Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ley nº 26940

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Creación.

Sancionada: 21.05.2014
Promulgada: 26.05.2014
Publicada: 02.06.2014

                        Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral

Título I
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
Capítulo I
Condiciones generales

(2)ARTICULO 1°. — Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes, aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

ARTICULO 2°.— Las sanciones enumeradas en el presente artículo, una vez firmes, serán incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL):

a) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador en los términos del artículo 12 de la ley 24.241 y sus modificatorias;

b) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de registración de los trabajadores en los términos del artículo 7° de la ley 24.013 y del inciso g) artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)

c) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212;

d) Las impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos en los términos de los apartados a) y b) del inciso 1° del artículo 15 de la ley 17.250, y las derivadas de los incumplimientos a la debida registración de los trabajadores previstas en el artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)

e) Las impuestas por las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013;

f) Las impuestas por las autoridades laborales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) por obstrucción a la labor de la inspección prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212;

g) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores;

h) Las sentencias firmes o ejecutoriadas por las que se estableciere que el actor es un trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de la alegada en su inscripción, que los secretarios de los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos, según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 18.345 (t.o. por decreto 106/98).

ARTICULO 3°.— Las sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847, una vez firmes, deberán ser informadas por el tribunal actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para ser incorporadas al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

ARTICULO 4°.— Las sentencias condenatorias por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, una vez firmes, deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para su incorporación al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

ARTICULO 5°.— El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) será de acceso libre y público desde un dominio dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente.

ARTICULO 6°.— La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tendrá a su cargo la administración del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en los términos de la ley 25.326 y su modificatoria, y ante ella se podrán ejercer los derechos que dicha ley acuerda. En todos los casos será responsabilidad del organismo sancionador actuante la carga de los datos correspondientes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), con las excepciones de las sentencias judiciales mencionadas en los artículos 3° y 4°, que deberán ser incorporadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y las del inciso h) del artículo 2° de la presente que deberán ser incorporadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 7°.— La base que conformará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contendrá los siguientes datos: C.U.I.T., razón social, localidad del domicilio fiscal o legal según la norma procedimental que haya regido las actuaciones, provincia de detección, actividad, tipo de infracción, organismo sancionador, fecha de la constatación de la infracción, fecha de la resolución sumarial, fecha de la notificación sancionatoria, fecha de regularización de la infracción detectada, fecha de pago de la multa, y fecha y hora de ingreso en el Registro. Por su parte, los parámetros de búsqueda serán los siguientes: C.U.I.T., razón social, rama de actividad y localidad del domicilio fiscal o legal, según la norma procedimental que haya regido las actuaciones y provincia de detección.

ARTICULO 8°.— La sanción permanecerá publicada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos previstos en el Capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad competente que la hubiese aplicado según las normas procedimentales que rigen sus respectivos regímenes sancionatorios. La permanencia tendrá como duración máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes 26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados por el Código Penal de la Nación.

En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor permanecerá en el registro por el plazo de treinta (30) días corridos contados desde la fecha de pago de la Smulta. (segundo párrafo sustituido por art. 52 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

ARTICULO 8° bis.— Los organismos competentes para la anotación en el REPSAL de las sanciones enumeradas en el artículo 2°, contarán con un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde que la sanción quede firme, para la efectivización de la inscripción. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo de permanencia en el REPSAL -cualquiera sea el supuesto de los previstos en el articulado de la presente-, e independientemente se hubiera incluido o no la sanción firme en el registro por las autoridades responsables. (Artículo incorporado por art. 53 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

Capítulo II

Alcance de la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 9°.— En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo -en caso de corresponder-, y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya pagado la multa y/o regularizado, y treinta (30) días corridos más a contar desde la última obligación de las mencionadas que se encontrare cumplimentada, en los supuestos que hubieran sido sancionados por:

1. Violación a lo establecido en los apartados a) o b) del inciso 1 del artículo 15 de la ley 17.250.

2. Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o deficientemente registrado, respectivamente, e incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

3. Violación a lo establecido por el artículo 15 de la ley 25.191 y su modificatoria.

4. Obstrucción a la labor de la inspección del trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

5. Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013 y las sanciones hubieran sido impuestas por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Artículo sustituido por art. 54 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

ARTICULO 10. — (Artículo derogado por art. 55 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

ARTICULO 11. — En el caso de sentencias condenatorias por violaciones a las leyes 26.390, 26.847 y 26.364, los infractores permanecerán en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de ciento ochenta (180) días contados desde el cumplimiento de la condena penal.

En el caso de las sentencias contempladas en el inciso h) del artículo 2° de la presente, los empleadores permanecerán en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde su inclusión en el mencionado Registro.

ARTICULO 12. — Los plazos fijados en el presente capítulo se contarán en días corridos.

Capítulo III

Efectos de la publicación de la sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 13.— Los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:

a) Acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional;

b) Acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas;

c) Celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias;

d) Acceder a los beneficios previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de la presente ley.

Por razones de interés público debidamente justificadas, los organismos competentes podrán realizar excepciones en la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) de este artículo.

Los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios podrán aplicar sanciones equivalentes a los incisos a), b) y c) del presente artículo en el ámbito de sus jurisdicciones.

ARTICULO 14.— En los casos previstos en el artículo anterior, si el infractor reincidiera en la misma infracción que produjera su inclusión en el Registro creado por la presente ley, en un lapso de tres (3) años contados desde la primera resolución sancionatoria firme, se procederá a:

a) Excluir de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a los empleadores adheridos al mismo, desde que quedara firme su sanción como reincidente;

b) Impedir que aquellos responsables inscriptos en los impuestos comprendidos en el Régimen General, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber incurrido en reincidencia, deduzcan en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal —empleados, dependientes u obreros—, de acuerdo con lo previsto por el artículo 87, incisos a) y g) de la ley del referido tributo.

En los casos de declaración de emergencia regional, el Poder Ejecutivo podrá exceptuar en cada caso concreto la aplicación de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la presente ley.

ARTICULO 15.— A los fines del cumplimiento de lo normado por el artículo 13, los organismos públicos o entidades involucradas deberán verificar la inexistencia de sanciones publicadas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), como requisito previo excluyente para dar curso a lo solicitado.

ARTICULO 16.— El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará las sanciones firmes que hayan sido impuestas en razón de violaciones legales cometidas a partir de los noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTICULO 17.— A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de determinado empleador.

Título II

(Nota Infoleg: por art. 172 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se deja sin efecto el Título II de la presente Ley, excepto por lo dispuesto en su artículo 33 y en los tres artículos anteriores. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado

Capítulo I

Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores

ARTICULO 18.— Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades de responsabilidad limitada que empleen hasta cinco (5) trabajadores, siempre que su facturación anual no supere los importes que establezca la reglamentación.

Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores, cuando el empleador que se encuadre en el párrafo anterior produzca un incremento en el plantel existente a la fecha de su inclusión en el presente régimen. A partir del trabajador número seis (6), inclusive, el empleador deberá ingresar, sólo por dichos empleados, las contribuciones patronales previstas en el régimen general de la seguridad social.

(Nota Infoleg: por art. 169 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se establece que los empleadores encuadrados en el presente artículo, que abonan las contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la seguridad social indicados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 19 de la presente ley, aplicando los porcentajes establecidos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, podrán continuar siendo beneficiarios de esas reducciones hasta el 1° de enero de 2022, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio. Los empleadores deberán continuar cumpliendo los requisitos y las obligaciones que les resulten aplicables, y podrán optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 2001, en cuyo caso quedarán automáticamente excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. La reglamentación establecerá el mecanismo para el ejercicio de esta opción. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTICULO 19.— El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada uno de sus trabajadores contratados por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, el cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425;

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificatorias;

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias;

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial en los términos del artículo 92 ter del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o. 1976) el empleador deberá ingresar el setenta y cinco por ciento (75%) de las citadas contribuciones.

Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción señalada.

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias.

ARTICULO 20.— El monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a toda la nómina de los empleadores que se encuadren en el presente capítulo deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones totales a dicho régimen en los distintos sectores de actividad, de acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación.

Los montos máximos a los que se refiere este artículo no serán de aplicación a los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente.

(Nota Infoleg: por art. 171 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, el monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo establecida en el presente artículo, seguirá siendo de aplicación para los empleadores anteriormente encuadrados en el artículo 18 de la presente Ley. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) reglamentará los requisitos para la continuidad del beneficio. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTICULO 21. — Los empleadores que se encuadren en el artículo 18 por producir bajas en el plantel de personal, quedarán excluidos de este régimen por el término de doce (12) meses, contados a partir del último despido.

Estarán asimismo excluidos durante todo el tiempo que permanezcan en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por el título I de la presente ley.

Los empleadores que se encuadren en el artículo 18 podrán permanecer en el régimen del presente capítulo, siempre que no registren alta siniestralidad en los establecimientos o lugares de trabajo, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 22. — Cuando se trate de servicios cumplidos en regímenes previsionales diferenciales o especiales, deberá adicionarse a la cotización que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, el importe correspondiente a la alícuota adicional que en cada caso se establece.

ARTICULO 23.— Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.

Capítulo II

Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado

ARTICULO 24.— Los empleadores que tengan hasta ochenta (80) trabajadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una reducción de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425;

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificatorias;

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias;

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

El beneficio consistirá, para los empleadores con una dotación de personal de hasta quince (15) trabajadores, en que, durante los primeros doce (12) meses de la relación laboral, no se ingresarán las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se pagará el veinticinco por ciento (25%) de las mismas.

Para los empleadores que tengan entre dieciséis (16) y ochenta (80) trabajadores, el beneficio consistirá en que durante los primeros veinticuatro (24) meses de la relación laboral se ingresará el cincuenta por ciento (50%) de las citadas contribuciones.

Las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias.

(Nota Infoleg: por art. 169 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se establece que los empleadores encuadrados en el presente artículo, podrán continuar abonando las contribuciones patronales bajo este régimen, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio y hasta que venza el plazo respectivo de veinticuatro (24) meses.Los empleadores deberán continuar cumpliendo los requisitos y las obligaciones que les resulten aplicables, y podrán optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 2001, en cuyo caso quedarán automáticamente excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. La reglamentación establecerá el mecanismo para el ejercicio de esta opción. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTICULO 25.— El régimen del presente capítulo resulta de aplicación respecto de los empleadores del sector privado inscriptos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) o en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) según corresponda, incluyendo a los encuadrados en el título II, capítulo I, de la presente ley. En este último caso, la reducción de contribuciones se aplicará sobre las alícuotas dispuestas por el régimen general de la seguridad social.

ARTICULO 26.— El empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador produzca un incremento en la nómina de personal respecto al período que se determinará en la reglamentación.

