Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Ley nº 24467
(Texto actualizado,modificado por las Leyes nº 25013, nº 25300, nº 25877, nº 27264 y nº 27444) 
Sancionada: 15.03.1995.
Promulgada: 23.03.1995.
Publicada: 28.03.1995

Disposiciones Generales. Objeto. Definición de PYMES. Instrumentos. Autoridad de aplicación. De forma. Sociedades de Garantía recíproca. Características y constitución. Capital Social, fondo de riesgo y beneficios. Organos sociales. Fusión, escisión y disolución. Contrato, garantía y contragarantía. Efectos del contrato entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el acreedor. Efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y los socios. Extinción del contrato de garantía recíproca. Beneficios Impositivos y Banco Central. Autoridad de aplicación. Disposiciones finales. Relaciones de Trabajo. Definición de pequeña empresa. Registro Unico de Personal. Modalidades de contratación. Disponibilidad colectiva. Movilidad interna. Preaviso. Formación profesional. Mantenimiento y regulación de empleo. Negociación colectiva. Salud y seguridad en el trabajo. Seguimiento y aplicación.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Sección I
Objeto
ARTICULO 1° - La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes. (1)(2)

Sección II
Definición de PYMES
ARTICULO 2° - Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, pudiendo contemplar, cuando así se justificare, las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del país y con base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes, personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la presente ley.
La autoridad de aplicación revisará anualmente la definición de micro, pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada.
La autoridad de aplicación establecerá las limitaciones aplicables a las empresas que controlen, estén controladas y/o se encuentren vinculadas a otra/s o grupo/s económicos nacionales o extranjeros, para ser micro, pequeñas y medianas empresas.
Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas.
Los organismos detallados en el artículo 8° de la ley 24.156 tendrán por acreditada la condición de micro, pequeña y mediana empresa con la constancia que, de corresponder, emitirá la autoridad de aplicación por los medios que a esos efectos establezca.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

Sección III
Instrumentos
ARTICULO 3° - Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tendiente a disminuir el costo del crédito. El monto de dicha bonificación será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a las MiPyMES nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de desempleo superiores a la media nacional;
b) Las provincias del norte argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano;
c) Regiones en las que se registren niveles de Producto Bruto Geográfico (PBG) por debajo de la media nacional.
(Artículo sustituido por art. 42 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 4° - La bonificación a la que se refiere el artículo anterior, será solventada por el Estado nacional y estará especialmente destinada a:
a) Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa;
b) Créditos para la constitución de capital de trabajo;
c) Créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar amplios plazos de amortización, tasas comparables a las más bajas de plaza y períodos de gracia según el retorno de la inversión previsto;
d) Créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales organizativos y comerciales y contratación de servicios de consultoría, etcétera;
e) Créditos para financiar y prefinanciar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES.
ARTICULO 5° - La bonificación a que se refiere los artículos 3° y 4° y el fondo a que se refiere el artículo 6° se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTICULO 6° - A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de la presente ley, el Estado nacional a través de la autoridad de aplicación creará un fondo de garantía cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las empresas comprendidas en los programas a los que se refieren los citados artículos.
ARTICULO 7° - El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán líneas especiales para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Para tal fin, recurrirán especialmente a la utilización de fondos provenientes de instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo.
En ningún caso las condiciones de estos créditos podrán resultar menos ventajosas para las pequeñas y medianas empresas que las que rijan para los que con igual destino, se detallan en el artículo 4° de la presente.
ARTICULO 8° - El Poder Ejecutivo nacional estimulará a través de los diversos medios a su alcance la constitución en el ámbito privado de sociedades conocidas como calificadoras de riesgo, especializadas en evaluar el desempeño, la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas con el objeto de facilitar su operatoria financiera y comercial.
ARTICULO 9° - Con el fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la utilización de los múltiplos recursos que ofrece el mercado de capitales tales como la emisión de obligaciones negociables, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos pertinentes dictara las normas que resulten necesarias para agilizar y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir en todo lo posible los costos implícitos en esas operatorias.
ARTICULO 10° - Los bancos oficiales pondrán en juego todos los mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad de mercado de capitales de concurrir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces; entre otros, la emisión de Cédulas Hipotecarias.
ARTICULO 11. - Déjase establecido que los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), originados en las disposiciones de los artículos 2° de la ley 21.542 y 11 de la ley 23.020, serán destinados durante el año fiscal 1995 a atender los gastos que demanden la implementación de los nuevos instrumentos creados en virtud de la presente o la ampliación de los ya existentes.
ARTICULO 12. - Créase un sistema de información MIPyME que operará con base en las agencias regionales, que se crearán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente. El sistema de información MIPyME tendrá por objetivo la recolección y difusión de información comercial, técnica y legal que se juzgue de interés para la micro, pequeña y mediana empresa. Las instituciones públicas y privadas que adhieran a la red de agencias regionales según lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley, se comprometerán a contribuir al sistema de información MIPyME proporcionando los datos locales y regionales para la red.
(Artículo sustituido por art. 36 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 13. - El Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región.
En la organización de la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Producción privilegiará y priorizará la articulación e integración a la red de aquellas agencias dependientes de los gobiernos provinciales, municipales y centros empresariales ya existentes en las provincias. Todas las instituciones que suscriban los convenios respectivos deberán garantizar que las agencias de la red cumplan con los requisitos que oportunamente dispondrá la autoridad de aplicación con el fin de garantizar un nivel de homogeneidad en la prestación de servicios de todas las instituciones que integran la red.
Las agencias que conforman la red podrán funcionar como ventanilla de acceso a todos los instrumentos y programas actuales y futuros de que disponga el Ministerio de Producción para asistir al sector empresarial, así como también todos aquellos de otras áreas del Estado nacional destinados al sector que el mencionado Ministerio acuerde incorporar.
Las agencias promoverán la articulación de los actores públicos y privados que se relacionan con el desarrollo productivo y entenderán, a nivel de diagnóstico y formulación de propuestas, en todos los aspectos vinculados al desarrollo regional.
La Red de Agencias de Desarrollo Productivo organizada por el Ministerio de Producción buscará fomentar la articulación, colaboración y cooperación institucional, la asociación entre el sector público y el privado y el cofinanciamiento de actividades entre el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
(Artículo sustituido por art. 35 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 14. - Con idéntico propósito encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a movilizar, racionalizar y fortalecer tanta los cursos de acción como los recursos de los Institutos Nacionales de Tecnología agropecuaria (INTA) de Tecnología Industrial (INTI) y de Tecnología Minera (INTEMIN) y de los restantes centros e institutos de investigación y de capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia, cuyas actividades guarden relación con el accionar de las PYMES.
ARTICULO 15. - Consolidar y extender los polos productivos en el interior del país para facilitar la convergencia de esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y empresas, de manera de mejorar la competitividad de las PYMES ubicadas en las economías regionales y sus posibilidades de inserción en el mercado internacional.
ARTICULO 16. - El Estado nacional priorizará la profundización, ampliación y difusión del Programa de Desarrollo de Proveedores de manera de tender a optimizar la vinculación entre las empresas PYMES proveedoras y las grandes empresas.
ARTICULO 17. - El Estado nacional tomará los recaudos necesarios para que el Programa al que se refiere el artículo anterior incorpore paulatinamente a sus propios proveedores PYMES.
ARTICULO 18. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional diseñar y poner en práctica medidas que incentiven y contribuyan a que las pequeñas y medianas empresas produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad.
Entre otras, propiciará su incorporación progresiva al Sistema Nacional de Certificación de Calidad estableciendo, por la vía reglamentaria, plazos adecuados pero ciertos para la incorporación de sus proveedores PYMES al mismo y a su vez invitando a los estados provinciales a adoptar medidas similares.
ARTICULO 19. - La autoridad de aplicación promoverá la formación de Consorcios de empresas PYMES con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación, deforma tal de orientarlos hacia el aprovechamiento de las ventajas de localización adecuada, economías de escala, masa crítica de oferta, etcétera, que caracteriza a este tipo de asociaciones.
La erogación que demande el cumplimiento del presente artículo se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
ARTICULO 20. - Se establecerán, a través de los organismos competentes políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las PYMES, con particular acento en su proceso de inserción en los mercados de la región.
ARTICULO 21. - Se diseñarán y desarrollarán instrumentos que induzcan y faciliten el proceso de especialización de las empresas pequeñas y medianas, de forma tal de incrementar su competitividad y, en consecuencia, su acceso a los mercados externos a partir del Mercosur.
Se deberán privilegiar aquellas herramientas que potencien la proyección exportadora de las PYMES, esto es el diseño, la calidad y la promoción del producto, la financiación de las exportaciones, etcétera.
ARTICULO 22. - El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el concurso de las áreas de gobierno que resulten pertinentes desarrollará un Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las pequeñas y medianas empresas.
El mismo tendrá como principales objetivos mejorar la capacidad de gerenciamiento y el conocimiento de los mercados, inducir conductas que den adecuadas respuestas frente a la constante evolución de los mismos y estimulen un crecimiento sostenido de la productividad de las PYMES.
Con el objeto de adecuar los contenidos de la capacitación a las necesidades concretas de los empresarios PYMES se estimulará la participación y el asesoramiento de las entidades gremiales empresarias en el citado Programa Nacional de Capacitación.
El Programa Nacional de Capacitación se desarrollará en forma descentralizada a través de convenios con las provincias, las municipalidades y las universidades.
ARTICULO 23. - El Estado nacional continuará instrumentando y desarrollando herramientas crediticias y de capacitación específicamente destinadas a las microempresas.
ARTICULO 24. - Arbitrar los medios que promuevan la reconversión de las PYMES en consonancia con la preservación del medio ambiente y los estándares internacionales que rijan en la materia, estimulando la utilización de tecnologías limpias compatibles con un desarrollo sostenible.
ARTICULO 25. - La autoridad de aplicación queda facultada para entender y proponer toda modificación a procedimientos administrativos previstos en cualquier norma legal, siempre que por ese medio se logren para la Pyme efectivas reducciones de los tiempos y costos de gestión.
ARTICULO 26. - Facúltase a la autoridad de aplicación para fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y defensa de la competencia con aplicación específica a las relaciones de las PYMES con las grandes empresas sean estas sus clientes o proveedores, las que deberán prever la intervención del organismo competente en casos de atraso injustificado o descuentos indebidos en pagos, ya fuere por provisión de bienes o contratación de servicios.
ARTICULO 27. - La autoridad de aplicación creará un Registro de Empresas MiPyMES que tendrá las finalidades que se establecen a continuación:
a) Contar con información actualizada sobre la composición y características de los diversos sectores Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo de estas empresas;
b) Recabar, registrar, digitalizar y resguardar la información y documentación de empresas que deseen o necesiten acreditar, frente a la autoridad de aplicación o cualquier otra entidad pública o privada, la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa conforme las pautas establecidas por la autoridad de aplicación;
c) Emitir certificados de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa, a pedido de la empresa, de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Con el objeto de simplificar la operación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la autoridad de aplicación tendrá las facultades de modificar y ampliar las finalidades del Registro de Empresas Mipymes, como así también de articular acciones con cualquier otro organismo o autoridad, tanto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como municipal, que resulten pertinentes para dar cumplimiento con las finalidades del registro.
Los citados organismos y autoridades deberán brindar al registro la información y documentación que la autoridad de aplicación le requiera, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer las condiciones y limitaciones en que la información y documentación incluidas en el Registro de Empresas Mipymes, podrá ser consultada y utilizada por los organismos del sector público nacional, comprendidos en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, como así también instituciones privadas, entre otros, garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información. (Inciso sustituido por art. 5° de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
(Artículo sustituido por art. 33 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 28. - El Poder Ejecutivo nacional elevará todos los años al Honorable Congreso de la Nación en la ley de Presupuesto, una propuesta donde se prevea un porcentaje mínimo de las compras del Estado nacional, las que, siempre y cuando exista oferta adecuada habrán de ser contratadas con pequeñas y medianas empresas.
ARTICULO 29. - Al solo efecto de atender a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, transfiérense los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME) ley 21.542 y 23.020, a la autoridad de aplicación de la presente ley.

Sección IV
Autoridad de aplicación
ARTICULO 30. - El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al presente título.
Invítase a los Gobiernos Provinciales y Municipales a adherir a las disposiciones del presente capítulo.

Sección V
De forma
ARTICULO 31. - Derógase la ley 23.020/82 y toda otra ley y/o norma en lo que se oponga a la presente.

TITULO II
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA

Sección I
De las características y constitución
ARTICULO 32. - Caracterización. Créanse las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) con el objeto de facilitar a las PYMES el acceso al crédito.
Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) se regirán por las disposiciones del presente título y supletoriamente la Ley de Sociedades en particular las normas relativas a las Sociedades anónimas.
ARTICULO 33. - Objeto. El objeto social principal de las sociedades de garantía recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley.
Además, podrán otorgar garantías a terceros.
Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.
(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 34. - Límite operativo. Las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) no podrán asignar a un mismo socio partícipe, o a terceros, garantías superiores al cinco por ciento (5%) del valor total del fondo de riesgo de cada SGR.
Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del veinticinco por ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo. En la condición de acreedor deberán incluirse las empresas controladas, vinculadas y las personas humanas y/o jurídicas que integren el mismo grupo económico de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación.
Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a créditos otorgados por entidades bancarias y las garantías otorgadas a organismos públicos centralizados o descentralizados dependientes de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no desarrollen actividades comerciales, industriales o financieras.
La autoridad de aplicación podrá autorizar mayores límites operativos con carácter general en virtud del desarrollo del sistema. Asimismo, podrá exceptuar de los límites operativos a casos particulares, con carácter excepcional y por decisión fundada, siempre que se presenten algunas de las siguientes circunstancias:
a) Respecto del límite aplicable a los acreedores: cuando los mismos resulten organismos públicos estatales, centralizados y descentralizados nacionales, provinciales o municipales que desarrollen actividades comerciales, industriales y financieras, entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina y/o agencias internacionales de crédito.
En estos casos deberá acreditarse que las condiciones de financiamiento, en el costo y/o en el plazo, representan un beneficio real para las Mipymes;
b) Respecto del límite aplicable al socio partícipe: cuando la Sociedad de Garantía Recíproca tenga garantías vigentes como mínimo al treinta por ciento (30%) de sus socios partícipes, podrá autorizarse una garantía de hasta un quince por ciento (15%) del valor total del fondo de riesgo por cada sociedad de garantía recíproca siempre que dicho monto no supere las ventas del último semestre calendario del solicitante.
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
(Nota Infoleg: Ver Resolución N° 440/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa B.O. 11/10/2019, autorizaciones transitorias. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTICULO 35. - Operaciones prohibidas. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a terceros ni realizar actividades distintas a las de su objeto social.
ARTICULO 36. - Denominación. La denominación social deberá contener la indicación "Sociedades de Garantía Recíproca", su abreviatura o las siglas S.G.R.
ARTICULO 37. - Tipos de socios. La sociedad de garantía recíproca estará constituida por socios partícipes y socios protectores.
Serán socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones.
A los efectos de su constitución toda sociedad de garantía recíproca deberá contar con un mínimo de socios partícipes que fijará la autoridad de aplicación en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme.
Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.
Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 38. - Derechos de los socios partícipes. Los socios partícipes tendrán los siguientes derechos además de los que les corresponde según la ley 19.550 y sus modificaciones.
1. Recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello.
2. Solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establece en el artículo 47.
ARTICULO 39. - Derechos de los socios protectores. Los socios protectores tendrán los derechos que les corresponden según la ley 19.550 y sus modificaciones.
ARTICULO 40. - Exclusión de socios. El socio excluido sólo podrá exigir el reembolso de las acciones conforme al procedimiento y con las limitaciones establecidas en el artículo 47. Los socios protectores no podrán ser excluidos.
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 41. - De la constitución. Las Sociedades de Garantía Reciproca (S.G.R) se constituirán por acto único mediante instrumento público que deberá contener, además de los requisitos exigidos por La ley 19.550 y sus modificatorias, los siguientes:
1. Clave única de identificación tributaria de los socios partícipes y protectores fundadores.
2. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quienes pueden ser socios partícipes en la sociedad.
3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones.
4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.
5. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.
ARTICULO 42. - Autorización para su funcionamiento. Las autorizaciones para funcionar a nuevas sociedades, así como los aumentos en los montos de los fondos de riesgo de las sociedades ya autorizadas, deberán ajustarse a los procedimientos de aprobación que fija la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación otorgará a cada sociedad de garantía recíproca en formación que lo solicite, una certificación provisoria del cumplimiento de los requisitos que establezca para autorizar su funcionamiento. Previo a la concesión de la autorización efectiva, la sociedad de garantía recíproca deberá haber completado el trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio o autoridad local competente.
(Artículo sustituido por art. 19 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 43. - El incumplimiento por parte de las personas humanas y jurídicas de cualquier naturaleza de las disposiciones del título II de la presente ley y su reglamentación dará lugar a la aplicación, en forma conjunta o individual, de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las demás previstas en la presente norma, de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones, en virtud de lo dispuesto por el artículo 32 de la presente ley y las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Desestimación de garantías del cómputo de los grados de utilización que se requiere para acceder a la desgravación impositiva prevista en el artículo 79 de la ley 24.467 y su modificatoria;
b) Apercibimiento;
c) Apercibimiento, con obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los portales de la autoridad de aplicación, y hasta en dos (2) diarios de circulación nacional a costa del sujeto punido;
d) Multas aplicables a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y/o, según si fuera imputable un incumplimiento específico, a los integrantes de los órganos sociales de la misma. Las multas podrán establecerse entre un monto de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos veinte millones ($ 20.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar dichos topes mínimos y máximos cada dos (2) años;
e) Expulsión del socio protector o partícipe incumplidor, como así también, la prohibición de incorporarse, en forma permanente o transitoria, al sistema por otra Sociedad de Garantía Recíproca (SGR);
f) Inhabilitación, temporaria o permanente, para desempeñarse como directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en el Título II de la ley 24.467 y su modificatoria;
g) Inhabilitación transitoria para operar como Sociedad de Garantía Recíproca (SGR);
h) Revocación de la autorización para funcionar como tal.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera total o parcial. A los fines de la fijación de las sanciones antes referidas la autoridad de aplicación deberá tener especialmente en cuenta: la magnitud, de la infracción; los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor; el volumen operativo y el fondo de riesgo del infractor; la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización. En el caso de las personas jurídicas responderán solidariamente los directores, administradores, síndicos o miembros del consejo de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del consejo de calificación, respecto de quienes se haya determinado responsabilidad individual en la comisión de las conductas sancionadas.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento correspondiente a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
Contra la resolución que disponga la imposición de sanciones podrá recurso de revocatoria ante la autoridad de aplicación, con apelación en subsidio por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Ambos recursos tendrán efectos suspensivos.
(Artículo sustituido por art. 43 de la Ley N° 27.264 B.O. 1/8/2016.)
ARTICULO 44. - Modificación de los estatutos. Será nula toda modificación a los estatutos de la sociedad que no cumpla con los siguientes requisitos:
1. Que el consejo de administración o los socios que realizan la propuesta formulen un informe por escrito justificando la necesidad de modificación de los estatutos.
2. En la convocatoria a asamblea general deberá detallarse claramente la modificación que se propone.
3. En la misma convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio legal el texto íntegro de la reforma propuesta y su justificación, pudiendo suplirse por la entrega o envío gratuito de dichos documentos, con acuse de recibo.
4 Se requerirá la aprobación de la propuesta de modificación por parte de la autoridad de aplicación.
5. Otorgada la autorización y aprobada en asamblea general, se procederá a la inscripción del mismo.

Sección II
Del capital social, fondo de riesgo y beneficios
ARTICULO 45. - Capital Social. El capital social de las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) estará integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias nominativas de igual valor y número de votos. El estatuto social podrá prever que las acciones sean registrales.
El capital social mínimo será fijado por vía reglamentaria. El capital social podrá variar, sin re querir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quíntuplo de la misma.
La participación de los socios protectores no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del capital social y la de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5%) del mismo.
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 46. - Fondo de riesgo. La Sociedad de Garantía Recíproca deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.
Dicho fondo de riesgo estará constituido por:
1. Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la Asamblea general.
2. Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere.
3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios.
4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido.
6. El aporte de los socios protectores.
El Fondo de Riesgo podrá asumir la forma jurídica de un fondo fiduciario en los términos de la ley 24.441, independiente del patrimonio societario de la Sociedad de Garantía Recíproca. Esta podrá recibir aportes por parte de socios protectores que no sean entidades financieras con afectación específica a las garantías que dichos socios determinen, para lo cual deberá celebrar contratos de fideicomiso independientes del fondo de riesgo general. La reglamentación de la presente ley determinará los requisitos que deberán reunir tales aportes y el coeficiente de expansión que podrán tener en el otorgamiento de garantías. La deducción impositiva en el impuesto a las ganancias correspondientes a estos aportes será equivalente a dos tercios (2/3) de la que correspondiere por aplicación del artículo 79 de la presente ley, con los mismos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en dicho artículo. (Párrafo incorporado por art. 22 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 47. - Derecho al reembolso de las acciones. Todo socio partícipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el consejo de administración siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantía recíproca que hubiera celebrado, y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mínimo y respete lo establecido en el artículo 37. Tampoco procederá cuando la Sociedad de Garantía Recíproca estuviera en trámite de fusión, escisión o disolución.
Para ello tendrá que solicitarlo con una antelación mínima de tres (3) meses salvo que los estatutos contemplen un plazo mayor que no podrá superar el de un (1) año. El monto a reembolsar no podrá exceder del valor de las acciones integradas. No deberán computarse a tales efectos de la determinación del mismo, las reservas de la sociedad sobre las que los socios no tienen derecho alguno. E1 socio reembolsado responderá hasta dicho monto por las deudas contraidas por la sociedad con anterioridad a la fecha en que se produjo el reintegro por un plazo de cinco (5) años cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar las mismas.
En el caso de que por reembolso de capital se alterara la participación relativa de los socios partícipes y protectores, la sociedad de garantía recíproca les reembolsará a estos últimos la proporción de capital necesaria para que no se exceda el límite establecido en el último párrafo del artículo 45 de la presente ley. (Párrafo sustituido por art. 23 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
La reducción del capital social como consecuencia de la exclusión o retiro de un socio partícipe no requerirá del cumplimiento de lo previsto en el artículo 204, primero párrafo de la ley 19.550 y sus modificatorias, y será resuelta por el Consejo de Administración. (Párrafo incorporado por art. 24 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 48. - Privilegios. Las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.) tendrán privilegio ante todo otro acreedor sobre las acciones de sus socios en relación a las obligaciones derivadas de los contratos de garantía recíproca vigentes. Las acciones de los socios partícipes no pueden ser objeto de gravámenes reales.
ARTICULO 49. - Cesión de las acciones. Para la cesión de las acciones a terceros no socios se requerirá la autorización del Consejo de Administración y éste la concederá cuando los cesionarios acrediten reunir los requisitos establecidos en los estatutos y asuman las obligaciones que el cedente mantenga con la Sociedad de Garantía Recíproca. Si el cesionario fuera asocio automáticamente asumirá las obligaciones del cedente.
(Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 50. - Aporte de capital. Los aportes deberán ser integrados en efectivo, como mínimo en un cincuenta por ciento (50 %) al momento de la suscripción. El remanente deberá ser integrado, también en efectivo en el plazo máximo de un (1) año a contar de esa fecha. La integración total será condición necesaria para que el socio partícipe pueda contratar garantías recíprocas.
ARTICULO 51. - Aumento del capital social. El capital fijado por los estatutos podrá ser aumentado por decisión de la asamblea general ordinaria hasta el quíntuplo de dicho monto. Cuando el incremento del capital social esté originado por la capitalización de utilidades, las acciones generadas por dicho incremento se distribuirán entre los socios en proporción a sus respectivas tenencias.
En caso de tratarse de emisión de nuevas acciones la integración de los aportes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 50.
Todo aumento de capital que exceda el quíntuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los votos totales de la asamblea general extraordinaria.
ARTICULO 52. - Reducción del Capital por pérdidas. Los socios deberán compensar con nuevos aportes, según las modalidades y condiciones estipuladas en el artículo 50 de esta ley, cualquier pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del treinta y cinco por ciento (35%) de las ampliaciones posteriores. El Consejo de Administración con cargo a dar cuenta a la Asamblea más próxima, podrá hacer uso efectivo de cualquier recurso económico que integre el patrimonio con la finalidad de reintegrar el capital de la sociedad y preservar la continuidad jurídica de la misma.
(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 53. - Distribución de los beneficios. Serán considerados beneficios a distribuir las utilidades líquidas y realizadas obtenidas por la Sociedad en el desarrollo de la actividad que hace a su objeto social.
Dichos beneficios serán distribuidos de la siguiente forma:
1. Reserva legal: cinco por ciento (5 %) anual hasta completar el veinte por ciento (20 %) del capital social.
2. El resto tendrá el siguiente tratamiento.
a) La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al capital aportado.
b) La parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al fondo de riesgo en un cincuenta por ciento (50 %), pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios.
En todos los casos en que proceda la distribución de los beneficios en efectivo a que se refiere este artículo, tanto los socios protectores como los socios partícipes deberán, para tener derecho a percibirlo, haber integrado la totalidad del capital social suscripto y no encontrarse por ningún motivo, en mora con la sociedad.

