos dentro de los cuales y mediante la afectación a los mismos prevista en elartículo 41º, se podrán acordar los beneficios promocionales de los capítulos I a III del presente título.

Los cupos anuales que en definitiva se aprueben serán prorrogados automáticamente hasta tanto se fijen los cupos fiscales para el ejercicio económico siguiente.

TITULO III -BENEFICIARIOS

ARTÍCULO 29º.-Podrán ser beneficiarios de los regímenes de la presente ley, con las limitaciones que se indican en este artículo:

a) las personas físicas domiciliadas en el país de acuerdo al artículo  89º del Código Civil.

b) las personas de existencia ideal, privadas o públicas, constituidas o habilitadas para operar en el país, conforme a les leyes argentinas y con domicilio legal en el territorio nacional.

c) las personas físicas que hubieran obtenido permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes especiales de fomento a la inmigración calificada.

d) los inversores extranjeros que constituyan el domicilio en el país conforme a la ley 19.549.

Cuando un inversor extranjero resulte beneficiario del presente régimen, sea en calidad de inversor o de empresa titular de un proyecto, no podrá girar utilidades al exterior hasta tanto acredite haber reinvertido utilidades al margen de las comprometidas para llevar adelante cada proyecto promovido, por un monto igual o superior al valor de los bonos de créditos fiscal efectivamente utilizados, sea por afectación al pago de obligaciones fiscales o por transferencia a terceros. No generando lo anterior derechos sobre el capítulo III de la presente ley.

En todos los casos de beneficiarios extranjeros será de aplicación lo establecido en el artículo 104º de la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 30º.-No podrán ser beneficiarios:

a) las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados por cualquier tipo de delito económico o contra Administración Pública, no culposo, con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la condena.

b) las personas físicas y las jurídicas que al tiempo de concederles los beneficios registraren avales caídos con la Secretaría de Hacienda o en incumplimiento de carácter fiscal o provisional, o cuando se encontrare firme una decisión judicial o administrativa declarando tales incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional o imponiendo a dicha persona el pago de impuesto, derechos, multas o recargos y siempre que no hubiere hecho efectivo dicho pago.

c) las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que no fuere meramente formales, respecto de anteriores regímenes de promoción o contratos de promoción industrial o de promoción de exportaciones.

Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o infracciones a que se refieren los incisos precedentes, paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo dispusiere la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta la gravedad del delito o infracción imputados.

TITULO IV AUTORIDAD DE APLICACION Y PROCEDIMIENTOS PROMOCIONALES

ARTÍCULO 31º.-La Secretaría de Industria y Comercio Exterior será la autoridad de aplicación de la presente ley, con la intervención que, por razones de competencia, la ley de ministerios o leyes especiales determinen para otros ministerios u organismos del Estado, con las salvedades que se establecen en los artículos siguientes. A tales fines, tendrá amplias facultades para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos con motivo de los beneficios promocionales acordados, así como la correcta asignación de los mismos. Queda reservada a su exclusiva competencia la interpretación de las disposiciones de esta ley y la de los decretos que en su consecuencia se dicten, en materias en las que no existiera pronunciamiento del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 32º.-Créase el Consejo Federal de Promoción Industrial, integrado por un representante titular y un suplente designados por cada una de las jurisdicciones adheridas al régimen de la presente ley, el que será presidido por el Secretario de Industria y Comercio Exterior. Se invitará a participar del mismo a tres representantes de la Confederación General del Trabajo de la Republica Argentina y tres por las entidades de tercer grado de jurisdicción nacional representativas del empresariado industrial. La misión de dicho consejo es de naturaleza consultiva, salvo en los casos de las funciones asignadas en el artículo 33º, inc. c) y e), y en aquellos que determine el Poder Ejecutivo Nacional, siendo obligatorio su dictamen previo al dictado de las reglamentaciones de esta ley, así como la sanción de leyes vinculadas con las misma.

 ARTÍCULO 33º.-Son funciones del consejo expedirse sobre:

a) La sectorización de la promoción regional, así como la fijación de tasas máximas de incentivo a acordar dentro de este régimen.

b) Los cupos fiscales anuales a los que alude el artículo 28º, así como su asignación.

c) Las oposiciones que se formulen en virtud del artículo  40º, de la presente ley y los pedidos de revisión a los que alude el artículo 47º.

d) Medidas de carácter general en materia crediticia, arancelaria o de cualquier otro tipo que sean adoptadas en el marco de la política de promoción industrial.

e) Las observaciones a las que hace referencia el artículo 37º, inc. a) apartado a 1.

f) Cualquier otra materia de orden general que a juicio del consejo sea pertinente y afecte a la promoción industrial en el país.

ARTÍCULO 34º.-Dentro de los treinta (30) días corridos de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional convocará a las jurisdicciones que hayan adherido al régimen de esta ley a constituir el Consejo Federal de Promoción Industrial. El consejo se dará sus autoridades, dictará su reglamentación y fijará su asiento.

El Consejo Federal de Promoción Industrial formulará su propio presupuesto y sus gastos serán sufragados por todos los adherentes en la proporción que establezca dicho consejo.

ARTÍCULO 35º.-Los organismos nacionales y de las jurisdicciones adheridas al régimen de la presente ley, están obligados a evacuar consultas y requerimientos que a los fines del cumplimiento de sus funciones formule el consejo.

ARTÍCULO 36º.-Los beneficios promocionales establecidos en los capítulos I y II del título II de la presente ley serán acordados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional cuando :

a) se trate de proyectos en los que los montos totales de inversión excedan los ciento ochenta millones de australes (A 180.000.000) a precios de diciembre de 1987.

b) Cuando el beneficiario fuera un inversor extranjero o una empresa local de capital extranjero y corresponda por la disposición de facto 21382 y sus modificatorias, o las normas que las sustituyan o complementen, la aprobación de la inversión al Poder Ejecutivo Nacional o resultara de aplicación el inciso anterior. En estos casos el proyecto deberá ser también evaluado por la autoridad de aplicación de la precitada disposición.

ARTÍCULO 37º.-Los beneficios promocionales establecidos en el título II de la presente ley, excepción hecha de los supuestos consignados en el artículo anterior, serán acordados:

a) Los del capítulo I:

a) 1. Por la jurisdicción en la que se radique cada proyecto industrial acogido a los mismos cuando el monto total de inversión no exceda de sesenta millones de australes (A 60.000.000) a precios de diciembre de 1987. En estos casos los organismos pertinentes de las respectivas jurisdicciones tendrán las funciones de evaluación, aprobación, y posterior control de los respectivos proyectos;

Cuando se trate de proyectos en los que los montos totales de inversión excedan los treinta millones de australes (A 30.000.000) a precios de diciembre de 1987, deberá existir un dictamen favorable de la autoridad de aplicación previo al dictado del acto administrativo de concesión de los beneficios, requisito que se estimará cumplido si transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la fecha en la que se le hubiera sometido el proyecto, no hubiera formulado observaciones fundadas a juicio del Consejo Federal de Promoción Industrial;

a) 2. Por la autoridad de aplicación, cuando el monto total de inversión exceda la suma de sesenta millones de australes (A 60.000.000) a precios de diciembre de 1987 y no resulte de aplicación el siguiente apartado;

a) 3. Por resolución del Ministerio de Economía de la Nación, cuando el monto total de inversión exceda la suma de ciento veinte millones de australes (A 120.000.000) a precios de diciembre de 1987.

b) Los del capítulo II:

b) 1. Por la autoridad de aplicación cuando se trate de proyectos en los que los montos totales de inversión no excedan los noventa millones de australes (A 90.000,000) a precios de diciembre de 1987;

b) 2. Por resolución del Ministerio de Economía de la Nación cuando se trate de proyectos en los que los montos totales de inversión superen los noventa millones de australes (A 90.000.000) a precios de diciembre de 1987;

c) Los del capítulo III, por la jurisdicción de localización de la empresa, que efectúe la compra o construcción. Para la concesión de los beneficios del capítulo II y cuando la concesión de beneficios

del capítulo I no corresponda a la jurisdicción de localización del proyecto, se requerirá dictamen favorable a esta última, previo al dictado del acto administrativo de concesión del beneficio, requisito que se estimará cumplido si transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la fecha en la que se le hubiera sometido el proyecto, no hubiera formulado observaciones.

Asimismo, cuando se trate de proyectos relativos a la defensa o seguridad nacional o que se localicen en zonas de seguridad o cuando su beneficiario fuera un inversor extranjero o una empresa local de capital extranjero, resultará requisito indispensable a los fines de la validez de los actos administrativos de concesión a los que alude el presente artículo la existencia, previo su dictado, de un dictamen favorable del Ministerio de Defensa o de la autoridad de aplicación de la disposición de facto 21.382 y sus modificaciones, o las normas que la sustituyan o complementen, según fuera el caso.

Este requisito se estimará cumplido si transcurrido el plazo de los sesenta (60) días corridos a partir de la fecha en la que se les sometan los proyectos, no formularan observaciones.

ARTÍCULO 38º.-El decreto reglamentario general preverá la normativa de procedimiento para el otorgamiento de los beneficios promocionales de los regímenes de la presente ley.

A tales fines:

a) Podrá establecer sistemas especiales de evaluación de las presentaciones así como la caducidad de las que no fueran debidamente impulsadas.

b) Deberá prever ante similitud de propuestas la automática preferencia por las efectuadas por empresas de capital nacional.

c) Deberá enunciar las obligaciones mínimas que deberá contener el acto de concesión de beneficios, tales como personal ocupado, monto de inversiones e integraciones en términos reales, tomando como base el índice al que alude el artículo 51º referido al mes anterior al del acto administrativo que acuerde los beneficios.

d) Deberá establecer como procedimiento de selección de los posibles beneficiarios del régimen de capitulo II el de concurso público nacional o internacional.

ARTÍCULO 39º.-El reglamento general podrá establecer aranceles en relación al monto de la inversión prevista en cada proyecto destinados a solventar los gastos que originen el estudio, evaluación, verificación y fiscalización de los respectivos proyectos, en las condiciones y bajo el régimen que el mismo fije. Tales aranceles deberán ser de magnitud razonable y no exceder el seis por mil (6%o) de la inversión .

ARTÍCULO 40º.-El otorgamiento de los beneficios previstos por los regímenes de los capítulos I y II del título II estará condicionado en todos los casos por el requisito de preservar condiciones equitativas de concurrencia en los mercados en los que el proyecto prevea participar, de modo de no afectar indebidamente a la industria ya instalada o en proceso de instalación.

La autoridad habilitada para conceder los beneficios promocionales, previo el acto administrativo por el que se acuerdan los mismos, deberá acreditar el cumplimiento de requisitos de publicidad que garanticen la posibilidad de oposición por parte de eventuales terceros afectados, así como de cualquier otro requisito que a los fines señalados el Poder Ejecutivo Nacional estime conveniente establecer. Idéntico procedimiento deberá seguirse en los casos de modificaciones sustanciales al proyecto.

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores a su publicación, quienes consideren que un proyecto afecta indebidamente a la industria instalada o en proceso de instalación, podrán presentar una oposición fundada ante la autoridad de concesión de los beneficios, la cual dará traslado de la misma al presentante el proyecto. Si este último lo modificara, dando satisfacción a las críticas del oponente, el proyecto modificado proseguirá su curso administrativo.

En caso de insistencia en el proyecto original, la autoridad de concesión elevará las actuaciones al Consejo Federal de Promoción Industrial, que a éstos efectos, se constituirá en tribunal arbitral y deberá expedir un laudo dentro de los sesenta (60) días hábiles contados a partir de la recepción de las actuaciones, el que agotará la vía administrativa.

ARTÍCULO 41º.-El otorgamiento de los beneficios promocionales de título II en todos los casos queda condicionado a la existencia, en el ejercicio presupuestario de su concesión, de cupo fiscal disponible. A tales efectos será requisito imprescindible para cada otorgamiento, la previa

imputación al pertinente cupo del respectivo costo fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda, la que contará para hacerlo con un plazo de treinta (30) días corridos, vencido el cual de no existir manifestaciones en contrario por parte de la misma, se dará por satisfecha la precitada condición.

ARTÍCULO 42º.-A los fines indicados en el artículo anterior la Secretaría de Hacienda computará como costo fiscal:

a) tratándose de los beneficios acordados por los capítulos I y II, del título II, el que resulte de promediar el monto de los bonos de crédito fiscal acordados, por el número de años de vigencia del proyecto beneficiado, contados a partir de su puesta en marcha.

b) tratándose de los beneficios acordados por el capítulo III del título II, la cuantía de bonos de crédito fiscal acordados.

ARTÍCULO 43º.-Una vez acordados los beneficios promocionales, la misión de los bonos de crédito fiscal será efectuada por la Dirección General Impositiva en la forma y condiciones que establezca el decreto reglamentario general, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en que la autoridad acuerde los beneficios le notifique la concesión que de los mismos.

Vencido que fuere el plazo, la falta de misión de los bonos hará que la autoridad de concesión de los beneficios quede facultada para exigir la emisión de Bonos de Crédito Fiscal Adicionales no imputables a su cupo fiscal a fin de resarcir los daños y perjuicios que la demora provocare a la empresa beneficiaria sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder al organismo fiscal. Estos Bonos adicionales podrán ser transferidos a terceros mediante un primer y único endoso.

ARTÍCULO 44º.-La autoridad de aplicación deberá instrumentar un sistema informativo de proyectos acogidos al régimen de promoción industrial que permita conocer los proyectos aprobados y el desarrollo y estado actual de cada uno de ellos, así como el impacto fiscal que individualmente concreten.

A estos efectos las jurisdicciones con capacidad de concesión de beneficios y control de ejecución deberán suministrarle en los plazos y condiciones que determine el reglamento general:

a) información en relación a los proyectos aprobados.

b) copias de los certificados de cumplimiento a los que alude el artículo 6º.

c) información relativa a los incumplimientos detectados.

d) toda otra información adicional que la autoridad de aplicación considere necesaria.

Asimismo, la autoridad de aplicación podrá requerir la cooperación de organismos nacionales, provinciales o municipales a efectos de recabar información complementaria para dicho sistema y efectuar sus tareas de control y evaluación del funcionamiento de los distintos regimenes.

La autoridad de aplicación deberá informar al Ministerio de Economía, en los plazos y condiciones que establezca el reglamento general, sobre la evolución de los distintos regimenes que comprende la presente ley.

ARTÍCULO 45º.-El Banco Nacional de Desarrollo y los bancos oficiales de provincias actuarán como agentes financieros del sistema de promoción industrial . El BANADE adecuará su acción en materia de política crediticia a las disposiciones que dicte el Ministerio de Economía y coordinará con la autoridad de aplicación la aplicación de dichas normas a la política de promoción industrial aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional.

