Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Ley nº 10805
Sancionada: 10.06.2020
Promulgada: 30.06.2020
Publicada: 02.07.2020

Artículo 1º.- Declárase la Emergencia del Sector Turístico en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2020, que podrá prorrogarse por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, en caso de que se mantenga la emergencia epidemiológica.
Artículo 2º.- Sujetos comprendidos. Serán beneficiarios de la presente ley, las personas humanas o jurídicas que encuadren en las categorías de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas según Resolución 563/19 SEPyME, debidamente registradas y habilitadas por las autoridades competentes que sean declaradas en situación crítica y que tengan por objeto la realización de las siguientes actividades turísticas en todo el territorio de la Provincia:
a – Servicios de transportes con afectación exclusiva para la actividad turística.
B – Hoteles y demás alojamientos turísticos.
C – Complejos termales.
D – Establecimientos gastronómicos.
E – Agencias de viajes y turismo.
F – Guías de turismo, guías especializados y guías de pesca.
G – Toda otra actividad turística que a criterio de la autoridad de aplicación se incluya.
Artículo 3º.- Se considerará situación crítica, cuando la facturación, correspondiente al mes de abril de 2020, sea igual o inferior a la que corresponda al mes de abril de 2019, en términos nominales. En caso que la peticionante del beneficio haya comenzado sus actividades con posterioridad a abril de 2019 se faculta a la autoridad de aplicación a utilizar otro tipo de parámetro a fin de determinarla.
Artículo 4º.- La presente ley otorgará los siguientes beneficios:
a – Asesoramiento y apoyo del Gobierno de la Provincia para obtener en el orden nacional, exenciones impositivas, diferimientos de impuestos, desgravaciones impositivas y cualquier otro beneficio que hubieren previsto las normas nacionales.
B – Prórroga del vencimiento para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes del Régimen General y Régimen Simplificado-locales, devengados en los meses de marzo, abril y mayo del corriente año hasta la finalización del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la Provincia. Los importes correspondientes podrán ser abonados con un Plan Especial Opcional de Facilidades de pagos de hasta doce (12) cuotas mensuales sin interés El vencimiento de la primera cuota operará a los 90 días del mes en que se suscriba el plan.
C – Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los meses de junio, julio y agosto del año 2020. Para que se torne operativa la exención la parte interesada deberá cumplir con los requisitos que a tal fin determine la autoridad de aplicación.
C – Eximir el 50% del Impuesto Inmobiliario a los propietarios de los inmuebles en donde se ejerza la actividad de gastronomía, de hotelería y a quienes acrediten que, sin ser propietarios, tiene a su cargo el pago de dicho tributo, para el 3º al 5º anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano y 2º y 3º anticipo de Impuesto Inmobiliaria Rural y Subrural.
E – Postergar el vencimiento del Impuesto Inmobiliario a los inmuebles en donde se ejerza la actividad de gastronomía y de hotelería, del 3º al 5º anticipo del Impuesto Inmobiliario Urbano y 2º y 3º anticipo del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, hasta la finalización del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la Provincia. Los importes correspondientes podrán ser abonados con un Plan Especial Opcional de Facilidades de Pagos de hasta doce (12) cuotas mensuales sin interés. El vencimiento de la primera cuota operará a los 90 días del mes en que se formalice el plan.
F – Mientras dure la emergencia dispuesta por la presente, no se promoverá ni sustanciarán ejecuciones fiscales provenientes, de impuestos y tasas provinciales y sus accesorios derivados de la actividad del turismo.
G – Todo otro beneficio o incentivo que la autoridad de aplicación considere incorporar en favor de los beneficiados.
Artículo 5º.- Los recursos que ingresen a la Provincia con destino a la actividad turística serán distribuidos en la forma que determine la autoridad de aplicación.
Artículo 6º.- Quedan excluidos de los beneficios otorgados en la presente ley, todas aquellas personas humanas o jurídicas, que directa o indirectamente, brinden servicios relacionados con los juegos de azar y/o apuestas.
Artículo 7º.- Los beneficios establecidos en la presente quedan condicionados a que el beneficiario no genere despidos del personal dependiente en la actividad económica, declarada crítica, durante el período de vigencia de la emergencia. Caso contrario caducarán en forma inmediata los beneficios otorgados por la aplicación de la presente ley.
Artículo 8º.- Será autoridad de aplicación el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico Provincial.
Artículo 9º.- Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley.
Artículo 10º.- La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 11º.— Comuníquese, etc.

Decreto nº 1006/2020 GOB
(Texto actualizado, modificado por Decreto nº 1054/2020 GOB)
Fecha: 03.07.2020
Publicado: 03.07.2020

Artículo 1°.- "Autorizase la actividad de los gimnasios en el territorio provincial, con excepción de las localidades que registren transmisión por conglomerados de COVID-19 oficializados por el Comité de Organización de Emergencia de Salud provincial (COES).-" (Texto Decreto nº 1054/2020 GOB)

Artículo 2º.- Establécese que la autorización prevista en el artículo precedente está supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en los Arts. 6º y 8º del DNU Nº 576/20 PEN, a las del presente decreto y a las normativas del COES aplicables.-

Artículo 3º.- Apruébanse el Protocolo y las Recomendaciones que forman parte del presente, los que deberán ser tenidos en cuenta por las autoridades locales para el desarrollo de la actividad autorizada por el Art. 1º.-

Artículo 4º.- Dispónese que la actividad y los establecimientos que se utilicen como gimnasios deberán contar con la habilitación municipal o comunal, quienes tendrán a su cargo la regulación organizativa, el control y la verificación del cumplimiento del presente acto administrativo conforme lo expresado en los Considerandos.-

Artículo 5º.- Facultase al COES a suspender las habilitaciones conferidas por los municipios o comunas a la actividad, por acto debidamente fundado en razones sanitarias.-

Artículo 6º.- Determinase la vigencia del presente acto administrativo a partir del lunes 6 de julio de 2020.-

Artículo 7º.- El presente decreto será refrendado por las señoras Ministras Secretarias de Estado de Gobierno y Justicia, de Salud y por el señor Ministro Secretario de Estado de Producción.-

Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y archívese. 


PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES PARA HABILITACIÓN DE GIMNASIOS

Este protocolo está basado en documentos elaborados y presentados por Federaciones de Gimnasios y grupos de profesores de Educación Física de las distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, así como de los aportes de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, la Coordinación General del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, y el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de la provincia.
Medidas Generales:
Respecto al distanciamiento.
Promover el distanciamiento social establecido y recomendado por el Ministerio de Salud evitando la concentración de personas. El ingreso de clientes será reducido y dispuesto según el espacio disponible teniendo en cuenta la medida de distanciamiento y el máximo permitido por DNU N° 576/20 PEN en su artículo 8 fijando un máximo de 10 participantes por cada turno.
Se recomienda reducir la ocupación de salas, respetando la distancia mínima de dos metros de separación entre personas al ingreso/egreso y flujo de circulación interno. Para un riguroso cumplimiento de lo antes dicho, se estipula un ingreso limitado de público. Quienes consideren apropiado pueden implementar un sistema de señalización demarcando espacios de atención que mantengan la distancia de 2 metros entre personas.
En cuanto al desarrollo de clases grupales, se obligará a cada responsable del gimnasio a implementar las clases con densidad de ocupación de espacio de una persona cada 5 metros cuadrados.
Implementar Política de acceso y check in: se estima para mayor organización poner a disposición de los clientes un sistema de reserva de turnos con registro previo para asistir al establecimiento. De manera tal de preservar el control de cantidad de clientes en sala o clase. Los datos obligatorios personales que se registren deben estar a disposición de las autoridades sanitarias para las acciones de vigilancia epidemiológica que correspondan.
Diseñar la circulación en el espacio para evitar aglomeraciones y mantener las distancias ideales entre las personas.
Organiza el mobiliario de los espacios comunes de forma tal que exista al menos dos metros de distancia entre sillas, mesas, sillones y cualquier otro dispositivo.
Cada gimnasio debe exhibir cartelería con las principales características de distanciamientos aquí previstas para facilitar el derecho de los clientes a verificar su cumplimiento.
Respecto a desinfección.
Cada espacio de trabajo habrá de contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección permanente de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y los clientes.
Frecuencia de limpieza y desinfección: cada turno de 60 minutos asegurarse la limpieza de lugares de tránsito, superficies de uso continuo y elementos.
Se mantendrá una Ventilación continua de espacios comunes. Si existieran espacios comunes que no cuenten con la ventilación apropiada (natural o mecánica) se recomienda restringir su uso.
Colocar cartelería con indicaciones de: protocolo de seguridad e higiene que sigue el establecimiento, recordatorios preventivos que aplica la OMS y seguimiento de limpieza.
Colocar en espacios visibles un rociador con solución alcohólica sanitizante (alcohol 70%) para que tras el uso de elementos o maquinas, el cliente pueda rociar las superficies y proceder con la desinfección de los materiales usados. Se puede también ofrecer un rociador a cada cliente, lo cual aumenta la efectividad de la medida.
Será responsabilidad del personal y propietarios controlar con rigurosidad que se apliquen las normativas que el establecimiento implemente.
Respecto a la Higiene
Poner a disposición de los clientes alcohol en gel en todos los espacios comunes (se recomienda sea cada 50mts2) y garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos en sanitarios (jabón y toallas de papel).
Pueden incorporarse dispensers con toallas de papel descartables en espacios comunes para evitar el uso de toallas de tela y basureros para el descarte correspondiente.
Incorporar en el acceso al gimnasio una alfombra de hipoclorito diluido para que el cliente pueda higienizar el calzado al ingreso.
Se recomienda no habilitar zona de vestuarios e Implementar un protocolo de limpieza de baños por cada turno.
Otras consideraciones importantes.
Pautar una permanencia máxima en el local de 60 minutos por persona (tiempo considerable para la realización del plan o clase).
De lo antes dicho, verificar cada hora reloj el ingreso del público, utilizando la diferencia de 30 minutos entre turno y turno para realizar tareas de higienización del local y equipos. A su vez, esta pauta organizativa, permitirá una adecuada, ágil y eficiente, organización de la entrada y salida de personas.
Instar a los usuarios a concurrir con sus propios elementos de aseo e hidratación, así como de tapabocas.
Quien estime conveniente puede avanzar en medidas de control y registro de temperatura personal y usuarios al ingreso al establecimiento.
Respecto a las obligaciones de los usuarios.
Se requerirá a los clientes al reingreso una Declaración Jurada en la que exponga su situación: su buen estado de salud, que no viajaron, que no estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior y/o que no estuvieron en contacto con personas infectadas por el COVID-19, y que no presentan síntomas asociados a la infección.
No se permitirá el ingreso de clientes que se nieguen a firmar a Declaración Jurada mencionada en el inciso anterior.
Cada persona ingresará con su botella de agua.
Todas las pertenencias deberán ser llevadas en un equipo de mano. En caso de utilizar el teléfono móvil para acceder a los planes de entrenamiento, llevarlo siempre consigo; evitando apoyarlo en cualquier superficie e higienizándolo permanentemente.
Disponer de un espacio para pertenencias personales, que sea permanentemente desinfectado con alcohol sanitizante 70% entre cada turno.
Respecto al uso de barbijos y guantes en clientes se seguirá las normas recomendadas por el Ministerio de Salud.
Cumplir con las medidas de higiene que se indican para ingresar, permanecer y salir del establecimiento.
De las obligaciones del establecimiento.
El personal será provisto de un equipo básico de protección personal (barbijos, guantes) y promoverá permanentemente el distanciamiento mínimo recomendado.
La provisión de los elementos del personal del gimnasio será realizada por el establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes.
Personal de limpieza: Proveer de equipamientos necesario para la realización de su labor minimizando los riesgos por exposición.
Capacitar al personal en tiempo y forma sobre el nuevo protocolo de higiene y seguridad que implementará el establecimiento.
Actividades grupales: respetar el distanciamiento y al finalizar cada clase el personal/colaboradores debe contar con un mínimo 15 minutos para realizar la limpieza y desinfección pertinente
Respecto al alerta sanitario ante caso sospechoso.
Es responsabilidad del establecimiento notificar si alguna persona del staff o cliente presentara síntomas de enfermedad, para poner en consideración la situación y ante las autoridades pertinentes siguiendo el protocolo pertinente para aislar el caso.
Consideraciones Generales. Características de dispersión del virus
Modo de contagio: las investigaciones realizadas hasta el momento indican que las gotículas dispersadas al toser y estornudar precipitan dentro del metro de distancia, salvo que las acarree una corriente de aire o sean expedidas en el transcurso de una actividad física. Dichas gotículas se depositan luego en diversos materiales.
El virus ingresa al cuerpo por las mucosas de ojos, nariz y boca. Las personas que No deben concurrir a nuevos lugares/actividades son aquellas:
Que presenta síntoma compatible con Covid-19: fiebre (37.5 Cº o más) y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia).
Que haya estado en los últimos 14 días en contacto con casos confirmados de COVID-19; o tenga un antecedente de viaje internacional; o tenga un historial de viaje o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de COVID-19.
Que sea considerado caso sospechoso o confirmado de covid19, o contacto estrecho de
Personas sospechosas
También se deben limitar la concurrencia de personas pertenecientes a grupos de riesgo,
Nota: Se comprenden dentro de las actividades de Gimnasios, a todos aquellas que se desarrollan en establecimientos habilitados para tal fin: Sala de musculación, sala de crossfit, entrenamiento funcional, spinning, sala de pilates y/o yoga, clases grupales de gimnasia aeróbica y deportiva.