Sección III
De los órganos sociales
ARTICULO 54. - Organos sociales. Los órganos sociales de las Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.), serán la asamblea general, el consejo de administración y la sindicatura, y tendrán las atribuciones que establece la ley 19.550 para los órganos equivalentes de las sociedades anónimas salvo en lo que resulte modificado por esta ley.
ARTICULO 55. - De la asamblea general ordinaria. La asamblea general ordinaria estará integrada por todos los socios de la Sociedad de Garantía Recíproca y se reunirá por lo menos una (1) vez al año o cuando dentro de los términos que disponga la presente ley, sea convocada por el Consejo de Administración. (Párrafo incorporado por art. 27 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
Serán de su competencia los siguientes asuntos:
1. Fijar la política de inversión de los fondos sociales.
2. Aprobar el costo de las garantías, el mínimo de contra garantías que la S.G.R. habrá de requerir al socio partícipe y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.
ARTICULO 56. - De la asamblea general extraordinaria. Serán de competencia de la asamblea general extraordinaria todas aquellas cuestiones previstas en la ley 19.550 y sus modificatorias y que no estuvieran reservadas a la asamblea general ordinaria.
ARTICULO 57. - Convocatoria de las asambleas generales. La asamblea general ordinaria deberá ser convocada por el consejo de administración mediante anuncio publicado durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad, con quince (15) días de anticipación como mínimo, a la fecha fijada para su celebración. En el anuncio deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar, orden del día y recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas.
La asamblea general extraordinaria será convocada por el consejo de administración o cuando lo solicite un número de socios que representen como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital social. En la convocatoria, deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar de reunión y el orden del día en el que deberán incluirse los asuntos solicitados por los socios convocantes y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. La convocatoria será publicada como mínimo con una antelación de TREINTA (30) días y durante CINCO (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en la que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad.
ARTICULO 58. - Quórum y mayoría. Tratándose de la primera convocatoria, las asambleas generales quedarán constituidas con la presencia de más del cincuenta y uno por ciento (51 %) del total de los votos de la sociedad debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un veinte por ciento (20 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad. En la segunda convocatoria, las asambleas generales serán válidas con la presencia de por lo menos treinta por ciento (30 %) de la totalidad de los votos de la sociedad, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.
Para decisión por asamblea de temas que involucren la modificación de los estatutos, la elección del consejo de administración, la fusión, escisión o disolución de la sociedad se requerirá una mayoría del sesenta por ciento (60 %) de los votos sobre la totalidad del capital social, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un treinta por ciento (30 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la Sociedad.
Para el resto de las decisiones se requerirá la mayoría simple de los votos presentes, salvo que los estatutos requieran otro tipo de mayoría. En todos los casos las mayorías deberán incluir como mínimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la Sociedad.
ARTICULO 59. - Representación en la asamblea. Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en las asambleas generales mediante autorización por escrito para cada asamblea. Sin embargo, un mismo socio no podrá representar a mas de diez (10) socios ni ostentar un número de votos superior al diez por ciento (10 %) del total.
ARTICULO 60. - Nulidad do voto. Será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión que se refiera a la imposibilidad de que la Sociedad pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayoría.
ARTICULO 61. - Consejo de administración. El Consejo de Administración tendrá por función principal la administración y representación de la sociedad y estará integrado por tres (3) personas de las cuales al menos una (1) representará a los socios partícipes y al menos una (1) representará a los socios protectores.
(Artículo sustituido por art. 28 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 62. - Competencia del consejo de administración. Será competencia del consejo de administración decidir sobre los siguientes asuntos:
1. El reembolso de las acciones existentes manteniendo los requisitos mínimos de solvencia.
2. Cuando las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se hubiesen visto obligadas a pagar en virtud de la garantía otorgada a favor de un socio por incumplimiento de éste, el consejo de administración dispondrá la exclusión del socio. También podrá proceder de la misma forma cuando no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo establecido en la presente ley y los estatutos sociales.
3. Decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad ad referéndum de la asamblea ordinaria.
4. Nombrar sus gerentes.
5. Fijar las normas con las que se regulará el funcionamiento del consejo de administración y realizar todos los actos necesarios para el logro del objeto social.
6. Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.
7 Proponer a la asamblea el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantías.
8. Otorgar o denegar garantías y/o bonificaciones a los socios partícipes estableciendo en cada caso las condiciones especiales que tendrá que cumplir el socio para obtener la garantía y fijar las normas y procedimientos aplicables para las contragarantías a que se refiere el artículo 71.
9. Determinar las inversiones a realizar con el patrimonio de la sociedad en el marco de las pautas fijadas por la asamblea.
10. Autorizar las transmisiones de las acciones conforme a lo establecido en la presente ley.
11. Someter a la aprobación de la asamblea general ordinaria el balance general y estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados del ejercicio.
12. Realizar cualesquiera otros actos y acuerdos que no están expresamente reservados a la asamblea por las disposiciones de la presente ley o los estatutos de la sociedad.
ARTICULO 63. - Sindicatura. Las Sociedades de Garantía Recíproca tendrán un órgano de fiscalización o sindicatura integrado por tres (3) síndicos designados por la asamblea general ordinaria.
ARTICULO 64. - Requisitos para ser síndicos. Para ser síndico se requerirá:
1. Ser abogado, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas o contador público con título habilitante.
2. Tener domicilio especial en la misma jurisdicción de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
ARTICULO 65. - Atribuciones y deberes. Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley l9.550 y sus modificatorias, son atribuciones y deberes de la sindicatura los siguientes:
1. Verificar en igual forma y periodicidad las inversiones, los contratos de garantía celebrados y el estado del capital social, las reservas y el fondo de riesgo.
2. Atender los requerimientos y aclaraciones que formule la autoridad de aplicación y el Banco Central de la República Argentina.

Sección IV
De la fusión, escisión y disolución
ARTICULO 66. - Fusión y escisión. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) sólo podrán fusionares entre sí o escindirse en dos (2) o más sociedades de la misma naturaleza, previa aprobación de la asamblea general con las mayorías previstas en el artículo 58 de la presente ley y autorización de la autoridad de aplicación, con los requisitos previstos en esta ley para su constitución.
El canje de las acciones de la sociedad o sociedades originales por las correspondientes a la o las sociedades nuevas, se realizará sobre el valor patrimonial neto. Cuando de resultas de esta forma de cálculo quedaren pendientes fracciones de acciones no susceptibles de ser canjeadas, se abonará en efectivo el valor correspondiente salvo que existieran contratos de garantía recíproca vigentes en cuyo caso el pago se realizará una vez extinguidos los mismos.
ARTICULO 67. - Disolución. La disolución de una Sociedad de Garantía Recíproca se verificará, además de las causales fijadas por la ley 19.550 y sus modificatorias, por las siguientes:
1. Por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el cuarenta por ciento (40 %) del capital.
2. Por disminución del capital social a un monto menor al mínimo determinado por vía reglamentaria durante un período mayor a tres (3) meses.
3. Por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación.

Sección V
Del contrato, la garantía y la contragarantía
ARTICULO 68. - Contrato de garantía recíproca. Habrá contrato de garantía recíproca cuando una Sociedad de Garantía Recíproca constituida de acuerdo con las disposiciones de la presente ley se obligue accesoriamente por un socio partícipe que integra la misma y el acreedor de éste acepte la obligación accesoria.
El socio partícipe queda obligado frente a la S.G.R. por los pagos que esta afronte en cumplimiento de la garantía.
ARTICULO 69. - Objeto de la obligación principal. El contrato de garantía recíproca tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partícipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social.
Dicho aseguramiento puede serlo por el total de la obligación principal o por menor importe.
ARTICULO 70. - Carácter de la garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en todos los casos por una suma fija y determinada, aunque el crédito de la obligación a la que acceda fuera futuro, incierto o indeterminado. El instrumento del contrato será título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio y hasta el importe de la garantía. La garantía recíproca es irrevocable.
ARTICULO 71. - De la contragarantía. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) deberán requerir contragarantías por parte de los socios partícipes y de los terceros en respaldo de los contratos de garantías con ellos celebrados.
El tomador del contrato de garantía recíproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de su operación.
La SGR podrá exceptuar del requisito de contragarantías a tipos determinados de operaciones con carácter general, así como a operaciones particulares.
(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)
ARTICULO 72. - Formas de contrato. El contrato de garantía recíproca es consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado.
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la celebración de contratos de garantía mediante instrumentos particulares no firmados, en los términos y condiciones que al efecto establezca.
(Artículo sustituido por art. 7° del Decreto N° 326/2020 B.O. 31/3/2020. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)

Sección VI
De los efectos del contrato entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el acreedor
ARTICULO 73. - Solidaridad. La Sociedad de Garantía Recíproca responderá solidariamente por el monto de las garantías otorgadas con el deudor principal que afianza, sin derecho a los beneficios de división y excusión de bienes.

Sección VII
De los efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y los socios
ARTICULO 74. - Efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el Socio. La Sociedad de Garantía Recíproca podrá trabar todo tipo de medidas cautelares contra los bienes del socio partícipe -deudor principal- en los siguientes casos:
a) Cuando fuese intimado al pago;
b) Si vencida la deuda el deudor no la abonara;
c) Si disminuyen el patrimonio del deudor, o utilizare sus bienes para afianzar nuevas obligaciones sin consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;
d) Si el deudor principal quisiera ausentarse del país y no dejare bienes suficientes y libres de todo gravamen para cancelar sus obligaciones;
e) Cuando el deudor principal incumpliere obligaciones societarias respecto de la Sociedad de Garantía Recíproca;
f) Cuando el deudor principal fuera una persona de existencia ideal y no diera cumplimiento a las obligaciones legales para su funcionamiento regular.
ARTICULO 75. - Quiebra del socio. Si el socio quebrase antes de cancelar la deuda garantizada, la Sociedad de Garantía Recíproca tiene derecho de ser admitida previamente en el pasivo de la masa concursada.
ARTICULO 76. - Subrogación de derechos. La Sociedad de Garantía Recíproca que cancela la deuda de sus socios sólo se subrogará en los derechos, acciones y privilegios del acreedor resarcido en la medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados.
ARTICULO 77. - Repetición. Si la Sociedad de Garantía Recíproca ha afianzado una obligación solidaria de varios socios, podrá repetir de cada uno de ellos el total de lo que hubiere pagado.

Sección VIII
De la extinción del contrato de garantía recíproca
ARTICULO 78. - Extinción del contrato de garantía recíproca. El contrato de garantía recíproca se extingue por:
a) La extinción de la obligación principal;
b) Modificación o novación de la obligación principal, sin intervención y consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;
c) Las causas de extinción de las obligaciones en general y las obligaciones accesorias en particular.

Sección IX
Beneficios impositivos y Banco Central
ARTICULO 79. - Beneficios impositivos. Los contratos de garantía recíproca instituidos bajo este régimen gozarán del siguiente tratamiento impositivo:
a) Exención en el impuesto a las ganancias, Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, por las utilidades que generen;
b) Exención en el impuesto al valor agregado, Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, de toda la operatoria que se desarrolle con motivo de los mismos.
Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo de los socios protectores y partícipes, serán deducibles del resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades, en el ejercicio fiscal en el cual se efectivicen, siempre que dichos aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mínimo de dos (2) años calendario, contados a partir de la fecha de su efectivización. En caso de que no se cumpla el plazo de permanencia mínimo de los aportes en el fondo de riesgo, deberá reintegrarse al balance impositivo del ejercicio fiscal en que tal hecho ocurra el monto de los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente, con más los intereses y/o sanciones que pudiere corresponderle de acuerdo a la ley 11.683 (texto ordenado 1998) y sus modificaciones.
La deducción impositiva a que alude el párrafo anterior operará por el ciento por ciento (100%) del aporte efectuado, no debiendo superar en ningún caso dicho porcentaje. El grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantía deberá ser como mínimo del ochenta por ciento (80%) como promedio en el período de permanencia de los aportes. En caso contrario, la deducción se reducirá en un porcentaje equivalente a la diferencia entre la efectuada al momento de efectivizar el aporte y el grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías, verificado al término de los plazos mínimos de permanencia de los aportes en el fondo. Dicha diferencia deberá ser reintegrada al balance impositivo del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal a aquel en que se cumplieron los plazos pertinentes a que alude este artículo, con más los intereses que pudieren corresponder de acuerdo a la ley 11.683 (texto ordenado 1998) y sus modificaciones. A los efectos de obtener la totalidad de la deducción impositiva aludida, podrá computarse hasta un (1) año adicional al plazo mínimo de permanencia para alcanzar el promedio del ochenta por ciento (80%) en el grado de utilización del fondo de riesgo, siempre y cuando el aporte se mantenga durante dicho período adicional. La autoridad de aplicación determinará la fórmula aplicable para el cálculo del grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías.
Todos los beneficios impositivos instituidos por el presente artículo serán extensivos bajo las mismas condiciones a los fondos de garantía provinciales o regionales constituidos por los gobiernos respectivos, existentes o que se creen en el futuro.
(Artículo sustituido por art. 29 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)
ARTICULO 80. - Banco Central. En la esfera de su competencia y en el marco de las disposiciones de la presente ley, el BCRA dispondrá las medidas conducentes a promover la aceptación de las garantías concedidas por las sociedades de que trata el presente régimen por parte de las entidades financieras que integran el sistema institucionalizado, otorgándoles a las mismas el carácter de garantías preferidas autoliquidables.
Asimismo el BCRA ejercerá las funciones de superintendencia en lo atinente a vinculaciones de las S.G.R. con los bancos y demás entidades financieras.
(Artículo sustituido por art. 30 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000)

Sección X
Autoridad de aplicación
ARTICULO 81. - La autoridad de aplicación correspondiente al presente título será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, que también dictará las normas reglamentarias que fueran necesarias para su cumplimento y para la fiscalización y supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con excepción de lo dispuesto en el artículo 80.
La autoridad de aplicación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca tendrá, entre otras atribuciones, las siguientes:
a) Definir los criterios de inversión que deberán observar las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) pudiendo establecer inversiones obligatorias, de hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de los fondos de riesgo de cada sociedad, en fondos de garantía públicos que tengan entre sus objetivos el re-afianzamiento de las obligaciones por ellas contraídas;
b) Establecer un aporte solidario a uno o más Fondos de Garantías Públicos, de hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los nuevos aportes o reimposiciones que se realicen al fondo de riesgo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Con el objetivo de otorgar estabilidad al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), la autoridad de aplicación sólo podrá fijar dicho aporte a favor de Fondos de Garantías Públicos que tengan entre sus objetivos el reafianzamiento de las obligaciones contraídas por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y que se encuentren autorizados por la autoridad de aplicación para recibir dichos aportes;
c) Suscribir convenios con Fondos de Garantías Privados a fin de que los mismos se encuentren alcanzados por el régimen de supervisión y control del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR);
d) Aumentar, hasta un máximo de cuatro (4) años el período de permanencia mínimo requerido para que resulte procedente la deducción prevista en el artículo 79 de esta ley. Esto será aplicable a los aportes y reimposiciones efectuados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida;
e) Elevar el grado de utilización del fondo de riesgo promedio mínimo requerido durante el período de permanencia para que resulte procedente la deducción prevista en el artículo 79, hasta un porcentaje del cuatrocientos por ciento (400%).
Los fondos de garantías públicos nacionales, regionales y/o provinciales podrán constituir fondos de afectación específica en los términos del artículo 46 de la presente, conforme establezca su reglamentación.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

Sección XI
Disposiciones finales
ARTICULO 82. - Ley 19.550. Todas aquellas cuestiones no consideradas específicamente en el Título II de la presente ley se regirán por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificaciones.

TITULO III
RELACIONES DE TRABAJO

Sección I
Definición de pequeña empresa
ARTICULO 83. - El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa (P.E.) se regularán por el régimen especial de la presente ley.
A los efectos de este Capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes:
a) Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores.
b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de esta ley.
Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1° de enero de 1995.
La negociación colectiva de ámbito superior al de empresa podrá modificar la condición referida al número de trabajadores definida en el segundo párrafo punto a) de este artículo.
Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo segundo de este artículo

Sección II
Registro Unico de Personal
ARTICULO 84. - Las empresas comprendidas en el presente título podrán sustituir los libros y registros exigidos por las normas legales y convencionales vigentes por un registro denominando "Registro Unico de Personal".
ARTICULO 85. - En el Registro Unico de Personal se asentará la totalidad de los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación y será rubricado por la autoridad administrativa laboral competente.
ARTICULO 86. - En el Registro Unico de Personal quedarán unificados los libros, registros, planillas y demás elementos de contralor que se señalan a continuación:
a) El libro especial del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T., t.o. 1976);
b) La sección especial establecida en el artículo 13, apartado 1), del decreto 342/92;
c) Los libros establecidos por la ley 12.713 y su decreto reglamentario 118.755/42 de trabajadores a domicilio;
d) El libro especial del artículo 122 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la ley 22.248;
ARTICULO 87. - En el Registro Unico de Personal se hará constar el nombre y apellido o razón social del empleador, su domicilio y N° de C.U.I.T., y además se consignarán los siguientes datos:
a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
b) Número de C.U.I.L.;
c) Domicilio del trabajador;
d) Estado civil e individualización de sus cargas de familia;
e) Fecha de ingreso;
f) Tarea a desempeñar;
g) Modalidad de contratación;
h) Lugar de trabajo;
i) Forma de determinación de la remuneración asignada, monto y fecha de su pago;
j) Régimen provisional por el que haya optado el trabajador y, en su caso, individualización de su Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.).
k) Toda modificación que se opere respecto de los datos consignados precedentemente y, en su caso, la fecha de egreso.
La autoridad de aplicación establecerá un sistema simplificado de denuncia individualizada de personal a los organismos de seguridad Social.
ARTICULO 88. - El incumplimiento de las obligaciones registrales previstas en esta sección o en la ley 20.744 (t.o. 1976) podrá ser sancionado hasta con la exclusión del régimen de la presente ley, además de las penalidades establecidas en las leyes 18.694, 23.771 y 24.013.
La comprobación y el juzgamiento de las omisiones registrales citadas en el apartado anterior se realizará en todo el territorio del país conforme el procedimiento establecido en la ley 18.695 y sus modificatorias.

Sección III
Modalidades de contratación
ARTICULO 89. - (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998)

Sección IV
Disponibilidad colectiva
ARTICULO 90. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la poqueña empresa podrán modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria.
No podrá ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último párrafo del artículo 154 del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T., texto ordenado 1976).
ARTICULO 91. - Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres (3) períodos en el año.
ARTICULO 92. - (Artículo derogado por art. 41 de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004).
ARTICULO 93. - Las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario referidas a la pequeña empresa y decididas por la votación unánime de las representaciones que la integran podrán ejercer iguales disponibilidades a las previstas en los artículos 90 y 91 de esta ley con relación a iguales institutos regulados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario por la ley 22.248.

Sección V
Movilidad interna
ARTICULO 94. - El empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las categorías determinadas en los convenios colectivos de trabajo.

Sección VI
Preaviso
ARTICULO 95. - En las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador.
Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la presente ley.

Sección VII
Formación profesional
ARTICULO 96. - La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos.
El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos.
Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional.

Sección VIII
Mantenimiento y regulación de empleo
ARTICULO 97. - Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical signataria del Convenio Colectivo la modificación de determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables.
La asociación sindical tiene derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas.
Si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo que dure la modificación.
ARTICULO 98. - Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis, el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir total o parcialmente las indemnizaciones respectivas o financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos.

Sección IX
Negociación colectiva
ARTICULO 99. - La entidad sindical signataria del convenio colectivo y la representación de la pequeña empresa podrán acordar convenios colectivos de trabajo para el ámbito de estas últimas.
La organización sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación.
Podrán, asimismo, estipular libremente la fecha de vencimiento de estos convenios colectivos. Si no mediare estipulación convencional en contrario, se extinguirán de pleno derecho a los tres meses de su vencimiento.
ARTICULO 100. - Vencido el término de un convenio colectivo de trabajo o sesenta (60) días antes de su vencimiento, cualquiera de las partes signatarias podrá solicitar el inicio de las negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña empresa. A tal fin el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberá convocar a las partes.
Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio supone los siguientes derechos y obligaciones:
a) Concurrencia a la negociación y a las audiencias;
b) Intercambio de información;
c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo.
ARTICULO 101. - En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo específico para las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña empresa.
ARTICULO 102. - A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el convenio colectivo de trabajo contenga un capítulo específico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa, salvo que en la actividad de que se tratare se acreditara la existencia de un convenio colectivo específico para las pequeñas empresas.
ARTICULO 103. - Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de otro ámbito.

Sección X
Salud y seguridad en el trabajo
ARTICULO 104. - Las normas de salud y seguridad en el trabajo deberán considerar, en la determinación de exigencias, el número de trabajadores y riesgos existentes en cada actividad. Igualmente deberán fijar plazos que posibiliten la adaptación gradual de las P.E. a la legislación.

Sección XI
Seguimiento y aplicación
ARTICULO 105. - Créase una Comisión Especial de Seguimiento encargada de:
a) Evaluar el impacto del Título III de esta ley sobre el empleo, el mercado de trabajo, y la negociación colectiva;
b) Elaborar un informe anual acerca de la evolución de los tres factores del inciso anterior en el ámbito de la pequeña empresa;
c) Determinar el monto de la facturación anual a los efectos previstos en el articulo 83 de esta ley.
Esta Comisión estará integrada por tres (3) representantes de la Confederación General del Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de pequeños empleadores y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que presidirá las deliberaciones.
La Comisión Especial de Seguimiento podrá, además:
a) Intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de este capítulo y que las partes interesadas decidieran someterle;
b) Ser consultada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la reglamentación del presente capitulo.
ARTICULO 106. - El Poder Ejecutivo nacional establecerá la autoridad de aplicación correspondiente al Título III de la presente ley.
ARTICULO 107. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. -

Antecedentes Normativos
- Artículo 72 sustituido por art. 16 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018;
- Artículo 81 sustituido por art. 121 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 72 sustituido por art. 120 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 71 sustituido por art. 119 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 34 sustituido por art. 118 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 33 sustituido por art. 117 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 2° sustituido por art. 26 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 27, inciso c) sustituido por art. 25 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
- Artículo 34 sustituido por art. 1° de la Ley N° 26496 B.O. 7/5/2009;
- Artículo 3° sustituido por art. 32 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- Artículo 13 sustituido por art. 35 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- Artículo 34 sustituido por art. 16 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000;
- Artículo 43, último párrafo incorporado por art. 20 de la Ley N° 25.300 B.O. 7/9/2000.

