Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Resolución 493/2013 Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas
Fecha: 10.04.2013
Publicado: 15.04.2013
Establécense requisitos documentales exigibles para la tramitación de solicitudes de reconocimiento de identidad de género. Ley Nº 26.743.

VISTO el Expediente Nº S02:0000245/2013 del registro de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, la Ley Nº 26.743, el Decreto Nº 1007 del 2 de julio de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.743 contempla el derecho humano fundamental de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, a ser tratada de acuerdo a ella y al libre desarrollo de su persona conforme dicha identidad y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad.

Que el Decreto Nº 1007/2012 reglamentó la mencionada ley estableciendo los requisitos documentales y los mecanismos administrativos necesarios para la materialización de los derechos reconocidos.

Que, a su vez, la norma reglamentaria reguló la tramitación de la rectificación del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, de los ciudadanos extranjeros con residencia legal en la República Argentina que así lo soliciten.

Que, sin embargo, no se ha contemplado expresamente la situación de los ciudadanos nacidos en el exterior que han optado por la nacionalidad argentina u obtenido su carta de ciudadanía.

Que en razón de ello, y a fin de no colocar a esos connacionales en una situación desventajosa que los prive de los derechos consagrados en la Ley Nº 26.743, corresponde establecer los requisitos documentales exigibles para la tramitación de sus solicitudes.

Que el artículo 13 de la Ley Nº 26.743 establece que sus disposiciones deben ser interpretadas y aplicadas siempre en favor del acceso al ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas.

Que si bien la Ley Nº 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas contempla en sus artículos 73 al 77 la inscripción de partidas de extraña jurisdicción, no es menos cierto que el artículo 75 manda que las mismas no pueden ser modificadas sin que previamente los sean en su jurisdicción de origen.

Que no siendo posible proceder a la rectificación de su partida de nacimiento por no constar su inscripción en sede del Registro Civil argentino, debe soslayarse tal exigencia.

Que la DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION, la DIRECCION NACIONAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y RELACIONES INSTITUCIONALES, la DIRECCION NACIONAL DE POBLACION, la DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO Y LOGISTICA, y la DIRECCION GENERAL TECNICA JURIDICA pertenecientes a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS han tomado la debida intervención.

Que la presente norma se dicta en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley 17.671 y el Decreto Nº 1501/2009.

Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
RESUELVE:

Artículo 1º — Los ciudadanos nacidos en el exterior que hayan optado por la nacionalidad argentina u obtenido su carta de ciudadanía en los términos de la Ley Nº 346, que soliciten el reconocimiento de identidad de género en virtud de la Ley Nº 26.743, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Contar con Documento Nacional de Identidad argentino.

b) Completar el formulario de solicitud de rectificación de datos de identificación que constan en su legajo de opción y/o naturalización en el Registro Nacional de las Personas.

Artículo 2º.— La solicitud se efectuará ante las oficinas habilitadas por el Registro Nacional de las Personas. La oficina de toma de trámites recepcionará la misma mediante la captura digital de datos y procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Verificados dichos extremos el Registro Nacional de las Personas dará curso a la solicitud y dictará una resolución que formalizará la actuación correspondiente. En caso de tratarse de un ciudadano que hubiese adquirido la nacionalidad argentina en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 346, el Registro Nacional de las Personas comunicará lo dispuesto al Juez Federal que hubiera otorgado la carta de ciudadanía.

Artículo 3º — Regístrese, notifíquese, comuníquese a las DIRECCIONES GENERALES DE LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y a la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —

Resolución 83/2020 MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Fecha: 04.07.2020
Publicado: 07.07.2020
RESOL-2020-83-APN-MMGYD

VISTO el EX-2020-39986654-APN-CGD#MMGYD, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), la Ley N° 26.485 y sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto N° 15 del 10 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que a partir de la reforma constitucional de 1994, diversos instrumentos internacionales de protección de los derecho humanos adquirieron jerarquía constitucional, conforme al artículo 75, inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y en ellos se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que tienen todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Que en el Sistema Universal de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos de control y los organismos jurisdiccionales, se han pronunciado en el mismo sentido al considerar que la identidad de género y su expresión, así como también la orientación sexual, constituyen categorías de discriminación prohibidas.

Que en especial se destaca la Opinión Consultiva N° 24 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aseguró que "la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención" y que "en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación" (cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, 24 de noviembre de 2017, "Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo", párr. 78 y 98).

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2018, encomendó a los Estados el desarrollo de "estrategias coordinadas de forma intersectorial, articulando temas con base en múltiples factores, tales como educación, trabajo y seguridad social, alimentación, vivienda y salud, orientadas a garantizar la participación democrática y el empoderamiento de las personas LGBTI" (cfr. CIDH, Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, párr.267, apartado 2).

Que particularmente sobre la situación en Argentina el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, en el año 2017, recomendó que "¨[e]n el ámbito de los programas y prácticas, las autoridades, en colaboración con otros agentes, debería: (...) adoptar una serie de medidas intersectoriales para aplicar la Ley de Identidad de Género y mejorar el acceso a la educación, la atención de la salud, el empleo, la vivienda, el crédito, las becas y otras oportunidades, incluidas modalidades alternativas de trabajo y empleo para las mujeres transgénero" (cfr. Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género acerca de su misión a la Argentina, párr. 79, inc. b).

Que la Ley N° 26.743 de Identidad de Género del año 2012, y sus Decretos Reglamentarios N° 1007/2012 y 903/2015, reconocen el derecho de toda persona a desarrollarse libremente conforme a su identidad de género.

Que aun con los avances normativos en la materia, las personas travestis, transexuales y transgéneros continúan teniendo dificultades para disfrutar del más alto nivel posible de salud, de acceder a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna.

Que las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática, tanto de la sociedad como de las instituciones.

Que esto se traduce en una falta de producción de información acerca de las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero. Sin embargo, una prueba piloto del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, de 2012, arrojó que poco más de la mitad de la población travesti, transexual y transgénero, alcanzó únicamente el nivel educativo primario; que aproximadamente un 20% culminó el nivel secundario, y que sólo un 2% finalizó estudios universitarios.

Que, con respecto a la protección y garantía del acceso a la salud, más del 80% de las personas travestis, transexuales y transgéneros no cuenta con cobertura de salud. Esta situación se condice con la ocupación laboral precaria de informalidad, donde el 80% de las personas relevadas afirmaron que su identidad de género era una dificultad en la búsqueda de trabajos formales. Asimismo, el 70% respondió haber estado o estar en situación de prostitución.

Que esto es parte de una cadena de violencias que comienzan desde la niñez, cuando estas personas sufren discriminación y expulsión en los ámbitos familiares y en las distintas instituciones estatales que, en la mayoría de los casos, finaliza con muertes a temprana edad por razones de salud o violencia.

Que la situación en la que encuentra esta población da cuenta de un patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida entre 35 y 40 años aproximadamente.

Que la creación del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD responde al compromiso asumido frente a toda forma de discriminación y violencia, para la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.

Que uno de los objetivos del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD es lograr la autonomía integral de las mujeres y de quienes integran el colectivo LGBTI.

Que, para esto, resulta imperioso establecer un programa integral que tenga como objetivo promover el pleno ejercicio de los derechos a la salud integral, vivienda digna, educación, empleo y formación continua de las personas travestis, transexuales y transgéneros.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA dependiente del MINISTERIO DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.

Que, por su parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 4 de la Ley N° 22.520 (t.o. 1992), conforme el Decreto Nº 7/2019;

Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Créase el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A DERECHOS PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE DIVERSIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD.

ARTICULO 2°: Apruébense los lineamientos generales y acciones del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A DERECHOS PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO que se encuentran en el ANEXO registrado bajo el número IF-2020-42701383-APN-MMGYD que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido por el Programa 19, Jurisdicción 86, SAF 386.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A DERECHOS PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO

1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un dispositivo específico de atención, acompañamiento y asistencia integral a personas travestis, transexuales y transgénero que garantice el acceso efectivo a derechos fundamentales en condiciones que aseguren el respeto de su identidad y expresión de género, en articulación con otros organismos a nivel nacional, provincial y municipal.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Desarrollar un dispositivo de abordaje integral e interdisciplinario para la atención, acompañamiento y asistencia a las personas travestis, transexuales y transgénero en situación de vulneración de sus derechos debido a su identidad y expresión de género.

● Desarrollar mecanismos específicos de gestión y articulación con los organismos competentes para garantizar a las personas travestis, transexuales y transgénero el acceso, permanencia y terminalidad educativa en condiciones que aseguren el respeto de su identidad y expresión de género.

● Desarrollar mecanismos específicos de gestión y articulación con los organismos competentes para garantizar a las personas travestis, transexuales y transgénero el acceso al sistema de salud desde una perspectiva integral y en condiciones que aseguren el respeto de su identidad y expresión de género.

● Desarrollar mecanismos específicos de gestión y articulación con los organismos competentes para garantizar a las personas travestis, transexuales y transgénero el acceso a herramientas, dispositivos y espacios de formación y capacitación para el empleo en condiciones que aseguren el respeto de su identidad y expresión de género.

● Desarrollar mecanismos específicos de gestión y articulación con los organismos competentes para garantizar a las personas travestis, transexuales y transgénero el acceso y estabilidad en el empleo formal, en el sector público y privado, y en condiciones que aseguren el respeto de su identidad y expresión de género.

