Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ley nº 15768
Sancionada: 30.09.1960
Promulgada: 24.10.1960
Publicada: 11.11.1960

Adhesión al protocolo final anexo al Convenio para la Represión de la Trata de personas y de la Explotación de la Prostitución ajena.

ARTICULO 1.-Apruébase la adhesión al protocolo final anexo al Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la explotación de la Prostitución Ajena, adoptado en la 264 sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución número 317, del 2 de diciembre de 1949.

ARTICULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


CONVENIO PARA LA REPRESION DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACION DE LA PROSTITUCION AJENA

Preámbulo
Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad.

Considerando que con respecto a la represión de la trata de mujeres y niños, están en vigor los siguientes instrumentos internacionales:

1. Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata de blancas , modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948.

2. Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la Represión de la trata de blancas modificado por el precitado Protocolo.

3. Convenio internacional del 30 de setiembre de 1921 para la represión de la trata de mujeres y niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947.

4. Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, modificado por el precitado Protocolo.

Considerando que la Sociedad de las Naciones redactó en 1937 un proyecto de convenio para extender el alcance de tales instrumentos;y

Considerando que la evolución ocurrida en la situación desde 1937 hace posible la conclusión de un convenio para fusionar los instrumentos precitados en uno que recoja el fondo del proyecto de Convenio de 1937 así como las modificaciones que se estime conveniente introducir;

Por lo tanto las Partes Contratantes convienen, por el presente, en lo que a continuación se establece:

Artículo 1.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

1. concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento de tal persona;

2. Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.

Artículo 2.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que:

1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento.

2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Artículo 3.- En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, serán también castigados toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas en los arts. 1 y 2 y todo acto probatorio de su comisión.

Artículo 4.- En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, será también punible la participación internacional en los actos delictuosos mencionados en los artículos 1 y 2.

En la medida que lo permitan las leyes nacionales, los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad.

Artículo 5.- Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho, con arreglo a las leyes nacionales a constituirse en parte civil respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo derecho en condiciones de igualdad con los nacionales.

Artículo 6.- Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.

Artículo 7.- En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, las condenas anteriores pronunciadas en Estados extranjeros por las infracciones mencionadas en el presente Convenio, se tendrán en cuenta para:
1. Determinar la reincidencia;

2. Inhabilitar al infractor para el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.

Artículo 8.- Las infracciones mencionadas en los arts. 1 y 2 del presente Convenio serán consideradas como casos de extradición en todo tratado de extradición ya concertado o que ulteriormente se concierte entre cualesquiera de las Partes en el presente Convenio.

Las Partes en el presente Convenio que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado, deberán reconocer en adelante las infracciones mencionadas en los arts. 1 y 2 del presente Convenio como casos de extradición entre ellas.

La extradición será concedida con arreglo a las leyes del Estado al que se formulare la petición de extradición.

Artículo 9.- En los Estados cuya legislación no admita la extradición de nacionales, los nacionales que hubieren regresado a su propio Estado después de haber cometido en el extranjero cualquiera de las infracciones mencionadas en los arts. 1 y 2 del presente Convenio, serán enjuiciados y castigados por los tribunales de su propio Estado.

No se aplicará esta disposición cuando, en casos análogos entre las Partes en el presente Convenio, no pueda concederse la extradición de un extranjero.

Artículo 10.- Las disposiciones del art. 9 no se aplicarán cuando el inculpado hubiere sido enjuiciado en un Estado extranjero y, caso de haber sido condenado, hubiere cumplido su condena o se le hubiere condenado o reducido la pena con arreglo a lo dispuesto en las leyes de tal Estado extranjero.

Artículo 11.- Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en el sentido de prejuzgar la actitud de cualquiera de las Partes respecto a la cuestión general de los límites de la jurisdicción penal en derecho internacional.

Artículo 12.- El presente Convenio no afecta el principio de que las infracciones a que se refiere habrán de ser definidas, enjuiciadas y castigadas, en cada Estado, conforme a sus leyes nacionales.

Artículo 13.- Las Partes en el presente Convenio estarán obligadas a ejecutar las comisiones rogatorias relativas a las infracciones mencionadas en este Convenio, conforme a sus leyes y Prácticas nacionales.

La transmisión de comisiones rogatorias se efectuará:

1. Por comunicación directa entre las autoridades judiciales;

2. Por comunicación directa entre los ministros de Justicia de los dos Estados, o por comunicación directa de otra autoridad competente del Estado que formulare la solicitud al Ministerio de Justicia del Estado al cual le fuese formulada la solicitud; o

3. Por conducto del representante diplomático o consular del Estado que formulare la solicitud, acreditado en el Estado al cual le fuese formulada la solicitud; tal representante enviará las comisiones rogatorias directamente a la autoridad judicial competente o a la autoridad indicada por el gobierno del Estado al cual le fuese formulada la solicitud, y deberá recibir, directamente de tal autoridad, los documentos que constituyan la ejecución de las comisiones rogatorias.

En los casos 1 y 3 se enviará siempre una copia de la comisión rogatoria a la autoridad superior del Estado al cual le fuese formulada la solicitud.

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias serán redactadas en el idioma de la autoridad que formulare la solicitud, pero el Estado al cual le fuese formulada la solicitud podrá pedir una traducción a su propio idioma, certificada, conforme al original por la autoridad que formulare la solicitud.

Cada una de las Partes en el presente Convenio notificará a cada una de las demás Partes cuál o cuáles de los medios de transmisión anteriormente mencionados reconocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte.

Hasta que un Estado haya hecho tal notificación, seguirá en vigor el procedimiento que utilice normalmente en cuanto a las comisiones rogatorias.

La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar a reclamación de reembolso por derechos o gastos de ninguna clase, salvo los gastos de peritaje.

Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse en el sentido de comprometer a las Partes en el presente Convenio a adoptar en materia penal cualquier forma o método de prueba que sea incompatible con sus leyes nacionales.

Artículo 14.- Cada una de las Partes en el presente Convenio establecerá o mantendrá un servicio encargado de coordinar y centralizar los resultados de las investigaciones sobre las infracciones a que se refiere el presente Convenio.

Tales servicios tendrán a su cargo la compilación de toda información que pueda facilitar la prevención y el castigo de las infracciones a que se refiere el presente Convenio y deberán mantener estrechas relaciones con los servicios correspondientes de los demás Estados.

Artículo 15.- En la medida en que lo permitan las leyes nacionales, y en que las autoridades encargadas de los servicios mencionados en el art. 14 lo estimaren conveniente, tales autoridades deberán suministrar a las encargadas de los servicios correspondientes en otros Estados, los datos siguientes:

1. Información detallada respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio o a las tentativas de cometerlas;

2. Información detallada acerca de cualquier enjuiciamiento, detención, condena, negativa de admisión o expulsión de personas culpables de cualquiera de las infracciones mencionadas en el presente Convenio, así como de los desplazamientos de tales personas y, cualesquiera otros datos pertinentes.

Los datos suministrados en esta forma habrán de incluir la descripción de los infractores, sus impresiones digitales, fotografías, métodos de operación, antecedentes policiales y antecedentes penales.

Artículo 16.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución y de las infracciones a que se refiere el presente Convenio, o a estimular la adopción de tales medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos.

Artículo 17.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar o mantener, en relación con la inmigración y la emigración las medidas medidas que sean necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución.

En especial se comprometen:

1. A promulgar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida como durante el viaje.

2. A adoptar disposiciones para organizar una publicidad adecuada en que se advierta al público el peligro de dicha trata.