ARTICULO 27.— El empleador no podrá hacer uso del beneficio previsto en el artículo 24, con relación a los siguientes trabajadores:

a) Los que hubieran sido declarados en el régimen general de la seguridad social con anterioridad de la entrada en vigencia de la presente ley y hasta la fecha en que las disposiciones tengan efecto y continúen trabajando para el mismo empleador;

b) Los que hayan sido declarados en el régimen general de la seguridad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación;

c) El nuevo dependiente que se contrate dentro de los doce (12) meses contados a partir de la extinción incausada de la relación laboral de un trabajador que haya estado comprendido en el régimen general de la seguridad social.

ARTICULO 28.— Quedan excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 24 los empleadores cuando:

a) Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por el título I de la presente ley, por el tiempo que permanezcan en el mismo.

b) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento en que ocurra cualquiera de las causales indicadas en los párrafos anteriores.

ARTICULO 29.— El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27 y 28 producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la seguridad social que resultaron exentas, más los intereses y multas correspondientes.

El presente régimen es optativo para el empleador, por lo que la falta de ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo indeterminado, obstará a que aquél pueda hacer uso retroactivo del mismo por el o los períodos en que no hubiese gozado del beneficio.

ARTICULO 30.— El presente beneficio regirá por doce (12) meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.

(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 638/2017 B.O. 11/8/2017, se prorroga desde el 1° de agosto de 2017 y por el término de DOCE (12) meses el plazo establecido en el presente artículo. Pórroga anterior: Decreto N° 946/2016 B.O. 19/8/2016; Decreto N° 1801/2015 B.O. 8/9/2015.)

ARTICULO 31.— Quedan excluidas de las exenciones establecidas en la presente ley las alícuotas adicionales previstas en los regímenes previsionales especiales y diferenciales de la seguridad social.

ARTICULO 32.— Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.

Capítulo III

Convenios de Corresponsabilidad Gremial en Materia de Seguridad Social

ARTICULO 33.— Incorpórase como segundo párrafo del artículo 2° del decreto 1.370/08, el siguiente:

En aquellas otras actividades que, por sus características especiales similares a las previstas en el párrafo anterior, justifiquen la inclusión dentro de este régimen, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa intervención en el ámbito de sus competencias de la Secretaría de Seguridad Social, de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respectivamente, podrán por resolución conjunta autorizar la celebración de Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

ARTICULO 34.— Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425;

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificatorias;

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias;

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

Durante el primer período de vigencia de un Convenio de Corresponsabilidad Gremial, para el cálculo de la tarifa sustitutiva a pagar por los empleadores, se considerará una reducción del cincuenta por ciento (50%) de las citadas contribuciones y para el segundo período de vigencia dicha reducción será del veinticinco por ciento (25%). En casos críticos debidamente fundados, el Poder Ejecutivo nacional podrá extender la aplicación de esta última reducción a otros períodos posteriores.

Las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la ley 23.660 y sus modificaciones, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias.

(Nota Infoleg: por art. 170 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, la reducción de contribuciones establecidas en el presente artículo caducará automáticamente al cumplirse el plazo de vigencia del beneficio otorgado a los empleadores. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

Capítulo IV

Asesoramiento y difusión de los beneficios

ARTICULO 35.— El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindará información, asesoramiento y capacitación en materia de inscripción, registración laboral y de la seguridad social, y demás derechos laborales a los empleadores y trabajadores comprendidos en los regímenes instituidos en el presente título.

Título III

Administración del Trabajo

Capítulo I

Inspección del Trabajo

ARTICULO 36.— Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 29: El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la Autoridad de Aplicación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social y, en todo el territorio nacional, ejercerá las funciones de fiscalización de trabajo y de la normativa laboral, articulando con las administraciones del trabajo provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en tal carácter, le corresponde:

a) Velar para que los distintos servicios del sistema cumplan con las normas que los regulan y, en especial, con las exigencias de los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

b) Coordinar la actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y elaborando planes de mejoramiento;

c) Ejercer las demás funciones que a la autoridad central asignan los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sus recomendaciones complementarias y aquellas otras que contribuyan al mejor desempeño de los servicios;

d) Detectar núcleos de trabajo no registrado, mediante acciones inspectivas complementarias, articulando con el servicio local;

e) Recabar y promover, especialmente con miras a la detección del trabajo no registrado, la participación coordinada y la colaboración de las entidades representativas de los trabajadores y los empleadores;

f) Aplicar las sanciones establecidas en el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, o las que en el futuro las reemplacen, cuando verifique incumplimientos o infracciones.

ARTICULO 37. — Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 30: Cuando un servicio local de Inspección del Trabajo no cumpla con las exigencias de los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o con las que se deriven de este capítulo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá coordinadamente con el Consejo Federal del Trabajo en concurso con las jurisdicciones provinciales y, en su caso, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las correspondientes facultades.

ARTICULO 38. — Sustitúyese el artículo 35 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 35: Sin perjuicio de las facultades propias en materia de Inspección del Trabajo de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, éste realizará en todo el territorio nacional acciones dirigidas a la erradicación del trabajo infantil. Las actuaciones labradas por dicho ministerio en las que se verifiquen violaciones a la prohibición del trabajo infantil tramitarán en el ámbito de las respectivas administraciones locales.

Capítulo II

Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular

ARTICULO 39.— Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación de la presente, ejecute las acciones necesarias para la implementación y funcionamiento de la Unidad creada en el presente artículo.

Capítulo III

Comité de Seguimiento para el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado

ARTICULO 40.— Créase el Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado. El Comité estará integrado por un (1) representante titular y un (1) representante suplente de:

a) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

b) El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;

c) La Administración Federal de Ingresos Públicos;

d) La Administración Nacional de la Seguridad Social.

Cada uno de los representantes será designado por el titular del organismo respectivo.

ARTICULO 41.— El Comité de Seguimiento tendrá las funciones y atribuciones que serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, que incluirán el monitoreo de la aplicación del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, el análisis de su funcionamiento y de eventuales usos abusivos de los beneficios previstos en estos regímenes.

ARTICULO 42.— El Comité de Seguimiento, dentro de los treinta (30) días de conformado, dictará su propio Reglamento Interno de Funcionamiento.

Título IV

Disposiciones complementarias y transitorias

ARTICULO 43.— El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas complementarias que resulten necesarias a fin de implementar las disposiciones contenidas en la presente ley.

ARTICULO 44.— Incorpórase como inciso 1) del artículo 20 del Anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, el siguiente:

1) Resulte incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) desde que adquiera firmeza la sanción aplicada en su condición de reincidente.

ARTICULO 45.— Incorpórase como inciso h) del artículo 28 del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, el siguiente:

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTICULO 46.— Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación de la presente ley, ejecute las acciones necesarias para la implementación y funcionamiento del Registro creado por el artículo 1°.

ARTICULO 47.— Las disposiciones del título II comenzarán a regir a partir del primer día del segundo mes posterior al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha se considerarán derogadas las disposiciones del capítulo II, título II de la ley 26.476.

ARTICULO 48.— Los empleadores que hubieren producido despidos sin causa justificada en el transcurso de los seis (6) meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán excluidos del régimen del título II, capítulo I, por el término de un (1) año a contar desde la fecha de esa vigencia.

ARTICULO 49.— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Antecedentes Normativos

- Artículo 10 derogado por art. 147 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 9°, inciso 2) sustituido por art. 34 del Decreto N° 95/2018 B.O. 02/02/2018. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;

- Artículo 9°, sustituido por art. 146 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 8° bis, incorporado por art. 145 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 8°, segundo párrafo sustituido por art. 144 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARG

 

(2) Decreto 1714/2014 Reglamentación. Ley Nº 26.940.
Fecha: 30.09.2014
Publicado: 01.10.2014

VISTO la Ley Nº 26.940, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.940 se creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el cual se incluyen y publican las sanciones firmes aplicadas por dicho Ministerio, por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, por las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS y por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Que la citada norma, en su Título II, introduce un Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores, un Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, y una normativa especial para los empleadores comprendidos en el Régimen de Sustitución de Aportes y Contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la Ley Nº 26.377.

Que, asimismo, dicha ley sustituye distintas disposiciones del Régimen de Administración y de Inspección del Trabajo, crea una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, y un Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, consagrados en la Ley Nº 25.877 y sus modificatorias, previendo los organismos que lo integrarán y las funciones principales que corresponden al citado Comité.

Que en razón del impacto que en la promoción del empleo registrado y en la prevención del fraude laboral aporta la mencionada ley, se hace indispensable proceder a su reglamentación para la eficaz aplicación de sus disposiciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1°.— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, la que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2°.— Facúltase al Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado creado por el artículo 40 de Ley Nº 26.940 a establecer, en cada caso concreto, los alcances de la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de dicha ley.

Artículo 3°.— Reglaméntase el artículo 29 de la Ley Nº 25.877: A los fines de la articulación de las funciones de fiscalización del trabajo y de la normativa laboral, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las administraciones del trabajo provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES AGRARIOS deberán informar en el "Registro de Inspección, Infracciones y Sanciones" en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 25.877 y sus modificatorias, las inspecciones, infracciones y sanciones correspondientes a sus respectivos ámbitos. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en su carácter de autoridad central de la inspección, administrará dicho Registro.

Artículo 4°.— La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 5°.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


 

                                                                                                                                                                             ANEXO

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.940 DE PROMOCION DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCION DEL FRAUDE LABORAL

Título I

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

Capítulo I

Condiciones generales

ARTICULO 1°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 2°.- Quedan exceptuados de su ingreso en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL):

1) Aquellos empleadores que resulten sancionados administrativamente por consignar en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real que no exceda los TREINTA (30) días corridos.

2) Aquellos empleadores que resulten sancionados administrativamente por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), en razón de haber incurrido en infracciones calificadas como leves por el artículo 15 de la Ley Nº 25.191 y su modificatoria.

ARTICULO 3°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 4°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 5°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 6°.- Los organismos detallados en el artículo 1° de la Ley que se reglamenta, deberán actualizar el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) en forma permanente y ante cada novedad registrable que se produzca, en un término que no podrá superar los DIEZ (10) días hábiles administrativos de su acaecimiento.

El incumplimiento del precitado término no implicará cómputo a cuenta, quita o descuento alguno respecto de los plazos previstos en los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley que se reglamenta, para la incorporación, permanencia o baja de datos en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL determinará las especificaciones técnicas, funcionalidades, diseño y requisitos de seguridad informática que correspondan a la operatoria y administración del REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

Los organismos que tengan a su cargo el ingreso de datos en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) tendrán la responsabilidad de su baja, una vez cumplimentados los requisitos exigidos por la Ley que se reglamenta.