TITULO V - Infracciones y sanciones

ARTÍCULO 46º.-La autoridad de aplicación y en su caso las autoridades locales que tengan delegado el control de ejecución de los proyectos beneficiados con los incentivos del título II de la presente ley, tendrán amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de los compromisos emergentes de los respectivos proyectos así como de las obligaciones que deriven de los correspondientes regimenes promocionales y podrán imponer, en las condiciones que establezca el decreto reglamentario general, las sanciones previstas en la presente ley.

ARTÍCULO 47º.-Si la autoridad de aplicación comprobará la incorrecta asignación de beneficios o el indebido otorgamiento de los certificados de cumplimiento a que alude el artículo 6º, por parte de alguna autoridad local en ejercicio de facultades delegadas, podrá imponer, en las condiciones que establezca el decreto reglamentario general, las sanciones que hubieran sido omitidas por parte de ésta. Sin perjuicio de ello, de corresponder la caducidad de las medidas promocionales o si se determinara la nulidad del acto de concesión , la autoridad local involucrada quedará automáticamente suspendida en sus facultades de aprobación de nuevos proyectos hasta tanto pueda acreditar el cobro, por parte de los pertinentes organismos fiscales, de las obligaciones tributarias canceladas con los bonos de crédito fiscal indebidamente usufructuados, así como de las actualizaciones y accesorios que pudieran corresponder.

Previo a la aplicación de las sanciones previstas en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación deberá ponerlas en conocimiento de la jurisdicción involucrada, la que contará con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación para solicitar la revisión de las mismas ante el Consejo Federal de Promoción Industrial, el que deberá resolver sobre el particular. Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión plenaria de dicho consejo, a cuyo efecto el quórum se formará con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por una mayoría de por los menos los dos tercios de los miembros presentes, y será definitiva en sede administrativa, siendo apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la decisión, debiendo fundarse en el mismo escrito de interposición del recurso, oportunidad en la que también deberá ofrecerse la prueba de que intente valerse.

Si dentro de los quince (15) días hábiles de interpuesto el pedido de revisión, el Consejo Federal de Promoción Industrial no lo resolviere en las condiciones requeridas en el párrafo precedente, cualquiera fuese el motivo, la autoridad de aplicación quedará habilitada para imponer las sanciones, sin perjuicio del recurso previsto en el párrafo anterior in fine, en las condiciones en él establecidas. Cuando la caducidad de las medidas promocionales o la nulidad del acto de concesión

tuviese origen en actos emanados de una autoridad nacional, el Tesoro Nacional deberá ingresar a la coparticipación tributaria los montos de Bonos de Créditos Fiscal indebidamente usufructuados., hasta tanto pueda acreditar el cobro, por parte de los pertinentes organismos fiscales, de las obligaciones tributarias canceladas con dichos bonos, así como de las actualizaciones y accesorios que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 48º.-El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley, de los regímenes que en su consecuencia se dicten y de las obligaciones emergentes del acto que otorgue los beneficios de carácter promocional, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a) en caso de incumplimientos meramente formales y reiterados, multas de hasta el uno por ciento (1%) del monto actualizado del proyecto o la inversión.

b) en caso de incumplimiento no incluidos en el inciso anterior:

1. Caducidad total o parcial de los beneficios promocionales otorgados, en la forma que disponga el decreto reglamentario general;

2. Multas a graduar hasta el cien por ciento (100%) del monto actualizado del proyecto o la inversión:

3. Pago de todo o parte de las obligaciones tributarias canceladas con los bonos de crédito fiscal con más su actualización y accesorios, según lo establezca el decreto reglamentario general.

Todas las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la autoridad que tenga a su cargo el control de su ejecución, sin perjuicio de lo previsto en el artículo  47º. La ejecución de las medidas del acápite 3 del inc. b) del presente artículo será llevada a cabo por los organismos encargados de la percepción de los tributos cancelados con los Bonos de Crédito Fiscal.

En todos los casos se graduarán las sanciones teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la magnitud del incumplimiento, pudiendo aplicarse total o parcialmente las sanciones previstas en el presente artículo.Probado que sea que el incumplimiento se produjo por hechos u omisiones del Estado Nacional , Provincial o Municipal, o por razones de fuerza mayor según lo tipifique el decreto reglamentario general, se procederá a revisar, mediante un procedimiento sumario, las obligaciones impuestas a los beneficiarios.

En el caso de sanciones económicas, el organismo competente procederá a emitir el correspondiente documento de deuda para su cobro por vía judicial, mediante el proceso de ejecución fiscal, una vez que haya quedado firme la decisión que la impone.

Los incumplimientos por parte de las empresas titulares de los proyectos promovidos no generarán para los inversionistas de los mismos las sanciones previstas en los incisos a) y b ) acápite 2 del presente artículo, ni la obligación del ingreso de los tributos que la empresa titular hubiera cancelado con Bonos de Crédito Fiscal. Los incumplimientos de los inversionistas no generarán sanción alguna para la empresa titular del proyecto.

ARTÍCULO 49º.-Las sanciones establecidas por la presente ley serán impuestas conforme al procedimiento que determinará la reglamentación y podrán apelarse dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación de las mismas por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal con competencia en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción en que se aplique la sanción o interponer previamente los recursos administrativos que procedan.

Elegida la vía judicial, no podrán interponerse los recursos que autoriza la ley 19.549 y el reglamento aprobado por el decreto 1759/72.

ARTÍCULO 50º.-Prescribirán a los diez (10) años las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley y sus distintos regímenes, o aplicar las sanciones derivadas de su incumplimiento. El término se contará a partir del momento en que el cumplimiento debió hacerse efectivo. La suspensión e interrupción de la prescripción se regirá por las disposiciones de la ley 11. 683.

TITULO VI-Disposiciones generales y transitorias

ARTÍCULO 51º.-Las actualizaciones previstas por esta ley se efectuarán sobre la base de las variaciones del índice de precios al por mayor no agropecuario nacional que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La tabla respectiva deberá ser elaborada mensualmente por la DGI y contendrá valores mensuales para los veinticuatro (24) meses inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio por trimestres calendario para los cuatro (4) años siguientes y valores anuales promedio para los demás períodos y tomará como base el índice de precios del mes para el cual se elabore la tabla.

ARTÍCULO 52º.-El derecho de las jurisdicciones a acordar beneficios promocionales y a ejercer facultades delegadas, según lo prevé esta ley, queda supeditado a la previa adhesión expresa a sus términos por parte de cada una de ellas, la que será comunicada al Poder ejecutivo Nacional por conducto del Ministerio del Interior y con conocimiento del Ministerio de Economía.

ARTÍCULO 53º.-A los fines de la presente ley, el término "jurisdicción" se entenderá referido a los estados provinciales, la Capital Federal y el Territorio Nacional.

ARTÍCULO 54º.-El Poder Ejecutivo Nacional elevará al Honorable Congreso de la Nación dentro de los cientos ochenta (180) días corridos a partir de la promulgación de la presente ley las propuestas a las que alude el artículo. 8º. En caso de no producirse dicha elevación, las mismas podrán ser efectuadas por el Consejo Federal de Promoción Industrial.

ARTÍCULO 55º.-A partir de la entrada en vigencia de los decretos reglamentarios a los que alude el artículo 56º, quedan derogadas las disposiciones de facto, 21.608, 22.021, 22702, y 22.973 y sus respectivas modificaciones, sus decretos reglamentarios, resoluciones y demás normas complementarias, en todos aquellos aspectos que resulten de aplicación a las actividades industriales. La derogación de la disposición de facto 21.608 no invalida la vigencia de las derogaciones de los anteriores regímenes de promoción industrial dispuestas por la citada norma y sus precedentes.

Las derogaciones dispuestas en este artículo no producirán efectos respecto de acogimientos a los regímenes de las normas citadas o a los dictados en su consecuencia, perfeccionados con anterioridad a la sanción de la presente ley. Se entenderá que el acogimiento se ha perfeccionado antes de la fecha de la sanción cuando con anterioridad a la misma se hayan cumplimentado los requisitos exigidos por el respectivo régimen para considerar configurada la iniciativa ante la autoridad de aplicación u organismo competente.

En todos los casos de actos administrativos dictados al amparo de las normas aludidas en el primer párrafo del presente artículo, la autoridad de concesión de los beneficios mantendrá el carácter de autoridad de aplicación de los mismos.

ARTÍCULO 56º.-Si dentro de los sesenta (60) días corridos de promulgada la ley prevista en el artículo 8º, el Poder Ejecutivo Nacional no dictará el decreto reglamentario general, el decreto de promoción regional de carácter sectorial y el decreto para la promoción selectiva de inversiones y reinversión de utilidades a que alude el artículo.1º, la concesión de los beneficios de promoción regional previstos en las disposiciones de facto 21.608,22.021, 22.702 y 22.973 queda reservada a la jurisdicción de localización del proyecto, con excepción de los supuestos previstos en el artículo 11º, incisos a) y b) de la disposición de facto 21.608.

ARTÍCULO 57º.-Los proyectos beneficiados por actos administrativos dictados o que se dictaren al amparo de los regímenes promocionales de las disposiciones de facto 21.608, 22.021 ,22.702 y 22.973, cuya fecha de puesta en marcha operara con posterioridad a la sanción de la presente ley, sólo podrán gozar de una única prórroga de la misma, acordada por la autoridad de concesión de los beneficios por un plazo de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. Toda otra ampliación de los plazos de la fecha de puesta en marcha deberá ser resuelta por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 58º.- Los actos administrativos dictados al amparo del régimen promocional de la disposición de facto 22.702 con posterioridad a la sanción de la presente ley, en beneficio de inversiones localizadas en la provincia de San Luis, deberán ajustarse a las siguientes restricciones:

a) En ningún caso la vigencia de los beneficios podrá exceder los doce (12) ejercicios comerciales contados a partir de la puesta en marcha.

b) Su aprobación estará sujeta a los mecanismos de publicidad y oposición establecidos en el artículo 40º de la presente ley.

c) En ningún caso podrán acordar beneficios tributarios a las empresas proveedoras de insumos.

d) En ningún caso podrán acordar en materia de IVA, tasas de liberación para las operaciones de la empresa beneficiaria que superen el ochenta por ciento (80 %) de las que en función del respectivo régimen y, en su caso, de la localización, pudieran corresponder al proyecto.

e) En todos los casos deberán prever que las máquinas afectadas al proceso productivo se adecuen a las previsiones del artículo 25º de la presente ley.

Los actos administrativos dictados al amparo de los regímenes promocionales de las disposiciones de facto 22.021 y 22.973 con posterioridad a la sanción de la presente ley deberán ajustarse a las restricciones de los incisos b) y e) del párrafo anterior. Los dictados con posterioridad al 30 de septiembre de 1988 deberán ajustarse a la totalidad de las restricciones estipuladas en el primer párrafo del presente artículo. El tratamiento restrictivo previsto en este párrafo será también de aplicación respecto de los actos administrativos dictados al amparo del régimen promocional de la disposiciones de facto 22.702 en beneficio de inversiones localizadas en la provincia de Catamarca.

Los actos administrativos dictados al amparo del régimen de la disposición de facto 21.608 a partir del 30 de septiembre de 1988 deberán ajustarse a la restricción del inciso b) del primer párrafo de este artículo

La facultad de autoridad de aplicación otorgada a los poderes ejecutivos de las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan para los proyectos industriales se extiende, por la presente ley, hasta el 30 de septiembre de 1988.

ARTÍCULO 59º.-Producidas las derogaciones previstas en el artículo  55º facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a dictar un régimen especial, de carácter transitorio, que posibilite el acogimiento al decreto que regule los beneficios del capítulo I del título II de la presente ley, a empresas que, a la entrada en vigencia del mismo, se encontraren gozando de beneficios acordados por actos administrativos dictados en virtud de otros regímenes de promoción industrial de carácter regional.

La opción por dicho acogimiento implicará, por parte de la empresa que lo efectúe, la renuncia a seguir usufructuando de los beneficios que a la misma acuerda el citado acto administrativo.

El régimen especial al que se refiere el presente artículo, en lo relativo a los incentivos delartículo 5º de la presente ley, limitará sus alcances a los previstos en su inciso b) y los mismos deberán ser fijados teniendo presente el objetivo de estimular las opciones y, consecuentemente, el de desincentivar la permanencia en el goce de los beneficios acordados por regímenes de promoción regional derogados. A estos fines, el Poder Ejecutivo Nacional podrá excluir del goce de los incentivos contemplados en el capítulo III del título II de la presente ley, total o parcialmente y en forma definitiva o temporal, a las empresas que encontrándose en la situación descripta en el primer párrafo de este artículo, no hubieren hecho uso de la opción.

Los acogimientos a los que se refiere el presente artículo, no demandarán imputación alguna contra los cupos fiscales de las jurisdicciones que acuerden los beneficios.

ARTÍCULO 60º.-La imputación de bonos de crédito fiscal previstos en esta ley como medio de pago de impuestos coparticipables no integra el producido de la recaudación a que se refiere el primer párrafo del artículo 2º de la ley 23.548.

ARTÍCULO 61º.-La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

 

 

Decreto nº 716/2020
Fecha: 02.09.2020
Publicado: 03.09.2020
DCTO-2020-716-APN-PTE - Disposiciones.

VISTO el Expediente N° EX-2020-31066977-APN-DGD#MPYT, el Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y sus modificatorios se creó el "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario" con el objetivo de financiar obras de infraestructura intra y extramuros en Parques Industriales Públicos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI).

Que, con el objeto de continuar profundizando la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las economías regionales, resulta conveniente reemplazar el programa mencionado precedentemente para incentivar el ordenamiento territorial, la planificación productiva local, maximizar la integración dentro de un determinado ámbito espacial, atraer inversiones nacionales y extranjeras, aumentar las oportunidades de generación de empleo y garantizar la sostenibilidad de las actividades económicas.

Que, en consecuencia, resulta oportuno ampliar el universo de Parques Industriales Registrados y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para la gestión de proyectos, así como apoyar una planificación de las inversiones públicas en cada una de las jurisdicciones para contribuir al desarrollo económico y social del país.

Que, ante dicho contexto, se estima conveniente mantener la vigencia del REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) con el objeto de contar con una base de datos estadística actualizada que permita disponer de una oferta detallada de predios aptos para la radicación industrial, y también contar con información relevante sobre las empresas instaladas que funcionan en el ámbito de la Coordinación de Parques Industriales, dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que, frente a la importancia de la realización de obras intramuros para expandir y consolidar el desarrollo de los Parques Industriales y dotar a los gobiernos locales y regionales de todo el país de una herramienta de gestión y planificación de sus políticas productivas, se estima oportuno el otorgamiento de Aportes No Reintegrables dirigidos hacia los Parques Industriales Públicos y Mixtos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI).

Que, asimismo, el Programa creado se dirige a otorgar una bonificación en la tasa nominal anual de interés de créditos para empresas que estén radicadas o que tengan como fin radicarse o ampliar sus capacidades productivas en un Parque Industrial Público, Privado o Mixto inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) u otorgar una bonificación de la tasa nominal anual de interés en créditos para la adquisición de lotes por parte de los Parques Industriales Públicos y Mixtos inscriptos en el citado Registro.

