Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Decreto nº 692/1996

Fecha: 15.05.1996

Otorga Factibilidad a la Traza del Camino del Borde Costero conforme el plano que se aprueba como Anexo I. El  mismo obra como Archivo Adjunto.

Ordenanza nº 9888 Código de Edificiación

Ver Texto Completo en este Digesto Municipal

6.13. FIESTAS INFANTILES Y LOCALES DE ENTRETENIMIENTO

Se establece que toda instalación, habilitación, funcionamiento, uso y/o explotación de locales destinados al entretenimiento de niños y/o la realización de Fiestas Infantiles, que estén dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, se regirá por las siguientes cláusulas.

6.13.1. Denomínase "Salones de Entretenimientos":
A aquellos locales destinados al desarrollo de juegos de habilidades y/o destreza, que se localicen independientemente o formen parte de otros usos y "Salones de Fiestas infantiles" a aquellos locales destinados al desarrollo de celebraciones infantiles que pueden contar con pelotero u otros juegos para el entretenimiento de los mismos.
En ambos casos deben contar con asistencia de personal calificado para el cuidado de los niños.
Ninguna actividad relacionada con la instalación, funcionamiento, habilitación, explotación o uso de juegos o máquinas mencionadas, podrá desarrollarse sin contar con previa habilitación municipal del local y con autorización expresa de uso otorgada por el Organismo de Aplicación cuando el juego o la máquina por sus características pueda generar situaciones de riesgo.
Se autoriza la explotación exclusivamente de aparatos manuales, mecánicos, eléctricos, electromecánicos o electrónicos que funcionen a fichas o cospeles, control remoto y otro medio tales como los juegos denominados simuladores o manejo de automóviles, motocicletas, avión, helicóptero o submarino, carreras de automóviles o motocicletas, etc., donde la habilidad o destreza del niño sean elementos fundamentales del juego.
A los fines de proteger la integridad bio-psico-social de los niños, no se permitirá ningún juego electrónico y/o electromecánico que por sus cacarterísticas no se corresponda con la edad de los niños y/o generen o estimulen reacciones de violencia extrema.

6.13.2. Características
Los juegos en general deberán ser de materiales y diseño tal que no atenten contra la seguridad de los usuarios y deberán reunir las siguientes características como mínimo:
a) Deberán ser de materiales resistentes, sin ángulos ni puntas peligrosas.
b) Todos los caños que formen parte del juego o instalación, deberán tener en sus aristas protecciones especiales de goma espuma u otro material similar.
c) Los pisos donde estén instalados los juegos deberán ser antideslizantes.
d) Los juegos elevados con respecto del nivel de piso (peloteros, camas elásticas, juegos de supervivencia, etc.), deberán poder redes o tejidos protectores, los cuales deberán confeccionarse con materiales plásticos seguros. El hilo que se utilice para su construcción no debe ser cortante.
e) Si en el local hubiera escalera, la misma deberá contar con la protección reglamentaria.

6.13.3. Localización:
Podrán localizarse en predios ubicados por fuera del microcentro delimitado por las calles Alem, Perú, Italia, Santa Fé, Laprida, La Paz, San Juan, 9 de Julio y Alem siempre y cuando:
a) No se encuentren frente a la mano de estacionamiento, salvo que el ancho de la calle supere los 10 m de ancho.
b) No exista uso de viviendas en las parcelas linderas en todo su perímetro.
c) De existir viviendas linderas, la totalidad manifiesten su expreso consentimiento.
d) Deberá mediar una distancia de 100 m de establecimientos de salud con internación y salas de velatorios.
e) No podrá localizarse en subsuelos.
f) Se podrán ubicar en edificios de propiedad horizontal, siempre y cuando posean el consentimiento de la totalidad de los propietarios.
g) En el caso de ubicarse en plantas altas o entrepiso, además de cumplir con los requisitos reglamentarios, deberá asegurar medios de evacuación de la misma condición y naturaleza que los requeridos en plantas bajas, en forma directa a la vía pública.
En el caso que otras actividades como supermercados, shoppings, galerías comerciales, locales de gastronomía y otros sitios de esparcimiento se encuentren ubicados dentro del microcentro, podrán solicitar la autorización de uso de este tipo de actividad al Órgano de Aplicación quien estudiará cada caso en particular.
Se debe asegurar la accesibilidad permanente al local de personas con capacidad reducida.

6.13.4. Otras disposiciones:
Deberán poseer acceso directo desde la vía pública y las salidas de emergencia deberán estar ubicadas lo más lejos posible de las puertas de ingreso.
a) El ancho mínimo de las puertas que correspondan a cada salida serán de 1,50 m y de abrir hacia afuera, no deberán tener trabas ni elementos que dificulten su apertura. Las circulaciones serán com mínimo de 1,50 m.
b) El uso de elementos constructivos para la ejecución de la estructura de sostén de techos, entrepisos, aislaciones y decorados serán de material incombustible y/o deberán poseer tratamiento ignífugo.
c) Deberá poseer iluminación artificial y de emergencia de acuerdo a la normativa vigente.
d) Deberán tener un nivel máximo de ruidos de 65 db, en el interior del local y en ningún momento podrá tener la misma trascendencia a la vía pública y/o vecinos. Deberá cumplimentarse la normativa establecida por Ordenanza nº 7061.
La colocación de elementos de sonidos (parlantes, bafles, televisores, etc.), se hará únicamente dentro de locales cerrados y cubiertos, debiendo orientarse necesariamente su propagación con afectación interior a los mismos.
Los niveles de vibración producidos no podrán superar los límites permitidos, debiéndose realizar las medidas correctivas para eliminar las mismas, presentando un informe técnico firmado por un profesional con incumbencia en el tema.
e) Deberán contar con sanitarios acondicionados tanto para niños como para adultos para ambos géneros y en proporción adecuada a la capacidad del mismo.
1) Para el personal: 1 inodoro, 1 lavabo y vestuario, separados por género.
2) Para niños de 2 a 6 años: 1 lavabo c/10 niños 1 lavabo c/12 niños.
3) Para público: separados por género 1 inodoro, 1 lavabo hasta 125 personas.
4) Además, deberá preverse servicios para uso específico de personas con movilidad reducida.
f) En el caso de contar con cocina o kitchenette, deberá cumplimentar con la normativa vigente (Ordenanza nº 7382).
g) La capacidad de ocupación del edificio estará en función del factor de ocupación, estableciéndose 1,5 m² por persona como mínimo.
h) Deberá contar con personal especializado, cuyo número estará en función de la capacidad, considerando 1 persona c/15 niños.
i) A los fines de extremar las condiciones de seguridad, se deberán colocar vallas cuyas características las determinará la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico, entre el tránsito automotor y la salida de los locales.
j) Además de los requisitos necesarios para realizar el trámite de habilitación será necesario presentar:
1) Constancia de cobertura médica de emergencia.
2) Póliza de seguro de responsabilidad civil.
3) Certificación semestral debidamente autorizada por un ingeniero especialista matriculado en el Colegio Profesional correspondiente, donde conste el estado de los juegos y la adecuación del local a lo dispuesto en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Ley nº 23302
Sancionada: 30.09.1985.
Promulgada de Hecho: 08.11.1985.
Publicada: 12.11.1985