3. A adoptar las medidas adecuadas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos y durante los viajes y en otros lugares públicos, a fin de impedir la trata internacional de personas para fines de prostitución.

4. A adoptar las medidas adecuadas para informar a las autoridades competentes de la llegada de personas que prima facie parezcan ser culpables o cómplices de dicha trata o víctimas de ella.

Artículo 18.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescriptas en sus leyes nacionales, a tomar declaraciones a las personas extranjeras dedicadas a la prostitución, con objeto de establecer su identidad y estado civil y de determinar las causas que les obligaron a salir de su Estado.

Los datos obtenidos serán comunicados a las autoridades del Estado de origen de tales personas, con miras a su repatriación eventual.

Artículo 19.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen, con arreglo a las condiciones prescriptas en sus leyes nacionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o de otra acción por violación de sus disposiciones, en cuanto sea posible:

1. A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar ayuda y mantener a las víctimas indigentes de la trata internacional de personas para fines de prostitución, mientras se tramite su repatriación,

2. A repatriar a las personas a que se refiere el art. 18 que desearen ser repatriadas o que fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas, o cuya expulsión se ordenare conforme a la ley. La repatriación se llevará a cabo únicamente previo acuerdo con el Estado de destino en cuanto a la identidad y la nacionalidad de las personas de que se trate, así como respecto al lugar y a la fecha de llegada a las fronteras. Cada una de las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito de tales personas a través de su territorio.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo precedente no pudieren devolver el importe de los gastos de su repatriación y carecieren de cónyuge, parientes o tutores que pudieren sufragarlos, La repatriación hasta la frontera, el puerto de embarque, o el aeropuerto más próximo en dirección del Estado de origen, será costeada por el Estado de residencia y el costo del resto del viaje será sufragado por el Estado de origen.

Artículo 20.- Las Partes en el presente Convenio, si no lo hubieren hecho ya, deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las agencias de colocación a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres y los niños se expongan al peligro de la prostitución.

Artículo 21.- Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas las leyes y reglamentos que ya hubieren sido promulgados en sus Estados y, en los sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o reglamento que promulgaren respecto a las materias a que se refiere el presente Convenio, así como toda medida adoptada por ellas en cuanto a la aplicación del Convenio. Las informaciones recibidas serán publicadas periódicamente por el Secretario General y enviadas a todos los miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se comunique oficialmente el presente Convenio con arreglo al art. 23.

Artículo 22.- En caso de que surgiere una controversia entre las partes en el presente Convenio respecto a su interpretación o aplicación, y que tal controversia no pudiere ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.

Artículo 23.- El presente Convenio quedará abierto a la firma de todo miembro de las naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado al cual el Consejo Económico y Social hubiere dirigido una invitación al efecto.

El presente Convenio será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que no hayan firmado el Convenio, podrán adherirse a él.

La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaria General de las Naciones Unidas.

A los efectos del presente Convenio, el término "Estado" comprenderá igualmente a todas las colonias y territorios bajo fideicomiso de un Estado que firme el Convenio o se adhiera a él, así como a todos los demás territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable tal Estado.

Artículo 24.- El presente Convenio entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión.

Respecto a cada Estado que ratifique el Convenio o que se adhiera a él, después del depósito del segundo instrumento de ratificación o adhesión, el Convenio entrará en vigor 90 días después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 25.- Transcurridos 5 años después de su entrada en vigor, cualquier Parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Tal denuncia surtirá efecto con respecto a la Parte que la formule, un año después de la fecha en que sea recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26.- El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los que se refiere el art. 23:

a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas con arreglo al art. 23;

b) De la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor, con arreglo al art. 24;

c) De las denuncias recibidas con arreglo al art. 25.

Artículo 27.- Cada Parte en el presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar la aplicación del presente convenio.

Artículo 28.- Las disposiciones del presente Convenio abrogarán en las relaciones entre las Partes en el mismo, las disposiciones de los instrumentos internacionales mencionados en los incs. 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo, cada uno de los cuales se considerará caducado cuando todas las Partes en el mismo hayan llegado a ser Partes en el Presente Convenio.

En fe de lo cual, los infrascriptos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han formado el presente Convenio, el cual ha sido abierto a la firma en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950, del cual se enviará una copia certificada conforme el original por el Secretario General a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a los cuales se refiere el art. 23.

PROTOCOLO FINAL

Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevean condiciones más severas que las estipuladas por el presente Convenio.

Las disposiciones de los arts. 23 a 26 inclusive del Convenio se aplicarán a este Protocolo

Ley nº 24515
Sancionada: 05.07.1995
Promulgada de Hecho: 28.07.1995
Publicada: 03.08.1995
Creación, objeto y Domicilio. Atribuciones y Funciones. Autoridades. Recursos. Disposiciones Finales.

CAPITULO I
CREACION, OBJETO Y DOMICILIO
ARTICULO 1º — Créase el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley N° 25.672 B.O. 19/11/2002)
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 184/2005 B.O. 9/3/2005, se transfiere el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado del ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, a la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS).
ARTICULO 2º — El INADI tendrá por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.
ARTICULO 3º — El INADI funcionará en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPITULO II
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
ARTICULO 4º — Corresponde al INADI:
a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas;
b) Difundir los principios normados por la Ley 23.592, normas concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las propuestas que formule;
c) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas;
d) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el Derecho Internacional y extranjero en materia de discriminación, xenofobia y racismo, estudiar esos materiales y elaborar informes comparativos sobre los mismos;
e) Recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro de ellas;
f) Constituir un registro en el que se reunirán todos los documentos, pruebas y evidencias vinculadas con los objetivos del INADI;
g) Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo;
h) Proporcionar patrocinio gratuito y, a pedido de parte interesada, solicitar vistas de las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los temas de su competencia;
i) Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia;
j) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas que pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades públicas o entidades o personas privadas;
k) Constatar —prima facie— la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política; y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades competentes;
l) Promover e impulsar cuando existan suficientes evidencias y de acuerdo a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y administrativas pertinentes con relación a las personas comprendidas en el inciso anterior;
m) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente Instituto;
n) Proponer, al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición;
ñ) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, a efectos de propender a dar cabal cumplimiento a los objetivos asignados a este Instituto.
ARTICULO 5º — El INADI podrá solicitar al Archivo General de la Nación y a todos los organismos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales la consulta y extracción de fotocopias de la documentación relacionada con la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda Guerra Mundial, o que posteriormente a ella, participaron en el exterminio de pueblos, o en la muerte y persecución de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política.