● Desarrollar mecanismos específicos de gestión y articulación con los organismos competentes para garantizar a las personas travestis, transexuales y transgénero el acceso a programas sociales y de vivienda, a la asistencia integral en casos de violencia institucional, a la asistencia para acceder al cambio registral, entre otras demandas.

● Coordinar junto con los organismos competentes en la materia a nivel nacional, provincial y municipal la articulación de los recursos existentes en cada territorio para dar seguimiento a las situaciones particulares de vulneración de derechos de personas travestis, transexuales y transgénero.

3. JUSTIFICACIÓN

Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero se encuentran atravesadas por la estigmatización, la criminalización y la patologización de sus identidades y expresiones de género. En la actualidad, los derechos más elementales de esta población son vulnerados por no seguir la heteronorma como destino, como expresión de su deseo, de su identidad y su sexualidad. El impacto que esto tiene en las dificultades para el ejercicio de una ciudadanía plena genera una brecha de desigualdad, aislamiento y exclusión que es histórica y específica en esta población.

La expectativa de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero en Argentina, es entre 35 y 40 años aproximadamente y los circuitos de supervivencia más comunes siguen siendo actualmente el trabajo informal, la prostitución y el narcomenudeo. Esto es parte de una cadena de violencias que comienzan desde la niñez, cuando estas personas sufren discriminación y expulsión en los ámbitos familiares y en las distintas instituciones estatales, siendo esta situación un continuo que finaliza con muertes a temprana edad por razones de salud o violencia. Las dificultades y obstáculos existentes para el acceso por parte de esta población al ejercicio efectivo de derechos fundamentales, en particular para el acceso a la salud, la educación y el empleo, constituyen los ejes centrales de la exclusión social que caracteriza la situación mayoritaria de las personas travestis, transexuales y transgénero en nuestro país.

Un síntoma de esa exclusión es el déficit en la producción de información pública que dé cuenta de las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero. La escasa información pública disponible proviene de una prueba piloto del INDEC, que se llevó a cabo en junio de 2012 en el Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Dicha prueba, de la Encuesta Nacional sobre Población Trans, Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans1, arrojó que poco más de la mitad de la población trans tiene aprobado únicamente el nivel educativo primario, que aproximadamente un 20% culminó el nivel secundario, y que sólo un 2% finalizó estudios universitarios. Más del 80% de las personas trans no cuenta con cobertura de salud.

Los datos de ocupación evidenciaron además una situación laboral precaria de elevada inseguridad e informalidad. El 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero. El 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de precaria estabilidad y de trabajo no formal. Siete de cada diez encuestadas afirmaron estar buscando otra fuente de ingresos y ocho de cada diez de las mismas declararon que su identidad Trans les dificulta esta búsqueda. Más de la mitad de las encuestadas no han realizado algún curso de capacitación laboral y la mitad de las que hicieron algún curso de formación afirman que el mismo le sirvió para conseguir trabajo. El 70% de las encuestadas expuso estar o haber estado en situación de prostitución.

El bajo nivel de escolarización y acceso al empleo y la salud de las personas travestis y trans dan cuenta de la profunda discriminación que experimentan en su tránsito por diferentes agencias estatales. Las prácticas institucionales excluyentes, yuxtapuestas a condiciones socioeconómicas precarias, vuelven especialmente difícil el acceso a derechos básicos como el derecho a la educación, el trabajo, la vivienda, la salud, el acceso a la justicia y a la participación política.

Si bien en las últimas décadas hubo grandes avances normativos con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, el avance de iure debe necesariamente acompañarse de medidas que materialicen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas travestis y trans. Derribar estas barreras no puede quedar librado al accionar individual de la ciudadanía y requiere, entonces, de políticas públicas, dispositivos y medidas concretas por parte del Estado. Los desafíos centrales que se presentan en la actualidad son los de poder construir un efectivo puente entre la formalidad de la norma en términos de universalidad de derechos y las condiciones realmente existentes para la igualdad de oportunidades, acceso y permanencia en los diferentes ámbitos de ejercicio de estos.

La modificación de políticas y prácticas institucionales discriminatorias es uno de los mandatos del MMGyD y, a los fines de cumplir con esa obligación, se propone implementar, a través de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, diversas políticas públicas en la materia tanto para modificar las condiciones estructurales que dificultan el acceso de estas personas al ejercicio efectivo de sus derechos, como para diseñar mecanismos de atención, acompañamiento y asistencia integral a personas travestis, transexuales y transgénero desde un abordaje integral en condiciones de respeto a su identidad y expresión de género.

Uno de los objetivos de gestión del MMGyD es la incidencia en la calidad de vida de las personas travestis y trans a través de políticas públicas que se rijan por los principios de integralidad, interseccionalidad, transversalidad y multiagencialidad, entre otros. El prinicipio de integralidad alude a la promoción de acciones concretas para el acceso a derechos. El principio de interseccionalidad supone tomar en consideración los diversos factores que pueden incrementar la situación de vulneración de derechos en que se encuentran las personas, entre las que están la orientación sexual y la identidad de género. El de multiagencialidad, a la coordinación entre diversos organismos, ministerios y sociedad civil.

El presente programa se establece en base a estos principios, en tanto se propone garantizar un acompañamiento específico en el acceso a la educación, salud y empleo para las personas travestis, transexuales y transgénero, en un trabajo articulado con los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia.

4. DESTINATARIXS

Son destinatarias del presente programa las personas travestis, transexuales y transgénero mayores de 18 (dieciocho) años que residan en el territorio nacional y se encuentren en situación de vulneración de sus derechos por motivos de su identidad y expresión de género.

5. COMPONTENTES DEL PROGRAMA:

5.1 Atención, acompañamiento y asistencia integral

La particular situación de exclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero requiere de dispositivos específicos que permitan un abordaje integral de las problemáticas que atraviesan y una atención, acompañamiento y asistencia especializada para gestionar los recursos y medios necesarios en condiciones de respeto a su identidad y expresión de género. Se requiere un equipo interdisciplinario de profesionales y personal capacitado que permita un acercamiento accesible e inclusivo a las políticas públicas existentes en materia de derechos a la educación, la salud y el empleo. Este equipo del Programa deberá articular de manera permanente con los organismos competentes en la materia que existan a nivel nacional, provincial y municipal, de manera de realizar una intervención coordinada y un adecuado seguimiento de los casos y situaciones.

Acciones:

● Crear un equipo de trabajo especializado y capacitado para la atención, acompañamiento y asistencia a personas travestis, transexuales y transgénero en situación de vulneración de sus derechos.

● Crear dispositivos y canales telefónicos y digitales accesibles para la comunicación, orientación y atención de las personas travestis, transexuales y transgénero.

● Identificar, relevar y diagnosticar a nivel federal los obstáculos y barreras existentes que encuentran las personas travestis, transexuales y transgénero para acceder a derechos fundamentales debido a su identidad y expresión de género.

● Relevar y sistematizar los recursos y políticas públicas existentes a nivel nacional, provincial y municipal disponibles en materia de promoción y protección de derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero.

● Diseñar campañas de difusión de derechos y de los mecanismos y canales de denuncia existentes ante el incumplimiento de estos.

● Articular con la red de Promotorxs Territoriales del MMGyD y con distintas organizaciones sociales especializadas en la materia a fin de garantizar gestiones desde dispositivos de cercanía al lugar de residencia y fortalecer el trabajo y la participación de las organizaciones comunitarias y territoriales como facilitadoras de recursos y políticas disponibles en cada lugar.

● Articular a través del Consejo Federal del MMGyD con las provincias y municipios a fin de potenciar las diferentes iniciativas nacionales, provinciales y municipales que tengan por objetivo la inclusión social de las personas travestis, transexuales y transgénero.

● Elaborar y difundir materiales especiales de comunicación y orientación para el acceso a derechos dirigidos a personas travestis, transexuales y transgénero.

● Gestionar en articulación con los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales mecanismos específicos para el acceso de las personas travestis, transexuales y transgénero a los derechos sociales, económicos y culturales.

● Instrumentar mecanismos de consulta, acompañamiento y asistencia para facilitar el proceso de las personas travestis, transexuales y transgénero que deseen iniciar el cambio registral, en articulación con el Ministerio del Interior de la Nación.

5.2 Acceso a la Educación

Como se señaló precedentemente, el 20% de las personas entrevistadas para la Encuesta Nacional sobre Población Trans, Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans terminaron el nivel secundario o polimodal, sólo el 7% declaró haber cursado un nivel escolar superior a este nivel medio y el 2% dijo haber terminado el nivel terciario o universitario. El 64% tiene sólo aprobado el nivel primario y apenas un 6% expuso asistir a un establecimiento escolar a pesar de los bajos niveles de escolaridad2.