 

(1)Decreto nº 737/1995
Reglamentación del Título III, Relaciones del Trabajo de la Ley Nº 24.467.
Fecha: 30.05.1995
Publicado: 05.06.1995

VISTO la Ley Nº 24.467, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario reglamentar el Título III, Relaciones del Trabajo, de la Ley Nº 24.467 que requiere inmediata aplicación.
Que se aclara debidamente que la opción prevista en el artículo 84 de la Ley Nº 24.467, operará a partir de la fecha en la que el empresario rubrique el Registro Unico de Personal.
Que en el Registro Unico de Personal, se asentará a los trabajadores al producirse su ingreso, registrando los datos una sola vez, salvo que existan modificaciones.
Que cuando en el Registro Unico de Personal se utilicen fichas de microfilmación las mismas estarán formadas con elementos que posibiliten su visualización y permitan la inserción de las rúbricas pertinentes.
Que en el Registro Unico de Personal el empleador puede asentar el horario que cumple el trabajador no estando obligado en este caso llevar las planillas establecidas en los artículos 197 de la Ley de Contrato de Trabajo y 6º de la Ley Nº 11.544.
Que en el caso de trabajo a domicilio el empleador deberá llevar un registro complementario en donde asentará lo previsto en el artículo 6º del presente.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL es la autoridad de aplicación a todos los efectos del Título III de la Ley Nº 24.467.
Que el presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99 inciso 2º de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

REGISTRO UNICO DE PERSONAL
Artículo 1º — (artículo 84, Ley Nº 24.467) La opción a que se refiere el artículo 84 de la ley, según correspondiere surtirá efectos a partir de la fecha en la que el empresario rubrique el Registro Unico de Personal. Con anterioridad a la misma deberá llevar la documentación laboral mencionada en los incisos a), b), c) y d) del artículo 86 de la misma ley, según corresponda, así como las planillas, registros y otros elementos de contralor que exigen las normas vigentes.
Artículo 2º — (artículo 84, Ley Nº 24.467) El Registro Unico de Personal establecido por el artículo 84 de la Ley Nº 24.467 podrá consistir en un libro encuadernado, o bien ser llevado por fichas o planillas resultantes de utilizar sistemas de computación o microfilmación.
Artículo 3º — (artículo 85, Ley Nº 24.467) En el Registro Unico de Personal se asentará a los trabajadores al producirse su ingreso.
Los datos exigidos se registrarán una sola vez, sin necesidad de renovación periódica, salvo que se trate de modificaciones a los ya existentes, que se anotarán al momento de operarse.
Artículo 4º — (artículo 86, Ley Nº 24.467) En los casos en que se opte por fichas de microfilmación, las mismas estarán integradas con los elementos que posibiliten su visualización y deberán ser de un material que permita la inserción de las rúbricas pertinentes.
Artículo 5º — (artículo 86, Ley Nº 24.467) El empleador podrá consignar en el Registro Unico de Personal el horario que cumple el trabajador, en cuyo caso no estará obligado a llevar las planillas establecidas en los artículos 197 de la L.C.T. y 6º de la Ley Nº 11.544.
Artículo 6º — (artículo 86, inciso c), Ley Nº 24.467) En el Régimen de Trabajo a Domicilio regido por la Ley Nº 12.713 se llevará un registro complementario en el que se asentarán cantidades y fechas de entregas y devoluciones de las tareas encargadas a cada obrero a domicilio, descripción del artículo, su número obrero, precio por unidad y tarifa de salario.
Artículo 7º — (artículo 87 inciso i), Ley Nº 24.467) La exigencia del artículo 87, inciso i) de asentar el monto de la remuneración asignada no se aplicará para el régimen comprendido dentro de la Ley Nº 12.713, aplicándose exclusivamente para esta modalidad de trabajo la obligación de asentar la fecha de pago.
Artículo 8º — La autoridad de aplicación para el establecimiento del Registro Unico de Personal de la Ley será el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, que podrá celebrar convenios con las provincias para su mejor cumplimiento.
Artículo 9º — (artículo 89, Ley Nº 24.467) Apruébanse los modelos de contrato tipo para las modalidades de contrato por tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación aplicables a las pequeñas empresas conforme al artículo 89 de la Ley 24.467, que como Anexos I, II, III y IV forman parte del presente. Se autoriza al MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL a efectuar las modificaciones de los modelos aprobados.
Artículo 10. — (artículo 106, Ley Nº 24.467) Será autoridad de aplicación a todos los efectos del Título III de la Ley Nº 24.467 el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Artículo 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

                                                                                                                                                 ANEXO I

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 43. — El contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, es celebrado por un empleador y un trabajador inscripto como desempleado en la Red de Servicios de Empleo o que haya dejado de prestar servicios en el sector público por medidas de racionalización administrativa, bajo los requisitos y condiciones establecidos en los artículos siguientes.
ARTICULO 44. — El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el máximo no podrá exceder de dieciocho (18) meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de 6 (seis) meses como mínimo.
ARTICULO 45. — Los puestos de trabajo permanentes que hubieran quedado vacantes durante los últimos seis (6) meses no podrán ser cubiertos por personal contratado bajo esta modalidad salvo acuerdo en negociación colectiva o habilitación por la autoridad administrativa del trabajo, de conformidad con lo establecido en el art. 109.
El plazo previsto en este artículo comenzará a regir a partir de la sanción de la presente ley.
ARTICULO 46. — El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales por este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional del Empleo.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

                                                                                                                                              ANEXO II

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 47. — El contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, es el celebrado entre un empleador y un trabajador para la prestación de servicios en un nuevo establecimiento o una nueva línea de producción de un establecimiento preexistente, bajo los requisitos y condiciones establecidos en los artículos siguientes.
ARTICULO 48. — El plazo mínimo de estos contratos será de seis (6) meses y el máximo no podrá exceder de veinticuatro (24) meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de seis (6) meses como mínimo.
Cualquiera sea la fecha de celebración de los contratos establecidos bajo esta modalidad, su vigencia cesará a los cuatro (4) años de iniciada la nueva actividad.
ARTICULO 49. — El empleador deberá abstenerse de suspender o despedir colectivamente trabajadores de los antiguos establecimientos o líneas de producción, durante el año posterior a la celebración de contrataciones bajo esta modalidad, salvo que la medida se hallare fundada en justa causa. La violación de esta disposición convertirá tales acuerdos en contratos de trabajo por tiempo indeterminado.
ARTICULO 50. — El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales por este tipo de contrato a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional de Empleo.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

                                                                                                                                            ANEXO III

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 38. — En los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas, salvo las de práctica laboral para jóvenes y de trabajo formación la extinción de la relación de trabajo al vencimiento del plazo pactado o sus respectivas prórrogas, dará lugar a la percepción de una indemnización equivalente a medio salario mensual, tomando como base la mejor remuneración normal y habitual devengada durante la vigencia del contrato, la que se acumulará a la indemnización sustitutiva del preaviso en el caso en que éste no se hubiera otorgado.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 51. — El contrato de práctica laboral para jóvenes es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, con formación previa, en busca de su primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos.
ARTICULO 52. — El contrato de práctica laboral se celebrará por un (1) año.
ARTICULO 53. — Serán requisitos para celebrar estos contratos, los siguientes:
a) Que los trabajadores acrediten formación técnica, profesional o laboral que los habilite para esa práctica laboral mediante certificación reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
b) Que la práctica laboral sea adecuada a su nivel de formación.
ARTICULO 54. — En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato, que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo, el que deberá ser validado por la autoridad administrativa de aplicación.
ARTICULO 55. — Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes en todo lo que no sea expresamente modificado por esta ley.
ARTICULO 56. — Cuando el contrato cesare en su vigencia por cumplimiento del plazo establecido en el artículo 52, el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.
En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976).
ARTICULO 57. — Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios familiares.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

                                                                                                                                                   ANEXO IV

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº 24.013
TRANSCRIPCION DE ARTICULOS PERTINENTES
ARTICULO 29. — Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores permanentes y los contratados bajo cualquiera de estas modalidades, debiendo ser los salarios, las condiciones de trabajo y las garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos, iguales para todos los trabajadores de la misma actividad y categoría de la empresa o establecimiento.
ARTICULO 31. — Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, salvo el contrato de trabajo de temporada, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias al trabajador y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de treinta (30) días. Dentro de este mismo plazo, el empleador deberá registrar los contratos celebrados bajo las modalidades promovidas en el registro previsto en el artículo 18, inciso b).
ARTICULO 34. — El número total de trabajadores contratados según las modalidades reguladas por este capítulo, con excepción del contrato de trabajo de temporada y lo dispuesto en el párrafo siguiente referido a las micro empresas, no podrá superar el treinta por ciento (30 %) del plantel total permanente de cada establecimiento.
En las empresas cuyo plantel permanente esté constituido por seis (6) a veinticinco (25) trabajadores, el porcentaje máximo admitido será del cincuenta por ciento (50 %); cuando no supere los cinco (5) trabajadores, el porcentaje admitido será del cien por ciento (100 %), no pudiendo dicha base exceder el número de tres (3) trabajadores. El empleador que no tuviera personal en relación de dependencia podrá designar, utilizando alguna de las modalidades promovidas, una (1) persona.
ARTICULO 37. — El empleador que hubiera celebrado contratos bajo modalidades promovidas, deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo cuando el plazo de vigencia del contrato no excediere de un año y de un mes cuando fuere superior.
ARTICULO 41. — Los trabajadores contratados bajo cualquiera de las modalidades mencionadas en esta ley deberán ser inscriptos en la obra social correspondiente al resto de los trabajadores del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.
La cobertura asistencial del trabajador y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las leyes 23.660 y 23.661.
ARTICULO 42. — En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral, de trabajo-formación y a plazo fijo se duplicarán en sus plazos máximos de duración.
ARTICULO 58. — El contrato de trabajo-formación es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, sin formación previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una formación teórico-práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo.
ARTICULO 59. — El contrato de trabajo-formación tendrá un plazo de duración mínima de cuatro (4) meses y un máximo de dos (2) años.
ARTICULO 60. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá formular el plan general de alternancia de formación y trabajo, al que deberán adecuarse estos contratos.
El trabajo será realizado en la empresa. La formación podrá realizarse en la empresa cuando ésta cuente con un centro especializado para tal fin; en su defecto quedará a cargo de un organismo de los comprendidos en el título V, capítulo 1 de esta ley.
Entre un cuarto y la mitad del tiempo de trabajo deberá dedicarse a la formación, proporción que podrá concentrarse o alternarse con la de trabajo efectivo en la empresa.
ARTICULO 61. — La remuneración del tiempo de trabajo en la empresa estará a cargo del empleador. La remuneración del tiempo empleado en la formación del trabajador estará a cargo del Fondo Nacional del Empleo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
ARTICULO 62. — En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo y la formación recibida por el trabajador, el que será validado por la autoridad administrativa de aplicación.
ARTICULO 63. — Los jóvenes de 14 a 16 años quedan sujetos a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976), artículo 187, siguientes y concordantes, en todo lo que no sea expresamente modificado por esta ley.
ARTICULO 64. — El contrato cesará en su vigencia por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la presente.
En los otros supuestos regirá el artículo 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976).
ARTICULO 65. — Los empleadores que adopten esta modalidad de contratación quedan exentos por este tipo de contratos de las contribuciones patronales, a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ y a las cajas de asignaciones y subsidios familiares.
LEY Nº 24.467
ARTICULO PERTINENTE
ARTICULO 89. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:
a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo.
b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

 


(2)Decreto Nacional nº 908/1995
Establécese la Autoridad de Aplicación de los Títulos I y II de la Ley Nº 24467 y reglaméntanse artículos de la citada norma.
Fecha: 11.12.1995
Publicado: 20.12.1995

VISTO el Expediente Nº 080-003613/95 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y la Ley 24.467, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario designar la Autoridad de Aplicación de los Títulos I y II de la Ley 24.467, conforme lo establecen sus artículos 30 y 81, como asimismo reglamentar los artículos 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 34, 42, 43, 45 y 46, pertenecientes también a los Títulos I y II de la Ley. En cuanto al Título III su reglamentación ya se instrumentó a través del Decreto Nº 737 del 30 de mayo de 1995.
Que en relación a la caracterización de las empresas que se calificarán como pequeñas y medianas, y hasta tanto la Autoridad de Aplicación defina nuevos parámetros, se estima conveniente mantener el régimen actual establecido por la Resolución del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 401 de fecha 23 de noviembre de 1989 y sus modificatorias.
Que, asimismo, se estima conveniente en función del aprovechamiento de las instituciones existentes, identificar lo que ha de entenderse por calificadoras de riesgo a los efectos de la evaluación del desempeño de las pequeñas y medianas empresas, y en tal sentido se provee a ello mediante referencia al régimen del Decreto Nº 656 del 23 de abril de 1992.
Que, con respecto a la formación de Consorcios de pequeñas y medianas empresas, se mantiene el régimen de promoción actual del Decreto Nº 2586 del 22 de diciembre de 1992.
Que, en relación a los límites establecidos en el artículo 34, es necesario que los estatutos reglamenten las modalidades en que habrán de desenvolverse, ya que si nada se dijera al respecto, las sociedades de garantía recíproca se verán imposibilitadas de operar ya que la primera operación por necesidad lógica superara dichos límites por el solo hecho de ser la única.
Que a los efectos de la autorización para funcionar que debe otorgar la Autoridad de Aplicación según el artículo 42 de la Ley 24.467, se establece un doble sistema. Por un lado la posibilidad de elegir libremente las cláusulas estatutarias que habrán de regir la sociedad y en tal caso la Autoridad de Aplicación tendrá un plazo mayor para pronunciarse. Por otro lado, se dispone que la Autoridad de Aplicación apruebe un estatuto tipo de modo que las sociedades que lo adopten puedan ser autorizadas a funcionar en un lapso más breve. Asimismo se dispone la creación de un registro a tales efectos.
Que el artículo 31 de la Ley 19.550 (t.o. 1984) prohíbe a las sociedades en general, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión, tomar o mantener participación en una u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales, autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en casos concretos, a disponer excepciones a dichos límites.
Que a fin de hacer efectivo el cumplimiento del espíritu de la Ley 24.467, orientando inversiones a sociedades de garantía recíproca, resulta procedente hacer uso de las facultades a que se refiere el artículo precedentemente reseñado, exceptuando en forma concreta a dichas sociedades de los límites establecidos por el referido artículo 31 de la Ley de Sociedades, en la medida que cuenten con la opinión favorable de la Autoridad de Aplicación.
Que, finalmente, se estima necesario reglamentar algunos aspectos vinculados a los alcances de las exenciones a los impuestos a las ganancias y al valor agregado establecidas en el artículo 79, incisos a) y b) de la Ley 24.467; ello con la finalidad de que las exenciones cumplan con el objeto promocional que se propone la Ley.
Que el Servicio Jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el inciso 2 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Establécese que la Autoridad de Aplicación de los Títulos I y II de la Ley 24.467 será EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SECRETARIA DE INDUSTRIA. Las competencias a que se refieren los artículos 2º y 3º de este decreto sólo podrán ser ejercidas por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
(Por el art. 17 del Decreto Nº 943/97 B.O. 22/09/1997 se modifica el presente artículo a los efectos de establecer como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.467 a la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA transfiriéndole las competencias asignadas en el articulado del citado Decreto y que fueran atribuidas originalmente al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS)
Artículo 2º — A los fines de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 24.467, serán de aplicación las definiciones establecidas por la Resolución del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 401 del 23 de noviembre de 1989, y sus modificatorias las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 208 del 24 de febrero de 1993 y Nº 52 del 13 de enero de 1994, en tanto la Autoridad de Aplicación no las modifique o sustituya.
Artículo 3º — Las bonificaciones de la tasa de interés para facilitar el acceso al crédito a las que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley 24.467, continuarán instrumentándose a través del Programa Trienal de Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa instituido por Decreto Nº 2586 del 22 de diciembre de 1992, modificado por Decreto Nº 991 del 7 de mayo de 1993, como asimismo a través de otros mecanismos que oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación.
Artículo 4º — La bonificación especial de la tasa de interés a que se refiere el artículo 3º de la Ley 24.467 se determinará conforme a alguno de los parámetros establecidos en dicho artículo o a una combinación de ambos. Tal determinación estará a cargo de la Autoridad de Aplicación en cada oportunidad que se convoque a licitación en las entidades a través de las cuales se otorgarán los créditos a tasas bonificadas. Dicha decisión deberá contar con la conformidad de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Artículo 5º — Las evaluaciones a las que se refiere el artículo 8º de la Ley 24.467, podrán ser llevadas a cabo por las calificadoras de riesgo inscriptas en el registro previsto en el Decreto Nº 656/92, siendo además necesaria, la aprobación por parte de la COMISION NACIONAL DE VALORES dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de un manual de procedimientos específicos para la evaluación de las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 6º — Los fondos a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 24.467, según lo establece el artículo 29 de la misma, serán asignados a la Autoridad de Aplicación con destino específico a los programas establecidos en el Decreto Nº 1091 del 7 de julio de 1994 (Sistema de Fortalecimiento de las Estructuras de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas), el Decreto Nº 1255 del 29 de julio de 1994 (Programa de Desarrollo de Proveedores) y Decreto Nº 1304 del 1º de agosto de 1994 (Régimen de Consolidación y Desarrollo de Polos Productivos Regionales), para ser ejecutados durante el año fiscal 1995.
Artículo 7º — La Autoridad de Aplicación dispondrá las acciones necesarias para instrumentar un Sistema Unico Integrado de Información y Asesoramiento para las Pequeñas y Medianas Empresas. A tales efectos, los organismos integrantes del PODER EJECUTIVO NACIONAL deberán disponer lo necesario para suministrar a la Autoridad de Aplicación antes del día 30 de octubre del corriente año, la información necesaria que conformar la base de datos, con el fin de proceder a su unificación. El servicio deberá ponerse en marcha el 1 de enero de 1996.
Los gastos que demande mantener el Sistema Unico Integrado de Información y Asesoramiento para las Pequeñas y Medianas Empresas, deberán imputarse a los créditos presupuestarios de la SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Se invita a los Gobiernos Provinciales y Municipales a participar en la conformación del Sistema Unico Integrado de Información y Asesoramiento a la Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 8º — La Autoridad de aplicación coordinar con los organismos involucrados en las disposiciones del artículo 13 de la Ley 24.467, junto con los institutos bajo su jurisdicción, las acciones necesarias y elevar las propuestas que estime pertinentes, con el fin de que se cumplan los objetivos de dicho artículo.
Artículo 9º — Para la promoción de la formación de Consorcios de Empresas Pequeñas y Medianas, enmarcada en el artículo 19 de la Ley 24.467, mantiénense los instrumentos y procedimientos establecidos en el Capítulo III del Decreto Nº 2586 del 22 de diciembre de 1992 y sus normas complementarias. Facúltase asimismo a la Autoridad de Aplicación a proponer normas sustitutivas o complementarias de dicho instrumento, en tanto la evolución de los factores económicos o la potenciación de esta herramienta lo hicieran necesario.
Artículo 10. — El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tendrá a su cargo coordinar la acción de los distintos organismos competentes en materia de comercio exterior, con el fin de definir las políticas más adecuadas para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 24.467.
Artículo 11. — La Autoridad de Aplicación instrumentar y coordinar con las distintas áreas de los Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales y con la participación del sector privado incluyendo a las entidades gremiales empresarias, el desarrollo del Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresariales y gerenciales de las Pequeñas y Medianas Empresas creado por el artículo 22 de la Ley 24.467.
Artículo 12. — Para los distintos programas y sistemas incluidos en la Ley 24.467, que hayan sido creados con anterioridad a la fecha de vigencia de la misma, mantiénense los instrumentos, procedimientos y normas reglamentarias actualmente vigentes que le son aplicables a cada uno de ellos.
Facúltase asimismo a la Autoridad de Aplicación a establecer o proponer normas sustitutivas o complementarias de las indicadas anteriormente; en función de factores económicos, necesidad de potenciación o de corrección, que cada una de las herramientas requiera en el futuro.
Art. 13. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 14. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 15. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 16. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 17. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 18. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 19. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 20. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 21. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 22. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 23. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 24. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 25. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 26. — (Artículo derogado por art. 30 del Decreto N° 1076/2001 B.O. 28/8/2001).
Art. 27. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —

Ley nº 10394
(texto actualizado, modificado por Ley nº 10814)
Sancionada: 15.09.2015
Promulgada: 08.10.2015
Publicada: 16.10.2015

"Artículo 1°.- Créase el Régimen de Promoción para el Emprendedurismo Joven Entrerriano y para MiPyMEs, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 24.467, que se regirá de la presente ley y que tendrá por objetivos:
a) Fomentar el espíritu emprendedor en la juventud entrerriana.
b) Fortalecer el entramado de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas en la Provincia de Entre Ríos, sus sostenimiento y escalabilidad.
c) Promover la diversificación y la innovación productiva a través de la recepción, evaluación y financiamiento de proyectos de carácter agropecuario, industrial, servicios asociados a dichos sectores, proyectos turísticos y los ligados a la economía del conocimiento.
d) Propiciar el arraigo de los jóvenes productores en zonas rurales, reduciendo la migración y fortaleciendo el desarrollo sostenible del sector agropecuario provincial.
e) Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias e industriales y de servicios con el fin de aumentar la producción y la fuente de empleo genuina.
f) Favorecer el mejoramiento de las condiciones de los emprendedores, emprendedoras y MiPyMEs entrerrianos.
g) Fomentar el crecimiento local a partir del agregado de valor.
h) Propiciar el asociativismo y cooperativismo en la juventud entrerriana.
i) Promover la inserción de bienes y servicios agropecuarios e industriales, elaborados o prestados por la juventud emprendedora entrerriana, en los mercados nacionales e internacionales.
j) Favorecer las instancias de articulación, generación de vínculos y desarrollo de proyectos conjuntos entre emprendedores y MiPyMEs, favoreciendo la integración horizontal y vertical de las cadenas de valor provinciales" .

"Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley, se entenderá por Jóvenes Emprendedores a las personas físicas de entre dieciocho (18) y cuarenta (40) años de edad o a aquellas personas jurídicas nuevas o cuya fecha de constitución no exceda los siete (7) años, que desarrollen actividades productivas o de servicios en los sectores antes consignados y que tengan su domicilio real en la Provincia de Entre Ríos. Por MiPyMEs se entenderá a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que tengan domicilio real y realicen sus actividades en la Provincia, dentro de los sectores productivos agropecuario, industrial o de servicios asociados a los mismos, turístico o de economía del conocimiento".

"Artículo 3°.- La Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción de Entre Ríos o el organismo que a futuro la reemplace será la autoridad de aplicación de la presente ley, fomentando y promoviendo el emprendedurismo joven y el desarrollo MiPyME en la Provincia a partir de las actividades mencionadas en el cuerpo de los objetivos consignados".

Artículo 4°.- Créase el "Fondo Especial para Desarrollo del Emprendedurismo Joven y MiPyME Entrerriano" el cual se conformará con los siguientes recursos:
a) El reembolso o recupero directo o indirecto de los créditos o asistencias reintegrables otorgados por el Estado Provincial que fueron atendidos oportunamente con aportes no reintegrables provenientes de convenios suscriptos entre la Provincia de Entre Ríos y organismos públicos nacionales para fomentar el desarrollo del emprendedurismo en Entre Ríos, vigentes o con ejecución a la fecha de vigencia de la presente ley;
b) Las donaciones o legados debidamente autorizados;
c) Las sumas que se obtengan en el futuro en carácter de recupero directo o indirecto de préstamos al sector financiados con aportes no reintegrables obtenidos por la Provincia de Entre Ríos a través de convenios con organismos nacionales o internacionales con destino al financiamiento de las acciones del referido Plan;
d) Las sumas que se obtengan en carácter de recupero directo o indirecto con motivo del otorgamiento de préstamos a los jóvenes emprendedores financiados con recursos del fondo que se crea por intermedio del presente artículo.-
Artículo 5°.- Los recursos que integren el "Fondo Especial para Desarrollo del Emprendedurismo Joven y MiPyME Entrerriano" serán depositados y/o transferidos a una cuenta corriente específica que girará bajo la denominación "Fondo para Programas de Fomento a Jóvenes Emprendedores Entrerrianos" en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. o en la entidad financiera que en el futuro la reemplace como agente financiero de la Provincia y que será administrada por la "Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor" del Ministerio de Producción con los siguientes destinos:
a) Llevar adelante programas de capacitación general en productivos y elaboración de planes de negocios, emprendedores entrerrianos;
b) Desarrollar capacitaciones específicas referidas a los distintos sectores productivos en que los jóvenes presenten sus planes de negocios, trabajando en conjunto con las áreas pertinentes del propio Ministerio de Producción y favoreciendo la articulación con otras instituciones pertenecientes tanto al sector público como privado;
c) Brindar capacitación técnica y asistencia financiera para incrementar la eficiencia de los procesos productivos, mejorar los aspectos sanitarios y fortalecer la organización de los sectores a los que correspondan los proyectos de los jóvenes emprendedores entrerrianos;
d) Ejecutar el programa "Jóvenes Emprendedores" para el financiamiento de los proyectos presentados por los jóvenes entrerrianos;
e) Desarrollar planes para el acompañamiento técnico y profesional de los proyectos productivos financiados, favoreciendo la articulación con el sector científico tecnológico de Entre Ríos, el desarrollo local y generación de oportunidades y la incorporación de valor;
f) Brindar asistencia a productores afectados por contingencias climáticas para afrontar desastres y/o emergencias y otros siniestros no, previsibles y que por su intensidad afecten el desarrollo normal de la actividad productiva de los jóvenes.
g) Promocionar la integración de los jóvenes emprendedores entrerrianos en las etapas de procesamiento y comercialización de la materia prima mediante el fomento del asociativismo y el cooperativismo;
h) Concientizar a los jóvenes respecto de la aplicación de tecnologías apropiadas a cada sector productivo en que presenten sus proyectos.-

Artículo 6°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a través de la "Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor" del Ministerio de Producción a establecer las asignaciones específicas de los recursos que integran el "Fondo Especial para Desarrollo del Emprendedurismo Joven y MiPyME Entrerriano", conforme los destinos previstos precedentemente.

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo Provincial procederá a incorporar al Presupuesto vigente en la Jurisdicción 15 - Ministerio de Producción el cálculo de recursos y las autorizaciones de gastos que pudieran emerger de la presente ley, debiendo incorporar tales modificaciones al proyecto de Ley de Presupuesto para ejercicios venideros.

Artículo 8°.- Comuníquese, etcétera.

Decreto nº 409/2009
Fecha: 07.05.2009

ARTÍCULO 1º.- Créase la Unidad Parque, dependiente de la Unidad Municipal 1 Centro, de la Secretaría de Gobierno, la que tendrá nivel de dirección.(2)
ARTÍCULO 2º.-(1)
ARTÍCULO 3º.-(1)
ARTÍCULO 4º.-(1)
ARTÍCULO 5º.- (1)
ARTÍCULO 6º.- (1)
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrenado por la Señora Secretaria de Gobierno.

(1) No se transcriben los artículos 2º a 6º del decreto nº 409/2009 ya que los mismos establecen disposiciones referente al personal que prestará funciones en la Unidad creada.-

(2) Por Decreto nº 366/2016 Anexo XIII

4.- Dirección de Parques y Paseos.
4.1.- Área Accesos a la Ciudad.
4.2.- Miradores Bajada Grande.
4.3.- Parque "Justo J. de Urquiza".
4.4.- Parque "Humberto Varisco". 

Decreto nº 2165/2016
Fecha: 20.10.2016

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Institucional.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

Decreto nº 1964/2016
Fecha: 27.09.2016

Artículo 1º.- Créase la Subdirección de la Subsecretaría General, dependiente de la Secretaría General y Derechos Humanos.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- Créase el Departamento Administrativo de la Dirección de Control Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable dependiente de la Secretaría General y Derechos Humanos.
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- (1)
Artículo 6º.- (1)
Artículo 7º.- El presente es refrendado por el Secretario General y Derechos Humanos.
Artículo 8º.- Registrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 4º, 5º y 6° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las áreas creadas.