Que, dadas las nuevas formas de producción basadas en el uso intensivo de tecnologías y nuevos conocimientos que aplican las industrias, es menester acompañar este cambio de paradigma con una nueva clasificación de agrupamientos productivos que contemple esta especificidad caracterizada por la incorporación de innovación a partir de los vínculos necesarios entre el sector de ciencia, tecnología y educación, como así también el sector productivo.

Que, en dicho contexto, se tiene como finalidad facilitar la radicación de empresas en un Parque Industrial, como así también potenciar las sinergias derivadas de la localización común de las que ya estén radicadas, promover la competitividad de los sectores, incentivar las exportaciones, fomentar la mejora de las capacidades en innovación e impulsar la integración de valor en la industria y los servicios.

Que, en ese orden, se prevé la coordinación con el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD u otro organismo que corresponda, para asistir conjuntamente la realización de obras de infraestructura extramuros que potencien la ejecución de proyectos que den respuestas a las necesidades regionales y sectoriales.

Que, frente a los nuevos desafíos que está experimentando el mundo del trabajo, los cambios tecnológicos, las tendencias demográficas, sociales y ambientales, se considera oportuno fomentar el desarrollo de los Parques Industriales impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura de un desarrollo industrial sostenible e inclusivo aplicando políticas de género y diversidad.

Que es imprescindible un alto grado de coordinación y cooperación entre los diferentes organismos de la Administración Pública y niveles jurisdiccionales para dar cumplimiento a los objetivos propuestos con el consecuente robustecimiento del sistema federal y el aprovechamiento de las economías regionales como complemento indispensable de las políticas nacionales de desarrollo.

Que, con el fin de complementar la articulación federal e institucionalizar un espacio de intercambio para el desarrollo regional, se considera oportuna la creación del Observatorio Nacional de Parques Industriales en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que mediante el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se establecieron los objetivos de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA entre los cuales se encuentra el de entender y analizar la problemática de los diferentes sectores industriales, detectando las necesidades de asistencia financiera y tecnológica, entre otras, así como el de promover el financiamiento productivo, tanto a nivel sectorial como regional.

Que, en función de ello, resulta adecuado facultar al Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, a ejercer las funciones de coordinación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales creado por la presente medida.

Que, asimismo, resulta apropiado prever la validez y continuidad de las presentaciones en trámite relacionadas con las rendiciones de cuentas, solicitudes de inscripción al REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) o de percepción de beneficios al amparo del Decreto N° 915/10 y sus modificatorios ya que, además de obedecer a un imperativo legal, deviene necesaria con el fin de verificar el destino, la intangibilidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos y el adecuado ejercicio de las actividades específicas de control.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase el "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales" que tendrá por objeto promover el ordenamiento territorial impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura del desarrollo industrial, de incidir en la planificación productiva local, en el desarrollo sustentable e inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar las sinergias derivadas de la localización común, cuya descripción obra en el ANEXO (IF-2020-31450087-APN-SIECYGCE#MDP) que forma parte integrante de la presente medida.
El programa creado precedentemente contemplará herramientas destinadas al financiamiento de:
i. estudios para la constitución, ampliación o regularización de Parques Industriales,
ii. ejecución de obras de infraestructura intramuros, según características del Parque,
iii. radicación de empresas o ampliación de sus capacidades productivas en un Parque Industrial,
iv. la adquisición de lotes por parte de los Parques Industriales y
v. obras de infraestructura extramuros en Parques Industriales Públicos y Mixtos, las que se efectivizarán a través de los organismos públicos nacionales o locales con competencia en la materia de que se trate, con intervención previa del Observatorio creado en el artículo 3° del presente decreto.
Las herramientas del Programa para alcanzar dichos objetivos son las que se detallan en el punto 2 del Anexo de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y sus modificatorios, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2°.- Créase el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO con el objeto de recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas radicadas en los mismos, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas.
El mismo contendrá una clasificación específica destinada a registrar las inscripciones de Parques Industriales Tecnológicos, entendidos como aquellos donde se promueva la radicación de empresas de base científica tecnológica, en un entorno innovador, con alta tecnología y vinculación con el sector académico y de la investigación".

ARTÍCULO 3°.- Créase el Observatorio Nacional de Parques Industriales con el objeto de contar con una herramienta que permita adoptar definiciones en materia de asignación de los beneficios contemplados en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, analizar aquellas solicitudes relacionadas con la realización de obras extramuros, así como implementar un abordaje integral de la temática tendiente a generar políticas federales y facilitar un espacio de intercambio para promover el desarrollo regional a partir de la promoción de las políticas vinculadas a los parques industriales en todo el territorio nacional, fomentando el asociativismo y el cooperativismo dentro de los mismos.
El Observatorio Nacional de Parques Industriales estará integrado por miembros que al efecto convoque la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las proporciones que la misma determine, debiendo reflejarse en el mismo la representación de diversas instituciones públicas o privadas de jurisdicción nacional, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales que puedan tener injerencia en la temática relacionada con la infraestructura y servicios en general y Parques Industriales en particular.
Sus miembros ejercerán sus funciones con carácter ad honorem.

ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación determinará las formas y condiciones en las que los beneficiarios y las beneficiarias deberán acreditar el correcto destino de los fondos otorgados en concepto de Aportes No Reintegrables o mediante crédito con bonificación de tasa nominal.

ARTÍCULO 5°.- Desígnase a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación del "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales", quedando facultada para suscribir convenios en el ámbito de sus competencias y dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Programa 43 - Actividad 8.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que las presentaciones formalizadas al amparo del Decreto Nº 915/10 y sus modificatorios que se encontraren en trámite al momento del dictado del presente decreto, podrán ser reencauzadas de conformidad con las previsiones contempladas en el mismo y las que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación, pudiendo solicitar información adicional en caso de considerarlo pertinente.

ARTÍCULO 8º.- Deróganse los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del Decreto N° 915/10 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 9°.- La presente medida comenzará a regir el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

 

                                                                                                                                                                          ANEXO:

PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES

1. DEFINICIONES:

A los efectos del presente Programa, se entenderá por:

a) Parque Industrial: aquellos predios planificados y diseñados para la radicación de industrias y servicios para la industria, respetando las particularidades regionales y localizados en base a planes de desarrollo territorial y urbano. Disponen de infraestructura y servicios comunes consolidados o en proceso de desarrollo fomentando la radicación de nuevas empresas.

b) Parque Industrial Público: aquellos Parques Industriales promovidos y gestionados exclusivamente por el ESTADO NACIONAL, Provincial o Municipal.

c) Parque Industrial Tecnológico o Parque del Conocimiento: Espacio productivo diseñado y organizado para fomentar la radicación y/o reorientación de empresas ya radicadas en unidades productivas que utilizan conocimiento e incorporan innovación de manera intensiva, siempre y cuando surja de una vinculación formal con entidades tecnológicas y/o educativas.

d) Parque Industrial Privado: aquellos Parques Industriales promovidos y gestionados exclusivamente por iniciativas particulares de personas jurídicas.

e) Parque Industrial Mixto: aquellos Parques Industriales promovidos y gestionados conjuntamente por organismos públicos y privados.

f) Obras Intramuros: aquellas obras dirigidas a la provisión de servicios públicos y/o a la construcción de obras dentro de un Parque Industrial Público o Mixto.

g) Obras Extramuros: aquellas obras de infraestructura que permitan la provisión de servicios públicos y obras viales externas a un Parque Industrial.

h) Estudios: aquellos estudios, análisis, verificaciones, etc., técnicos, que conforme la legislación aplicable resulten necesarios para la constitución, ampliación y/o regularización de los Parques Industriales Públicos y mixtos y/o para la realización en éstos de obras intramuros.

2. HERRAMIENTAS

A efectos de arribar a los objetivos planteados, el programa creado precedentemente contemplará el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR), Bonificación de Tasas de Interés de créditos o Ejecución de Obra Pública destinados a:

i- Financiar estudios para la constitución, ampliación y/o regularización de Parques industriales,

ii- Financiar obras intramuros para Parques Público y Mixtos inscriptos

en el Registro Nacional de Parques Industriales (en adelante) RENPI,

iii- Financiar la radicación de empresas en Parques Industriales

inscriptos en el RENPI,

iv- Financiar la ampliación de las capacidades productivas de empresas radicadas en un Parque Industrial inscripto en el RENPI,

v- Financiar la adquisición de lotes por parte de los Parques Públicos y Mixtos inscriptos en el RENPI,

vi- Coordinar la realización de obras extramuros en Parques Industriales que así lo requieran a través de obra pública ejecutada por los organismos públicos nacionales o locales con competencia en la materia de que se trate.

2.1 - APORTES NO REINTEGRABLES (ANR)

Los ANR serán otorgados por la Autoridad de Aplicación a los Parques Industriales Públicos y/o Mixtos que se encuentren inscriptos en el RENPI, resulten elegibles en los términos del PROGRAMA y cuenten con proyectos aprobados en las formas y condiciones que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación, hasta alcanzar un cupo total anual máximo para el Programa de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES ($2.400.000.000), según disponibilidad presupuestaria.

Los beneficios otorgados por Parque solicitante serán de hasta la suma de PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000) por petición y no podrán contar con más de un ANR en ejecución.

Los beneficios de ANRs, están destinados a la ejecución de obras de infraestructura intramuros exclusivamente en Parques Industriales Públicos y Mixtos, inscriptos en el RENPI, incluyendo los gastos que tuvieren lugar en concepto de estudios relacionados a la constitución, ampliación y/o regularización de los mismos.

El peticionante deberá aportar, por sí o a través de un tercero solidariamente responsable, como mínimo en concepto de contrapartida local, ya sea en forma de aporte en especie o de aporte monetario, recursos adicionales al aporte solicitado equivalentes al DIEZ POR CIENTO (10 %) de su monto.

La Autoridad de Aplicación evaluará y aprobará la forma de integración de la contrapartida aludida.

No resultará exigible el requisito de la contrapartida local citada precedentemente, en aquellos proyectos que faciliten y estimulen políticas de diversidad género en el ámbito productivo en los Parques Industriales Públicos y Mixtos. Dichos proyectos deben tender a incrementar la participación de género en la administración de los Parques Industriales, como así también incorporen obras públicas destinadas a la maternidad u otras políticas vinculadas a tal fin.

La solicitud de otorgamiento del beneficio deberá ser realizada por el organismo de promoción y gestión, según corresponda su carácter y los requerimientos que establezca la Autoridad de Aplicación.

Ejecución y cumplimiento:

En aquellos proyectos, en los que el monto solicitado en concepto de ANR supere el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del monto máximo permitido, el desembolso de los ANRs, podrá ser realizado en etapas y contra presentación de certificado de avance de obra.

La ejecución de las obras deberá realizarse en observancia de los plazos establecidos en el cronograma del Proyecto aprobado.

El beneficiario estará obligado a rendir cuentas de la correcta imputación de los fondos aportados en concepto de ANR, así como de la contrapartida local cuando ella correspondiera, en los plazos, formas y condiciones que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación

La Autoridad de aplicación de Parques Industriales practicará, por sí y/o por terceras instituciones técnicas públicas o privadas con las que se celebren convenios específicos al efecto, los controles periódicos y/o finales que considere pertinentes teniendo en cuenta el cronograma de obras presentado por el beneficiario.

2.2 BONIFICACIÓN DE TASA

A través de este instrumento se bonificará hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la tasa nominal anual de interés de préstamos a ser otorgados por entidades financieras con las cuales se celebraren convenios al efecto.
La herramienta de bonificación de tasa resultará aplicable a los créditos que se otorguen a los Parques Públicos o Mixtos inscriptos en el RENPI con destino a la ampliación de su superficie.
Asimismo resultará aplicable a los créditos que se otorguen a las Empresas con la finalidad de radicarse en un Parque Industrial Público, Privado o Mixto inscripto en el o incrementar la capacidad productiva de dichas empresas cuando ya se encuentren radicadas en un Parque Industrial Públicos, Privados o Mixtos inscripto en el RENPI.
Establécese en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000) el monto total anual de créditos a ser otorgados con la bonificación de tasa prevista precedentemente destinados a las empresas que estén localizadas o que tengan el fin de radicarse en los Parques Industriales Públicos, Privados o Mixtos, inscriptos en el RENPI y en PESOS MIL MILLONES ($ 1.000.000.000) el monto total anual de créditos a ser otorgados con la bonificación de tasa prevista precedentemente destinados a la ampliación mediante la adquisición de lotes por parte de los Parques Industriales Públicos y Mixtos inscriptos en el RENPI.
2.3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EXTRAMUROS
Aquellas Provincias y/o Municipios que presenten estudios y propuestas que evidencien la conveniencia de llevar adelante obras de infraestructura extramuros que permitan la provisión de servicios públicos y obras viales necesarias para el acceso a sus Parques Industriales Públicos o Mixtos, podrán presentar el proyecto ante la Autoridad de Aplicación, quien le dará participación al Observatorio creado por el artículo 3° del presente Decreto quien tomando en consideración las opiniones vertidas por sus integrantes, recomendará a la Autoridad de Aplicación acerca de la viabilidad y conveniencia de tales solicitudes y el curso de acción a ser adoptado para su ejecución.
En tanto se considere que tales obras benefician a las empresas radicadas en el Parque Industrial y estimula la radicación de otras, la Autoridad de Aplicación coordinará y articulará acciones con los organismos públicos de jurisdicción nacional o local, con competencia en la ejecución y financiamiento de la obra o servicio de que se trate, pudiendo a tal fin suscribir convenios al efecto.
La Autoridad de Aplicación establecerá las formas, plazos y condiciones que regirán la presentación, análisis e instrumentación de las solicitudes relacionadas a la ejecución de obras extramuros.
3. REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI):
3.1 Podrán formar parte del RENPI creado por el artículo 2° del Decreto N° 915 del 28 de junio de 2010 y ampliado por el artículo 2° del presente decreto, todo Parque Industrial, tanto Público, Privado o Mixto, de conformidad a las definiciones adoptadas en el punto 1 del presente Anexo que cumplan con los criterios, requisitos y formalidades que al efecto determine la Autoridad de Aplicación, quien emitirá la correspondiente constancia de inscripción.
3.2 A los fines de acceder a las herramientas contempladas en el presente Programa, los Parques Industriales deberán encontrarse inscriptos en el RENPI y encontrarse en cumplimiento del requisito de validación anual previsto en el punto 3.3 del presente Programa.
3.3 Todo Parque Industrial inscripto en el RENPI, deberá actualizar los datos consignados en el Registro al cumplirse cada año aniversario a contar desde la emisión de la constancia de inscripción correspondiente y será condición de acceso a los beneficios contemplados en el presente Programa.
3.4 Los Parques Industriales Públicos, Privados o Mixtos que a la fecha del dictado del presente Decreto se encontraren inscriptos en el RENPI, mantendrán su inscripción debiendo actualizar los datos consignados en el mismo a cumplirse cada año aniversario a contar desde la emisión de la constancia de inscripción correspondiente y será condición de acceso a los beneficios contemplados en el presente decreto.
La Autoridad de Aplicación establecerá las formas, plazos y condiciones que regirán el procedimiento de inscripción al RENPI así como respecto del procedimiento de actualización de datos anual previsto precedentemente.
4- CRITERIOS DE PONDERACIÓN:
Se tendrán en consideración, al momento del análisis de los proyectos presentados en el marco del presente Programa, aquellas solicitudes que incorporen líneas de acción vinculadas al desarrollo sostenible e inclusivo y que generen condiciones de eficiencia y sustentabilidad para las comunidades y el entramado productivo local o bien vinculadas al fomento de políticas de género en el ámbito de los Parques Industriales promovidos.
En ese sentido, serán priorizadas aquellas solicitudes presentadas por Pequeñas y Medianas Empresas en los términos de la Ley N° 24.467 y sus normas modificatorias y complementarias, así como aquellas solicitudes relacionadas a proyectos que promuevan:
1. El desarrollo de líneas de sustentabilidad en Parques Industriales, entendiendo por ello a aquellos proyectos que fomenten la eficiencia energética, incorporen la generación y utilización de energías renovables, tratamiento de efluentes, mejoras en la gestión de residuos, entre otras condiciones de sustentabilidad.
2. El desarrollo de Parques Industriales Tecnológicos o del Conocimiento entendiéndose por tales, a aquellos donde se promuevan la radicación de empresas de base científica tecnológica, en un entorno innovador, con alta tecnología y vinculación con el sector académico y de la investigación.
3. La incorporación de políticas de diversidad de género, tendientes a incrementar la participación de género en la administración de parques industriales como así también incorporen obras públicas destinadas a la maternidad u otras políticas dedicadas a tal fin.