La baja en el citado Registro podrá ser dispuesta de oficio o a pedido de parte, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley referida.

ARTICULO 7°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 8°.- En los casos de acciones judiciales por delitos tipificados en las Leyes Nros. 26.364 y 26.847, y sus modificatorias, los plazos determinados en el Código Penal se computarán de conformidad con las sentencias condenatorias respectivas, según cada caso concreto.

Capítulo II

Alcance de la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 9°.- Los plazos de permanencia de la inscripción en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) previstos en los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley que se reglamenta, serán computados a partir de la fecha de su asiento en dicho Registro.

ARTICULO 10.- Sin reglamentar.

ARTICULO 11.- Sin reglamentar.

ARTICULO 12.- Sin reglamentar.

Capítulo III

Efectos de la publicación de la sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 13.- La incorporación en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) implicará la no renovación de los beneficios enunciados en los incisos a), b) y c) del artículo 13 de la Ley Nº 26.940, no obstante el mantenimiento de los ya otorgados, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 13, inciso d), y 14 de la referida Ley.

ARTICULO 14.- Sin reglamentar.

ARTICULO 15.- Los organismos públicos o entidades involucradas en las previsiones del artículo 13 de la Ley Nº 26.940, a los fines de su aplicación, deberán consultar el sitio Web correspondiente al REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

ARTICULO 16.- Sin reglamentar.

ARTICULO 17.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL determinará las formalidades operativas para la emisión del certificado de no inclusión en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL), aprobando los formularios y demás requisitos que deberán acreditar los solicitantes.

Título II

Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado

Capítulo I

Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores

ARTICULO 18.- A fin de adherir al Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores instituido por el Título II, Capítulo I, de la Ley que se reglamenta, los sujetos comprendidos deberán cumplir las disposiciones y requisitos que se establecen en el presente Decreto.

Sujetos incluidos y montos de facturación:

1. Quedan comprendidas dentro del régimen especial del Título II, Capítulo I, de la Ley que se reglamenta, con los mismos requisitos de dotación y beneficios, las asociaciones civiles sin fines de lucro inscriptas como empleadores ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). Otros tipos societarios requeridos para desarrollar actividades específicas en los ámbitos provinciales podrán ser incluidos por decisión del Comité de Seguimiento instituido por el artículo 40 de la Ley Nº 26.940.

Las organizaciones sociales reconocidas a través de convenios específicos vigentes con asistencia financiera, que tengan por objeto exclusivo la atención directa de la población en riesgo social, la defensa de los derechos humanos, o que se encuentren registradas en la red de bibliotecas reconocidas por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, podrán solicitar ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que, por resolución conjunta, se les otorguen los beneficios dispuestos en el artículo 19 respecto de todo el personal afectado al cumplimiento del objeto de cada entidad, con independencia de la facturación anual.

2. Los empleadores que incorporen nuevos trabajadores hasta el séptimo inclusive, en empresas encuadradas en los requisitos del presente régimen, podrán optar por los beneficios previstos en el régimen del Título II, Capítulo II de la Ley que se reglamenta.

3. Las empresas incluidas en el régimen establecido por el Título II, Capítulo I, de la Ley Nº 26.940 no podrán superar la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000) de facturación bruta total anual, neta de impuestos, correspondiente al año calendario inmediato anterior al período en que se aplica el beneficio de reducción de contribuciones. El mecanismo de actualización de dicho monto de facturación será determinado en el marco del Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado creado por la Ley Nº 26.940 que se reglamenta.

Si durante UN (1) año calendario la facturación superase el nivel precedentemente indicado, el contribuyente perderá los beneficios del Título II, Capítulo I, de la Ley Nº 26.940 a partir del 1° de enero del año siguiente.

Están asimismo, comprendidos en el referido régimen, aquellos contribuyentes que, cumpliendo con el requisito de emplear hasta CINCO (5) trabajadores, posean una antigüedad menor a la requerida para efectuar el cálculo previsto precedentemente.

4. Respecto de los trabajadores incorporados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley que se reglamenta, se mantendrán subsistentes los beneficios otorgados al amparo de la normativa preexistente. Los empleadores que se encuentren gozando de los referidos beneficios deberán sustituirlos por los establecidos en el régimen que se reglamenta en la medida que la reducción de contribuciones que resulte de este último sea superior a la que vienen gozando a la fecha.

ARTICULO 19.- Sin reglamentar.

ARTICULO 20.- El monto máximo de la cuota por trabajador correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a los empleadores encuadrados en el régimen instituido por el Título II, Capítulo I, de la Ley que se reglamenta, no podrá ser superior, en función de la actividad, al valor en pesos que resulte de las siguientes alícuotas porcentuales sobre la remuneración bruta de cada trabajador:

a) Agricultura, caza, silvicultura y pesca; minería: ONCE POR CIENTO (11%);

b) Construcción; actividades no clasificadas en otra parte: DOCE POR CIENTO (12%);

c) Industria manufacturera; electricidad, gas y agua; transporte, almacenaje y comunicación: CINCO POR CIENTO (5%);

d) Comercio; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos y profesionales; servicios comunales, sociales y personales: TRES POR CIENTO (3%).

La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO dictarán en forma conjunta las normas aclaratorias y complementarias para la aplicación de las mencionadas alícuotas.

La facultad del empleador de cambiar de Aseguradora de Riesgos del Trabajo prevista en el apartado 5 del artículo 27 de la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, sólo podrá ser ejercida a partir de la fecha de vencimiento del contrato de afiliación que estuviera en curso al momento de la entrada en vigencia de las disposiciones del presente decreto. Esta excepción al punto 1 del artículo 15 del Decreto Nº 334 de fecha 1° de abril de 1996 y sus modificatorios, sólo será de aplicación para los empleadores incluidos en el régimen especial del Título II, Capítulo I que se reglamenta.

La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO en forma conjunta podrán revisar las alícuotas máximas establecidas en el presente régimen, las que deberán ser aprobadas por el Comité de Seguimiento instituido por el artículo 40 de la Ley Nº 26.940. Los valores en pesos resultantes de esas alícuotas porcentuales en ningún caso podrán superar el valor promedio en pesos de las cuotas vigentes para el total de los empleadores asegurados en cada grupo de actividad.

ARTICULO 21.- Dentro del supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 21 de la Ley que se reglamenta, no se incluirán los distractos con origen en renuncia, jubilación o incapacidad permanente, o los producidos durante el período de prueba.

A los efectos de la calificación prevista en el tercer párrafo del artículo que se reglamenta, resultan de aplicación los criterios y parámetros sobre alta siniestralidad que determinará la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

ARTICULO 22.- Sin reglamentar.

ARTICULO 23.- Sin reglamentar.

Capítulo II

Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado

ARTICULO 24.- A fin de adherir al Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado instituido por el Título II, Capítulo II, de la Ley que se reglamenta, los sujetos comprendidos deberán cumplir las disposiciones y requisitos que se establecen en el presente Decreto.

El plazo previsto en el artículo que se reglamenta, se computará desde la fecha de inicio de cada nuevo vínculo laboral beneficiado por la reducción, con independencia de las interrupciones que se produzcan en el mismo, celebrado dentro de los DOCE (12) meses de vigencia previsto en el artículo 30 de la Ley o el mayor plazo que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL de acuerdo con las facultades otorgadas por el citado artículo.

Los empleadores mantendrán, respecto de los trabajadores incorporados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.940, los beneficios otorgados al amparo de la normativa preexistente.

ARTICULO 25.- Sin reglamentar.

ARTICULO 26.- Se considerará incremento neto de la nómina de personal, al que surja de comparar la cantidad de trabajadores contratados por tiempo indeterminado registrados al mes de marzo de 2014. Esta declaración será considerada como número base.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los trabajadores agrarios permanentes continuos o discontinuos amparados por la Ley Nº 26.727.

Cuando se disminuyera la plantilla de personal, el empleador dentro de los NOVENTA (90) días de producido el cese de la relación laboral deberá integrarla con nuevas contrataciones, como condición para continuar manteniendo el beneficio.

ARTICULO 27.- El plazo previsto en los incisos b) y c) del artículo que se reglamenta, rige respecto de los distractos que se produzcan a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 26.940.

A los efectos de los incisos b) y c) del artículo que se reglamenta, no se considerarán parte de la plantilla de personal ocupado, a los trabajadores incorporados bajo las modalidades de contratación previstas en los Capítulos II y IV del Título III del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, a los trabajadores contratados en el marco del régimen para el personal de la industria de la construcción instituido por la Ley Nº 22.250 y su modificatoria, y a los trabajadores temporarios del Régimen de Trabajo Agrario de la Ley Nº 26.727.

ARTICULO 28.- Están excluidos de pleno derecho y en forma automática del beneficio de reducción de las contribuciones, los sujetos a los que se refiere el artículo 28 de la Ley Nº 26.940.

Se entiende por prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la Ley que se reglamenta, el hecho de producir sustituciones de personal bajo cualquier figura o el cese como empleador y la constitución de una nueva figura como tal, ya sea a través de las mismas o distintas personas físicas o jurídicas.

ARTICULO 29.- Sin reglamentar.

ARTICULO 30.- Sin reglamentar.

ARTICULO 31.- Sin reglamentar.

ARTICULO 32.- Sin reglamentar.

Capítulo III

Convenios de Corresponsabilidad Gremial en Materia de Seguridad Social

ARTICULO 33.- Sin reglamentar.

ARTICULO 34.- Sin reglamentar.

Capítulo IV

Asesoramiento y difusión de los beneficios

ARTICULO 35.- Sin reglamentar.

Título III

Administración del Trabajo

Capítulo I

Inspección del Trabajo

ARTICULO 36.- Sin reglamentar.

ARTICULO 37.- Sin reglamentar.

ARTICULO 38.- Sin reglamentar.

Capítulo II

Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular

ARTICULO 39.- Sin reglamentar.

Capítulo III

Comité de Seguimiento para el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado

ARTICULO 40.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dispondrá las medidas necesarias a los fines de la constitución, conformación y coordinación del Comité de Seguimiento instituido por el artículo 40 de la Ley Nº 26.940 que tendrá por objeto principal la evaluación de las condiciones generales de los regímenes previstos en los Capítulos I y II del Título II de la Ley que se reglamenta.

Los organismos integrantes de dicho Comité podrán recabar de los restantes la información necesaria para efectuar el respectivo monitoreo.

Las conclusiones del Comité de Seguimiento instituido por el artículo 40 de la Ley Nº 26.940 podrán ser utilizadas para la programación de actividades de inspección y educativas.