Decreto nº 119/2020 MPIyS (1)(2)(3)4)(5)
Fecha: 07.02.2020
Publicado: 21.04.2020

VISTO: La Ley Nacional Nº 27.467, Decreto Nº 4/20 PEN y Resoluciones Nºs. 4/20 y 14/20, emitidas por el Ministerio de Transporte de la Nación; y

CONSIDERANDO:

Que el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) ha sido creado con la finalidad de efectuar compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional; y

Que por artículo 5º del Decreto Nº 652/02 se facultó a la entonces Secretaría de Transporte de la Nación para celebrar convenios con autoridades provinciales y/o municipales a los fines de incluir en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) aquellas líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor urbano de pasajeros de dichas jurisdicciones y por Resolución Nº 82, de fecha 29 de abril de 2002 del ex Ministerio de la Producción de la Nación, se encomendó a la entonces Secretaría de Transporte, dependiente del ex Ministerio de la Producción, a invitar a las provincias y a través de ellas a los municipios, a manifestar su interés en celebrar los convenios referidos; y

Que la Provincia de Entre Ríos, a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos, expresó la voluntad de adherir al régimen de Compensaciones Tarifarias y por su intermedio a los municipios; y

Que a raíz de la expresión de voluntad antes mencionada, por Decreto Nº 2.553/02 SEOySP se dispuso y reglamentó en la Provincia de Entre Ríos la implementación del régimen de compensaciones tarifarias; y

Que, por su parte, el artículo 3º del Decreto Nacional Nº 98, de fecha 6 de febrero de 2007, modificatorio del artículo 2º del Decreto Nº 1.488, de fecha 26 de octubre de 2004, creó el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP) al SISTAU, como refuerzo de las compensaciones tarifarias; y

Que a través del artículo 115º de la Ley Nº 27.467 se derogó el último párrafo del artículo 5º del Decreto Nº 652/2002, dejándose sin efecto los convenios suscriptos entre la ex Secretaría de Transporte y las jurisdicciones provinciales, por aplicación de dicha norma; y

Que, por su parte, el artículo 125 de la Ley Nº 27.467 creó un Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, con el objeto de compensar los posibles desequilibrios financieros que pudieren suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por aplicación del referido artículo 115º, todo ello aplicable al ejercicio presupuestario 2019; y

Que, por otra parte, el mismo inciso a) del artículo 125 de la Ley Nº 27.467 establece como requisito indispensable a los efectos acceder y mantener el beneficio referido que los Estados Provinciales aseguren a todos los municipios comprendidos en el ámbito de sus respectivas Provincias, como mínimo un monto igual al cincuenta por ciento (50%) de las compensaciones abonadas por el Estado Nacional, tanto a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), su Compensación Complementaria Provincial (CCP), y de los montos en pesos representativos del monto compensado por litro respecto de los cupos de combustible asignados en virtud del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial, de conformidad con el procedimiento establecido por la Resolución Nº 23, de fecha 23 de julio de 2003, de la ex Secretaría de Transporte, sus normas modificatorias, concordantes y complementarias, durante el periodo anual 2018; y

Que en dicho marco se suscribieron acuerdos a los fines de la inclusión de las jurisdicciones para percibir la compensación establecida en el artículo 125 de la Ley Nº 27.467, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, convenio que en la Provincia de Entre Ríos fue ratificado por Decreto Nº 4.447/18 MPIyS; y

Que en virtud de las facultades previstas por artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera de la Nación, por Decreto Nº 4 de fecha 2 de enero de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga, a partir del 1º de enero de 2020, de las disposiciones de la Ley 27.467 del Presupuesto General de la Administración Nacional –ejercicio 2019–, sus normas modificatorias y complementarias; y

Que por Resolución Nº 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación se dispuso transferir las acreencias del Fondo de Compensación creado por artículo 125 de la Ley 27.467, prorrogada en virtud de lo dispuesto por Decreto Nº 4/2020 PEN, al fideicomiso creado por artículo 12º del Decreto Nº 976/2001 para que a través de éste se distribuyan tales acreencias entre las jurisdicciones que suscriban los convenios, cuyos modelos fueron aprobados por artículo 5º de la Resolución Nº 14/2020 Ministerio de Transporte de la Nación; y

Que dado que ha concluido el plazo estipulado para la vigencia del convenio ratificado por Decreto Nº 4.447/18 MPIyS, referido a la aplicación del Fondo de Compensación creado por el artículo 125 de la Ley Nº 27.467, corresponde en esta instancia disponer la firma de un nuevo convenio que tendrá vigencia desde el 1º de enero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020, conforme al modelo de convenio aprobado por artículo 5º de la Resolución Nº 14/20 del Ministerio de Transporte de la Nación; y

Que en fecha 30 de enero de 2020 fue suscripto el convenio antes mencionado, por el titular de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, el que fue registrado en el Registro Único de Convenios de la Escribanía Mayor de Gobierno de conformidad a las disposiciones del Decreto Nº 3.565/17 GOB y Resolución Nº 20/17 EMG; y

Que resulta necesario disponer de los recursos provinciales suficientes para no resentir la regularidad del Servicio Público de Transporte de Pasajeros dentro del territorio de la provincia, para lo cual el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, juntamente con la Oficina Provincial de Presupuesto y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, adoptarán las medidas pertinentes para la previsión e incorporación del crédito necesario destinado a cubrir los gastos que se proyecta para el ejercicio presupuestario 2020; y

Que siendo la Provincia destinataria de los recursos provenientes del Fondo de Compensación que se transfieran por el Estado Nacional, para luego asignarlos y distribuirlos a los municipios y/o empresas de transporte que correspondan y, asimismo, para cumplimentar la obligación prevista en la cláusula primera del convenio suscripto y artículo 8º inciso a) de la Resolución Nº 14/20 M.T., este Poder Ejecutivo dispondrá la utilización de la cuenta corriente ya existente en el Banco de la Nación Argentina, Nº 26503900020389, CBU Nº 0110390620039000203892; y

Que es necesaria facultar al Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a disponer mediante resolución, la modificación en la distribución de los fondos asignados por el Ministerio de Transporte de la Nación a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros, de conformidad a las pautas y parámetros que proyecte la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, y siempre que se respeten los porcentajes de distribución asignados a cada municipio, y a suscribir los convenios y/o acuerdos que resulten menester para la mejor implementación y cumplimiento del referido convenio de adhesión; y

Que la Secretaría de Transporte de la Provincia, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, será el órgano de aplicación del presente régimen de compensaciones, debiendo determinar la documentación a solicitar a las empresas de transporte y/o municipios beneficiarios, implementar la metodología más eficiente para cumplir con las disposiciones de la Resolución Nº 14/20 del Ministerio de Transporte de la Nación, y canalizar las controversias que se puedan suscitar en su implementación;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo 1º.— Ratifíquese el convenio –y todos sus anexos– suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Nación, representado por el Secretario de Gestión de Transporte, doctor Walter Eduardo Saieg, y la Provincia de Entre Ríos, representada por el Secretario de Transporte dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, don Néstor Daniel Landra, instrumentos que se adjuntan y forman parte del presente.

Artículo 2º.— Dispónese para la implementación y cumplimiento del convenio que se ratifica por artículo 1º, la utilización de la Cuenta Corriente Nº 2650 3900020389, CBU Nº 0110390620039000203892, del Banco de la Nación Argentina – Sucursal Paraná–.

Artículo 3º.— Facúltase al Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a suscribir los convenios y/o acuerdos que resulten menester para la mejor implementación y cumplimiento del convenio que se ratifica por artículo 1º, incluso con los municipios, empresas proveedoras de combustible y/o empresas de transporte de pasajeros alcanzados por el presente.

Artículo 4º.— Facúltase al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a disponer, mediante resolución, la distribución y/o modificación en la distribución de los fondos asignados por el Ministerio de Transporte de la Nación a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros, de conformidad a las pautas y parámetros que proyecte la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, y siempre que se respeten los porcentajes de distribución asignados a cada municipio, conforme a las normas vigentes y/o modificaciones que surjan en la materia.

Artículo 5º.— Dispónese que el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, juntamente con la Oficina Provincial de Presupuesto y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, adopten las medidas pertinentes para la previsión e incorporación del crédito necesario destinado a cubrir los gastos que se proyecta para el presente ejercicio.

Artículo 6º.— Dispónese que la Secretaría de Transporte del Ministerio Planeamiento, Infraestructura y Servicios actuará como órgano de aplicación, y determinará la documentación a solicitar a las empresas de transporte y/o municipios beneficiarios, e implementará la metodología más eficiente para cumplir con las obligaciones emergentes de la Resolución Nº 14/20 del Ministerio de Transporte de la Nación como, asimismo, con las obligaciones que pudieren surgir de los nuevos convenios y/o adendas a suscribirse.

Artículo 7º.— El presente decreto, será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

Artículo 8º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

 

(2)Decreto nº 779/2020 MPIyS
Fecha: 03.06.2020
Publicado: 01.07.2020

VISTO: la Ley Nacional N° 27.467, Decreto Nº 4/20 PEN, Resoluciones Nº 4/20 y 14/20 emitidas por el Ministerio de Transporte de la Nación y el Decreto Provincial N° 119/20 MPIyS; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las facultades previstas por artículo 27 de la Ley 24.156, de Administración Financiera de la Nación, por Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga a partir del 1°de enero de 2020, de las disposiciones de la Ley 27.467 del presupuesto general de la Administración Nacional, ejercicio 2019, sus normas modificatorias y complementarias;

Que por Resolución N°14/2020 del Ministerio de Transporte de la nación se dispuso transferir las acreencias del Fondo de compensación creado por artículo 125 de la Ley 27.467, prorrogada en virtud de lo dispuesto por Decreto N° 4/2020 PEN, al fideicomiso creado por Art. 12°del Decreto N°976/2001 para que a través de este se distribuyan tales acreencias entre las jurisdicciones que suscriban los convenios cuyos modelos fueron aprobados por artículo 5°de la Resolución N°14/2020 Ministerio de Transporte de la Nación;

Que en función de ello, por Decreto N°119/20 MPIyS se ratificó el convenio y sus anexos suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, cuyo plazo de vigencia se extendió desde el mes de enero hasta el 30 de abril de 2020;

Que en el marco de las disposiciones de la Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación y atento al vencimiento de la vigencia del convenio ratificado por Decreto N° 119/20 MPIyS, en fecha 1 de junio de 2020 fue suscripto un nuevo convenio entre el Ministerio de Transporte de la nación, representado por su titular don Mario Meoni y la Provincia de Entre Ríos, representada por el Sr. Gobernador Cr. Gustavo Bordet, que establece la metodología de distribución de los fondos que se transfieran a la Provincia provenientes del Fondo de Compensación creado por artículo 125 de la Ley 27.467;

Que de las cláusulas de este nuevo convenio, surge el compromiso del Estado Provincial de tomar todas las medidas técnicas y económicas que resulten conducentes a los fines de coadyuvar a la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros por automotor, a no modificar los cuadros tarifarios que se encontraren vigentes, a remitir toda la documentación que le sea requerida a fin de realizar las comprobaciones que correspondan, asi como a informar cualquier novedad de caducidad, baja, transferencia y/o cesión de empresas, líneas o servicios dentro de los 30 días de ocurrido el hecho, para lo cual se hace necesario coordinar dichas acciones con los municipios en los que se preste el servicio;

Que a los efectos de llevar a cabo los mencionados compromisos asumidos, resulta conveniente facultar al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a suscribir con los municipios los correspondientes convenios y/o acuerdos que resulten menester;

Que asimismo resulta necesario disponer de los recursos provinciales suficientes para no resentir la regularidad del servicio público de transporte de pasajeros dentro del territorio de la Provincia, para lo cual el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, conjuntamente con la Oficina Provincial de Presupuesto y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, adoptarán las medidas pertinentes para la previsión e incorporación del crédito necesario destinado a cubrir los gastos que se proyecta para el ejercicio presupuestario 2020;

Que siendo la provincia, destinataria de los recursos provenientes del Fondo de Compensación que se transfieran por el Estado Nacional, para luego asignarlos y distribuirlos a las empresas de transporte que correspondan y asimismo, para cumplimentar la obligación prevista en la cláusula primera del convenio suscripto y artículo 8° inciso a) de la Resolución N° 14/20 MT este Poder Ejecutivo dispondrá la utilización de la cuenta corriente ya existente en el Banco de la Nación Argentina N° 26503900020389, CBU N° 0110390620039000203892;

Que es necesario facultar al Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a disponer mediante resolución la distribución y/o la modificación en la distribución de los fondos destinados a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros, todo de conformidad a las pautas y parámetros que proyecte la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos;

Que la Secretaría de Transporte de la Provincia, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios será el órgano de aplicación a solicitar a las empresas de transporte beneficiarias, implementar la metodología más eficiente para cumplir con las disposiciones de la Resolución Nº 14/20 del Ministerio de Transporte de la Nación, y canalizar las controversias que se puedan suscitar en su implementación;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo 1º.- Dispónese la ejecución del convenio y su anexo, suscripto oportunamente entre el Ministerio de Transporte de la Nación, representado por el Ministro don Mario Meoni y la Provincia de Entre Ríos, instrumentos que se adjuntan y forman parte del presente decreto.