IF-2020-31450087-APN-SIECYGCE#MDP

(1)Resolución 150/2020
Fecha: 09.09.2020
Publicado: 11.09.2020
RESOL-2020-150-APN-SIECYGCE#MDP

VISTO el Expediente Nº EX-2020-58442723- -APN-DGD#MDP y el Decreto Nº 716 de fecha 2 de septiembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 716 de fecha 2 de septiembre de 2020 se creó el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que tiene como objetivo promover el ordenamiento territorial, incidir en la planificación productiva local, en el desarrollo sustentable e inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar las sinergias derivadas de la localización común.

Que mediante el Artículo 2º del citado Decreto, se dispuso la ampliación del alcance del Registro Nacional de Parques Industriales, en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con el objetivo de optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas, contemplando asimismo en el mismo las inscripciones de Parques Industriales Tecnológicos.

Que, por su parte, el Artículo 3º del mencionado Decreto, previó en el mismo ámbito indicado en el considerando anterior, la creación de un Observatorio Nacional de Parques Industriales, con el fin de complementar la articulación federal e institucionalizar un espacio de intercambio para el desarrollo regional.

Que el citado Decreto estableció como Autoridad de Aplicación del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, quedando facultada para determinar las formas y condiciones para el otorgamiento de las herramientas de financiamiento definidas en el mismo.

Que, en consecuencia, la reglamentación de la normativa resulta imprescindible tanto para tornar operativos las herramientas de financiamiento creadas por ésta, como para establecer procedimientos claros y eficaces para su materialización.

Que, con el objeto de agilizar, simplificar y facilitar los procedimientos de presentación, análisis y evaluación de los proyectos, tanto para el peticionante como para la Administración Pública Nacional, resulta conveniente estandarizar las peticiones y delimitar el alcance de ciertos términos empleados en la normativa.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO tomó la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 716/20.

Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Reglamento Operativo del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales que como Anexo I IF-2020-58716357-APN-DNDRYS#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los modelos de Formularios conforme al siguiente detalle: A "Solicitud de inscripción o Actualización al Registro Nacional de Parques Industriales", B "Solicitud de Aportes No Reintegrables", C "Solicitud de Aportes No Reintegrables- Estudios de Prefactibilidad de Parques Industriales", D "Créditos con Bonificación de tasa - Parques Industriales", E "Créditos con bonificación de tasa – Empresas en Parques Industriales" y la documentación respaldatoria a dichas solicitudes, todos ellos contenidos en el Anexo II que como IF-2020-58716649-APN-DNDRYS#MDP, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Modelo de Certificado de Inscripción al RENPI el que, como Anexo III IF-2020-58716756-APN-DNDRYS#MDP, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- Establecese que las presentaciones formalizadas al amparo del Decreto Nº 915 de fecha 2010 y sus modificatorios, que se encontraren en trámite al momento del dictado del Decreto N° 716 de fecha 2 de septiembre de 2020, continuarán hasta su conclusión conforme a la normativa aplicable al momento del inicio de las mismas, pudiendo solicitarse información adicional en caso de considerarse pertinente.

ARTÍCULO 5º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII, AnexoIII)

 

 

(2)Decreto nº 915/2010
Créase un Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos. Autoridad de Aplicación.
Fecha: 28.06.2010
Publicado: 08.07.2010

VISTO el Expediente Nº S01:0118410/2010 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, y
CONSIDERANDO:
Que con el objeto de continuar profundizando el desarrollo industrial en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA, dando preeminencia a la implementación de políticas públicas activas que repercutan en las diferentes economías regionales, resulta conveniente crear un Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales Públicos que permita financiar obras de infraestructura en dichos establecimientos, y asimismo fomentar la radicación en ellos de Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la bonificación parcial de la tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos a otorgarse en el marco del presente Programa.
Que la finalidad del Programa permitirá mejorar la eficiencia de las Pequeñas y Medianas Empresas, potenciar las sinergias derivadas de la localización común, incentivar la agregación de valor a la industria manufacturera y de servicios —tanto mediante la radicación de empresas procesadoras de las materias primas en las zonas agrícolaganaderas intensivas como la innovación tecnológica—, promover la formalización de empresas y de personal, generar empleos, afianzar el desarrollo industrial regional a través de la utilización de espacios permitiendo la convivencia adecuada con áreas residenciales.
Que a tal efecto, el Programa prevé el otorgamiento de Aportes No Reintegrables a los Parques Industriales Públicos, para la realización de obras de infraestructura intramuros.
Que además se prevé la realización, a través del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, de obras de infraestructura extramuros que permitan potenciar a los citados Parques.
Que el ESTADO NACIONAL en el marco del mencionado Programa, bonificará parcialmente la tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos que se otorguen a empresas, a los fines de la radicación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas en los Parques Industriales Públicos.
Que asimismo, con el objeto de contar con una base de datos estadísticos actualizada que permita disponer de la oferta detallada de predios aptos para la radicación industrial en todo el Territorio Nacional, como así también la nómina de las empresas instaladas, se dispone la creación del Registro Nacional de Parques Industriales en el ámbito de la Unidad de Desarrollo Industrial Local dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO.
Que a los fines de complementar la base de datos ut supra mencionada, las Provincias y los Municipios, deberán informar al Registro Nacional de Parques Industriales, en el ámbito de sus competencias promocionales, los beneficios y/o cualquier tipo de subvención que otorgan a empresas ya radicadas en sus Parques Industriales Públicos. Los datos recopilados permitirán centralizar y difundir la información.
Que es imprescindible la cooperación y coordinación entre los distintos regímenes estaduales para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, con el consecuente afianzamiento y robustecimiento del sistema federal.
Que la presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes, además de obedecer a un imperativo legal, deviene necesaria a fin de verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos y el adecuado ejercicio de las actividades específicas de control.
Que resulta conveniente facultar a la Autoridad de Aplicación a dictar la normativa y/o reglamentación que resulte necesaria para su implementación.
Que la readecuación presupuestaria encuentra sustento en el Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias.
Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes en virtud de lo dispuesto por el Artículo 7, inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 2º — Créase el REGISTRO NACIONAL DE PARQUES INDUSTRIALES (RENPI) en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO con el objeto de recolectar, producir, monitorear, registrar y sistematizar datos e información sobre los Parques Industriales en todo el territorio nacional y las empresas radicadas en los mismos, para optimizar la planificación territorial y la gestión de políticas productivas.

El mismo contendrá una clasificación específica destinada a registrar las inscripciones de Parques Industriales Tecnológicos, entendidos como aquellos donde se promueva la radicación de empresas de base científica tecnológica, en un entorno innovador, con alta tecnología y vinculación con el sector académico y de la investigación.

(Artículo sustituido por art. 2º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 3º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 4º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 5º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 6º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 7º — (Artículo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
Artículo 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


                                                                                                                                                                 ANEXO
(Anexo derogado por art. 8º del Decreto Nº 716/2020 B.O. 3/9/2020. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)

Antecedentes Normativos
- Anexo, artículo 5º sustituido por art. 1° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Anexo, artículo 7º sustituido por art. 2° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Anexo, artículo 29 sustituido por art. 3° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Anexo, artículo 31 sustituido por art. 4° del Decreto N° 375/2014 B.O. 28/3/2014;
- Artículo 1°, (Nota Infoleg: por art.1° de la Resolución N° 212/2016 del Ministerio de Producción B.O. 30/5/2016 se delegan en el señor Secretario de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN las funciones de coordinación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario, creado por el presente Artículo. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial.);
- Artículo 5° sustituido por art. 1° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Artículo 5° sustituido por art. 5° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Artículo 7° sustituido por art. 6° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Anexo, artículo 1º sustituido por art. 2° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Anexo, artículo 2º sustituido por art. 3° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012;
- Anexo, artículo 3º sustituido por art. 4° del Decreto N° 778/2012 B.O. 30/5/2012.

Ley nº 24467
(Texto actualizado,modificado por las Leyes nº 25013, nº 25300, nº 25877, nº 27264 y nº 27444) 
Sancionada: 15.03.1995.
Promulgada: 23.03.1995.
Publicada: 28.03.1995

Disposiciones Generales. Objeto. Definición de PYMES. Instrumentos. Autoridad de aplicación. De forma. Sociedades de Garantía recíproca. Características y constitución. Capital Social, fondo de riesgo y beneficios. Organos sociales. Fusión, escisión y disolución. Contrato, garantía y contragarantía. Efectos del contrato entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el acreedor. Efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y los socios. Extinción del contrato de garantía recíproca. Beneficios Impositivos y Banco Central. Autoridad de aplicación. Disposiciones finales. Relaciones de Trabajo. Definición de pequeña empresa. Registro Unico de Personal. Modalidades de contratación. Disponibilidad colectiva. Movilidad interna. Preaviso. Formación profesional. Mantenimiento y regulación de empleo. Negociación colectiva. Salud y seguridad en el trabajo. Seguimiento y aplicación.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Sección I
Objeto
ARTICULO 1° - La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes. (1)(2)

Sección II
Definición de PYMES
ARTICULO 2° - Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, pudiendo contemplar, cuando así se justificare, las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del país y con base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes, personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la presente ley.
La autoridad de aplicación revisará anualmente la definición de micro, pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada.
La autoridad de aplicación establecerá las limitaciones aplicables a las empresas que controlen, estén controladas y/o se encuentren vinculadas a otra/s o grupo/s económicos nacionales o extranjeros, para ser micro, pequeñas y medianas empresas.
Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas.
Los organismos detallados en el artículo 8° de la ley 24.156 tendrán por acreditada la condición de micro, pequeña y mediana empresa con la constancia que, de corresponder, emitirá la autoridad de aplicación por los medios que a esos efectos establezca.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