Resolución nº 19/2020 MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Fecha: 08.05.2020
Publicado: 14.05.2020
RESOL-2020-19-APN-MDTYH

VISTO: el Expediente EX-2020-28316904-APN-SSPSYU#MDTYH la Ley de Ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y su última modificación efectuada por Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019 y el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, a fin de adecuar la organización ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL conforme los objetivos y las políticas de gobierno en cada una de las áreas de gestión, estableciendo sus competencias, entre ellas, las del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que el Decreto N° 50/19, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales determinó las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobando el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y los objetivos de esas Unidades Organizativas.

Que a éste Ministerio, entre otras incumbencias, le corresponde "Entender en las políticas de gestión de suelo, innovando y generando instrumentos urbanísticos y jurídicos que garanticen el crecimiento conveniente de las áreas metropolitanas, de las ciudades pequeñas y medianas, y de la protección de los cordones periurbanos, en coordinación con provincias y municipios", como así también "intervenir en la coordinación, seguimiento y fiscalización de las acciones que realicen el ESTADO NACIONAL, las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios, en lo referente a la planificación y organización del territorio, a los usos del suelo y a los programas de infraestructura y hábitat, en el marco de lo que establezca la política de ordenamiento territorial".

Que el Decreto Nº 50/19, basado en criterios de racionalidad y eficiencia y en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales reordenó las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, creando en el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL y la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO.

Que una política de hábitat virtuosa requiere de una adecuada gestión del suelo, el que debe contar con infraestructura, equipamiento, localización adecuada y resultar accesible a los diferentes sectores sociales y sus respectivas capacidades de pago.

Que la generación de suelo urbano producido o promovido por el Estado resulta fundamental para garantizar que el propio Estado cuente con suelo disponible para localizar vivienda a construirse y/o a promoverse en forma pública y para ampliar la accesibilidad de las familias a suelo urbano y, por ende, a un lugar en las ciudades.

Que la falta de acceso al suelo es una de las principales causas de la informalidad, siendo necesario desplegar una gama de instrumentos que, por una parte, desalienten las prácticas especulativas y, por otro, mejoren las condiciones para lograr la movilización de suelo ocioso.

Que la adquisición de suelo de manera anticipada a las necesidades de cada dependencia u organismo resulta clave para mejorar el desarrollo de las políticas urbanas y habitacionales y que, para ello, es fundamental el despliegue de instancias administrativas que garanticen que los municipios aprovechen el mayor valor que otorgan la normativa urbanística, las habilitaciones para desarrollar suelo urbano y/o mayor edificabilidad, así como las obras públicas construidas por los diferentes niveles del Estado.

Que en el marco de las competencias que en materia de suelo -planificación y uso del territorio- poseen los gobiernos sub nacionales, resulta indispensable asistir y apoyar técnicamente a las Provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los municipios en la gestión del suelo público, promoviendo la conformación y gestión estratégica de bancos de tierra y su instrumentación.

Que para el logro de los objetivos y acciones mencionadas resulta indispensable la creación de un Plan Nacional de Suelo Urbano, el que se implementará por el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT a través de la SUBSECRETARÍA DE SUELO Y URBANISMO.

Que una eficiente coordinación de esfuerzos debe hacer partícipes de estas políticas, además del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, a propietarios de suelo, gobiernos municipales, provincias, empresas constructoras, sindicatos, organizaciones civiles y otros organismos del propio Gobierno Nacional como la Agencia de Administración de Bienes del Estado, los que en el marco de acuerdos y de los instrumentos legales que sean necesarios, podrán asociarse para la regularización de suelo, la generación de suelo urbano y desarrollos urbanísticos integrales que contemplen la infraestructura básica, donde cada actor participe en función de los aportes que realice, tanto sea suelo, adecuación de la normativa urbanística, infraestructura, construcción, crédito para la construcción y/o adquisición de vivienda u otros que resulten posibles para la gestión de suelo señalada.

Que resulta necesario fijar pautas normativas que tiendan a lograr presupuestos mínimos a garantizarse en el uso y planificación del territorio por parte de las Provincias y los Municipios, prestándoles a los gobiernos subnacionales la asistencia y capacitación necesaria.

Que es indispensable coordinar dichas acciones con las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial emanadas de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial de la SUBSECRETARÍA DE SUELO Y URBANISMO, fortaleciendo la estructura federal de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que se requiere también de la puesta en marcha de dos iniciativas: la conformación de una "Mesa intersectorial en Políticas de Suelo" y un "Observatorio Nacional de Acceso al Suelo".

Que también resulta necesario que las políticas de suelo a implementar contemplen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, económicos, sociales y culturales, promoviendo ciudades compactas, equitativas y sostenibles.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias.

Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
RESUELVE:

Artículo 1º.- Créase el "Plan Nacional de Suelo Urbano", el que será implementado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a través de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

Artículo 2º.- El Plan que se crea por el artículo anterior comprenderá:

a) El Programa Nacional de Producción de Suelo.

b) El Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo.

c) La conformación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo.

Artículo 3º.- El Programa Nacional de Producción de Suelo promoverá:

a) la suscripción de convenios para la producción de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer, de acuerdo con la Clasificación de Suelo, la producción de Suelo Urbanizado y Especial,

b) la creación de bancos de tierra, -entendidos como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral.

Artículo 4º.- El Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo, contribuirá a la capacitación de técnicos y funcionarios de la Administración Pública nacional, provincial, municipal en Políticas Sostenibles de Gestión del Suelo para mejorar las capacidades de los gobiernos locales y provinciales, tanto en materia de recursos humanos como de equipamiento.

Artículo 5º.- Créase la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, como ámbito participativo de debate, la que estará integrada por el sector público, el sector privado, las organizaciones gremiales, las universidades y las organizaciones civiles, a los fines de realizar aportes a los contenidos mínimos de la política nacional de suelo y contribuir a la promoción de marcos legales y políticas públicas que permitan lograr un crecimiento adecuado de las áreas urbanas y la protección de los cordones periurbanos.

Artículo 6º.- Créase el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo como un ámbito de construcción y análisis de datos acerca de la situación de acceso al suelo en todo el territorio nacional, lo que constituirá un insumo fundamental para el diseño, la ejecución, evaluación y monitoreo de las políticas y programas implementados por el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT. En su ámbito funcionará el Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales y Proyectos Urbanos y el Observatorio Nacional de Precios del Suelo.

Artículo 7.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO a dictar normas complementarias e interpretativas, quedando autorizada a suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la presente Resolución.

Artículo 8.- Los convenios a los que se refiere el artículo anterior deberán contar con la asistencia e intervención del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, toda vez que los mismos comprendan bienes inmuebles, cualquiera sea el origen de su dominio. Dicha intervención deberá requerirse previa a la suscripción del Convenio y en forma posterior a que el mismo se haya ejecutado, en aquellos casos que se defina la transferencia de los lotes generados por el Plan a terceros adquirentes a título oneroso.

Artículo 9°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo al presupuesto de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO
(1) Disposición nº 1/2020
Fecha: 18.06.2020
Publicado: 19.06.2020
DI-2020-1-APN-SSPSYU#MDTYHSUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

VISTO: el expediente N° EX-2020-32075001-APN-SSPSYU#MDTYH, la Ley de Ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y su última modificación, efectuada por Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y la Resolución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Nº 19 de fecha 8 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la ley de ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, determinando las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Que el Decreto N° 50/19, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales determinó las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobando el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y los objetivos de esas Unidades Organizativas.

Que al MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, entre otras incumbencias, le corresponde "Entender en las políticas de gestión de suelo, innovando y generando instrumentos urbanísticos y jurídicos que garanticen el crecimiento conveniente de las áreas metropolitanas, de las ciudades pequeñas y medianas, y de la protección de los cordones periurbanos, en coordinación con provincias y municipios", como así también "intervenir en la coordinación, seguimiento y fiscalización de las acciones que realicen el ESTADO NACIONAL, las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios, en lo referente a la planificación y organización del territorio, a los usos del suelo y a los programas de infraestructura y hábitat, en el marco de lo que establezca la política de ordenamiento territorial".

Que basado en criterios de racionalidad y eficiencia y en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales se reordenaron las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, creándose en el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL y la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO.

Que por medio de la Resolución N° 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT se crea el "Plan Nacional de Suelo Urbano", facultándose en el artículo séptimo a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO a dictar las normas complementarias e interpretativas que resulten pertinentes y autorizándola a suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la mencionada Resolución.

Que el Plan Nacional de Suelo Urbano comprende el Programa Nacional de Producción de Suelo, el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo y la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo.

Que el Programa Nacional de Suelo tiene como uno de sus principales objetivos mejorar las condiciones en que se produce la oferta de lotes con servicios y contar con predios en localizaciones prioritarias para el desarrollo de las políticas nacionales de hábitat.

Que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo tercero de la citada Resolución, que establece que el Programa Nacional de Producción de Suelo promoverá la suscripción de convenios para la producción de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer, de acuerdo con la Clasificación de Suelo, la producción de Suelo Urbanizado y Especial y la creación de bancos de tierra, -entendidos como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral, los convenios e instrumentos referidos, deben contemplar la posibilidad de acceso a lotes con servicios o los programas habitacionales que se ejecuten en ellos.

Que igualmente para constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral es necesario establecer parámetros objetivos que permitan el análisis y selección de propuestas gestionadas con la intervención de instancias administrativas que garanticen la publicidad, legalidad y transparencia de las decisiones que se adopten.

Que en el marco de competencias atribuidas a los distintos niveles de gobierno corresponde a las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos y los Municipios, fijar normas y reglamentaciones para el uso, ocupación y subdivisión del suelo, por lo tanto, los convenios que se suscriban promoverán que se contemple la participación en la valorización inmobiliaria en caso que la misma sea generada producto del convenio.

Que para incorporar este último criterio, conocido como plusvalía urbana, las jurisdicciones deberán contar con normas que permitan criterios objetivos de valorización del suelo, de acuerdo a las mejoras de uso del suelo o edificabilidad que puedan obtener inmuebles del dominio de particulares.

Que el Plan Nacional de Suelo tiene como objetivo prioritario fomentar la utilización de bancos de tierra ya existentes en distintos municipios y provincias del país, como así también promover que se constituyan nuevos en donde aún no se han implementado.

Que a través del Plan se pretende optimizar y potenciar los bancos de tierra, incorporando medios tecnológicos, instrumentos técnicos y recursos humanos que permitan contar con bases de datos confiables y georeferenciadas en todo el país, las que conformarán un catálogo único de bienes inmuebles, propiedad de los distintos niveles de gobierno, sobre los que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pueda proponer intervenciones con criterio federal y planificado.

Que otro de los componentes del Plan Nacional de Suelo Urbano, es el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a la gestión local en políticas de suelo, que tiene como primordial objetivo la mejora de las capacidades de los gobiernos locales para gestionar políticas urbanas, a partir de contar con recursos humanos formados bajo criterios propuestos por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, garantizando una rica propuesta curricular y gestión por resultados.

Que a través de las áreas de capacitación y asistencia técnica se deberá desplegar distintas estrategias que permitan universalizar la propuesta y gestionar sus contenidos, para que la misma sea continua y permanente.

Que el desarrollo de los cursos permitirá formar una comunidad de efectores de políticas de suelo a nivel local y regional, que continuará vinculada a través de un foro virtual administrado por el área de capacitación y asistencia técnica, que servirá como mecanismo ágil de consulta, intercambio de experiencias y sugerencias de aplicación de instrumentos en diferentes contextos.

Que para atenuar la fragmentación de las políticas de suelo urbano, es necesario propiciar mayores niveles de participación, para lo cual el Plan ha establecido la creación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo.

Que dicha mesa se reunirá con periodicidad y aprobará en su primera reunión el reglamento de trabajo que propondrá la Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo en el que entre otros aspectos se establecen los criterios de composición, los documentos que podrán aportarse y discutirse y la modalidad de participación a distancia, que será coordinada por el área de capacitación y asistencia técnica.

Que las propuestas y debates realizados por los participantes, conformarán documentos públicos que serán puestos a consideración de la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat como insumos para la gestión y definición de políticas públicas.

Que otra cuestión abordada por la Resolución citada pone foco en la obtención, procesamiento, análisis y seguimiento de datos que permitan la construcción de un Observatorio Nacional de Acceso al Suelo.

Que para realizar dicha tarea se contará con dos recursos necesarios para desarrollar políticas de suelo urbano "preventivas", como son el Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales y el Observatorio Nacional de Precios del Suelo.

Que el Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales conformará una base de datos confiable a la que podrán recurrir las distintas áreas del Ministerio para la formulación de programas e intervenciones.

Que en el Observatorio Nacional de Precios del Suelo se realizarán los Mapas de Valores de Suelo, que permitirá la toma de decisiones estratégicas para evitar o mitigar las prácticas especulativas y la escasez de tierra en áreas consideradas de desarrollo prioritario.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto en el artículo Nº 7 de la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT Nº 19/2020.

Por ello,
El SUBSECRETARIO DE POLITICA DE SUELO Y URBANISMO
DISPONE

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT el "Programa Nacional de Producción de Suelo".

Artículo 2º.- Apruébase el Reglamento Particular del "Programa Nacional de Producción de Suelo", el cual como Anexo I (DI-2020-37113195-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 3º.- Créase en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT el "Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo".

Artículo 4º.- Apruébase el Reglamento Particular del "Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo", el cual como Anexo II (DI-2020-37755096-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 5°.- Apruébase el Reglamento Particular de la "Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo", creada por artículo 5° de la Resolución N° 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, el cual como Anexo III (DI-2020-37114741-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 6°.- Apruébase el Reglamento del "Observatorio Nacional de Acceso al Suelo", creado por artículo 6° de la Resolución N° 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, el cual como Anexo IV (DI-2020-37118999-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Juan Luciano Scatolini

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)


                                                                                                                                                              ANEXO I

 

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                             ANEXO I

REGLAMENTO PARTICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE

PRODUCCIÓN DE SUELO

Alcances:

Objetivo general:

Promover y financiar la totalidad o parte de proyectos para la generación de lotes con servicios que cuenten con la infraestructura mínima garantizada, adecuada localización (1), que resulten asequibles a los diferentes sectores sociales y sus respectivas capacidades de pago y que sean aptos para programas habitacionales.

Objetivos particulares:

- Ampliar la oferta de suelo urbanizado, favoreciendo el acceso de los grupos sociales que no pueden acceder a través de la oferta existente en cada localidad.

- Apoyar a los gobiernos provinciales y locales en el incremento de la oferta de suelo con infraestructura donde desarrollar luego proyectos habitacionales.

- Mejorar las capacidades públicas para anticiparse a la demanda de suelo urbano para los diferentes usos, en particular los destinados al residencial y anexos.

- Lograr incidencia en la regulación de los mercados de suelo de cada localidad donde intervenga el programa.

- Vincular la política de suelo con el desarrollo territorial, promoviendo prácticas virtuosas para lograr ciudades compactas, equitativas y accesibles.

Componentes y productos:

A través de este programa se financiarán proyectos que incluyan los siguientes componentes, según los alcances de este Reglamento Particular, del Plan Nacional de Producción de Suelo, del Manual de Ejecución y de los convenios que se suscriban.

Serán financiables solicitudes que incluyan acciones destinadas a la generación de lotes con servicios, pudiendo incluir en el financiamiento la adquisición de suelo -si los Entes Ejecutores no disponen de suelo apto para urbanizar-, siempre con la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación o los organismos tasadores oficiales de provincial o municipios, y la infraestructura que sea requerida por las normas urbanísticas vigentes y las exigencias mínimas del programa.

Los proyectos a desarrollar deberán estar localizados en suelo urbanizado o urbanizable. Cuando se trate de proyectos localizados en zonas factibles de ser urbanizadas, sólo se admitirán predios cuando estén acompañados de un proyecto o plan de expansión urbana para el sector donde se localiza el predio ofrecido al programa, en función de las definiciones del Plan Urbano Local o las Directrices de Planeamiento.

En aquellos casos en los que el municipio cuente con suelo de dominio privado apto para desarrollar proyectos de lotes con servicios, se podrá solicitar el financiamiento de todas las redes de infraestructura que sean requeridas por las normas urbanísticas vigentes y las exigencias mínimas del programa.

Las redes de infraestructura pasibles de ser financiadas son las siguientes:

✓ Apertura, tratamiento de calles que se abran para realizar el loteo, veredas, obras de escurrimiento de aguas superficiales, desagües pluviales y retardadores hídricos;

✓ Veredas;

✓ Provisión de agua corriente en cantidad y calidad;

✓ Red de desagües cloacales. En caso de no contar con factibilidad para dotar con el servicio al loteo a desarrollar, o bien que las obras para lograr la factibilidad eleven el costo de los lotes por encima de valores razonables, se admitirán sistemas de eliminación de excretas no contaminantes, promoviendo el uso de biodigestores si este sistema resulta una solución adecuada en función del tipo de suelo;

✓ Red de energía eléctrica para uso domiciliario y alumbrado público;

✓ Red de gas natural;

✓ Forestación urbana de calles públicas y áreas verdes, incluyendo árboles que brinden frutos comestibles;

✓ Señalización urbana.

✓ Paradores de Transporte Público.

✓ Se promoverá la utilización de tecnologías que reduzcan el consumo energético y la reutilización del agua.

La infraestructura mínima exigida por el programa para desarrollar lotes con servicios son las siguientes:

- Apertura, tratamiento de calles que se abran para realizar el loteo, veredas, obras de escurrimiento de aguas superficiales y desagües pluviales;

- Provisión de agua corriente en cantidad y calidad;

- Red de energía eléctrica para uso domiciliario y alumbrado público;

- Forestación urbana;

- Señalización urbana;

- Paradores de Transporte Público, en caso que exista el servicio en la localidad y en la zona donde se localice el proyecto.

Partes intervinientes:

Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo: organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Unidad de Gestión: equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo de la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Tribunal de Tasaciones de la Nación: organismo del Estado Nacional que realiza las tasaciones oficiales requeridas por el Estado Nacional.

Solicitantes: organismos Provinciales o Municipales responsables de la ejecución de proyectos urbanísticos y habitacionales, organismos e instituciones públicas financieras, nacionales, provinciales y/o municipales, cooperativas de vivienda con experiencia en la materia, organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, fondos fiduciarios o entes del sector público nacional, provincial y municipal.

Entes Ejecutores: solicitantes que hayan suscripto un convenio en el marco del presente programa.

Oferentes de tierra para urbanizar: los que ofrezcan tierra en el marco de los llamados a licitación o concursos (el mecanismo que garantice la mayor concurrencia) que se organicen al efecto.

Responsabilidad de las partes:

A continuación, se describen las funciones generales de las partes intervinientes, con las especificidades que se describan en el correspondiente Manual de Ejecución.

Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo:

- Definir la ejecución presupuestaria anual de la presente línea del programa y sus metas de actuación.

- Establecer los lineamientos estratégicos, definir anualmente los requerimientos presupuestarios y suscribir los convenios particulares.

- Aprobar el Manual de Ejecución de esta línea del programa.

- Gestionar los desembolsos, de conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

- Emitir la habilitación para licitar y la constancia de factibilidad financiera.

- Promover la firma de convenios con los solicitantes.

- Evaluar el desempeño financiero de esta línea de acción.

- Informar los incumplimientos de los convenios firmados con los Entes Ejecutores y proponer la adopción de las medidas que correspondan.

- Brindar asesoramiento para la presentación de proyectos que se enmarquen dentro de los componentes de la presente línea del programa.

Unidad de Gestión:

- Analizar y evaluar la documentación presentada por los solicitantes o Entes Ejecutores y solicitar y recibir correcciones y/o ampliaciones de los proyectos a financiar por la presente línea del programa.

- Canalizar los requerimientos de financiamiento de los solicitantes, coordinando su correspondiente evaluación con ajuste a los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de la presente línea del programa, asegurando brindar a dichos solicitantes la respuesta e información correspondiente.

- Emitir la Constancia de no objeción técnica de los proyectos y la Factibilidad de Ocupación.

- Elaborar los proyectos de convenios a suscribir entre la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y los Entes Ejecutores.

- Llevar adelante las acciones de supervisión para lograr una ejecución adecuada y eficiente de los proyectos a financiar por la presente línea, verificando el cumplimiento de los convenios que se suscriban.

- Generar información para la toma de decisiones, emergente de la ejecución de los proyectos que se enmarcan en la presente línea.

- Revisar y proponer mejores criterios de elegibilidad para los proyectos que se ejecutan a través de la presente línea.

- Colaborar con las auditorías de los proyectos financiados y preparar los informes que correspondan a tal fin.

- Confeccionar y difundir manuales, guías de presentación y gestión de los proyectos enmarcados en la presente línea del programa.

Tribunal de Tasaciones de la Nación: será el encargado de realizar las tasaciones de los predios propuestos por los municipios o provincias o los que se ofrezcan a través de las licitaciones públicas o concursos que se realicen a efectos de recibir ofertas de suelo apto para urbanizar.

Solicitantes / Entes Ejecutores:

Municipios:

- Participar de jornadas de capacitación en políticas de suelo y de difusión de los programas y líneas de trabajo de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y la Dirección Nacional de Planificación Estratégica.

- Responder la solicitud de información realizada por las áreas técnicas correspondientes acerca de la existencia y funcionamiento del Banco de Tierras a nivel local.

- Informar a la Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo de la existencia de Normas Urbanísticas, Planes Urbanos y/o Directrices de Planeamiento.

- Suscribir los convenios con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

- Informar a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo acerca de ofertas de ventas de terrenos o fracciones de tierra en el municipio y/o localidad donde se solicita la intervención -según planilla adjunta al convenio suscripto- para colaborar con la Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo en la conformación de un mapa de precios del suelo, a fin de contar con información para la evaluación y monitoreo del proyecto a desarrollar y su impacto en el mercado de suelo local.

- Realizar sus mejores esfuerzos para conformar un Banco de Tierras e Inmuebles en caso de no tenerlo, o bien actualizar la Ordenanza que lo creó y definió su administración si fuera necesario.

- Entregar la información catastral de la que dispongan y que sea solicitada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a fin de que la pueda utilizar para sus diferentes programas.

- Presentar los proyectos y, eventualmente, adecuarlos según las correcciones que se le indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, de corresponder, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia de Factibilidad de ocupación.

- Realizar sus mejores esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción y conformar un fondo específico intangible para el ingreso de lo recaudado por la venta de los lotes a los adjudicatarios.

- Crear una cuenta especial afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde recibirán los fondos para la adquisición de suelo (de corresponder) y/o el financiamiento de infraestructura.

- Disponer de los lotes con servicios generados dando prioridad al desarrollo de programas y proyectos propuestos por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

- Disponer de los bienes en favor de personas o familias que necesiten adquirir un lote de terreno con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

- En aquellos casos en que corresponda, llevar adelante los procesos licitatorios y/o el proceso de selección de cooperativas u organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas para la ejecución de los trabajos de urbanización necesarios.

- Llevar adelante la ejecución y dirección de cada componente de esta línea del programa que se ejecute por administración, cumpliendo con las obligaciones acordadas.

- Realizar el seguimiento de los proyectos, así como la inspección de las obras o acciones, controlando su cumplimiento, cuando fuese ejecutado por empresas, cooperativas u otras personas jurídicas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de obra de todos los proyectos incluidos en la presente línea del programa.

- Elaborar informes sobre los proyectos convenidos con carácter de declaración jurada, incluyendo la recepción provisoria y definitiva de las obras.

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con la constitución de derecho real de hipoteca en los casos que corresponda.

- Realizar censos, relevamientos, inscripciones, evaluaciones y selección de adjudicatarios, cuando corresponda, llevando adelante procesos públicos de oposición a la adjudicación.

- Adjudicar, cuando corresponda, los lotes con servicios, conforme los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de esta línea de acción, una vez ratificadas las adjudicaciones por la Unidad de Gestión.

- Emitir el acto administrativo de adjudicación que corresponda.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, los lotes con servicios ejecutados con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en buen estado de mantenimiento.

- Implementar y gestionar un sistema de recupero de cuotas a ser pagadas por los adjudicatarios de las soluciones habitacionales otorgadas.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

- Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la dispuesto en el Decreto 782 de fecha 20 de noviembre de 2019.

Organismos Provinciales:

- Participar de jornadas de capacitación en políticas de suelo y de difusión de los programas y líneas de trabajo de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial.

- Responder la solicitud de información realizada por las áreas técnicas correspondientes acerca de la existencia y funcionamiento de Banco de Tierras a nivel provincial.

- Suscribir los convenios con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

- Presentar los proyectos y, eventualmente, adecuarlos según las correcciones que se le indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, de corresponder, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia de Factibilidad de ocupación.

- Realizar sus mejores esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción y conformar un fondo específico intangible para el ingreso de lo recaudado por la venta de los lotes a los adjudicatarios.

- Crear una cuenta especial afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde recibirán los fondos para la adquisición de suelo (de corresponder) y/o el financiamiento de infraestructura.

- Entregar la información catastral de la que dispongan y que sea solicitada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a fin de que la pueda utilizar para sus diferentes programas.

- En aquellos casos en que corresponda, llevar adelante los procesos licitatorios y/o el proceso de selección de cooperativas u organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas para la ejecución de los trabajos de urbanización necesarios.