LEY SOBRE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES ABORIGENES
I — OBJETIVOS
ARTICULO 1º — Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.
II — DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país.
Se entenderá como comunidades indígenas á los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.
La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación.
ARTICULO 3º — La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron.
ARTICULO 4º — Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente.
III — DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
ARTICULO 5º — Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley. Contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor.
I — El Consejo de Coordinación estará integrado por:
a) Un representante del Ministerio del Interior;
b) Un representante del Ministerio de Economía;
c) Un representante del Ministerio de Trabajo;
d) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia;
e) Representantes elegidos por las comunidades aborígenes cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la reglamentación;
f) Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley.
II — El Consejo Asesor estará integrado por:
a) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;
b) Un representante de la Secretaría de Comercio;
c) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
d) Un representante de la Secretaría de Cultos;
e) Un representante de la Comisión Nacional de Areas de Fronteras.
ARTICULO 6º — Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:
a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos;
b) Dictar su reglamento funcional, normas de aplicación y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;
c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relativas a la inscripción de las comunidades, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días;
d) Elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud;
e) Proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.
IV — DE LA ADJUDICACION DE LAS TIERRAS
ARTICULO 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo.
La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.
La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.
ARTICULO 8º — La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso, el municipal. Si fuese necesario la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.
ARTICULO 9º — La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de crédito preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación.
ARTICULO 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación, asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.
ARTICULO 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento.
ARTICULO 12. — Los adjudicatarios están obligados a:
a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas, personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar;
b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas, sin autorización de la autoridad de aplicación.
Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos.
c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas.
ARTICULO 13. — En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán, a la Nación o a la provincia o al municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que pertenecía.
V — DE LOS PLANES DE EDUCACION
ARTICULO 14. — Es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad nacional.
ARTICULO 15. — Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo cuarto de esta ley, los planes educativos y culturales también deberán:
a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas escolares o comunitarias;
b) Promover la organización de talleres-escuela para la preservación y difusión de técnicas artesanales; y
c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.
ARTICULO 16. — La enseñanza que se imparta en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos curriculares previstos en los planes comunes y, además, en el nivel primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos ciclos: En los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será bilingüe. Se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros materiales, a través de la creación de centros y/o cursos especiales de nivel superior, destinados a estas actividades.
Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños aborígenes (que sólo o predominantemente se expresen en lengua indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el presente artículo.
ARTICULO 17. — A fin de concretar los planes educativos y culturales para la promoción de las comunidades indígenas se implementarán las siguientes acciones:
a) Campañas intensivas de alfabetización y posalfabetización;
b) Programas de compensación educacional
c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios; y
d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente.
La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes educativos y culturales para las comunidades indígenas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia al ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la supervisión de los establecimientos oficiales y privados.
VI — DE LOS PLANES DE SALUD
ARTICULO 18. — La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades.
ARTICULO 19. — Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos necesarios.
ARTICULO 20. — La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas promoviéndose, a ese efecto, la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.
ARTICULO 21. — En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:
a) La atención bucodental;
b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;
d) El cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño;
e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente;
f) El respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional indígena integrando a los programas nacionales de salud a las personas que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;
g) La formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en higiene preventiva y primeros auxilios.
Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los habitantes del país.
VII — DE LOS DERECHOS PREVISIONALES
ARTICULO 22. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social.
La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes de las comunidades indígenas que reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337.
VIII — DE LOS PLANES DE VIVIENDA
ARTICULO 23. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gestionará la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales, e internacionales que desarrollen planes habitacionales de fomento.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 25.799 B.O. 01/12/2003).
ARTICULO 23 BIS — Promuévese en el marco de la presente ley, la conservación de la cultura e inserción socioeconómica de comunidades aborígenes, considerando los siguientes aspectos relacionados con la generación de la infraestructura social básica y el posicionamiento económico de base primaria:
a) Desarrollo de nuevas destrezas aplicables a los proyectos sociales, a través de la capacitación laboral;
b) Incorporación de mano de obra propia; y
c) Desarrollo de la cultura y fomento de la autogestión comunitaria; y
d) Respeto y adaptación de las técnicas y costumbres de cada comunidad.
(Artículo incorporado por art. 2º de la Ley Nº 25.799 B.O. 01/12/2003).
IX — DE LOS RECURSOS
ARTICULO 24. — Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el presupuesto general de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las reestructuraciones de créditos del presupuesto general de la Administración Nacional que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Decreto 155/1989 Reglamentación de la Ley Nº 23302
Fecha: 02.02.1989
Publicado: 17.02.1989


