Indice Digesto Municipal

Expropiaciones

Expropiaciones (8)

7.1. Expropiaciones por Razones de Utilidad Pública

Ley nº6467 (Ratificada por Ley nº 7495)

Sancionada: 20.12.1979

Promulgada: 20.12.1979

Publicada: 19.02.1985

 

ARTÍCULO 1º.- Régimen: Se regirán por las disposiciones de la presente ley las expropiaciones por razones de utilidad pública de todos los bienes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que realicen la provincia o los organismos autorizados expresamente por una ley especial.(1)

ARTÍCULO 2º.- Calificación de Utilidad Pública: La calificación de utilidad pública comprenderá todos los casos que sean necesarios para la satisfacción del bien común; será declarada únicamente por ley y se referirá a bienes determinados. Cuando se trate genéricamente de bienes que sean necesarios para la ejecución de una obra, de un plan o de un proyecto, la declaración legal de utilidad pública se efectuará en base a informes técnicos y demás elementos en que se fundamente la expropiación. De la declaración de utilidad pública se comunicará al Registro de la Propiedad respectivo para su toma de razón.

ARTÍCULO 3º.- Expropiación del subsuelo e inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal: Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo. Igualmente son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.

ARTÍCULO 4º.- Extensión de la utilidad pública: La declaración de utilidad pública podrá comprender, además de los bienes indispensables para la ejecución de la finalidad perseguida, aquellos que se estimen necesarios para la complementación de la tarea propuesta.

ARTÍCULO 5º.- Expropiación parcial: Si un inmueble fuera expropiado parcialmente y el remanente fuera inadecuado a un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble. En los inmuebles urbanos se considerarán sobrantes inadecuados los que no reúnan las superficies mínimas exigidas por las ordenanzas municipales para la construcción. Con relación a los inmuebles rurales se considerarán sobrantes inadecuados aquellos que así establezca el Consejo de Tasaciones de la provincia en ocasión del justiprecio del bien. En dicha ocasión deberá asimismo expedirse sobre la racionalidad o irracionalidad de la explotación económica del sobrante.

ARTÍCULO 6º.- Indemnización previa: La expropiación no se perfecciona sin el previo pago de la indemnización o de su consignación judicial. La indemnización será establecida y abonada en dinero salvo que el expropiado voluntariamente acepte el pago en otro valor. La indemnización comprende el justo precio del bien como asimismo los intereses que pudieran devengarse y la desvalorización monetaria si ésta llegara a producirse.

ARTÍCULO 7º.- Integración de la indemnización: La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños y perjuicios que sean una consecuencia directa e inmediata del acto expropiatorio. A los fines de establecer el justo valor del bien no se tomará en consideración circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, como así tampoco el mayor valor que pudiera agregar al bien la obra a realizarse. No podrá reclamarse por el expropiado lucro cesante. Tampoco será materia de indemnización las mejoras que se introdujeran el bien con posterioridad a su declaración de utilidad pública. Los rubros que componen la indemnización no estarán sujetos al pago de impuestos o gravamen provincial o municipal.

ARTÍCULO 8º.- Tasación: El justiprecio del bien será efectuado por el Consejo de Tasaciones de la provincia, que se integrará con un representante de la dirección de Arquitectura y Construcciones, un representante de la dirección de Catastro y un representante de la dirección provincial de Vialidad. Si el bien objeto de la tasación fuera un inmueble rural, integrará el Consejo un representante de la Dirección General de Tierras.

Cuando se trate de bienes inmuebles el valor de los mismos nunca podrá ser inferior al último avalúo fiscal.

ARTÍCULO 9º.- Avenimiento: Una vez establecido el justo valor del bien expropiado, el expropiante queda facultado para ofrecer el mismo al propietario y, si éste lo aceptare, podrá efectuarse la adquisición directa del bien, siendo en tal supuesto a cargo del expropiante todos los gastos que deriven de dicho a acto. Tratándose de inmuebles el importe a ofrecer será el determinado conforme el artículo 8º, incrementándose automáticamente en un diez (10) por ciento. El pago se hará efectivo dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de la fecha del decreto que aprueba el avenimiento, previo informe del Registro de la Propiedad correspondiente respecto del dominio y libertad de gravámenes del inmueble.