ARTICULO 41.- Serán funciones del Comité de Seguimiento instituido por el artículo 40 de la Ley Nº 26.940:

a) Evaluar y revisar los límites establecidos en el monto de facturación previsto en el artículo 18 de la Ley Nº 26.940, y las alícuotas máximas correspondientes a la cobertura de los riesgos del trabajo de los empleadores encuadrados en el régimen instituido por el Título II, Capítulo I, de la referida Ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 del presente Decreto;

b) Monitorear los regímenes de promoción del trabajo registrado incluidos en el Título II de la Ley Nº 26.940 y su incidencia en el funcionamiento general del sistema de seguridad social, a efectos de evitar eventuales usos abusivos;

c) Solicitar la convocatoria de cualquiera de sus integrantes, a los fines de analizar las circunstancias concretas que se presenten;

d) Elaborar recomendaciones de buenas prácticas;

e) Proponer, con carácter no vinculante, normas complementarias del régimen reglamentario;

f) Requerir a los organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires involucrados información sobre las sanciones equivalentes a las de los incisos a), b) y c) del artículo 13, impuestas en el marco de sus jurisdicciones;

g) Concurrir a las reuniones del Consejo Federal del Trabajo.

h) Establecer situaciones que sean consideradas como práctica abusiva en los términos del artículo 28 de la Ley que se reglamenta.

ARTICULO 42.- Sin reglamentar.

Título IV

Disposiciones complementarias y transitorias

ARTICULO 43.- Sin reglamentar.

ARTICULO 44.- Sin reglamentar.

ARTICULO 45.- Sin reglamentar.

ARTICULO 46.- Sin reglamentar.

ARTICULO 47.- Sin reglamentar.

ARTICULO 48.- Sin reglamentar.

Resolución 742/2011 M.S.
Fecha: 17.08.2011
Publicación: 24.08.2011

Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas. Funciones.

VISTO el Expediente N° 18264/11 del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes Nros. 26.364, 24.059, y el Decreto N° 1993 del 14 de diciembre de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios —modificada por el Decreto N° 1993/10— establece que el MINISTERIO DE SEGURIDAD tiene entre sus competencias, entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales, así como entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales.

Que asimismo, la norma mencionada precedentemente dispone que el MINISTERIO DE SEGURIDAD, supervisará el accionar individual o conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior.

Que en este sentido, el citado plexo normativo atribuye a esta Cartera de Estado, la facultad de entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.

Que es necesario prestar especial atención al delito de trata de personas, implementando medidas destinadas a prevenir y sancionarla, asistiendo y protegiendo a sus víctimas.

Que a los fines de la actuación de las Fuerzas Federales para el rescate de víctimas de trata de personas, debe formularse un protocolo de actuación para establecer principios rectores en la materia, coadyuvando a cumplimentar con lo dispuesto por la Ley N° 26.364.

Que dicho protocolo resulta esencial para asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran riesgo alguno.

Que a tales fines es necesario establecer los recaudos legales y técnicos que las Fuerzas Federales deben observar frente a la planificación del procedimiento que será oportunamente dispuesto por el Juez/Fiscal interviniente.

Que los resultados de los procedimientos realizados por la Fuerza Federal respectiva, serán comunicados a la SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERATIVA de este Ministerio.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios (t.o. 1992).

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1° — Apruébese como Protocolo de Actuación de las Fuerzas Federales Para el Rescate de Víctimas de Trata de Personas, el que se acompaña como ANEXO I a la presente.

Artículo 2º.— Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


                                                                                                                                                                         ANEXO I

PROTOCOLO DE ACTUACION DE LAS FUERZAS FEDERALES PARA EL RESCATE DE VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

1.- AMBITO DE APLICACION

Este protocolo se aplicará sólo para los casos de rescate de víctimas del delito de trata de personas durante el curso de una investigación, conforme los alcances de la Ley 26.364; es decir, en cumplimiento de órdenes judiciales y con apoyo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, o de las oficinas provinciales que realicen el rescate de las víctimas.

En los procedimientos donde se presuma la posibilidad de encontrar a víctimas extranjeras, se procurará poner en conocimiento de esta situación, además del magistrado interviniente, a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.

A los fines del rescate, y siempre que sea posible, se asignará para dicha función a Fuerzas Federales con formación especializada en el delito de trata de personas y con conocimiento sobre los derechos de las víctimas, privilegiando a los miembros de las divisiones especiales de las fuerzas federales y al personal femenino.

Para el caso de constatar un hecho de trata de personas en flagrancia, se procurará dar cumplimiento en la mayor medida posible a este protocolo, sin perjuicio de dar inmediata intervención a la autoridad judicial.

2.- OBLIGACION DE LAS FUERZAS FEDERALES

Las Fuerzas Federales tienen la obligación de asegurar que las víctimas sean identificadas como tales de manera apropiada y no corran el riesgo de ser consideradas delincuentes ni revictimizadas respecto de delitos en los que puedan haber incurrido como consecuencia de su situación como víctimas de la trata de personas.

También se le dará prioridad a la atención inmediata de la víctima en materia sanitaria, psicológica, asistencia migratoria, legal, entre otras que pudieran corresponder.

En ningún caso podrá anteponerse el interés de la investigación y de la recolección de la prueba por encima de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad personal y psíquica de la víctima de trata de personas.

3.- PROHIBICION

En caso de haberse identificado a la persona como víctima de trata de personas, en ningún caso podrá disponerse su detención como sospechosa, ya que esto equivale a una criminalización y revictimización, afectando principios y garantías fundamentales. La violación de este deber de cuidado constituye mal ejercicio en las funciones del funcionario público, por tanto resulta pasible de sanción administrativa.

4.- DEFINICIONES UTILIZADAS EN ESTE PROTOCOLO

a. Trata de personas: la Ley 26.364 define el delito de trata de personas como la acción de captar, transportar, trasladar —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior— acoger o recibir personas con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.

Se entiende por trata de menores, el ofre¬cimiento, la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.

Existe trata de menores de dieciocho años aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

Las formas de explotación incluyen, pero no se limitan, a la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.

b. Víctimas: la víctima de este delito debe ser considerada una víctima especial por su vulnerabilidad preexistente y el tratamiento que cabe asignarle como testigo víctima debe ser consecuente con tal condición, privilegiando que la recepción de su testimonio sea conforme lo establecido por los arts. 250 bis y ter del Código Procesal Penal de la Nación.

5.- PRINCIPIOS DE INTERVENCION

a. Emergencia: el concepto de emergencia debe primar desde el comienzo del operativo, ya que las víctimas de trata de personas deben ser consideradas como víctimas de delitos graves. Para ello, se privilegiará la mayor celeridad para articular el procedimiento de la Fuerza Federal interviniente con el procedimiento judicial, y la asistencia psicológica, médica, jurídica y material.

b. Accesibilidad y respeto: la obligación de los agentes de las Fuerzas Federales es tratar a la víctima, los testigos y los imputados con absoluto respeto por sus derechos y garantías constitucionales y legales, otorgando especial atención a las víctimas debido a la situación de sensibilidad y vulnerabilidad por la que atraviesan.

c. Seguridad: la seguridad de la víctima y su familia —en caso de que la misma se encuentre en el procedimiento— merece la consideración suprema en todo momento, siendo esto responsabilidad directa de los efectivos de las Fuerzas Federales que intervengan por orden del magistrado.

d. Evaluación continua de riesgo: los funcionarios que intervienen en el procedimiento tienen la obligación de evaluar de manera inmediata y continua el riesgo en lo que atañe a la seguridad y bienestar de las víctimas y de sus familias durante el procedimiento, acatando las órdenes emanadas de la autoridad judicial. Debe realizarse con la mayor celeridad posible después de la detección de las personas damnificadas, debiendo ser éste un proceso continuo. La evaluación del riesgo debe incluir el existente y el potencial.

f. Respeto por el interés superior del/a niño/a: en el caso de que las víctimas de trata de personas sean menores de 18 años, el vector de actuación de las Fuerzas Federales debe respetar siempre el interés superior del/a niño/a.

Por interés superior del niño/a se entenderá al conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

g. Prevención de la revictimización: en el tratamiento de las víctimas, debe evitarse cualquier conducta o actitud que tienda a la revictimización de las mismas.

El riesgo de revictimizar a una persona tiene lugar cuando a los daños causados por los hechos de los que fue víctima, se le suman daños generados por el proceso legal. En ese sentido, es fundamental no estigmatizar o criminalizar a la víctima. Como correlato de esto, no se debe juzgar y/o inferir algún grado de responsabilidad por parte de la misma. Es decir, a los daños causados a la víctima por los delitos de los que fue objeto, no se le debe sumar el maltrato institucional.

h. Respeto por la confidencialidad y privacidad: en todo momento, debe respetarse la privacidad de la víctima, no pudiendo dar publicidad de sus circunstancias personales, declaraciones y/o fotografías.

i. Derecho de protección: en el momento del rescate, las Fuerzas Federales no podrán privar de la libertad a las víctimas de trata. En ningún caso se alojará a las víctimas en establecimientos penitenciarios, policiales o cualquier otro destinado a alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

j. Derecho a la asistencia médica, legal, psicológica y material: las víctimas tienen derecho a recibir asistencia médica, legal, psicológica y material, así como también alojamiento, alimentación suficiente e higiene personal adecuados, desde el primer momento en que son identificadas como tales, quedando esta actividad y coordinación bajo responsabilidad de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia provincial equivalente.

k. Derecho a un intérprete: cuando la víctima no hable ni comprenda el idioma local, desde el primer momento en que se la rescata debe brindársele un intérprete que traduzca en su idioma todas las actuaciones.

6.- PLANIFICACION DEL PROCEDIMIENTO

La planificación del procedimiento debe seguir las indicaciones del fiscal o juez interviniente, informando de manera continua al Departamento/División Antitrata de la Fuerza Federal respectiva, quien a su vez será la encargada de comunicar a la Secretaría de Seguridad Operativa, dependiente del Ministerio de Seguridad, el resultado del procedimiento.

La planificación del procedimiento deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

a. Determinación de la cantidad y características del personal interviniente, con y sin utilización de uniforme, privilegiando la incorporación de personal femenino. Se recomienda, en la medida de las posibilidades, no recurrir a personal policial con actuación territorial en la zona de intervención.

b. Producción de la inteligencia pertinente y relevante para la investigación de los hechos.

c. Planeamiento de la operación a desarrollar. Para ello, se partirá del análisis de la inteligencia producida, incluyendo croquis de lugar, fotografías y/o filmaciones que se hayan realizado, ubicación de entradas y salidas, etc.