Estos datos indican que el sistema educativo no logra dar una respuesta adecuada al acceso a la educación de las personas travestis y trans. Entre las múltiples causales que inciden en los escasos años de permanencia en el sistema educativo deben tomarse en cuenta lo señalado en el informe "Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas" elaborado por la CIDH en el 2019, en la que la CIDH dedica un apartado específico a la educación. Allí condena los actos de intimidación y hostigamiento en ambientes educativos, insta a los Estados Miembros de la OEA a adoptar y hacer cumplir medidas efectivas para la prevención de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI en instituciones educativas tanto públicas como privadas y se refirió a que "la educación sexual comprensiva es una herramienta básica para eliminar la discriminación contra las personas LGBTI y que debe darse especial atención a la diversidad, dado que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su propia sexualidad sin ser discriminadas con base en su orientación sexual o identidad de género"3

La Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada a partir de la Ley Nº 26.150 en el 2006, es clave para construir una visión más inclusiva de la sexualidad a partir de la ampliación de derechos, pero no propone contenidos específicos de diversidad sexual ni contempla a las infancias trans. Para superar estos obstáculos se proponen implementar acciones en torno a promover la inclusión educativa, erradicar las acciones de hostigamiento y de trabajo conjunto con todes les actores del sistema educativo.

Acciones:

● Instrumentar mecanismos de consulta, acompañamiento y asistencia para facilitar el proceso de las personas travestis, transexuales y transgénero que deseen iniciar, continuar o completar sus estudios formales tanto a nivel primario como secundario, terciario o universitario.

● Gestionar en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, el acceso a becas que faciliten la terminalidad educativa en distintos niveles.

● Gestionar en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, el acceso a programas especiales que faciliten la terminalidad educativa en distintos niveles.

● Promover protocolos y guías para las situaciones de hostigamiento por motivos de discriminación por orientación sexual e identidad de género que se reportan en los establecimientos educativos.

● Articular con los distintos actores sindicales, estudiantiles, sociales, del sector educativo para gestionar mecanismos que faciliten la inclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero en las instituciones educativas.

5.3 Acceso a la Salud

En relación a la salud de las personas trans, la CIDH advierte en el informe "Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas" que "su situación económica, en general, determina la calidad de los servicios médicos que reciben, incluyendo las cirugías de afirmación de género y otras modificaciones corporales relacionadas".4 La Encuesta Nacional sobre Población Trans, Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans verifica esta advertencia, ya que allí se señaló que el 55% afirmó haberse realizado tratamiento de hormonización, de las cuales el 86% de las personas que estuvieron bajo este tratamiento no realizaron ningún control médico. El 54% de las encuestadas afirmó haberse realizado algún cambio en su cuerpo, siendo la inyección de siliconas o líquidos la modificación de mayor frecuencia de respuesta (casi ocho de cada diez afirman habérsela aplicado). Casi siete de cada diez expresaron que por motivos económicos no se han realizado alguna modificación corporal.

Como se señaló, el 80% de las personas encuestadas no cuenta con una cobertura de salud. Los obstáculos que encuentran no sólo son en el acceso a los tratamientos de hormonización y modificación corporal, sino que estos son ejemplos de dificultades estructurales que tiene la población travesti y trans en el acceso a la salud. Los relatos de experiencias en torno a la falta de cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en los servicios de salud, del trato patologizante, del desconocimiento de les profesionales de la salud de los requerimientos específicos de la salud de las personas travestis y trans son recurrentes.

Los Principios de Yogyakarta +10 interpelan a los Estados para "garantizar el acceso al más alto nivel posible de atención médica relativa a tratamientos de afirmación de la identidad de género, con base en el consentimiento previo, libre e informado de las personas"5. Este Programa se propone aportar medidas concretas de gestión y articulación con los organismos competentes para garantizar a las personas travestis y trans el acceso al sistema de salud, como parte de las políticas públicas en la materia que está implementando el MMGyD.

Acciones:

● Instrumentar mecanismos de consulta, acompañamiento y asistencia para facilitar el acceso de las personas travestis, transexuales y transgénero a los distintos servicios públicos y prestaciones de salud, en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación y otros organismos competentes.

● Informar a las personas travestis, transexuales y transgénero de los distintos servicios de salud inclusivos existentes a nivel nacional, provincial y municipal, fortaleciendo el acceso y el trabajo en red entre los mismos.

● Articular con el Ministerio de Salud de la Nación mecanismos que faciliten el acceso específico de las personas travestis, transexuales y transgénero a dispositivos de atención que aborden los tratamientos de hormonización, prevención sobre uso de siliconas líquidas, tecnologías reproductivas, consumo problemático de sustancias, VIH y enfermedades de transmisión sexual en forma respetuosa de los derechos de estas personas.

● Realizar campañas de difusión del derecho a la salud para personas travestis, transexuales y transgénero.

● Realizar talleres y capacitaciones específicas vinculadas a derechos y mecanismos para el acceso a la salud dirigidos a personas travestis, transexuales y transgénero para difundir conocimientos y recursos disponibles.

● Realizar capacitaciones conjuntas con el Ministerio de Salud destinadas a les profesionales de la salud sobre modelos de atención inclusivos y respetuosos de las identidades y expresiones de género y sobre problemáticas sanitarias específicas de las personas travestis, transexuales y transgénero.

5.4 Acceso al Empleo

La CIDH, en el informe "Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas", afirma que las personas trans están inmersas en un ciclo de exclusión y pobreza que las empuja hacia la economía informal, la actividad criminal, y el trabajo sexual como forma de sobrevivir"6. En virtud de ello, la CIDH recomendó a los Estados, "asegurar que los programas estatales para personas de bajos ingresos, sin hogar o sin empleo sean accesibles a las personas LGBTI"7

Esto se ve corroborado con los datos de la Encuesta Nacional sobre Población Trans, Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans, en la que como se señaló precedentemente, los datos de ocupación evidenciaron una situación laboral precaria de elevada inseguridad informalidad. El 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero. El 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de precaria estabilidad y de trabajo no formal. Ergo, el 100% de las personas travestis y trans que participaron de la Encuesta estaban excluidas del trabajo registrado.

El Programa busca garantizar la inserción y estabilidad laboral de personas travestis y trans incorporando herramientas que permitan construir trayectorias laborales de calidad.

A - Acciones en relación con la formación y la capacitación:

● Instrumentar mecanismos de consulta, acompañamiento y asistencia para facilitar el proceso de formación y capacitación de las personas travestis, transexuales y transgénero.

● Gestionar en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros organismos competentes en la materia, el acceso de las personas travestis, transexuales y transgénero a becas y
programas de educación, formación, orientación y capacitación laboral.

● Relevar las trayectorias educativas, formativas y laborales de las personas travestis, transexuales y transgénero incluidas en el Programa, así como de sus demandas, potencialidades e intereses en materia de formación y capacitación para el trabajo.

● Orientar y asistir a las personas travestis, transexuales y transgénero a través de guías y mecanismos que faciliten la confección de currículums, el manejo de las herramientas digitales más usuales y el acceso a espacios de capacitación laboral
específicos que necesiten.

● Articular con organismos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil el dictado de cursos de capacitación laboral para personas travestis, transexuales y transgénero.

B- Acciones para garantizar el acceso al empleo:

● Instrumentar mecanismos de consulta, acompañamiento y asistencia para facilitar el acceso de las personas travestis, transexuales y transgénero al empleo formal.

● Gestionar en articulación con la Secretaría de Empleo Público de la Nación el acceso de personas travestis, transexuales y transgénero al empleo en el sector público nacional.

● Articular con organismos públicos provinciales y municipales el acceso de personas travestis, transexuales y transgénero al empleo en el sector público provincial y municipal.

● Gestionar en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y otros organismos vinculados, el acceso de las personas travestis, transexuales y transgénero a los programas de empleo.

● Gestionar en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación la creación de incentivos y mecanismos específicos de promoción del empleo de las personas travestis, transexuales y transgénero en el sector privado.

● Gestionar en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Nacional de la Economía Social, y otros organismos vinculados, el acceso de las personas travestis, transexuales y transgénero a los programas de microcréditos para la economía social y solidaria y los programas de cooperativas de trabajo.

6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El presente programa será llevado a cabo por la Subsecretaría de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Las personas travestis, transexuales y transgénero que quieran acceder al Programa podrán ingresar su solicitud a través de una plataforma digital accesible y desarrollada especialmente para tal fin.

El Programa contará con un equipo interdisciplinario especializado para garantizar la celeridad en la atención, asesoramiento y acompañamiento de las personas travestis, transexuales y transgénero.

La Subsecretaría de Diversidad del MMGYD gestionará los mecanismos de articulación necesarios con organismos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y/o entidades del sector privado para dar cumplimiento a los objetivos del presente Programa y realizar el correspondiente seguimiento y monitoreo de situaciones.

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1 INDEC, INADI (2012), "Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgénero y Hombres Trans. Informe Técnico de la Prueba Piloto", Municipio de la Matanza. Septiembre 2012. Disponible en http://www.trabajo.gov.ar/downloads/diversidadsexual/Argentina_Primera_Encuesta_sobre_Poblacion_Trans_2012.pdf
2 INDEC, INADI (2012), "Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgénero y Hombres Trans. Informe Técnico de la Prueba Piloto", Municipio de la Matanza. Septiembre 2012. Disponible en http://www.trabajo.gov.ar/downloads/diversidadsexual/Argentina_Primera_Encuesta_sobre_Poblacion_Trans_2012.pdf
3 Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 2018, párr. 132. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf

4 Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas : Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 2018, párr. 158. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf

5 Obligación 17.K, Principios de Yogyakarta +10, (2017)

6 Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas : Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de diciembre de 2018, párr. 158. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf

7 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en Américas, 12 de noviembre de 2015. Recomendaciones, párr. 208.