CAPITULO III
AUTORIDADES
Sección Primera - Organos
ARTICULO 6º — El INADI estará dirigido y administrado por un Directorio, asistido por un Consejo Asesor con funciones consultivas.
Sección Segunda - Directorio
ARTICULO 7º — El Directorio estará integrado por nueve miembros: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y siete (7) Directores.
ARTICULO 8º — El Presidente y Vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta en terna por el Congreso de la Nación.
ARTICULO 9º — El Directorio estará integrado por siete miembros. Cuatro Directores serán representantes del Poder Ejecutivo Nacional, correspondiendo uno a cada uno de los siguientes Ministerios: del Interior; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Justicia; y de Educación. Las designaciones deberán recaer en uno de los subsecretarios de cada Ministerio y serán efectuadas por el Ministro respectivo.
Los tres Directores restantes serán representantes de Organizaciones no Gubernamentales que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la discriminación, la xenofobia y el racismo y se encuentren incorporadas en un registro especial público que se llevará en el Ministerio del Interior conforme establezca la reglamentación. Serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de las Organizaciones no Gubernamentales inscritas en el Registro previsto en este artículo y que resulten sorteadas. Durarán cuatro años en sus cargos.
ARTICULO 10. — El Directorio tiene a su cargo la dirección y supervisión de las actividades del Instituto, y corresponde al mismo:
a) Establecer los planes y programas de actividades del Instituto;
b) Crear centros de estudios y capacitación; otorgar becas y promover la realización de estudios e investigaciones relacionadas con los fines del organismo;
c) Aprobar su reglamento interno y dictar las normas relativas a la gestión administrativa y específica del Instituto;
d) Proponer el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión y elevarlo a las autoridades competentes para su aprobación;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Elaborar y aprobar el reglamento interno del Consejo Asesor;
g) Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, la contratación de servicios para la realización de tareas especiales que no puedan ser realizadas por el personal del organismo.
ARTICULO 11. — El Directorio deberá sesionar por lo menos una vez por mes. La convocatoria la realizará el Presidente por medios fehacientes. Para sesionar y adoptar decisiones se requerirá como mínimo la presencia de cinco (5) miembros. Las decisiones se adoptarán por el voto de más de la mitad de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

Sección Tercera - Presidente y Vicepresidente
ARTICULO 12. — Corresponde al Presidente:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades del Instituto a efectos de lograr el mejor cumplimiento de los fines de la Ley Nº 23.592, sus concordantes y complementarias, y de la presente;
b) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así como asignarle tareas y controlar su desempeño;
c) Administrar los fondos del Instituto y llevar el inventario de todos sus bienes, de acuerdo con las normas establecidas por el Directorio y la legislación vigente en la materia;
d) Ejercer la representación legal del Instituto en todos sus actos, pudiendo a tales fines delegar sus atribuciones en cualquier miembro del Directorio, y otorgar mandatos generales o especiales;
e) Convocar y presidir las reuniones del Directorio, con voz y voto;
f) Invitar a participar en las reuniones de Directorio, con voz pero sin voto, a los miembros del Consejo Asesor y representantes de sectores interesados cuando esté previsto tratar temas específicos de sus áreas de acción;
g) Proponer al Directorio, con la previa conformidad del Consejo Asesor, los planes y programas de actividades del Instituto;
h) Proponer al Directorio la creación de nuevas funciones, así como la modificación, ampliación o supresión de las existentes, y la celebración de convenios acordes con la finalidad del Instituto;
i) Elaborar propuestas y documentos sobre todos los demás asuntos que sean competencia del Directorio; pudiendo adoptar por sí mismo decisiones cuando justificadas razones de urgencia lo exijan, debiendo dar cuenta de ello al Directorio en la primera reunión que se celebrase;
j) Elaborar y proponer al Directorio, para su aprobación, el reglamento interno del Consejo Asesor;
k) Proponer al Directorio la estructura orgánica-funcional del Instituto;
l) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el Directorio le delegue o encomiende.
ARTICULO 13. — El Vicepresidente desempeñará las funciones que el Presidente le delegue o encomiende, y lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo.

Sección Cuarta - Consejo Asesor
ARTICULO 14. — El Consejo Asesor estará integrado por un máximo de diez (10) miembros, que se desempeñarán con carácter "ad honorem". Serán designados por el Ministerio del Interior y durarán cuatro (4) años en sus funciones.
Las designaciones deberán recaer en personas representativas de Organizaciones no Gubernamentales y que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos y contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.
El conjunto de los miembros del Consejo Asesor deberá reflejar la variedad de áreas o sectores afectados por las problemáticas de la discriminación, la xenofobia y el racismo.
ARTICULO 15. — Corresponderá al Consejo Asesor proporcionar al Directorio asesoramiento sobre los asuntos de competencia del INADI, ante consultas concretas o por propia iniciativa.

CAPITULO IV
RECURSOS
ARTICULO 16. — Los recursos del INADI se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación. (Inciso sustituido por art. 3º de la Ley N° 25.672 B.O. 19/11/2002)
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales quedarán exentos de todo tributo, cualquiera sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas; ya sean de equipamiento, gastos de funcionamiento o programas de actividades;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la cesión de derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del organismo.

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 17. — El Instituto que por esta ley se crea continuará las gestiones del actual "Programa Contra la Discriminación", del Ministerio del Interior, quedándole afectados íntegramente sus bienes, personal, derechos y obligaciones.
ARTICULO 18. — El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará esta ley y adoptará las medidas necesarias para que el INADI se halle constituido y en funcionamiento en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente.
La reglamentación deberá incluir las causales de remoción de los miembros del Directorio y del Consejo Asesor.
ARTICULO 19. — La presente ley entrará en vigencia el día de su promulgación.
ARTICULO 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 


Decreto 419/2015 Aprueba Reglamentación.
Fecha: 16.03.2015
Publicación: 18.03.2015

VISTO el Expediente N° S04:0066879/2011 del registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 24.515, modificada por la Ley N° 25.672 y los Decretos Nros. 184 del 7 de marzo de 2005, 756 del 10 de junio de 2011, 88 del 10 de diciembre de 2011, 2379 del 10 de diciembre de 2012, 2006 del 29 de noviembre de 2013 y 2303 del 3 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley N° 24.515 se creó el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) como entidad descentralizada en jurisdicción del MINISTERIO DEL INTERIOR y posteriormente con la sustitución dispuesta por el artículo 2° de la Ley N° 25.672, pasó al ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que mediante el Decreto N° 184/05 se transfirió el citado Instituto a la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que por el Decreto N° 756/11, prorrogado por los Decretos Nros. 88/11, 2379/12, 2006/13 y 2303/14, se dispuso la intervención del organismo a fin de normalizar su funcionamiento y, por esa vía, lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos en la ley de creación.

Que el artículo 18 de la Ley N° 24.515 prevé su reglamentación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y la adopción de las medidas necesarias para la constitución y puesta en funcionamiento del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).

Que la presente reglamentación, resulta necesaria para su ejecución, contribuyendo al logro de la finalidad perseguida por la normativa mencionada precedentemente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley N° 24.515, modificada por la Ley N° 25.672, que como ANEXO I forma parte integrante del presente decreto.

Artículo  2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 

 


                                                                                                                                                                 ANEXO I

ARTÍCULO 1°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 2°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 3°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 4°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 5°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 6°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9°.- Los miembros del Directorio del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) en representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL serán designados por los Ministros del Interior y Transporte, de Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, entre aquellos funcionarios que se desempeñen con el rango de Subsecretarios de dichas carteras.

Los TRES (3) miembros del Directorio representantes de las Organizaciones No Gubernamentales serán designados por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, de las ternas propuestas por las organizaciones que hayan sido sorteadas, previa inscripción en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).

Dichas Organizaciones No Gubernamentales deberán poseer reconocida trayectoria en la lucha a favor de los derechos humanos y contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 12.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 14.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 15.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 16.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 18.- Los miembros del Directorio del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) en representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL cesarán en sus cargos de Directores cuando así lo disponga el Ministro del área que representan o cuando cesen sus respectivos cargos de Subsecretarios, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos de éste artículo en cuanto ello fuere aplicable.