Asimismo, el Jefe del Operativo deberá informar de manera clara y completa la misión a cumplir, el concepto general que orientará la operación, las órdenes específicas para cada una de las personas intervinientes, las medidas de coordinación, las previsiones logísticas y las comunicaciones que se emplearán antes, durante y después de finalizado el procedimiento.

d. Elaboración del perfil de las posibles víctimas de trata de personas que se encontrarían en el lugar del procedimiento con el objeto de poner a conocimiento del personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia, inmediatamente antes de realizar el operativo, la situación de vulnerabilidad en que se encontrarían a fin de que dichas circunstancias puedan ser especialmente consideradas al momento de realizar las entrevistas con las posibles víctimas.

e. Búsqueda anticipada de testigos para suscribir actas y presenciar todos los eventos derivados del procedimiento, como secuestros, cacheos, detenciones, levantamiento de pruebas, huellas y rastros, etc.

f. Conocimiento de la jurisdicción en donde se realizará el operativo y la existencia de organizaciones del estado nacional o provincial, y no gubernamentales, que brinden los servicios de apoyo y tratamiento a las víctimas, y consulados.

7.- PAUTAS PARA EL PROCEDIMIENTO

a. Arribo al lugar: el sitio indicado para la realización del procedimiento debe mantenerse en reserva hasta el momento del operativo.

b. Ingreso: el ingreso al lugar debe ser acompañado con un despliegue de personal en los alrededores a fin de interceptar posibles fugas. En el momento del rescate, las Fuerzas Federales serán las que primero ingresen al lugar donde se encuentren alojadas las posibles víctimas de trata de personas, dando estricto cumplimiento a la orden de allanamiento, y en comunicación permanente con la autoridad judicial correspondiente.

c. Uso racional de la fuerza: el personal actuante deberá respetar los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", y el "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", haciendo un uso racional de la fuerza en la medida de las necesidades y acorde a las circunstancias del momento, teniendo como vector los principios de legalidad, oportunidad, y proporcionalidad.

Por uso racional de la fuerza se entiende a las acciones de las Fuerzas Federales que prioricen las técnicas disuasivas y preventivas, antes que represivas, así como el uso de la fuerza de forma gradual.

El uso de la fuerza sólo se dispondrá ante circunstancias excepcionales y como último recurso.

d. Control de situación: se inspeccionarán los espacios que conformen el lugar, diferenciando en cada caso los roles de los presentes. Se dispondrán lugares diferenciados dentro del mismo a fin de proceder a trasladar a los implicados (presuntos imputados, clientes y víctimas). Estas acciones se realizarán junto a los funcionarios judiciales, cuando se encuentren presentes, y bajo las órdenes que éstos dispongan. En caso que los mismos no se encuentren presentes, se seguirán las instrucciones que imparta el Jefe del Operativo.

En todo momento, las Fuerzas Federales dispondrán lo necesario para evitar el contacto físico y visual entre las presuntas víctimas y el resto de los presentes, sean éstos posibles responsables o testigos circunstanciales.

e. Prohibición de comunicación entre presentes: las Fuerzas Federales deben evitar, al momento del rescate, la comunicación entre las personas que se encuentren en el lugar.

f. Abordaje de las víctimas: en la medida de lo posible, las Fuerzas Federales se abstendrán de abordar a las posibles víctimas de trata de personas, procurando que sean entrevistadas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o la dependencia similar de rescate de la provincia.

Sin perjuicio de esto, se adoptarán todas las medidas necesarias, ordenadas por el magistrado interviniente, para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro.

g. Abordaje de las víctimas menores de 18 años: en el caso de encontrar víctimas menores de 18 años, además de las medidas dispuestas en el punto c y d), las Fuerzas Federales informarán al magistrado interviniente la presencia de las mismas, quien dispondrá las medidas particulares al respecto. No obstante, mientras esto se produce, junto al personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, o su equivalente provincial, se adoptarán todas las medidas necesarias para sustraerlas inmediatamente del daño y reubicarlas temporalmente en un lugar seguro, siempre respetando su interés superior.

En el caso de duda acerca de la edad de la víctima, se considerará que la misma es menor de 18 años.

h. Identificación y declaración de testigos: en el procedimiento de rescate, las Fuerzas Federales separarán a los posibles testigos del hecho, recibiéndoles la correspondiente declaración cuando el fiscal o juez así lo dispongan.

Si en el acto de allanamiento se identifican presuntos imputados, las Fuerzas Federales intervinientes los separarán de las presuntas víctimas, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

i. Requisa del lugar: en el momento de rescate, las Fuerzas Federales secuestrarán todo elemento, sustancia, material, objeto y documentación que haya autorizado u ordenado la autoridad judicial, prestando especial atención a todo aquello que indique, de manera directa o indirecta, que en el lugar allanado se estaba produciendo el delito de trata de personas, o que hubiesen personas que estaban siendo objeto de explotación sexual o laboral.

El secuestro deberá realizarse teniendo en cuenta estrictas normas de seguridad para los medios de prueba colectados, como para la salud de las personas presentes en el lugar y las Fuerzas Federales que realizan el procedimiento.

j. Testigos: Los testigos del procedimiento deben ser convocados desde el inicio de la actividad procedimental, debiendo presenciar la totalidad de la pesquisa. Cuando por existir evidente riesgo para la seguridad de los mismos fuese necesario que la autoridad preventora ingrese al lugar primeramente, se dejará constancia explicativa de ello en el acta, bajo pena de nulidad.

k. Inspección ocular: la inspección ocular deberá ser documentada, siempre que sea posible, mediante croquis, fotografías, filmaciones, etc. Se podrán efectuar tomas fotográficas o registros fílmicos de las potenciales víctimas de trata, con el único objetivo de registrar las condiciones en que las mismas han sido halladas. En caso de efectuar dichas imágenes, se prohíbe de manera absoluta la difusión pública de las mismas.

I. Aseguramiento del lugar del hecho y repliegue: finalizado el procedimiento, las Fuerzas Federales intervinientes asegurarán el lugar del hecho por el tiempo que determine la autoridad judicial.

Una vez asegurado el escenario del proce¬dimiento, y siempre que las condiciones de seguridad así lo permitan, las Fuerzas Federales deberán replegarse, siendo su función asegurar el perímetro exterior e interior del lugar y de las personas que allí se encuentran, permitiendo que el personal civil prosiga con las diligencias y demás pesquisas.

8.- REGISTRO Y COMUNICACION DE ESTADISTICAS

a. Los agentes intervinientes en el operativo deberán confeccionar el registro del proce-dimiento siguiendo las pautas indicadas en el anexo de este Protocolo, conforme los lineamientos y modificaciones que desde el Ministerio de Seguridad pudiesen formularse, y remitir, con carácter bimensual, la información producida al funcionario a cargo del área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad.

b. Sobre esta base, el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad confeccionará informes estadísticos periódicos relativos a la persecución penal y el rescate de víctimas de trata de personas.

c. Tales informes serán puestos a disposición de los órganos competentes con el objeto de evaluar, planificar y desarrollar políticas públicas en materia de lucha contra la trata de personas.

                                                                            APARTADO

                                     CONTENIDOS MINIMOS DEL REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO

• Juzgado, Fiscalía y Secretaría interviniente.
• Carátula de las actuaciones judiciales y número de expediente judicial (en caso de conocerse esa información).
• Fuerza policial/de seguridad y dependencia interviniente.
• Tipo de procedimiento realizado: a) alla¬namientos; b) actividades de inteligencia; c) otras tareas (indicar cuáles); indicando cuántos procedimientos (de cada tipo) fueron efectuados.
• Si se realizaron tareas conjuntas o complementarias con alguna de las restantes fuerzas federales o locales; en caso afirmativo, especificar qué tareas y con qué institución.
• Si habían sido realizadas investigaciones anteriores por otra fuerza.
• Intervención de otros organismos en el procedimiento, por ejemplo: AFIP, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Migraciones, otros.
• Tipo de explotación (laboral, sexual, tráfico de órgano, reducción a la servidumbre) detectada.
• Si se detectó la posible comisión de otros delitos (como por ejemplo: infracción a la ley de profilaxis nro. 12.331, a la ley de estupefacientes nro. 23.737, tenencia ilegal de armas u otros delitos del Titulo III del CP "Delitos contra la integridad sexual", etc.)
• Cantidad total de presuntas víctimas.
• Cantidad de presuntas víctimas menores de dieciocho años de edad.
• Cantidad de presuntas víctimas mayores de dieciocho años de edad.
• Cantidad total de presuntas víctimas por delitos conexos a la trata de personas (Ley 12.331; arts. 125, 125 bis, 126, 127 y 128 Código Penal; 119 y 121 de Ley 25.871).
• Cantidad de presuntos autores.
• Cantidad de personas detenidas.
• Cantidad de testigos.
• Localización del lugar allanado (indicando: dirección, ciudad y provincia).
• Si se encontraba habilitado el lugar de explotación, especificar por qué autoridad municipal se encontraba habilitado.
• Si el lugar de explotación o los posibles autores habían sido infraccionados previamente, especificar por qué autoridad y la sanción impuesta (ej.: clausura)
• Características del lugar de explotación, por ejemplo: a) Whiskería/pool/pub; b) Privado;
c) Centro de Masajes; d) Explotación callejera; e) Obra en construcción; f) Fábrica; g) Taller textil; h) Campo agrícola; i) Otros (precisar).
• Nombre comercial (de fantasía) del lugar de explotación.
• Condiciones en las que fueron halladas las víctimas: a) Hacinamiento; b) Falta de alimentación adecuada; c) Falta de condiciones para procurarse higiene básica; d) Falta de descanso adecuado e) Otros (precisar).
• Restricciones a la libertad ambulatoria, modalidad utilizada para impedir que la víctima pueda abandonar el lugar de explotación, por ejemplo: a) Alambradas de púas; b) Cámaras de Seguridad; c) Rejas; d) Candados/cerraduras; e) Presencia de guardianes armados; f) Salidas Controladas; g) Otras modalidades (precisar).
• Si se secuestraron elementos, tales como: vehículos, objetos electrónicos (por ejemplo: computadoras, celulares), armas, estupefacientes, libros contables, libretas sanitarias, máquinas, otros (precisar).

Información sobre las posibles víctimas del delito de Trata de Personas

• Edad
• Sexo
• Género
• Nacionalidad (en caso de que sea argentina, indicar provincia de origen)
• Lugar de captación
• Lugar de explotación/destino

Información sobre los imputados

• Edad
• Sexo
• Género
• Nacionalidad (en caso de que sea argentina, indicar provincia de origen)
• Idioma
• Rol que desempeñaba en la red de trata
• Ocupación/Oficio.

INDICADORES PRELIMINARES PARA LA PRIMERA IDENTIFICACION DE PRESUNTAS VICTIMAS DE TRATA

Estos indicadores sólo orientan la función policial de separación de las presuntas víctimas de trata del grupo presente en el sitio allanado donde también se encontraran responsables del delito y posibles testigos.