Artículo 2º.- Establécese que para la implementación y cumplimiento del convenio cuya ejecución de dispone por artículo 1º, se mantendrá la utilización de la Cuenta Corriente Nº 1650 390020389, CBE Nº 0220390620039000203892, del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Paraná.

Artículo 3º.- Facúltase al Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a suscribir con los municipios los convenios y/o acuerdos que resulten menester para la mejor implementación y cumplimiento del convenio que se ratifica por artículo 1º.

Artículo 4º.- Facúltase al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a disponer, mediante resolución, la distribución y/o modificación en la distribución de los fondos destinados a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros, de conformidad a las pautas y parámetros que proyecte la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, conforme a las normas vigentes y/o modificaciones que surjan en la materia.

Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a efectivizar a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros, los fondos remitidos por el Estado Nacional en el marco del convenio cuya ejecución se dispone por artículo 1º del presente.

Artículo 6º.- Dispónese que el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, conjuntamente con la Oficina Provincial de Presupuesto y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, adopten las medidas pertinentes para la previsión e incorporación del crédito necesario destinado a cubrir los gastos que se proyecta para el ejercicio presupuestario 2020.

Artículo 7º.- Dispónese que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios actuará como órgano de aplicación y determinará la documentación a solicitar a las empresas de transporte, e implementará la metodología más eficiente para cumplir con las obligaciones emergentes de la Resolución Nº 14/2020, del Ministerio de Transporte de la Nación, como asimismo con las obligaciones que pudieren surgir de los nuevos convenios y/o adendas a suscribirse.

Artículo 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Resolución nº 088/2020 ST
Fecha: 31.07.2020
Publicado: 03.08.2020

VISTO: La Ley Nacional N° 27.467, Decreto N° 4/20 PEN, Resolución Nº 14/20 emitida por el Ministerio de Transporte de la Nación, el Convenio suscripto entre el Sr. Gobernador de Entre Ríos, Cdor. Gustavo Bordet y el Ministro de Transporte de la Nación, D. Mario Meoni en fecha del 1 de junio del corriente y los Decretos Provinciales N° 119/20 y 779/20 MPIyS; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación se dispuso transferir las acreencias del Fondo de Compensación creado por artículo 125 de la Ley 27.467, prorrogada en virtud de lo dispuesto por Decreto N° 4/2020 PEN, al Fideicomiso creado por Art. 12° del Decreto N° 976/2001 para que a través de éste se distribuyan tales acreencias entre las jurisdicciones que suscriban los convenios cuyos modelos fueron aprobados por artículo 5° de la Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación;
Que en función de ello, por Decreto N°119/20 MPIyS se ratificó el convenio y sus anexos suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, cuyo plazo de vigencia se extendió desde el mes de enero hasta el 30 de abril de 2020;
Que en el marco de las disposiciones de la Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, y atento al vencimiento de la vigencia del convenio ratificado por Decreto N° 119/20 MPIyS, en fecha 1 de junio de 2020 fue suscripto un nuevo convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación, representado por su titular, Don Mario Meoni, y la Provincia de Entre Ríos, representada por el Sr. Gobernador Cr. Gustavo Bordet, que establece la metodología de distribución de los fondos que se transfieran a la Provincia provenientes del Fondo de Compensación creado por artículo 125 de la Ley 27.467;
Que de las cláusulas de este nuevo convenio, surge el compromiso del Estado Provincial de tomar todas las medidas económicas que resulten conducentes a los fines de coadyuvar a la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros por automotor; a no modificar los cuadros tarifarios que se encontraren vigentes; a remitir toda documentación que le sea requerida a fin de realizar las comprobaciones que correspondan, así como a informar cualquier novedad de caducidad, baja, transferencia y/o cesión de empresas, líneas o servicios dentro de los 30 días de ocurrido el hecho, para lo cual se hace necesario coordinar dichas acciones con los Municipios en los que se preste el servicio;
Que a los efectos de llevar a cabo los mencionados compromisos asumidos, el Decreto N° 779/2020 MPIyS facultó al Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios a suscribir con los Municipios los correspondientes convenios y/o acuerdos que resulten menester realizar;
Que la Cláusula Octava del convenio suscripto entre el Ministro de Transporte de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos establece in fine el compromiso de hacer aplicar los fondos recibidos prioritariamente al pago de los salarios del personal de las empresas beneficiarias;
Que el Decreto N° 779/2020 dispone la ejecución del Convenio -y su anexo complementario- suscripto entre el Ministro de Transporte de la Nación el Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos en fecha del 1 de junio de 2020, estableciendo en el Artículo 7° que la Secretaría de Transporte de Entre Ríos actuará como Órgano de Aplicación, y determinará la documentación a solicitar a las empresas de transporte, e implementará la metodología más eficiente para cumplir con las obligaciones emergentes de la Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, como asimismo con las obligaciones que pudieren surgir de los nuevos convenios y/o adendas a suscribirse; y
Por ello;
El Secretario de Transporte de la Provincia
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer que las empresas de transporte beneficiarias de los subsidios otorgados en el marco del Convenio aprobado por Decreto Nº 779/20 MPIyS deberán presentar ante la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de la priorización en el pago de las sumas salariales al personal de cada una de las beneficiarias. Tal exigencia deberá cumplimentarse dentro de quince (15) días corridos de recibido los subsidios. La documentación respaldatoria deberá circunscribirse al personal afectado al servicio habilitado para cada una de las beneficiarias, en el territorio de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 2º.- La exigencia establecida en el artículo anterior será aplicable a los periodos ya devengados alcanzados por la vigencia del convenio celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, ejecutado a través del Decreto N° 779/2020.
Artículo 3º.- En caso de verificarse incumplimientos para las cuotas aún no transferidas desde la vigencia de la presente Resolución, será de aplicación el régimen de sanciones y multas consideradas en el Decreto Nº 810/13 MPIyS y/o Resolución Nº 193/19 DGT.-
Artículo 4º.- Comunicar la medida a las empresas prestatarias de servicios, a la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), delegación Entre Ríos y a los Municipios que cuentan con servicios de transporte de pasajeros urbanos.
Artículo 5º.- Registrar, publicar y oportunamente archivar.

 

(3)Resolución 14/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Fecha: 23.1.2020
Publicado: 27.01.2020
RESOL-2020-14-APN-MTR

VISTO el Expediente N° EX-2020-04656328-APN-SECGT#MTR, las Leyes N° 24.156 y N° 27.467, los Decretos N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, Nº 652 de fecha 19 de abril de 2002, N° 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007 y N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 10 de enero de 2020, las Resoluciones Nº 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, Nº 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nº 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, Nº 278 de fecha 12 de diciembre 2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, Nº 651 de fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y las Resoluciones N° 395 de fecha 26 de octubre de 2016, N° 521 de fecha 15 de diciembre de 2016, N° 574 de fecha 2 de julio de 2018, N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018 y N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 se estableció que el ESTADO NACIONAL celebraría un contrato de fideicomiso, actuando éste como fiduciante y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA como fiduciario del mismo.

Que el contrato de fideicomiso mencionado ha sido suscripto en fecha 13 de septiembre de 2001, cuyo modelo fuere aprobado por la Resolución Nº 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Que mediante el dictado de las Resoluciones Nº 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nº 278 de fecha 12 de diciembre 2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y N° 574 de fecha 2 de julio de 2018, N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018 y N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se efectuaron modificaciones al referido contrato de fideicomiso.

Que por el Decreto Nº 652 de fecha 19 de abril de 2002 se estableció el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) con la finalidad de efectuar compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.

Que de conformidad con la facultad concedida por el último párrafo del artículo 5º del Decreto Nº 652/2002, la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE procedió oportunamente a suscribir con la máxima autoridad competente de cada jurisdicción provincial convenios a los fines de incluir en el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) aquellas líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor urbano y suburbano de pasajeros de dichas jurisdicciones.

Que, por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 98 de fecha 6 de febrero de 2007, modificatorio del artículo 2° del Decreto N° 1488 de fecha 26 de octubre de 2004, creó el Régimen de la Compensación Complementaria Provincial (CCP), como refuerzo de las compensaciones tarifarias otorgadas en el marco del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) a las empresas no incluidas en la REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Que a través del artículo 115 de la Ley N° 27.467 se derogó el último párrafo del artículo 5° del Decreto N° 652/02 y se dejaron, en consecuencia, sin efecto los convenios suscriptos entre la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE y las jurisdicciones provinciales, por los cuales se encontraban incluidas dentro del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) las líneas de transporte afectadas al servicio público por automotor urbano y suburbano de pasajeros ajenas al AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Que también por el artículo 115 de la mencionada ley se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL para que a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE proceda a la designación de beneficiarios en el marco del fideicomiso creado en virtud del Decreto N° 976/2001.

Que, asimismo, el artículo 125 de la Ley N° 27.467 creó un Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, con el objeto de compensar los desequilibrios financieros que pudieren suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por aplicación del referido artículo 115, asignándosele a dicho fondo la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES ($6.500.000.000.-).

Que por medio del inciso a) del referido artículo 125, se asignó hasta una suma de PESOS CINCO MIL MILLONES ($5.000.000.000) a aquellas jurisdicciones que no percibían compensaciones en concepto de atributo social interior, debiendo las provincias asegurar a todos los municipios comprendidos en sus respectivas jurisdicciones, sean estos beneficiarios o no de la compensación por atributo social interior, como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las compensaciones abonadas por el ESTADO NACIONAL, tanto a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), como de la COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), como asimismo en concepto de combustible, durante el período anual 2018.

Que, asimismo, el inciso a) del artículo 125 de la Ley N° 27.467 determinó que la distribución de los montos allí asignados se realizaría de acuerdo a la participación de cada una de las jurisdicciones, sin considerar los montos liquidados en el marco de la compensación por atributo social, respecto del total de compensaciones abonadas por el ESTADO NACIONAL a la totalidad de dichas jurisdicciones en el año 2018.

Que a través del inciso b) del mismo artículo 125 de la Ley N° 27.467 se asignó un monto de hasta PESOS UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000.-) con el objeto de compensar los desequilibrios financieros que pudieren suscitarse como consecuencia de las modificaciones producidas por aplicación del artículo 115 de la misma Ley, con destino a aquellas jurisdicciones que recibían al 31 de diciembre de 2018 compensaciones por parte del ESTADO NACIONAL.

Que, en dicho marco, se suscribieron nuevos acuerdos a los fines de la inclusión de las jurisdicciones para percibir la compensación establecida en el artículo 125 de la Ley Nº 27.467, con vigencia al 31 de diciembre de 2019.

Que el artículo 27 de la Ley N° 24.156 establece que si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con los ajustes que debe introducir el PODER EJECUTIVO NACIONAL en los presupuestos de la Administración Central y de los organismos descentralizados.

Que el inciso 2) del referido artículo 27 de la Ley N° 24.156 estipula respecto del presupuesto de gastos, que se eliminarán los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos, que se incluirán los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios y que se adaptarán los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

Que los montos asignados al Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país han sido ejecutados durante el ejercicio 2019.

Que en virtud de lo prescripto en el artículo 27 de la Ley N° 24.156, por el Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, sus normas modificatorias y complementarias, rigen a partir del 1° de enero de 2020.

Que por el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 10 de enero de 2020 se determinaron los Recursos y Créditos Presupuestarios correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, con las adecuaciones institucionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL establecidas por los Decretos N° 7 del 10 de diciembre de 2019 y N° 50 del 19 de diciembre de 2019, de acuerdo con el detalle de las planillas anexas al mencionado artículo.

Que dado que ha concluido el plazo estipulado para la vigencia de los convenios suscriptos con las jurisdicciones del interior del país referidos a la aplicación del Fondo de Compensación creado por el artículo 125 de la Ley Nº 27.467, corresponde en esta instancia disponer la firma de nuevos convenios con las Jurisdicciones Provinciales y Municipales, los que tendrán vigencia desde el 1° de enero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020.

Que el artículo 125 de la Ley N° 27.467 determina que el MINISTERIO DE TRANSPORTE resulta el encargado de reglamentar los criterios de asignación y distribución del fondo creado por el mismo artículo, como asimismo toda la normativa reglamentaria y aclaratoria que resulte menester.