Los miembros del Directorio designados en representación de Organizaciones No Gubernamentales y los miembros del Consejo Asesor cesarán en sus cargos en los siguientes casos:

a) al vencimiento del plazo de designación; en cuyo caso el cese se producirá de pleno derecho;

b) por renuncia expresamente aceptada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los TREINTA (30) días desde su presentación; transcurrido dicho plazo, se considerará que la misma ha sido tácitamente aceptada y el renunciante cesará en su cargo de pleno derecho;

c) por remoción fundada en mal desempeño dispuesta por Resolución del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Incurre en mal desempeño el miembro del Directorio que haya participado en una reunión del Directorio que se emita una resolución contraria al régimen legal vigente o a las disposiciones del Instituto, sin dejar constancia fundada de su voto negativo en el acta de la sesión respectiva;

d) por incapacidad física o psíquica acreditada mediante el respectivo certificado médico;

e) por condena por delito doloso o en perjuicio de la administración pública acreditada mediante sentencia firme;

f) por inhabilitaciones, falta grave debidamente comprobada y fundada, inasistencias o ausencias reiteradas a las reuniones del Directorio;

g) por fallecimiento.

En caso de vacancia de un cargo del Directorio o del Consejo Asesor, se designará a un reemplazante a afectos que complete el respectivo mandato, dentro del plazo de SESENTA (60) días.

Ley nº 10646
Sancionada: 28.11.2018
Promulgada: 14.12.2018
Publicada: 21.12.2018

Artículo 1°.- Declarar el día 15 de junio de cada año como "Día Provincial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez".
Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en la presente, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo desarrollarán diversas actividades públicas de información y concientización sobre la temática.
Artículo 3°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10629
Sancionada: 03.10.2018
Promulgada: 19.10.2018
Publicada: 30.10.2018

ARTÍCULO 1°.- Establécese como mecanismo institucional, para los casos de abuso infantil, el mecanismo de Protocolos Interinstitucionales de Actuación.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese como protocolo aplicable, el último aprobado por las instituciones signatarias y ratificado por Decreto del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 3°.- Créase el Observatorio Interinstitucional de Seguimiento de Aplicación del Protocolo, que estará integrado por un referente de cada una de las instituciones signatarias del mismo, que será coordinado por el representante del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, con la finalidad de monitorear el efectivo cumplimiento de las pautas allí establecidas.
ARTÍCULO 4°.- El Poder Ejecutivo, en un plazo que no exceda de noventa (90) días, establecerá por vía de la reglamentación la autoridad de aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Invítase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente ley.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, etcétera

 


(1) Por Decreto nº 1695/2019 MDS se reglamenta la presente. El mismo obra como Archivo Adjunto

(2) Por Decreto nº 1034/2019 GOB se aprueba nuevo protocolo. El mismo obra como Archivo Adjunto

 

Ley nº 10550
Sancionada: 13.12.2017
Promulgada: 21.12.2017
Publicada: 03.01.2018

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos administrativos como en juicio de cuenta que tramitan en el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.-

ARTÍCULO 2º.- Incorpórese la notificación por medios electrónicos dentro del sistema de notificaciones en los procesos, procedimientos y trámites referidos en el Art. 1º.-

ARTÍCULO 3º.- A los efectos establecidos en el Artículo 2º las personas que intervengan en los procesos, procedimientos y trámites referidos en el Artículo 1º, deberán constituir un domicilio electrónico.-
La constitución del domicilio electrónico se realizará a través del requerimiento, por parte del cuentadante, de la asignación de una casilla de correo electrónico emitida por el área de Organización y Sistemas, dependiente de la Secretaría de Comunicación Institucional del organismo.-
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, las notificaciones se tendrán por efectuadas en los estrados del Tribunal.-

ARTÍCULO 4º.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia reglamentará su utilización, y dispondrá su gradual implementación en el ámbito del organismo.-

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, etcétera.-

Ordenanza nº 9761
Sancionada: 24.09.2018
Promulgada: 12.10.2018 por Decreto nº 1854
Publicada: 19.10.2018

Objetivos de la institución

(1)(2)Artículo 1°.- Dispóngase que la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná tendrá como objetivo general propiciar la asistencia y protección de las mujeres paranaenses y sus hijos/as a cargo que se encuentren en situación de violencia de género y carezcan de redes de apoyo.

Artículo 2°.- Establézcanse como objetivos específicos de la institución:
1. Brindar alojamiento transitorio a las mujeres y sus hijos/as a cargo que atreviesen situación de violencia.
2. Elaborar estrategias que apunten a generar herramientas que les permitan a las mujeres alojadas desarrollar su autonomía y el conocimiento de sus derechos.
3. Propiciar un ámbito de convivencia saludable dentro de la institución.
4. Trabajar conjuntamente con organismos municipales, provinciales y nacionales.
5. Establecer lazos de contención familiares e institucionales que permitan que la mujer que egresa pueda gozar de una vida sin violencia.

Ingreso
Artículo 3°.- Serán condiciones de ingreso:
1. Ser mujeres mayores de 18 años; y en caso de tener hijas/os a cargo, estos deberán ser menores de 15 años.
2. Estar radicadas en la ciudad de Paraná y encontrarse atravesando una situación de violencia de género y carecer de redes de apoyo
3. Expresar su voluntad de ingresar y haber realizado la correspondiente denuncia del hecho de violencia.
4. Disponibilidad de lugar en la institución.

Artículo 4°.- En caso de la presentación espontanea de una mujer en la institución, se la asesorará a los fines de que concrete la denuncia judicial/policial.

Artículo 5°.- Dado que esta Institución no cuenta con los recursos materiales ni los profesionales especializados para el abordaje de cuadros relativos a enfermedad mental o adicciones, el ingreso quedará condicionado a la evaluación que oportunamente realice el equipo técnico de la Casa.

Artículo 6°.- La permanencia de la alojada en la Institución estará condicionada a la capacidad de sostener el cuidado de su salud y el cuidado integral de sus hijas e hijos. Caso contrario se dará intervención a las instituciones de competencia.

Artículo 7°.- Dispóngase como plazo máximo de permanencia en la institución un máximo de sesenta (60) días siendo la excepción el retraso en los cursos legales.

Recibimiento
Artículo 8°.- Procedimiento:
1. Deberá ser acordado previamente con la Directora de la institución.
2. Quien reciba a la mujer deberá solicitarle el oficio judicial o denuncia policial por los cuales fue derivada.
3. Se le informará el funcionamiento de la institución; sus derechos y deberes mientras permanezca alojada; plazo de permanencia; y condiciones de egreso.
4. Si está de acuerdo en ingresar, deberá firmar la ficha de consentimiento y se le entregará una copia del reglamento de convivencia.
5. Se completará una ficha de ingreso (la podrán realizar las acompañantes o los integrantes del equipo técnico) con los datos personales de la mujer y sus hijos a cargo.
6. Se le asignará una habitación y se le entregará ropa de cama, que deberá devolver al egresar.
7. La custodia policial o el personal de la Casa estará habilitado para registrar las pertenencias de la ingresante. De igual manera se podrá proceder en el momento del egreso.

Permanencia
Artículo 9°.- Con posterioridad al ingreso, el equipo técnico mantendrá una entrevista con la mujer alojada con la finalidad de identificar aspectos relevantes de su situación.

Artículo 10°.- Deberá confeccionarse un legajo personal de la mujer alojada, teniendo en cuenta el oficio judicial, las denuncias o exposiciones policiales, informes del equipo técnico y cualquier otra información relevante.

Artículo 11°.- Tras haber ingresado a la institución y hasta tanto se dicten medidas judiciales de protección, se le sugerirá a la mujer alojada que no salga de la institución. Si a pesar de ello decide salir, se dejará constancia de que lo hace bajo su responsabilidad y sin el acuerdo del equipo técnico. Sólo en caso de cumplimiento de citaciones judiciales, turnos médicos y concurrencia de sus hijas/os a la escuela, la alojada saldrá acompañada por personal de la Casa, en espera de las medidas judiciales de protección.