A los fines de la inscripción del dominio en el Registro respectivo no se requerirá escritura pública, siendo suficiente a tal fin el decreto que aprueba el avenimiento, e igualmente en el caso de donación a favor del Estado (artículo 1810 Código Civil).

ARTÍCULO 10º.- Procedimiento Judicial: Si no hubiera avenimiento se promoverá el correspondiente juicio de expropiación. Será Juez competente el del lugar de ubicación del bien, pudiendo las partes de común acuerdo prorrogar la jurisdicción. En cuanto no esté previsto por esta ley serán aplicables las normas de procedimiento del juicio sumario.

ARTÍCULO 11º.- Demanda -Consignación: Con el escrito de demanda se deberá consignar la indemnización correspondiente fijada de acuerdo con las pautas del artículo 8º. Si no se acompaña informe del registro respecto de la titularidad del bien, el Juez ordenará en la primera providencia el libramiento de oficio a tal fin. Una vez consignado el precio el juez dispondrá la inmediata posesión del bien a favor del

expropiante, a cuyo efecto librará el pertinente mandamiento.

ARTÍCULO 12º.- Traslado de la demanda: De la demanda se correrá traslado al accionado para que comparezca a contestarla dentro del término de diez (10) días a partir de su notificación. En la contestación el demandado deberá oponer todas la defensas que considere hacen a su derecho y ofrecer su prueba. Si se tratare de propietarios desconocidos se los citará por edicto

ARTÍCULO 13º.- Retiro de fondos: El expropiado podrá retirar la suma depositada previa justificación de su dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real y que no está embargado, ni pesan sobre él restricciones a la libre disposición de sus bienes.

ARTÍCULO 14º.- Apertura de prueba: Si hubieren hechos controvertidos se abrirá la causa a prueba por el término de veinte (20) días. El auto que así lo disponga será notificado personalmente o por cédula. Si la prueba ofrecida estuviera agregada antes del vencimiento del término, el juez decretará la clausura del mismo.

ARTÍCULO 15º.- Medios de prueba: En el juicio de expropiación procede únicamente la prueba pericial y la documental. Si las partes se pusieren de acuerdo se designará Perito único. Si tal acuerdo no fuere posible cada parte propondrá un perito y el juez nombrará un tercero. A tal efecto el juez convocará a audiencia fijándola en un plazo no superior a cinco (5) días de quedar firme el auto de apertura de prueba, notificándose las partes de esa providencia por ministerio de la ley.

ARTÍCULO 16º.- Alegatos: Vencido el término de prueba o clausurado el mismo, el juez pondrá los autos a disposición de las partes por el término de seis (6) días comunes a los fines que produzcan sus alegatos.

ARTÍCULO 17º.- Sentencia -Plazo para dictarla: Presentados los alegatos o vencido el término para hacerlo, el juez llamará autos para sentencia, la que deberá dictarse dentro del término de diez (10) días. La sentencia declarará adquirido el dominio por expropiación y determinará la indemnización que corresponda, la que será fijada teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión. Para establecer la desvalorización monetaria se descontará del valor fijado la suma consignada en el juicio, efectuándose la corrección sobre la diferencia que resulte, hasta el momento del efectivo pago. Dicha suma devengará un interés anual del seis por ciento (6%) a partir de la desposesión.

La sentencia recaída será apela

ARTÍCULO 18º.-Inscripción del dominio: Para inscribir el dominio en el Registro correspondiente se expedirán testimonios de la sentencia y de acta de toma de posesión. Los trámites administrativos de inscripción derivados de la presente ley, gozarán de trámite preferencial en las oficinas respectivas.

Anotada la litis en el Registro de la Propiedad, será desde ese momento, indisponible e inembargable el bien.

ARTÍCULO 19º.- Perjuicio a terceros: La acción emergente de cualquier perjuicio que se prorrogase a terceros, por contratos de locación u otros que tuvieren celebrados con el propietario, se ventilará en juicio por separado.

ARTÍCULO 20º.- Intervención de terceros: Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquella libre de todo gravamen.

ARTÍCULO 21º.- Desistimiento del expropiante: El expropiante podrá desistir de la acción promovida en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada. Las costas serán a su cargo.

Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.