- Llevar adelante la ejecución y dirección de cada componente de esta línea del programa que se ejecute por administración, cumpliendo con las obligaciones acordadas.

- Realizar el seguimiento de los proyectos, así como la inspección de las obras o acciones, controlando su cumplimiento, cuando fuese ejecutado por empresas, cooperativas u otras personas jurídicas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de obra de todos los proyectos incluidos en la presente línea del programa.

- Elaborar informes sobre los proyectos convenidos con carácter de declaración jurada, incluyendo la recepción provisoria y definitiva de las obras.

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con la constitución de derecho real de hipoteca en los casos que corresponda.

- Realizar censos, relevamientos, inscripciones, evaluaciones y selección de adjudicatarios, cuando corresponda, llevando adelante procesos públicos de oposición a la adjudicación.

- Adjudicar, cuando corresponda, los lotes con servicios, conforme los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de esta línea de acción, una vez ratificadas las adjudicaciones por la Unidad de Gestión.

- Emitir el acto administrativo de adjudicación que corresponda.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, los lotes con servicios ejecutados con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en buen estado de mantenimiento.

- Implementar y gestionar un sistema de recupero de cuotas a ser pagadas por los adjudicatarios de las soluciones habitacionales otorgadas.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

- Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la dispuesto en el Decreto 782 de fecha 20 de noviembre de 2019.

Organizaciones no Gubernamentales / Cooperativas:

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica.

- Realizar esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción.

- Suscribir los convenios específicos con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y el Municipio o Provincia correspondiente.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, las soluciones habitacionales con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de mantenimiento.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

Organismos e instituciones públicas financieras, nacionales, provinciales y/o municipales, fondos fiduciarios o entes del sector público nacional, provincial y municipal:

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia Factibilidad de Ocupación.

- Realizar sus mejores esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción y conformar un fondo específico intangible para el ingreso de lo recaudado por la venta de los lotes a los adjudicatarios.

- Crear una cuenta especial afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde recibirán los fondos para la adquisición de suelo (de corresponder) y/o el financiamiento de infraestructura.

- Suscribir los convenios específicos con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

- Cuando corresponda, administrar financieramente, controlar y/o inspeccionar proyectos que no sean ejecutados por sí mismos.

- Llevar adelante los procesos licitatorios cuando corresponda.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento y control de cumplimiento contractual de las obras convenidas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión respecto a cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de todos los proyectos incluidos en la presente línea de acción.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con la constitución de derecho real de hipoteca, si correspondiere.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, las soluciones habitacionales con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de mantenimiento.

- Instrumentar y gestionar, en acuerdo con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, el recupero de cuotas y su posterior reinversión en soluciones habitacionales, según los parámetros que establezca el convenio específico y la reglamentación vigente.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

- Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la dispuesto en el Decreto 782 de fecha 20 de noviembre de 2019.

Oferentes de tierra para urbanizar: los que ofrezcan tierra en el marco de los llamados a licitación o concursos (el que garantice la mayor concurrencia) que organice la Provincia o Municipio al efecto.

Contenidos y estructura del reglamento particular:

Aspectos financieros y presupuestarios

Los recursos presupuestarios se asignarán en función de criterios de equidad y solidaridad, dando prioridad a la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, a fin de fomentar el arraigo. Se utilizarán para ello indicadores poblacionales asociados al déficit habitacional, los niveles de desocupación, la mano de obra ocupada en la obra pública, entre otros.

Asimismo, a fin de incentivar la aplicación por parte de los gobiernos locales de instrumentos urbanísticos para mejorar el acceso al suelo del conjunto de la población, se tendrá en cuenta en la definición de los criterios de asignación la utilización de instrumentos reguladores del mercado de suelo como un indicador importante.

Montos máximos financiables:

Los montos máximos a financiar para los proyectos presentados por los solicitantes, serán los establecidos por la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y se aplicarán al momento de otorgar la correspondiente Constancia de Factibilidad Técnica.

Financiamiento compartido:

El financiamiento de los proyectos deberá ser compartido entre la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y los Entes Ejecutores, debiendo estos últimos financiar por lo menos un 15% del monto total del proyecto. Esta modalidad podrá exceptuarse en situaciones de emergencia y en los casos en que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, previa evaluación del proyecto, determine la excepción.

Los montos a financiar no incluirán el pago de impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes Provinciales o Municipales, para los que será solicitada la exención y, en caso de no lograrlo, los importes por dichos conceptos serán afrontados por los Entes Ejecutores.

Recupero de cuotas:

Los Entes Ejecutores serán los encargados de implementar y gestionar el sistema de recupero de cuotas, a ser pagadas por los adjudicatarios en forma mensual y consecutiva.

Las condiciones para el otorgamiento de los financiamientos a cada hogar, el destino y disposición de los fondos, los mecanismos de información y rendición de cuentas serán establecidos en el Manual de Ejecución de esta línea del programa.

Aspectos financieros y presupuestarios:

A definir en el Manual de Ejecución.

Indicadores para la definición de metas de la línea del programa

Los indicadores del Programa Nacional de Producción de Suelo son las siguientes:

Proyectos ejecutados: se refiere a los proyectos de lotes con servicios que se ejecutaron en un todo de acuerdo con los convenios suscriptos.

Lotes con servicios generados: se refiere a la cantidad de lotes con servicios terminados, cuyo funcionamiento se encuentra habilitado por el correspondiente organismo o empresa prestadora.

Hogares adjudicatarios con título: hogares adjudicatarios de un lote con servicio que recibieron el título debidamente inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Ciclo de los proyectos

Esta línea del programa se instrumentará en base a los lineamientos fijados en el presente Anexo, el Manual de Ejecución que se apruebe, las normas complementarias que se dicten y los convenios suscriptos.

Los proyectos a ser financiados por esta línea comprenderán las siguientes fases:

a) Fase de evaluación y aprobación de los proyectos

b) Fase de ejecución, seguimiento y control.

c) Fase de Cierre.

Primera fase: de evaluación y aprobación de los proyectos.

Presentación de una solicitud de financiamiento

Los solicitantes podrán presentar proyectos ante la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, mediante nota de solicitud de financiamiento en la cual deberán incluir la información y la documentación específica necesaria según se establezca en el Manual de Ejecución de esta línea de acción.

Fundamentos de la solicitud

La especificidad de los proyectos para los que se solicita financiación deberá estar adecuadamente justificada por los Solicitantes según los lineamientos del Manual de Ejecución de esta línea de acción, en base a datos fehacientemente comprobables, teniendo en cuenta para su dimensionamiento el déficit habitacional cuantitativo y la demanda de suelo de la localidad o localidades donde se prevé llevar adelante el proyecto.

Marco de gestión de los proyectos

Los proyectos a financiar se podrán gestionar mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Por administración del Ente Ejecutor;

b) Por Licitación Pública o Concurso;

c) Por cooperativas.

Criterios para el otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Técnica

La Unidad de Gestión, en articulación con las diferentes áreas de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, procederá a evaluar cada proyecto de acuerdo a los criterios que se establezcan en el Manual de Ejecución, verificando los aspectos urbanísticos, ambientales, sociales, dominiales, constructivos, financieros y su adecuación a los montos máximos financiables vigentes.

Analizada la documentación técnica que presente el Solicitante, en caso de obtener un informe favorable de la Unidad de Gestión, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo generará un expediente de proyecto y procederá a otorgar una Constancia de Factibilidad Técnica, la cual será comunicada mediante nota al solicitante, teniendo ésta un plazo de validez que será establecido según las características de cada proyecto.

Criterios para otorgar la habilitación para licitar

El otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Financiera por parte de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, habilitará la firma del convenio específico.

Para obtener la Constancia de Factibilidad Financiera se deberá presentar la documentación que seguidamente se señala:

Para los proyectos a ejecutar por administración: la Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentado el presupuesto desagregado, además de la documentación relativa a la designación del Responsable Técnico, cuyo perfil y antecedentes será evaluada por la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

Para los proyectos a ejecutar por licitación de obra y ejecución por empresa: la Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentada la siguiente documentación con carácter de declaración Jurada:

- Fecha de apertura de la licitación.

- Monto del presupuesto oficial.

- Documentación que dé cuenta de la publicidad de las ofertas.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará nombre de la empresa, capacidad técnico-financiera de cada una y puntaje.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará: nombre de la empresa, oferta económica y porcentaje relación oferta / presupuesto oficial.

- Conclusiones de la comisión evaluadora.

- Antecedentes de la empresa pre adjudicada.

- Pliego de contratación utilizado, términos de referencia, modelo de contrato de obra y cronograma de obra a suscribir, de donde surja el cumplimiento de las condiciones aprobadas por la Constancia de Factibilidad Técnica.

- Cualquier otra información que requiera la Unidad de Gestión.

Para los proyectos a ejecutarse por cooperativas: la Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentado el presupuesto desagregado, además de la documentación relativa a la designación del Responsable Técnico de proyecto, cuyo perfil y antecedentes será evaluado por la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

Firma del convenio específico

Obtenida la Constancia de Factibilidad Financiera, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo promoverá la firma de un convenio específico, en el cual se definirán los siguientes aspectos:

- El modo de gestión del proyecto.

- Los montos a financiar por cada parte.

- El plan de trabajo, anticipo y cronograma de desembolsos.

- El plazo de obra.

- La metodología a ser utilizada para la redeterminación de precios.

- Las características que deberá tener la rendición de cuentas, que será en base a lo dispuesto en el Decreto N° 782, de fecha 20 de noviembre de 2019.

- La frecuencia de presentación de cronogramas actualizados de ejecución del proyecto.

- La obligación de dar publicidad al listado de adjudicatarios del proyecto, en caso que corresponda, y el establecimiento de un mecanismo de oposición.

- La obligatoriedad de adjudicar los lotes con servicios, en caso que corresponda, en un plazo que no podrá superar los CIENTO OCHENTA (180) días de iniciada la ejecución del convenio específico y registrarlos en la Base Única de Beneficiarios (BUB).

- La acreditación de la instalación del cartel de obra acordado con la presentación del primer certificado de avance de obra.

- La escrituración de los lotes con servicios se realizará con la Escribanía General de Gobierno de la Nación, con las Escribanías de Gobierno Provinciales o por convenio con el Consejo Federal del Notariado y/o con los Colegios de Escribanos Provinciales.

- Modalidad de recupero de los fondos y destino de los mismos.

Anticipos y modalidad de las transferencias financieras

- En cada convenio específico se definirá el anticipo financiero a otorgar, el cual podrá alcanzar hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total acordado en dicho convenio. El saldo restante del proyecto se transferirá contra certificación mensual y descuento proporcional del anticipo financiero.

- La transferencia de los fondos para la adquisición de suelo y/o la ejecución de las obras de infraestructura se realizará a una cuenta especial a crear por el Ente Ejecutor, la que estará afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

- La transferencia de los fondos para la adquisición de suelo sólo se realizará con la previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación o los organismos oficiales de tasación provincial o local.

- Cuando el suelo donde se desarrolle el proyecto de lotes con servicios se adquiera con fondos prevenientes del Programa Nacional de Producción de Suelo, las escrituras traslativas de dominio que se realicen a favor de provincias y municipios deberán contener una restricción al dominio de la que surja lo siguiente: "El presente inmueble ha sido adquirido con fondos nacionales en el marco del Plan Nacional de Suelo, creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En caso que el Ministerio no priorice la ejecución de un proyecto, previo a disponer de los inmuebles, el municipio o provincia deberá notificar fehacientemente al Ministerio sobre el proyecto que pretende realizar en los mismos, debiendo informar el listado de personas o familias adjudicatarias y las condiciones en que se generó dicha adjudicación, acompañando copia de los actos administrativos que lo corroboren".

Segunda fase: de ejecución, seguimiento y control de los proyectos.

Suscripto el convenio específico, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo promoverá el pago del primer desembolso, comenzando, a partir de dicha transferencia, la etapa de ejecución del proyecto.

Inicio del proyecto

La ejecución del proyecto deberá iniciarse en un plazo no superior a los TREINTA (30) días a contar desde la fecha de transferencia del primer desembolso. La falta de inicio en dicho plazo dará derecho a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo a resolver el convenio específico y exigir la devolución de los fondos transferidos, sin necesidad de intimación previa a los Entes Ejecutores.

Política comunicacional

Los Entes Ejecutores deberán coordinar todas las acciones comunicacionales que se lleven adelante durante la ejecución del proyecto con la Unidad de Gestión, estando obligados a brindar toda la información que se le requiera para ser publicada y difundida, la que deberá ser provista por el medio que se indique.

Todas las piezas de comunicación deberán incluir el logo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de acuerdo a los lineamientos que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo establezca.

Adjudicación de los lotes con servicios

La adjudicación de las soluciones habitacionales se sujetará a las especificaciones del Manual de Ejecución de esta línea de acción y requerirá la revisión previa de la Unidad de Gestión.

No podrá ser causal de exclusión de ningún hogar como adjudicatario cuestiones de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica desfavorable, condición social o caracteres físicos.

Los adjudicatarios o cualquier otro miembro mayor del grupo familiar declarado no deberán ser propietarios de otra vivienda o lote, ni adjudicatarios de algún plan o programa habitacional, o beneficiario de un crédito habitacional otorgado por cualquier organismo público, siendo obligatorio para los Entes Ejecutores consultar, previo a la adjudicación, los Registros de la Propiedad Inmueble que correspondan, como así también el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat gestionará la Base Única de Beneficiarios (BUB), siendo obligación de los Entes Ejecutores ajustar los modos y criterios de selección a las especificaciones que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo establezca.

Control de avances, calidad constructiva y cumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio específico

La Unidad de Gestión deberá realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos convenidos. En tal sentido, podrá requerir al Ente Ejecutor la presentación, entre otros, de los siguientes documentos, los cuales deberán ser entregados en tiempo y forma:

- Cronogramas de obras y acciones actualizados, con cálculo de fechas de finalización probable en función a posibles desvíos en los plazos de ejecución originalmente previstos.

- Resumen de movimientos de la cuenta bancaria especial a crearse, destinataria de los desembolsos de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo respecto al período de tiempo que le fuese requerido.

- Auditorías técnicas independientes, en caso de detectarse anomalías en la calidad de las infraestructuras.

- Actualización o remisión de certificados de factibilidad de provisión de servicios.

- Copias autenticadas de actas, partes o libros de obra.

- Listado de pre adjudicatarios y/o adjudicatarios de los lotes con servicios, cuando corresponda, con la información que de cada uno de ellos se requiera.

- Cualquier otra documentación pertinente necesaria para el control de la ejecución de los proyectos.

Modificación del proyecto

Solo por circunstancias imprevistas y debidamente justificadas podrán modificarse aspectos técnicos del proyecto o ampliarse su plazo de ejecución. Las eventuales modificaciones técnicas o ampliaciones de plazo sólo podrán realizarse con la previa aprobación de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, previo informe favorable de la Unidad de Gestión.

Rescisión o cesión del contrato de ejecución de proyectos

Cuando los proyectos sean ejecutados por terceros contratados mediante el procedimiento de Licitación Pública y el Ente Ejecutor resuelva o ceda el contrato, se deberá solicitar la aprobación previa de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, indicando para ello las razones por las cuales se resuelve o cede el contrato y acreditando el cumplimiento de todos los pasos legales previstos en el pliego licitatorio y en la normativa aplicable al efecto.

Suspensión del financiamiento o resolución del convenio particular

De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance acumulado planificado para los proyectos o el incumplimiento de las cláusulas del correspondiente convenio particular, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación o eventualmente resolver el convenio específico. En este último caso, el Ente Ejecutor deberá, en forma inmediata, presentar a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo una rendición de cuentas y restituir los montos no invertidos en los proyectos convenidos más los intereses que pudieren corresponder, así como abonar los daños y perjuicios que correspondan.

Metodología de rendición de cuentas

Los fondos que se transfieran en el presente Programa quedan sujetos a su rendición de cuentas documentada de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 782 de fecha 20 de noviembre de 2019

Tercera fase: de cierre.

Finalizadas las obras y antes de la entrega de los lotes con servicios a los adjudicatarios, los mismos deberán ser inspeccionadas por la Unidad de Gestión a fin de otorgar la Factibilidad de Entrega. Este documento será entregado previa certificación del cumplimiento de las obligaciones descriptas en el convenio específico y verificada la provisión de los correspondientes servicios domiciliarios. Asimismo, deberá estar asegurada la entrega de los correspondientes títulos de propiedad a los hogares adjudicatarios.

Manual de ejecución

La Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo redactará y aprobará el Manual de Ejecución de la presente línea del programa, en el cual se ampliarán los aspectos contenidos en el presente Reglamento Particular, siendo este de cumplimiento obligatorio para la presentación de solicitudes de financiamiento y para el desarrollo de las demás acciones previstas en la presente línea de acción.

(1) Se entiende por adecuada localización a aquellos proyectos localizados en lugares que se encuentran insertos en la trama urbana, colindantes a áreas urbanizadas, con acceso a espacios públicos, equipamiento educativo, de salud, comercio de cercanías, espacios verdes, calidad ambiental y transporte público a distancias razonables de acuerdo a cada servicio y que además cuenten con acceso a infraestructura básica tales como espacio circulatorio vial y peatonal, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, desagües pluviales y servicios de emergencia.

                                                                                                        DI-2020-37113195-APN-SSPSYU#MDTYH

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37113195-APN-SSPSYU#MDTYH

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 9 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO I Disposición SSPSyU PNASU

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                                                                                                                                                             ANEXO II

 

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                            ANEXO II

REGLAMENTO PARTICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN POLÍTICAS DE SUELO

Alcances:

El presente programa se divide en dos líneas de trabajo:

Línea 1. Capacitación.

Línea 2. Asistencia Técnica.

LÍNEA 1. CAPACITACIÓN

Objetivo general:

Capacitar a funcionarios y técnicos de los gobiernos provinciales y locales para mejorar la aplicación de políticas de suelo a nivel provincial y local.

Objetivos particulares:

- Mejorar la formación y el conocimiento de las políticas de suelo por parte de los técnicos y funcionarios que trabajan en la temática.

- Ampliar las capacidades técnicas de los equipos de gestión provinciales y municipales a través de acciones de formación en políticas de suelo.

- Lograr que se implementen políticas de suelo a nivel provincial y local que mejoren el acceso de la población al suelo urbano.

- Mejorar el impacto de la política nacional de suelo a partir de las acciones de capacitación.

Componentes y productos:

Tipo de cursos a ofrecer:

Anualmente, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, desarrollará una oferta de cursos a realizar en cada una de las 6 regiones del país, financiados con recursos presupuestarios y de programas con financiamiento internacional, con el objetivo de acercar a cada región del país opciones de capacitación en políticas de suelo para los funcionarios y técnicos que trabajan en la temática.

Adicionalmente a ello, se podrán realizar cursos específicos a solicitud de gobiernos provinciales y locales, dependiendo del financiamiento disponible para ello o el que en su defecto pueda aportar el organismo solicitante.

Los cursos a ofrecer se compondrán de encuentros presenciales que incluirán clases teóricas, seminarios de presentación de casos y trabajo en taller, donde se abordará la resolución de un problema de política de suelo a nivel local / provincial. A ello se sumarán encuentros virtuales para completar el programa. Los cursos contarán con acreditación del Instituto Nacional de la Administración Pública.

Red de formación:

El desarrollo de los cursos permitirá ir formando una comunidad de efectores de políticas de suelo a nivel local, provincial y regional, que continuará vinculada a través de un foro virtual administrado por el área de Capacitación y Asistencia Técnica, que servirá como mecanismo ágil de consulta, intercambio de experiencias y sugerencias de aplicación de instrumentos en diferentes contextos.

Los cursos serán también una instancia de la que se espera que surjan solicitudes de asistencia técnica hacia la Subsecretaría para la aplicación de políticas de suelo, las que serán canalizadas a través de la línea 2 del presente programa.

LÍNEA 2. ASISTENCIA TÉCNICA

ALCANCES

Objetivo general del programa

Asistir técnicamente a gobiernos provinciales y locales para aplicar políticas de suelo, promoviendo el diseño e implementación de instrumentos de gestión de suelo eficaces.

Objetivos particulares

- Mejorar las capacidades de los equipos de gestión provinciales y municipales a través de acciones de asistencia técnica en políticas de suelo y planificación territorial.

- Lograr que se implementen políticas de suelo exitosas a nivel provincial y local a través de la implementación de instrumentos innovadores en políticas de suelo que mejoren el financiamiento de la ciudad.

- Ampliar la oferta de suelo urbano asequible para los distintos sectores sociales.

- Reforzar las capacidades del equipo técnico de la Subsecretaría y de los equipos provinciales y locales a partir de la aplicación concreta de políticas de suelo, midiendo el impacto de dichas políticas.

Componentes y productos

Partes intervinientes

El Ente Ejecutor será el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, a través de las áreas técnicas que correspondan y la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial.

Los solicitantes serán los organismos Provinciales o Municipales responsables de la aplicación de la política de suelo, hábitat y planificación territorial, mientras que los participantes serán los técnicos y funcionarios del nivel provincial y local que soliciten la asistencia técnica y tengan bajo sus responsabilidades la aplicación de la política de suelo, hábitat y planificación territorial.

Responsabilidad de las partes:

Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo:

- Definirá la ejecución presupuestaria anual de la presente línea del programa y sus metas de actuación.

- Establecerá los lineamientos estratégicos y definir anualmente los requerimientos presupuestarios para la implementación de la línea del programa.

- Aprobará el Manual de Ejecución de esta línea del programa.

Ente ejecutor: Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo:

- Gestionará los desembolsos, de conformidad con el procedimiento administrativo vigente.

- Canalizará las solicitudes de asistencia técnica realizadas por los organismos provinciales y municipales.

- Evaluará las posibilidades de dar respuesta a la demanda y organizar el equipo a cargo de brindar la asistencia técnica, así como el coordinador del equipo en cada caso.

- Promoverá la firma de convenios con los organismos provinciales y municipales solicitantes de la asistencia técnica.

- Elaborará los proyectos de convenios a suscribir entre la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y los Solicitantes.

- Administrará los recursos del programa y gestionar las contrataciones de personal que fueren necesarias para la realización de la asistencia técnica.

- Evaluará los resultados de las acciones de asistencia técnica.

Equipo técnico de la Subsecretaría:

- Definirá los alcances de la asistencia técnica a brindar.

- Elaborará un plan de trabajo con los plazos y productos a entregar al solicitante.

- Desarrollará los trabajos acordados, comenzando luego de la firma del convenio de colaboración y asistencia técnica.

- Trabajará de manera mancomunada con el equipo técnico y los funcionarios designados por el solicitante, de modo que la asistencia técnica sirva también como instancia de capacitación para la implementación de las propuestas que surjan del trabajo de asistencia técnica

- Cumplirá con el cronograma de trabajo acordado con el solicitante.

Solicitantes:

- Responderán la solicitud de información realizada por las áreas técnicas correspondientes acerca de la existencia y funcionamiento del Banco de Tierras a nivel local.

- Informará acerca de ofertas de ventas de terrenos o fracciones de tierra en el municipio donde habita o trabaja el participante del curso -según planilla que se entrega al momento de la inscripción- para colaborar con la conformación de un mapa de precios del suelo de cada localidad.

- Se comprometen a la implementación efectiva de los programas, proyectos, acciones e instrumentos que surjan de la asistencia técnica.

- Ponen a disposición del equipo técnico de la Subsecretaría la información necesaria para el desarrollo de la asistencia técnica y preparar el material solicitado.

- Designan un equipo que hará las veces de contraparte local y trabajará junto al equipo técnico de la Subsecretaría.

- Realizarán la evaluación de la asistencia técnica al finalizar la misma.

                                                                                                                      DI-2020-37755096-APN-SSPSYU#MDTYH

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37755096-APN-SSPSYU#MDTYH

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 11 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO II Disposición SSPSyU PNASU

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                                                                                                                                                                    ANEXO III

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                              ANEXO III

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA MESA INTERSECTORIAL DE POLÍTICAS DE SUELO

Alcances:

Objetivo general:

Propiciar mayores niveles de participación social a través de esta nueva instancia de intercambio de ideas y propuestas para eliminar la fragmentación de las políticas de suelo urbano.

Objetivos particulares:

- Generar propuestas a partir del debate desarrollado en el marco de la Mesa, que conformarán documentos públicos puestos a consideración de la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, los que constituirán insumos para la gestión y definición de políticas públicas.

- Lograr reuniones periódicas presenciales y con participación a distancia de quienes no puedan estar presentes.

- Propiciar la generación de documentos que podrán ser publicados.

- Generar aportes a propuestas sustantivas de las áreas técnicas.

- Constituirse como un espacio consultivo.

Componentes y productos:

Los documentos que podrán aportarse y discutirse, incluyendo la modalidad de participación a distancia, será coordinada por las áreas técnicas correspondientes.

Reglamento de trabajo:

Será aprobado en la primera reunión de la Mesa.

La Secretaría Ejecutiva cursará las invitaciones a participar a los distintos actores intervinientes, quienes deberán validar la designación de sus representantes en la mesa por nota de la máxima autoridad de cada una de ellas.

Composición:

La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, quien convocará a representantes de organizaciones gremiales afines a la temática, universidades públicas que cuenten con carreras de Urbanismo, Arquitectura o afines, organizaciones no gubernamentales afines a los fines de hábitat y suelo, colegios profesionales y cámaras del sector inmobiliario y de la construcción, para que formen parte de la Mesa.