VISTO la Ley Nº 23.302 Y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL proceder a la respectiva reglamentación.
Que en las disposiciones reglamentarias deben incluirse las responsabilidades del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS creado por la Ley Nº 23.302.
Que la CONSTITUCION NACIONAL en su artículo 86, inciso 1 y 2 ha conferido atribuciones al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dictar las normas reglamentarias incluidas en el presente decreto.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) actuará como entidad descentralizada con participación indígena dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
Tendrá su sede principal en el lugar que a su propuesta fije ese Ministerio y deberá establecer delegaciones en las regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur del país y demás regiones provinciales que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Las regiones abarcarán las siguientes provincias:
a) NOROESTE: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán.
b) LITORAL: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.
c) CENTRO: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis y Santiago del Estero.
d) SUR: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El presidente del INAI podrá modificar la distribución precedente mediante resolución fundada.
Artículo 2º — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS entenderá como autoridad de aplicación, en todo lo referente a la Ley Nº 23.302, disposiciones modificatorias y complementarias y al Convenio 107 sobre protección e integración de las poblaciones Indígenas y otras poblaciones tribales aprobado por la Ley Nº 14.932, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes. A estos efectos cumplirá todas las actividades conducentes a promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas adjudicando prioridad a sus aspectos socioeconómico, sanitario y cultural, preservando y revalorizando el patrimonio cultural de estas comunidades.
Artículo 3º — Para el cumplimiento de los fines indicados en el artículo 2º, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS podrá coordinar, planificar, impulsar y ejecutar por sí o juntamente con organismos nacionales o provinciales, programas de corto, mediano y largo plazo, destinados al desarrollo integral de las comunidades indígenas, incluyendo planes de salud, educación, vivienda, adjudicación, uso y explotación de tierras, promoción agropecuaria, pesquera, forestal, minera, industrial y artesanal, desarrollo de la comercialización de sus producciones, especialmente de la autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, previsión social y en particular:
a) Elaborar y/o ejecutar en coordinación con la SECRETARIA DE SALUD y los gobiernos provinciales, programas de prevención y asistencia sanitaria en las comunidades indígenas incluyendo conocimientos y modalidades que aporte la medicina tradicional. Se deberá otorgar prioridad a la atención de la salud infantil. Los programas de referencia deberán estructurarse sobre el principio internacionalmente reconocido que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades sino un estado físico, mental y social de bienestar, en el que el saneamiento ambiental y la nutrición adecuada están entre las condiciones esenciales.
b) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con el MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA y los Gobiernos Provinciales, programas de educación bilingüe e intercultural concediendo prioridad a la realización de una campaña de alfabetización. Entre los objetivos de planes de educación deberá incluirse la preparación de los miembros de las comunidades indígenas para que sean protagonistas y gestores de su propio desarrollo y para que logren real participación en el acontecer socioeconómico de la Nación, sin afectar su propia identidad cultural.
c) Elaborar y/o ejecutar en coordinación con la SECRETARIA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL, con instituciones oficiales de crédito y con los Gobiernos Provinciales, planes habitacionales de fomento que contemplen el modus vivendi de la comunidad y que permitan mejorar la situación individual y comunitaria de los indígenas.
d) Difundir la legislación social vigente en materia previsional, a la que puedan acceder los miembros de las comunidades indígenas, y estudiar y proponer eventuales modificaciones.
e) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con las autoridades nacionales y provinciales competentes, planes de mensura, adjudicación en propiedad y explotación de tierras.
f) Organizar el Registro de Comunidades Indígenas, conforme con la presente reglamentación.
g) Asesorar a organismos públicos y entidades privadas en todo lo relativo a fomento, promoción, desarrollo y protección de las comunidades indígenas.
h) Realizar estudios y censos que permitan analizar y diagnosticar los problemas socioeconómicos, sanitarios y culturales que afecten a las comunidades indígenas, que posibiliten la formulación de proyectos de desarrollo para resolverlos, incluyendo la adjudicación de tierras.
i) Difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena, y promover la participación de las comunidades en el uso de los medios para ese fin.
j) Promover en coordinación con las autoridades competentes nacionales y provinciales y ejecutar por sí o conjuntamente, cursos de capacitación laboral y orientación profesional de indígenas, tendientes a mejorar el nivel de vida individual y comunitario.
k) Asistir técnicamente a las comunidades indígenas que lo requieran para que mediante procesos autogestivos alcancen una organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales.
l) Promover de acuerdo con los criterios científicos, técnicos y socioculturales pertinentes y los recursos necesarios la más plena participación de las comunidades y sus miembros en el quehacer social
ll) Propiciar la realización de procedimientos electivos según la tradición y pautas culturales de cada comunidad, para la designación de representantes de la misma y la integración del Consejo de Coordinación.
m) Promover y realizar cursos de capacitación de personal en todo lo vinculado a la temática indígena.
n) Proponer su propia estructura administrativa que deberá satisfacer las previsiones del artículo 1º de la presente reglamentación. Asimismo deberá resolver la modalidad de incorporación o coordinación de los planes, programas y recursos en proyectos y/o ejecución en el tema indígena.
ñ) Aceptar donaciones, legados y administrar fondos fiduciarios.
o) Promover o realizar cualquier otra actividad que, aunque no haya sido expresamente mencionada en el presente decreto, surja de las Leyes Nros. 14.932 y 23.302 o que pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos que se han confiado. Las reparticiones nacionales deberán prestar la colaboración necesaria para que el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS pueda cumplir con las funciones asignadas.
Artículo 4º.— El Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS será asistido por UN (1) Vicepresidente. Ambos durarán TRES (3) años en sus mandatos, salvo los primeros, cuyos mandatos serán por DOS (2) años. Serán designados por el PODER EJECUTIVO y tendrán jerarquía de Secretario y Subsecretario.
Artículo 5º.— El Presidente será el titular del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y como tal tendrá autoridad para dirigir sus trabajos y será responsable de sus actividades. En particular:
a) Será responsable del cumplimiento de los objetivos que se han confiado al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.
b) Propondrá al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por intermedio del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la fecha de designación del primer presidente, la estructura administrativa necesaria para que el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS pueda cumplir con sus objetivos.
c) Nombrará al personal del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y aplicará el régimen disciplinario correspondiente.
d) Convocará y presidirá las reuniones del Consejo de Coordinación y dictará su reglamento.
e) Preparará cada año, NOVENTA (90) días antes que finalice el ejercicio presupuestario, un programa de actividades y presupuesto para el año siguiente que deberá ser puesto a consideración del Consejo de Coordinación y sometido para su aprobación al PODER EJECUTIVO NACIONAL a través del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
f) Junto al programa de actividades y presupuesto dará a conocer todos los años un análisis sobre la situación de las comunidades indígenas del país y un informe sobre las actividades del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS que deberá incluir una evaluación de sus resultados y de la gestión económico-financiera.
g) Resolverá sobre la inscripción de las comunidades indígenas en el Registro referido en los artículos 3º, inciso f) y 16º del presente decreto.
h) Decidirá mediante resolución fundada la adjudicación de tierras cuya propiedad hubiese sido transferida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las provincias, los municipios o personas de derecho privado, al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y suscribirá los instrumentos de transferencia del dominio. Gestionará ante las autoridades competentes la transferencia a quienes proponga, de la titularidad del dominio o el uso y explotación de aquellas tierras que fuesen de propiedad de la Administración Nacional, provincial o municipal. Gestionará asimismo ante las autoridades competentes la declaración de utilidad pública, para su ulterior expropiación, de tierras que vayan a ser cedidas a comunidades indígenas.
i) Propondrá al Ministerio de Salud Y Acción Social el lugar donde funcionará la sede central del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y establecerá la ubicación de las respectivas delegaciones conforme con el artículo 1º.
j) Invitará a las provincias a adherir a la Ley Nº 23.302 y a enviar representantes a las reuniones del Consejo de Coordinación.
k) Convocará las reuniones del Consejo Asesor.
Las resoluciones del Presidente son recurribles en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamentación.
Artículo 6º.— El Vicepresidente secundará al Presidente en sus funciones y lo reemplazará provisoriamente en caso de renuncia, ausencia, incapacidad o muerte hasta tanto se reintegre o en su caso sea designado un nuevo Presidente. Durará TRES (3) años en su mandato. Presidirá las reuniones del Consejo Asesor.
Artículo 7º.— El Consejo tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar los estudios necesarios acerca de la situación de las comunidades indígenas e individualizar los problemas que las afectan.
b) Proponer al Presidente un orden de prioridades para la solución de los problemas que hayan identificado, los medios y acciones para que ellos sean resueltos y objetivos y programas de actividades para el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS a mediano y largo plazo.
c) Estudiar planes de adjudicación y cuando corresponda expropiación de tierras con los alcances de la Ley Nº 23.302 y elaborar proyectos de explotación a través de las comisiones ad hoc y la participación de las comunidades específicas a fin de elevarlos al Presidente.
d) Analizar, aprobar o proponer modificaciones al programa de actividades y presupuesto.
e) Tomar conocimiento y aprobar el análisis de la situación de las comunidades indígenas del país, el informe de las actividades del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y la evaluación de sus resultados. Aprobar la gestión económico-financiera previamente a su elevación al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
f) Estudiar los mecanismos a sugerir a las comunidades indígenas para que puedan elegir a sus representantes conforme a lo establecido en el artículo 3º, inciso 11) como asimismo los procedimientos para que las comunidades logren una organización formal a los fines previstos en la Ley Nº 23.302 y la presente reglamentación.
g) Supervisar y dictaminar sobre el funcionamiento del REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS acerca del cual informarán al presidente.
h) Dictaminar acerca de los programas de adjudicación de tierras que se efectúen.
i) Dictaminar sobre cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.
Artículo 8º.— El resultado de los estudios y recomendaciones, y dictámenes del Consejo de Coordinación, orientarán al presidente en sus decisiones.
Artículo 9º.— Los integrantes del Consejo de Coordinación serán considerados representantes de los titulares de los ministerios que integren y de los gobernadores de las provincias a que pertenezcan. Cumplirán sus funciones sin perjuicio de las que ejerzan en sus organismos de origen y sin retribución adicional. Deberán tener una categoría no inferior a 24 o equivalente.
Artículo 10.— Las Comunidades Indígenas estarán representadas en el Consejo de Coordinación por delegados designados por aquéllas una vez institucionalizados los mecanismos de elección previstos en el artículo 3°, inciso II). Mientras el sistema electivo no esté definido, facúltase al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS a designar UN (1) delegado por cada una de las etnias del país, reconocidas en el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS, en un plazo de UN (1) año a partir del dictado del presente, prorrogable por SEIS (6) meses mediante resolución fundada del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.
(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 791/2012 B.O. 28/05/2012. Vigencia: a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial)
(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 270/2013 del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas B.O. 14/1/2014 se prorroga por el término de SEIS (6) MESES el plazo de UN (1) AÑO previsto por el artículo, la prórroga tendrá vigencia a partir del día siguiente en que se encuentre fenecido el plazo original de UN (1) año, previsto por éste artículo)
Artículo 11. — Los representantes indígenas que integren el Consejo de Coordinación, deberán ser miembros de una comunidad de las etnias existentes en el país, que tengan domicilio permanente en ellas y participar de sus formas de vida y actividades habituales.
Su reconocimiento formal como miembro del Consejo de Coordinación estará a cargo del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.
Artículo 12. — Los representantes de las comunidades indígenas al Consejo de Coordinación durarán TRES (3) años en su mandato, salvo los inicialmente designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, que durarán DOS (2) años. Podrán ser reelegidos.
Artículo 13. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS deberá asegurar la participación de los representantes de las comunidades indígenas en las reuniones del Consejo de Coordinación. A tal fin les hará saber de modo fehaciente y con suficiente antelación, la celebración de las reuniones del Consejo y el Orden del Día.
Artículo 14. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS se hará cargo de los gastos de desplazamiento de los representantes de las comunidades indígenas. Además les asignará un viático que sea suficiente para pagar los gastos de alojamiento y subsistencia mientras dure la reunión del Consejo de Coordinación y el reembolso de los salarios caídos o los ingresos no percibidos.
Artículo 15. — El Consejo Asesor actuará como consultor del Presidente y podrá solicitar opiniones a Universidades y crear o patrocinar grupos temporarios de investigación y estudios sobre aquellos temas en que hubiese sido consultado.
Artículo 16. — El Registro Nacional de Comunidades Indígenas formará parte de la estructura del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y mantendrá actualizada la nómina de comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas. Coordinará su acción con los existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales. Podrá establecer registros locales en el interior o convenir con las provincias su funcionamiento. El registro será público.
Artículo 17. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS promoverá la inscripción de las comunidades indígenas en el registro indicado en el art. 16 y las asistirá para que realicen las tramitaciones y acrediten las circunstancias que esa inscripción requiera.
Artículo 18. — La inscripción en el registro Nacional de Comunidades Indígenas será decidida mediante resolución fundada del presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. Junto a la inscripción, cuando sea posible, se agregará al Registro un censo en los que consten los datos personales de cada uno de los integrantes de la comunidad de que se trate. Sólo se cancelará la inscripción de una comunidad cuando ésta desaparezca como tal, ya sea por extinción o dispersión de sus miembros.
Artículo 19. — Las comunidades indígenas inscriptas en el Registro gozarán de los derechos reconocidos por las Leyes Nros. 14.932, 23.302 y esta reglamentación y demás normas concordantes. La personería jurídica adquirida mediante la inscripción tendrá el alcance establecido en la última parte del inciso 2º del párrafo segundo del artículo 33 del Código Civil.
Hasta tanto se constituya y organice el Registro, las comunidades indígenas existentes podrán solicitar al Presidente del INAI su inscripción provisoria, cumpliendo con los requisitos del caso, la que se otorgará condicionada a la inscripción definitiva posterior.
Artículo 20. — Serán inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS las comprendidas en las prescripciones del artículo 2º, segundo párrafo de la Ley Nº 23.302. A tal efecto, podrán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:
a) que tengan identidad étnica.
b) que tengan una lengua actual o pretérita autóctona.
c) que tengan una cultura y organización social propias.
d) que hayan conservado sus tradiciones esenciales.
e) que convivan o hayan convivido en un hábitat común.
f) que constituyan un núcleo de por lo menos TRES (3) familias asentadas o reasentadas, salvo circunstancias de excepción autorizadas por el Presidente del INAI mediante resolución fundada, previo dictamen del Consejo de Coordinación.
Artículo 21. — Los títulos de dominio de tierras adjudicadas en virtud de la Ley Nº 23.302 y esta Reglamentación, deberán indicar que se trata de tierras cuya titularidad es inembargable e inejecutable, no susceptible de ser vendida, arrendada o transferida, sin autorización del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, que sólo podrá otorgarse cuando debiera constituirse garantía real por créditos a conceder por entidades oficiales de la Nación, las provincias o los municipios.
Artículo 22. — Toda adjudicación de tierras deberá hacerse con el consentimiento de la comunidad indígena involucrada. En caso de ser necesario el traslado de un asentamiento indígena como consecuencia de la adjudicación de tierras propuesta por el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, éste deberá hacerse cargo de los gastos que demande el traslado.
Artículo 23. — Si el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS constatase que los adjudicatarios de tierras que hubiesen adquirido el dominio en virtud de la Ley Nº 23.302 no cumpliesen con las obligaciones impuestas por su artículo 12, podrá demandar judicialmente su restitución.
A los efectos del artículo 12, inciso c) de la Ley Nº 23.302, la Autoridad de Aplicación deberá tener en cuenta los usos y costumbres de explotación de la tierra propios de cada comunidad y su realidad socio-económica y cultural.
Si no mediare manifestación expresa del interesado, sólo se considerará abandono de la tierra, con la consecuencia prevista por el artículo 13 de la Ley, cuando la persona y su familia se ausentaren ininterrumpidamente durante DOS (2) años. La comunidad respectiva podrá solicitar la readjudicación de la tierra antes de transcurrido ese lapso, si acredita prima facie el perjuicio que se produciría en caso contrario. Resolverá el Presidente del INAI previo dictamen del Consejo de Coordinación.
Artículo 24. — Antes de volver la tierra a propiedad de la Nación, Provincia o Municipio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 23.302 o del artículo 23 de esta Reglamentación, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS ejercerá su dominio por el término de DOS (2) años durante los cuales podrá readjudicarlas a otras comunidades que carezcan de tierras o las que posean sean insuficientes para subvenir a sus necesidades, aplicando las siguientes prioridades:
1) A las de la misma etnia que habiten la misma provincia o región.
2) A las de distinta etnia que habiten la misma provincia o región.
3) A las de la misma etnia de otra región.
4) A las de cualquier etnia de otra región.
Artículo 25. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS contará con los siguientes recursos:
a) las sumas que fije el Presupuesto General de la Nación para 1989 y siguientes y las que acuerden leyes especiales;
b) los créditos que le asignen organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales.
c) las donaciones, legados, subsidios y subvenciones que recibiere;
d) los saldos no ejecutados de ejercicios anteriores;
e) cualquier otro recurso que establecieren disposiciones legales reglamentarias.
Artículo 26. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Ley Nº 24071
Sancionada: 04.03.1992.
Promulgada de hecho: 07.04.1992.
Publicada: 20.04.1992