IF-2020-42701383-APN-MMGYD

Resolución nº 80/2020 MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Fecha: 02.07.2020
Publicado: 06.07.2020
RESOL-2020-80-APN-MMGYD

VISTO el EX-2020-35307634- -APN-SSGA#MMGYD, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485, 26.743 y 26.791, y la Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020, y,

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 75 inciso 22 otorga rango constitucional a la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual el ESTADO NACIONAL se comprometió a elaborar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y en el año 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ("Convención de Belem do Pará").

Que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará (MESECVI), en la "Declaración sobre el Femicidio" emitida en el año 2008, define al femicidio como; "la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión".

Que la Ley N° 26.485 de PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, establece dentro de sus preceptos rectores que el Estado deberá garantizar la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia.

Que, asimismo, en el artículo 7° de la mencionada norma legal establece entre otros preceptos rectores, que para el cumplimiento de los fines de la ley, los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, deberán garantizar, la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Protección Integral.

Que, por su parte, la Ley N° 26.743 de IDENTIDAD DE GÉNERO establece el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género.

Que la Ley N° 26.791, reformó el artículo 80 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA para criminalizar de modo agravado homicidios que constituyan manifestaciones de la violencia por motivos de género. En particular, esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1°) y el catálogo de crímenes de odio (inciso 4°), e incorporó las figuras de femicidio (inciso 11°) y femicidio vinculado (inciso 12°).

Que el entonces Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que funcionaba en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, estableció, a través de la Resolución MDS N° 938/2002, el PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES que se ejecutaba mediante el otorgamiento de subsidios destinados a personas físicas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, con destino a atender casos de extrema necesidad que requieren urgente solución.

Que dicho PROGRAMA DE AYUDAS URGENTES se aplicaba, en el marco de las competencias del ex INAM, para los casos de personas en situación de violencia por motivos de género que, conforme la evaluación realizada por profesionales del campo del trabajo social, lo requirieran.

Que mediante el Decreto N° 7/2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 se creó el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, como respuesta al compromiso asumido respecto a los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.

Que atento a la creación de este Ministerio y a las competencias asignadas por el artículo 23 ter de la Ley de Ministerios, a través del mentado Decreto N° 7/2019 se suprimió el organismo denominado INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJERES (INAM), el cual, conforme lo establecía el artículo 14 del Decreto N° 698/17, era continuador del entonces CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES.

Que, por lo tanto, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la Ley N° 26.485, de PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES.

Que corresponde al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, la asistencia al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad.

Que también se dispone que compete a este Ministerio coordinar con otras Jurisdicciones el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género.

Que, en el marco de sus competencias, y producto de un proceso participativo y federal, este MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD elaboró el "Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022", contemplando los lineamientos establecidos a través de las leyes referidas, desde una perspectiva multiagencial y transversal, proponiendo un nuevo abordaje integral e interseccional de esas violencias, que tiene por horizonte, entre otras cuestiones, la ampliación de políticas de reparación para familiares integrantes del círculo de confianza de las víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios

Que lo expuesto exige adecuar los instrumentos existentes a los nuevos objetivos prioritarios de gobierno, dotándolos de las herramientas necesarias que les permitan alcanzar los mismos.

Que, asimismo, la Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020 aprobó la estructura organizativa de este Ministerio, determinando las responsabilidades primarias y acciones.

Que conforme al Anexo II (IF-2020-13326568-APN-DNO#JGM) de la Decisión Administrativa mencionada en el considerando precedente, corresponde a la DIRECCIÓN DE ABORDAJE INTEGRAL DE CASOS DE FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS, TRANSFEMICIDIOS Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de este Ministerio, proponer y elaborar políticas públicas, en coordinación con las áreas competentes, para el logro de un abordaje eficaz de la investigación, persecución, sanción y reparación de los femicidios, travesticidios, transfemicidios, crímenes de personas trans y no binarias y delitos contra la integridad sexual; y diseñar mecanismos de reparación destinados a familiares o círculos de confianza de las víctimas de los crímenes violentos por razones de género.

Que los femicidios, travesticidios y transfemicidios constituyen las formas más extremas de las violencias por motivos de género como punto culminante en la confluencia de múltiples violencias, constituyéndose de esta manera en fenómenos que deben abordarse de manera coordinada, articulada e integral por parte del Estado.

Que lo expuesto exige adecuar los instrumentos existentes a los nuevos objetivos prioritarios de gobierno, dotándolos de las herramientas necesarias que les permitan alcanzar los mismos.

Que, en consecuencia, resulta conveniente crear el PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE FEMICIDIO, TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO con el objetivo de asistir integralmente a aquellas personas del grupo familiar o allegados/as de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio.

Que el apoyo económico que se crea por el presente será atendido con cargo a la partida 5.1.4 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS", Programa 18 "FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO" de esta Jurisdicción.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y CONTENCIOSOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4 inciso 6 y 22 de la Ley N° 22.520 (t. o. 1992), artículo 35 del Decreto Nº 1344/2007 y artículo 8 de la Ley N° 26.485, sus modificatorias y complementarias.

Por ello,
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE FEMICIDIO, TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO, con el objeto de asistir integralmente a aquellas personas del grupo familiar o allegados/as de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio, a través de una prestación económica, asesoramiento psicológico y/o legal.(1)

ARTÍCULO 2°.- Apruébase los lineamientos generales, y acciones del PROGRAMA PARA EL APOYO URGENTE Y LA ASISTENCIA INTEGRAL INMEDIATA ANTE CASOS DE FEMICIDIO, TRAVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO, que como ANEXO I (IF-2020-42433500-APN-MMGYD), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el Formulario de solicitud, el Informe social, la Declaración Jurada de Cuenta Bancaria y la Declaración Jurada de gastos, que como ANEXOS II (IF-2020-42433382-APN-MMGYD), III (IF-2020-42433194-APN-MMGYD), IV (IF-2020-42433045-APN-MMGYD) y V (IF-2020-42432815-APN-MMGYD) forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Delégase en la titular de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO la implementación del Programa creado por el artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Delégase en la titular de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO el inicio y aprobación del ingreso al Programa creado por el artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo a la partida 5.1.4 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS", Programa 18 "FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO", Jurisdicción 86 - MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar y obran como Archivo Adjunto a la presente.

 

(1) Para poder acceder a este derecho, el trámite se puede realizar a través de la Línea 144 o a través de las áreas con competencia en materia de género de las provincias o municipios en el plazo de 60 días luego del hecho. Te recordamos que podés comunicarte de manera telefónica al 144, por WhatsApp al 1127716463 o por mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Será necesario completar el Formulario de inicio, el Informe social, la documentación de quien solicita y de la víctima, y, en caso que corresponda, la Declaración Jurada de la cuenta bancaria.

Para consultas sobre los requisitos del programa, no dudes en escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..(Página">.

(Ver Página del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Nacional) 

Resolución nº 1290/2015 TCER
Fecha: 03.11.2015

1º.- Aprobar "Instructivo de Prácticas Administrativas, Contables y Renditivas por Finalización de Mandato", a implementar en los Municipios existentes en la Provincia de Entre Ríos. (1)
2º.- El instructivo aprobado, que obra como Anexo I y que forma parte de la presente resolución, se recomienda implementar ante cada cambio de autoridades que, por cualquier motivo, se produzca en el Municipio.
3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en la página web del organismo, y archívese.

 

(1) Ver copia de la Resolución que obra como Archivo Adjunto.

Ley nº 10800
Sancionada: 03.06.2020
Promulgada: 12.06.2020
Publicada: 08.07.2020

Artículo 1º.- Créase el régimen de "Licencia por donación de órganos, tejidos y/o células" para el personal de la Administración Pública Provincial, de los organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, empresas del Estado y de los municipios que adhieran a la presente ley.
Artículo 2°.- Al agente donante de órganos, tejidos y/o células se le concederá el derecho a hacer uso de este beneficio con goce íntegro de haberes por el término que establezca la certificación médica expedida por autoridad sanitaria de salud pública provincial o nacional, convalidada por la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia o el órgano que en un futuro lo reemplace, el que no podrá exceder de treinta (30) días.
Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente, dentro de los treinta (30) días contados a partir de su promulgación.
Artículo 4º.— Comuníquese, etc.

Ley nº 10806
Sancionada: 02.07.2020
Promulgada: 07.07.2020
Publicada: 08.07.2020

Artículo 1°.- Declárese el Estado de Emergencia Pública en materia Económica, Financiera, Fiscal, Sanitaria, Administrativa, y Previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos. Dicho Estado, se extenderá hasta el treinta (30) de junio de 2021, prorrogable por única vez mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial por ciento ochenta (180) días en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia.

Artículo 2º.- La presente Ley es de orden público y sus alcances se aplicarán a los Municipios adheridos al sistema previsional, a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria.

Artículo 3º.- Establécese los siguientes objetivos, para cuyo cumplimiento el Poder Ejecutivo desplegará sus facultades reglamentarias:
a) Asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la Administración de la Provincia de Entre Ríos consistente en el sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad, los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acuerdo al principio de equilibrio presupuestario establecido en al Artículo 35º de la Constitución Provincial.
b) Procurar a nivel impositivo, un esfuerzo colectivo, en base a la capacidad contributiva en orden a superar la crisis económica imperante en el ámbito provincial.
c) Fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema.