Que en el marco de la asignación establecida para el Fondo Compensador, de conformidad con el inciso a) del artículo 125 de la Ley N° 27.467 y la prórroga establecida por el Decreto N° 4 del 2 de enero de 2020, a efectos de establecer los montos mensuales de las acreencias a transferir durante el primer cuatrimestre de 2020 respecto de los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano del interior del país de tipo provincial y municipal, se tendrán en cuenta los cupos de combustible asignados en el marco del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial asignados durante el mes de diciembre de 2018, de conformidad con el procedimiento establecido por la Resolución Nº 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, sus normas concordantes y complementarias, los agentes computables en los términos del artículo 5° del Anexo I de la Resolución N° 395 del 26 de octubre de 2016 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus complementarias y una asignación mensual a abonar, a fin de cubrir desequilibrios financieros en las jurisdicciones que no son beneficiarias del Atributo Social Interior creado por la Resolución Nº 651 de fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificada por la Resolución Nº 521 de fecha 15 de diciembre de 2016 de este MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que a los fines de generar condiciones equitativas para todos los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano del interior del país, a los efectos de la asignación de montos mensuales a distribuir en el primer cuatrimestre de 2020, en el marco de la asignación dispuesta por el inciso b) del artículo 125 de la Ley N° 27.467 y su prórroga, deberán tenerse en cuenta los criterios atinentes al combustible y a los agentes computables referidos en el considerando anterior, habida cuenta de que las jurisdicciones beneficiarias del presente Fondo perciben del ESTADO NACIONAL la compensación por Atributo Social Interior.

Que, asimismo, la experiencia colectada ha demostrado que ciertas jurisdicciones requieren una asistencia específica, dado que en las mismas se presentan situaciones extraordinarias en las que una parte de sus servicios percibe del ESTADO NACIONAL la compensación por Atributo Social Interior y otra no, por lo que se requiere otorgar a las mismas un tratamiento normativo específico que determine el temperamento a adoptar en estos casos, guardando un estricto sentido de ecuanimidad.

Que, a su vez, corresponde que las Jurisdicciones Municipales correspondientes al ejido territorial de provincias que no hayan suscripto el Convenio correspondiente, sean beneficiarias del Fondo Compensador creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467 y su prórroga, otorgándoles a tal efecto la posibilidad de que las mismas celebren con este MINISTERIO DE TRANSPORTE el Convenio pertinente.

Que, por otra parte, se requiere como requisito indispensable a los efectos de acceder y mantener el beneficio referido que los Estados Provinciales, indistintamente de si los mismos se encuentran o no comprendidos en la compensación por Atributo Social, aseguren a todos los municipios comprendidos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, de como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las compensaciones abonadas por el ESTADO NACIONAL, tanto a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), como asimismo en concepto de combustible, siempre tomando como base los valores del período 2018.

Que al igual que para las erogaciones del año 2019 efectuadas en virtud de lo establecido en los artículos 1° de las Resoluciones N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018 y N° 1086 de fecha 11 de diciembre de 2018, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, resulta necesario que las erogaciones del primer cuatrimestre del presente ejercicio deban ser efectuadas a través del FIDEICOMISO creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976/2001, correspondiendo en consecuencia proceder a la designación como beneficiarios del mismo a los Estados Provinciales de la REPÚBLICA ARGENTINA, a efectos de llevar a cabo la transferencia de las acreencias liquidadas en el marco de la compensación establecida.

Que con el objeto de verificar que las transferencias efectuadas por las jurisdicciones provinciales que resulten beneficiarias del Fondo de Compensación en trato, resulten concordantes con lo establecido al respecto por la normativa vigente a tal efecto, corresponde establecer un procedimiento conforme el cual las jurisdicciones provinciales remitan a la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL, y ésta a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme las competencias asignadas por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, durante cada uno de los períodos mensuales de aplicación del fondo referido, un informe relativo a la distribución que hubiesen realizado de los montos que surjan del mismo.

Que, por último, resulta menester efectuar adecuaciones al Contrato del Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto Nº 976/2001, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en la presente resolución, e invitar al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para que en su carácter de Fiduciario del mismo suscriba todas y cada una de las adecuaciones conjuntamente con este MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 115 y 125 de la Ley Nº 27.467, prorrogada por el N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, y los Decretos N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 1º de noviembre de 2001 y Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019.

Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Transfiéranse las acreencias del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467, la cual fuera prorrogada por el Decreto N° 4 del 2 de enero de 2020, al Fideicomiso creado por el artículo 12 del Decreto Nº 976/2001, en los términos del inciso e) del artículo 20 de dicho decreto, con el fin único de compensar los desequilibrios financieros que pudieran suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por aplicación del artículo 115 de la Ley N° 27.467.

ARTÍCULO 2º.- El Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467, con destino a las jurisdicciones beneficiarias establecidas en el inciso a) de la norma precedentemente mencionada, será distribuido por el término de CIENTO VEINTE (120) días en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por un total de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 99/100 ($1.187.167.305,99.-) conforme al ANEXO I (IF-2020-05171807-APN-SECGT#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución.

A los efectos de la distribución de este Fondo de Compensación se tomarán en cuenta las jurisdicciones que resultaban beneficiarias del Atributo Social Interior hasta el mes de diciembre de 2018.

Las jurisdicciones que se hubiesen incorporado al SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO durante 2019 no percibirán el Atributo Social Interior durante la vigencia de la presente resolución, sino que serán incluidas en la liquidación del Fondo de Compensación reglamentado por el presente artículo.

Aquellas jurisdicciones provinciales y municipales en las que una parte de los servicios urbanos y suburbanos que se desarrollan en su ejido territorial perciban Atributo Social Interior y otra no lo perciba, podrán acceder a las acreencias referidas en el primer párrafo del presente, exclusivamente para aquellos servicios que no son beneficiarios de la aludida compensación tarifaria, a cuyo efecto la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS, o la que en el futuro la reemplace, detraerá del monto a abonar la suma que corresponda a los servicios incluidos en la compensación por Atributo Social Interior, de acuerdo a lo previsto en el ANEXO I que por el presente artículo se aprueba.

ARTÍCULO 3º.- El Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467, con destino a las jurisdicciones beneficiarias establecidas en el inciso b) del artículo antes citado, será distribuido por el término de CIENTO VEINTE (120) días en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por un total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 99/100 ($329.203.957,99.-) conforme al ANEXO II (IF-2020-05246659-APN-SECGT#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Serán beneficiarios del Fideicomiso creado por el artículo 12 del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001, a los efectos de operativizar la transferencia de las acreencias liquidadas conforme los artículos 2° y 3° de la presente resolución, los Estados Provinciales de la REPÚBLICA ARGENTINA que procedan a la suscripción del Convenio aprobado por el artículo 5° del presente texto y a la apertura de la Cuenta Especial, a la que se refiere el inciso a) del artículo 8° de la presente resolución.

A su vez, serán beneficiarias del Fideicomiso a los mismos fines mencionados en el párrafo precedente, las Jurisdicciones Municipales correspondientes al ejido territorial de provincias cuando estas últimas no hayan suscripto el Convenio referido en el párrafo precedente, siempre que las mismas celebren con este MINISTERIO DE TRANSPORTE el Convenio aprobado por el artículo 5° de la presente resolución y a la apertura de la Cuenta Especial a la que se refiere el inciso a) del artículo 8° de la presente medida.

ARTICULO 5º.- Apruébase el convenio a ser suscripto por las jurisdicciones provinciales con anterioridad al 16 de marzo de 2020 inclusive, cuyo refrendo por parte de la máxima autoridad competente en materia de transporte de cada jurisdicción será condición necesaria para acceder y mantener el derecho a la percepción de las acreencias establecidas en los artículos 2° y 3° de la presente resolución, conforme el ANEXO III (IF-2020-05156846-APN-SECGT#MTR) que forma parte integrante de la presente medida.

En el caso de que alguna provincia no suscribiese el referido Convenio en el término indicado, una vez vencido el mismo, los municipios correspondientes a su ejido territorial podrán suscribirlo hasta el 18 de marzo de 2020 inclusive, debiendo ser el mismo refrendado por la máxima autoridad municipal con competencia en materia de transporte, o por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Municipal.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Resolución N° 50/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/3/2020)

ARTICULO 6º.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL y/o la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y/o la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, procedan a suscribir los convenios aludidos en el artículo precedente.

ARTÍCULO 7°.- EL MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o la Secretaría de este Ministerio a la que se encuentre asignada la competencia específica para tal efecto por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 o el que en el futuro lo sustituya, instruirá al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para que, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso creado en virtud del Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio de 2001, proceda a transferir a la Cuenta Especial de cada jurisdicción las acreencias que resulten de la aplicación de los ANEXOS I y II de la presente medida.

Los Estados Provinciales efectuarán la distribución de las acreencias liquidadas a cada uno de los municipios de su jurisdicción y a las empresas prestatarias del servicio público por automotor de pasajeros de tipo provincial.

A su vez, los municipios, sea que perciban las acreencias desde los Estados Provinciales o directamente desde el Estado Nacional, distribuirán las referidas acreencias entre las empresas de sus jurisdicciones, y en todos los casos deberán realizarse las transferencias correspondientes durante el período mensual en el cual han recibido el depósito de los fondos referidos en las respectivas Cuentas Especiales.

ARTÍCULO 8°.- Establécese que a los fines de acceder y mantener el derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos conforme al procedimiento de distribución establecido en la presente resolución, los Estados Provinciales y Municipales de la REPÚBLICA ARGENTINA que se encuentren incluidos en la compensación establecida en el artículo 125 de la Ley N° 27.467, deberán observar las siguientes condiciones:

a. Proceder a la apertura de una Cuenta Especial en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, la cual tendrá como único objeto la transferencia por parte del ESTADO NACIONAL de las acreencias liquidadas en el marco de la presente resolución.

b. Suscribir y dar cabal cumplimiento a cada uno de los términos establecidos en el Convenio a que refiere el artículo 5º del presente texto resolutivo.

La condición de beneficiario del Estado Provincial o Municipal de que se trate procederá a partir de la firma del Convenio, de conformidad con los plazos establecidos para tal efecto, lo cual habilitará a percibir las acreencias del Fondo Compensador desde la primera cuota.

c. Los Estados Provinciales de la REPÚBLICA ARGENTINA deberán efectivizar durante cada período mensual la transferencia a cada uno de los Municipios de su Jurisdicción, ya sea que los mismos se encuentren o no incluidos en la compensación por Atributo Social establecida por la Resolución Nº 651 de fecha 29 de abril de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, modificada por la Resolución Nº 521 de fecha 15 de diciembre de 2016 de este Ministerio, de como mínimo un monto igual al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la participación de cada uno de ellos respecto de la suma de acreencias liquidadas por el ESTADO NACIONAL durante el período anual 2018, a través del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), y de los montos en pesos representativos de los cupos asignados en el marco del Régimen de Gasoil a Precio Diferencial, de acuerdo al procedimiento establecido por la Resolución Nº 23 de fecha 23 de julio de 2003 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, sus normas concordantes y complementarias; todo ello de conformidad con los montos expuestos en el ANEXO IV (IF-2020-05171321-APN-SECGT#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución.

d. Los Estados Provinciales y los municipios que perciban las acreencias directamente desde el ESTADO NACIONAL deberán proceder de manera mensual a la presentación de la información referida en el PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN, obrante como ANEXO V (IF-2020-14061652-APN-SECGT#MTR) que forma parte integrante de la presente medida.

En el supuesto de omitirse la presentación de la documentación enumerada en el referido ANEXO V, o en el caso de que la misma presente inconsistencias, se procederá a la suspensión preventiva del beneficio, comunicándose a la jurisdicción afectada los recaudos que deberá cumplir para el restablecimiento del mismo, reteniéndose dichos fondos hasta tanto la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS resuelva su liberación, en base a la información remitida por la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, ambas dependientes del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

En caso que, por haberse transferido, modificado, sustituido o caducado servicios públicos de transporte por automotor en las jurisdicciones beneficiarias, se verificase la necesidad de redistribuir los fondos transferidos desde el ESTADO NACIONAL entre las distintas operadoras del sistema, la jurisdicción deberá documentar y justificar esta situación conforme lo expuesto en el punto 3 del ANEXO V.a de la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

El plazo para la subsanación de irregularidades expirará el 18 de mayo de 2020. (Inciso d) sustituido por art. 7° de la Resolución N° 50/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/3/2020)

ARTÍCULO 9°.- Establécese que una vez finalizado el período mensual de devengamiento de los fondos a distribuir conforme los artículos 2° y 3° de la presente resolución, los beneficiarios de cada uno de los regímenes mencionados contarán con un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos a efectos de solicitar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE de este Ministerio las revisiones que estimen correspondientes sobre cualquier aspecto relativo a la liquidación efectuada, la que -en caso de corresponder- procederá a elaborar una liquidación rectificativa.

ARTÍCULO 10.- En caso de que se presentasen situaciones extraordinarias en las que se verificase la existencia de un desequilibrio financiero en el sistema de transporte, las jurisdicciones provinciales y municipales podrán solicitar una asistencia excepcional, solicitud que será analizada por la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR y, de corresponder, hacerse lugar al pedido.

Los recursos necesarios serán detraídos de las acreencias a las que se refiere el inciso b) del artículo 125 de la Ley N° 27.467, previa autorización de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE de este Ministerio.

A los efectos descriptos en el primer párrafo del presente artículo, se aplicará el procedimiento que como ANEXO VII (IF-2020-14061738-APN-SECGT#MTR) se aprueba por la presente resolución para el tratamiento de las solicitudes que se recibiesen en el ámbito de este Ministerio.