Ejes Temáticos a debatir:

- Marcos legales para la ejecución de políticas de suelo.

- Programas con financiamiento estatal para la generación de lotes con servicios y/o suelo urbano.

- Aspectos tributarios y fiscales que impacten sobre suelo.

- Asistencia técnica y capacitación en materia de suelo.

Documentos:

Los participantes podrán presentar documentos de trabajo sobre los temas mencionados, y los mismos contribuirán al debate en el marco de la mesa.

De las conclusiones de los temas tratados, se elaborará un único documento, el que podrá tener una postura por mayoría y otra en minoría.

Dicho documento conformará la o las propuestas que sobre los temas tratados defina La Mesa y el mismo será publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para ser compartido públicamente.

                                                                                                               DI-2020-37114741-APN-SSPSYU#MDTYH

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37114741-APN-SSPSYU#MDTYH

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 9 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO III Disposición SSPSyU PNASU

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                                                                                                                                                                        ANEXO IV

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                                ANEXO IV

REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE ACCESO AL SUELO

Alcances:

El Observatorio Nacional de Acceso al Suelo se constituye como un ámbito de obtención, procesamiento, análisis y seguimiento de datos acerca de la situación de acceso al suelo en todo el territorio nacional y de la situación del mercado de suelo, información que constituirá un insumo fundamental para el diseño, la ejecución y la evaluación y monitoreo de las políticas y programas implementados.

El Observatorio contará con dos líneas de trabajo, que son las siguientes:

1) Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales;

2) Observatorio Nacional de Precios del Suelo.

LÍNEA 1. REGISTRO TERRITORIAL DE SUELO APTO PARA PROGRAMAS HABITACIONALES

Objetivo general:

Constituir una base de datos confiable acerca de suelo apto para programas habitacionales y proyectos urbanos, a partir de la evaluación del suelo disponible ofrecido por distintos actores para el desarrollo de proyectos.

Objetivos particulares:

- Contar con un método sistematizado de análisis y evaluación de suelo para proyectos habitacionales y proyectos urbanos.

- Aportar información confiable sobre el suelo disponible a las distintas áreas del Ministerio para la formulación de programas e intervenciones.

- Ofrecer capacitación acerca del método de evaluación de suelo a municipios y provincias.

Componentes y productos:

El Registro definirá y publicará el método para la evaluación del suelo apto para programas habitacionales y proyectos urbanos, a través de un manual de evaluación de la aptitud del suelo y capacitará a los actores provinciales y locales en el uso del mismo, de modo de universalizar los criterios y facilitar la presentación y aprobación de proyectos.

Partes intervinientes:

La Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo definirá las políticas y estrategias del Suelo Urbanizado y el Suelo Urbanizable, en conjunto con la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial, y de acuerdo con las Normas Urbanísticas, Planes Urbanos y Directrices de Planeamiento elaboradas en las provincias y municipios.

La Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo elaborará y administrará el Registro Público de Suelo Apto para Proyectos Habitacionales y Proyectos Urbanos, llevará el registro de municipios que cuenten con bancos de tierra, canalizará el intercambio de información con las provincias y municipios que tengan suelo para ser evaluado y difundirá las características de la evaluación de la aptitud del suelo para proyectos habitacionales.

Las provincias y municipios aportarán la información necesaria del suelo a ser evaluado, mantendrán el intercambio de información en el tiempo, informarán sobre la existencia de bancos de tierra y se capacitarán en la metodología de evaluación de la aptitud del suelo, de modo de facilitar el intercambio constante de información.

LÍNEA 2. OBSERVATORIO NACIONAL DE PRECIOS DEL SUELO ALCANCES

Objetivo general del programa

Sistematizar y generar datos sobre el mercado de suelo, en una base georreferenciada, en las diferentes ciudades y localidades del país, que sirva para la toma de decisiones con parámetros que permitan evitar o mitigar las prácticas especulativas y la escasez relativa de tierra.

Objetivos particulares

- Contar con información sobre precios de suelo urbano en las diferentes localidades del país.

- Analizar la evolución y la dinámica de los precios del suelo.

- Monitorear el funcionamiento del mercado de suelo a lo largo del tiempo y evaluar el impacto de las políticas implementadas.

- Mejorar el conocimiento sobre el mercado de suelo urbano y aportar información que dé soporte a las políticas territoriales.

- Dar soporte a procesos de valuaciones masivas a realizar por las provincias y municipios y poder construir mapas de valuaciones fiscales actualizadas.

Componentes y productos

El Observatorio Nacional de Precios del Suelo es un proyecto para generar información acerca de los precios del suelo en diferentes ciudades y localidades del país a desarrollar progresivamente y de manera colectiva.

El Observatorio apunta a convertirse en una herramienta sencilla de usar para que diferentes actores registrados y validados puedan aportar información georreferenciada del mercado de suelo en las diferentes localidades del país.

El aporte de datos podrá ser realizado por diferentes actores y usuarios. Esos datos se sumarán a los que por relevamientos y estudios específicos realice la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo a través de las áreas técnicas correspondientes y el aporte de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial.

Se promoverá la firma de convenios con colegios profesionales, corredores inmobiliarios, bancos públicos y privados que cuenten con servicio de tasación de inmuebles, el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, los respectivos Registros de la Propiedad Inmueble de cada provincia, Universidades Nacionales y el Tribunal de Tasaciones de la Nación, a fin de que puedan aportar datos al Observatorio. Asimismo, podrán acceder a los datos procesados y mapas de valores del suelo, además del acceso mediante geoservicios.

Además, está previsto que cada municipio o provincia con los que se firmen convenios para la realización de proyectos de lotes con servicios, aporten una cantidad determinada de datos de ofertas de venta de lotes o fracciones de suelo baldías, a fin de que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo cuente desde el inicio del proceso con datos acerca del mercado de suelo local.

                                                                                                              DI-2020-37118999-APN-SSPSYU#MDTYH

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37118999-APN-SSPSYU#MDTYH

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 9 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO IV Disposición SSPSyU PNASU

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Decreto nº 341/2008
Fecha: 05.03.2008

Artículo 1º.- Créase en el ámbito municipal, la Dirección de Coordinación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Gobierno. (2)
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- La presente disposición será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3º y 4° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

(2) Ver Objeto en los Considerandos que dice que se encargará de la capacitación y formación de los recursos humanos municipales, a través de la implementación de cursos, talleres, y otro tipo de actividades tendientes al desarrollo integral del personal, a los fines de brindar un mejor servicio a la comunidad.

(3) Ver Ley nº 10027:
CAPÍTULO XII
Organismos de capacitación municipal
Artículo 171º.- Los Municipios deberán crear dentro de sus estructuras orgánicas, un organismo o instituto de capacitación municipal, que tendrá las siguientes finalidades:
a) La realización de estudios e investigaciones de temas relacionados al ámbito municipal.
b) La organización de cursos transitorios y permanentes de capacitación, que comprendan a todos los trabajadores municipales.
c) La organización de eventos y congresos intermunicipales que permitan debatir y compartir experiencias.
d) Promover la participación de los empleados de carrera en cursos, seminarios, congresos u otros eventos similares, que se desarrollen en cualquier lugar del país.
e) Toda otra actividad tendiente al afianzamiento y fortalecimiento de la gestión de Gobierno municipal.
Por ordenanza se deberá reglamentar el funcionamiento de dicho organismo, que deberá estar conformado por representantes de todas las secretarías.

RESOLUCION GENERAL Nº 1/1978
Fecha: 30.01.1978
Publicado: 10.02.1978
Declárese en vigencia un convenio suscripto en la ciudad de Salta.

VISTO que con fecha 18 de agosto de 1977, se reunió en la ciudad de Salta un Plenario Especial de representantes jurisdiccionales, constituido por las representaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Juan, Salta, Río Negro y Tucumán y, en ejercicio del mandato otorgado por las respectivas jurisdicciones acordaron ad referendum de las mismas, un nuevo Convenio Multilateral en reemplazo del signado el 23 de octubre de 1964, y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 34 del nuevo Convenio suscripto, se establece que el mismo comenzará a regir desde el 1 de enero inmediato siguiente a su ratificación por todas las jurisdicciones.
Que al 31 de diciembre de 1977 se había cumplimentado la adhesión de la totalidad de las jurisdicciones, mediante la sanción de las respectivas normas legales: Leyes 8.960 (27/12/77) de la provincia de Buenos Aires, 3.278 (04/12/77) de la provincia de Catamarca, 6.119 (05/12/77) de la provincia de Córdoba, 3.390 (02/11/77) de la provincia de Corrientes, 2.205 (20/12/77) de la provincia del Chaco, 1.581 (15/12/77) de la provincia del Chubut, 6.087 (30/12/77) de la provincia de Entre Ríos, 568 (27/12/77) de la provincia de Formosa, 3.478 (07/12/77) de la provincia de Jujuy, 833 (28/11/77) de la provincia de La Pampa, 3.741 (13/12/77) de la provincia de La Rioja, 4.235 (30/12/77) de la provincia de Mendoza, 929 (30/12/77) de la provincia de Misiones, 1.056 (26/12/77) de la provincia del Neuquén, 1.277 (22/12/77) de la provincia de Río Negro, 5.218 (22/12/77) de la provincia de Salta, 4.381 (30/12/77) de la provincia de San Juan, 3.824 (16/12/77) de la provincia de San Luis, 1.174 (27/12/77) de la provincia de Santa Cruz, 8.159 (22/12/77) de la provincia de Santa Fe, 4.546 (02/12/77) de la provincia de Santiago del Estero, 4.925 (28/11/77) de la provincia de Tucumán y 106 (21/12/77) del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud y Ordenanza Nº 33.859 /77 (14/11/77) de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ello,
La Comisión Arbitral
Resuleve:

Artículo 1º — Declárase en vigencia, a partir del 1º/1/78 el Convenio que, en reemplazo del Convenio Multilateral del 23/10/64, fuera suscripto en la ciudad de Salta, con fecha 18 de agosto de 1977, de conformidad con el texto que se anexa a la presente resolución.
Artículo 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

                                                                               CONVENIO
En la ciudad de Salta a los 18 días del mes de Agosto del año 1977, entre los Representantes de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires: Enrique G. Bulit Goñi; y de las provincias de: Buenos Aires: Luis A. P. Gómez Novaro y Enrique Argentino Álvarez; Catamarca: Buenader González y Carlos A. Ortiz; Córdoba: Carlos Siriczman; Corrientes: Bernardo M. Blanco y Jorge E. Bonastre; Chaco: Germán M. Sánchez; Entre Ríos: Alberto G. Cerini; Jesús L. Salas y José G. Iglesias; Formosa: Augusto J. Margueirat y Cristian Larsen; Jujuy: Omar José Blanco y Aer Amil Olguín; Santa Fe: Tito L. Rocchetti y Juan Carlos Mercier; La Pampa: Jorge Omar Andrade; San Luis: Ramón Liendo; Santiago del Estero: Diego Peña Palencia y Manuel Osvaldo López; Santa Cruz: Héctor Domingo Marinero; San Juan: Agustín Romero; Juan Puleri y Eduardo Andrés Coria; Chubut: Elisa Mirta Rebasti; La Rioja: Jorge Alberto Primo y Carlos Dante Mercado; Río Negro: Néstor Isidoro Torres y Carlos Alberto Matarrelli; Salta: Dr. Luis María Juan José Peña; Misiones: Amadeo Denti y Carlos Roko; Tucumán: Juan José Galilea y Eduardo Budeguer, en ejercicio de los mandatos otorgados expresamente por sus respectivas jurisdicciones y;

VISTO lo actuado por el Plenario de los representantes de las jurisdicciones convocado al efecto, y teniendo en cuenta:
Que resulta innecesario destacar la importancia del Convenio Multilateral para prevenir y evitar las perniciosas consecuencias que se derivarían de la doble o múltiple imposición dentro del territorio nacional por medio de los tributos locales que inciden sobre las actividades lucrativas o económicas, los ingresos brutos y todo otro gravamen, provincial, territorial, municipal o comunal de similares características;
Que el Convenio vigente ha sufrido distintas modificaciones resueltas por diversos Plenarios de representantes; algunas de las cuales fueron incorporadas mediante la correspondiente ratificación, mientras que otras no alcanzaron las ratificaciones necesarias para entrar en vigor;
Que ello lleva a la necesidad de revisar el Convenio en un todo, adecuando sus normas a distintas circunstancias producidas en el transcurso del tiempo desde la fecha en que entrara en vigor;
Que todo ello debe efectuarse con la necesaria prudencia para evitar en lo posible circunstancias que en otras oportunidades provocaran la no adhesión de algunas jurisdicciones a las modificaciones que se introdujeron;
Que en este orden no se considera conveniente ni oportuno introducir modificaciones sustanciales que hagan a la estructura o régimen del Convenio en sí, sino, fundamentalmente, a la adecuación del mismo a las cambiantes circunstancias que hacen al ámbito económico de su aplicación;
Que, dentro de este espíritu y en beneficio de una mayor claridad y sencillez, se ha considerado conveniente aprobar un nuevo texto íntegro del Convenio;
Que, por otra parte, y en la misma línea antes expresada, corresponde declarar a este Convenio abierto para la adhesión de las jurisdicciones que, por cualquier causa, no lo suscriban en este acto.
Por todo ello y ad-referéndum de los poderes locales competentes de cada una de las jurisdicciones intervinientes, los Representantes de las Provincias antes mencionadas;
Convienen y acuerdan lo siguiente:

AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO
Artículo 1º – Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por: intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así se encuentran comprendidas en él los casos en que se configure alguna de las siguientes situaciones:
a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente;
b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en otra u otras.
c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras;
d) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicadas o utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones.
Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3º, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso (correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera).

REGIMEN DE DISTRIBUCION DE INGRESOS
Régimen General
Artículo 2º – Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma:
a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.
b) El cincuenta por ciento (50%) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas por el intermedio de sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. A los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios.
Artículo 3º – Los gastos a que se refiere el Artículo 2º, son aquellos que se originen por el ejercicio de la actividad;
Así, se computarán como gasto: los sueldos, jornales y toda otra remuneración; combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación; alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etc. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias.
No se computarán como gasto:
a) El costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado;
b) El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización;
c) Los gastos de propaganda y publicidad;
d) Los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etc.);
e) Los intereses;
f) Los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los importes que excedan del uno por ciento (1%) de la utilidad del balance comercial.
Artículo 4º – Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción, cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle (por ejemplo: de dirección, de administración, de fabricación, etc.), aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Así, los sueldos jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren.
Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, se distribuirán en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto a éstos. En caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlos mediante estimación razonablemente fundada.
Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible.
Artículo 5º – A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior.
De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior.
Regímenes especiales
Artículo 6º – En los casos de actividades de la construcción, incluidas las de demolición, excavación, perforación, etc., los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en esa jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el diez por ciento (10%) de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá el noventa por ciento (90%) de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse, al considerar los ingresos brutos, importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa.
Artículo 7º – En los casos de entidades de Seguros, de Créditos de capitalización y ahorro, de ahorro y préstamo y entidades financieras no bancarias, cuando la administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o personas situadas o domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta o estas jurisdicciones, el 80% de los ingresos provenientes de la operación y se atribuirá el 20% restante a la jurisdicción donde se encuentre situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo de la contratación, en los casos de seguros de vida o de accidente.
Artículo 8º – En los casos de Bancos cuya sede central o casa matriz se halle en una jurisdicción y tengan sucursales en otras, cada Fisco podrá gravar los ingresos brutos de los establecimientos situados en su jurisdicción.
Artículo 9º – En los casos de empresas de transporte de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje.
Artículo 10. – En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio, consultorio u oficina similar en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otras, la jurisdicción en la cual se realiza la actividad podrá gravar el 80% de los honorarios en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el 20% restante.
Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas consultoras.
Artículo 11. – En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrá gravar el 80% de los ingresos brutos originados por esas operaciones y la otra, el 20% restante.
Artículo 12. – En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados en forma de empresa y que tengan su domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituya sobre bienes inmuebles o muebles situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos podrá gravar el 80% de los ingresos brutos producidos por la operación y la otra jurisdicción, el 20% restante.
Artículo 13. – En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de los productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país en bruto, elaborados y/o semielaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor sin facturar, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración, enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros, el monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible con arreglo al régimen establecido por el artículo 2º.
En el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la materia prima a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido por el artículo 2º. Igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores e intermediarios de quebracho y de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmonte, y en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y frutas.
En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora y siempre que ésta no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de adquisición. Cuando existan dificultades para establecer este precio, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos, conforme al régimen del artículo 2º. En los casos en que la jurisdicción productora grava la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo al régimen del artículo 2º.
Artículo 14. – En los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones no será de aplicación el art. 5º. La atribución de los ingresos correspondientes a todas las jurisdicciones en el año del comienzo o cese de esas actividades se efectuará con arreglo a los ingresos brutos obtenidos y a los gastos realmente soportados por el contribuyente en todas las jurisdicciones en el año mencionado, conforme corresponda.

ORGANISMOS DE APLICACION
Artículo 15. – La aplicación del presente convenio estará a cargo de una Comisión Plenaria y de una Comisión Arbitral.

DE LA COMISION PLENARIA
Artículo 16. – La Comisión Plenaria se constituirá con dos representantes por cada jurisdicción adherida —un titular y un suplente— que deberán ser especialistas en materia impositiva. Elegirá de entre sus miembros en cada sesión un presidente y funcionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, decidiendo el presidente en caso de empate.
Artículo 17. – Serán funciones de la Comisión Plenaria:
a) Aprobar su reglamento interno y el de la Comisión Arbitral;
b) Establecer las normas procesales que deberán regir las actuaciones ante ella y la Comisión Arbitral;
c) Sancionar el presupuesto de gastos de la Comisión Arbitral y controlar su ejecución;
d) Nombrar el presidente y vicepresidente de la Comisión Arbitral de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación;
e) Resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere el artículo 25, dentro de los noventa (90) días de interpuestos;
f) Considerar los informes de la Comisión Arbitral;
g) Proponer, "ad referendum" de todas las jurisdicciones adheridas, y con el voto de la mitad más uno de ellas, modificaciones al presente convenio sobre temas incluidos expresamente en el orden del día de la respectiva convocatoria. La Comisión Arbitral acompañará a la convocatoria todos los antecedentes que hagan a la misma.
Artículo 18. – La Comisión Plenaria deberá realizar por lo menos dos reuniones anuales.
Artículo 19. – La Comisión Arbitral estará integrada por un presidente, un vicepresidente, siete vocales titulares y siete vocales suplentes y tendrá su asiento en la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación.
Artículo 20. – El presidente de la Comisión Arbitral será nombrado por la Comisión Plenaria de una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. El vicepresidente se elegirá en una elección posterior entre los dos miembros propuestos restantes. Los vocales representarán a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires y a cada una de las cinco zonas que se indican a continuación, integradas por las jurisdicciones que en cada caso se especifica:
Zona Noreste Zona Noroeste
Corrientes Salta
Chaco Jujuy
Misiones Tucumán
Formosa Santiago del Estero
Catamarca
Zona Centro Zona Cuyo
Córdoba San Luis
La Pampa La Rioja
Santa Fe Mendoza
Entre Ríos San Juan
Zona Sur o Patagónica:
Chubut
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud
El presidente, el vicepresidente y los vocales deberán ser especialistas en materia impositiva.
Las jurisdicciones no adheridas no podrán integrar la Comisión Arbitral.
Artículo 21. – Los vocales representantes de las zonas que se mencionan en el artículo anterior durarán en sus funciones dos años y se renovarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Dentro de cada zona se determinará el orden correspondiente a los vocales, asignando por acuerdo o por sorteo un número correlativo a cada una de las jurisdicciones integrantes de la zona respectiva.
b) Las jurisdicciones a las que correspondan los cinco primeros números de orden tendrán derecho a designar los vocales para el primer período de dos años, quienes serán sustituidos al cabo de ese término por los representantes de las jurisdicciones que correspondan, según lo que acordaren los integrantes de cada zona o que sigan en orden de lista, y así sucesivamente hasta que todas las jurisdicciones hayan presentado a su respectiva zona.
c) A los efectos de las futuras renovaciones las jurisdicciones salientes mantendrán el orden preestablecido.
Artículo 22. – Las jurisdicciones que no formen parte de la comisión tendrán derecho a integrarla mediante un representante cuando se susciten cuestiones en las que sean parte.
La comisión sesionará válidamente con la presencia del presidente o vicepresidente y de no menos de cuatro vocales. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los vocales y representantes presentes. El presidente decidirá en caso de empate.
Artículo 23. – Los gastos de la comisión serán sufragados por las distintas jurisdicciones adheridas, en proporción a las recaudaciones obtenidas en el penúltimo ejercicio en concepto del impuesto al que se refiere este convenio.
Artículo 24. – Serán funciones de la Comisión Arbitral:
a) Dictar de oficio o a instancia de los Fiscos adheridos, normas generales interpretativas de las cláusulas del presente convenio, que serán obligatorias para las jurisdicciones adheridas;
b) Resolver las cuestiones sometidas a su consideración, que se originen con motivo de la aplicación del convenio en los casos concretos. Las decisiones serán obligatorias para las partes en el caso resuelto;
c) Resolver las cuestiones que se planteen con motivo de la aplicación de las normas de procedimiento que rijan la actuación ante el organismo;
d) Ejercer iguales funciones a las indicadas en los incisos anteriores con respecto a cuestiones que originen o se hayan originado y estuvieran pendientes de resolución con motivo de la aplicación de los convenios precedentes;
e) Proyectar y ejecutar su presupuesto;
f) Proyectar su reglamento interno y normas procesales;
g) Organizar y dirigir todas las tareas administrativas y técnicas del organismo;
h) Convocar a la Comisión Plenaria en los siguientes casos:
1. Para realizar las reuniones previstas en el artículo 18.
2. Para resolver los recursos de apelación a que se refiere el artículo 17, inciso e), dentro de los treinta (30) días de su interposición. A tal efecto remitirá a cada una de las jurisdicciones, dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso, copia de todos los antecedentes del caso en apelación.
3. En toda otra oportunidad que lo considere conveniente.
i) Organizar la centralización y distribución de información para la correcta aplicación del presente convenio.
A los fines indicados en el presente artículo, las jurisdicciones deberán remitir obligatoriamente a la Comisión Arbitral los antecedentes e informaciones que ésta les solicite para la resolución de los casos sometidos a su consideración y facilitar toda la información que les sea requerida a los fines del cumplimiento de lo establecido en el inciso i).
Artículo 25. – Contra las disposiciones generales interpretativas y las resoluciones que dicte la Comisión Arbitral, los fiscos adheridos y los contribuyentes o asociaciones reconocidas afectadas, podrán interponer recurso de apelación ante la Comisión Plenaria, en la forma que establezcan las normas procesales y dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación.
Artículo 26. – A los fines indicados en el artículo anterior, las resoluciones de la Comisión Arbitral deberán ser comunicadas por carta certificada con aviso de recepción, a todas las jurisdicciones adheridas y a los contribuyentes o asociaciones reconocidas que fueran parte en el caso concreto planteado o consultado.
En el caso de pronunciamiento dictado con arreglo a lo previsto en el artículo 2º, inciso a), se considerará notificación válida, con respecto a los contribuyentes y asociaciones reconocidas, la publicación del pronunciamiento en el Boletín Oficial de la Nación.

DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 27. – En la atribución de los gastos e ingresos a que se refiere el presente convenio se atenderá a la realidad económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se realicen.
Artículo 28. – Los contribuyentes presentarán ante los Fiscos respectivos, juntamente con sus declaraciones juradas anuales, una planilla demostrativa de los ingresos brutos totales discriminados por jurisdicción y de los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.
Las planillas discriminativas de ingresos y gastos a presentar en cada jurisdicción deberán estar intervenidas por el organismo recaudador de la jurisdicción en que el contribuyente tenga su asiento principal. A tal efecto presentará ante dicho organismo la cantidad de copias necesarias.
La liquidación del impuesto en cada jurisdicción se efectuará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias locales respectivas, siempre que no se opongan a las disposiciones de este convenio.
Artículo 29. – Todas las jurisdicciones están facultadas para inspeccionar directamente a los contribuyentes comprendidos en este convenio, cualquiera fuese su domicilio o el lugar donde tenga su administración o sede, con conocimiento del Fisco correspondiente.
Artículo 30. – Los contribuyentes comprendidos en el presente convenio están obligados a suministrar todos los elementos de juicio tendientes a establecer su verdadera situación fiscal, cualquiera sea la jurisdicción adherida que realice la fiscalización.
Artículo 31. – Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria a efectos de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. Dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas relativas a la información, recaudación y fiscalización del tributo.
Artículo 32. – Las jurisdicciones adheridas no podrán aplicar a las actividades comprendidas en el presente convenio, alícuotas o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto a iguales actividades que se desarrollen, en todas sus etapas, dentro de una misma jurisdicción.
Artículo 33. – En los casos en que los contribuyentes desarrollaran simultáneamente actividades en jurisdicciones adheridas y no adheridas, la distribución de ingresos brutos se efectuará atribuyendo a los Fiscos adheridos y a los que no lo están las sumas que les correspondan con arreglo al régimen general o a los especiales que prevé este convenio, pudiendo las jurisdicciones adheridas gravar solamente la parte de los ingresos brutos que les haya correspondido.
Artículo 34. – Este convenio comenzará a regir desde el 1º de enero inmediato siguiente a su ratificación por todas las jurisdicciones. Su vigencia será de dos años y se prorrogará automáticamente por períodos bienales, salvo que un tercio (1/3) de las jurisdicciones lo denunciara antes del 1º de mayo del año de su vencimiento.
Las jurisdicciones que denunciaren el presente convenio sólo podrán separarse al término del período bienal correspondiente.
Artículo 35. – En el caso de actividades objeto del presente convenio, las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas, podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos Fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de las normas del presente convenio.
La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas se hará con arreglo a las disposiciones previstas en este convenio si no existiere un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial adherida.
Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial.
Las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto de las cuales controvierta expresas disposiciones constitucionales.