Sección III
Instrumentos
ARTICULO 3° - Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tendiente a disminuir el costo del crédito. El monto de dicha bonificación será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a las MiPyMES nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la media nacional;
b) Las provincias del norte argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano;
c) Regiones en las que se registren niveles de Producto Bruto Geográfico (PBG) por debajo de la media nacional.
(Artículo sustituido por art. 42 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 4° - La bonificación a la que se refiere el artículo anterior, será solventada por el Estado nacional y estará especialmente destinada a:
a) Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa;
b) Créditos para la constitución de capital de trabajo;
c) Créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar amplios plazos de amortización, tasas comparables a las más bajas de plaza y períodos de gracia según el retorno de la inversión previsto;
d) Créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales organizativos y comerciales y contratación de servicios de consultoría, etcétera;
e) Créditos para financiar y prefinanciar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES.
ARTICULO 5° - La bonificación a que se refiere los artículos 3° y 4° y el fondo a que se refiere el artículo 6° se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTICULO 6° - A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de la presente ley, el Estado nacional a través de la autoridad de aplicación creará un fondo de garantía cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las empresas comprendidas en los programas a los que se refieren los citados artículos.
ARTICULO 7° - El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán líneas especiales para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Para tal fin, recurrirán especialmente a la utilización de fondos provenientes de instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo.
En ningún caso las condiciones de estos créditos podrán resultar menos ventajosas para las pequeñas y medianas empresas que las que rijan para los que con igual destino, se detallan en el artículo 4° de la presente.
ARTICULO 8° - El Poder Ejecutivo nacional estimulará a través de los diversos medios a su alcance la constitución en el ámbito privado de sociedades conocidas como calificadoras de riesgo, especializadas en evaluar el desempeño, la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas con el objeto de facilitar su operatoria financiera y comercial.
ARTICULO 9° - Con el fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la utilización de los múltiplos recursos que ofrece el mercado de capitales tales como la emisión de obligaciones negociables, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos pertinentes dictara las normas que resulten necesarias para agilizar y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir en todo lo posible los costos implícitos en esas operatorias.
ARTICULO 10° - Los bancos oficiales pondrán en juego todos los mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad de mercado de capitales de concurrir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces; entre otros, la emisión de Cédulas Hipotecarias.
ARTICULO 11. - Déjase establecido que los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), originados en las disposiciones de los artículos 2° de la ley 21.542 y 11 de la ley 23.020, serán destinados durante el año fiscal 1995 a atender los gastos que demanden la implementación de los nuevos instrumentos creados en virtud de la presente o la ampliación de los ya existentes.
ARTICULO 12. - Créase un sistema de información MIPyME que operará con base en las agencias regionales, que se crearán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente. El sistema de información MIPyME tendrá por objetivo la recolección y difusión de información comercial, técnica y legal que se juzgue de interés para la micro, pequeña y mediana empresa. Las instituciones públicas y privadas que adhieran a la red de agencias regionales según lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley, se comprometerán a contribuir al sistema de información MIPyME proporcionando los datos locales y regionales para la red.
(Artículo sustituido por art. 36 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 13. - El Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región.
En la organización de la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Producción privilegiará y priorizará la articulación e integración a la red de aquellas agencias dependientes de los gobiernos provinciales, municipales y centros empresariales ya existentes en las provincias. Todas las instituciones que suscriban los convenios respectivos deberán garantizar que las agencias de la red cumplan con los requisitos que oportunamente dispondrá la autoridad de aplicación con el fin de garantizar un nivel de homogeneidad en la prestación de servicios de todas las instituciones que integran la red.
Las agencias que conforman la red podrán funcionar como ventanilla de acceso a todos los instrumentos y programas actuales y futuros de que disponga el Ministerio de Producción para asistir al sector empresarial, así como también todos aquellos de otras áreas del Estado nacional destinados al sector que el mencionado Ministerio acuerde incorporar.
Las agencias promoverán la articulación de los actores públicos y privados que se relacionan con el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de diagnóstico y formulación de propuestas, en todos los aspectos vinculados al desarrollo regional.
La Red de Agencias de Desarrollo Productivo organizada por el Ministerio de Producción buscará fomentar la articulación, colaboración y cooperación institucional, la asociación entre el sector público y el privado y el cofinanciamiento de actividades entre el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
(Artículo sustituido por art. 35 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 14. - Con idéntico propósito encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a movilizar, racionalizar y fortalecer tanta los cursos de acción como los recursos de los Institutos Nacionales de Tecnología agropecuaria (INTA) de Tecnología Industrial (INTI) y de Tecnología Minera (INTEMIN) y de los restantes centros e institutos de investigación y de capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia, cuyas actividades guarden relación con el accionar de las PYMES.
ARTICULO 15. - Consolidar y extender los polos productivos en el interior del país para facilitar la convergencia de esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y empresas, de manera de mejorar la competitividad de las PYMES ubicadas en las economías regionales y sus posibilidades de inserción en el mercado internacional.
ARTICULO 16. - El Estado nacional priorizará la profundización, ampliación y difusión del Programa de Desarrollo de Proveedores de manera de tender a optimizar la vinculación entre las empresas PYMES proveedoras y las grandes empresas.
ARTICULO 17. - El Estado nacional tomará los recaudos necesarios para que el Programa al que se refiere el artículo anterior incorpore paulatinamente a sus propios proveedores PYMES.
ARTICULO 18. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional diseñar y poner en práctica medidas que incentiven y contribuyan a que las pequeñas y medianas empresas produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad.
Entre otras, propiciará su incorporación progresiva al Sistema Nacional de Certificación de Calidad estableciendo, por la vía reglamentaria, plazos adecuados pero ciertos para la incorporación de sus proveedores PYMES al mismo y a su vez invitando a los estados provinciales a adoptar medidas similares.
ARTICULO 19. - La autoridad de aplicación promoverá la formación de Consorcios de empresas PYMES con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación, deforma tal de orientarlos hacia el aprovechamiento de las ventajas de localización adecuada, economías de escala, masa crítica de oferta, etcétera, que caracteriza a este tipo de asociaciones.
La erogación que demande el cumplimiento del presente artículo se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTICULO 20. - Se establecerán, a través de los organismos competentes políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las PYMES, con particular acento en su proceso de inserción en los mercados de la región.
ARTICULO 21. - Se diseñarán y desarrollarán instrumentos que induzcan y faciliten el proceso de especialización de las empresas pequeñas y medianas, de forma tal de incrementar su competitividad y, en consecuencia, su acceso a los mercados externos a partir del Mercosur.
Se deberán privilegiar aquellas herramientas que potencien la proyección exportadora de las PYMES, esto es el diseño, la calidad y la promoción del producto, la financiación de las exportaciones, etcétera.
ARTICULO 22. - El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el concurso de las áreas de gobierno que resulten pertinentes desarrollará un Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las pequeñas y medianas empresas.
El mismo tendrá como principales objetivos mejorar la capacidad de gerenciamiento y el conocimiento de los mercados, inducir conductas que den adecuadas respuestas frente a la constante evolución de los mismos y estimulen un crecimiento sostenido de la productividad de las PYMES.
Con el objeto de adecuar los contenidos de la capacitación a las necesidades concretas de los empresarios PYMES se estimulará la participación y el asesoramiento de las entidades gremiales empresarias en el citado Programa Nacional de Capacitación.
El Programa Nacional de Capacitación se desarrollará en forma descentralizada a través de convenios con las provincias, las municipalidades y las universidades.
ARTICULO 23. - El Estado nacional continuará instrumentando y desarrollando herramientas crediticias y de capacitación específicamente destinadas a las microempresas.
ARTICULO 24. - Arbitrar los medios que promuevan la reconversión de las PYMES en consonancia con la preservación del medio ambiente y los estándares internacionales que rijan en la materia, estimulando la utilización de tecnologías limpias compatibles con un desarrollo sostenible.
ARTICULO 25. - La autoridad de aplicación queda facultada para entender y proponer toda modificación a procedimientos administrativos previstos en cualquier norma legal, siempre que por ese medio se logren para la Pyme efectivas reducciones de los tiempos y costos de gestión.
ARTICULO 26. - Facúltase a la autoridad de aplicación para fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y defensa de la competencia con aplicación específica a las relaciones de las PYMES con las grandes empresas sean estas sus clientes o proveedores, las que deberán prever la intervención del organismo competente en casos de atraso injustificado o descuentos indebidos en pagos, ya fuere por provisión de bienes o contratación de servicios.
ARTICULO 27. - La autoridad de aplicación creará un Registro de Empresas MiPyMES que tendrá las finalidades que se establecen a continuación:
a) Contar con información actualizada sobre la composición y características de los diversos sectores Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo de estas empresas;
b) Recabar, registrar, digitalizar y resguardar la información y documentación de empresas que deseen o necesiten acreditar, frente a la autoridad de aplicación o cualquier otra entidad pública o privada, la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa conforme las pautas establecidas por la autoridad de aplicación;
c) Emitir certificados de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa, a pedido de la empresa, de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Con el objeto de simplificar la operación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la autoridad de aplicación tendrá las facultades de modificar y ampliar las finalidades del Registro de Empresas Mipymes, como así también de articular acciones con cualquier otro organismo o autoridad, tanto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como municipal, que resulten pertinentes para dar cumplimiento con las finalidades del registro.
Los citados organismos y autoridades deberán brindar al registro la información y documentación que la autoridad de aplicación le requiera, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la información y documentación incluidas en el Registro de Empresas Mipymes, podrá ser consultada y utilizada por los organismos del sector público nacional, comprendidos en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, como así también instituciones privadas, entre otros, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información. (Inciso sustituido por art. 5° de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
(Artículo sustituido por art. 33 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 28. - El Poder Ejecutivo nacional elevará todos los años al Honorable Congreso de la Nación en la ley de Presupuesto, una propuesta donde se prevea un porcentaje mínimo de las compras del Estado nacional, las que, siempre y cuando exista oferta adecuada habrán de ser contratadas con pequeñas y medianas empresas.
ARTICULO 29. - Al solo efecto de atender a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, transfiérense los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME) ley 21.542 y 23.020, a la autoridad de aplicación de la presente ley.

Sección IV
Autoridad de aplicación
ARTICULO 30. - El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al presente título.
Invítase a los Gobiernos Provinciales y Municipales a adherir a las disposiciones del presente capítulo.

Sección V
De forma
ARTICULO 31. - Derógase la ley 23.020/82 y toda otra ley y/o norma en lo que se oponga a la presente.

TITULO II
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA

Sección I
De las características y constitución
ARTICULO 32. - Caracterización. Créanse las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) con el objeto de facilitar a las PYMES el acceso al crédito.
Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) se regirán por las disposiciones del presente título y supletoriamente la Ley de Sociedades en particular las normas relativas a las Sociedades anónimas.
ARTICULO 33. - Objeto. El objeto social principal de las sociedades de garantía recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley.
Además, podrán otorgar garantías a terceros.
Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.
(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 34. - Límite operativo. Las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) no podrán asignar a un mismo socio partícipe, o a terceros, garantías superiores al cinco por ciento (5%) del valor total del fondo de riesgo de cada SGR.
Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del veinticinco por ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo. En la condición de acreedor deberán incluirse las empresas controladas, vinculadas y las personas humanas y/o jurídicas que integren el mismo grupo económico de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación.
Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos otorgados por entidades bancarias y las garantías otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados dependientes de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no desarrollen actividades comerciales, industriales o financieras.
La autoridad de aplicación podrá autorizar mayores límites operativos con carácter general en virtud del desarrollo del sistema. Asimismo, podrá exceptuar de los límites operativos a casos particulares, con carácter excepcional y por decisión fundada, siempre que se presenten algunas de las siguientes circunstancias:
a) Respecto del límite aplicable a los acreedores: cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, centralizados y descentralizados nacionales, provinciales o municipales que desarrollen actividades comerciales, industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina y/o agencias internacionales de crédito.
En estos casos deberá acreditarse que las condiciones de financiamiento, en el costo y/o en el plazo, representan un beneficio real para las Mipymes;
b) Respecto del límite aplicable al socio partícipe: cuando la Sociedad de Garantía Recíproca tenga garantías vigentes como mínimo al treinta por ciento (30%) de sus socios partícipes, podrá autorizarse una garantía de hasta un quince por ciento (15%) del valor total del fondo de riesgo por cada sociedad de garantía recíproca siempre que dicho monto no supere las ventas del último semestre calendario del solicitante.
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
(Nota Infoleg: Ver Resolución N° 440/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa B.O. 11/10/2019, autorizaciones transitorias. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 35. - Operaciones prohibidas. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas a las de su objeto social.
ARTICULO 36. - Denominación. La denominación social deberá contener la indicación "Sociedades de Garantía Recíproca", su abreviatura o las siglas S.G.R.
ARTICULO 37. - Tipos de socios. La sociedad de garantía recíproca estará constituida por socios partícipes y socios protectores.
Serán socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones.
A los efectos de su constitución toda sociedad de garantía recíproca deberá contar con un mínimo de socios partícipes que fijará la autoridad de aplicación en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme.
Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.
Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 38. - Derechos de los socios partícipes. Los socios partícipes tendrán los siguientes derechos además de los que les corresponde según la ley 19.550 y sus modificaciones.
1. Recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello.
2. Solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establece en el artículo 47.
ARTICULO 39. - Derechos de los socios protectores. Los socios protectores tendrán los derechos que les corresponden según la ley 19.550 y sus modificaciones.
ARTICULO 40. - Exclusión de socios. El socio excluido sólo podrá exigir el reembolso de las acciones conforme al procedimiento y con las limitaciones establecidas en el artículo 47. Los socios protectores no podrán ser excluidos.
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 41. - De la constitución. Las Sociedades de Garantía Reciproca (S.G.R) se constituirán por acto único mediante instrumento público que deberá contener, además de los requisitos exigidos por La ley 19.550 y sus modificatorias, los siguientes:
1. Clave única de identificación tributaria de los socios partícipes y protectores fundadores.
2. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quienes pueden ser socios partícipes en la sociedad.
3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones.
4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.
5. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.
ARTICULO 42. - Autorización para su funcionamiento. Las autorizaciones para funcionar a nuevas sociedades, así como los aumentos en los montos de los fondos de riesgo de las sociedades ya autorizadas, deberán ajustarse a los procedimientos de aprobación que fija la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación otorgará a cada sociedad de garantía recíproca en formación que lo solicite, una certificación provisoria del cumplimiento de los requisitos que establezca para autorizar su funcionamiento. Previo a la concesión de la autorización efectiva, la sociedad de garantía recíproca deberá haber completado el trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio o autoridad local competente.
(Artículo sustituido por art. 19 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 43. - El incumplimiento por parte de las personas humanas y jurídicas de cualquier naturaleza de las disposiciones del título II de la presente ley y su reglamentación dará lugar a la aplicación, en forma conjunta o individual, de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las demás previstas en la presente norma, de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones, en virtud de lo dispuesto por el artículo 32 de la presente ley y las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Desestimación de garantías del cómputo de los grados de utilización que se requiere para acceder a la desgravación impositiva prevista en el artículo 79 de la ley 24.467 y su modificatoria;
b) Apercibimiento;
c) Apercibimiento, con obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los portales de la autoridad de aplicación, y hasta en dos (2) diarios de circulación nacional a costa del sujeto punido;
d) Multas aplicables a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y/o, según si fuera imputable un incumplimiento específico, a los integrantes de los órganos sociales de la misma. Las multas podrán establecerse entre un monto de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos veinte millones ($ 20.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar dichos topes mínimos y máximos cada dos (2) años;
e) Expulsión del socio protector o partícipe incumplidor, como así también, la prohibición de incorporarse, en forma permanente o transitoria, al sistema por otra Sociedad de Garantía Recíproca (SGR);
f) Inhabilitación, temporaria o permanente, para desempeñarse como directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en el Título II de la ley 24.467 y su modificatoria;
g) Inhabilitación transitoria para operar como Sociedad de Garantía Recíproca (SGR);
h) Revocación de la autorización para funcionar como tal.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera total o parcial. A los fines de la fijación de las sanciones antes referidas la autoridad de aplicación deberá tener especialmente en cuenta: la magnitud, de la infracción; los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor; el volumen operativo y el fondo de riesgo del infractor; la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización. En el caso de las personas jurídicas responderán solidariamente los directores, administradores, síndicos o miembros del consejo de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del consejo de calificación, respecto de quienes se haya determinado responsabilidad individual en la comisión de las conductas sancionadas.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento correspondiente a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
Contra la resolución que disponga la imposición de sanciones podrá recurso de revocatoria ante la autoridad de aplicación, con apelación en subsidio por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Ambos recursos tendrán efectos suspensivos.
(Artículo sustituido por art. 43 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 44. - Modificación de los estatutos. Será nula toda modificación a los estatutos de la sociedad que no cumpla con los siguientes requisitos:
1. Que el consejo de administración o los socios que realizan la propuesta formulen un informe por escrito justificando la necesidad de modificación de los estatutos.
2. En la convocatoria a asamblea general deberá detallarse claramente la modificación que se propone.
3. En la misma convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio legal el texto íntegro de la reforma propuesta y su justificación, pudiendo suplirse por la entrega o envío gratuito de dichos documentos, con acuse de recibo.
4 Se requerirá la aprobación de la propuesta de modificación por parte de la autoridad de aplicación.
5. Otorgada la autorización y aprobada en asamblea general, se procederá a la inscripción del mismo.