ARTÍCULO 22º.- Costas: El cargo de las costas del juicio, así como su monto y el de los honorarios profesionales, se regirán por las normas del Código Procesal Civil y Comercial y por las respectivas leyes de aranceles.

ARTÍCULO 23º.-Plazo para la expropiación: El plazo para promover el juicio de expropiación será de dos (2) años a partir de la vigencia de la ley que califique de utilidad pública al bien, cuando se trate de uno determinado. Si se tratare de bienes enumerados genéricamente, el plazo será de cinco (5) años. Tales plazos no serán de aplicación cuando se refieran a reservas de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida, calificados a tal efecto por ley especial.

ARTÍCULO 24º.- Expropiación inversa: El propietario podrá interponer la acción de expropiación inversa, sin necesidad de reclamación administrativa previa, en los siguientes casos:

1º) Cuando calificada la utilidad pública el expropiante haya tomado posesión del bien sin haber consignado la respectiva indemnización.

2º) Cuando la posesión haya sido tomada con consentimiento del propietario y el juicio no se haya promovido dentro de los seis (6) meses de la toma de posesión.

3º) Cuando el Estado imponga al derecho del titular del bien una restricción o limitación que importen una lesión a su derecho de propiedad.

ARTÍCULO 25º.- Monto indemnizatorio: En los juicios de expropiación inversa el actor deberá en el escrito de demanda estimar el valor que atribuye al bien, o dar los elementos necesarios para que el mismo se establezca en sede judicial.

Serán de aplicación en el juicio de expropiación inversa las normas de procedimiento establecidas para la expropiación común y en subsidio, las normas que regulan el juicio sumario.

ARTÍCULO 26º.- De la retrocesión: Procede la acción de retrocesión cuando, transcurridos dos (2) años a partir de la expropiación perfeccionada, no se hubiera destinado el bien al objeto que motivó la expropiación. En tal caso el expropiado podrá retrotraer el bien a su dominio previa consignación judicial de la indemnización percibida. El juicio de retrocesión tramitará por el procedimiento establecido para el

juicio de expropiación común y en subsidio por las normas del juicio sumario. La retrocesión podrá obtenerse igualmente por avenimiento.

ARTÍCULO 27º.- Competencia: Cuando la expropiación se hubiere llevado a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión deberá promoverse ante el juez que debería hacer entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de expropiación.

Si la expropiación se hubiere efectuado mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación.

ARTÍCULO 28º.- Improcedencia de la retrocesión: Se entenderá que no ha existido cambio de destino cuando el que se dé al bien mantenga la conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley, o cuando se le asigne al bien un fin complementario que integre o facilite el previsto.

Tampoco procederá la acción cuando el bien expropiado hubiera cumplido la finalidad y por tal motivo quedare desvinculado de la misma.

Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.

ARTÍCULO 29º.- Sentencia de retrocesión: Si la sentencia hiciere lugar a la retrocesión deberá establecer la suma que debe reintegrar el accionante y su actualización, como el plazo para dicho reintegro. Igualmente establecerá el plazo en que el expropiante deba restituir el bien expropiado. La suma a reintegrar por el expropiado deberá ser actualizada desde que la misma fue percibida hasta la fecha de

su reintegro.

ARTÍCULO 30º.- Carácter del reintegro: El bien deberá ser restituido al expropiado libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbres que hubieren tenido lugar con posterioridad a la posesión.

ARTÍCULO 31º.- Actualización por desvalorización monetaria: A todos los fines establecidos en esta ley, las sumas que debieran abonarse, tanto por la expropiante como por el expropiado, serán actualizadas, desde la fecha en que las mismas debieron pagarse hasta la fecha de su efectivo pago, conforme la evolución del "índice de precios al consumidor" que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC.

ARTÍCULO 32º.- Procedimiento: Son aplicables en toda cuestión de procedimiento no prevista expresamente por esta ley, las normas del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la provincia.

ARTÍCULO 33º.- Vigencia temporal -Juicios en trámite: La presente ley se aplicará a las actuaciones que se promuevan con posterioridad a su vigencia. Las causas en trámite seguirán el procedimiento establecido en las leyes por las que se hubieren promovido. No obstante ello en los juicios en trámite el expropiante podrá proponer la adquisición del bien por vía del avenimiento establecido en el artículo 9º de la presente ley, en cuyo caso las costas serán soportadas en el orden causado.