Los fondos que se asignen en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, deberán ser rendidos conforme lo expuesto en el ANEXO V. Esta rendición deberá ser efectuada dentro de los DIEZ (10) días corridos de realizada la transferencia a la jurisdicción correspondiente. La mencionada rendición, resultará condición necesaria para efectuar la siguiente transferencia.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Resolución N° 50/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/3/2020)

ARTÍCULO 11.- Aquellos montos que pudieren resultar remanentes de entre los mencionados en los artículos 2° y 3° de la presente resolución, una vez efectuadas las liquidaciones rectificativas, podrán ser reasignados de conformidad con los criterios que oportunamente establezca este MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Respecto de los referidos montos, la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE procederá a analizar y, de corresponder, propiciará e instruirá las acciones tendientes a la transferencia de los fondos pertinentes.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Resolución N° 50/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/3/2020)

ARTÍCULO 11 BIS.- Las acreencias a las que se refieren los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 14/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, serán transferidas a la Jurisdicción Provincial a fin de que ésta proceda a transferir los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales, salvo manifestación en contrario, efectuada por medio fehaciente por parte de la Jurisdicción Municipal.

(Artículo incorporado por art. 5° de la Resolución N° 50/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/3/2020)

ARTÍCULO 12.- Apruébanse las modificaciones al Contrato de Fideicomiso suscripto el 13 de septiembre de 2001 entre el ESTADO NACIONAL en su carácter de Fiduciante y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en su carácter de Fiduciario, que fuera aprobado por la Resolución Nº 308 de fecha 4 de septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, con las modificaciones introducidas por la Resolución Nº 33 de fecha 17 de mayo de 2002 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Resolución Nº 278 de fecha 12 de diciembre 2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS y las Resoluciones Nº 574 de fecha 2 de julio de 2018 y N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme al ANEXO VI (IF-2020-05156695-APN-SECGT#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución.

Asimismo, se invita al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la suscripción de las modificaciones al Contrato de Fideicomiso previamente aprobadas, de manera conjunta con este MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII, AnexoIII, AnexoIV, AnexoVI, AnexoVII) (Anexo VII incorporado por art. 2° de la Resolución N° 50/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/3/2020. Por art.1° de la Resolución)

(ANEXO V y Anexo V.a sustituido por art. 1° de la Resolución N° 50/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/3/2020.)

                                                                                                                                                ANEXO V

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN N° 14 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2020 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 1°.- Establécese que las jurisdicciones beneficiarias del Fondo de Compensación creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467 y prorrogado por el Decreto N° 4 de fecha 2 de enero de 2020, durante la vigencia del convenio aprobado por la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, deberán remitir mensualmente a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, del MINISTERIO DE TRANSPORTE, una declaración jurada conforme al modelo que se incluye en la presente como ANEXO V.a, suscripta por la máxima autoridad competente en materia de transporte de la jurisdicción de que se trate, por la que se declare bajo juramento que los montos percibidos han sido transferidos, durante cada uno de los períodos mensuales de aplicación de la Resolución N° 14/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a aquellos servicios de transporte público de pasajeros de su jurisdicción y/o a los municipios en cuyo ámbito territorial éstos se desarrollen.

La documentación que se detalla en el ANEXO V.a deberá ser recibida por la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE conforme el siguiente cronograma:

1. Hasta el 24 de abril de 2020 inclusive respecto de la primera, segunda y tercera cuota.

2. Hasta el 18 de mayo de 2020 inclusive respecto de la cuarta cuota. (Segundo párrafo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 87/2020 del Ministerio de Transporte B.O. 9/4/2020)

Las jurisdicciones provinciales deberán informar la cuantía de acreencias que han sido transferidas a cada uno de los municipios y/o empresas prestatarias del servicio público por automotor de pasajeros.

A su vez, los municipios, que perciban las acreencias desde los Estados Provinciales, deberán informar a éstos la cuantía de las acreencias que han sido transferidas a sus respectivos servicios.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la rendición de las acreencias transferidas, se tendrán en cuenta las siguientes pautas:

a. Las acreencias transferidas en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la Resolución N° 14/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, deberán ser destinadas a las empresas de transporte que en diciembre de 2018 resultaban beneficiarias del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) y su COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA PROVINCIAL (CCP), y/o ser reasignadas respetando los coeficientes de participación de las jurisdicciones, en conformidad con los Anexos I y II de la resolución precitada.

La sumatoria de los montos transferidos a las diferentes prestatarias de servicios públicos por automotor y/o jurisdicciones municipales deberá coincidir con aquellos guarismos que surgen de los Anexos I y II de la resolución precitada.

En los casos en que las jurisdicciones provinciales o municipales no pudieran reasignar los fondos con el criterio aludido y, como consecuencia de ello, quedasen montos remanentes, deberán efectuar la rendición conforme los plazos establecidos precedentemente e informar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE en el mismo momento la situación por medio de nota suscripta por la máxima autoridad de transporte de la jurisdicción involucrada.

Dicho importe le será retenido de las acreencias que le correspondiere percibir en el mes siguiente. Si la situación se produjera en el período de percepción de la última de las cuotas, la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE comunicará a la jurisdicción el procedimiento para la restitución de los fondos remanentes.

b. En cuanto a las acreencias que fueran percibidas por las jurisdicciones conforme lo establecido en el artículo 10 de la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, deberá respetarse lo establecido en los convenios específicos que, a tales fines, suscriban las jurisdicciones beneficiarias y lo informado en el Anexo VII.f de la referida resolución.

ARTÍCULO 3°.- La declaración jurada contenida en el ANEXO V.a y la totalidad de la documentación allí solicitada, así como también, la indicada en el artículo precedente -si correspondiese-, deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, sita en la Av. Paseo Colón 315, 1° Piso, CABA – C1063ACD.

Asimismo, toda la documentación precitada deberá ser remitida a la siguiente dirección de correo electrónico, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., sin que ello exima de presentar las rendiciones en soporte físico dentro de los plazos establecidos a tal efecto.

ARTÍCULO 4°.- Las omisiones y/o inconsistencias en la Declaración Jurada y/o en su documental respaldatoria se encontrarán alcanzadas por la suspensión preventiva dispuesta en el segundo párrafo del inciso d) del artículo 8° de la Resolución N° 14 de fecha 23 de enero de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con la consecuente retención de las acreencias involucradas hasta que se proceda a la subsanación de los faltantes y/o errores, dentro del plazo previsto en el punto 3 del segundo párrafo del artículo 1° del presente procedimiento.

ARTÍCULO 5°.- En el caso en que se presenten novedades conforme el punto 3 del Anexo V.a, la jurisdicción deberá documentar y justificar esta situación. En tal supuesto, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, evaluará la redistribución propuesta por la jurisdicción y, en caso de que quedasen fondos remanentes que no han podido ser reasignados, informará la novedad a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS, a fin de efectuar los ajustes pertinentes en las liquidaciones subsiguientes.

ARTÍCULO 6°.- La DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR procederá a analizar la información remitida, pudiendo solicitar cualquier otra documentación adicional que entienda pertinente para verificar la transferencia de los fondos, según lo expuesto en el Anexo V.a.

ARTÍCULO 7°.- Las transferencias efectuadas a las jurisdicciones en cumplimiento del artículo 1° de este Anexo serán publicadas en la página WEB del MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN.

 

(4) Resolución nº 4/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Fecha: 03.01.2020
Publicado: 07.01.2020
RESOL-2020-4-APN-MTR

VISTO el Expediente N° EX-2019-113877462-APN-SECGT#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92), la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 , las Resoluciones N° 1374 de fecha 28 de diciembre de 2017 , N° 1375 de fecha 28 de diciembre de 2017, N° 1377 de fecha 29 de diciembre de 2017, N° 777 de fecha 30 de agosto de 2018 y Nº 16 de fecha 10 de enero de 2019, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos centrales de la política desarrollada por el ESTADO NACIONAL en materia de transporte público terrestre de pasajeros de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, se encuentran la razonabilidad en la determinación de las tarifas y la redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad.

Que el transporte público terrestre de pasajeros de carácter urbano y suburbano es una herramienta indispensable para la instrumentación de las actividades cotidianas de la población, cuya principal función es el traslado de los integrantes de la comunidad a cada uno de los sitios donde éstas son desarrolladas, constituyéndose, en este sentido, en un primer eslabón para el desarrollo económico-social.

Que como consecuencia de esta situación, se ha reconocido la existencia de un derecho al transporte y a la movilidad, cuyos titulares son los ciudadanos y que el ESTADO NACIONAL se encuentra comprometido a tutelar de acuerdo a los objetivos determinados para esta Cartera de Estado.

Que una de las acciones por las que se materializa la tutela de este derecho es brindar la posibilidad de acceder al servicio público de transporte de pasajeros a todo el conjunto de la población, preservando la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales.

Que por medio de las Resoluciones N° 1374 de fecha 28 de diciembre de 2017 , N° 1375 de fecha 28 de diciembre de 2017, N° 1377 de fecha 29 de diciembre de 2017, N° 777 de fecha 30 de agosto de 2018 y Nº 16 de fecha 10 de enero de 2019, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE se establecieron los cuadros tarifarios aplicables a los servicios de transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano y ferroviario de superficie, metropolitanos, regionales y larga distancia, de jurisdicción nacional, que se encuentran actualmente vigentes.

Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 7/2019, es competencia del MINISTERIO DE TRANSPORTE "1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia", "2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL", "3. Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia", "4. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias en las áreas de su competencia", "7. (...) entender en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas" y "11. Entender en todo lo relacionado con el transporte internacional terrestre, fluvial, marítimo y aéreo".

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ha sancionado la Ley N° 27.541, denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, por cuyo artículo 1° se declaró hasta el día 31 de diciembre de 2020 "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social", delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de las medidas conducentes para sanear la emergencia declarada; con arreglo a lo establecido en el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la referida ley.

Que entre las bases para la delegación de facultades efectuada en el marco de la emergencia pública declarada, el artículo 2° de la Ley N° 27.541 establece que se deberán " a. Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos" y "g. Impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados (...)"

Que a fin acompañar las medidas que se desarrollarán en el marco de la referida emergencia y, de acuerdo con las bases establecidas por el HONORABLE CONGRESO NACIONAL, resulta necesaria la adopción de medidas que coadyuven a la consecución de los objetivos previstos para la recuperación de los salarios e indicadores sociales.

Que el transporte público terrestre atiende las necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, erigiéndose como la única opción para el traslado de personas pertenecientes a grupos vulnerables, por lo que, la tarifa de los servicios de transporte constituye un factor de cierta relevancia en las ecomonías familiares del referido sector de la población.

Que en tales circunstancias, la estabilización de los cuadros tarifarios aplicables al transporte público de pasajeros por automotor y ferroviario de superficie sujeto a jurisdicción nacional, resulta necesaria para coadyuvar a los objetivos mencionados precedentemente; la que deberá mantenerse hasta tanto se formule una revisión integral del sistema y se avance en la creación de las condiciones de sostenibilidad requeridas en el marco de la aludida emergencia pública.

Que en tal sentido, resulta pertinente declarar que se mantendrán los cuadros tarifarios vigentes para los servicios de transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano y ferroviario de superficie, metropolitanos, regionales y larga distancia, de jurisdicción nacional, hasta el día 30 de abril de 2020, a los efectos de generar condiciones que coadyuven a la recuperación de los sectores sociales más vulnerables.

Que asimismo, en el marco de los lineamientos vertidos por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, resulta pertinente extender la invitación señalada a las empresas permisionarias, operadoras y/o concesionarias de los servicios públicos referidos, en virtud del carácter que revisten como actores fundamentales en el desenvolvimiento de las vida diaria de la sociedad en general, a obrar con la diligencia necesaria, procurando llevar a cabo su actividad con la mayor eficiencia posible.

Que en este contexto, corresponde invitar a las provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los municipios a adherir a la política tarifaria delineada en virtud de lo hasta aquí expuesto.

Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92).

Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase que los cuadros tarifarios establecidos para los servicios de transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano y ferroviario de superficie, metropolitanos, regionales y larga distancia, de jurisdicción nacional que se encuentren vigentes a la fecha de la publicación de la presente medida, no sufrirán modificaciones hasta el día 30 de abril de 2020.