DISPOSICION TRANSITORIA
Artículo 36. – La Comisión Arbitral mantendrá su composición actual de acuerdo a las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente convenio, y hasta tanto se produzcan las renovaciones de acuerdo a lo que establecen los artículos 20 y 21.

Firmas: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Enrique G. Bulit Goñi — Buenos Aires: Luis Gómez Novaro, Enrique A. Álvarez — Catamarca: Buenader González, Carlos Ortiz — Córdoba: Carlos Siriczman — Chaco: Germán M. Sánchez — Corrientes: Bernardo M. Blanco, Jorge E. Bonastre — Entre Ríos: Alberto G. Cerini, Jesús L. Salas, José G. Iglesias — Formosa: Augusto J. Margueirat, Cristian Larsen — Jujuy: Omar José Blanco, Aer Amil Olguín — Santa Fe: Tito L. Rochetti, Juan Carlos Mercier — La Pampa: Jorge Omar Andrade — San Luis: Ramón Liendo — Santiago del Estero: Diego Peña Palencia, Manuel Osvaldo López — Santa Cruz: Héctor D. Marinero — San Juan: Agustín Romero, Juan Puleri, Eduardo Andrés Coria — La Rioja: Jorge Alberto Primo, Carlos D. Mercado — Chubut: Elisa M. Rebasti — Río Negro: Néstor I. Torres, Carlos A. Matarrelli — Salta: Luis María Juan José Peña — Misiones: Amadeo Denti, Carlos Roko — Tucumán: Juan José Galilea, Eduardo Budeguer

Decreto nº 680/2020
Fecha: 17.08.2020
Publicado: 18.08.2020
DCTO-2020-680-APN-PTE - Disposiciones.

VISTO el Expediente N° EX-2020-45079142-APN-CGD#MMGYD, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y sus modificatorias, 26.618, 26.743, 27.412 y 27.499, el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran reconocidos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL como así también en los Convenios y Tratados Internacionales incorporados por el artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna.

Que mediante las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente, se aprobaron la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" que establecen, dentro de los deberes de los Estados partes, establecer políticas e incluir en su legislación interna normas destinadas a asegurar el ejercicio efectivo de derechos por parte las mujeres, como así también las necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Que, asimismo, el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2°); la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2°); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (artículos 1°, 13°.5, 17°.4 y 24°); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículos 2°.1, 3°, 20°.2, 23°.4, 24°.1 y 26°); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (artículos 2°.2 y 3°); la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (artículo 2°) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (artículos 2°, 3° y ss.)

Que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está contemplado, en especial, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), que aporta una guía jurídica y política insoslayable para el diseño de políticas públicas en estas temáticas, en particular para la puesta en funcionamiento de una institucionalidad reforzada en la materia.

Que a través de la Ley N° 26.485 y sus modificatorias de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, se garantiza la igualdad y el derecho a vivir una vida sin violencia.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA ha sido pionera en el reconocimiento y promoción de derechos de las personas LGBTI+ al sancionar la Ley N° 26.618 por la que se incorporó el matrimonio igualitario a nuestra legislación; la Ley N° 26.743 en la que se estableció que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y al trato digno basado en el respeto de esta y la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que modificó el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL.

Que, entre los avances legislativos más recientes en aras a alcanzar la igualdad de género, se encuentra la sanción de la Ley MICAELA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL ESTADO N° 27.499.

Que las obligaciones del Estado en materia de no discriminación exigen la adopción de medidas de carácter administrativo, legislativo, judicial y de cualquier otra índole, necesarias para eliminarla.

Que, en ese sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha instado a los Estados a que tengan en cuenta las desigualdades económicas, sociales y culturales existentes, en especial las que sufren las mujeres, a la hora de diseñar e implementar políticas, y ha exhortado a los Estados a que promuevan la igualdad de representación de hombres y mujeres en la administración pública y en los órganos decisorios, así como en la planificación del desarrollo y la adopción de decisiones.

Que en similar sentido se ha manifestado el Comité de Derechos Humanos, órgano convencional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al señalar que los Estados deben adoptar medidas eficaces y positivas, incluidas las medidas necesarias de discriminación inversa, para promover y asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos (Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 28, La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, artículo 3°, 2000, punto 29).

Que el Comité de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su último informe sobre Argentina del año 2016, instó al Estado a reforzar las iniciativas de coordinación para asegurar la igualdad de género y, por su parte, en el año 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) recomendó que se preste particular atención a las necesidades e intereses de los grupos que sufren discriminaciones múltiples, entre ellos las mujeres, con el objetivo de implementar políticas coordinadas para enfrentarlas. También instó a reforzar las disposiciones legislativas y las políticas públicas con presupuestos asignados destinadas a lograr la igualdad de derechos para el hombre y la mujer (párrafos 29 y 25).

Que, en particular, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece que el éxito de las políticas y de las medidas destinadas a respaldar o reforzar la promoción de la igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer debe basarse en la integración de una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad.

Que, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/70/1, el Objetivo 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y para ello los Estados se han comprometido, entre otras acciones, a poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública y a aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Que, a mayor abundamiento, en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Estados de la región acordaron otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, jerarquía al más alto nivel y asegurar que los procesos de transversalización de la igualdad de género permeen toda la estructura del Estado.

Que es indudable que en la REPÚBLICA ARGENTINA se produjeron transformaciones positivas para las mujeres y las personas LGBTI+, entre las cuales se encuentra la creación del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, mediante el dictado del Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios, lo que responde a un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.

Que compete al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD entender en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad, asistiendo al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a dicha temática.

Que, asimismo, el citado Ministerio tiene entre sus funciones entender en la articulación de acciones con los actores del sector público y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, así como en la coordinación de acciones con otros Ministerios para asegurar la transversalización de dichas políticas.

Que el marco constitucional, legal y de derecho internacional en temas de igualdad de género y no discriminación y en materia de derechos de las mujeres a una vida libre de violencias con el que cuenta la REPÚBLICA ARGENTINA obliga al Estado a adoptar medidas efectivas en estas temáticas, las que requieren la máxima coordinación entre los organismos de la Administración Pública de manera tal que se implemente la transversalidad del enfoque de género en todas las políticas públicas que se impulsen.

Que toda política pública requiere que sea diseñada teniendo en cuenta el impacto que tendrá en las mujeres y la población LGBTI+, para lo cual se requieren instancias de decisión de diferentes áreas de gobierno.

Que la respuesta a dicho desafío exige un trabajo sistemático de integración y coordinación, lo que evidencia la necesidad de conformar una instancia de trabajo interministerial que permita el tratamiento de dicha temática en forma transversal.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase, en la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO, el que tendrá como finalidad garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales.

ARTÍCULO 2°.- A los fines del cumplimiento de su finalidad, el GABINETE tendrá las siguientes funciones:

a. consensuar acciones para la incorporación de la perspectiva de género tanto en su componente presupuestario como de gestión y ejecución de las mismas;

b. articular estrategias conjuntas para el monitoreo del cumplimiento de los programas a implementar, a través de indicadores aplicables al conjunto de los Ministerios; y

c. articular las estrategias y acciones de capacitación y especialización de los recursos humanos necesarios en cada Ministerio para asegurar la transversalización de la perspectiva de género.

ARTÍCULO 3°.- El GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO estará presidido por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS e integrado por los y las titulares de la totalidad de los Ministerios y por los o las Titulares de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS y el PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, quedando facultados y facultadas para designar a un funcionario o a una funcionaria en su reemplazo con rango no inferior a Secretario o Secretaria para su representación en el mismo. El GABINETE se reunirá periódicamente, al menos una vez cada SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 4°.- El GABINETE podrá requerir la intervención, permanente o transitoria, de otros Organismos, cuando las materias a tratar así lo requieran.

ARTÍCULO 5°.- El GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO será asistido por una Mesa de Coordinación cuyas funciones serán: coordinar el trabajo operativo del GABINETE, articular con cada Ministerio el plan de trabajo correspondiente, brindar asistencia técnica y capacitación, consolidar los documentos que surjan del trabajo del GABINETE, sugerir temas o acciones a implementar, atender los requerimientos que demande el funcionamiento del GABINETE y realizar el seguimiento y sistematización de los avances en materia de transversalización de la perspectiva de género.

ARTÍCULO 6°.- La Mesa de Coordinación contará con un Secretario o una Secretaria Administrativo o Administrativa que será designado o designada por el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD. Cada integrante del GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO deberá designar un o una representante titular y un o una representante suplente, de rango no inferior a Director o Directora Nacional o equivalente, cuya función será colaborar en el cumplimiento de las funciones de la citada Mesa de Coordinación.

Las y los representantes deberán reunirse junto con la Mesa de Coordinación periódicamente, al menos UNA (1) vez por mes.

ARTÍCULO 7°.- Los Organismos que conforman el GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO prestarán la colaboración necesaria que este requiera para el cumplimiento de su cometido.

ARTÍCULO 8°.- Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para invitar a participar en el GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO a expertas o expertos y a representantes de sectores con injerencia en la materia de los distintos sectores de la sociedad civil y de los poderes del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 9°.- El GABINETE NACIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO dictará su reglamento de funcionamiento interno.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Resolución 12/2020 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Fecha: 09.03.2020
Publicación: 10.03.2020
RESOL-2020-12-APN-MOP

VISTO el Ex–2020-14790433-APN-SGA#MOP del Registro del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Ley de Ministerios N° 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios, el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que, entre las facultades del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, conforme el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentra la de entender en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas.

Que resulta indispensable promover la reactivación de las economías locales, del sector de la construcción, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional.

Que a fin de lograr los objetivos indicados resulta conveniente la implementación de un Plan de alcance nacional al que se denominará "ARGENTINA HACE" y cuya finalidad primordial está dada por el restablecimiento de las obras y construcciones en todo el territorio nacional como motor del desarrollo.

Que entre los objetivos del Plan "ARGENTINA HACE" se propicia garantizar derechos, mejorando el nivel de empleo, la distribución de los ingresos y el acceso a servicios urbanos e infraestructura social básica.

Que el Plan se desarrollará con financiamiento nacional y se ejecutará a través de las Provincias y los Municipios cuyos proyectos resulten aprobados para su ejecución.

Que en virtud de lo normado por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, Anexo 3, Acápite XIII, se encuentran bajo la órbita de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Dirección Nacional de Vialidad, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Corredores Viales S.A., Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre otros, conformando un núcleo de actuación conjunta que permitirá asistir la demanda que el PLAN conlleva.

Que el Plan propone una acción inmediata con obras de corto plazo de ejecución, generando un fuerte impacto en las economías locales, pudiendo ser efectuado a través de diversas entidades de la comunidad y que se encuentren legalmente constituidas tales como Cooperativas, Organizaciones Sociales, trabajadores de la economía popular y/o MiPyMEs radicadas prioritariamente en cada zona de intervención.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS concentrará entre sus obligaciones principales y en la medida de la disponibilidad de recursos financieros suficientes, las de financiar y monitorear los proyectos de obra que resulten aprobados.

Que el Plan "ARGENTINA HACE" promueve la creación de nuevos puestos de trabajo en los territorios locales respetando un criterio de equidad de género, tendiendo a cubrirse los mismos bajo un régimen de paridad.

Que el Plan a su vez, propicia la generación de capacidades individuales y colectivas, a partir de posibles intercambios con Instituciones de Formación y Capacitación en artes y oficios vinculados a la construcción.

Que los interesados cuyos proyectos resulten aprobados, ajustarán la mecánica de acreditación de la inversión efectuada conforme los lineamientos expuestos en el Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes de aplicación en el ámbito de este Ministerio.

Que por la normativa mencionada en el considerando precedente se deberá incorporar como ANEXO a los Convenios que se suscriban con las Provincias o los Municipios, formando parte de la documentación contractual en los procedimientos de contratación que se lleven adelante como consecuencia de la suscripción de tales Convenios.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente Plan será financiado en función de los recursos financieros existentes en la jurisdicción de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, como así también con los presupuestos propios de los organismos descentralizados o empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentran dentro de la órbita de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y que adhieran al presente PLAN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE INTERIOR, ha tomado la intervención que le compete en virtud del art. 7 del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.250 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y Decretos N° 7/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 y N° 50/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°– Créase el Plan Nacional de Obras denominado PLAN "ARGENTINA HACE - I" en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Resolución Nº 27/2020 del Ministerio de Obras Púbicas B.O. 21/4/2020. Vigencia: desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.)

ARTÍCULO 2°– Apruébase el Reglamento del PLAN "ARGENTINA HACE", que, como Anexo I, registrado bajo el número PV-2020-15279839-APN-MOP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°– El objeto del PLAN "ARGENTINA HACE" consiste, a partir del financiamiento de obras y servicios públicos, en la reactivación de las economías locales, asociadas al sector de la construcción y rubros afines, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional.

ARTÍCULO 4°– El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas presupuestarias que se asignen en cada Convenio Específico.

ARTÍCULO 5°– Las Provincias y los Municipios deberán observar las siguientes pautas en relación a los proyectos que se definan en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE":

a) Realizarse a través de diversas entidades de la comunidad y que se encuentren legalmente constituidas tales como Cooperativas, Organizaciones Sociales, trabajadores de la economía popular y/o MiPyMEs radicadas prioritariamente en cada zona de intervención. Asimismo y en situaciones especiales, podrán encararse las obras por administración, siempre que ello implique la contratación de nueva mano de obra.-

b) Llevar adelante un proceso de participación y capacitación inicial que promueva la participación de la comunidad en el PLAN "ARGENTINA HACE".

c) Ejecutarse en un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días.

ARTÍCULO 6°– Facúltase a los Señores SECRETARIOS DE OBRAS PÚBLICAS y DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA a fijar los montos máximos financiables por obra que se ejecutarán en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE" creado por el art. 1° de la presente medida, como así también a suscribir los Convenios Específicos, Actas Complementarias, Adendas y todo otro acto administrativo necesario, en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 7°– Asimismo y ante proyectos cuya incumbencia específica corresponda a organismos descentralizados o a empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentren dentro de la órbita de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, se procederá a su remisión a los fines de la debida intervención técnica, legal y financiera, en el marco de sus competencias y del presente PLAN.

ARTÍCULO 8°– La Autoridad de Aplicación del PLAN "ARGENTINA HACE" será la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de la UNIDAD COORDINADORA que a tal efecto se constituya y que estará integrada por personal de esa Secretaría y de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. Dicha UNIDAD tendrá a su cargo la formulación de las normas aclaratorias y complementarias y de los criterios de distribución de los recursos.

ARTÍCULO 9°– La presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10– Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII)

 

(1)Resolución nº 27/2020 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Fecha: 19.04.2020
Publicado: 27.04.2020
RESOL-2020-27-APN-MOP

VISTO el Expediente Nº EX-2020-24982326-APN-SGA#MOP del registro de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Ley de Ministerios N° 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios, los Decretos N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 y N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Resolución RESOL-2020-12-APN-MOP de fecha 9 de marzo de 2020 de este Ministerio de creación del PLAN "ARGENTINA HACE" y el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, entre las facultades del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, conforme el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, se encuentra la de entender en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas.

Que, a fin de promover la reactivación de las economías locales, del sector de la construcción, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional, en fecha 9 de marzo de 2020 se dictó la Resolución RESOL-2020-12-APN-MOP de creación del PLAN "ARGENTINA HACE" en el ámbito de este Ministerio.

Que atento la gran repercusión que el PLAN "ARGENTINA HACE" ha producido durante el corto plazo transcurrido desde su creación, es menester ampliar la visión originariamente dada al mismo para transformarlo en una herramienta que permita contribuir efectivamente al financiamiento de distintos tipos de proyectos relativos a la ejecución de obras, cualesquiera sea su dimensión, llevadas adelante por parte de las Provincias o los Municipios u otros Entes, de manera de contribuir al desarrollo y crecimiento económico de los argentinos a través de proyectos que mejoren sustancialmente la calidad de vida de la ciudadanía toda.

Que en ese contexto resulta menester renombrar el PLAN "ARGENTINA HACE" y denominarlo PLAN "ARGENTINA HACE – I", así como también instituir el PLAN "ARGENTINA HACE – II" a los fines de dar respuesta a las nuevas demandas recibidas y que se enmarcan dentro de la competencia asignada a esta Cartera de Estado por la Ley de Ministerios N° 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorios.

Que, en consecuencia, corresponde dotar al PLAN "ARGENTINA HACE - II" de una mayor amplitud para que todas aquellas Provincias, los Municipios y/u Otros Entes que concierten con esta Cartera de Estado la asistencia financiera para proyectos, conforme los programas definidos en el mismo como así también sobre los que en el futuro pudieren incorporarse, puedan llevar adelante su ejecución con ajuste a cualesquiera de las modalidades de contratación que la normativa local autorice.

Que el PLAN "ARGENTINA HACE – II" tiene por objeto contribuir al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS concentrará entre sus obligaciones principales las de financiar y monitorear a través de la plataforma implementada al efecto, los proyectos que resulten aprobados.

Que los interesados cuyo proyecto resulte aprobado, ajustarán la mecánica de acreditación de la inversión efectuada conforme los lineamientos expuestos en el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo I al Artículo 1º de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.

Que la normativa mencionada en el considerando precedente se deberá incorporar como ANEXO a los Convenios que se suscriban con las Provincias, los Municipios y/u otros Entes.

Que en tal sentido, se ha determinado la necesidad de suscribir en primer lugar un Convenio Marco de adhesión al PLAN "ARGENTINA HACE – II" entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y las PROVINCIAS, los MUNICIPIOS o los Entes que así lo decidan y, posteriormente, la suscripción de un Convenio Específico entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS o la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA y los mencionados en último término, a fin de llevar adelante los Proyectos propuestos oportunamente y que fueran aprobados para su financiación.

Que el PLAN "ARGENTINA HACE – II" será financiado a través de los recursos asignados a la jurisdicción de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención de su competencia de conformidad con el artículo 7 del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios y Decretos N° 7/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 y N° 50/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el ARTÍCULO 1º de la Resolución RESOL-2020-12-APN-MOP de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1°– Créase el Plan Nacional de Obras denominado PLAN "ARGENTINA HACE - I" en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS."

ARTÍCULO 2° — Créase el Plan Nacional de Obras denominado PLAN "ARGENTINA HACE - II" en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 3° — El objeto del PLAN "ARGENTINA HACE - II" está dado por la contribución al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

ARTÍCULO 4°— Facúltase a los Señores SECRETARIOS DE OBRAS PÚBLICAS y DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA a fijar los montos máximos financiables para cada proyecto que se ejecutará en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE – II" creado por el art. 2° de la presente Resolución, como así también a suscribir los Convenios Específicos, Actas Complementarias, Adendas y todo otro acto administrativo necesario, en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 5°— La Autoridad de Aplicación del PLAN "ARGENTINA HACE – II" será la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, quién tendrá a su cargo la formulación de las normas aclaratorias y complementarias.

ARTÍCULO 6º— El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas presupuestarias que se asignen en cada Convenio Específico.

ARTÍCULO — Apruébase el Reglamento Particular del PLAN "ARGENTINA HACE – II" que, como Anexo I e Instructivo Anexo registrados bajo la PV-2020-25012989-APN-SGA#MOP y el IF-2020-25012898-APN-SGA#MOP respectivamente, forman parte integrante de la presente medida, los cuales deberán incorporarse como ANEXO a los Convenios Marco que se suscriban con las Provincias, los Municipios u otros Entes.

ARTÍCULO 8° — Apruébanse el modelo de Convenio Marco y el modelo de Convenio Específico, a suscribirse entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y las PROVINCIAS, los MUNICIPIOS u otros Entes que adhieran al PLAN creado en el ARTÍCULO 2° de la presente Resolución que, como Anexos II y III registrados bajo el IF-2020-25012833-APN-SGA#MOP e IF-2020-25012766-APN-SGA#MOP respectivamente, forman parte integrante de la presente medida. Cuando las características técnicas, las modalidades de ejecución, u otros motivos vinculados al proyecto a financiar, así lo justifiquen, la Autoridad de Aplicación podrá introducir las modificaciones que pudieran resultar necesarias sobre los modelos aprobados.

ARTÍCULO 9° — La presente Resolución comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10 — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)

 

Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico

Número: IF-2020-25012898-APN-SGA#MOP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo al Anexo I - Reglamento Particular del PLAN "ARGENTINA HACE - II"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Providencia

Número: PV-2020-25012989-APN-SGA#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo I - Reglamento Particular del PLAN "ARGENTINA HACE - II"
PLAN ARGENTINA HACE - II

Anexo I

INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS | ÁREAS TEMÁTICAS Y COMPONENTES

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

4. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

5. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Definición del Proyecto

- Presentación

- Plazos y evaluación

- Aprobación y firma de Convenio

- Actos preliminares

- Ejecución del Proyecto

- Modificación del Proyecto

- Incumplimientos

- Rescisión

- Cumplimiento de Normas de Administración Financiera

- Indemnidad

6. FINANCIAMIENTO

7. MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

8. TRANSPARENCIA

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El PLAN ARGENTINA HACE - II tiene como objeto contribuir al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

Las obras serán desarrolladas de forma descentralizada, a través de las Provincias, los Municipios u otros Entes. Es por ello que el Ministerio de Obras Públicas encara este desafío desde una perspectiva federal, tendiendo a revertir desigualdades y asimetrías entre las distintas regiones del país promoviendo una Nación más solidaria y equitativa.

En el marco del presente Plan, serán las Provincias, los Municipios y otros Entes quienes tendrán a su cargo el diseño de proyectos, la contratación, inspección y mantenimiento de la obra, y su posterior operación cuando correspondiere, siendo los responsables exclusivos de todos los efectos derivados de esas tareas, como así también de su manutención y conservación posterior.

2. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS

El PLAN ARGENTINA HACE - II financiará los proyectos que propongan las Provincias, los Municipios u otros Entes y que resulten aprobados por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS según las áreas temáticas y componentes que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo al instructivo de carga de documentos referidos a proyecto y ejecución de obra de la plataforma https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2 y que como Instructivo anexo forma parte integrante del presente.

Asimismo, cuando las características del proyecto determinaran la conveniencia de dar intervención a alguno de los organismos descentralizados o a empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentran bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a exclusivo criterio de la Autoridad de Aplicación, ésta podrá remitirlos a dichos organismos a los fines de su intervención técnica en el marco del presente Plan.

ÁREAS TEMÁTICAS Y COMPONENTES

Las áreas temáticas, funcionan a la vez de programas, e indican el tipo de intervenciones que podrán ejecutarse en el marco del presente Plan. Los proyectos que eleven las entidades proponentes deberán considerar en su cómputo y presupuesto la provisión de materiales, equipos (según proyectos) y/o provisión y colocación de mobiliario urbano, contratación de maquinarias si así fuera requerido y la contratación de mano de obra.

1. Consolidación Barrial

Los barrios como unidades de identidad colectiva, se presentan como la oportunidad para generar lazos comunitarios, espacios de encuentro, de producción individual y colectiva. Asimismo, se configuran como los centros de identidad y pertenencia más próximos a cada hogar. En ese sentido, el Programa se propone garantizar el acceso a los servicios básicos, acortando distancias y generando el soporte para que el transporte llegue cada vez más cerca de las principales vialidades, y consolidar el espacio público para todos y todas.

• Acceso a los servicios básicos: agua y saneamiento.

• Sistemas de escurrimiento y protección hidráulica (desagües pluviales, bocas de tormentas, alcantarillas, etc.).

• Accesibilidad y conectividad urbana como soporte a la infraestructura de transporte para promover la integración de los barrios a la trama urbana.

• Pavimentación, re-pavimentación, iluminación y arborización de las vías principales: avenidas, bulevares, calles barriales.

• Pavimentación de la totalidad del entramado urbano.

• Iluminación de las sendas peatonales y de las vías de acceso.

2. Jerarquización de las centralidades urbanas

• Puesta en valor de los centros históricos de cada localidad.

• Puesta en valor del paisaje urbano: arborización, parquización, iluminación, señalización y colocación de mobiliario urbano (mesas y bancos, refugios, paradas de transporte público, etc.) en áreas verdes libres y públicas. Esto incluye corredores, arterias viales jerarquizadas y plazas emblemáticas.

• Puesta en valor del espacio público urbano con la pavimentación, la ejecución de redes pluviales, la materialización de las veredas, la colocación de iluminación LED y la colocación de mobiliario urbano (cestos, protecciones, bebederos, etc.)

• Definición de circuitos comerciales a partir de la modernización de las infraestructuras de soporte, materialidad e imagen de las calles comerciales.