ARTICULO 1º –– Apruébase el CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
ARTICULO 2º –– Comuníquese al Poder Ejecutivo. –

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Convenio 169
CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957,
adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:

PARTE I. POLITICA GENERAL
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todos sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.
Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.
Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.
Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.
Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la Legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.
Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
PARTE II. TIERRAS
Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.
PARTE III. CONTRATACION Y CONDICIONES DE EMPLEO
Articulo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la Legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.
PARTE IV. FORMACION PROFESIONAL ARTESANIA E INDUSTRIAS RURALES
Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.
Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos.
Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.
PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD
Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
PARTE VI. EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION
Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.
Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.
PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS FRONTERAS
Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.
PARTE VIII. ADMINISTRACION
Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.
PARTE IX. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.
Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.
PARTE X. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales 1957.
Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 39
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la Organización.
2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Ley nº 26811
Sancionada: 28.11.2012
Promulgada de Hecho: 08.01.2013
Publicada: 21.01.2013

ARTICULO 1º.— Institúyese el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional" con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

ARTICULO 2º.— Propónese que en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

ARTICULO 3º.— Disponer para cada uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron.

ARTICULO 4º.— Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer en los distintos ámbitos de su competencia la implementación de actividades específicas, en el mismo sentido que el dispuesto para la comunidad educativa en el artículo 2º de la presente ley.