Artículo 4º.- En razón del estado de emergencia declarado, y con el fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, los aportes personales se calcularán sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario Nominal (en $) - Aportes Personales (en %)
a) hasta 75.000 - 16 %
b) desde 75.001 a 100.000 - 18%
c) desde 100.001 a 200.000 - 20%
d) desde 200.001 en adelante - 22%

Artículo 5º.- Dispónese que el personal comprendido en la Ley Nº 5.654/75, continuará efectuando el aporte establecido de acuerdo al Artículo 242º de dicho cuerpo legal en tanto sus haberes estén incluidos en la escala prevista en los apartados a y b del esquema del Artículo 4º. Para quienes perciban haberes iguales o superiores a $ 100.001, los aportes personales se incrementarán según el porcentaje de la escala prevista en los apartados c y d del Artículo 4º. De igual manera se procederá con los agentes comprendidos en la Ley Nº 5797/75.

Artículo 6º.- Establécese durante la vigencia de la presente ley, los siguientes aportes solidarios extraordinarios, los que serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, con destino a cubrir el déficit previsional.

Monto total beneficio Nominal en $ – aporte %
a) desde 75.001 a 100.000 - 4%
b) desde 100.001 a 200.000 - 6%
c) desde 200.001 a 300.000 - 8%
d) más de 300.001 - 10%
En el caso de percepción de más de un haber previsional otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ya sea pensión y/o jubilación, el monto total sobre el que se calculara el porcentaje aplicable, estará dado por la suma de ambos conceptos.

Artículo 7º.- Modifícase por el periodo que dure la emergencia, el artículo 160º del Código Fiscal, que quedará redactado de la siguiente forma: "Para las Entidades Financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, la base imponible estará constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultados, no admitiéndose deducciones de ningún tipo".

Artículo 8º.- Modifícase, durante la vigencia de la presente ley, la alícuota establecida en el Artículo 8º de la Ley Impositiva 9622 (to 2018) y sus modificatorias, para la actividad comercio mayorista de medicamentos para uso humano, la que quedará fijada en el 4%.
Cuando dicha actividad sea realizada por Micros o Pequeños contribuyentes, según lo dispuesto en el Artículo 191º del Código Fiscal (to 2018), o cuando la misma sea efectuada por Cooperativas en operaciones con sus asociados la alícuota quedará fijada en el 1,6%.

Artículo 9º.- Establécese durante la vigencia de la presente ley, un aporte extraordinario equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto inmobiliario anual, aplicable a los inmuebles de la planta 6 y 7, cuya superficie sea igual o superior a un mil (1.000) hectáreas, quedando incluidas aquellas parcelas resultantes de la aplicación de las disposiciones del Segundo Párrafo del Artículo 132º del Código Fiscal (t.o. 2018). Este aporte se calculará sobre el impuesto anual determinado para el período fiscal 2020, y se replicará el mismo cálculo para el ejercicio 2021, tomándose como base el valor del impuesto determinado para ese año.

Artículo 10º.- Durante la vigencia de la presente ley y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren.

Artículo 11º.- Dispónese, para el supuesto que se alcanzaren los ingresos proyectados indicados en la ley de presupuesto vigente, el Poder Ejecutivo podrá desafectar de la mayor contribución impuesta al personal en actividad y pasivos, incluidos en el tramo b) del artículo 4º y en el tramo a) del artículo 6º.

Artículo 12°.- Comuníquese, etcétera.

Decreto nº 1053/2020 GOB
(Texto actualizado, modificado por Decreto nº 1477/2020 GOB)
Fecha: 08.07.2020
Publicado: 08.07.2020

"Artículo 1°.- Autorízanse las actividades religiosas de las organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, en todo el territorio provincial".(1)
Artículo 2º.- Establécese que la autorización prevista en el artículo precedente está supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en los Arts. 6º y 8º del DNU Nº 576/20 PEN, a las del presente decreto, a la normativa modificatoria o complementaria del mismo, y a los Documentos COES aplicables.-
Artículo 3º.- Apruébase el Protocolo para la práctica de actividades religiosas que forma parte del presente.-
Artículo 4º.- Dispónese que la actividad y los inmuebles que se utilicen para las prácticas religiosas deberán contar con la habilitación municipal o comunal, quienes tendrán a su cargo la verificación y control del cumplimiento del presente acto administrativo conforme lo expresado en los Considerandos.-
Artículo 5º.- Facultase al COES a suspender las habilitaciones conferidas por los municipios o comunas a la actividad, por acto debidamente fundado en razones sanitarias.-
Artículo 6º.- Determinase la vigencia del presente acto administrativo a partir del miércoles 8 de julio de 2020.-
Artículo 7º.- El presente decreto será refrendado por las señoras Ministras Secretarias de Estado de Gobierno y Justicia, y de Salud.-
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y archívese.

 

(1)Decreto nº 1477/2020 GOB
Fecha: 21.09.2020
Publicado: 22.09.2020

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 1053 GOB de fecha 8 de julio de 2020, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Articulo 1°: Autorízanse las actividades religiosas de las organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, en todo el territorio provincial".
Artículo 2º.- Dispónese que la actividad y los inmuebles que se utilicen para las prácticas religiosas deberán contar con la habilitación correspondiente de las autoridad municipal o comunal, quienes tendrán a su cargo la verificación y fiscalización del cumplimiento del protocolo aplicable como así también de las disposiciones del DNU Nº 754/20 PEN y normativa modificatoria o complementaria, las del presente acto administrativo, el cumplimiento de lo dispuesto en los Documentos del Comité de Organización de Emergencia de Salud aplicables y en toda normativa aplicable emanada por autoridad competente.-
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y archívese.

 

 

Decreto nº 501/2016
Fecha: 23.02.2016

Artículo 1º.- Créase la Dirección de Despacho Administrativo dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura.
"Subdirección de Tramitaciones.
Subdirección de Certificaciones.
Departamento Tramitaciones.
Sección Mesa de Entradas.
Sección Tramitaciones.
Sección Documentación.
Sección Maestranza." (2)
"Sección Certificaciones" (3)

Artículo 2º.- (1)

Artículo 3º.- Créase la Dirección de Señalización Urbana dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura.-

Artículo 4º.- (1)

Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 4° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas reparticiones creadas.


(2) Por Decreto nº 468/2019
Fecha: 26.03.2019
Artículo 1º.- Dispónese la creación en la Dirección de Despacho de la Subsecretaría de Infraestructura los cargos que se detallan a continuación:
Subdirección de Tramitaciones.
Subdirección de Certificaciones.
Departamento Tramitaciones.
Sección Mesa de Entradas.
Sección Tramitaciones.
Sección Documentación.
Sección Maestranza.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas áreas creadas.


(3) Por Decreto nº 971/2019
Fecha: 20.05.2019
Artículo 1º.- Dispónese la creación de los siguiente cargos en el ámbito de la Subsecretaría de Infraestructura:
Sección Certificaciones –Dirección de Despacho de la Subsecretaría de Infraestructura.
Departamento Vehículos Livianos –Dirección General de Arquitectura Urbana y social.
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- El presente será refrendado por el Sr. Secretario de Servicios Públicos.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2° y 3° en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas reparticiones creadas.

Ordenanza nº 6872
Fecha: 12.03.1986

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación gratuita a favor de la Municipalidad de una fracción de terreno de propiedad de COCERAMIC S.A., la que según plano de mensura registrado en la Dirección Provincial de Catastro bajo el nº 100.036, actualizados sus datos por el certificado nº 396.091, se ubica en el Departamento y Ciudad de Paraná, Área Extra Urbana, Distrito E.U.O.U., Concesión 80, zona de anegadizos y tiene una superficie de sesenta y nueve mil ciento diecisiete metros cuadrados (39.117 mts²), anotado el dominio en el Registro Público de esta Capital el día 15 de enero de 1947, Tomo 60, Folio 72 vta., para oportunamente a lugar de uso púbico.(1)
Artículo 2º.- Los gastos de escrituración necesarios para perfeccionar la donación serán a cargo de la Municipalidad.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

 

(1) Por Ordenanza nº 7348 se declara Reserva Natural de Fauna y Flora conocida como "Parque Muttio". La misma obra en este Digesto Municipal 

Decreto nº 939/2020
Fecha: 26.06.2020

VISTO: El Decreto nº 927, el Documento COES ID 066 y la Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo nº 38/2020 en el marco del DNU nº 367/2020 PEN; y ()

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) vinculada a la propagación del coronavirus y la transmisión de la enfermedad Covid-19 el Municipio ha tomado medidas tendientes a evitar el contagio y proteger a los trabajadores municipales en esta emergencia sanitaria;
Que en virtud de los incrementos en los casos confirmados en la ciudad de Paraná, resulta necesario proceder a la aprobación de un protocolo dirigido al personal de las distintas reparticiones que componen el Ejecutivo donde se establezcan los pasos a seguir en los posibles surgimientos de casos Covid-19 dentro del Municipio;
Que habiendo analizado con especialistas en la materia se elaboró un protocolo de actuación ajuntado a los criterios brindados por el Comité de Emergencia Sanitario (COES) Provincial mediante el Documento 66 y la Resolución Superintendencia de Riesgo del Trabajo nº 38/2020;
Que en virtud de lo expuesto y conforme facultades conferidas por la Ley nº 10027 y sus modificatorias, corresponde el dictado del presente;

Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANA
DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébese el Protocolo de Acción para el tratamiento y procedimiento a seguir ante el posible surgimiento de casos de Covid-19 en este Municipio; el que agregado como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Invitase al Honorable Concejo Deliberante, a adherir al Protocolo que se aprueba por el artículo 1º.-
Artículo 3º.- Este Decreto será refrendado por el/la Señor/a Secretario/a de Gobierno y Gestión y Participación Comunitaria.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.