Artículo 12°.- Las visitas en la institución a las mujeres alojadas serán previamente acordadas con el equipo técnico, quienes deberán fijar días y horas.

Artículo 13°.- Las visitas de familiares o amigos se realizarán durante la tarde en el horario que la Casa disponga. Se deberán registrar las visitas con los datos personales (nombre, apellido y DNI).

Artículo 14°.- Será considerada obligatoria la participación de las mujeres alojadas y sus hijos/as a cargo en los espacios de taller y cualquier otra actividad que se articule desde la institución.

Artículo 15°.- Obligaciones de las mujeres alojadas:
1. Deberán tener un trato respetuoso hacia todo el personal, quedando expresamente prohibido cualquier tipo de actitud violenta, agresiva y deshonesta.
2. Deben cumplir con las reglas de higiene y limpieza, tanto propias como de las personas que estén a su cuidado.
3. Deben cuidar las instalaciones de la institución, evitando provocar cualquier tipo de daño o destrozo y serán las responsables materiales de los costos que deriven de la reposición de lo dañado.
4. Deben colaborar en la realización de las comidas diarias
5. Deben colaborar en las tareas de limpieza y orden de la institución.
6. Deben participar en las actividades que propone la institución.
7. Deben respetar las pertenencias del personal de la institución y de las demás personas alojadas.
8. Queda prohibido cualquier tipo de comportamiento inmoral, escandaloso, ruidoso, y/o cualquier otro que afecte el orden y la tranquilidad de la institución.
9. Deber de confidencialidad tanto dentro como fuera de la institución respecto a la vida privada del resto de las personas alojadas.

Artículo 16°.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior será evaluado en forma conjunta por el equipo técnico y la dirección pudiendo ser susceptible de un "Egreso Necesario" ante la gravedad de la falta.

Artículo 17°.- Las mujeres alojadas tendrán derecho a:
1. Al uso y goce de las instalaciones, siempre y cuando se respeten las normas establecidas en este reglamento.
2. A tener visitas, dentro de los horarios establecidos.
3. A salir de la institución para trámites personales, dentro de los horarios establecidos.
4. A que se le brinden una alimentación adecuada.
5. A que se le respeten el horario de descanso.
6. A tener tiempo de recreación.
7. A ser escuchadas por la dirección, equipo técnico y personal de la Institución ante reclamos por tratos recibidos que percibiere como inapropiados.

Artículo 18°.- Los elementos de valor de las alojadas tales como celulares, notebooks, etc. se guardarán bajo llave en la Institución para resguardo de los mismos.

Artículo 19°.- Las mujeres alojadas que así lo deseen podrán solicitar que también sean guardados bajo llave otros objetos distintos a los previstos en el artículo anterior.

Artículo 20°.- Las comunicaciones telefónicas de las mujeres alojadas se realizaran desde el teléfono de la institución, debiendo ser acordado previamente con el equipo técnico.

Artículo 21°.- El teléfono de la institución solo será utilizado por el personal de la misma, salvo que se presente una urgencia que amerite el uso por parte de las personas alojadas.

Artículo 22°.- En el caso de que las mujeres alojadas deseen ingresar alimentos a la institución, solo podrán hacerlo si están predispuestas a compartirlos.

Artículo 23°.- En el caso en que las alojadas cuenten con un ingreso económico, garantizarán mediante su propia gestión la cobertura de los gastos (tarjetas de colectivo o remis) de traslado para la escolaridad de los niños, siendo prioritario dar continuidad a la concurrencia de los mismos al ámbito escolar. Asimismo deberán solventar los gastos de traslado para trámites, salidas de esparcimiento y/o de atención de salud y reservar un monto suficiente y necesario para costear su egreso.

Artículo 24°.- Toda consulta que desee realizar la mujer alojada referida a situación laboral y/o escolar, será realizada con el equipo técnico.

Egreso
Artículo 25°.- El egreso de la mujer alojada y sus hijas/os a cargo será planificado desde su ingreso a la institución.

Artículo 26°.- A la hora de elaborar el plan de egreso deberá tenerse en cuenta:
1. Los vínculos con los que cuenta la mujer alojada fuera de la institución.
2. La resolución de la situación de violencia que motivó el ingreso.
3. El cumplimiento del reglamento interno de la institución.
4. La convivencia con el resto de las alojadas y el personal de la institución.

Artículo 27°.- El egreso puede darse de tres modos diferentes:
a) Egreso voluntario: en los casos que la mujer decida irse de la Institución, aunque las recomendaciones del Equipo Técnico no lo sugieran, el personal de la institución no podrá negarse a que dicho egreso se lleve adelante. En este caso la mujer deberá firmar un acta que certifica esta situación.
b) Egreso necesario: en los casos que la conducta de la mujer o sus hijos/as esté en contra del reglamento interno y afecte el funcionamiento adecuado de la institución o cuando esa conducta ponga en peligro la confidencialidad y seguridad del personal o las otras familias alojadas.
c) Egreso Consensuado: en los casos donde se considere, conjuntamente con la mujer, que han desaparecido las causas de riesgo que dieron origen a su ingreso o que decida qué hacer en cuanto a su proceso personal y familiar.

Artículo 28°.- Las situaciones de conflicto dentro de la institución con la mujer alojada y sus hijos/as a cargo que genere un peligro para sí misma, para su familia y/o para terceros, será causal de egreso.

Artículo 29°.- Los egresos serán decididos por el equipo técnico de la institución conjuntamente con la Dirección de la Institución.

Acompañantes
Artículo 30°.- Las acompañantes tendrán como función recibir, asistir y contener a las mujeres alojadas y a sus hijas/os que se encuentren en la institución.

Artículo 31°.- Controlar que las alojadas cumplan con las tareas que les fueron asignadas e informar de su incumplimiento.

Artículo 32°.- Cumplir con las funciones que le fueran asignadas desde la Dirección con respecto a la organización cotidiana de la institución y registrar en forma escrita los acontecimientos diarios de la Casa.

Artículo 33°.- Prestar colaboración cuando le sea requerida por el equipo técnico para la implementación de las estrategias de abordaje delineadas con respecto a las mujeres alojadas.

Artículo 34°.- Las acompañantes tienen prohibido:
1. Hacer uso indebido o para beneficio personal de las instalaciones o elementos de la Casa.
2 Decidir ingreso y egreso de mujeres.
3. Decidir sobre las salidas eventuales de las mujeres y sus hijos/as.
4. Decidir sobre la recepción de visitas en la institución.
5. Permitir el ingreso de personas ajenas a la Institución sin autorización previa.
6. Todo trato violento, agresivo y deshonesto hacia las personas alojadas y sus hijas/os.
7. Divulgar información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 35°.- Son deberes de las acompañantes:
1. Tener un trato respetuoso, cordial y solidario entre ellos mismos para así lograr un mejor trabajo en equipo.
2. Respetar las pertenencias de todo el personal, de las personas alojadas, y de la institución.
3. Bregar por el respeto del presente reglamento.
4. Ejercer el control del patrimonio de la Casa.
5. En caso de enfermedad de la madre o que ésta se encontrara realizando trámites personales o actividades en las que no pudiera concurrir con sus hijos, acompañarán a las niñas/os a turnos médicos, escuela u otras actividades. Esta situación deberá ser debidamente autorizada por escrito por la progenitora.
6. Acompañar a la alojada en sus salidas fuera de la Casa cuando no se hubieran dictado las medidas de protección.
7. En caso de mujeres alojadas que por razones de salud de cualquier índole no estuvieran en condiciones de manejar efectivamente la medicación indicada para sí o para sus hijas/os, esta tarea deberá ser cumplida por las acompañantes.