ARTICULO 5º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Ley nº 10781
Sancionada: 20.12.2019
Promulgada: 27.12.2019
Publicada: 20.01.2020

Artículo 1°.- Apruébase el Consenso Fiscal celebrado el 17 de diciembre de 2019, por medio del cual se complementa y modifica el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y su modificatorio el Consenso Fiscal de fecha 13 de septiembre de 2018, y ratifícase la gestión del Señor Gobernador de Entre Ríos de suscribir el mismo con el Poder Ejecutivo Nacional, representantes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, que, como Anexo, forma parte integrante de esta ley.(1)(2)

Artículo 2°.- Sustitúyase el inciso k) del Artículo 194°del Código Fiscal (T.O. 2018), por el siguiente: " Los ingresos atribuibles a la explotación de minas y canteras realizadas en la Provincia, siempre que la facturación anual no supere el monto que a tal efecto establezca la Ley Impositiva, excepto que la comercialización de los productos se efectúe luego de ser sometidos a procesos de transformación o al por menor A partir del 1° de enero de 2021 se elimina el requisito de monto de facturación anual establecido por la Ley Impositiva" .

Artículo 3°.- Sustitúyase el inciso i') del Artículo 194°del Código Fiscal (T.O. 2018), por el siguiente: " Los ingresos atribuibles a la producción agropecuaria, caza, silvicultura y pesca, desarrolladas por Micro y Pequeños contribuyentes, según la categoría de contribuyentes dispuesta en función del Artículo 191° de este Código, y para todas las categorías de contribuyentes a partir del 1°de enero de 2021, excepto que la comercialización de los frutos y productos se efectúe luego de ser sometidos a procesos de transformación o al por menor" .

Artículo 4°.- Sustitúyase el inciso j') del Articulo 194°del Código Fiscal (T.O. 2018), por el siguiente: " Los ingresos atribuibles a la industria manufacturera, desarrollada por Micro y Pequeños contribuyentes, según la categoría de contribuyentes dispuesta en función del Articulo 191º de este Código, y para todas las categorías de contribuyentes a partir del 1° de enero de 2021" .

Artículo 5°.- Sustitúyase el artículo 8° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente: " Las alícuotas para cada actividad, serán las que se indican en el presente articulo:

(1) Establécese las siguientes alícuotas especiales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos atribuibles a la actividad de Industria Manufacturera, en función de la categoría que corresponda al contribuyente según lo dispuesto en el Artículo 191° de Código Fiscal, del siguiente modo:

a) del uno por ciento (1%) para los contribuyentes cuya categoría sea Medianos 1 para el ejercicio fiscal 2020,

b) del uno con veinticinco centésimas por ciento (1,25%) para el ejercicio fiscal 2020, para los contribuyentes cuya categoría sea Medianos 2,

(2) Establécese las siguientes alícuotas especiales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos atribuibles a la actividad de "Comercio Mayorista y Minorista" en función de la categoría que corresponda al contribuyente según lo dispuesto en el Artículo 191º de Código Fiscal, del siguiente modo:

a) del tres con cincuenta centésimas por ciento (3,50%), para las categorías de Micro y Pequeños contribuyentes, siempre que hubieran presentado y pagado dentro del mes de vencimiento, las obligaciones mensuales del impuesto de los periodos correspondientes al año calendario inmediato anterior, y que no registre ajustes de fiscalización en el impuesto en los últimos tres (3) años calendarios. Los ajustes de fiscalización indicados deben tratarse de decisiones administrativas firmes, ya sea por estar consentidas por el contribuyente, expresa o tácitamente, o por haberse agotado la vía administrativa mediante la interposición de los medios recursivos establecidos por el Código Fiscal para el procedimiento administrativo tributario.

b) del cuatro por ciento (4%), para las categorías de Micro y Pequeños contribuyentes, cuando no cumplan los requisitos de buena conducta tributaria requeridos en el inciso anterior.

c) del cuatro por ciento (4%), para las categorías de Medianos 1 y Medianos 2, siempre que hubieran presentado y pagado dentro del mes de vencimiento, las obligaciones mensuales del impuesto de los periodos correspondientes al año calendario inmediato anterior, y que no registre ajustes de fiscalización en el impuesto en los últimos tres (3) años calendarios. Los ajustes de fiscalización indicados deben tratarse de decisiones administrativas firmes, ya sea por estar consentidas por el contribuyente, expresa o tácitamente, o por haberse agotado la vía administrativa mediante la interposición de los medios recursivos establecidos por el Código Fiscal para el procedimiento administrativo tributario.

d) del cuatro con cincuenta centésimas por ciento (4,50%), para las categorías de Medianos 1 y Medianos 2, cuando no cumplan los requisitos de buena conducta tributaria requeridos en el inciso anterior. Los ingresos atribuibles a servicios en general, cuando no hayan sido detallados en la tabla de alícuotas del presente articulo, tendrán el tratamiento dispuesto para el sector de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler.

Los ingresos atribuibles a ventas realizadas por contribuyentes del sector industrial a consumidores finales, tendrán el tratamiento dispuesto para el sector Comercio. Se define como comercio mayorista, a las ventas, con prescindencia de la significación económica y/o de la cantidad de unidades comercializadas, cuando la adquisición de los bienes se realice para revenderlos o comercializarlos en el mismo estado o para incorporarlos en el desarrollo específico de una actividad industrial o de la construcción. Asimismo, se consideran mayoristas, las ventas de bienes realizadas al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus entes autárquicos y organismos descentralizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable para la comercialización mayorista de combustible. Se entiende por esta a las ventas realizadas por empresas que comercializan el combustible líquido con marca propia, que sean contribuyentes del impuesto a los combustibles (Ley N° 23966 Y sus modificatorias) y que realicen dichas ventas a estaciones de servicio para la reventa al público.

Artículo 6°.- Sustitúyase el articulo 12° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente:

"Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se enumeran se deberá pagar el impuesto que en cada caso se establece:

Artículo 7°.- Sustitúyase el artículo 13° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente:

"Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se enumeran, se deberá pagar el impuesto que en cada caso se establece:

Establécese en 2 (dos) puntos el coeficiente corrector para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana Subrural y Rural de la Provincia, previsto en el artículo 209º y siguientes del Capitulo III del Código Fiscal y modificatorias. Se faculta a la Administradora a establecer, sobre la base de los informes elaborados a tal fin por la Dirección de Catastro, un nuevo coeficiente corrector el cual podría diferir para los inmuebles pertenecientes a cada uno de los tipos de plantas definidas

Artículo 8°.- Sustitúyase el articulo 14° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente:

"Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se enumeran, se deberá pagar el impuesto que en cada caso se establece. 

Artículo 9°.- Incorpórese como artículo nuevo a continuación del Artículo 35° de la Ley Impositiva Nº 9622 y modificatorias (T.O. 2018) el siguiente:

Articulo Nuevo.- Para la integración del Fondo de Asistencia Social previsto en la Ley N° 4035, Articulo 9°, se aplicarán los siguientes gravámenes: a) El Aporte patronal se determinará aplicando la alícuota sobre el monto mensual devengado en concepto de remuneración a las personas que guarden con el aportante relación de dependencia. A los fines de este inciso se entiende por relación de dependencia y remuneración a cualquiera de los modos y formas establecidos por la legislación laboral o administrativa de fondo. Este aporte debe ser satisfecho aun por aquéllos que estuvieren exceptuados de otras obligaciones fiscales.

La alícuota del Aporte Patronal se determinará en función de la categoría que cada contribuyente asuma según el procedimiento dispuesto en el Artículo 191° del Código Fiscal, y será la que se establece desde el día primero de los meses que se indican a continuación, en cada caso:

b) Aporte personal de los empleados, obreros y demás personas que trabajan en relación de dependencia en ámbito privado y público. Nacional, provincial y municipal, del seis por mil (6o/oo), que se aplicará sobre el monto mensual devengado que perciba por los conceptos mencionados en inciso a) o sobre el jornal de trabajo de las personas que realizan prestación en forma no permanente. Lo dispuesto en el presente inciso tendrá vigencia hasta el 01 de diciembre de 2020.