                                                                                                                                                            ANEXO I
PROTOCOLO DE ACCION ANTE POSIBLE CASOS DE COVID-19
I.- Conceptos básicos:
De acuerdo con lo expresado en el documento COES ID: DCO066 los casos considerados como sospechosos son los siguientes:
- Aquella persona que presente DOS o MÁS de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia (pérdida del sentido del olfato), disgeusia (pérdida del sentido del gusto); sin otra causa que explique completamente la presentación clínica.
- Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, ante la presencia de UNO O MÁS de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición. NOTA: ante la presencia de alguno de estos como único síntoma, con ausencia de fiebre, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciados los síntomas.
- Toda persona que presente anosmia o disgeusia de reciente aparición y sin otra causa definida y sin signos o síntomas.
- NOTA: ante la presencia de alguno de estos como único síntoma se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciados los síntomas.
A los efectos aclaratorios, se define contacto estrecho a:
- Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras presentaba síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
- Cualquier persona que haya permanecido, durante un tiempo mayor a 15 minutos y a una distancia menor a 2 metros, con un caso confirmado, desde 48 horas previas al inicio de síntomas (ej. Convivientes, visitas, compañeros de trabajo en el mismo espacio cerrado).
II.- Protocolo de actuación
Por lo antes expuesto, para todo empleado/a del municipio que se encuentre en alguna de las situaciones descriptas, deberá:
• Comunicarse inmediatamente con la Línea Oficial 0800-777-8476 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos
• Quedarse a resguardo en su domicilio.
• Comunicar inmediatamente a su superior jerárquico de tal situación, y esperar indicaciones precisas de las autoridades sanitarias.
• Si se tratase de un caso de contacto estrecho de un caso confirmado y durante el período de aislamiento desarrolle síntomas, a pesar de un resultado no detectable, debe permanecer en aislamiento estricto obligatorio hasta completar los 14 días desde la fecha del último contacto.
• Una vez confirmado el diagnóstico, con certificado del médico actuante de:
Covid-19 NEGATIVO: continúa con seguimiento y tratamiento clínico según indicación médica.
Covid-19 POSITIVO: Caso Confirmado/Caso Sospechoso: el Directivo/Empleado deberá seguir las indicaciones médicas e informar a la Secretaría y/o Subsecretaría, donde el Responsable de cada organismo en conjunto con el responsable inmediato inferior definirán las medidas a implementar.
El resto del personal, perteneciente a la repartición y que no haya mantenido contacto estrecho con el caso sospechoso, deberá continuar sus labores manteniendo las medidas de seguridad ya comunicadas en los documentos previos. De lo contrario, deberá proceder conforme el protocolo, comunicándose a la línea oficial indicada.
Los espacios y oficinas en donde haya sido identificado el caso confirmado deberán ser debidamente higienizados para resguardo del personal, por lo cual permanecerá cerrado por el tiempo que dura la higienización.
Si un vecino que concurre por un trámite al Municipio presenta síntomas, los responsables del cumplimiento de esta norma deberán:
- El trasladar a la persona un mensaje de tranquilidad y minimizar su ansiedad, mostrando en todo momento disponibilidad para responder todas las dudas que presente.
- Recomendar que la persona vuelva a su domicilio, evitando contacto con otras personas y llamar inmediatamente a la Línea Oficial 0800-777-8476 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.
III.- Procedimiento ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
Ante un Covid-19 POSITIVO: los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán comunicarse con la Dirección General de Recursos Humanos o denunciar el hecho telefónico al 0800-444-0343, a fines de acreditar ante la ART(IAPSER) los siguientes requisitos de carácter formal:
1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (R.E.F.E.S.) creado por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION (M.S.N.) nº 1070 de fecha 26 de junio de 2009, con resultado positivo por coronavirus COVID-19, debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente.
2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
3. Constancia de dispensa otorgada por el empleador en donde conste: a) nombre o denominación del empleador, Nº de C.U.I.T y demás datos que permitan su adecuada identificación; b) Nombre y Apellido, y nº de D.N.I. del/a trabajador/a.

Por último y de acuerdo a recomendaciones realizadas por especialistas, y agregando a lo establecido en el Anexo I del DEM nº 927/20 se sugiere la conformación de guardias mínimas rotativas cada 15 días teniendo en cuenta que el ciclo del virus tiene un término menor.

 

()Decreto 367/2020
Fecha: 13.04.2020
Publicado: 14.04.2020
DECNU-2020-367-APN-PTE - Enfermedad de carácter profesional no listada.

VISTO el Expediente N° EX-2020-25188323- -APN-DGDMT#MPYT, las Leyes Nº 19.587, N° 24.241, N° 24.557, Nº 26.122, N° 26.773, N° 27.348, y Nº 27.541 y sus respectivas modificatorias, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1278 de fecha 28 de diciembre de 2000, Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, Nº 325 de fecha 31 de marzo de 2020 y N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, los Decretos N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996, Nº 658 de fecha 24 junio de 1996 y sus modificatorios, y Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que el 30 de enero de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) declaró el brote del SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para la que los países deben estar preparados en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de la propagación de la infección.

Que, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) y la constatación de la propagación de COVID-19 en nuestro país, el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541.

Que, en este contexto, y con el fin de proteger la salud pública, mediante el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 se estableció para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encontraren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" desde el día 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

Que el artículo 6° de la norma citada en el considerando precedente prevé dispensas al deber general de aislamiento social, preventivo y obligatorio respecto de las personas afectadas al cumplimiento laboral de las actividades y servicios declarados esenciales durante la emergencia, indicando que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto desempeño de dichas actividades y servicios.

Que, posteriormente, mediante el dictado de diversas Decisiones Administrativas, se incorporaron nuevas actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, exceptuando a las personas afectadas a esas tareas, del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", y de la prohibición de circular.

Que, asimismo, a través de los Decretos Nº 325 de fecha 31 de marzo 2020 y N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, se prorrogó el aislamiento social dispuesto por el Decreto Nº 297/20, el que se extenderá hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

Que en atención a las consecuencias socioeconómicas resultantes de la propagación del coronavirus, se estima necesario formular e implementar de inmediato políticas laborales y de seguridad social coordinadas para tutelar la salud de los trabajadores y las trabajadoras con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, por el hecho o en ocasión de su desempeño laboral, realizado en ejercicio de la dispensa de aislamiento precedentemente aludida.

Que, con la sanción de la Ley Nº 24.557 nuestro país ha adoptado un régimen en materia de prevención y reparación de los riesgos del trabajo, inscripto, en razón de varios de los principios e institutos que lo sustentan, en el concepto amplio de la seguridad social.

Que los principios de solidaridad y esfuerzo compartido conllevan, en el contexto de la emergencia sanitaria actual del país, la necesidad de implementar acciones destinadas a preservar las condiciones de vida y de trabajo de los sectores en riesgo.

Que merecen prioritaria protección aquellos trabajadores y trabajadoras que, debidamente identificados e identificadas por sus empleadores, se encuentren desarrollando actividades laborales determinables, consideradas previamente esenciales por el artículo 6° del Decreto N° 297/20 o en sus normas complementarias y que, en función de ellas, se hallen prestando tareas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, en el caso del personal de salud, también una vez finalizado el mismo, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria prevista en el Decreto 260/20.

Que con el objeto de asistir al correcto funcionamiento prestacional del Sistema de Riesgos del Trabajo frente a la necesidad de brindar cobertura a específicas enfermedades profesionales que, en razón de sus características propias, podrían resultar de alto impacto desde un punto de vista económico, mediante el Decreto N° 590 de fecha 30 junio de 1997 se creó el Fondo para Fines Específicos, posteriormente denominado FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, por imperio del Decreto N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000.

Que el referido FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, administrado por cada una de las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.), se financia, entre otras fuentes, mediante una porción de las alícuotas de afiliación percibidas en razón de los contratos correspondientes, por lo que se encuentra conformado por recursos procedentes del sistema productivo argentino.

Que, dado el alcance mundial de la actual pandemia, resulta pertinente destacar que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) ha llevado a cabo un análisis pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del nuevo coronavirus COVID-19, publicado con fecha 27 de marzo de 2020, sosteniendo que las patologías contraídas por exposición en el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales, en razón de lo cual otros países -tales como España, Uruguay y Colombia- han declarado que la afección producida por la exposición de los trabajadores y las trabajadoras al nuevo coronavirus, durante la realización de sus tareas laborales, reviste carácter de enfermedad profesional.