» La persona es menor de 18 años de edad.
» La persona es extranjera o migrante (provenía de otra provincia).
» La persona no habla el idioma nacional o sólo sabe decir muy pocas palabras.
» La persona tiene un contacto limitado con sus familiares.
» La persona se encontraba privada de su libertad o tenía una capacidad muy limitada de movimientos.
» La persona no sabe en qué ciudad se encuentra.
» La persona tiene lesiones visibles.
» La persona se nota atemorizada.
» La persona vivía en el mismo lugar físico donde trabaja y difícilmente podía abandonar esas instalaciones.
» La persona está o estaba embarazada y era obligada a trabajar igual.
» En el lugar del operativo no hay líneas telefónicas o las personas que están dentro de él no tienen o tienen acceso limitado a teléfonos celulares.
» En el lugar hay indicios de que a las personas se les aplicaba multas o se les cobraba, por ejemplo, por el uso de preservativos, por higienizarse, o por los controles médicos realizados.
» La persona no posee dinero consigo.
» La persona no tiene en su poder sus documentos de identidad (DNI, pasaporte u otros documentos)
» La persona tiene documentos de identidad o de viaje falsos.

Decreto nº 936/2011 
Fecha: 05.07.2011
Publicación: 06.07.2011

Promuévese la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

VISTO las Leyes Nros. 26.364 y 26.485 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.364 de PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS tiene por objeto la implementación de las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.
Que el artículo 4º de la Ley precitada, determina que existe explotación —entre otros supuestos— cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual.
Que, por su parte, la Ley Nº 26.485 de PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, declara de Orden Público sus disposiciones y determina su aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal.
Que en virtud de su artículo 2º, dicha ley tiene como objeto promover y garantizar, entre otros extremos la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
Que, asimismo, la mencionada norma establece que los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.
Que, por la Ley Nº 26.485 quedan especialmente comprendidas en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.
Que, entre las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres, la referida norma incluye a la violencia mediática, definida como "aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres".
Que también la Ley Nº 26.485 en su artículo 3º, garantiza todos los derechos reconocidos por la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS y por la Ley Nº 26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Que, en tanto, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER —"CONVENCION DE BELÉM DO PARÁ"—, ratificada por la Ley Nº 24.632, establece el compromiso de los Estados Parte a alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a su dignidad.
Que en cuanto a los Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Nº 26.522 en su artículo 3º, incisos d), h) y m), respectivamente, establece para los mencionados servicios y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.
Que asimismo, la referida ley dispone en su artículo 12, inciso 19), que la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL tendrá entre sus misiones y funciones la de garantizar el respeto a la Constitución Nacional, las leyes y Tratados Internacionales en los contenidos emitidos por los servicios de comunicación audiovisual.
Que por otra parte, el artículo 71 de la ley en cita establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar por el cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por las Leyes Nros. 26.485 de PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES y 26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, anteriormente referidas.
Que dentro del marco precedentemente reseñado, resulta imperioso adoptar medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia sexual y trata de personas, en particular con fines de prostitución, que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas y son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano, determinando la adopción de medidas eficaces en los planos nacional, regional e internacional.
Que se reconoce que la labor emprendida a nivel mundial para erradicar la trata de mujeres y niñas, incluida la cooperación internacional y los programas de asistencia técnica, requiere una fuerte voluntad política y la activa cooperación de todos los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de destino.
Que existe un alto grado de preocupación por el aumento de las actividades de las organizaciones de la delincuencia transnacional, así como de otras que lucran con la trata internacional de mujeres y niños aun sometiendo a sus víctimas a condiciones peligrosas e inhumanas en flagrante violación de las normas de derecho interno e internacional.
Que la trata de personas constituye un fenómeno global, más de CIENTO TREINTA (130) países han reportado casos, siendo una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Al respecto y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) millones de personas, en un gran porcentaje mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral.
Que, en ese orden, se deben arbitrar las medidas necesarias para promover la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de personas en medios masivos de comunicación; y en especial, los avisos de la prensa escrita los cuales pueden derivar en una posible captación de víctimas de trata de personas.
Que lo consignado precedentemente determina la necesidad de reducir todas aquellas prácticas o usos sociales que faciliten o dejen expedita la consecución de las acciones que puedan ser tipificadas como trata de personas.
Que en tal sentido, se considera que los avisos publicados y/o transmitidos por los medios de comunicación que promueven la oferta sexual son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas.
Que, en consecuencia, resulta necesario adoptar medidas al respecto, combatiendo las herramientas que puedan facilitar a las redes criminales la consumación del aludido delito, procediendo a la reglamentación de las aludidas Leyes Nros. 26.364 y 26.485, así como de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, del 9 de junio de 1994 y de la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (C.E.D.A.W.), del 18 de diciembre de 1979, prohibiendo los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, teniendo como finalidad la prevención del delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.
Que, a tal fin, se dispone la creación de la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la que será Autoridad de Aplicación del presente, facultándose a la misma para verificar el cumplimiento de sus disposiciones, para monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual, así como para imponer o requerir las sanciones por incumplimientos.
Que, tendiendo al efectivo cumplimiento de las disposiciones de este acto, corresponde determinar el procedimiento de verificación de las infracciones y de sustanciación de las causas que de ellas se originen.
Que asimismo se establece que la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su actuación con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA, ambas del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) y con el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

(1)Artículo 1º.— Con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.
Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente.
Artículo 2º.— Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL, la que será Autoridad de Aplicación del presente decreto.
Artículo 3º.— La OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL se encuentra facultada para:
a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este decreto.
b) Monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual.
c) Imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en esta medida.
Artículo 4º.— La verificación de las infracciones a lo dispuesto en este acto y la sustanciación de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece:
a) Comprobada una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado, la disposición infringida, debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde conste materialmente dicha infracción.
b) Ante la primera comprobación de una infracción, el funcionario actuante notificará al presunto infractor e instará, en el mismo acto, a que en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas, el medio gráfico cese con la práctica incursa en infracción.
c) Si el medio gráfico incurriese nuevamente en una práctica vedada e hiciese caso omiso de lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario actuante labrará una nueva acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida, debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde conste materialmente la nueva infracción, como así también copia del acta labrada contemplada en el inciso a).
El presunto infractor, dentro de los CINCO (5) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere.
d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en los incisos a) y c) de este artículo, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.
e) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.
f) Concluido el plazo contemplado en el último párrafo del inciso c) la Autoridad de Aplicación dictará resolución definitiva dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, notificando en el mismo acto al presunto infractor.
Artículo 5º.— La OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su actuación con la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 26.522, con el CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES atento las previsiones de la Ley Nº 26.485 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1011/10, y con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA.
Artículo 6º.— Facúltase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación del régimen establecido por este acto.
Artículo 7º.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

 


(1) Resolución 14/2011 S.C.P.
Fecha: 20.07.2011
Publicado: 19.09.2011

Régimen sancionatorio aplicable a supuestas transgresiones, establecidas por el Decreto Nº 936/2011.

VISTO el CUDAP EXP-JGM: 0027463/2011 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes Nº 26.364, Nº 26.485 y Nº 26.522 y sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 984 del 27 de julio de 2009, Nº 14 del 11 de enero de 2011 y Nº 936 del 5 de julio de 2011 y sus normas complementarias, las Resoluciones de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA Nº 3 del 4 de febrero de 2011 y Nº 11 del 27 de junio de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, tiene por objeto la implementación de las medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, así como asistir y proteger a sus víctimas.

Que por su parte, la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, tiene por objeto promover y garantizar, entre otros extremos, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Que en virtud de la normativa citada precedentemente, el Estado Nacional tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, sino que además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia.

Que mediante el Decreto Nº 936/11 se estableció con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485, la prohibición de los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.

Que asimismo por el Decreto referido se dispuso que quedan comprendidos en su régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente.

Que por su parte el artículo 71 de la Ley Nº 26.522 establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar por el cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por la ya citada Ley Nº 26.485.

Que conforme surge del Anexo al artículo 2º del Decreto Nº 357/2002 la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es quien tiene a su cargo la formulación, ejecución y supervisión de la política de comunicación pública, así como también la coordinación y supervisión de la gestión comunicacional de los organismos o empresas actuantes en el ámbito de su competencia.

Que asimismo, según surge del artículo 5º del Decreto Nº 14/11 la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA de GABINETE de MINISTROS resulta la autoridad de aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nº 984/09.

Que por el artículo 1º del Decreto citado en último término, se estableció que las campañas institucionales de publicidad y comunicación, así como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica y audiovisual que realice la Administración Pública Nacional, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas y los demás organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias y complementarias, cualquiera fuera su fuente de financiamiento, deberán realizarse o contratarse conforme sus disposiciones.

Que al emitirse la Orden de Publicidad a un medio de comunicación determinado, nace una relación de orden contractual entre su emisor, sea TELAM S.E., la AFIP, la ANSES o las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, y el titular del medio, que comporta una serie de derechos y obligaciones inherentes a cada una de las partes, que habilita la aplicación de un régimen sancionatorio.

Que independientemente del régimen legal vigente que faculta al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como autoridad de aplicación, a imponer sanciones frente a violaciones al régimen dispuesto por el Decreto Nº 936/2011, TELAM S.E., la AFIP, la ANSES y las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, en el marco de la relación contractual que las vincula con el medio de comunicación infractor, se encuentran investidas de la potestad para sancionar a su contraparte, debiendo merituar la misma de conformidad con el principio de razonabilidad y la gravedad y periodicidad de la infracción, ello con el objeto de combatir la vulneración de la normativa en cuestión, de orden público y rango constitucional.

Que a los fines de instrumentar un régimen sancionatorio que se aplique frente a supuestos de transgresiones al mencionado Decreto, de las cuales tome conocimiento, resulta conveniente que en forma previa se proceda a notificar en lo sucesivo y a través de todas las Ordenes de Publicidad, que en atención al dictado del Decreto Nº 936/2011, aquellos medios de comunicación que infrinjan sus disposiciones, serán pasibles de la aplicación de la sanción de suspensión de la publicidad oficial en el medio infractor y la accesoria que pudiera corresponder.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DELEGACION LEGAL de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 14/2011.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMUNICACION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

Artículo 1º.— Establécese que la Agencia TELAM S.E., la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, deberán incorporar en sus regímenes de contratación de publicidad, entre las causales de sanción de suspensión en el registro de proveedores, la inobservancia de lo dispuesto en el Decreto Nº 936/2011.

Artículo 2º.— Dicha sanción tendrá los siguientes efectos:

a) la pena de no recibir orden de publicidad de comunicación institucional o publicidad comercial, de corresponder, por tiempo determinado y

b) la publicación en el medio, de la sanción dispuesta por la entidad o empresa estatal.