ARTÍCULO 2°.- Invítase a las provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los municipios a adherir a la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

(5)Resolución nº 090/2020 ST
Fecha: 14.08.2020
Publicado: 18.08.2020

VISTO: La Ley Nacional N° 27.467, Decreto N° 4/20 PEN, Resolución Nº 14/20 emitida por el Ministerio de Transporte de la Nación, el Convenio suscripto entre el sr. Gobernador de Entre Ríos, Cdor. Gustavo Bordet y el Ministro de Transporte de la Nación, D. Mario Meoni en fecha del 1 de junio del corriente y los Decretos Provinciales N° 119/20 y 779/20 MPIyS; la Resolución Nº 88/20 de esta Secretaría de Transporte de fecha 31 de julio de 2020; y CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación se dispuso transferir las acreencias del Fondo de Compensación creado por artículo 125 de la Ley 27.467, prorrogada en virtud de lo dispuesto por Decreto N° 4/2020 PEN, al Fideicomiso creado por Art. 12° del Decreto N° 976/2001 para que a través de éste se distribuyan tales acreencias entre las jurisdicciones que suscriban los convenios cuyos modelos fueron aprobados por artículo 5° de la Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación;
Que en función de ello, por Decreto N° 119/20 MPIyS se ratificó el convenio y sus anexos suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, cuyo plazo de vigencia se extendió desde el mes de enero hasta el 30 de abril de 2020;
Que en el marco de las disposiciones de la Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, y atento al vencimiento de la vigencia del convenio ratificado por Decreto N° 119/20 MPIyS, en fecha 1 de junio de 2020 fue suscripto un nuevo convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación, representado por su titular, Don Mario Meoni, y la Provincia de Entre Ríos, representada por el Sr. Gobernador Cr. Gustavo Bordet, que establece la metodología de distribución de los fondos que se transfieran a la Provincia provenientes del Fondo de Compensación creado por artículo 125 de la Ley 27.467;
Que de las cláusulas de este nuevo convenio, surge el compromiso del Estado Provincial de tomar todas las medidas económicas que resulten conducentes a los fines de coadyuvar a la sustentabilidad del sistema de transporte público de pasajeros por automotor; a no modificar los cuadros tarifarios que se encontraren vigentes; a remitir toda documentación que le sea requerida a fin de realizar las comprobaciones que correspondan, así como a informar cualquier novedad de caducidad, baja, transferencia y/o cesión de empresas, líneas o servicios dentro de los 30 días de ocurrido el hecho, para lo cual se hace necesario coordinar dichas acciones con los Municipios en los que se preste el servicio;
Que a los efectos de llevar a cabo los mencionados compromisos asumidos, el Decreto N° 779/2020 MPIyS facultó al Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios a suscribir con los Municipios los correspondientes convenios y/o acuerdos que resulten menester realizar;
Que la Cláusula Octava del convenio suscripto entre el Ministro de Transporte de la Nación y el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos establece in fine el compromiso de hacer aplicar los fondos recibidos prioritariamente al pago de los salarios del personal de las empresas beneficiarias;
Que el Decreto N°779/2020 dispone la ejecución del Convenio -y su anexo complementario- suscripto entre el Ministro de Transporte de la Nación el Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos en fecha del 1 de junio de 2020, estableciendo en el Artículo 7°que la Secretaría de Transporte de Entre Ríos actuará como Órgano de Aplicación, y determinará la documentación a solicitar a las empresas de transporte, e implementará la metodología más eficiente para cumplir con las obligaciones emergentes de la Resolución N° 14/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, como asimismo con las obligaciones que pudieren surgir de los nuevos convenios y/o adendas a suscribirse;
Que por Resolución Nº 88/20 de esta Secretaría de Transporte de fecha 31 de julio de 2020 se dispuso el deber, para las empresas de transporte beneficiarias de los subsidios otorgados en el marco del Convenio aprobado por Decreto Nº 779/20 MPIyS, de presentar ante esta Secretaría, documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de la priorización en el pago de las sumas salariales al personal; Que ante la interrupción del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná de manera prolongada –más de cuarenta días–; en el contexto de reclamos salariales por parte del sindicato de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) y en consideración que en el territorio provincial, el único lugar donde se presta ésta situación de conflicto que afecta el servicio público es en el área metropolitana de Paraná, comprendiendo también a las comunidades de Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde;
Que a dicha situación debe sumarse la problemática que conlleva la necesidad de traslado del personal declarado esencial para la atención de tareas imprescindibles en el marco de la Pandemia de COVID19, y

Por ello;
El Secretario de Transporte de la Provincia
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Disponer que las empresas de transporte beneficiarias de los subsidios otorgados en el marco del Convenio aprobado por Decreto Nº 779/20 MPIyS que presten servicios urbanos en al área metropolitana de la ciudad de Paraná, deberán destinar dichos recursos al pago de los conceptos salariales adeudados con orden de prioridad.
Artículo 2º.- La exigencia establecida en el artículo anterior será aplicable bajo concepto de remitir al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos las rendiciones a los efectos de su intervención y control.
Artículo 3º.- Comunicar la medida a las empresas prestatarias de servicios, a la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), delegación Entre Ríos y a los Municipios alcanzados por la medida.
Artículo 4º.- Registrar, publicar y oportunamente archivar.

Ley nº 10803
Sancionada: 10.06.2020
Promulgada: 29.06.2020
Publicada: 01.07.2020

Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nº 27.510, modificatoria de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Artículo 2º.— Comuníquese, etc.

 

(1) Ley nº 27510 
Sancionada: 17.07.2019
Promulgada de Hecho: 21.08.2019
Publicada: 28.08.2019

Artículo 1°.- Sustitúyase el inciso c) del artículo 40 de la ley nº 24449, el que quedará redactado de la siguiente forma:

c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68º, el cual podrá ser exhibido en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Decreto nº 1091/2012
Fecha: 23.07.2012

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Despacho de la Secretaría de Turismo y Deportes, con dependencia directa del Señor Secretario de Turismo y Deportes.(2)(3)
General
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Turismo y Deportes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.



(2)Por Decreto nº 1964/2011
Fecha: 19.09.2011

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Turismo Municipal, el Departamento Despacho, con dependencia directa de dicha Secretaría, del cual dependerá directamente la Sección Archivo Histórico.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- (1)
Artículo 6º.- Este Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Turismo.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3°, 4 y 5° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de distintas áreas de la Secretaría de Turismo.


(3) Por Decreto nº 580/2019
Fecha: 17.04.2019
Artículo 1º.- Créase la Subdirección de Personal dependiente de la Dirección de Despacho Administrativo, ambas dependiente de la Secretaría de Turismo.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- El presente será refrendado por el Señor Secretario de Turismo.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2°, 3°y 4° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo del área creada.

Decreto nº 1499/2020 GOB
Fecha: 21.09.2020
Publicado: 22.09.2020

Artículo 1°.- Dispénsese de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada, en el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2020 y el 11 de octubre de 2020 inclusive, a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el Documento COES ID: DCOES022, en la normativa que en el futuro lo modifique o lo reemplace, y en el Art. 21º del DNU Nº 520/20 PEN.-
Artículo 2°.- Ratifícase la vigencia del Decreto Nº 1092/20 GOB para el personal con prestación de servicios en la Administración Pública Provincial Centralizada de Paraná.-
Artículo 3°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1º al personal declarado esencial o los que estén afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables conforme lo determine el Ministro Secretario de Estado de la jurisdicción, o el Secretario General de la Gobernación en el ámbito de la Gobernación.-
Artículo 4°.- Déjase establecido que las dispensas concedidas se computarán a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-
Artículo 5°.- Dispónese que el personal no afectado al cumplimiento de tareas presenciales en los lugares habituales de prestación de servicios deberán estar disponibles en caso de ser requerido por la superioridad, ello en el marco de la buena fe contractual siendo susceptibles de sanción en caso de incumplimiento conforme lo normado en la reglamentación vigente, facultando a los responsables de cada jurisdicción a determinar las condiciones y pautas para la realización de las tareas cotidianas o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-
Artículo 6°.- Facúltase a los Ministros Secretarios de Estado y al señor Secretario General de la Gobernación –en la jurisdicción Gobernación-, mediante el dictado de Resoluciones, a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias en el período referido, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios los agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten, debiendo garantizarse la prestación de servicios en las áreas a su cargo, en observancia del Documento COES ID: DCOES039.-
Artículo 7°.- Establécese en el marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta por Decreto Nº 361/20 MS, un aumento del 50% del Adicional de Riesgo (códigos: 201, 210, 212, 214, 226 y 238) exclusivamente para todos los Escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que perciban los mismos en razón de las tareas específicas del área, y dispónese un incremento del 20% de las becas de residentes de salud.-
Artículo 8°.- Dispónese para el personal activo de la Policía de la Provincia afectado a atender el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" y/o medidas extraordinarias en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, un estímulo de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable consistente en el cincuenta por ciento (50%) del código de liquidación 181 "Riesgo y Peligrosidad".-
Artículo 9º.- Dispónese para el personal activo de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa, no bonificable, consistente en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-) mensuales.-
Artículo 10º.- Dispónese para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas y a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio, al personal del Hogar de Protección de Mujeres Inés Londra de Paraná, del Hospital Fidanza de Colonia Ensayo y del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart de Concordia, una bonificación de carácter excepcional, transitoria y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500) mensuales.-
Artículo 11º.- Dispónese para el personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-) mensuales y proporcionales, computables desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 26 de abril del corriente año.-
Artículo 12º.- Establécese la vigencia de los beneficios dispuestos en los artículos 6º al 10º hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive y que la percepción de los mismos estará condicionada a la efectiva prestación del servicio, la cual será certificada por la autoridad máxima de cada dependencia.-
Artículo 13º.- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.-
Artículo 14°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Decreto nº 1092/2020 GOB (1)
Fecha: 20.07.2020
Publicado: 20.07.2020

Artículo 1°.- Dispénsese de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Provincial Centralizada de la Ciudad Paraná a partir del sábado 18 de julio de 2020 y hasta tanto lo determine el titular de este Poder Ejecutivo, con excepción del personal crítico y/o esencial conforme lo establezca la autoridad competente.-

Artículo 2°.- Dispónese que la dispensa concedida en el artículo precedente se computará a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes.-
Artículo 3°.- Facúltanse a las/os señores Ministras/os Secretarias/os de Estado y al señor Secretario General de la Gobernación, en la jurisdicción Gobernación, a establecer las medidas necesarias, mediante el dictado de las Resoluciones pertinentes, a fin de garantizar en sus dependencias en el período referido en el art. 1º, la prestación de los servicios esenciales pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten, en observancia de la normativa emitida por el COES aplicable.-
Artículo 4°.- Déjase establecido que el personal no afectado al cumplimiento de tareas presenciales en los lugares habituales de prestación de servicios deberán estar disponibles en caso de ser requerido por la superioridad, ello en el marco de la buena fe contractual siendo susceptibles de sanción en caso de incumplimiento conforme lo normado en la reglamentación vigente, facultando a los responsables de cada jurisdicción a determinar las condiciones y pautas para la realización de las tareas cotidianas o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-
Artículo 5°.- Dispónese la suspensión de los plazos administrativos en el período consignado en el Art. 1º, excepto los referidos a los procedimientos de selección del co-contratante estatal bajo la ley de contabilidad y la de obras públicas, los concernientes a las operaciones de crédito público, los concernientes a los procedimientos de los registros públicos y a los que expresamente las autoridades máximas de cada jurisdicción, les habiliten día y hora mediante la emisión de los actos administrativos de su competencia.-
Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.-
Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

 

(1)Decreto nº 1005/2020 GOB
Fecha: 03.07.2020
Publicado: 03.07.2020

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus términos las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 944/20 GOB hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, de conformidad a lo manifestado en los Considerandos del presente.-(1)(2)

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.-
Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese y archívese.

(1) El Decreto nº 944/2020 GOB obra en este Digesto Municipal.

(2)Decreto nº 988/2020 GOB Ratifica vigencia Decreto nº 944/2020 GOB
Fecha: 29.06.2020
Publicado: 29.06.2020

Artículo 1°.- Ratifícase la vigencia del Decreto Nº 944/20 GOB para la Ciudad de Paraná y dispénsese en el resto del territorio provincial de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Central, a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el Documento COES Nº 22, en la normativa que en el futuro lo modifique o lo reemplace, y en el Art. 21º del DNU Nº 520/20 PEN, durante el período de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" que se implementa desde el 29 de junio al 17 de julio del corriente en todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 2º, 3º y 4º del DNU 576/20.-(1)

Artículo 2°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente al personal declarado esencial o las que estén afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables conforme lo determine el Ministro Secretario de Estado de la jurisdicción, o el Secretario General de la Gobernación en el ámbito de la Gobernación.-

Artículo 3°.- Déjase establecido que la dispensa concedida en el artículo precedente se computará a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-

Artículo 4°.- Facúltase a las/os señores Ministras/os Secretarias/os de Estado y al señor Secretario General de la Gobernación –en la jurisdicción Gobernación-, mediante el dictado de Resoluciones, a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias en el período referido, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios los agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o deurgencia que se susciten, debiendo garantizarse la prestación de servicios en las áreas a su cargo, en observancia del Documento COES ID 039 que agregado forma parte del presente.-

Artículo 5°.- Prorróganse hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, las disposiciones contenidas en los Arts. 9º y 10º del Decreto Nº 368/20 GOB y los Decretos Nº 549/20 GOB y 595/20 GOB en todos sus términos.-

Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General.-

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

 

(1)Decreto nº 576/2020
Fecha: 29.06.2020
Publicado: 29.06.2020

DECNU-2020-576-APN-PTE - Prórroga. "Distanciamiento social, preventivo y obligatorio". Régimen aplicable. Por Resolución nº 73/2020 del Honorable Senado de la Nación, se declaró su validez (B.O. 27.07.2020)

VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020 y sus normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia.

Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20 por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de la normativa señalada en el visto del presente decreto, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 y, con ciertas modificaciones según el territorio, por el Decreto N° 520/20 hasta el 28 de junio del corriente año, inclusive.

Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la expansión de COVID-19 teniendo en cuenta la aparición gradual y detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país, según se detalla más adelante, y habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo.