ARTÍCULO 34º.- Derogación expresa y tácita: Derógase la ley 2214 y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

ARTÍCULO 35º.- Refrendo: La presente ley será refrendada por los señores Ministros Secretarios de Estado en acuerdo general.

ARTÍCULO 36º.-La presente ley se sanciona "Ad Referendum" del Ministerio del Interior.


(1) En el ámbito nacional se aplican las disposiciones de la ley nº21499; el texto de esta ley puede ser consultado en dirección de Legislación.

 

 

Aprueba Procedimiento Expropiación por causa de Utilidad Pública

Decreto nº 2577/2012 MGJ

Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento por el cual se tramitarán las Expropiaciones por causa de Utilidad Pública de Interés Municipal, que como parte obra anexo a la presente norma legal.

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los Señiores Ministros Secretarios de Estado de Gobierno y Justicia y de Economía, Hacienda y Finanzas.

                                                                                                                                                            ANEXO

TRAMITACION DE UNA EXPROPIACION DE INTERES MUNICIPAL

1.- EXPROPIACION DE INTERES MUNICIPAL: son aquellas iniciativas por las cuales, un Municipio solicita al Poder Ejecutivo Provincial las gestiones para lograr la sanción  de una ley que declare de Utilidad Pública, y sujeto a expropiación, aquellos inmuebles que por su ubicación sean de interés o beneficio de la comunidad y sus habitantes conforme sus fines y/o destinos.

2.- PROCEDIMIENTO:

1) Solicitud del Municipio interesado al Gobierno de la Provincia e Entre Ríos, la cual deberá contener en detalle, las caracterísiticas y datos del inmueble que se interesa expropiar, y por el cual se solicita su declaración de utilidad pública, y las razones que motivan la expropiación. Asimismo deberá acompañar:

a) Ordenanza Municipal que declara de interés el destino del inmueble que se pretende expropiar;

b) Tasación o monto estimado del inmueble a expropiar.

c) Ordenanza o Decreto Municipal que comprometa el financiamioento pertinente para afrontar la erogación que demane la expropiación interesada.

d) Plano de munsura y ficha de transferencia.

e) Datos del Titular del inmueble conforme al informe del Registro de la Propiedad Inmueble.

2) Al instar el procedimiento ante el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se procederá a la redacción del Proyecto de Ley, que será enviado a la Legislatura. El proyecto de ley deberá contener:

a) Los datos del inmueble que se desea declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, como así también su destino y las razones por las que se expropia.

b) Establecer que el Municipio que interesa la sanción de la ley, será el beneficiario de la expropiación y abonara el justiprecio del inmueble.-

c) Ratificará la Ordenanza o Decreto municipal que comprometa el financiamiento que demande la expropiación.

d) Facultará al Municipio para que lleve adelante los trámites de avenimiento y/o juicio de expropiación en caso de corresponder.

3) Obtenida la sanción de la ley que declare de Utilidad Pública y sujeto a expropiación:

a) se remitirá el expediente, con copia de la ley, al Ministerio de Gobietrno y Justicia, para que la Dirección General de Despacho, comunique al Registro nde la Propiedad Inmueble, la ley respectiva a los fines que dicho Organismo tome razón de la declaración de la utilidad pública del inmueble en cuestión, y también al titular del inmueble;

b) luego, se remitirán las actuaciones al Consejo de Tasaciones de la Provincia, para que emita la Resolución que determine el monto indemnizatorio.

c) se notificará la Resolucón del Consejo de Tasaciones al Municipio haciéndosele saber igualmente que, conforme a la previsión del artículo 9º de la ley nº 6467, el monto indemnizatorio se incrementa en un 10% en el caso de avenimiento con el propietario afectado.

d) El Municipio deberá convocar al propietario del inmueble a fin de lograr su conformidad con el valor tasado, suscribiendo el correspondiente Convenio de Avenimiento.

e) Se remitirán las actuaciones a la Escribania Municipal o al Escribano que se determine, quien formalizará la pertinente Escritura Traslativa de Dominio, conforme al monto indemnizatorio convenido, otorgando la posesión del inmueble a favor del Municipio, el que estará representado por el Sr. Presidente Municipal o funcionario debidamente facultado patra el Acto.

f) De no concretarse la formalización del Convenio de Avenimiento, el Municipio procederá al inicio del correspondiente Juicio Expropiatorio, previa consignación de la indemnización.