Artículo 3º.— Instrúyese a TELAM S.E., a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a las empresas integrantes del GRUPO AEROLINEAS, para que a toda Orden de Publicidad o documento análogo que se emita en el marco de una contratación de publicidad oficial se le incorpore la siguiente leyenda: "Aquellos medios de Comunicación que infrinjan las disposiciones del Decreto Nº 936/11 (B.O. Nº 32.185) serán pasibles de la aplicación de sanción".

Artículo 4º.— La Agencia TELAM S.E., la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y las empresas que integran el GRUPO AEROLINEAS, deberán comunicar a la SUBSECRETARIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA, dependiente de la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las transgresiones al régimen legal vigente, detallando la infracción cometida, el medio infractor, la suspensión impuesta y demás antecedentes que considere relevantes.

Artículo 5º.— La presente entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 6º.— Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —

Resolución 2149/2008 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Fecha: 06.08.2008
Publicación: 12.08.2008

Creáse la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que estará integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
                                             
VISTO la Ley de Ministerios 26.338, la Ley 26.364, la Resolución del M.J.S y D.H. Nº 1679 de fecha 26 de junio de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que es política del Estado Nacional la prevención del delito de trata de personas, como así también, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores.
Que es una problemática compleja que no sólo involucra la explotación sexual, sino también múltiples actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas, como trabajos forzados, reducción a la servidumbre, secuestro, distintas formas de violencia, privación sistemática de la libertad y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Que por la Resolución citada en el Visto, se instruye a las Fuerzas de Seguridad a crear unidades específicas a los fines de ejercer las acciones tendientes a la prevención e investigación del delito de trata de personas.
Que es necesario crear un ámbito que coordine los mecanismos de inteligencia criminal, la actuación de las fuerzas de seguridad y la asistencia a los damnificados del delito de trata de personas desde el momento del allanamiento hasta que presten declaración testimonial en el Juzgado Federal interviniente.
Que, por lo expuesto, es imprescindible establecer mecanismos de articulación entre las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que integran el cuerpo interdisciplinario que trabaja en esta temática.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (T.O por Decreto Nº 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.— Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA, que estará integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
Artículo 2º.— Conforme lo establecido en el artículo precedente, la Oficina centralizará toda actividad referida prevención e investigación del delito de trata de personas, como así también el acompañamiento y asistencia jurídica a las personas damnificadas por el delito de mención hasta el momento de la declaración testimonial de la víctima.
Artículo 3º.— Instrúyase a las Secretarias, sus dependencias y al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO –INADI- a elevar a conocimiento de la Oficina creada en el artículo primero, todas las denuncias, oficios y demás presentaciones vinculadas a la trata de personas.
Artículo 4º.— Desígnase Coordinadora de la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA a la Dra. Silvina Elena Zabala.
Artículo 5º.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —

Decreto nº 2422
Fecha: 01.11.2019

Artículo 1º.- Obligaciones Alcanzadas: quedan comprendidas por los beneficios del régimen establecido por la Ordenanza nº 9867, las obligaciones o deudas existentes hasta el día 31.10.2019, y que tengan su origen en Actas de Comprobación labradas por las diversas áreas de la administración, por infracciones de cualquier naturaleza o tipo, y cuyo juzgamiento sea de competencia de la Justicia de Faltas Municipal, así como también las obligaciones o deudas por Derechos derivados de Permiso de uso de locales, puestos y playas de comercialización para los Mercados y Ferias Municipales, de cánones impagos por Concesiones otorgadas, y Derechos Varios de Cementerio Municipal.
Artículo 2º.- Formas de Pago: Las obligaciones o deudas derivadas de Actas de Comprobación y que tramitan por ante la Justicia de Faltas Municipal, que pueden cancelarse mediante convenios de pago en cuotas, pueden regularizase bajo las mismas modalidades de pago y financiación prevista en los puntos 1) y 2) del inciso B) del artículo 2º de la Ordenanza nº 9867. A fin de dar cumplimiento al artículo 1º del Decreto nº 171/2008, solamente podrá acogerse a la presente regulación y facilidades el saldo resultante, previo pago del 50% indicado en el mismo.
Artículo 3º.- Obligaciones o Deudas en Gestión Judicial: quienes pretendan acogerse al régimen previsto en la Ordenanza nº 9867, respecto de deudas que se encuentren bajo gestión de cobro judicial, deberán acreditar previamente la regularización de gastos judiciales generados por el proceso.
Artículo 4º.- Caducidad del Plan de Pago Suscripto: caducará de pleno derecho, y sin necesidad de interpelación alguna por parte de la administración, el plan de pago cuando no se hubiere abonado a su vencimiento la cuota inicial o entrega, dos cuotas consecutivas o tres alternadas del mismo.
Artículo 5º.- Prórroga Plazo de Acogimiento –Vigencia del Régimen: Dispónese, que frente a los inconvenientes que provocaron la mora en la ejecución del régimen de regularización estipulado por Ordenanza nº 9867, el plazo de acogimiento al mismo se extenderá desde su implementación por parte de los organismos involucrados, y hasta 30 de abril de año 2020. Para el caso que resulte procedente, este Departamento Ejecutivo podrá establecer una nueva prórroga, que no podrá exceder de sesenta (60) días corridos.
Artículo 6º.- La presente norma será refrendada por el Sr. Fiscal Municipal.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a las áreas responsables en la implementación y ejecución del Régimen establecido por ordenanza nº 9867, y cumplido, archívese.-

Decreto nº 704 (2)

Fecha: 23.03.2016

Artículo 1º.- Dispónese la creación de la Dirección General de Talleres Mecánicos  bajo la orbita del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, incorporándose como punto 14 del Anexo XIII, en el Decreto nº 366/2016. 

Artículo 2º.- (1)

Artículo 3º.- (1)

Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.


 

(2)Decreto nº 1132
Fecha: 05.06.2019

Artículo 1º.- Establécese la siguiente Estructura Orgánica de la Dirección General de Talleres Mecánicos, creada mediante Decreto nº 704 de fecha 23 de marzo de 2016, la cual está subordinada jerárquicamente a la Secretaría Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, fijándose como dependencias las que a continuación se enumeran.
1. DIRECCION GENERAL DE TALLERES MECANICOS
1.1. Departamento Informes Técnicos y proyectos Normativos
1.2. Departamento Despacho Administrativo
2. Dirección Operativa Técnica
2.1. Subdirección Deposito y Abastecimiento
2.1.1. Departamento Depósito de Repuestos
2.1.2. Sección Almacen de Insumos
2.2. Subdirección Supervisión General de Reparticiones
2.2.1. Departamento Recepción Vehicular Mesa de Entradas
2.2.2. Sección Recepción Vehicular Mesa de Entradas
2.2.3. Sección Archivos y Legajos de Equipos
2.3. Subdirección Mecánica General
2.3.1. Departamento Mecánica General
2.3.1. Sección Mecánica General
2.4. Departamento Asesoría Técnica Administrativa
2.4.1. Sección Compras de Insumos y Repuestos
Artículo 2º.- (1)
Artículo 3º.- (1)
Artículo 4º.- (1)
Artículo 5º.- (1)
Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2º y 3º del Decreto nº 704/2016 y  2°,3°,4º y 5° del Decreto nº 1132/2019, en virtud de que los mismos establecen disposiciones referentes al personal a cargo de las distintas reparticiones dependientes de la Dirección General de Talleres Mecánicos.

Decreto nº 1268
Fecha: 28.06.2019

Artículo 1º.- Dispónese el cambio de Destino del inmueble, propiedad de la Municipalidad de Paraná, Partida Municipal nº 60113/1- Zona 3- Sec 7 – Grupo 52 – Manzana 26 – parcela 8, el cual será destinado a la construcción del Centro de Salud Dr. Arturo Illia.
Artículo 2º.- Dese intervención a la Dirección de Catastro Municipal, Dirección General de Escribanía y Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico para su conocimiento y trámite que a cada una compete y tomar razón las áreas involucradas.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Decreto nº 1864
Fecha: 09.09.2019

(1)Artículo 1º.- Ampliase los términos del artículo 1º de la Resolución de este Departamento Ejecutivo Municipal nº 114, de fecha 17.07.2017; autorizando e instando a la Tesorería General a adoptar la transferencia electrónica o acreditación en cuenta, como el sistema de pago del Municipio, dejándose la emisión de cheques solamente para aquellas situaciones en la que aún no resulte posible proceder de la forma indicada.
Se encuentra incluidos en el presente, los conceptos liquidados al personal por comisión de servicio, así como los anticipos de haberes que la Secretaría de Hacienda autorice al personal, conforme con la normativa vigente.
Respecto de los anticipos de haberes, se dispone que cada uno de los interesados en su solicitud formulada por escrito, acorde con la normativa vigente, manifieste expresamente su voluntad de que el anticipo le sea acreditado en su "cuenta sueldo".
Artículo 2º.- Será considerado como comprobante de pago válido y suficiente- en los términos del inc d) del artículo 119º del Decreto nº 742/83 Reglamentario de la Ordenanza de Contabilidad nº 6173, la constancia emitida desde el 2sistema bancario de transferencia electrónica", donde conste el importe transferido, beneficiario y su número de cuit/cuil/cdi. La Referida rendición se complementará, en su caso, con las retenciones practicadas, las cuales surgirán del comprobante "resumen de pago" o "recibo", emitido por el sistema informático del Municipio, el que deberá agregarse impreso al legajo de pago.
Artículo 3º.- Los proveedores, contratistas o beneficiarios del pago, que por cuestiones comerciales o administrativas emitan recibos de cobro tipo X, acorde con las disposiciones fiscales vigentes, deberán entregar dicho comprobante en la Tesorería General, dentro de las 48 horas hábiles posteriores de efectuada la transferencia respectiva. Luego de ese término los legajos de pagos podrán ser rendidos con los recaudos establecidos en el artículo 2º. En igual plazo, todos los proveedores y contratistas podrán solicitar en la Tesorería General los comprobantes de las retenciones practicadas; no obstante dichos comprobantes, o sus datos básicos, deberán ser remitidos vía correo electrónico a la dirección que se encuentre declarada en esa Dependencia.
Artículo 4º.- Para la implementación de las presentes disposiciones, las áreas involucradas deberán arbitrar las acciones necesarias, en lo que resulte de su competencia.
Artículo 5º.- Las disposiciones de los artículos 2º y 3º tienen vigencia desde la efectiva implementación del sistema de pago electrónico dispuesto por a Resolución de este Departamento Ejecutivo nº 114/2017
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 