Que, durante el transcurso de estos más de CIEN (100) días desde el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.

Que a los fines estipulados en el considerando precedente, la protección económica desplegada se vio plasmada a través de distintos instrumentos. Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables y los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la epidemia, como las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas.

Que, asimismo, se establecieron excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios y se estableció el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", todo ello mediante los Decretos Nros. 297/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 520/20, y las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20, 975/20, 995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20 y 1075/20, entre otra normativa, con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y, también, para ir incorporando la realización de diversas actividades económicas en los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera.

Que al día 27 de junio, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se confirmaron más de 9,6 millones de casos y 490 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios con casos de COVID-19.

Que la región de las Américas es la más afectada en este momento, donde se observa que el 50% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 23% a BRASIL y solo el 1,1% a ARGENTINA, y que similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 52% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 23% a BRASIL y el 0,5% a la ARGENTINA.

Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 122 casos cada 100.000 habitantes, de las más bajas de la región americana.

Que la tasa de letalidad al 26 de junio es de 2,1% y la tasa de mortalidad es de 26,1 personas por millón de habitantes, manteniéndose la Argentina dentro de los países con menor mortalidad en la región.

Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.

Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual ya que el OCHENTA COMA SIETE POR CIENTO (80,7%) de los departamentos del país, donde vive el CUARENTA COMA OCHO POR CIENTO (40,8%) de la población, no registra casos de COVID-19 en los últimos CATORCE (14) días, mientras que solo el NUEVE COMA DOS POR CIENTO (9,2%) de los departamentos, donde reside el CUARENTA Y DOS COMA SEIS POR CIENTO (42,6%) de la población, tiene transmisión comunitaria.

Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comunitaria sostenida, no se haya extendido la circulación a la mayoría de los departamentos del país.

Que al momento de disponer el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" a nivel nacional, el tiempo de duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de TRES COMA TRES (3,3) días, y al día 8 de mayo de 2020 alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los VEINTICINCO (25) días. Al 6 de junio se estima que este valor era de QUINCE COMA CINCO (15,5) días y al 26 de junio se estima en QUINCE COMA DOS (15,2), lo que implica que el tiempo para duplicar casos es el mismo que VEINTE (20) días previos, pero con un número de casos mucho mayor.

Que, en la región del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en adelante AMBA, en los últimos VEINTE (20) días se presentó un aumento acelerado de casos del CIENTO TREINTA Y SEIS COMA CUATRO POR CIENTO (136,4%), un aumento del NOVENTA Y CINCO COMA SEIS POR CIENTO (95,6%) de personas fallecidas y un aumento del SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (74%) de las personas internadas en unidades de terapia intensiva por COVID-19.

Que el CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52%) de los casos de la región del AMBA se confirmó en los últimos CATORCE (14) días, y que el porcentaje de ocupación de camas, para la misma región, es del CINCUENTA Y CUATRO COMA UNO POR CIENTO (54,1%).

Que el tiempo de duplicación de casos para el total del país, excluyendo del cálculo al AMBA, al 2 de junio, era de CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días y al 23 de junio es de VEINTIDÓS COMA CUATRO (22,4) días.

Que en el resto de las jurisdicciones se comenzaron a registrar algunos brotes, en varias oportunidades ocasionados a partir de personas provenientes de la región del AMBA.

Que las Ciudades de Bariloche, Trelew y Córdoba lograron disminuir la transmisión comunitaria, presentando un predominio de transmisión por conglomerados.

Que la Provincia del Chaco continúa con transmisión comunitaria extendida en el departamento de San Fernando y comenzó a registrar casos en varios departamentos del interior.

Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión de que conviven distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país.

Que en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus y las que no presentan esta evidencia. En efecto, existe una provincia en la que no se han confirmado casos de COVID-19; otras en donde hace más de SIETE (7) días que no se registran nuevos contagios; otras con muy pocos casos y que no se corresponden a contagios por circulación comunitaria del virus; y también hay otras con brotes por conglomerados.

Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA, en atención a lo ya señalado, y específicamente debido a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica, así como el agravamiento de la situación epidemiológica en zonas muy determinadas del país, obliga al Estado Nacional a adoptar decisiones en función de cada realidad.

Que la efectividad del aislamiento social, preventivo y obligatorio ha logrado que más del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada actividad que se va habilitando como excepción.

Que, si bien han transcurrido más de CIEN (100) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.

Que sigue sin conocerse todavía en el mundo un país que haya superado totalmente la epidemia en forma plenamente exitosa, por lo que no puede aún validarse en forma categórica ninguna estrategia adoptada, máxime cuando las realidades sociales, económicas y culturales son diversas. Por este motivo se debe continuar en el diseño de una estrategia nacional específica para atender las urgencias y los desafíos que demanda una situación epidemiológica con características inusitadas y, en muchos aspectos, desconocidas.

Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto".

Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, "...no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás".

Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales", del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.

Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en cuanto a la razonabilidad de las medidas adoptadas en nuestro país, en el marco de los Decretos Nros. 297/20, sus sucesivas prórrogas y 493/20, ha manifestado que: "...En este sentido, la restricción a la libertad ambulatoria para preservar la salud pública, y la reglamentación dispuesta por la norma se encuentra motivada en forma razonable por cuanto, como se explicó no se advierte otro mecanismo posible en este estado del conocimiento científico, ni la parte lo ha explicitado o ha brindado otras posibles opciones que demuestren que las medidas dispuestas en la norma que impugna constituyan mecanismos arbitrarios sin sustento científico o irracionales". "...Las restricciones allí impuestas a los derechos y garantías de todos los habitantes, de acuerdo a las limitaciones según las jurisdicciones con distintas intensidades de acuerdo a la situación sanitaria, están motivadas en forma razonable como se señaló y con el fin de preservar la salud pública.", así como también que "...los decretos de necesidad y urgencia cuestionados por la accionante no poseen tintes de arbitrariedad en tanto los fines y medios utilizados demuestran la compatibilidad constitucionalidad de las limitaciones a los derechos individuales (artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la CN)".(23588/2020/CA1 – "Blanco Peña, M. L. s/habeas corpus" - CNCRIM Y CORREC – SALA V- 29/05/2020)

Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.

Que, en función de las medidas tempranas y oportunas que se tomaron a nivel nacional desde el inicio de la pandemia, que incluyen entre otras la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, el cierre de fronteras, las restricciones al tránsito interurbano e interjurisdiccional y la prohibición del turismo interno e internacional, los resultados que se obtuvieron son alentadores, pero no han logrado impedir que se haya incrementado la morbimortalidad en algunos territorios de gran densidad poblacional y, en consecuencia, aún persiste el riesgo de expansión, por lo que resulta de vital importancia alcanzar un nivel más reducido de circulación de personas, sobre todo en los lugares donde se verifica la mayor concentración de casos de COVID-19.

Que, antes de decidir esta medida, el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación mantuvieron una reunión con destacados expertos y destacadas expertas en epidemiología y recibieron recomendaciones acordes con la conveniencia y necesidad, a los fines de proteger la salud pública, de prorrogar el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" en las zonas sin transmisión comunitaria sostenida del virus, así como también, con los alcances y las salvedades aquí establecidos, prorrogar el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" en las zonas donde existe transmisión comunitaria sostenida del virus, hasta el día 17 de julio del corriente año, inclusive.

Que, asimismo, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES manifestaron la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la presente medida.

Que, por todo lo expuesto, se prorroga con todas las finalidades y alcances allí estipulados, hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, el Decreto N° 520/20 y sus normas complementarias.

Que, desde el día 1° de julio y hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, se mantendrá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -DISPO- para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artículo 3° del presente decreto. Asimismo, se fortalecerá y prorrogará por igual plazo, la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo.

Que el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Que, asimismo, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y otras para el "asilamiento social, preventivo y obligatorio", conforme se indica en los artículos 10 y 19 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipuladas.

Que resulta necesario establecer un nuevo marco normativo para todas aquellas zonas en las que se registró un incremento en la velocidad de aparición de casos, que pone en riesgo la capacidad del sistema sanitario para dar la respuesta adecuada.

Que el aglomerado urbano del AMBA que incluye, a los fines de este decreto, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a TREINTA Y CINCO (35) partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES conforme se indica en el artículo 12 del presente, el aglomerado urbano de la Ciudad de Neuquén de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, el Departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO y todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO presentan transmisión comunitaria sostenida, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.

Que resulta necesario restringir la circulación de personas en las zonas más afectadas.

Que, para ello, se suspende, a partir del día 1° de julio y hasta el día 17 de julio inclusive, la vigencia de distintas normas que fueron exceptuando del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a distintas actividades y servicios, permaneciendo solo exceptuadas las "esenciales".

Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente con las Decisiones Administrativas mencionadas en el artículo 13 del presente decreto, se declaran "esenciales" a distintas actividades y servicios y se exceptúa del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" a las personas afectadas a ellas. Asimismo, siempre y cuando el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, también quedarán exceptuadas del cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se encuentran enunciadas en el artículo 14 del presente decreto.

Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente decreto requieren la previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y se encuentren aprobados por este, con el fin de preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de todas las personas, especialmente de los niños, las niñas y adolescentes, que deban cumplir el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", se mantendrá, con los alcances y limitaciones establecidos en el artículo 21 del presente decreto, la facultad de realizar una breve salida de esparcimiento.

Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes se prevé que los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias puedan decidir nuevas excepciones al cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, para personas afectadas a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, con la implementación del protocolo respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada en el artículo 12 es considerada como una unidad a los fines de contabilizar los habitantes que en ella residen, toda vez que se trata de un conglomerado urbano.

Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil contener su expansión, sigue sin autorizarse para las zonas con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes bajo la modalidad ASPO, la disposición de nuevas excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y previo requerimiento del Gobernador o Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.

Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares, se exigirá que las empleadoras o los empleadores garanticen el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. En todos los casos, la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá utilizar el que se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que, por lo tanto, bajo la modalidad de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" -ASPO- y en aglomerados urbanos, partidos y departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes -lo que incluye el AMBA-, seguirá siendo el MINISTERIO DE SALUD de la Nación quien determina las condiciones que deben ser exigidas como requisito previo a la habilitación de funcionamiento de determinadas actividades.

Que todo el personal de la Administración Pública Nacional que no se encuentra alcanzado por las excepciones previstas en el presente decreto al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" realizará sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

Que dada la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2 y su impacto en poblaciones vulneradas, las estrategias deben orientarse a la mayor protección de estas personas, al control de brotes en instituciones cerradas, personas que viven en situación de calle, barrios populares y pueblos originarios, extremando las medidas de prevención y cuidado en aquellos grupos con mayores dificultades para acceder a servicios básicos o donde se verifican condiciones de vida con mayor hacinamiento.

Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de distintas áreas del país, se continuará implementando la misma estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.

Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" como para el "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Que las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES remitir al referido MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).

Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.

Que las Autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES se encuentran obligadas a comunicar de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario.

Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones, tomando en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), se puede transitar entre "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder, no depende de plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos.

Que con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente, que se mencionan en el artículo 13 del presente decreto.

Que resulta imprescindible en todo el país, y especialmente en las zonas definidas como de transmisión comunitaria sostenida, aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de signos y síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y el cumplimiento de cuarentena por CATORCE (14) días de sus familias, convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la pandemia.

Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados y sus contactos estrechos, como estrategia imprescindible para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.

Que también se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio como por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.

Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20 y 520/20.

Que el sistema de salud público y privado en las diferentes jurisdicciones continúa incrementando y mejorando sus capacidades organizativas y de recursos para brindar atención adecuada ante la progresiva e incremental demanda de casos en las zonas con transmisión comunitaria.

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.

Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

TÍTULO UNO:
MARCO NORMATIVO

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19.

TÍTULO DOS:
RÉGIMEN APLICABLE PARA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2020

ARTÍCULO 2º.- PRÓRROGA DECRETO N° 520/20: Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, el Decreto N° 520/20 y sus normas complementarias.

TÍTULO TRES:
RÉGIMEN APLICABLE DESDE EL 1° HASTA EL 17 DE JULIO DE 2020 INCLUSIVE
CAPÍTULO UNO:
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 3º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen "transmisión comunitaria" sostenida del virus SARS-CoV-2.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos se aplicará el artículo 11 y concordantes del presente decreto.

La medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el día 1° hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 4º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 3°, los siguientes lugares:

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN

. Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, excepto el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén.

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, excepto el de General Roca.

• Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de los TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el artículo 12 del presente decreto.

ARTÍCULO 5º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesta por el artículo 3° del presente, por fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE (14) días.

ARTÍCULO 6º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

ARTÍCULO 7º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad.

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2.

ARTÍCULO 8º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES. PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 6° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas.

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

ARTÍCULO 9º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 10.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 3° del presente decreto, quedan prohibidas las siguientes actividades:

1. Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas.

2. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes.

3. Cines, teatros, clubes, centros culturales.

4. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 24 del presente.

5. Turismo.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo. Las excepciones deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.

CAPÍTULO DOS:
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 11.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 3° del presente decreto.

ARTÍCULO 12.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 11, los siguientes lugares:

• El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO.

• El Departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO.

. El aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

ARTÍCULO 13.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 11, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.