Artículo 36°.- Las acompañantes tienen derecho a:
1. A obtener un trato respetuoso por parte de las personas alojadas y del resto del personal de la Casa.
2. A que se les respeten sus pertenencias.
3. A ser escuchadas en sus reclamos por el personal directivo de la Institución.

Equipo interdisciplinario

Artículo 37°.- Deberá realizar el abordaje técnico integral de cada situación de cada mujer que ingresa a la institución.

Artículo 38°.- Llevará adelante entrevistas al ingreso, durante la estadía y al egreso de la mujer. Como así también podrá mantener entrevistas con miembros de la familia ampliada de la mujer alojada.

Artículo 39°.- Elaborar y llevar adelante estrategias de trabajo con otras instituciones.

Artículo 40°.- Planificar y evaluar las actividades y talleres que se realicen en la institución.

Artículo 41°.- Requerir la colaboración de las acompañantes para la implementación de la estrategia de abordaje elaborada para la mujer alojada.

Artículo 42°.- Decidir conjuntamente con la Dirección sobre el ingreso, estadía y egreso de las mujeres alojadas. Como asimismo sobre las salidas transitorias y las visitas de familiares.

Artículo 43°.- Presentación de informes judiciales.

Artículo 44°.- Seguimiento y asesoramiento de la situación judicial.

Dirección

Artículo 45°.- Tendrá a su cargo la organización, el funcionamiento general y la gestión de la Institución. Asumirá la coordinación del desempeño de las acompañantes.

Artículo 46°.- Elaborará el Reglamento Interno de funcionamiento de la Institución, el que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de la Mujer.

Artículo 47°.- Coordinar con el equipo técnico las actividades relativas a las mujeres alojadas y sus niñas/os.

Administración.
Artículo 48°.- Tendrá a su cargo la gestión de compras y la rendición de cuentas, con la supervisión de la Dirección.

Artículo 49°.- Elaborar propuestas de presupuesto anual en conjunto con la Dirección de la Casa.

Artículo 50°.- Llevará adelante la tarea administrativa relativa al control de personal de la Casa y brindará trimestralmente un informe a la Dirección.

Artículo 51°.- Comuníquese.

 


 

(1) Por Ordenanza nº 9107 se adhirió al Protocolo Interministerial e Interinstitucional de Acciones destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia de la Violencia de Género y Violencia Familiar, del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, aprobado por Decreto Provincial N° 1507/2012. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.

(2) Tener presente que por Decreto Nº 464/2014 se aprobó el Protocolo de Actuación Institucional de "La Casa de las Mujeres de Paraná". Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.

Decreto nº 126/2018
Fecha: 05.02.2018

Artículo 1º.- Establécese para la Dirección de Despacho de la Dirección General de Despacho dependiente de Presidencia, el siguiente Reglamento Orgánico:

CAPITULO I
DIRECCION DE DESPACHO

MISION:
Atender el diligenciamiento de todo trámite administrativo.

FUNCIONES:
1. Asistir directamente al Departamento Ejecutivo en las funciones que este determine.
2. Atender la recepción y diligenciamiento de expedientes.
4. Redacción de Decretos, Resoluciones y disposiciones que el Departamento Ejecutivo disponga.
5. Colaborar con las Secretarias del Departamento Ejecutivo.
6. Verificar la tramitación de las actuaciones a cargo de los auxiliares.
7. Controlar la asistencia y licencia del personal, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
8. Actualizar la base de datos de las nuevas normas legales.
9. Brindar asesoría legal en los expedientes que así lo requieran.
10. Verificar la correcta gestión de las tramitaciones.
11. Registro de Decretos y Resoluciones que emita Presidencia y de Ordenanzas promulgadas.
12. Expedición de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones del Departamento Ejecutivo previa registración.
13. Clasificar, gestionar para luego encuadernar las disposiciones registradas.

Artículo 2º.- Apruébase la planta de cargos para la Dirección de Despacho de Presidencia, conforme el Reglamento Orgánico establecido en el artículo 1º del presente Decreto.

CAPITULO II
Relaciones de dependencia y administrativas
Depende directamente de la Dirección General de Despacho de presidencia.
Mantiene relación directa con todas las Direcciones de la Administración Municipal.

CAPITULO III
De la Dirección de Despacho de Presidencia dependen:
a) Subdirección Administrativa
a.1) Departamento Técnico Legal
a.2) Departamento Técnico Administrativo
a.3) Sección Mesa de Entradas.
a.4) Sección Personal
b) Subdirección Fichero y Antecedentes
c) Subdirección de Registro de Disposiciones del Departamento Ejecutivo.
c.1) Departamento Archivo de Antecedentes y Documentación

Artículo 3º.- (1)

Artículo 4º.- (1)

Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 


(1) No se transcriben los artículos 3° y 4º° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas reparticiones dependientes de la Dirección de Despacho.

Ley nº 27508
Sancionada: 26.06.2019
Promulgada: 23.07.2019
Publicada: 23.07.2019

Ley de Creación del Fondo Fiduciario Público

Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364

Artículo 1°- Créase el Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364", el que se conformará como un Fideicomiso de Administración destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la citada ley, su modificatoria, y su decreto reglamentario 111 del 26 de enero de 2015.

Los bienes que integran el "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tienen carácter extrapresupuestario de acuerdo al destino específico establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 2°- A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

a. Fiduciante: Es el Estado nacional, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al fiduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la presente ley y del Contrato de Fideicomiso respectivo.

b. Fiduciario: Es Nación Fideicomisos S.A., como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, de conformidad con las pautas establecidas en el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por la Unidad Ejecutiva.

c. Beneficiario: Son las víctimas del delito de trata y explotación de personas.

d. Fideicomisario: El Estado nacional será el destinatario final de los fondos integrantes del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364", en caso de su extinción o liquidación, los cuales deberán destinarse a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

e. Unidad Ejecutiva: La Unidad Ejecutiva es la encargada de impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento. En todos los supuestos las instrucciones respetarán la decisión de destino de los bienes que indique en cada caso el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se brinde el apoyo técnico que la Unidad Ejecutiva requiera.

f. Bienes Fideicomitidos: Son los fondos líquidos decomisados y aquéllos que constituyen el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de trata y explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos cuya sentencia se encuentre firme o, no encontrándose firme, cuando el juez de la causa autorice la venta, de conformidad con la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364, su modificatoria, su decreto reglamentario y sus normas complementarias.

Artículo 3°- Los recursos del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" se destinarán, de acuerdo a la finalidad establecida en el artículo 27, segundo párrafo, de dicha ley, a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

En aquellos casos que la asistencia directa a las víctimas y las reparaciones previstas en el artículo 6° de la ley 26.364 no hayan podido ser satisfechas con los bienes decomisados al condenado en la causa respectiva, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas deberá utilizar los recursos del "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" para cubrir tales situaciones de forma prioritaria.

Artículo 4°- Al ordenarse el decomiso de bienes sujetos a inscripción en los registros públicos correspondientes, bastará con la resolución firme de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364, y con destino del producido de su realización al Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de ésta. La inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles, timbres o derechos de traspaso o inscripción dispuesto por leyes nacionales.

En el caso de los vehículos, embarcaciones, aeronaves u otros bienes que tengan alteraciones de señas y marcas que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la autoridad correspondiente concederá una identificación especial para su individualización e inscripción o traspaso del bien a favor del Estado nacional - ley 26.364 y con destino del producido de su realización al Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" creado por el artículo 1° de la presente, o a nombre del tercero comprador del bien en caso de procederse a su venta a fin de transmitir al Fondo Fiduciario mencionado el producido de la misma. Para los supuestos previstos en este párrafo, se aplicará también la exención de pago establecida en el primer párrafo, última parte, de este artículo.