7.2. Expropiación Inmuebles de la Provincia

Decreto nº4324/80 SO y SP

Fecha: 02.12.1980

 

Artículo 1º.- En los casos de expropiaciones de utilidad pública, en los que el ente expropiante sea alguno de los inmuebles de la provincia, el Consejo de Tasaciones creado por la ley nº 6467 se integrará, con el carácter de perito auxiliar que fija el artículo 25º del reglamento interno del Consejo, con un representante de la Municipalidad respectiva, el que será designado por el señor Intendente Municipal. (1)

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos y firmado por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos.

 

7.3.Reglamento Interno del Consejo de Tasaciones de la Provincia

Resolución nº105/80 SO y SP

Fecha: 23.07.1980

Publicada: 29.07.1980

ARTÍCULO 1º.- Aprobar y poner en vigencia el Reglamento Interno del Consejo de Tasaciones de la Provincia que como anexo I forma parte integrante de la presente resolución.


 

 

ANEXO I

CAPITULO I

CONSEJO DE TASACIONES

MISION: Determinar el justo precio de los bienes afectados a expropiación por causa de utilidad pública.

ARTÍCULO 1º.-El Consejo de Tasaciones de la Provincia se integra con un representante titular y uno suplente de cada una de las siguientes direcciones: dirección Provincial de Arquitectura y Construcciones, dirección de Catastro y dirección Provincial de Vialidad. Si el bien objeto de la tasación fuera un inmueble

rural, integrará el Consejo un representante titular y uno suplente de la dirección General de Tierras.

ARTÍCULO 2º.-En caso de excusación fundada, ausencia o impedimento del miembro titular y su suplente de una repartición, podrá actuar en reemplazo de éstos el profesional que designe el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, a propuesta de la misma.

ARTÍCULO 3º.-El Consejo de Tasaciones tiene los siguientes deberes y atribuciones:

a) Depende directamente del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

b) Se reunirá por lo menos una vez al mes en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuantas veces lo requiera la tarea a desarrollar o algunos de los miembros del Consejo lo solicite, o por convocatoria del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

c) Puede dirigirse directamente a entidades privadas y a reparticiones públicas nacionales y municipales solicitando informes, y a las reparticiones provinciales requiriendo colaboración para el mejor desempeño de sus tareas.

d) Podrá, a través del Presidente, designar el o los peritos auxiliares, cuando lo estime conveniente.

e) Cuando no se ofrezca la debida colaboración o se omitan datos que traben el normal desempeño de las tareas, el Consejo pondrá en conocimiento de tal irregularidad al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

f) Podrá proponer las reformas que crea necesarias al presente reglamento.

CAPITULO II PRESIDENCIA

ARTÍCULO 4º.- La presidencia del Consejo será ejercida por el representante titular de la dirección Provincial de Arquitectura y Construcciones y en caso de ausencia o cualquier otro impedimento, por el representante titular de la dirección Provincial de Vialidad.

ARTÍCULO 5º.-El presidente podrá participar o no en las tasaciones que se efectúen, sin perder su carácter de tal.

ARTÍCULO 6º.-En caso de participar en la tasación firmará el dictamen, como un integrante más.

ARTÍCULO 7º.-En caso de no participar en la tasación. podrá recabar de los restantes miembros los informes que considere necesarios sobre la marcha del trabajo.

ARTÍCULO 8º.-En caso de ausencia o cualquier otro impedimento se dejará constancia de los motivos, haciendo traspaso del cargo al representante titular de la dirección Provincial de Vialidad.

ARTÍCULO 9º.-El presidente tiene los siguientes deberes y atribuciones:

a) Supervisar las tasaciones practicadas por los restantes miembros y formular observaciones a los informes presentados.

b) Prestar asesoramiento técnico cuantas veces le sea requerido.

c) Poner en conocimiento del Señor Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos los asuntos cuya resolución estén fuera de su competencia. La presente enumeración es meramente enunciativa y no excluyente, por cuanto el Presidente podrá realizar todos los actos lícitos necesarios para obtener el más eficaz y mejor cumplimiento de los propósitos del Consejo.