30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20 artículo 2°, inciso 1.

ARTÍCULO 14.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: También quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes:

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2.

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5 y 6.

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo ello en los términos de la Decisión Administración N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7.

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre ubicada en lugares alcanzados por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10.

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (Decisión Administrativa N° 763/20, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes para el resto de las jurisdicciones).

7. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos, en los términos de la Decisión Administrativa N°1056/20.

ARTÍCULO 15.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 13 y 14 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y se encuentren aprobados por este.

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 11 del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.

Los Gobernadores y Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva.

ARTÍCULO 17.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 11 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional.

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo.

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá incorporar al citado Anexo nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria.

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20.

ARTÍCULO 18.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

ARTÍCULO 19.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 11 del presente decreto, las siguientes actividades:

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas.

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 24 de este decreto.

5. Turismo. Apertura de parques y plazas.

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.

ARTÍCULO 20.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a cumplir con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

ARTÍCULO 21.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20 y 520/20.

CAPÍTULO TRES:
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

ARTÍCULO 22.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, si un Gobernador o una Gobernadora de Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento se excluya de las disposiciones del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del "aislamiento social, preventivo y obligatorio". El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 11 del presente decreto.

ARTÍCULO 23.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del artículo 3° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 11 y concordantes del presente decreto, que disponen el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 11.

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 3° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 11, la autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que disponga el cese del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del artículo 3° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanzados por los artículos 3° y 11 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

ARTÍCULO 24.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 13 del presente decreto.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" queda facultado para ampliar o reducir la autorización prevista en el presente artículo.

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 13, exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 3° y concordantes del presente decreto.

ARTÍCULO 25.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de "caso sospechoso" ni la condición de "caso confirmado" de COVID-19 conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.

ARTÍCULO 26.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación.

ARTÍCULO 27.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 28.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 29.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.

ARTÍCULO 30.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20 y 520/20.

ARTÍCULO 31.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 32.- SUSPENSIÓN DE NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES EN "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO": Suspéndese, desde el 1° de julio hasta el 17 de julio de 2020, la vigencia de toda otra norma que no esté contemplada en los artículos 13 y 14, que autorice excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, en los lugares regidos por el artículo 11 y concordantes del presente decreto.

TÍTULO CUATRO:
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 33.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET: Prorrógase hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20.

ARTÍCULO 34.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 35.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 29 de junio de 2020.

ARTÍCULO 36.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 37.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ordenanza nº 9895 (1)
Sancionada: 09.06.2020
Promulgada: 22.06.2020 por Decreto nº 905
Publicada: 26.06.2020

Artïculo 1°.- Créase a los efectos de la presente ordenanza la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Administrativa, Económica Financiera.
Artículo 2°.- La comisión estará integrada por un (1) Concejal por cada bloque con representación legislativa en el Honorable Concejo Deliberante y un (1) Funcionario o Funcionaria designado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con rango de Subsecretario, Subsecretaria o superior. Los Concejales designados como miembros de la Comisión, mantendrán reuniones programadas con el Funcionario o Funcionaria del Departamento Ejecutivo Municipal, las cuales deberán realizarse como mínimo una vez al mes mientras dure la emergencia.
Artículo 3°.- La Comisión tendrá por objeto el control y fiscalización de las disposiciones establecidas en la Ordenanza N°9891; y la facultad de solicitar al Funcionario o Funcionaria que el Departamento Ejecutivo Municipal designe, informes de lo actuado dentro del marco de la emergencia.
Artículo 4°.- La Comisión elaborará dictámenes, los que serán de carácter no vinculante para el Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 5°.- La Comisión Especial de Seguimiento iniciará su actividad a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, y tendrá vigencia durante el plazo que se extienda la Emergencia Administrativa, económica y Financiera.
Artículo 6°.- Comuníquese.

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 905/2020, dispone: "Facúltese a la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, para designar un representante del Departamento Ejecutivo para integrar la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera.-"

Decreto nº 765/2020 MEHF
Fecha: 01.06.2020
Publicado: 23.06.2020

VISTO: La decisión del Poder Ejecutivo Provincial de ayudar a los Municipios de la Provincia para paliar en parte las situaciones financieras por las que atraviesan; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N°297/2020 DECNU se estableció, en razón de la pandemia del nuevo coronavirus -COVID 19- declarada el pasado 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, entre otras medidas, el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para todos los habitantes del país, a partir del 20 y hasta el 31 de marzo inclusive, del corriente año;

Que posteriormente, y al continuar las condiciones que llevaron al dictado de la norma indicada en el considerando precedente, se prorrogó sucesivamente el período originario dispuesto, con diferentes modalidades, siendo la última fecha vigente el 7 de junio de 2020;

Que el Gobierno Provincial, en forma continua ha adoptado y articulado diversas acciones de carácter urgente ante la potencial crisis sanitaria, social y financiera, dictando los correspondientes actos administrativos tratando de paliar y minimizar algunos de sus efectos negativos;

Que conforme lo manifestaron los Municipios de la Provincia, con motivo de la pandemia y las medidas adoptadas al respecto, y la consecuente disminución de sus ingresos, se encontraban con algunos desequilibrios financieros para atender el pago de la totalidad de los salarios de su personal correspondientes al período abril 2020 y que en ese contexto el Gobierno Provincial decidió, en las medidas de sus posibilidades financieras, contribuir y ayudar a los Municipios Provinciales a cumplir con sus obligaciones para con su personal dependiente, a través del Decreto 604/20 M.E.H.F.;

Que diversos Municipios manifiestan nuevamente su imposibilidad de atender el pago de la totalidad de los salarios de su personal, correspondientes al período mayo 2020; Que el presente acto se dicta conforme las facultades conferidas en el artículo 174° de la Constitución Provincial;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo 1º.- Dispónese en forma excepcional, de un monto por hasta la suma de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000) para asistir a los Municipios de la Provincia, que cumplan las condiciones y requisitos indicados en el Anexo I que forma parte del presente, y gestionen dicha ayuda en la modalidad que allí se establece, la que se otorgará conforme las disponibilidades financieras de la Provincia.

Artículo 2º.- Que a los efectos organizativos, contables y presupuestarios, la asistencia financiera dispuesta en el artículo 1°, será considerada como una solicitud de Anticipos de Coparticipación, con el procedimiento especial indicado en el Anexo I del presente, por lo que los montos de los anticipos otorgados, serán descontados de las liquidaciones de la Coparticipación de Impuestos que le correspondan a cada Municipio, debiendo quedar cancelados los importes en el corriente ejercicio fiscal. Los montos a descontar, serán comunicados a cada Municipio y la detracción se realizará en los últimos cuatro (4) meses del año 2020.

Artículo 3º.- Facúltase al señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, al dictado de las Resoluciones que resulten necesarias para la aplicación de las condiciones establecidas en los artículos 1° y 2° del presente; y dictará asimismo las resoluciones otorgando los anticipos financieros a los Municipios, conforme el monto que se determine.

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Economía, Hacienda y Finanzas.

Artículo 5°.- Registrese, comuníquese, publíquese y archívese.



                                                                                                                                                                        ANEXO I
1. Beneficiarios y/o Destinatarios: Municipios de la Provincia que acrediten al día 1 de junio del 2020, no poder cumplir con sus obligaciones salariales -conforme las nóminas informadas a los organismos oficiales- para el pago de los salarios del mes de mayo del corriente.
2. Forma de acreditación de su imposibilidad financiera: Proyección Junio 2020, firmada por el Contador Municipal. Proyección Junio 2020 Municipio:
Provincia de Entre Ríos
1.- Sólo completar las celdas en blanco
Proyección Financiera-Junio 2020
Ingreso — $
Municipalidad (tasas y otros)
Coparticipación
Otros Ingresos
Egresos — $
Remuneraciones
Amortización de la deuda consolidada
Otros gastos
Diferencia — $
(*) Colocaciones Financieras a la fecha de presentación de la solicitud (ej. Plazos Fijos)
Remanente positivo de Mayo 2020
Diferencia Final — $
(*) Ampliar información con los saldos bancarios al momento de la solicitud, detallando todas las disponibilidades/ colocaciones financieras (cuentas bancarias, plazos fijos, y cualquier otro tipo de inversión financiera, etc) incluyendo sus montos y fechas de vencimiento de corresponder.
Firma Contador Municipal:
Sello:
3. Procedimiento de solicitud y documentación a presentar por el Municipio solicitante:
a) Nota del Presidente Municipal dirigida al Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, explicitando los motivos que originan la petición.
b) Planilla: Proyección Junio 2020, firmada por el Contador Municipal, con las especificaciones que allí se solicitan, de corresponder.
c) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios, podrá solicitar al Municipio toda la información de índole fiscal complementaria que estime conveniente para una mejor evaluación y respaldo documental de la operatoria.
4. El análisis y otorgamiento de las solicitudes recepcionadas, se adecuará al siguiente procedimiento:
a) Reunida la documentación presentada por el solicitante, en virtud de lo expuesto anteriormente, la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios, remitirá informe al Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, en base a la misma y a la información registrada por los municipios en el SIPIF Municipal y otras bases de datos fiscales a las que tiene acceso dicha área. Asimismo, acompañará proyecto de acto administrativo para el otorgamiento del anticipo de coparticipación, de conformidad al nivel de competencia establecido.
b) El otorgamiento se encuentra sujeto a las disponibilidades financieras del Tesoro Provincial.
c) Otorgado el Anticipo de Coparticipación, se dispondrá la emisión del respectivo libramiento con intervención de la Contaduría General de la Provincia, para su posterior transferencia a través de la Tesorería General de la Provincia.

Decreto nº 798/2020
Fecha: 06.06.2020

VISTO:
El Decreto nº 786 GOB de fecha 5 de junio de 2020;
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º del Decreto nº 786/20 GOB se autoriza el desarrollo en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos de reuniones familiares los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta un máximo de 10 personas, siempre que éstas residan en el mismo centro urbano poblacional.
Que asimismo y como Anexo I se establecen recomendaciones emanadas del Comité de Organización de Emergencia de Salud (C.O.E.S.) que deberán ser observadas en el desarrollo de las reuniones familiares autorizadas por el artículo 1º del Decreto nº 786/20 GOB;
Que por lo expresado, y conforme facultades otorgadas por la ley nº 10027 (T.O. Decreto nº 40706 MEHF) y las disposiciones del Decreto nº 786/20 GOB, es necesario proceder en consecuencia;

Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANA
DECRETA:

Artículo 1º.- Dispónese la adhesión en el territorio de la Ciudad de Paraná, a la autorización dispuesta para el desarrollo de reuniones familiares los días viernes, sábados, domingo y feriados, hasta un máximo de 10 personas, las cuales deberán residir dentro de los límites de este Municipio; conforme lo establecido por el Decreto nº 786 GOB de fecha 05 de junio de 2020.
Artículo 2º.- Dispónese la adhesión de este Municipio a las recomendaciones establecidas por el C.O.E.S. que deben ser observadas en el desarrollo de las reuniones familiares que se autorizan por el artículo 1º, las que agregada como Anexo I, forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Jueves, 25 Junio 2020 08:25

Decreto nº 944/2020 GOB

Decreto nº 944/2020 GOB
Fecha: 24.06.2020
Publicado: 24.06.2020

Artículo 1°.- Dispénsese de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Central de la Ciudad Paraná, a partir de la fecha de publicación del presente hasta el viernes 3 de julio de 2020 inclusive, con excepción del personal crítico y/o esencial conforme lo determine la autoridad competente.-

Artículo 2°.- Déjase establecido que la dispensa concedida en el artículo precedente se computará a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes.- 

Artículo 3°.- Facúltanse a las/os señores Ministras/os Secretarias/os de Estado y al señor Secretario General de la Gobernación a establecer las medidas necesarias, mediante el dictado de las Resoluciones pertinentes, a fin de garantizar en sus dependencias en el período referido en el Art. 1º, la prestación de los servicios esenciales pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten, en observancia de la normativa emitida por el COES aplicable.-

Artículo 4°.- Déjase establecido que el personal no afectado al cumplimiento de tareas presenciales en los lugares habituales de prestación de servicios deberán estar disponibles en caso de ser requerido por la superioridad, ello en el marco de la buena fe contractual siendo susceptibles de sanción en caso de incumplimiento conforme lo normado en la reglamentación vigente, facultando a los responsables de cada jurisdicción a determinar las condiciones y pautas para la realización de las tareas cotidianas o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-

Artículo 5°.- Dispónese la suspensión de los plazos administrativos en el período consignado en el Art. 1º, excepto los referidos a los procedimientos de selección del co-contratante estatal bajo la ley de contabilidad y la de obras públicas, los concernientes a las operaciones de crédito público, los concernientes a los procedimientos de los registros públicos y a los que expresamente las autoridades máximas de cada jurisdicción, les habiliten día y hora mediante la emisión de los actos administrativos de su competencia.-

Artículo 6°.- Instrúyase a los titulares de los entes descentralizados, e invítase a los Poderes Legislativo y Judicial, y al Señor Presidente de la Municipalidad de la Ciudad de Paraná a adoptar medidas análogas a las dispuestas en el presente acto administrativo.-

Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.-

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese y archívese.- 

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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