Los tributos sobre los bienes que se encuentran sujetos a decomiso en virtud de la presente ley no generarán intereses moratorios durante el proceso y, en ese lapso, se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos de cobro tributario. Una vez firme el decomiso y enajenados los bienes, se cancelará la deuda tributaria pendiente por pagar con cargo al producto de la venta.

Artículo 5°- El "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - ley 26.364" tendrá una duración de treinta (30) años, contados desde la suscripción del Contrato de Fideicomiso. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los compromisos pendientes, reales o contingentes, que haya asumido el Fondo mencionado, hasta la fecha de extinción de esas obligaciones.

Al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo, con la salvedad allí efectuada, todos los bienes fideicomitidos que integren el patrimonio del citado Fondo en ese momento serán transferidos al Estado nacional en su carácter de fideicomisario, los cuales deberán destinarse a programas de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.

Artículo 6°- Exímese al Fondo Fiduciario Público creado por el artículo 1° de la presente ley y al fiduciario en sus operaciones relativas a aquél, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el presente.

Artículo 7°- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo aprobará el Contrato de Fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la reglamentación de la presente ley.

Artículo 8°- La autoridad de aplicación y/o quien ésta designe en su reemplazo suscribirá el Contrato de Fideicomiso con el Fiduciario.

Artículo 9°- Toda actuación que fuere menester formalizar a través de escritura pública será protocolizada a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, sin que ello implique erogación alguna.

Artículo 10.- Los bienes fideicomitidos deberán inscribirse, con indicación de su destino, en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, el que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo nacional implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar publicidad a los bienes que ingresen al Fondo creado por la presente y a su destino, así como también a todas las decisiones, auditorías e informes que se realicen en el marco de la presente ley.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 26.364 y su modificatoria, por el siguiente:

Artículo 27: El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los organismos creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de cooperación internacional, donaciones o subsidios.

Los decomisos aplicados en virtud de esta ley y aquellos originados en causas de lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la presente norma, tendrán como destino específico un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas cuyo régimen será establecido por una ley especial.

Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, constituye una excepción a lo establecido en el artículo 23, sexto párrafo in fine, del Código Penal de la Nación.

Artículo 13.- Incorpórase como artículo 28 de la ley 26.364 y su modificatoria, el siguiente:

Artículo 28: En los casos de trata y explotación de personas, la sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena, deberá ordenar las restituciones económicas que correspondan a la víctima, como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito.

A tal efecto y a fin de asegurar que la sentencia que disponga las restituciones y otras reparaciones económicas a la víctima sea de cumplimiento efectivo, los magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público Fiscal, deberán en la primera oportunidad posible, identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades.

Las restituciones y otras reparaciones económicas que se ordenen en virtud del presente apículo, no obstarán a que las víctimas obtengan una indemnización integral de los daños ocasionados por el delito, mediante el ejercicio de la acción civil correspondiente.

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 27: El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:

a. Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda.

b. Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.

En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados -con excepción de lo establecido en el último párrafo de este artículo- a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y sus modificatorias, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.

El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el Tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.

Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente artículo los decomisos ordenados en los casos de lavado de activos cuyo ilícito precedente esté relacionado a la trata y explotación de personas, en cuyo caso los decomisos tendrán como destino específico el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la ley 26.364 y su modificatoria.

Artículo 15.- Los gastos que genere la implementación de la presente ley serán solventados por el Fideicomiso creado mediante el artículo 1° de la presente.

Artículo 16.- El veinte por ciento (20%) de los fondos que ingresen al Fideicomiso creado por la presente ley será afectado a atender reclamos que pudieren originarse con relación a los bienes decomisados.

Artículo 17.- Los fondos líquidos decomisados o los obtenidos del producido de la venta de bienes decomisados en causas judiciales por infracción a la ley 26.364 y sus modificatorias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren a disposición de magistrados del Poder Judicial de la Nación, deben transferirse al Fondo creado por el artículo 1° de esta ley dentro del plazo de treinta (30) días de encontrarse operativo.

Artículo 18.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 


REGLAMENTACIÓN LEY Nº 27508 FONDO DE ASISTENCIA DIRECTA A VÍCTIMAS DE TRATA
Decreto nº 844/2019
Fecha: 06.12.2019
Publicado: 09.12.2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-88081247-APN-DGDYD#MJ, las Leyes N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 111 de fecha 26 de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el delito de trata y explotación de personas supone una vulneración de los derechos humanos fundamentales de la víctima, puesto que niega su condición de persona y la asimila a un objeto o cosa que se comercializa en el mercado de bienes y servicios, por lo cual su reparación excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y especialmente al ESTADO NACIONAL.

Que existen convenciones internacionales ratificadas por la REPÚBLICA ARGENTINA y diversas recomendaciones de organismos internacionales que contemplan la necesidad de tomar medidas para la conservación y preservación de bienes embargados o decomisados en el marco de procesos penales de diversa índole.

Que la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas.

Que esa ley crea en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS.

Que, por su parte, mediante la Ley Nº 27.508 se creó el fondo fiduciario público denominado FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA – LEY Nº 26.364, integrado por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas y lavado de activos provenientes de los delitos previstos en la norma.

Que de acuerdo al artículo 27 de la citada Ley Nº 26.364, corresponde al Consejo Federal mencionado la administración del referido Fondo.

Que en virtud de lo expuesto resulta procedente reglamentar el régimen del FONDO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA- LEY N° 26.364.

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación del régimen del Fondo Fiduciario Público "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley N° 26.364" creado por la Ley N° 27.508 que como ANEXO I (IF-2019-108304188-APN-UCG#MJ) forma parte del presente decreto.(1)

ARTÍCULO 2°.- Desígnase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS autoridad de aplicación de la reglamentación aprobada por el artículo 1° del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

(1) El Anexo I obra como Archivo Adjunto

Ley nº 10445
Sancionada: 04.10.2016
Promulgada: 19.10.2016
Publicada: 26.10.2016

ARTICULO 1°.- Adhesión. Adhiérase a la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental y su Decreto Reglamentario Nº 603/2013 (B.O. fecha 29 de mayo de 2013), en todos sus términos en cuanto no se opongan a la Ley 8806 de la Provincia de Entre Ríos y la presente ley si resultaren más beneficiosas.

ARTÍCULO 2º.- Creación del Órgano de Revisión Provincial. Objeto. Créase el Órgano de Revisión Provincial de Salud Mental, en el ámbito de la Defensoría General de Entre Ríos, con el objeto de proteger y promover los Derechos Humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.

ARTÍCULO 3º.- Funciones. El Órgano de Revisión Provincial posee idénticas funciones que su par nacional, sin perjuicio de las que a futuro pueda dictarse para sí mediante la confección de su reglamento interno.
a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación, prácticas o abordajes en el ámbito público y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades, y eventualmente apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657;
e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el jurado de enjuiciamiento o el organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los magistrados y funcionarios judiciales en las situaciones en que hubiera irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en Salud Mental tendientes a garantizar los derechos humanos;
j) Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental;
k) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.