CAPITULO III SECRETARIA

ARTÍCULO 10º.-Las funciones de Secretario del Consejo será desempeñada por un agente del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 11º.-Serán funciones del Secretario:

a) Atender todo lo concerniente a la recepción, registro y expedición de las actuaciones que se remitan al Consejo para su tratamiento.

b) Labrar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo, en las que se consignarán los temas tratados, las cuales serán transcriptas en un libro especial llevado a tal efecto. Al pie de cada acta firmarán los miembros presentes y el Secretario.

c) Redactar las resoluciones que adopte el Consejo sobre cada uno de los casos sometidos a su consideración.

d) Organizar y llevar el registro y archivo adecuadamente ordenado y clasificado de todas las tramitaciones y gestiones internas y externas en que intervenga el Consejo.

ARTÍCULO 12º.-El Secretario podrá participar en las deliberaciones sin voto en las resoluciones.

ARTÍCULO 13º.- El personal administrativo que se designare estará bajo la dependencias directa del secretario e indirecta del presidente o de los restantes miembros del Consejo, en caso de ausencia del primero

ARTÍCULO 14º.-Será de aplicación para el secretario las normas de los artículos 19º, 20º, 21º, 22º y 23º del presente reglamento.

ARTÍCULO 15º.- En caso de ausencia u otro impedimento del secretario, las actas de las reuniones serán labradas por un miembro del Consejo designado por el Presidente.

CAPITULO IV

PERITOS TASADORES

ARTÍCULO 16º.-A los fines del presente reglamento se designa con el nombre de peritos tasadores a los integrantes del Consejo y tendrán por función realizar los trabajos técnicos por función realizar los trabajos necesarios tendientes al cumplimiento de la misión asignada al Consejo.

ARTÍCULO 17º.-Los peritos tasadores deberán reunir las siguientes condiciones:

a) poseer título habilitante nacional o revalidado por la nación.

b) acreditar antecedentes de dos años por lo menos en el ejercicio de su profesión.

ARTÍCULO 18º.- Los peritos tasadores deberán excusarse de efectuar tasaciones e inspecciones en los siguientes casos:

a) cuando el bien objeto pertenezca a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

b) cuando considere que por fundadas razones particulares no podrá ser imparcial en la tasación del bien.

ARTÍCULO 19º.-En caso de ausencia simultánea, por más de cinco días consecutivos, por los motivos que fueren, de los peritos tasadores titular y suplente de la misma repartición, deberán notificar a la secretaría con cuarenta y ocho horas de anticipación.

ARTÍCULO 20º.-Los peritos tasadores se presentarán en la secretaría cuando así se lo requiera el Presidente.

ARTÍCULO 21º.-La tasación de los bienes que se encomiende a los peritos tasadores, constituye un elemento de juicio de carácter reservado destinado únicamente a su propia deliberación, la publicidad que de este dato hagan a los interesados se considerará una infidencia grave, que motivará el pedido de exclusión inmediata del perito como integrante del Consejo, haciéndose pasible asimismo de las sanciones que fija el artículo 32º del decreto-ley 3377/44.

ARTÍCULO 22º.- Los peritos tasadores en ejercicio de las tareas que se les encomiende serán considerados como delegados del Consejo y tendrán las atribuciones mencionadas en el inciso c) del artículo 3º, capítulo I.

ARTÍCULO 23º.-Los peritos tasadores no podrán atender personalmente a los interesados y los que deseen hacer observaciones deberán presentarla por escrito en secretaría.

ARTÍCULO 24º.-Los peritos deberán efectuar su pericia dentro del plazo de diez días corridos de notificada su designación y elevar el informe fundado dentro de los cinco días de efectuada ésta.

ARTÍCULO 25º.-Cuando por razones de orden técnico, o las necesidades lo requieran, podrán designarse en carácter de peritos auxiliares a otros agentes de la administración pública provincial con capacidad técnica suficiente.