Artículo 10°.- Sustitúyese el Inciso d) del Artículo 23° Bis de la Ley 10.204 por el siguiente:

"d) La autoridad de aplicación de las disposiciones del Régimen establecido por este artículo será el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, quien determinará las actividades industriales especificas incluidas en el presente Régimen, reglamentará su procedimiento y quedará facultado para prorrogar el Régimen en iguales condiciones, para el año 2020."

Artículo 11°.- Todo lo dispuesto en la presente ley tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2020, salvo donde se indica otra fecha.

Artículo 12°.- Comuníquese, etcétera.

(1) Por Ley nº 27542
Sancionada: 29.01.2020
Promulgada: 11.02.2020
Publicada: 12.02.2020

Artículo 1°.- Apruébase el CONSENSO FISCAL, suscripto el 17 de diciembre de 2019 por el Poder Ejecutivo nacional, representantes de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente ley.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

El Consenso Fiscal aprobado obra como Archivo Adjunto 

(2) Las Leyes Provinciales nº 10687 y nº 10557, que aprueban los consensos mencionados obran en este Digesto Municipal 

 

Ley nº 10778
Sancionada: 03.12.2019
Promulgada: 17.12.2019
Publicada: 02.01.2020

REGULACIÓN DE LOS PASTIZALES NATURALES

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Declárase de interés provincial la conservación, defensa, preservación, mejoramiento, aprovechamiento y protección de los pastizales naturales, que se encuentren bajo el dominio público o privado, por constituir un patrimonio natural de importancia socioeconómico; así como toda política pública que genere incentivos para el cuidado de los pastizales naturales en todo el territorio de la Provincia.-

Artículo 2°.- Entiéndase por Pastizales Naturales a los fines de esta ley, todo eco sistema definido como campo natural, en el que la comunidad herbácea está dominada por distintas especies nativas de la familia de las gramineas (poaseas), con cobertura de especies leñosas que no supere el treinta por ciento (30%) del ecosistema observado, a excepción de las consideradas especies exóticas invasoras según Ley Nro. 10.485.-

Artículo 3°.- Entiéndase por Pastizal Natural Sustentable, al área que produee forrajes con predominio o dominancia de pasturas nativas de la familia de las gramíneas (Poaseas), arbustos ramoneables, herbáceas o mezcla de éstas. Este valor forrajero, constituye un recurso natural renovable. La sustentabilidad de los pastizales naturales, está directamente relacionada a la preservación del recurso natural y el ambiente productivo, constituyéndose como la concepción de un plan de manejo conservacionista, eficaz y eficiente, para el aprovechamiento de lID recurso como los pastizales naturales.-

CAPÍTULO II: OBJETIVOS

Artículo 4°.- Los objetivos generales de conservación de los pastizales naturales son:

a) Proteger muestras de la totalidad de ambientes naturales y especies de la Provincia de Entre Ríos, preservando su carácter de bancos genéticos, de reguladores ambientales y de fuentes de materias primas, mejorando cuando corresponda, su productividad.

b) Conservar en su lugar de origen los recursos genéticos.

c) Proteger ecosistemas ambientales y hábitats terrestres y acuáticos que alberguen especies migratorias, endémicas, raras, amenazadas y de uso comercial.

d) Mantener la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos y evolutivos naturales.

e) Conservar el patrimonio natural y cultural.

f) Realizar investigaciones en los pastizales naturales tendientes a encontrar opciones de modelos y técnicas para el desarrollo sustentable.

g) Minimizar la erosión de suelos.

h) Mantener bajo manejo protectivo o recuperativo, según corresponda, aquellos espacios que constituyen muestras de grandes eco sistemas terrestres de la Provincia y paisajes y formas de relieve singulares o únicos.

i) Proteger y brindar áreas de pastizales naturales cercanas a los centros urbanos para que los habitantes disfruten de una recreación en convivencia con una naturaleza lo mejor conservada posible.

j) Cumplir con los servicios ecosistémicos, tales como la protección del suelo y cuencas hídricas, recarga de acuíferos, captura de carbono, albergue de insectos y aves controladoras de plagas de cultivos, provisión de paisajes.

k) Dotar a los pastizales naturales de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios, que permita la investigación científica de los ecosistemas y sus componentes, el desarrollo de actividades educativas y la implementación del sistema de control y vigilancia.

l) Incentivar producciones compatibles con los pastizales naturales, como la ganadería y la apicultura entre otras, procurando establecer medidas que le otorguen beneficios diferenciales a los productos provenientes de estas zonas.

m) Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y de los pastizales naturales en particular, por iniciativa de la autoridad de aplicación o en coordinación con establecimientos educativos de todos los niveles.-

CAPÍTULO III: AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 5°.- La Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales dependiente de la Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos o quien la reemplace en el futuro, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley y el órgano ejecutor de la política provincial de pastizales naturales, en el marco de los objetivos establecidos en el Articulo 4°.

Artículo 6°.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:

a) Entender en la conservación, el manejo y la fiscalización de las superficies de pastizales naturales sujetas a su jurisdicción.

b) Elaborar y aprobar Planes de Manejo y Conservación para la gestión de las áreas sujetas a su jurisdicción, los que preverán las acciones a cumplirse en cuanto a la protección y conservación de los recursos naturales, de los eco sistemas y de la calidad ambiental de los asentamiento s humanos.

c) Promover la educación ambiental en todos los niveles educativos, especialmente en la temática de manejo y conservación de pastizales naturales.

d) Promover la realización de estudios e investigaciones científicas, censos de poblaciones, encuestas de visitantes y relevamientos e inventarios de recursos naturales existentes en los pastizales naturales.

e) Intervenir obligatoriamente, a los fines de la previsión y control del impacto ambiental, en el estudio, programación y autorización de cualquier proyecto de obra pública a realizarse en las áreas de pastizales naturales sujetas a su jurisdicción, en coordinación con las demás autoridades competentes en la materia.

f) Autorizar y fiscalizar los proyectos de obras de aprovechamiento de recursos naturales de carácter privado, fijando normas para su ejecución, a fin de asegurar el debido control de su impacto ambiental.

g) Dictar normas generales para la planificación de las vías de acceso y de los circuitos camineros en las áreas de pastizales naturales, a fin de minimizar el impacto ambiental. En caso de tratarse de rutas provinciales o nacionales, la autoridad vial deberá dar intervención a la autoridad de aplicación en el estudio del trazado, a los fines establecidos en el párrafo anterior y someter a su aprobación el proyecto definitivo.

h) Establecer regímenes sobre acceso, permanencia, tránsito y actividades recreativas de las áreas pastizales naturales sujetas a su jurisdicción y el control de su cumplimiento.

i) Favorecer toda la colaboración recíproca necesaria con las autoridades provinciales, municipales y comunales para el mejor cumplimiento de sus respectivos fines.

j) Celebrar convenios con las autoridades provinciales a fin de coordinar con ellas el ejercicio del poder de policía cuando ello resultare conveniente para su mejor control de las actividades de que se trate.

k) Celebrar convenios con municipalidades, comunas, entidades públicas o privadas, sociedades del Estado o empresas del Estado o con participación mayoritaria estatal, ya sean nacionales, internacionales, provinciales o municipales, para el mejor cumplimiento de los fines de la presente ley.

l) Celebrar convenios de intercambio y de asistencia técnica y financiera de carácter internacional, que hagan al mejor cumplimiento de los fines de la presente ley.