ARTÍCULO 4º.- Facultades. El Órgano de Revisión Provincial cuenta con las siguientes facultades:
a) Realizar estudios, pericias y la producción de toda otra medida probatoria cuando lo considere necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones.
b) Promover acciones judiciales y administrativas en cualquier fuero y jurisdicción, así como solicitar la intervención de otros organismos de protección de derechos con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines.
c) Fijar los plazos para la remisión de informes y antecedentes y para la realización de diligencias.
d) Asistir a las comisiones y juntas de la Legislatura, en las cuestiones relativas a su incumbencia cada vez que se le requiera.
e) Celebrar convenios de capacitación y cooperación.
f) Dictar su Reglamento Interno.
g) Realizar todo acto que sea necesario para su mejor funcionamiento de acuerdo a sus fines y objetivos.

ARTÍCULO 5º.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, o del organismo competente que la reemplace en un futuro.

ARTÍCULO 6º.- Ámbito de aplicación. El Órgano de Revisión Local cumple su función respecto a todo abordaje por motivo de Salud Mental, que sea efectuado en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 7º.- Integración. El Órgano de Revisión Local es interdisciplinario e integrado de la siguiente manera:
a) Un representante de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos.
b) Un representante de la Secretaria de Justicia del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
c) Un representante del Ministerio Público de la Defensa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
d) Un representante de asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud con personería jurídica.
e) Un representante de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud con personería jurídica.
f) Un representante de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos con persona jurídica.

ARTÍCULO 8º.- Funcionamiento. Podrá sesionar con el quórum mínimo de CUATRO (4) miembros. La toma de decisiones será por mayoría simple de los miembros presentes.
En caso de empate la Defensoría General de Entre Ríos a través de su titular o de quién éste designe deberá ejercer el voto en las reuniones, cuando resultare necesario.

ARTÍCULO 9º.- Secretaría Ejecutiva. Se otorga a la Defensoría General de Entre Ríos la Presidencia, representación legal y coordinación ejecutiva del Órgano de Revisión Provincial, a través de la organización de una Secretaría Ejecutiva y de un equipo de apoyo técnico y otro administrativo.
La Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será designado por la Defensoría General de Entre Ríos, deberá coordinar las reuniones de los integrantes del Órgano de Revisión Provincial, implementar las estrategias políticas, jurídicas e institucionales, participar sin voto de las reuniones, seguir los lineamientos acordados por los integrantes del Órgano, canalizar la colaboración necesaria entre los distintos miembros, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento permanente del organismo, rindiendo cuentas de las acciones emprendidas.
La labor permanente de carácter operativo, técnico y administrativo del Órgano de Revisión, se sustentará mediante los equipos de apoyo enunciados precedentemente, cuyo personal será provisto por la Defensoría General de Entre Ríos y coordinado por la Secretaría Ejecutiva.

ARTÍCULO 10º.- Cargos. Créase a fin de proveer a la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Provincia de Entre Ríos, de un equipo de apoyo técnico y otro administrativo, compuesto de SEIS (6) cargos dentro de la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos, contratándose a tal fin un (1) Abogado, un (1) Médico Psiquiatra, un (1) Licenciado en Psicología, un (1) Licenciado en Trabajo Social y a dos (2) empleados administrativos.

ARTÍCULO 11º.- Cooperación. El Órgano de Revisión Provincial se complementa con otros organismos públicos de la Provincia. A tal fin, se promueve la cooperación y complementariedad y prestará colaboración activa con los mecanismos nacionales e internacionales de monitoreo de la aplicación de las Convenciones de Derechos Humanos y de las recomendaciones de los organismos internacionales.

ARTÍCULO 12º.- Registro de Instituciones. El Órgano de Revisión Provincial organizará un registro actualizado de instituciones que brinden servicios de Salud Mental. A tales efectos, requerirá a las mismas la información que fuera necesaria para conformarlo. Es obligación de toda institución que brinde servicios de salud mental inscribirse en el mismo.

ARTÍCULO 13º.- Presupuesto. La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos deberá contemplar en el presupuesto que se establezca para la jurisdicción de la Defensoría General de Entre Ríos, la partida necesaria para el funcionamiento del Órgano de Revisión Provincial.

ARTÍCULO 14º.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo sobre propuesta de la Defensoría General, reglamentará la presente Ley, en un plazo máximo de NOVENTA (90) días a partir de su promulgación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera: La Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, coordinarán y ejecutarán las acciones necesarias para la designación de los representantes que conformarán el Órgano de Revisión creado por la presente Ley, dentro del término de TREINTA (30) días hábiles desde la puesta en vigencia de la presente ley y su publicación en el Boletín Oficial.
Segunda: A los efectos de integrar el Órgano de Revisión Provincial, los representantes designados por los tres (3) organismos estatales deberán elegir, por decisión fundada, a las entidades que representarán a las asociaciones y organizaciones mencionadas en los incisos d), e) y f) del artículo 7° de la presente ley.
El Órgano de Revisión Provincial comenzará su actividad regular y permanente luego de constituido íntegramente, con todos los representantes previstos en la ley.

ARTICULO 15°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10565
Sancionada: 08.03.2018
Promulgada: 23.03.2018
Publicada: 09.04.2018

ARTÍCULO 1°.- Establécese que la publicación de avisos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos destinados a la contratación de personas para servicios laborales, a desempeñarse dentro o fuera de la Provincia, por cualquiera de los medios de comunicación, se regirán por lo dispuesto por la presente ley.

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la presente Ley:

a) prevenir eventuales hechos o situaciones de violencia y abusos que puedan cometerse a través de publicaciones engañosas de supuestas ofertas laborales;
b) contar con la información necesaria de quienes solicitan la publicación de avisos a efectos de brindar seguridad a los destinatarios de las mismas;
c) generar un registro de datos en los medios de publicación que sirvan como elementos para la investigación de presuntos hechos delictivos;
d) erradicar, a corto y mediano plazo, la publicación de avisos falsos y engañosos que persigan en definitiva la captación de personas para su trata.

ARTÍCULO 3º.- Las empresas y/o particulares de medios de comunicación deberán solicitar a quienes requieran la publicación los siguientes datos y documentación:
a) tratándose de personas físicas: nombre, documento nacional de identidad, domicilio y fotocopia del documento nacional de identidad;
b) en el caso de personas jurídicas u organizaciones empresariales: razón social o denominación de la empresa, domicilio y constancia de CUIT;
c) domicilio del lugar de prestación laboral;
d) número telefónico de contacto del responsable de la publicación;
e) fotocopia de la factura de un servicio a nombre de quien realiza la publicación.

ARTÍCULO 4º.- Las publicaciones deberán contener en su texto un número de referencia visible o identificación similar, a fin de que los destinatarios de las mismas puedan contactarse con el medio de comunicación para requerir o verificar la información exigida en el Artículo 3° de la presente.

ARTÍCULO 5º.- La información y documentación mencionada en el Artículo 3° deberá ser conservada por los medios de comunicación por un período de tiempo no inferior a un año.

ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Contralor de la presente ley será el Consejo Provincial de Prevención de la Violencia de Entre Ríos (COPREV), quién deberá velar por el cumplimiento de la misma y asegurar sus objetivos.

ARTÍCULO 7º.- Facúltese al Ejecutivo Provincial a dictar las normas que resulten necesarias para la implementación de la presente, debiendo dar intervención a la Dirección General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, aplicándose las multas establecidas en los Arts. 47, inciso a), b), d), e) y f) y Art. 49° conforme el procedimiento administrativo que fuera pertinente en los términos de la Ley Nacional N° 24.240/93 y Ley Provincial N° 8.973/95.

ARTÍCULO 8.- Comuníquese, etcétera.

Página 1 de 139

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

Ver más...

Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

Ver más...

Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

Ver más...

Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

Ver más...

Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

Ver más...

Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

Ver más...

Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

Ver más...

 

Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

Ver más...