Que las soluciones que se disponen preservan los pilares esenciales del plexo de obligaciones propio del Sistema de Riesgos del Trabajo, así como su viabilidad económica financiera, receptando a la vez la aplicación de elementales principios de justicia social en el actual contexto de emergencia sanitaria.

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL , en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 3º.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°.

La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente.

ARTÍCULO 4º.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.

ARTÍCULO 5°.- Hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 325/20 y 355/20, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente decreto será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), en el marco de sus respectivas competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los efectos del reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES de erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto precedentemente y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) a dictar las normas relativas al procedimiento de actuación ante la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y a dictar todas las medidas reglamentarias, complementarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 7º.- Las disposiciones de este decreto se aplicarán a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020.

ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 9°.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

()Resolución 38/2020 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Fecha: 28.04.2020
Publicado: 29.04.2020
RESOL-2020-38-APN-SRT#MT

VISTO el Expediente EX-2020-19635285-APN-GG#SRT, las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425, Nº 26.773, N° 27.348, Nº 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000, Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, Nº 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, los Decretos N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, N° 2.104 y N° 2.105, ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (M.S.N.) Nº 1.070 de fecha 26 de junio de 2009, las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, Nº 246 de fecha 07 de marzo de 2012, Nº 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014, N° 179 de fecha 21 de enero de 2015, Nº 525 de fecha 24 de febrero de 2015, Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo ha creado la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), con las misiones y funciones establecidas en el artículo 36 de dicho cuerpo normativo.

Que el artículo 6° de la mencionada Ley N° 24.557 determina las contingencias cubiertas y, con relación a las enfermedades profesionales, atendiendo al principio de universalidad en el que se basa el Régimen, prevé la cobertura de aquellas enfermedades profesionales no listadas en las que la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.

Que el artículo 51 de la Ley N° 24.241, sustituido por el artículo 50 de la Ley N° 24.557, dispuso la actuación de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central en el ámbito de los riesgos del trabajo.

Que el artículo 21 de la Ley N° 24.557, con el apartado incorporado por el artículo 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000, estableció los alcances de las funciones de las citadas comisiones médicas en orden a la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, así como el carácter y el grado de la incapacidad, el contenido y los alcances de las prestaciones en especie y las revisiones a que hubiere lugar.

Que, posteriormente, la Ley N° 27.348 determinó que las Comisiones Médicas constituyen la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra, para que el trabajador afectado solicite u homologue la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en aquellas provincias que se adhieran a la misma.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) en relación al brote del Coronavirus COVID-19.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, el PODER EJECUTIVO NACIONAL estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" desde el día 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año -plazo prorrogado por los D.N.U. N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020 y N° 408 de fecha 26 de abril de 2020 y los que en un futuro lo reemplace-.

Que el artículo 6° de la norma citada en el considerando precedente establece excepciones a la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, indicando que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios –ampliadas, posteriormente por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS-.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 dispuso que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal, y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus complementarios.

Que el mismo decreto estableció que la Comisión Médica Central entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social preventivo y obligatorio. La Comisión Médica Central podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador o trabajadora cuando se trate de un porcentaje relevante de infectados de la enfermedad mencionada en actividades realizadas en el referido contexto y en un establecimiento determinado, o, se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido consecuencia de las tareas desempeñadas.

Que, asimismo, en los casos de trabajadoras o trabajadores de la salud, dicho decreto estableció que se considerará que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico.

Que, finalmente, el mismo decreto de excepción facultó a esta S.R.T. a dictar las normas del procedimiento de actuación ante la Comisión Médica Central y a adoptar todas las medidas reglamentarias, complementarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.

Que este acto normativo complementa las medidas ya adoptadas por el Sector Público Nacional y se dicta con el objetivo de dotar al Sistema de Riesgos del Trabajo de preceptos que permitan la interacción ágil y sencilla de los distintos actores sociales que lo integran.

Que por las razones expuestas precedentemente corresponde dictar la presente norma que aprueba el procedimiento especial de actuación para la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional no listada en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 36, apartado 1, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 51 de la Ley N° 24.241, por el artículo 15 de la Ley N° 26.425, el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de diciembre de 2008, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 de fecha 04 de diciembre de 2008 y el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

CAPÍTULO I
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONTINGENCIA CORONAVIRUS COVID-19

ARTÍCULO 1º.- Denuncia de la contingencia.

Establécese que en los supuestos de denuncia de una enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020, los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán acreditar ante la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) o el EMPLEADOR AUTOASEGURADO (E.A.) los siguientes requisitos de carácter formal:

1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (R.E.F.E.S.) creado por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (M.S.N.) Nº 1.070 de fecha 26 de junio de 2009, con resultado positivo por coronavirus COVID-19, debidamente firmado por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente (según artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).

2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).

3. Constancia de dispensa otorgada por el empleador en los términos del artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y normas complementarias, emitida con arreglo a las reglamentaciones vigentes, dictadas por la autoridad competente, a los efectos de la certificación de afectación laboral al desempeño de actividades y servicios declarados esenciales (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20), y donde conste:

a) Nombre o denominación del empleador, Nº de C.U.I.T. y demás datos que permitan su adecuada identificación;

b) Nombre y Apellido, y Nº de D.N.I. del/a trabajador/a.

ARTÍCULO 2º.- Admisibilidad formal de la denuncia.

Las controversias que pudieran suscitarse respecto del cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia previstos en el artículo 1º de la presente resolución deberán resolverse con intervención de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), a cuyos fines el/la trabajador/a su representante podrá llevar a cabo la presentación correspondiente ante el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y GESTIÓN DE RECLAMOS del Organismo, con arreglo al principio general de informalismo consagrado en el artículo 1° de la Ley N° 19.549.

Las presentaciones efectuadas serán resueltas dentro de un plazo máximo, improrrogable y perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) horas, mediante la opinión técnica vinculante de la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS de esta S.R.T., que, en caso de silencio, implicará la admisibilidad de la correspondiente denuncia.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN MÉDICA CENTRAL PARA LA DETERMINACIÓN DEFINITIVA DEL CÁRACTER PROFESIONAL DE LA CONTINGENCIA

ARTÍCULO 3º.- Presentación.

Cesada la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y verificada la denuncia de la contingencia en el REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, el trámite para la determinación definitiva del carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 deberá ser iniciado por el/la trabajador/a, sus derechohabientes o su apoderado/a, a través de la Mesa de Entradas de la COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL (C.M.J.) correspondiente al domicilio del trabajador/a o mediante la Mesa de Entradas Virtual que se habilitará al efecto en conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la presente resolución, debiendo acompañar:

1. Escrito de presentación con correspondiente patrocinio letrado, que deberá contener:

a) Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/2020);

b) El fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada COVID-19, con el trabajo efectuado en el contexto de dispensa al deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio;

2. D.N.I. del/a trabajador/a (copia o escaneado de anverso y reverso);

3. D.N.I. y Matrícula del/a abogado/a patrocinante (copia o escaneado de anverso y reverso);

4. Historia Clínica de la enfermedad COVID-19, para el supuesto de haber recibido tratamiento médico asistencial a través de Obra Social o en prestadores públicos o privados;

5. Constancia de Alta Médica otorgada por la A.R.T. o el E.A. de conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014 y complementarias;

6. Toda otra documentación de la que intente valerse a efectos de acreditar la invocada relación de causalidad.

ARTÍCULO 4º.- Traslado.

De la presentación efectuada, se correrá traslado mediante Ventanilla Electrónica por el plazo de CINCO (5) días hábiles. En su contestación, la A.R.T o el E.A. deberá acompañar el Informe del Caso correspondiente, el que deberá contener en todos los casos:

1. Denuncia de la contingencia en los términos del artículo 1º de la presente resolución;

2. Estudio de diagnóstico emitido por entidad sanitaria autorizada con resultado positivo por coronavirus COVID-19;

3. Constancia de dispensa expresa otorgada por el empleador;

4. Historia Clínica de la contingencia en donde conste atención médico asistencial que hubiera sido brindada por parte de la A.R.T. o el E.A.;

5. Informe de análisis del puesto de trabajo por el Área de Prevención de la A.R.T. o el E.A. y en donde conste profesional interviniente, título habilitante y matrícula. Dicho informe reviste carácter meramente potestativo en razón de lo cual en caso de no ser presentado se considerará no controvertido lo manifestado tanto en el artículo 1°, apartado 2 como en el artículo 3°, apartado 1, inciso a) de la presente;

6. Toda otra documentación de la que intente valerse a los efectos de desvirtuar las presunciones previstas en los artículos 1°, 3º y 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, cuando ello así lo amerite.

El silencio por parte de la A.R.T. o el E.A. habilitarán la prosecución de las actuaciones.

ARTÍCULO 5º.- Intervención de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.).

Cumplido el traslado, luego de vencido el plazo previsto en el artículo 4° de la presente resolución, se deberán elevar las actuaciones a la Comisión Médica Central (C.M.C.) para someter a su potestad jurisdiccional de naturaleza originaria la determinación de la relación de causalidad invocada entre la enfermedad denunciada y la ejecución del trabajo en el contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Ante el diagnóstico confirmado de coronavirus COVID-19 como presupuesto necesario de la cobertura prevista en los artículos 1º y 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se prescindirá de la audiencia médica de examen físico.