m) Aplicar sanciones por infracciones a la presente ley y de acuerdo con las normas que en ella se establecen.

n) Dictar todas las reglamentaciones que sean necesarias a los fines de la aplicación de la presente ley, siempre que hayan sido delegadas por la misma o por decretos reglamentarios.-

Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación incentivará la creación de Asociaciones Cooperadoras de los sitios de pastizales naturales y la constitución de Cooperativas integradas por pobladores de las jurisdicciones vinculadas a estas áreas, a los fines del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las zonas en que ello sea permitido mediante el otorgamiento de beneficios de distinta índole, los cuales se establecerán en las normas reglamentarias que se dicten, así como la participación de las mencionadas cooperativas en las obras y servicios que deban ejecutarse en las áreas sujetas a su jurisdicción.-

Artículo 8°.- En todos los actos administrativos vinculados con atribuciones y deberes comprendidos dentro de lo establecido en la presente ley, se deberá dar intervención previa a la autoridad de aplicación.-

CAPÍTULO IV: RESERVAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Artículo 9°.- Se entiende por Reservas Públicas, aquellos predios de dominio público provincial, municipal o comunal, que conservan rasgos naturales de interés educativo o turístico, que permitan la subsistencia en zonas urbanas o periurbanas de aspectos naturales dignos de conservarse, y que sean declarados como tales por las autoridades pertinentes.-

Artículo 10°.- Para la incorporación de un predio de dominio municipal dentro del presente sistema la Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con el municipio, quedando bajo la regulación de la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.-

Artículo 11°.- Se entiende por Reservas Privadas aquellas áreas de dominio de particulares que mediante convenios especiales con la autoridad de aplicación pasen a integrar el Sistema de Pastizales Naturales dentro de los principios establecidos en esta ley.-

Artículo 12°.- Se establecerá en las normas reglamentarias que se dicten, un régimen de adhesión a la categoría de Reserva Privada, el cual, a modo de estímulo, contemplará suficientes beneficios impositivos, fiscales y/o crediticios, previo convenio con la Autoridad de Aplicación.-

Artículo 13°.- La Autoridad de Aplicación será la responsable de la administración, manejo y contralor de las áreas de su dominio y jurisdicción.-

Artículo 14°.- La Autoridad de Aplicación establecerá un régimen de control, vigilancia y señalización de las Reservas Privadas, que en virtud de convenios pasen a integrar el Sistema de Pastizales Naturales.-

CAPÍTULO V: ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE PASTIZALES NATURALES (ICP)

Artículo 15°.- Establécese el Índice de Contribución a la Conservación de Pastizales Naturales (ICP) para establecimientos rurales en el ámbito de la Provincia, a través del cual se obtendrán las calificaciones necesarias para la selección y promoción de establecimientos rurales para su ingreso al Régimen de Reservas Naturales Privadas, previsto en la correspondiente ley.-

Artículo 16°.- El Índice de Contribución a la Conservación de Pastizales Naturales (ICP) para establecimientos rurales, incidirá en la ecuación de liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural, pudiendo morigerar las obligaciones de productores con actitud conservacionista (proveedores de servicios ecosistémicos) o aumentar las alicuotas de aquellos productores que aún en zonas de gran valor agroecológico (con impuestos menores), resuelvan el reemplazo de los ambientes naturales.-

Artículo 17°.- Se trabajará en conjunto con otras instituciones y se celebrarán convenios de trabajo para la ejecución de tareas de campo y mediciones de satélite entre organismos públicos y privados, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las Universidades que se desempeñan en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, organismos de investigación dependientes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre otros.-

CAPÍTULO VI: LOS INCENTIVOS

Artículo 18°.- Los adherentes a la presente ley, y a modo de incentivo por la adhesión al régimen de Reservas Privadas gozarán de beneficios impositivos, fiscales y crediticios.-

Artículo 19°.- El Poder Ejecutivo podrá exceptuar o reducir la carga tributaría del impuesto inmobiliario sobre la superficie afectada como pastizal natural, durante el plazo que el mismo estipule y si se da cumplimiento a las normativas. La Autoridad de Aplicación fijará los plazos y los porcentajes que se reducirán del Impuesto Inmobiliario, según el área. Asimismo, podrá contemplar otros estímulos para motivar la concreción de las mencionadas áreas. La implementación será de forma gradual, y no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del impuesto determinado.-

Artículo 20°.- Al formalizarse la adhesión se requerirá que el o los propietarios tengan regularizada su situación impositiva.-

Artículo 21°.- Los propietarios y productores que se acojan al régimen de la presente ley podrán recibir, de acuerdo a las modalidades que correspondan los siguientes beneficios:

a) Créditos en condiciones de fomento, con destino al desarrollo sustentable y al adecuado manejo de los pastizales naturales. En la reglamentación se fijarán los porcentajes de financiamiento, en función de los siguientes parámetros: zonas de localización, especie y proyección socioeconómica del proyecto. Estos indicadores serán prioritarios, pero no necesariamente en el orden expuesto. Los intereses devengados por cada integración, deberán ser pagados dentro del periodo de gracia. En todos los casos los préstamos deberán ser respaldados mediante la constitución de garantías reales.

b) Subsidios a programas de conservación de pastizales naturales, no concurrentes con otras promociones o incentivos de carácter comunal, municipal, provincial, nacional o internacional. La Autoridad de Aplicación, en función de los costos de la conservación de pastizales naturales, establecerá los montos y cupos anuales que solventará el Fondo de Protección de los pastizales naturales, determinando zonas, especies y niveles de promoción, los que serán dados a publicidad en tiempo y forma.-

Artículo 22°.- La Autoridad de Aplicación certificará el cumplimiento de las pautas y plazos contenidos en el Plan de Manejo y Conservación de Pastizales Naturales y comunicará a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el momento a partir del cual los adherentes acceden a los beneficios previstos en los Artículos 18, 19 Y 21.-

Artículo 23°.- Las actividades incentivadas obligarán a los interesados a:

a) Presentar un plan de trabajo aprobado por la Autoridad de Aplicación y avalado por un profesional competente, quien será el responsable técnico solidario del cumplimiento del plan propuesto.

b) Realizar las certificaciones profesionales correspondientes al grado de avance del proyecto. La aprobación de tales certificaciones permitirá acceder a los fondos destinados a la promoción, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.-

CAPÍTULO VII: DEL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PASTIZALES NATURALES

Artículo 24°.- Créase el Fondo para la Protección de los Pastizales Naturales, de carácter acumulativo, el que estará integrado por los siguientes recursos:

a) Aquellos que el Poder Ejecutivo Provincial afecte presupuestariamente.

b) Los aportes provenientes del Gobierno Nacional u otros organismos nacionales e internacionales, públicos o privados.

c) Los importes percibidos por la aplicación del canon a la sustitución permanente de los pastizales naturales.

d) Las recaudaciones por infracciones a la presente ley y su decreto reglamentario.

e) Las contribuciones voluntarias de personas humanas y juridicas.

f) Un porcentaje preestablecido proveniente de la desgravación impositiva por aprobación de proyecto presentado.-

Artículo 25°.- De los recursos incorporados al Fondo de Protección de los Pastizales Naturales, deberá destinarse un porcentaje a la promoción de la conservación de los pastizales naturales. El saldo podrá ser utilizado en tareas de mantenimiento y producción de viveros, investigaciones, capacitación, equipamiento y los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley. Si los recursos destinados a promover la conservación de los pastizales naturales no fueran utilizados en su totalidad en cada campaña de promoción, la autoridad de aplicación podrá disponer su utilización para atender los otros aspectos que contempla el destino del Fondo de Protección de los Pastizales Naturales.-