Sección II
Del capital social, fondo de riesgo y beneficios
ARTICULO 45. - Capital Social. El capital social de las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) estará integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. El estatuto social podrá prever que las acciones sean registrales.
El capital social mínimo será fijado por vía reglamentaria. El capital social podrá variar, sin re querir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quíntuplo de la misma.
La participación de los socios protectores no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del capital social y la de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo.
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 46. - Fondo de riesgo. La Sociedad de Garantía Recíproca deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.
Dicho fondo de riesgo estará constituido por:
1. Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la Asamblea general.
2. Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere.
3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios.
4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido.
6. El aporte de los socios protectores.
El Fondo de Riesgo podrá asumir la forma jurídica de un fondo fiduciario en los términos de la ley 24.441, independiente del patrimonio societario de la Sociedad de Garantía Recíproca. Esta podrá recibir aportes por parte de socios protectores que no sean entidades financieras con afectación específica a las garantías que dichos socios determinen, para lo cual deberá celebrar contratos de fideicomiso independientes del fondo de riesgo general. La reglamentación de la presente ley determinará los requisitos que deberán reunir tales aportes y el coeficiente de expansión que podrán tener en el otorgamiento de garantías. La deducción impositiva en el impuesto a las ganancias correspondientes a estos aportes será equivalente a dos tercios (2/3) de la que correspondiere por aplicación del artículo 79 de la presente ley, con los mismos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en dicho artículo. (Párrafo incorporado por art. 22 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 47. - Derecho al reembolso de las acciones. Todo socio partícipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el consejo de administración siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantía recíproca que hubiera celebrado, y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mínimo y respete lo establecido en el artículo 37. Tampoco procederá cuando la Sociedad de Garantía Recíproca estuviera en trámite de fusión, escisión o disolución.
Para ello tendrá que solicitarlo con una antelación mínima de tres (3) meses salvo que los estatutos contemplen un plazo mayor que no podrá superar el de un (1) año. El monto a reembolsar no podrá exceder del valor de las acciones integradas. No deberán computarse a tales efectos de la determinación del mismo, las reservas de la sociedad sobre las que los socios no tienen derecho alguno. E1 socio reembolsado responderá hasta dicho monto por las deudas contraidas por la sociedad con anterioridad a la fecha en que se produjo el reintegro por un plazo de cinco (5) años cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar las mismas.
En el caso de que por reembolso de capital se alterara la participación relativa de los socios partícipes y protectores, la sociedad de garantía recíproca les reembolsará a estos últimos la proporción de capital necesaria para que no se exceda el límite establecido en el último párrafo del artículo 45 de la presente ley. (Párrafo sustituido por art. 23 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
La reducción del capital social como consecuencia de la exclusión o retiro de un socio partícipe no requerirá del cumplimiento de lo previsto en el artículo 204, primero párrafo de la ley 19.550 y sus modificatorias, y será resuelta por el Consejo de Administración. (Párrafo incorporado por art. 24 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 48. - Privilegios. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) tendrán privilegio ante todo otro acreedor sobre las acciones de sus socios en relación a las obligaciones derivadas de los contratos de garantía recíproca vigentes. Las acciones de los socios partícipes no pueden ser objeto de gravámenes reales.
ARTICULO 49. - Cesión de las acciones. Para la cesión de las acciones a terceros no socios se requerirá la autorización del Consejo de Administración y éste la concederá cuando los cesionarios acrediten reunir los requisitos establecidos en los estatutos y asuman las obligaciones que el cedente mantenga con la Sociedad de Garantía Recíproca. Si el cesionario fuera asocio automáticamente asumirá las obligaciones del cedente.
(Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 50. - Aporte de capital. Los aportes deberán ser integrados en efectivo, como mínimo en un cincuenta por ciento (50 %) al momento de la suscripción. El remanente deberá ser integrado, también en efectivo en el plazo máximo de un (1) año a contar de esa fecha. La integración total será condición necesaria para que el socio partícipe pueda contratar garantías recíprocas.
ARTICULO 51. - Aumento del capital social. El capital fijado por los estatutos podrá ser aumentado por decisión de la asamblea general ordinaria hasta el quíntuplo de dicho monto. Cuando el incremento del capital social esté originado por la capitalización de utilidades, las acciones generadas por dicho incremento se distribuirán entre los socios en proporción a sus respectivas tenencias.
En caso de tratarse de emisión de nuevas acciones la integración de los aportes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 50.
Todo aumento de capital que exceda el quíntuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los votos totales de la asamblea general extraordinaria.
ARTICULO 52. - Reducción del Capital por pérdidas. Los socios deberán compensar con nuevos aportes, según las modalidades y condiciones estipuladas en el artículo 50 de esta ley, cualquier pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del treinta y cinco por ciento (35%) de las ampliaciones posteriores. El Consejo de Administración con cargo a dar cuenta a la Asamblea más próxima, podrá hacer uso efectivo de cualquier recurso económico que integre el patrimonio con la finalidad de reintegrar el capital de la sociedad y preservar la continuidad jurídica de la misma.
(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 53. - Distribución de los beneficios. Serán considerados beneficios a distribuir las utilidades líquidas y realizadas obtenidas por la Sociedad en el desarrollo de la actividad que hace a su objeto social.
Dichos beneficios serán distribuidos de la siguiente forma:
1. Reserva legal: cinco por ciento (5 %) anual hasta completar el veinte por ciento (20 %) del capital social.
2. El resto tendrá el siguiente tratamiento.
a) La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al capital aportado.
b) La parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al fondo de riesgo en un cincuenta por ciento (50 %), pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios.
En todos los casos en que proceda la distribución de los beneficios en efectivo a que se refiere este artículo, tanto los socios protectores como los socios partícipes deberán, para tener derecho a percibirlo, haber integrado la totalidad del capital social suscripto y no encontrarse por ningún motivo, en mora con la sociedad.

Sección III
De los órganos sociales
ARTICULO 54. - Organos sociales. Los órganos sociales de las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.), serán la asamblea general, el consejo de administración y la sindicatura, y tendrán las atribuciones que establece la ley 19.550 para los órganos equivalentes de las sociedades anónimas salvo en lo que resulte modificado por esta ley.
ARTICULO 55. - De la asamblea general ordinaria. La asamblea general ordinaria estará integrada por todos los socios de la Sociedad de Garantía Recíproca y se reunirá por lo menos una (1) vez al año o cuando dentro de los términos que disponga la presente ley, sea convocada por el Consejo de Administración. (Párrafo incorporado por art. 27 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
Serán de su competencia los siguientes asuntos:
1. Fijar la política de inversión de los fondos sociales.
2. Aprobar el costo de las garantías, el mínimo de contra garantías que la S.G.R. habrá de requerir al socio partícipe y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.
ARTICULO 56. - De la asamblea general extraordinaria. Serán de competencia de la asamblea general extraordinaria todas aquellas cuestiones previstas en la ley 19.550 y sus modificatorias y que no estuvieran reservadas a la asamblea general ordinaria.
ARTICULO 57. - Convocatoria de las asambleas generales. La asamblea general ordinaria deberá ser convocada por el consejo de administración mediante anuncio publicado durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad, con quince (15) días de anticipación como mínimo, a la fecha fijada para su celebración. En el anuncio deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar, orden del día y recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas.
La asamblea general extraordinaria será convocada por el consejo de administración o cuando lo solicite un número de socios que representen como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital social. En la convocatoria, deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar de reunión y el orden del día en el que deberán incluirse los asuntos solicitados por los socios convocantes y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. La convocatoria será publicada como mínimo con una antelación de TREINTA (30) días y durante CINCO (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en la que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad.
ARTICULO 58. - Quórum y mayoría. Tratándose de la primera convocatoria, las asambleas generales quedarán constituidas con la presencia de más del cincuenta y uno por ciento (51 %) del total de los votos de la sociedad debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un veinte por ciento (20 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad. En la segunda convocatoria, las asambleas generales serán válidas con la presencia de por lo menos treinta por ciento (30 %) de la totalidad de los votos de la sociedad, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.
Para decisión por asamblea de temas que involucren la modificación de los estatutos, la elección del consejo de administración, la fusión, escisión o disolución de la sociedad se requerirá una mayoría del sesenta por ciento (60 %) de los votos sobre la totalidad del capital social, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un treinta por ciento (30 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la Sociedad.
Para el resto de las decisiones se requerirá la mayoría simple de los votos presentes, salvo que los estatutos requieran otro tipo de mayoría. En todos los casos las mayorías deberán incluir como mínimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la Sociedad.
ARTICULO 59. - Representación en la asamblea. Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en las asambleas generales mediante autorización por escrito para cada asamblea. Sin embargo, un mismo socio no podrá representar a mas de diez (10) socios ni ostentar un número de votos superior al diez por ciento (10 %) del total.
ARTICULO 60. - Nulidad do voto. Será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión que se refiera a la imposibilidad de que la Sociedad pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayoría.
ARTICULO 61. - Consejo de administración. El Consejo de Administración tendrá por función principal la administración y representación de la sociedad y estará integrado por tres (3) personas de las cuales al menos una (1) representará a los socios partícipes y al menos una (1) representará a los socios protectores.
(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 62. - Competencia del consejo de administración. Será competencia del consejo de administración decidir sobre los siguientes asuntos:
1. El reembolso de las acciones existentes manteniendo los requisitos mínimos de solvencia.
2. Cuando las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se hubiesen visto obligadas a pagar en virtud de la garantía otorgada a favor de un socio por incumplimiento de éste, el consejo de administración dispondrá la exclusión del socio. También podrá proceder de la misma forma cuando no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo establecido en la presente ley y los estatutos sociales.
3. Decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad ad referéndum de la asamblea ordinaria.
4. Nombrar sus gerentes.
5. Fijar las normas con las que se regulará el funcionamiento del consejo de administración y realizar todos los actos necesarios para el logro del objeto social.
6. Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.
7 Proponer a la asamblea el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantías.
8. Otorgar o denegar garantías y/o bonificaciones a los socios partícipes estableciendo en cada caso las condiciones especiales que tendrá que cumplir el socio para obtener la garantía y fijar las normas y procedimientos aplicables para las contragarantías a que se refiere el artículo 71.
9. Determinar las inversiones a realizar con el patrimonio de la sociedad en el marco de las pautas fijadas por la asamblea.
10. Autorizar las transmisiones de las acciones conforme a lo establecido en la presente ley.
11. Someter a la aprobación de la asamblea general ordinaria el balance general y estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados del ejercicio.
12. Realizar cualesquiera otros actos y acuerdos que no están expresamente reservados a la asamblea por las disposiciones de la presente ley o los estatutos de la sociedad.
ARTICULO 63. - Sindicatura. Las Sociedades de Garantía Recíproca tendrán un órgano de fiscalización o sindicatura integrado por tres (3) síndicos designados por la asamblea general ordinaria.
ARTICULO 64. - Requisitos para ser síndicos. Para ser síndico se requerirá:
1. Ser abogado, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas o contador público con título habilitante.
2. Tener domicilio especial en la misma jurisdicción de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
ARTICULO 65. - Atribuciones y deberes. Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley l9.550 y sus modificatorias, son atribuciones y deberes de la sindicatura los siguientes:
1. Verificar en igual forma y periodicidad las inversiones, los contratos de garantía celebrados y el estado del capital social, las reservas y el fondo de riesgo.
2. Atender los requerimientos y aclaraciones que formule la autoridad de aplicación y el Banco Central de la República Argentina.

Sección IV
De la fusión, escisión y disolución
ARTICULO 66. - Fusión y escisión. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) sólo podrán fusionares entre sí o escindirse en dos (2) o más sociedades de la misma naturaleza, previa aprobación de la asamblea general con las mayorías previstas en el artículo 58 de la presente ley y autorización de la autoridad de aplicación, con los requisitos previstos en esta ley para su constitución.
El canje de las acciones de la sociedad o sociedades originales por las correspondientes a la o las sociedades nuevas, se realizará sobre el valor patrimonial neto. Cuando de resultas de esta forma de cálculo quedaren pendientes fracciones de acciones no susceptibles de ser canjeadas, se abonará en efectivo el valor correspondiente salvo que existieran contratos de garantía recíproca vigentes en cuyo caso el pago se realizará una vez extinguidos los mismos.
ARTICULO 67. - Disolución. La disolución de una Sociedad de Garantía Recíproca se verificará, además de las causales fijadas por la ley 19.550 y sus modificatorias, por las siguientes:
1. Por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el cuarenta por ciento (40 %) del capital.
2. Por disminución del capital social a un monto menor al mínimo determinado por vía reglamentaria durante un período mayor a tres (3) meses.
3. Por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación.

Sección V
Del contrato, la garantía y la contragarantía
ARTICULO 68. - Contrato de garantía recíproca. Habrá contrato de garantía recíproca cuando una Sociedad de Garantía Recíproca constituida de acuerdo con las disposiciones de la presente ley se obligue accesoriamente por un socio partícipe que integra la misma y el acreedor de éste acepte la obligación accesoria.
El socio partícipe queda obligado frente a la S.G.R. por los pagos que esta afronte en cumplimiento de la garantía.
ARTICULO 69. - Objeto de la obligación principal. El contrato de garantía recíproca tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partícipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social.
Dicho aseguramiento puede serlo por el total de la obligación principal o por menor importe.
ARTICULO 70. - Carácter de la garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en todos los casos por una suma fija y determinada, aunque el crédito de la obligación a la que acceda fuera futuro, incierto o indeterminado. El instrumento del contrato será título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio y hasta el importe de la garantía. La garantía recíproca es irrevocable.
ARTICULO 71. - De la contragarantía. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) deberán requerir contragarantías por parte de los socios partícipes y de los terceros en respaldo de los contratos de garantías con ellos celebrados.
El tomador del contrato de garantía recíproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de su operación.
La SGR podrá exceptuar del requisito de contragarantías a tipos determinados de operaciones con carácter general, así como a operaciones particulares.
(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 72. - Formas de contrato. El contrato de garantía recíproca es consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado.
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la celebración de contratos de garantía mediante instrumentos particulares no firmados, en los términos y condiciones que al efecto establezca.
(Artículo sustituido por art. 7° del Decreto N° 326/2020 B.O. 31/3/2020. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)

Sección VI
De los efectos del contrato entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el acreedor
ARTICULO 73. - Solidaridad. La Sociedad de Garantía Recíproca responderá solidariamente por el monto de las garantías otorgadas con el deudor principal que afianza, sin derecho a los beneficios de división y excusión de bienes.

Sección VII
De los efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y los socios
ARTICULO 74. - Efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el Socio. La Sociedad de Garantía Recíproca podrá trabar todo tipo de medidas cautelares contra los bienes del socio partícipe -deudor principal- en los siguientes casos:
a) Cuando fuese intimado al pago;
b) Si vencida la deuda el deudor no la abonara;
c) Si disminuyen el patrimonio del deudor, o utilizare sus bienes para afianzar nuevas obligaciones sin consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;
d) Si el deudor principal quisiera ausentarse del país y no dejare bienes suficientes y libres de todo gravamen para cancelar sus obligaciones;
e) Cuando el deudor principal incumpliere obligaciones societarias respecto de la Sociedad de Garantía Recíproca;
f) Cuando el deudor principal fuera una persona de existencia ideal y no diera cumplimiento a las obligaciones legales para su funcionamiento regular.
ARTICULO 75. - Quiebra del socio. Si el socio quebrase antes de cancelar la deuda garantizada, la Sociedad de Garantía Recíproca tiene derecho de ser admitida previamente en el pasivo de la masa concursada.
ARTICULO 76. - Subrogación de derechos. La Sociedad de Garantía Recíproca que cancela la deuda de sus socios sólo se subrogará en los derechos, acciones y privilegios del acreedor resarcido en la medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados.
ARTICULO 77. - Repetición. Si la Sociedad de Garantía Recíproca ha afianzado una obligación solidaria de varios socios, podrá repetir de cada uno de ellos el total de lo que hubiere pagado.