La Comisión Médica Central (C.M.C.) podrá ordenar medidas para mejor proveer cuando los antecedentes no fueran suficientes para emitir resolución. Para ello, podrá disponer la prórroga de los plazos para emitir Dictamen por el término de QUINCE (15) días.

ARTÍCULO 6º.- Dictamen de la Comisión Médica Central (C.M.C.).

La Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá proceder a la emisión del Dictamen correspondiente dentro de los TREINTA (30) días de elevadas las actuaciones a su consideración, expidiéndose sobre el carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2.

El aludido Dictamen deberá estar fundamentado con estricto rigor científico y apego a la normativa vigente, contando con la previa intervención del/a Secretario/a Técnico/a Letrado/a, quien se expedirá sobre la legalidad del procedimiento en el marco de sus competencias así como respecto de la relación de causalidad invocada entre el agente de riesgo coronavirus SARS-CoV-2 y la tarea desarrollada por el/la trabajador/a.

ARTÍCULO 7º.- Recursos administrativos.

Dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos contados desde la notificación del Dictamen de la Comisión Médica Central (C.M.C.) las partes podrán solicitar mediante presentación por Ventanilla Electrónica, la rectificación de errores materiales o formales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto administrativo observado.

En idéntico plazo se podrá requerir a través de la Ventanilla Electrónica la revocación del Dictamen por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y conclusión u omisión en resolver alguna de las peticiones o cuestiones planteadas.

Los recursos interpuestos deberán ser resueltos por la Comisión Médica Central (C.M.C.) dentro de los TRES (3) días de presentados y notificados a todas las partes. La interposición de los recursos indicados no interrumpe el plazo para oponer el Recurso de Apelación previsto en el artículo 8° de la presente.

ARTÍCULO 8º.- Recurso de Apelación.

El decisorio de la Comisión Médica Central (C.M.C.) emitido en ejercicio de la competencia originaria conferida por el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, será recurrible en los términos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley N° 24.557 y el artículo 2° de la Ley N° 27.348, mediante recurso directo, por cualquiera de las partes, ante los tribunales de alzada del fuero laboral de la jurisdicción correspondiente o, de no existir éstos, ante los tribunales de instancia única que resulten competentes. El recurso deberá interponerse dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos cumpliendo con las exigencias formales dispuestas a tales efectos en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 9º.- Patrocinio Letrado Obligatorio.

El/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán contar con patrocinio letrado desde su primera presentación y durante todo el procedimiento aprobado por el Capítulo II de la presente resolución.

El/la abogado/a designado/a deberá acreditar matrícula profesional vigente, extendida para el ámbito de la jurisdicción territorial correspondiente a la Comisión Médica Jurisdiccional (C.M.J.) en que se dio inicio a las actuaciones o en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES -sede de la Comisión Médica Central-, o bien matrícula federal.

Serán aplicables al patrocinio letrado obligatorio a los efectos del presente procedimiento las disposiciones previstas en el Título I, Capítulo IV de la Resolución S.R.T. Nº 298 de fecha 23 de febrero de 2017.

ARTÍCULO 10.- Domicilios constituidos y notificaciones.

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 22 de fecha 26 de noviembre de 2018, y a los efectos de las notificaciones en el marco del presente procedimiento mediante "e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica", el/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán constituir domicilio electrónico por medio de su abogado/a patrocinante.

Las A.R.T., los E.A. y los empleadores serán notificados mediante "e-Servicios S.R.T. - Sistema de Ventanilla Electrónica" en los términos de las Resoluciones S.R.T. Nº 635 de fecha 23 de junio de 2008 y Nº 365 de fecha 16 de abril de 2009.

Todas las notificaciones que se cursen a las partes mediante Ventanilla Electrónica conforme lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por fehacientes y legalmente válidas.

Asimismo, en previsión del excepcional supuesto de que por dificultades de índole técnica hubiera imposibilidad de utilizar la Ventanilla Electrónica, el/la trabajador/a damnificado/a o sus derechohabientes, junto con su letrado/a patrocinante deberán en su primera presentación constituir también un domicilio postal, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que efectúe la Comisión Médica Central.

ARTÍCULO 11.- Plazos.

A los fines de la presente resolución, salvo disposición expresa en contrario, los plazos deberán computarse en días hábiles administrativos y a partir del día siguiente al de la correspondiente notificación.

ARTÍCULO 12.- Aplicación particular.

El procedimiento especial establecido en la presente resolución para el trámite administrativo previsto en los artículos 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, será de aplicación excluyente de los procedimientos previstos en las normas que regulen otros trámites ante las Comisiones Médicas.

En razón de lo dispuesto en el párrafo precedente y con tales limitados y precisos alcances, resultarán inaplicables al procedimiento regulado por la presente resolución todos los preceptos que se le opongan, establecidos en otras normas, así como en el Decreto N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, con las reformas introducidas por el Decreto N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, y las Resoluciones S.R.T. N° 179 de fecha 21 de enero de 2015 y Nº 298/17

CAPÍTULO III
DE LA IMPUTACIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

ARTÍCULO 13.- Prestaciones en especie y dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.).

En función de las presunciones impuestas por los artículos 1º, 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, sin necesidad de la intervención de la Comisión Médica Central, la A.R.T. estará habilitada a imputar al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (F.F.E.P.) creado por el artículo 1º del Decreto Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, sustituido por el artículo 13 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000, el costo de otorgamiento de las prestaciones en especie y las prestaciones dinerarias en concepto de I.L.T. respecto de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos previstos por el artículo 1° del aludido Decreto de Necesidad y Urgencia.

ARTÍCULO 14.- Prestaciones dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.) y fallecimiento.

A efectos de llevar a cabo la imputación al F.F.E.P. de la prestación dineraria en concepto de I.L.P. y fallecimiento respecto de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2, en los términos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se requerirá la determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia, en cumplimiento del procedimiento especial dispuesto por el Capítulo II de la presente resolución, así como también la determinación de la I.L.P. por parte de la instancia competente.

ARTÍCULO 15.- Denuncias de imputaciones.

Las imputaciones que se pretenda efectuar respecto del F.F.E.P. en lo referente a las contingencias previstas en el artículo 1º, 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20 deberán ser denunciadas al REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. Nº 246 de fecha 7 de marzo de 2012, con arreglo a dicha reglamentación o la que en un futuro la reemplace o complemente.

CAPÍTULO IV
DE LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS

ARTÍCULO 16.- Procedimientos para la denuncia e imputación al F.F.E.P..

Facúltase a la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de esta S.R.T. a dictar las normas reglamentarias correspondientes a efectos de regular los procedimientos para el tratamiento y registración de las denuncias de las contingencias previstas en el artículo 1º de la presente resolución, así como también los mecanismos idóneos a los fines de las imputaciones al F.F.E.P. de dichas contingencias, diseñados en resguardo a los principios de celeridad y congruencia.

ARTÍCULO 17.- Mesa de Entradas Virtual.

Facúltase conjuntamente a la GERENCIA TÉCNICA y a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS de esta S.R.T. a dictar las normas reglamentarias correspondientes para la implementación de una Mesa de Entradas Virtual en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la Comisión Médica Central a los efectos de la formalización de manera no presencial del trámite previsto en el artículo 3º de la presente resolución y de toda otra presentación que resulte procedente en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, así como a establecer las condiciones para la acreditación de la legitimación de los presentantes.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ACLARATORIAS

ARTÍCULO 18.- Trabajadores/as de la salud.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, se entenderá como trabajadores/as de la salud, con carácter meramente enunciativo, al personal médico, de enfermería, auxiliares (entendiéndose por tal camilleros, choferes de ambulancia y de transporte de residuos patológicos, mucamas; personal de limpieza y empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos), de esterilización, administrativos, de vigilancia, secretarias de servicios, mantenimiento, kinesiólogos, bioquímicos (laboratorio y toma de muestras) y todas aquellas actividades desarrolladas en cumplimiento de tareas asistenciales en los tres niveles de atención (guardia, internación y terapia intensiva), debidamente identificados con arreglo a los Clasificadores Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) contenidos en el Anexo de Firma Conjunta IF-2020-28303075-APN-GP#SRT que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 19.- Financiación mediante el F.F.E.P.

Entiéndase que, conforme lo dispuesto por los artículos 4º y 5º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, procederá la imputación al F.F.E.P. del financiamiento de las prestaciones otorgadas por la cobertura de la enfermedad COVID-19, en el supuesto de los/las trabajadores/as exceptuados/as del deber de aislamiento sanitario general, sobre aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, y en el supuesto especial de los/las trabajadores/as de la salud, sobre aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la emergencia pública sanitaria.

ARTÍCULO 20.- Denuncias preexistentes.

Las A.R.T. y los E.A. deberán corroborar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 1º de la presente resolución sobre todas aquellas denuncias de COVID-19 que hubieran recibido a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, y proceder, en su caso, a poner a disposición las prestaciones en forma inmediata conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 7º del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20, ajustándose los asientos respectivos de las contingencias denunciadas al REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840/05.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES DE FORMA

ARTÍCULO 21- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

                                                                                                                                                         ANEXO

TRABAJADORES DE LA SALUD

CLASIFICADORES INDUSTRIALES INTERNACIONALES UNIFORMES (CIIU)

IF-2020-28303075-APN-GP#SRT

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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