3. Infraestructura para la recuperación de la matriz productiva

Recuperación de la producción, impulso de las economías locales y regionales desde la infraestructura de soporte tales como rutas, vías de acceso, señalización, semaforización entre otros.

4. Construcción de equipamiento social

Fortalecimiento de las redes comunitarias y del tejido social en su totalidad.

• Construcción y remodelación de Jardines de Infantes.

• Construcción y puesta en valor de clubes barriales.

• Centros integrales de atención a la mujer.

• Centros de apoyo a los adultos mayores.

• Centros de Atención Primaria de Salud.

• Otros.

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

Para la evaluación y aprobación de los proyectos a financiar se tendrá en cuenta:

• Memoria del proyecto: Fundamentación del proyecto como respuesta a una oportunidad de desarrollo o problemática detectada en el territorio local o provincial.

• Definición técnica del proyecto según Instructivo anexo.

• Cantidad de nuevos trabajadores ocupados en la ejecución de la obra.

• Cantidad de población local beneficiada por su ejecución.

• Impacto sobre la organización social y económica de la región donde se ejecuta la obra.

• Impacto físico sobre el territorio y las proyecciones de nuevas obras o proyectos de índole social y/o de obras públicas.

4. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

El Plan contempla la participación del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS junto a las Provincias, los Municipios y otros Entes.

1. El Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y éste a través de su estructura funcional: pondrá en ejecución el Plan; evaluará y procederá a la elección y consecuente aprobación de los proyectos; financiará los proyectos aprobados y controlará el cumplimiento del "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes" aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, o el que en el futuro lo reemplace. Por otra parte, hará los desembolsos correspondientes según avance del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Específico vinculante entre las partes.

2. Las Provincias, los Municipios y otros Entes son los responsables de la ejecución de los proyectos y las obras; elaborarán el Proyecto y lo someterán a evaluación y aprobación del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; Las Provincias, los Municipios u otros Entes cuyos proyectos hayan sido seleccionados, deberán abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina para recibir los fondos correspondientes al pago de anticipo y pagos referidos a las rendiciones de cuentas de avance y final del proyecto. Dentro de su dependencia, deberán designar al menos: 1) un inspector de obra (Ingeniero o Arquitecto matriculado) y 2) un responsable administrativo (legal y/o contable).

5. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• Definición del Proyecto

Las Provincias, los Municipios u otros Entes definirán los proyectos y el esquema de ejecución de obras que llevarán adelante en virtud de las necesidades evidenciadas en sus territorios de actuación.

• Presentación

Una vez definido el proyecto, las Provincias, los Municipios u otros Entes deberán subirlo a la Plataforma de Proyectos y Obras | PPO: https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2

En la página indicada, el Representante de la Jurisdicción, deberá crear un usuario y una vez iniciada la sesión, deberá subir la documentación correspondiente. Dicha documentación será remitida a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, la cual la enviará al área específica según la temática del proyecto para la evaluación de factibilidad.

• Plazos y evaluación

La SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA, evaluará la pre-factibilidad de los proyectos y los derivará a las áreas pertinentes, a fin de que se proceda a la evaluación de la documentación presentada y de los contenidos vinculados a la propia definición del proyecto según el Instructivo Anexo, así como también la fundamentación del mismo. Esta evaluación será efectuada en el plazo de cinco (5) días hábiles. Si se detectaran errores u omisiones, lo devolverá a la jurisdicción correspondiente para que la misma efectúe las correcciones señaladas, disponiendo de un plazo de cinco (5) días hábiles para enviarlo nuevamente. No obstante, y cuando el análisis de la propuesta así lo requiera, los plazos precitados podrán ser ampliados.

• Aprobación y firma de Convenio

De manera preliminar las Provincias, los Municipios u otros Entes firmarán un Convenio Marco de Adhesión al PLAN ARGENTINA HACE - II en el cual se consignará de manera preliminar la/s obra/s cuya ejecución resulta de su interés.

Una vez evaluado/s y aprobado/s el/los proyecto/s, la Provincia, el Municipio u otros Entes firmará un Convenio Específico con la SECRETARÍA de incumbencia en la materia, por cada uno de los proyectos a financiarse.

• Actos preliminares

Serán por cuenta y cargo de la Provincia, el Municipio u otros Entes los actos administrativos y gestiones judiciales o extrajudiciales que fuera menester para concretar eventuales expropiaciones, constituir servidumbres u obtener permiso de paso, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes y los costos que generan tales cuestiones, como así también verificar el cumplimiento por parte de la contratista de toda la normativa aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Asimismo, será responsabilidad de la Provincia, el Municipio u otros Entes la obtención de los permisos locales necesarios para la ejecución del Proyecto, tales como habilitaciones y autorizaciones urbanísticas, permisos ambientales, el correspondiente trámite de impacto ambiental, u otros que fueren requeridos por la jurisdicción.

Previo al inicio de la ejecución del Proyecto, la Provincia, el Municipio u otros Entes deberá presentar con carácter obligatorio la nómina de su equipo (un Inspector de Obra, responsable administrativo) así como también el contrato celebrado con la entidad ejecutora (en caso de corresponder). Todo ello conforme los requerimientos expuestos en la plataforma de carga del proyecto. El incumplimiento de estos recaudos podrá generar el retraso del inicio de la obra y/o hasta la rescisión del Convenio.

• Ejecución del Proyecto

Efectuada la transferencia del primer adelanto de fondos, las Provincias, los Municipios u otros Entes se comprometen a dar inicio al proyecto en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la fecha en que se encuentren cumplidos los procesos y requisitos legales y administrativos, establecidos en la normativa nacional, provincial y/o municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la obra, dando cumplimiento al plan de trabajos oportunamente presentado y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas.

La existencia de impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier tipo, y que resulten atribuibles a la Provincia, al Municipio u otros Entes, que de cualquier modo obstaculicen la normal ejecución del Proyecto, serán de su exclusiva responsabilidad, siendo causal de resolución del Convenio.

La Provincia, el Municipio u otros Entes tendrán a su cargo, en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE - II", el diseño, la contratación, inspección y mantenimiento del Proyecto, y su posterior operación cuando correspondiere, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos derivados de su ejecución, como así también de su mantenimiento y conservación posterior.

El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS comunicará a las jurisdicciones cuyos proyectos hayan sido seleccionados, el formato de cartel de obra que deberán emplazar en el sitio de la obra, según los patrones de comunicación establecidos por Presidencia de la Nación.

La implementación y ejecución de la obra debe darse dentro del plazo establecido en el Convenio Específico que oportunamente se suscriba, pudiendo concederse prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su ejecución en el lapso concertado.

• Modificación del Proyecto

Toda modificación relativa al Proyecto deberá contar con la no objeción previa por parte de la SECRETARÍA de incumbencia en la materia, como condición necesaria para su implementación.

• Incumplimientos

A fin de no incurrir en causales de resolución del Convenio Específico, las Provincias o los Municipios deberán acreditar el inicio de la obra ante el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, mediante una copia del Acta de Inicio firmada por la jurisdicción contratante y la entidad contratada en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en que se encuentren cumplidos los procesos y requisitos legales y administrativos, establecidos en la normativa nacional, provincial y/o municipal aplicable, que posibiliten el efectivo inicio de la obra.

Asimismo se considerará resuelto de pleno derecho:

a) Cuando, en cualquier momento, la Provincia, el Municipio u otros Entes paralicen unilateralmente o en acuerdo con la contratista, sin haber mediado previa notificación fehaciente a la SECRETARÍA de incumbencia en la materia de la causal que justifique esta medida, y la aprobación de la misma por esta última;

b) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) días corridos desde el vencimiento del plazo para la presentación de las rendiciones de cuentas establecido en el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes" aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.

En el supuesto de haberse efectuado el adelanto financiero la Provincia, el Municipio u otros Entes deberán devolver los montos percibidos por dicho concepto. El MINISTERIO tendrá derecho a reclamar a la Provincia, al Municipio u otros Entes una indemnización por los daños y perjuicios que se deriven de los incumplimientos señalados en el apartado b) del presente punto más los intereses correspondientes.

• Rescisión

Tanto el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS como las Provincias, los Municipios u otros Entes podrán rescindir los convenios suscriptos, previa notificación fehaciente a la otra parte con una anticipación no menor a UN (1) mes. La rescisión del convenio no afectará el normal desarrollo de las actividades que estuvieran en ejecución, las que deberán ser concluidas de conformidad a lo estipulado en el convenio respectivo y sus eventuales modificaciones, salvo que medie acuerdo expreso en contrario entre las partes.

• Cumplimiento de Normas de Administración Financiera

La Provincia, el Municipio y los Entes se comprometen a que los fondos a ser recibidos por parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS serán exclusivamente empleados para los proyectos solicitados y aprobados, quedando vedado el uso de los recursos transferidos a cualquier otro destino que no fuera el desarrollo de la obra, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes" aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020.

Asimismo la Provincia, el Municipio y los Entes se comprometen a dar estricto cumplimiento a los procedimientos que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.

• Indemnidad

La Provincia, el Municipio u otros Entes abonarán con recursos propios los reclamos de pago de cualquier naturaleza que efectúe la contratista que realice el Proyecto. Las SECRETARÍAS de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, los órganos superiores, inferiores o dependientes, no asumen el carácter de Comitente, ni pueden subrogarse en los derechos y obligaciones de la Provincia, los Municipios u otros Entes en los contratos que ellas suscriban.

La Provincia, el Municipio u otros Entes se compromete a mantener indemne al ESTADO NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y honorarios de abogados como consecuencia de la ejecución del Proyecto y por todas aquellas por las cuales la Provincia, el Municipio u otros Entes deban responder.

La SECRETARÍA de incumbencia en la materia podrá, sin necesidad de autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad previa por parte de la Provincia, el Municipio u otros Entes, encomendar la realización de auditorías técnicas y financieras que consideren necesarias, con el objeto de verificar la correcta ejecución del Proyecto, sin perjuicio de las tareas inherentes en la materia a cargo de la Provincia, el Municipio u otros Entes, comprometiéndose estas últimas a garantizar el ejercicio de las mismas. La Provincia, el Municipio u otros Entes no podrán obstaculizar la realización de las auditorías encomendadas por la SECRETARÍA de incumbencia en la materia, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.

6. FINANCIAMIENTO

El Proyecto será financiado mediante los recursos asignados al PLAN ARGENTINA HACE - II por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

7. MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

• Anticipo y desembolsos parciales

El monto comprometido para el financiamiento del proyecto será transferido por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en función de las disponibilidades presupuestarias, a las jurisdicciones en CUATRO (4) tramos:

- El primero de ellos por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra en concepto de anticipo financiero el cual se descontará en forma proporcional en cada rendición de cuentas, de manera tal que con la última rendición quede reintegrado en su totalidad dicho anticipo;

- el segundo por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, previo descuento del anticipo financiero, contra la presentación y aprobación de la respectiva rendición de cuentas correspondientes al avance físico equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ejecución de la obra;

- el tercero por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, previo descuento del anticipo financiero, contra la presentación y aprobación de la rendición de cuentas correspondientes al avance físico equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) de ejecución de la obra; y

- el último importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), previo descuento del anticipo financiero, en concepto de rendición final del PROYECTO contra presentación de la rendición de cuentas final correspondientes a la ejecución total y recepción provisoria de la misma.

La Autoridad de Aplicación podrá implementar, a su exclusivo criterio, esquemas distintos de desembolsos, cuando las características técnicas, las modalidades de ejecución u otros motivos vinculados al proyecto a financiar así lo justifiquen. Estos esquemas diferenciados de desembolsos deberán ser incluidos en el convenio específico relativo al proyecto en cuestión.

El esquema de desembolsos establecido en cada convenio específico, no podrá ser modificado a lo largo de la ejecución del mismo, salvo que, a criterio exclusivo de la Autoridad de Aplicación, sobrevengan motivos vinculados al proyecto a financiar que justifiquen la conveniencia de dicha modificación. En estos casos deberá previamente procederse a la modificación del convenio específico, reflejando expresamente el nuevo esquema de desembolsos establecido.

• Cuenta Bancaria

La Provincia, el Municipio u otros Entes deberán abrir una cuenta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA al fin exclusivo y excluyente de ser utilizada para la transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio. Una vez notificado el Ministerio de la apertura de la cuenta bancaria y cumplidos los requisitos administrativos, técnicos y legales que permitan el desarrollo del proyecto del Convenio Específico, la Provincia, el Municipio u otros Entes solicitarán el pedido formal del primer adelanto de fondos.

El Ministerio transferirá los fondos correspondientes en la Cuenta Bancaria declarada. La dependencia correspondiente deberá elevar el comprobante con el número de identificación de dicha cuenta (CBU), indicando la sucursal habilitada a estos fines.

• Rendición de Cuentas

La Provincia, el Municipio u otros Entes que tengan a su cargo la ejecución del PROYECTO deberán observar las disposiciones del "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL - 2020 - 19 - APN - MOP del 31 de marzo de 2020.

8. TRANSPARENCIA

A los fines previstos por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y en virtud de lo expresamente contemplado en su art. 7°, inciso a), este Ministerio resulta sujeto obligado a brindar información pública. En consecuencia, solicitará a todas las instituciones involucradas, la acreditación de los fondos públicos transferidos y aplicados a la ejecución de la obra (art. 32 inc. f).

Asimismo, las partes intervinientes, asumirán las obligaciones que en cada convenio específico se consignen, vinculadas a dotar de transparencia, tanto respecto del proceso de selección de la entidad ejecutora, como la exhibición de los estados de avance físico y financiero de las obras ejecutadas.

Informe

Número: IF-2020-25012833-APN-SGA#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo II - Convenio Marco PLAN "ARGENTINA HACE - II"
ANEXO II

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

LA PROVINCIA DE/ MUNICIPALIDAD DE__________, PROVINCIA DE________.

PLAN "ARGENTINA HACE - II"

En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de 2020, entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, representado en este acto por el señor Ministro de Obras Públicas Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS (D.N.I. N° 18.431.166), con domicilio en la Avenida Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, Oficina 1114, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y la PROVINCIA / MUNICIPALIDAD DE____________________________, Provincia de representada en este acto por el señor Gobernador/ Intendente _________________(DNI N° _________________), con domicilio en la calle __________________________N° _______________________de la Localidad de __________________________ de la Provincia de ___________________________ por la otra parte, en adelante "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" conjuntamente denominadas "LAS PARTES", y acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO, en adelante el "CONVENIO MARCO", y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS tiene entre sus competencias ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Así como también entender en el diseño y ejecución de los planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.

Que el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 establece como objetivo de LA SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS el de intervenir en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas, en especial en los programas de inversión y preinversión pública de su competencia y en la coordinación de los planes, programas relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la Jurisdicción.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, viene desplegando diversas acciones tendientes a contribuir en el desarrollo de la obra pública, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal.

Para su concreción, se halla abocado al diseño de diversos programas y subprogramas cuya asistencia económica estará a su cargo, sin perjuicio de que la ejecución y control de los Proyecto estará en cabeza del estado provincial o municipal, según sea el caso.

Que en acuerdo con la reseña efectuada, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha desarrollado un nuevo plan, en línea con el PLAN "ARGENTINA HACE - I", definiendo nuevos programas con diversas metodologías de abordajes para su concreción, en cabeza de las Provincias, Municipios y Otros Entes adherentes al mismo.

En tal entendimiento y por la Resolución N° de fecha de de 2020 (RESOL-2020- ), agregada como ANEXO I al presente, se ha instituido el PLAN "ARGENTINA HACE - II" el cual tiene por objeto contribuir al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran, como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.

Que atento a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la PROVINCIA DE / MUNICIPALIDAD DE , Provincia de , realizando los Proyectos que cumplan con la finalidad del PLAN "ARGENTINA HACE - II", resulta oportuna la celebración del presente CONVENIO MARCO.

Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" manifiesta expresamente su adhesión a la normativa vigente instituida por el PLAN "ARGENTINA HACE - II", como así también a la que como consecuencia del mismo se dicte.

En tal entendimiento LAS PARTES se comprometen a desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y necesarias para posibilitar la ejecución de los Proyectos a realizarse bajo la órbita del PLAN "ARGENTINA HACE - II" en el marco de su jurisdicción y competencia y sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, legales y presupuestarias de factibilidad, que posibiliten la ejecución de los proyectos que se mencionan en el ANEXO II que forma parte integrante del presente.

SEGUNDA: El financiamiento del costo de los Proyectos detallados en el ANEXO II y que se estima en la suma de PESOS ($ ) se hará con aportes del "MINISTERIO", en la medida de sus disponibilidades económicas y con los alcances y en la proporción que se prevean en los Convenios Específicos que se suscriban oportunamente, de conformidad con lo previsto en la cláusula QUINTA del presente.

TERCERA: El listado de los Proyectos que se mencionan en el ANEXO II y que forman parte del presente, no podrán ser modificados, salvo que medie acuerdo expreso de ambas PARTES, pudiendo en ese caso "EL MUNICIPIO" reemplazar uno o varios Proyectos por otro u otros, siempre dentro del límite del importe total de la asistencia financiera otorgada por "EL MINISTERIO".

CUARTA: "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" deberá ingresar la documentación de estilo (administrativa, proyectos técnicos, memoria descriptiva, cómputo, presupuesto detallado, cronograma y curva de trabajos, curva de inversión, etc.) como así también toda aquella que le fuera requerida por los funcionarios intervinientes del "MINISTERIO" a través de la plataforma https://ppo.mininterior.gob.ar/ArgentinaHace2, o la que en un futuro la reemplace.

QUINTA: Para la implementación de las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en las cláusulas precedentes, la Secretaría de incumbencia específica en la materia dependiente del "MINISTERIO" y "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" suscribirán los Convenios Específicos que resulten pertinentes, por cada proyecto a ejecutarse conforme aprobación definitiva de aquellos mencionados en el ANEXO II. A los efectos de poder verificar los compromisos de inversión en los Proyectos que reciban financiamiento, "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" deberá llevar una contabilidad independiente por cada Proyecto y abrir una cuenta bancaria específica para este PLAN "ARGENTINA HACE - II", en la que ingresen todos los recursos que le sean girados por "EL MINISTERIO".

SEXTA: A través del PLAN "ARGENTINA HACE - II" podrá financiarse hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del importe de los Proyectos presentados por "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD". El PLAN también podrá destinarse a financiar en forma parcial proyectos que puedan encontrarse en vías de contratación o de ejecución por parte de "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD", en ambos casos exclusivamente hasta el límite de la parte de la obra que se encuentre pendiente de ejecución.

SÉPTIMA: "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte del "MINISTERIO" serán exclusivamente empleados para los proyectos aprobados. Asimismo, "LA PROVINCIA / MUNICIPALIDAD" se compromete a dar estricto cumplimiento de los procedimientos que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.

OCTAVA: El presente Convenio no limita el derecho de "LAS PARTES" a la celebración de acuerdos de financiamiento con otros organismos públicos o privados, nacionales o del exterior, o con personas físicas, interesadas en la ejecución de la obra, en la proporción que la misma no resulte financiada por "EL MINISTERIO".

NOVENA: En todo hecho o circunstancia que tenga relación con este "CONVENIO MARCO", "LAS PARTES" mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumirán particularmente las responsabilidades propias consiguientes.

DÉCIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente "CONVENIO MARCO" y/o de los ESPECÍFICOS que como consecuencia se celebren, "LAS PARTES" intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, "LAS PARTES" suscriben el presente "CONVENIO MARCO" en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
ANEXO I

RESOLUCIÓN Y ANEXO - PLAN "ARGENTINA HACE - II"

ANEXO II

Informe

Número: IF-2020-25 012766-APN-SGA#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 9 de Abril de 2020

Referencia: Anexo III - Convenio Específico PLAN "ARGENTINA HACE - II"
ANEXO III

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "_________________" PROVINCIA DE____________/ MUNICIPALIDAD DE_______________, PROVINCIA DE .

PLAN "ARGENTINA HACE - II".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de 2020, entre la SECRETARÍA DE dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en adelante "LA SECRETARÍA", representada por el Señor Secretario (D.N.I. N°_________________), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, oficina 11 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la PROVINCIA de/MUNICIPALIDAD de_________________ de la Provincia de_________________, en adelante "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD", representada en este acto por el Señor Gobernador/Intendente_________________(D.N.I. N°_________________), con domicilio legal en la calle_________________N° de la ciudad de_________________, Provincia de_________________, conjuntamente denominadas "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE - II", en adelante "EL CONVENIO", para la ejecución del Proyecto "_________________" en la ciudad de _________________, Provincia de _________________, en adelante "EL PROYECTO", y

CONSIDERANDO:

Que con fecha_________________de_________________de 2020, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la PROVINCIA de/MUNICIPALIDAD de_________________de la Provincia de_________________, celebraron un CONVENIO MARCO en la esfera del PLAN "ARGENTINA HACE - II".

Que en el referido CONVENIO MARCO, "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD" solicitó la asistencia financiera para la ejecución del Proyecto "_________________", objeto del presente CONVENIO

ESPECÍFICO.

Que la SECRETARÍA DE _________________del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha verificado la documentación correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad del mismo sin expresar objeciones y por ende conveniente acordar los términos para el otorgamiento del financiamiento solicitado.

Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente para la suscripción del presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y en la Resolución N° 15 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (RESOL-2020-18-APN-MOP).

Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: "EL CONVENIO" tiene por objeto brindar asistencia financiera, por parte del MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS, a "LA PROVINCIA/ MUNICIPALIDAD" para la ejecución del PROYECTO "_________________

" cuya documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas se encuentran ingresadas con carácter de declaración jurada bajo el I.D. de Proyecto N°_________________ en la plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO) e incorporados al presente como IF_________________y forman parte del EX-2020-_________________-MOP.

SEGUNDA: "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD" se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte del MINISTERIO serán exclusivamente empleados para "EL PROYECTO".

TERCERA: El monto del "PROYECTO" cuyo detalle surge de la Cláusula PRIMERA, asciende a la suma de PESOS_________________ ($_________________ ) con cargo al presupuesto correspondiente a la apertura programática_________________ .

La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de "precio tope", entendiéndose por tal el precio máximo que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS financiará por "EL PROYECTO".

CUARTA: El plazo de ejecución del "PROYECTO" será de _________________(_________________) meses contados desde la fecha del acta de inicio, pudiendo concederse prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su ejecución en el lapso concertado.

QUINTA: "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD" manifiesta que "EL PROYECTO" se ejecutará en un todo de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y dando cumplimiento al "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, que forma parte del presente como ANEXO I.

SEXTA: La autoridad competente transferirá los fondos correspondientes, en virtud de lo establecido en el presente "CONVENIO", a una cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, habilitada a estos fines y debidamente informada por "LA PROVINCIA/MUNICIPALIDAD".

SÉPTIMA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, conservando la misma hasta SEIS (6) meses posteriores a la finalización de la ejecución del Proyecto.

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.


                                                                                                                                              ANEXO I

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA RENDICIÓN DE

CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U

OTROS ENTES

(Aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020)

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarias y Subsecretarías del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada programa;

Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;

Detallar la fecha de recepción de la transferencia y el monto total de la transferencia que se rinde y los conceptos que se atendieron con cargo a dicha transferencia, individualizando la cuenta bancaria receptora de los fondos;

Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto, el extracto de la cuenta escritural en los casos en que el receptor de la transferencia resulte ser una provincia en la que se encuentre implementado el sistema de Cuenta Única del Tesoro;

e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el tipo de comprobante o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, punto de venta, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde, y contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las transferencias respectivas;

Asimismo, y de conformidad con las características del proyecto de que se trate, se le podrá requerir a la jurisdicción beneficiaria la presentación de la documentación e informes adicionales que pudieran considerarse necesarios.

En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular de la transferencia, es decir la máxima autoridad de la persona jurídica involucrada y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.

Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de Coordinación -o funcionario de nivel equivalente- y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente, según corresponda.

En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Obras Públicas o funcionario de nivel equivalente.

La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuentas deberá ser puesta a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos de control, cuando así lo requieran.

i. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado.

Cuando el objeto del convenio consistiera en la transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad mencionada en el inciso h) del presente artículo.

ARTÍCULO 3°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas ante el Ministerio de Obras Públicas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio, según se establezca en el mismo y siempre con ajuste a lo previsto en el artículo 11 del presente. Este plazo podrá ser prorrogado, por única vez, por un término máximo de TREINTA (30) días hábiles, previa solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO 4°. - Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá reintegrar los montos percibidos al Ministerio de Obras Públicas.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el artículo 3°, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas, en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 5°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá conservar por el plazo de DIEZ (10) años, contados a partir de la aprobación de la rendición de cuentas, los comprobantes originales en soporte papel o en soporte electrónico.

ARTÍCULO 6°. - Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 7°- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 8°- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria especial en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

En el caso de las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, éstas deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos.

ARTÍCULO 10. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 11.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso, cuando se encuentre rendido al menos el 75% del último fondo recibido; ello sin perjuicio de tener acreditada la rendición de las anteriores, en caso de existir. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente Reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente Reglamento.

ARTÍCULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo, forma y de acuerdo al objeto, los montos no rendidos y/u observados deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL, conforme el procedimiento que al efecto notifique el Ministerio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibida dicha notificación.

ARTÍCULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

ARTÍCULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente Reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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