Sección VIII
De la extinción del contrato de garantía recíproca
ARTICULO 78. - Extinción del contrato de garantía recíproca. El contrato de garantía recíproca se extingue por:
a) La extinción de la obligación principal;
b) Modificación o novación de la obligación principal, sin intervención y consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;
c) Las causas de extinción de las obligaciones en general y las obligaciones accesorias en particular.

Sección IX
Beneficios impositivos y Banco Central
ARTICULO 79. - Beneficios impositivos. Los contratos de garantía recíproca instituidos bajo este régimen gozarán del siguiente tratamiento impositivo:
a) Exención en el impuesto a las ganancias, Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, por las utilidades que generen;
b) Exención en el impuesto al valor agregado, Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, de toda la operatoria que se desarrolle con motivo de los mismos.
Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo de los socios protectores y partícipes, serán deducibles del resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades, en el ejercicio fiscal en el cual se efectivicen, siempre que dichos aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mínimo de dos (2) años calendario, contados a partir de la fecha de su efectivización. En caso de que no se cumpla el plazo de permanencia mínimo de los aportes en el fondo de riesgo, deberá reintegrarse al balance impositivo del ejercicio fiscal en que tal hecho ocurra el monto de los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente, con más los intereses y/o sanciones que pudiere corresponderle de acuerdo a la ley 11.683 (texto ordenado 1998) y sus modificaciones.
La deducción impositiva a que alude el párrafo anterior operará por el ciento por ciento (100%) del aporte efectuado, no debiendo superar en ningún caso dicho porcentaje. El grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantía deberá ser como mínimo del ochenta por ciento (80%) como promedio en el período de permanencia de los aportes. En caso contrario, la deducción se reducirá en un porcentaje equivalente a la diferencia entre la efectuada al momento de efectivizar el aporte y el grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías, verificado al término de los plazos mínimos de permanencia de los aportes en el fondo. Dicha diferencia deberá ser reintegrada al balance impositivo del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal a aquel en que se cumplieron los plazos pertinentes a que alude este artículo, con más los intereses que pudieren corresponder de acuerdo a la ley 11.683 (texto ordenado 1998) y sus modificaciones. A los efectos de obtener la totalidad de la deducción impositiva aludida, podrá computarse hasta un (1) año adicional al plazo mínimo de permanencia para alcanzar el promedio del ochenta por ciento (80%) en el grado de utilización del fondo de riesgo, siempre y cuando el aporte se mantenga durante dicho período adicional. La autoridad de aplicación determinará la fórmula aplicable para el cálculo del grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías.
Todos los beneficios impositivos instituidos por el presente artículo serán extensivos bajo las mismas condiciones a los fondos de garantía provinciales o regionales constituidos por los gobiernos respectivos, existentes o que se creen en el futuro.
(Artículo sustituido por art. 29 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 80. - Banco Central. En la esfera de su competencia y en el marco de las disposiciones de la presente ley, el BCRA dispondrá las medidas conducentes a promover la aceptación de las garantías concedidas por las sociedades de que trata el presente régimen por parte de las entidades financieras que integran el sistema institucionalizado, otorgándoles a las mismas el carácter de garantías preferidas autoliquidables.
Asimismo el BCRA ejercerá las funciones de superintendencia en lo atinente a vinculaciones de las S.G.R. con los bancos y demás entidades financieras.
(Artículo sustituido por art. 30 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)

Sección X
Autoridad de aplicación
ARTICULO 81. - La autoridad de aplicación correspondiente al presente título será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, que también dictará las normas reglamentarias que fueran necesarias para su cumplimento y para la fiscalización y supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con excepción de lo dispuesto en el artículo 80.
La autoridad de aplicación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca tendrá, entre otras atribuciones, las siguientes:
a) Definir los criterios de inversión que deberán observar las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) pudiendo establecer inversiones obligatorias, de hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de los fondos de riesgo de cada sociedad, en fondos de garantía públicos que tengan entre sus objetivos el re-afianzamiento de las obligaciones por ellas contraídas;
b) Establecer un aporte solidario a uno o más Fondos de Garantías Públicos, de hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los nuevos aportes o reimposiciones que se realicen al fondo de riesgo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Con el objetivo de otorgar estabilidad al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), la autoridad de aplicación sólo podrá fijar dicho aporte a favor de Fondos de Garantías Públicos que tengan entre sus objetivos el reafianzamiento de las obligaciones contraídas por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y que se encuentren autorizados por la autoridad de aplicación para recibir dichos aportes;
c) Suscribir convenios con Fondos de Garantías Privados a fin de que los mismos se encuentren alcanzados por el régimen de supervisión y control del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR);
d) Aumentar, hasta un máximo de cuatro (4) años el período de permanencia mínimo requerido para que resulte procedente la deducción prevista en el artículo 79 de esta ley. Esto será aplicable a los aportes y reimposiciones efectuados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida;
e) Elevar el grado de utilización del fondo de riesgo promedio mínimo requerido durante el período de permanencia para que resulte procedente la deducción prevista en el artículo 79, hasta un porcentaje del cuatrocientos por ciento (400%).
Los fondos de garantías públicos nacionales, regionales y/o provinciales podrán constituir fondos de afectación específica en los términos del artículo 46 de la presente, conforme establezca su reglamentación.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

Sección XI
Disposiciones finales
ARTICULO 82. - Ley 19.550. Todas aquellas cuestiones no consideradas específicamente en el Título II de la presente ley se regirán por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificaciones.

TITULO III
RELACIONES DE TRABAJO

Sección I
Definición de pequeña empresa
ARTICULO 83. - El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa (P.E.) se regularán por el régimen especial de la presente ley.
A los efectos de este Capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes:
a) Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores.
b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de esta ley.
Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1° de enero de 1995.
La negociación colectiva de ámbito superior al de empresa podrá modificar la condición referida al número de trabajadores definida en el segundo párrafo punto a) de este artículo.
Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo segundo de este artículo

Sección II
Registro Unico de Personal
ARTICULO 84. - Las empresas comprendidas en el presente título podrán sustituir los libros y registros exigidos por las normas legales y convencionales vigentes por un registro denominando "Registro Unico de Personal".
ARTICULO 85. - En el Registro Unico de Personal se asentará la totalidad de los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación y será rubricado por la autoridad administrativa laboral competente.
ARTICULO 86. - En el Registro Unico de Personal quedarán unificados los libros, registros, planillas y demás elementos de contralor que se señalan a continuación:
a) El libro especial del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T., t.o. 1976);
b) La sección especial establecida en el artículo 13, apartado 1), del decreto 342/92;
c) Los libros establecidos por la ley 12.713 y su decreto reglamentario 118.755/42 de trabajadores a domicilio;
d) El libro especial del artículo 122 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la ley 22.248;
ARTICULO 87. - En el Registro Unico de Personal se hará constar el nombre y apellido o razón social del empleador, su domicilio y N° de C.U.I.T., y además se consignarán los siguientes datos:
a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
b) Número de C.U.I.L.;
c) Domicilio del trabajador;
d) Estado civil e individualización de sus cargas de familia;
e) Fecha de ingreso;
f) Tarea a desempeñar;
g) Modalidad de contratación;
h) Lugar de trabajo;
i) Forma de determinación de la remuneración asignada, monto y fecha de su pago;
j) Régimen provisional por el que haya optado el trabajador y, en su caso, individualización de su Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.).
k) Toda modificación que se opere respecto de los datos consignados precedentemente y, en su caso, la fecha de egreso.
La autoridad de aplicación establecerá un sistema simplificado de denuncia individualizada de personal a los organismos de seguridad Social.
ARTICULO 88. - El incumplimiento de las obligaciones registrales previstas en esta sección o en la ley 20.744 (t.o. 1976) podrá ser sancionado hasta con la exclusión del régimen de la presente ley, además de las penalidades establecidas en las leyes 18.694, 23.771 y 24.013.
La comprobación y el juzgamiento de las omisiones registrales citadas en el apartado anterior se realizará en todo el territorio del país conforme el procedimiento establecido en la ley 18.695 y sus modificatorias.

Sección III
Modalidades de contratación
ARTICULO 89. - (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998)

Sección IV
Disponibilidad colectiva
ARTICULO 90. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la poqueña empresa podrán modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria.
No podrá ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último párrafo del artículo 154 del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T., texto ordenado 1976).
ARTICULO 91. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres (3) períodos en el año.
ARTICULO 92. - (Artículo derogado por art. 41 de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004).
ARTICULO 93. - Las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario referidas a la pequeña empresa y decididas por la votación unánime de las representaciones que la integran podrán ejercer iguales disponibilidades a las previstas en los artículos 90 y 91 de esta ley con relación a iguales institutos regulados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario por la ley 22.248.

Sección V
Movilidad interna
ARTICULO 94. - El empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las categorías determinadas en los convenios colectivos de trabajo.

Sección VI
Preaviso
ARTICULO 95. - En las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador.
Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la presente ley.

Sección VII
Formación profesional
ARTICULO 96. - La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos.
El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos.
Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional.

Sección VIII
Mantenimiento y regulación de empleo
ARTICULO 97. - Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical signataria del Convenio Colectivo la modificación de determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables.
La asociación sindical tiene derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas.
Si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo que dure la modificación.
ARTICULO 98. - Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis, el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir total o parcialmente las indemnizaciones respectivas o financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos.

Sección IX
Negociación colectiva
ARTICULO 99. - La entidad sindical signataria del convenio colectivo y la representación de la pequeña empresa podrán acordar convenios colectivos de trabajo para el ámbito de estas últimas.
La organización sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación.
Podrán, asimismo, estipular libremente la fecha de vencimiento de estos convenios colectivos. Si no mediare estipulación convencional en contrario, se extinguirán de pleno derecho a los tres meses de su vencimiento.
ARTICULO 100. - Vencido el término de un convenio colectivo de trabajo o sesenta (60) días antes de su vencimiento, cualquiera de las partes signatarias podrá solicitar el inicio de las negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña empresa. A tal fin el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberá convocar a las partes.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio supone los siguientes derechos y obligaciones:
a) Concurrencia a la negociación y a las audiencias;
b) Intercambio de información;
c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo.
ARTICULO 101. - En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo específico para las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña empresa.
ARTICULO 102. - A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el convenio colectivo de trabajo contenga un capítulo específico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa, salvo que en la actividad de que se tratare se acreditara la existencia de un convenio colectivo específico para las pequeñas empresas.
ARTICULO 103. - Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de otro ámbito.

Sección X
Salud y seguridad en el trabajo
ARTICULO 104. - Las normas de salud y seguridad en el trabajo deberán considerar, en la determinación de exigencias, el número de trabajadores y riesgos existentes en cada actividad. Igualmente deberán fijar plazos que posibiliten la adaptación gradual de las P.E. a la legislación.

Sección XI
Seguimiento y aplicación
ARTICULO 105. - Créase una Comisión Especial de Seguimiento encargada de:
a) Evaluar el impacto del Título III de esta ley sobre el empleo, el mercado de trabajo, y la negociación colectiva;
b) Elaborar un informe anual acerca de la evolución de los tres factores del inciso anterior en el ámbito de la pequeña empresa;
c) Determinar el monto de la facturación anual a los efectos previstos en el articulo 83 de esta ley.
Esta Comisión estará integrada por tres (3) representantes de la Confederación General del Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de pequeños empleadores y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que presidirá las deliberaciones.
La Comisión Especial de Seguimiento podrá, además:
a) Intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de este capítulo y que las partes interesadas decidieran someterle;
b) Ser consultada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la reglamentación del presente capitulo.
ARTICULO 106. - El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al Título III de la presente ley.
ARTICULO 107. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. -

Antecedentes Normativos
- Artículo 72 sustituido por art. 16 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018;
- Artículo 81 sustituido por art. 121 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 72 sustituido por art. 120 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 71 sustituido por art. 119 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 34 sustituido por art. 118 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 33 sustituido por art. 117 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 2° sustituido por art. 26 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 27, inciso c) sustituido por art. 25 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 34 sustituido por art. 1° de la Ley N° 26496 B.O. 7/5/2009;
- Artículo 3° sustituido por art. 32 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- Artículo 13 sustituido por art. 35 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- Artículo 34 sustituido por art. 16 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- Artículo 43, último párrafo incorporado por art. 20 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000.

 

(1)Decreto nº 737/1995
Reglamentación del Título III, Relaciones del Trabajo de la Ley Nº 24.467.
Fecha: 30.05.1995
Publicado: 05.06.1995

VISTO la Ley Nº 24.467, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario reglamentar el Título III, Relaciones del Trabajo, de la Ley Nº 24.467 que requiere inmediata aplicación.
Que se aclara debidamente que la opción prevista en el artículo 84 de la Ley Nº 24.467, operará a partir de la fecha en la que el empresario rubrique el Registro Unico de Personal.
Que en el Registro Unico de Personal, se asentará a los trabajadores al producirse su ingreso, registrando los datos una sola vez, salvo que existan modificaciones.
Que cuando en el Registro Unico de Personal se utilicen fichas de microfilmación las mismas estarán formadas con elementos que posibiliten su visualización y permitan la inserción de las rúbricas pertinentes.
Que en el Registro Unico de Personal el empleador puede asentar el horario que cumple el trabajador no estando obligado en este caso llevar las planillas establecidas en los artículos 197 de la Ley de Contrato de Trabajo y 6º de la Ley Nº 11.544.
Que en el caso de trabajo a domicilio el empleador deberá llevar un registro complementario en donde asentará lo previsto en el artículo 6º del presente.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL es la autoridad de aplicación a todos los efectos del Título III de la Ley Nº 24.467.
Que el presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99 inciso 2º de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