CAPÍTULO VIII: RÉGIMEN SANCIONATORIO Y ACCIONES JUDlCIALES

Artículo 26°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a realizar las inspecciones relativas al cumplimiento de la presente ley. Ante la negativa del propietario, usufructuario, arrendatario u ocupante por cualquier título, en permítir las inspecciones a la Autoridad de Aplicación, se recurrirá a la vía judicial para lograrlo, mediante la sustanciación del procedimiento sumarísimo.-

Artículo 27°.- Las infracciones que pudieren cometerse con relación a lo dispuesto por la presente ley, su reglamentación y las disposiciones que por vía resolutiva adoptare la Autoridad de Aplicación, se sancionarán con las penalidades que a continuación se expresan, teniendo siempre en cuenta la gravedad de la infracción:

a) Apercibimiento verbal o escrito.

b) Inhabilitación, prohibición de ingreso, expulsión.

c) Suspensión de permísos u otras formas de actividades autorizadas.

d) Cancelación de permisos u otras formas de actividades autorizadas, clausura transitoria o definitiva.

e) Decomiso de bienes muebles, semovientes y de todo elemento que hubiere participado en el acto sancionatorio.

f) Multas: de valor equivalente de 20 a 2.000 litros de nafta común, graduable conforme la gravedad de la acción sancionada y el carácter de reincidente del o los infractores involucrados.

g) Devolución del monto correspondiente a los beneficios desgravatorios del Impuesto Inmobiliario Rural con los intereses actualizados.-

Artículo 28°.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente ley será investigado mediante sumario que tramitará la Autoridad de Aplicación, con sujeción al procedimiento que establezca la reglamentación. La investigación podrá iniciarse de oficio sobre la base de informes, actas o denuncias.-

Artículo 29°.- Quienes realicen cortes o aprovechamientos no autorizados de los pastizales naturales serán pasibles de sanciones o multas establecidas en la reglamentación de la presente ley.-

Artículo 30°.- Las reincidencias en las infracciones indicadas, motivarán que el monto de la multa se duplique, triplique y así proporcionalmente acorde a las reincidencias. No se considerará reincidencia la infracción cometida después de los cinco (5) años.-

Artículo 31°.- Los profesionales actuantes que emitan informes incorrectos o falsos, serán pasibles de:

a) Apercibimiento

b) Suspensión

c) Inhabilitación

En cada caso, las actuaciones serán remitidas al Colegio Profesional correspondiente y al Juez competente si correspondiere.-

Artículo 32°.- El procedimiento especial que por reglamentación se determine, garantizará el derecho a defensa de los presuntos infractores.-

Artículo 33°.- El cobro judicial de los derechos, tasas, contribución de mejoras, cánones, recargos, multas y patentes se efectuará por vía de ejecución fiscal legislada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, sirviendo de suficiente título ejecutivo la certificación de deuda expedida por la autoridad de aplicación.-

Artículo 34°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios con municipalidades, comunas, comisiones de fomento o dependencias policiales, las que podrán percibir, cuando se efectivice el cobro proveniente de infracciones, un porcentaje del monto resultante. -

Artículo 35°.- El incumplimiento de los programas aprobados de promoción de la conservación de pastizales naturales sin justa causa, motivará la inmediata devolución de la totalidad de los importes percibidos, con más los intereses correspondientes.-

Artículo 36°.- Las cuestiones no previstas expresamente en el texto de la presente ley, serán resueltas por la autoridad de aplicación.-

CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 37°.- La Autoridad de Aplicación elevará al Poder Ejecutivo Provincial dentro de los noventa (90) días de la publicación de la presente ley, los proyectos de Decretos Reglamentarios de la misma, y de adecuación de su estructura orgánica a sus normas.-

Artículo 38°.- Comuníquese, etcétera.-

Ley nº 10771
Sancionada: 27.11.2019
Promulgada: 17.12.2019
Publicada: 02.01.2020

Artículo 1°.- La publicación del Boletín Oficial de la Provincia en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, en la forma y condiciones y con las garantías que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial, obligatoria y auténtica.

Artículo 2°.- Las autoridades del Poder Ejecutivo deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la totalidad de los decretos, con sus respectivos anexos, sin excepción, dentro de los 30 días hábiles de la fecha de su dictado.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo garantizará la publicación, vía web, de todos los anexos correspondientes al Boletín Oficial a los efectos del cumplimiento del artículo 2°.

Artículo 4°.- Las disposiciones previstas en la presente ley de ningún modo alteran o menoscaban los derechos que los trabajadores que vienen prestando tareas en el Boletín Oficial y la Imprenta Oficial de la Provincia, tienen adquiridos en mérito a las normas estatutarias, escalafonarias y convencionales vigentes.

Artículo 5°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10774
Sancionada: 27.11.2019
Promulgada: 17.12.2019
Publicada: 02.01.2020

Artículo 1°.- Decláranse como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de potabilización y distribución de agua y el servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la Provincia de Entre Rios.

Artículo 2°.- Entiéndase por servicio esencial, aquel que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población.

Artículo 3°.- En aquellos casos en que por razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran adoptar medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción.

Artículo 4°.- La presente ley es de orden público para todo el territorio Provincial.

Artículo 5°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10768
Sancionada: 03.12.2019
Promulgada: 16.12.2019
Publicada: 19.12.2019

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Entre Ríos, en todos sus términos a la Ley Nacional N°27.499, "Ley Micaela" de capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos.

Artículo 3°.- Créase el "Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres" (en adelante Observatorio), el cual es presidido por la autoridad de aplicación. El Observatorio es integrado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante por cada Cámara del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial, un representante por cada Universidad Pública con asiento en la Provincia y tres (3) representantes de organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas cuyo objeto contemple la defensa de los derechos de las mujeres. Sus integrantes desempeñan funciones ad honorem. Todos los integrantes del Observatorio tienen voz y voto y en caso de empate decide el voto de la presidencia.

Artículo 4°.- Son funciones del Observatorio: el asesoramiento, participación y sugerencia en la materia y sus conclusiones son elevadas, a través de la autoridad de aplicación, al Poder Ejecutivo para su consideración.

Artículo 5°.- El Observatorio certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, las que deberán ser enviadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El Observatorio podrá realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad. Los organismos que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan elaborado o adaptado programas de capacitación en género, deberán utilizar los programas, cursos u otras plataformas de capacitación propuestas por el Observatorio.

Artículo 6°.- Facúltase a la autoridad de aplicación u organismo que este prevea, a la realización de convenios específicos de capacitación con organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas cuyo objeto contemple la defensa de los derechos de las mujeres, Universidades Públicas con asiento en la Provincia, Municipios, Comunas, Poder Ejecutivo Nacional y todo otro ente, organización e institución que considere pertinente.

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación contará con un link de acceso directo en la página web del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, cuyo contenido mínimo debe:

- Difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos.

- Elaborar indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo.

- Identificar a las/os responsables de cumplir con las obligaciones emergentes de la presente y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía.

- Publicar un informe anual sobre el cumplimiento de la dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de máximas autoridades de la Provincia que se han capacitado.

- Publicar una reseña bibliográfica de la vida de Micaela Garcia y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio.

Artículo 8°.- Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente serán intimadas en forma fehaciente por el Observatorio a través de la autoridad de aplicación y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerada falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la web del Observatorio.

Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para garantizar el funcionamiento del Observatario de seguimiento de capacitación en género y violencia contra las mujeres, de conformidad a las posibilidades financieras de la Provincia. Las sucesivas Leyes de Presupuesto deberán contener las respectivas previsiones.

Artículo 10°.- Invítase a los municipios, comunas y Juntas de Gobierno de las localidades de la Provincia a adherir a la presente ley.

Artículo 11°.- Comuníquese, etcétera.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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