(1) Resolución nº 114
Fecha: 17.07.2017
VISTO:
La presentación iniciada por el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., registrada bajo Expte. nº 10659/2017-10049-11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma informa que el Banco Central de la República Argentina ha publicado diversas normas que regulan la actividad financiera que promueven y/o alientan la bancarización de las operaciones que se realicen, facilitando el alta de clientes y apertura de cuentas, reduciendo costos en transacciones electrónicas y ampliando los canales a través de los cuales se puede operar;
Que asimismo recuerda que la institución bancaria dispone de Cajas de Ahorro de fácil apertura y rápida disponibilidad para proveedores y beneficiarios de pagos de esta Municipalidad, y sin costo alguno para canalizar la operatoria realizada;
Que a fs. 2, la Tesorería General manifiesta que el Municipio tiene absolutamente bancarizado todos los ingresos, ello trae aparejado que todo egreso se concrete a través de cheque, transferencia, acreditaciones de haberes o pago electrónico;
Que respecto de algunos pagos relacionados con el personal, aún persiste algún remanente que se abona por la Habilitación General, previa emisión del pertinente cheque para procurar los fondos desde la Entidad Bancaria, en esta situación se encuentran comprendidos agentes municipales que aún no tiene cuenta abierta en alguna entidad bancaria, el personal que se desempeña como pasante y los adelantos de haberes al personal;
Que dicha Unidad de Organización se ha expresado largamente en cuanto a la necesidad de eliminar total y absolutamente el manejo de dinero en efectivo por parte de la Habilitación General de esa dependencia;
Que teniendo en cuenta el ofrecimiento efectuado por la entidad bancaria, respecto de la apertura de cajas de ahorro sin cargo, manifiesta que resulta absolutamente factible y conveniente a los fines antes señalados el pago de la asignación estímulo de los estudiantes que se desempeñan como pasantes, mediante acreditación en cuentas bancarias a tal efecto;
Que en igual sentido, entiende conveniente analizar la posibilidad de abonar mensualmente el monto de los honorarios facturados al Municipio por monotributistas, derivados de contratos de obra a través de acreditaciones electrónicas en cuentas a abrir en la referida entidad bancaria;
Que a fs. 7, la Contaduría General manifiesta que no tiene objeciones que realizar al respecto;
Que en un todo de acuerdo con lo expuesto, corresponde proceder en consecuencia;
Por ello:
El Señor Presidente de la Municipalidad de Paraná
RESUELVE:

1º.- Autorizar a Tesorería General y a la Dirección General de Sistemas y Telecomunicaciones a realizar las modificaciones que se estimen pertinentes en los sistemas de pagos de esta Municipalidad a fin de proceder al pago electrónico a proveedores, de la asignación estímulo de los estudiantes que se desempeñan como pasantes y los montos correspondientes a honorarios facturados al municipio por monotributistas, derivados de contratos de obra, a través del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. , por los motivos antes expuestos.

2º.- Autorizar a Tesorería General a realizar las diligencias pertinentes ante el nuevo banco de Entre Ríos S.A. tendientes a la implementación de la modalidad de pago dispuesta en el artículo 1º de la presente.

3º.- Tomar nota por Tesorería General, Contaduría General, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Liquidaciones de Haberes del Personal y Dirección General de Sistemas y Telecomunicaciones.

4º.- La presente norma será refrendada por la Sra. Secretaría de Hacienda.

5º.- Cumplir, y en estado, archivar.

Ordenanza nº 9887
Sancionada: 10.10.2019
Promulgada: 31.10.2019 por Decreto nº 2417
Publicada: 08.11.2019

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Municipalidad de Paraná la "Campaña de prevención y concientización sobre el cáncer de cuello de útero".

Artículo 2°.- La campaña consistirá en que todos los centros de salud de la Ciudad de Paraná provean de volantes, cartelerías, que contengan la información necesaria sobre que es el cáncer de cuello de útero, síntomas, tratamientos, formas de contagio y prevención. Dentro de la misma también brindar información sobre la importancia de la vacunación obligatoria y gratuita para menores.

Artículo 3°.- Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza la Secretaria de Salud, quien tendrá la función de la organización planificación y ejecución de la "Campaña de prevención y concientización sobre el cáncer de cuello de útero".

Artículo 4°.- Coordínese con el Departamento Ejecutivo Municipal, que una vez por mes se inviten profesionales que estén en conocimiento de dicha patología para que den charlas en los centros de salud y se logre una mejor concientización de dicha temática.

Artículo 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza en un plazo no mayor a los noventa (90) días de su promulgación a los efectos de su correcta regulación.

Artículo 6°.- Comuníquese.

Ordenanza nº 9885
Sancionada: 10.10.2019
Promulgada: 31.10.2019 por Decreto nº 2415
Publicada: 07.11.2019

Título I: Disposiciones Generales.

Artículo 1°.- Créase el programa "Tiempo de Calidad" para personas mayores residentes de instituciones que brindan servicios gerontológicos y/o geriátricos.

Artículo 2°.- El programa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, a partir de la convivencia con jóvenes estudiantes que además de vivir con ellos deberán dedicarle tiempo de calidad ya sea implementando los conocimientos de su formación, realizando actividades recreativas o simplemente acompañándolos.

Artículo 3°.- Las instituciones que brinden servicios gerontológicos y/o geriátricos habilitadas por la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de la ciudad de Paraná podrán adherirse al programa, a cambio accederán a la eliminación de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

Título II: Derechos y Obligaciones de las Partes.

Artículo 4°.- Las partes intervinientes en dicho programa son: las instituciones que brinden servicios gerontológicos y/o geriátricos, las instituciones de capacitación; los/las residente y/o practicantes y el Municipio de la Ciudad de Paraná.

Artículo 5°.- Se establece que los derechos de la institución que brinde servicios gerontológicos y/o geriátricos, son los siguientes:

-Derecho de elegir el/la residente y/o practicante que considere apto para su institución.

-Derecho de exigir que el/la residente y/o practicante cumpla con el acta acuerdo que establece las pautas de funcionamiento y convivencia para llevar a cabo la residencia y/o práctica.

-Derecho de finalizar el programa por incumplimiento del acta acuerdo.

-Derecho de solicitar la eliminación de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, mientras dure el programa en su institución.

Artículo 6°.- Se establece que las obligaciones de la institución que brinde servicios gerontológicos y/o geriátricos, son las siguientes:

-Obligación de respetar la formación y el servicio que brinde el/la practicante.

-Obligación de respetar la carga horaria establecida para el "tiempo de calidad".

-Obligación de respetar el acta acuerdo firmado.

-Obligación de brindarle al residente y/o practicante un lugar para vivir que cumpla con requisitos mínimos de privacidad, higiene y accesibilidad.

-Se obliga a aceptar como tiempo mínimo del programa 12 meses.

Artículo 7°.- Se establece que los derechos de el/la practicante y/o residente, son los siguientes:

-Derecho de realizar la práctica acorde a su formación.

-Derecho a programar sus tiempos según sus necesidades en la implementación del tiempo de calidad que deben brindarle a los adultos mayores.

-Derecho a vivir en condiciones dignas.

Artículo 8°.- Se establece que las obligaciones de el/la residente y/o practicante, son las siguientes:

-Obligación de respetar el acta acuerdo firmado.

-Obligación de respetar las normas de convivencia establecidas por la institución.

-Obligación de cumplir con la carga horaria fijada como tiempo de calidad para los adultos mayores. La cual se fijara para aquellos estudiantes que residan en la institución de lunes a viernes en un mínimo de 20 horas semanales y para quienes residan de lunes a lunes un mínimo de 26 horas semanales.

Artículo 9°.- Se establecen que los derechos de la institución que capacita, son los siguientes:

- Derecho a supervisar por el docente que corresponda, a los estudiantes que realicen las practica sin haber finalizado sus estudios.

Artículo 10°.- Obligaciones de la institución que capacita.

-Obligación de realizar un registro de los alumnos que estén realizando o hayan finalizado a formación pertinente al área de envejecimiento, vejez y personas mayores; en el mismo debe contener los datos completos del alumno y medios de contacto.

Título III: Del ejercicio y Autoridad de aplicación.

Artículo 11°.- La autoridad de aplicación será la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Paraná o la que en el futuro la suplante.

Artículo 12°.- La autoridad de aplicación será la encargada de confeccionar un listado de instituciones educativas que se especialicen en la temática del envejecimiento y de las personas mayores, a las cuales se les solicitara un listado de aquellos alumnos interesados en adherirse al programa "Tiempo de Calidad".

Artículo 13°.- También se abrirá un registro en la Dirección de Adultos Mayores, o donde la autoridad de aplicación decida, para inscribir estudiantes cualquiera sea su especialización y/o formación para garantizar un amplio abanico de posibilidades según las necesidades de la institución que presta servicios gerontológicos y/o geriátricos.

Artículo 14°.- La autoridad de aplicación deberá desarrollar las plataformas digitales necesarias, dentro de la página oficial de la Municipalidad de Paraná, para facilitar la inscripción de las instituciones que brindan servicios gerontológicos y/o geriátricos en dicho programa, como así también la inscripción y confección del listado de estudiantes interesados con sus respectivos perfiles para la elección de los mismos.

Artículo 15°.- Para acogerse al programa "Tiempo de Calidad" la institución que brinde servicios gerontológicos y/o geriátricos deberá dirigirse a la autoridad de aplicación, la cual articulará con las casas de estudio y los estudiantes interesados.

Artículo 16°.- La autoridad de aplicación será la encargada de solicitar y garantizar los beneficios de eliminación de tasas una vez adherida la institución al programa "Tiempo de Calidad".

Artículo 17°.- La autoridad de aplicación podrá rubricar convenios con las instituciones educativas que considere conveniente para certificar las prácticas de los estudiantes.

Artículo 18°.- La autoridad de aplicación, cuando se trate de estudiantes que se especialicen en la temática del envejecimiento o personas mayores, redactará un certificado a la finalización del programa que respalde la participación de el/la practicante.

Título IV: Otras disposiciones

Artículo 19°.- La cantidad de residentes y/o practicantes por institución que realicen dicha residencia y/o práctica no se encuentra limitado, dicho número tampoco varia en el beneficio que brinda el municipio.

Artículo 20°.- En el caso de la suspensión de la práctica pre-laboral, por la razón que fuere, por parte de cualquiera de las partes involucradas, debe ser asentada por escrito con firma y fecha de las partes. En este caso para que el beneficio de la reducción de la taza municipal de impuestos se realice, el/la practicante debe haber cumplido más de 20 días de dicho mes en la institución.

Título V: Disposiciones transitorias

Artículo 21°.- Una vez sancionada la presente ordenanza el Ejecutivo Municipal dispondrá de 90 días corridos para su reglamentación.

Artículo 22°.- Comuníquese.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

Ver más...

Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

Ver más...

Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

Ver más...

Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

Ver más...

Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

Ver más...

Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

Ver más...

Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

Ver más...

 

Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

Ver más...