REGISTRO UNICO DE PERSONAL
Artículo 1º — (artículo 84, Ley Nº 24.467) La opción a que se refiere el artículo 84 de la ley, según correspondiere surtirá efectos a partir de la fecha en la que el empresario rubrique el Registro Unico de Personal. Con anterioridad a la misma deberá llevar la documentación laboral mencionada en los incisos a), b), c) y d) del artículo 86 de la misma ley, según corresponda, así como las planillas, registros y otros elementos de contralor que exigen las normas vigentes.
Artículo 2º — (artículo 84, Ley Nº 24.467) El Registro Unico de Personal establecido por el artículo 84 de la Ley Nº 24.467 podrá consistir en un libro encuadernado, o bien ser llevado por fichas o planillas resultantes de utilizar sistemas de computación o microfilmación.
Artículo 3º — (artículo 85, Ley Nº 24.467) En el Registro Unico de Personal se asentará a los trabajadores al producirse su ingreso.
Los datos exigidos se registrarán una sola vez, sin necesidad de renovación periódica, salvo que se trate de modificaciones a los ya existentes, que se anotarán al momento de operarse.
Artículo 4º — (artículo 86, Ley Nº 24.467) En los casos en que se opte por fichas de microfilmación, las mismas estarán integradas con los elementos que posibiliten su visualización y deberán ser de un material que permita la inserción de las rúbricas pertinentes.
Artículo 5º — (artículo 86, Ley Nº 24.467) El empleador podrá consignar en el Registro Unico de Personal el horario que cumple el trabajador, en cuyo caso no estará obligado a llevar las planillas establecidas en los artículos 197 de la L.C.T. y 6º de la Ley Nº 11.544.
Artículo 6º — (artículo 86, inciso c), Ley Nº 24.467) En el Régimen de Trabajo a Domicilio regido por la Ley Nº 12.713 se llevará un registro complementario en el que se asentarán cantidades y fechas de entregas y devoluciones de las tareas encargadas a cada obrero a domicilio, descripción del artículo, su número obrero, precio por unidad y tarifa de salario.
Artículo 7º — (artículo 87 inciso i), Ley Nº 24.467) La exigencia del artículo 87, inciso i) de asentar el monto de la remuneración asignada no se aplicará para el régimen comprendido dentro de la Ley Nº 12.713, aplicándose exclusivamente para esta modalidad de trabajo la obligación de asentar la fecha de pago.
Artículo 8º — La autoridad de aplicación para el establecimiento del Registro Unico de Personal de la Ley será el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, que podrá celebrar convenios con las provincias para su mejor cumplimiento.
Artículo 9º — (artículo 89, Ley Nº 24.467) Apruébanse los modelos de contrato tipo para las modalidades de contrato por tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación aplicables a las pequeñas empresas conforme al artículo 89 de la Ley 24.467, que como Anexos I, II, III y IV forman parte del presente. Se autoriza al MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL a efectuar las modificaciones de los modelos aprobados.
Artículo 10. — (artículo 106, Ley Nº 24.467) Será autoridad de aplicación a todos los efectos del Título III de la Ley Nº 24.467 el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Artículo 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

                                                                                                                                                 ANEXO I

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 43. — El contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, es celebrado por un empleador y un trabajador inscripto como desempleado en la Red de Servicios de Empleo o que haya dejado de prestar servicios en el sector público por medidas de racionalización administrativa, bajo los requisitos y condiciones establecidos en los artículos siguientes.
ARTICULO 44. — El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el máximo no podrá exceder de dieciocho (18) meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de 6 (seis) meses como mínimo.
ARTICULO 45. — Los puestos de trabajo permanentes que hubieran quedado vacantes durante los últimos seis (6) meses no podrán ser cubiertos por personal contratado bajo esta modalidad salvo acuerdo en negociación colectiva o habilitación por la autoridad administrativa del trabajo, de conformidad con lo establecido en el art. 109.
El plazo previsto en este artículo comenzará a regir a partir de la sanción de la presente ley.
ARTICULO 46. — El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional del Empleo.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

                                                                                                                                              ANEXO II

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 47. — El contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, es el celebrado entre un empleador y un trabajador para la prestación de servicios en un nuevo establecimiento o una nueva línea de producción de un establecimiento preexistente, bajo los requisitos y condiciones establecidos en los artículos siguientes.
ARTICULO 48. — El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el máximo no podrá exceder de veinticuatro (24) meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de seis (6) meses como mínimo.
Cualquiera sea la fecha de celebración de los contratos establecidos bajo esta modalidad, su vigencia cesará a los cuatro (4) años de iniciada la nueva actividad.
ARTICULO 49. — El empleador deberá abstenerse de suspender o despedir colectivamente trabajadores de los antiguos establecimientos o líneas de producción, durante el año posterior a la celebración de contrataciones bajo esta modalidad, salvo que la medida se hallare fundada en justa causa. La violación de esta disposición convertirá tales acuerdos en contratos de trabajo por tiempo indeterminado.
ARTICULO 50. — El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales por este tipo de contrato a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional de Empleo.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

                                                                                                                                            ANEXO III

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 38. — En los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas, salvo las de práctica laboral para jóvenes y de trabajo formación la extinción de la relación de trabajo al vencimiento del plazo pactado o sus respectivas prórrogas, dará lugar a la percepción de una indemnización equivalente a medio salario mensual, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual devengada durante la vigencia del contrato, la que se acumulará a la indemnización sustitutiva del preaviso en el caso en que éste no se hubiera otorgado.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 51. — El contrato de práctica laboral para jóvenes es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, con formación previa, en busca de su primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos.
ARTICULO 52. — El contrato de práctica laboral se celebrará por un (1) año.
ARTICULO 53. — Serán requisitos para celebrar estos contratos, los siguientes:
a) Que los trabajadores acrediten formación técnica, profesional o laboral que los habilite para esa práctica laboral mediante certificación reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
b) Que la práctica laboral sea adecuada a su nivel de formación.
ARTICULO 54. — En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato, que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo, el que deberá ser validado por la autoridad administrativa de aplicación.
ARTICULO 55. — Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes en todo lo que no sea expresamente modificado por esta ley.
ARTICULO 56. — Cuando el contrato cesare en su vigencia por cumplimiento del plazo establecido en el artículo 52, el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.
En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976).
ARTICULO 57. — Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios familiares.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

                                                                                                                                                   ANEXO IV

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 58. — El contrato de trabajo-formación es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, sin formación previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una formación teórico-práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo.
ARTICULO 59. — El contrato de trabajo-formación tendrá un plazo de duración mínima de cuatro (4) meses y un máximo de dos (2) años.
ARTICULO 60. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá formular el plan general de alternancia de formación y trabajo, al que deberán adecuarse estos contratos.
El trabajo será realizado en la empresa. La formación podrá realizarse en la empresa cuando ésta cuente con un centro especializado para tal fin; en su defecto quedará a cargo de un organismo de los comprendidos en el título V, capítulo 1 de esta ley.
Entre un cuarto y la mitad del tiempo de trabajo deberá dedicarse a la formación, proporción que podrá concentrarse o alternarse con la de trabajo efectivo en la empresa.
ARTICULO 61. — La remuneración del tiempo de trabajo en la empresa estará a cargo del empleador. La remuneración del tiempo empleado en la formación del trabajador estará a cargo del Fondo Nacional del Empleo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
ARTICULO 62. — En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo y la formación recibida por el trabajador, el que será validado por la autoridad administrativa de aplicación.
ARTICULO 63. — Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes, en todo lo que no sea expresamente modificado por esta ley.
ARTICULO 64. — El contrato cesará en su vigencia por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.
En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976).
ARTICULO 65. — Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales, a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios familiares.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

 


(2)Decreto Nacional nº 908/1995
Establécese la Autoridad de Aplicación de los Títulos I y II de la Ley Nº 24467 y reglaméntanse artículos de la citada norma.
Fecha: 11.12.1995
Publicado: 20.12.1995

VISTO el Expediente Nº 080-003613/95 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y la Ley 24.467, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario designar la Autoridad de Aplicación de los Títulos I y II de la Ley 24.467, conforme lo establecen sus artículos 30 y 81, como asimismo reglamentar los artículos 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 34, 42, 43, 45 y 46, pertenecientes también a los Títulos I y II de la Ley. En cuanto al Título III su reglamentación ya se instrumentó a través del Decreto Nº 737 del 30 de mayo de 1995.
Que en relación a la caracterización de las empresas que se calificarán como pequeñas y medianas, y hasta tanto la Autoridad de Aplicación defina nuevos parámetros, se estima conveniente mantener el régimen actual establecido por la Resolución del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 401 de fecha 23 de noviembre de 1989 y sus modificatorias.
Que, asimismo, se estima conveniente en función del aprovechamiento de las instituciones existentes, identificar lo que ha de entenderse por calificadoras de riesgo a los efectos de la evaluación del desempeño de las pequeñas y medianas empresas, y en tal sentido se provee a ello mediante referencia al régimen del Decreto Nº 656 del 23 de abril de 1992.
Que, con respecto a la formación de Consorcios de pequeñas y medianas empresas, se mantiene el régimen de promoción actual del Decreto Nº 2586 del 22 de diciembre de 1992.
Que, en relación a los límites establecidos en el artículo 34, es necesario que los estatutos reglamenten las modalidades en que habrán de desenvolverse, ya que si nada se dijera al respecto, las sociedades de garantía recíproca se verán imposibilitadas de operar ya que la primera operación por necesidad lógica superara dichos límites por el solo hecho de ser la única.
Que a los efectos de la autorización para funcionar que debe otorgar la Autoridad de Aplicación según el artículo 42 de la Ley 24.467, se establece un doble sistema. Por un lado la posibilidad de elegir libremente las cláusulas estatutarias que habrán de regir la sociedad y en tal caso la Autoridad de Aplicación tendrá un plazo mayor para pronunciarse. Por otro lado, se dispone que la Autoridad de Aplicación apruebe un estatuto tipo de modo que las sociedades que lo adopten puedan ser autorizadas a funcionar en un lapso más breve. Asimismo se dispone la creación de un registro a tales efectos.
Que el artículo 31 de la Ley 19.550 (t.o. 1984) prohíbe a las sociedades en general, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, tomar o mantener participación en una u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales, autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en casos concretos, a disponer excepciones a dichos límites.
Que a fin de hacer efectivo el cumplimiento del espíritu de la Ley 24.467, orientando inversiones a sociedades de garantía recíproca, resulta procedente hacer uso de las facultades a que se refiere el artículo precedentemente reseñado, exceptuando en forma concreta a dichas sociedades de los límites establecidos por el referido artículo 31 de la Ley de Sociedades, en la medida que cuenten con la opinión favorable de la Autoridad de Aplicación.
Que, finalmente, se estima necesario reglamentar algunos aspectos vinculados a los alcances de las exenciones a los impuestos a las ganancias y al valor agregado establecidas en el artículo 79, incisos a) y b) de la Ley 24.467; ello con la finalidad de que las exenciones cumplan con el objeto promocional que se propone la Ley.
Que el Servicio Jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el inciso 2 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Establécese que la Autoridad de Aplicación de los Títulos I y II de la Ley 24.467 será EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SECRETARIA DE INDUSTRIA. Las competencias a que se refieren los artículos 2º y 3º de este decreto sólo podrán ser ejercidas por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
(Por el art. 17 del Decreto Nº 943/97 B.O. 22/09/1997 se modifica el presente artículo a los efectos de establecer como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.467 a la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA transfiriéndole las competencias asignadas en el articulado del citado Decreto y que fueran atribuidas originalmente al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS)
Artículo 2º — A los fines de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 24.467, serán de aplicación las definiciones establecidas por la Resolución del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 401 del 23 de noviembre de 1989, y sus modificatorias las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 208 del 24 de febrero de 1993 y Nº 52 del 13 de enero de 1994, en tanto la Autoridad de Aplicación no las modifique o sustituya.
Artículo 3º — Las bonificaciones de la tasa de interés para facilitar el acceso al crédito a las que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley 24.467, continuarán instrumentándose a través del Programa Trienal de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa instituido por Decreto Nº 2586 del 22 de diciembre de 1992, modificado por Decreto Nº 991 del 7 de mayo de 1993, como asimismo a través de otros mecanismos que oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación.
Artículo 4º — La bonificación especial de la tasa de interés a que se refiere el artículo 3º de la Ley 24.467 se determinará conforme a alguno de los parámetros establecidos en dicho artículo o a una combinación de ambos. Tal determinación estará a cargo de la Autoridad de Aplicación en cada oportunidad que se convoque a licitación en las entidades a través de las cuales se otorgarán los créditos a tasas bonificadas. Dicha decisión deberá contar con la conformidad de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Artículo 5º — Las evaluaciones a las que se refiere el artículo 8º de la Ley 24.467, podrán ser llevadas a cabo por las calificadoras de riesgo inscriptas en el registro previsto en el Decreto Nº 656/92, siendo además necesaria, la aprobación por parte de la COMISION NACIONAL DE VALORES dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de un manual de procedimientos específicos para la evaluación de las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 6º — Los fondos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 24.467, según lo establece el artículo 29 de la misma, serán asignados a la Autoridad de Aplicación con destino específico a los programas establecidos en el Decreto Nº 1091 del 7 de julio de 1994 (Sistema de Fortalecimiento de las Estructuras de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas), el Decreto Nº 1255 del 29 de julio de 1994 (Programa de Desarrollo de Proveedores) y Decreto Nº 1304 del 1º de agosto de 1994 (Régimen de Consolidación y Desarrollo de Polos Productivos Regionales), para ser ejecutados durante el año fiscal 1995.
Artículo 7º — La Autoridad de Aplicación dispondrá las acciones necesarias para instrumentar un Sistema Unico Integrado de Información y Asesoramiento para las Pequeñas y Medianas Empresas. A tales efectos, los organismos integrantes del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán disponer lo necesario para suministrar a la Autoridad de Aplicación antes del día 30 de octubre del corriente año, la información necesaria que conformar la base de datos, con el fin de proceder a su unificación. El servicio deberá ponerse en marcha el 1 de enero de 1996.
Los gastos que demande mantener el Sistema Unico Integrado de Información y Asesoramiento para las Pequeñas y Medianas Empresas, deberán imputarse a los créditos presupuestarios de la SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Se invita a los Gobiernos Provinciales y Municipales a participar en la conformación del Sistema Unico Integrado de Información y Asesoramiento a la Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 8º — La Autoridad de aplicación coordinar con los organismos involucrados en las disposiciones del artículo 13 de la Ley 24.467, junto con los institutos bajo su jurisdicción, las acciones necesarias y elevar las propuestas que estime pertinentes, con el fin de que se cumplan los objetivos de dicho artículo.
Artículo 9º — Para la promoción de la formación de Consorcios de Empresas Pequeñas y Medianas, enmarcada en el artículo 19 de la Ley 24.467, mantiénense los instrumentos y procedimientos establecidos en el Capítulo III del Decreto Nº 2586 del 22 de diciembre de 1992 y sus normas complementarias. Facúltase asimismo a la Autoridad de Aplicación a proponer normas sustitutivas o complementarias de dicho instrumento, en tanto la evolución de los factores económicos o la potenciación de esta herramienta lo hicieran necesario.
Artículo 10. — El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tendrá a su cargo coordinar la acción de los distintos organismos competentes en materia de comercio exterior, con el fin de definir las políticas más adecuadas para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 24.467.
Artículo 11. — La Autoridad de Aplicación instrumentar y coordinar con las distintas áreas de los Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales y con la participación del sector privado incluyendo a las entidades gremiales empresarias, el desarrollo del Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresariales y gerenciales de las Pequeñas y Medianas Empresas creado por el artículo 22 de la Ley 24.467.
Artículo 12. — Para los distintos programas y sistemas incluidos en la Ley 24.467, que hayan sido creados con anterioridad a la fecha de vigencia de la misma, mantiénense los instrumentos, procedimientos y normas reglamentarias actualmente vigentes que le son aplicables a cada uno de ellos.
Facúltase asimismo a la Autoridad de Aplicación a establecer o proponer normas sustitutivas o complementarias de las indicadas anteriormente; en función de factores económicos, necesidad de potenciación o de corrección, que cada una de las herramientas requiera en el futuro.
Art. 13. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 14. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 15. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 16. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 17. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 18. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 19. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 20. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 21. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 22. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 23. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 24. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 25. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 26. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 27. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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