ARTÍCULO 26º.-Los peritos auxiliares estarán obligados a elevar los informes que les fueren requeridos y en el plazo que se les asigne, quedando sujetos a los derechos y obligaciones determinados en los artículos: 18º, 20º, 21º, 22º, 23º y 24º del presente reglamento.

CAPITULO V

FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 27º.-El Consejo no podrá funcionar válidamente sin la totalidad de sus miembros titulares presentes o suplentes que los reemplacen.

ARTÍCULO 28º.-La sede que se le asigne al Consejo se denominará secretaría y en ella se recepcionarán, registrarán, archivarán y expedirán las actuaciones técnicas y administrativas del Consejo.

ARTÍCULO 29º.-Las reparticiones que requieran la intervención del Consejo lo harán por vía del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 30º.-Toda solicitud de tasación de inmuebles urbanos deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

a) Croquis de ubicación, mostrando la posición relativa en la localidad, con indicación de distancias a puntos importantes de la misma, con referencias especiales sobre pavimentos y servicios públicos.

b) Croquis del terreno indicando rumbos, todas las medidas del título y del plano de mensura, con clara indicación de las anomalías que se constaten.

c) Se indicará: nombre, ancho y clase de pavimento de la calle, distancias a esquinas, los nombres de calles laterales y si constan de pavimento, su tipo.

d) Croquis de la superficie cubierta de cada planta del edificio indicando por color o por rayado las correspondientes a distintas clases, con sus respectivas medidas parciales. Se indicará asimismo la ubicación del edificio dentro del terreno.

e) Toda otra información que se considere corresponda suministrarse a los fines de la tasación.

ARTÍCULO 31º.-Toda solicitud de tasación de inmuebles rurales deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

a) Croquis para informar, sin ninguna duda, la ubicación del inmueble con indicación de las estaciones de ferrocarril, poblaciones con caminos de acceso, y sus respectivas distancias al inmueble.

b) Plano de mensura registrado.

c) Relevamiento detallado de las mejoras existentes y su ubicación.

d) Referencias sobre las características topográficas.

e) Toda otra información que se considere corresponda suministrarse a los fines de la tasación.

ARTÍCULO 32º.-Toda solicitud de tasación de bienes muebles o semovientes deberá acompañarse de la mayor cantidad de datos que hagan a su localización, características propias, estado, vida útil, etc.

ARTÍCULO 33º.-Ingresado el expediente a Secretaría, el Secretario procederá a registrarlo, poniéndolo a despacho del Presidente quien dispondrá el procedimiento a seguir.

ARTÍCULO 34º.-El o los peritos tasadores designados por el Presidente para efectuar el trabajo presentarán el resultado del mismo mediante dictamen debidamente fundado y con mención de todos los antecedentes recogidos y elementos de juicio utilizados para tasar.

ARTÍCULO 35º.- Una vez elevado el dictamen al Presidente por el o los peritos tasadores, el Presidente convocará al Consejo a una reunión, a los efectos de considerar el dictamen, labrar el acta y emitir la resolución correspondiente. La misma será firmada por todos los miembros integrantes del Consejo y el Secretario.

ARTÍCULO 36º.-Las actuaciones respectivas con copia de la resolución y nota de estilo se elevarán al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. El original de la resolución quedará archivado en Secretaría.

ARTÍCULO 37º.-Los justiprecios se harán indicando por separado el valor de la tierra, edificios o construcciones u otras mejoras, ya sea la propiedad urbana o rural; y en caso de división se indicará en igual formal el de cada lote por separado.

Tratándose de bienes muebles o semovientes, el justiprecio se determinará en base a las características del bien.

ARTÍCULO 38º.-El Consejo deberá procurarse las informaciones necesarias para establecer el justo valor de la propiedad estudiada. Una vez elevada la resolución, no podrá alegar falta de datos o antecedentes.

ARTÍCULO 39º.-La estimación del valor de las propiedades, ya sean muebles, inmuebles o semovientes, se hará tomando como base su precio actual de enajenación, es decir el valor en el comercio, pudiendo hacerse las consideraciones que se estimen oportunas.

ARTÍCULO 40º.-El justiprecio de los bienes inmuebles nunca podrá ser inferior al último avalúo fiscal.

ARTÍCULO 41º.-El asesoramiento jurídico del Consejo se hará a través de la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 42º.- El Consejo dará curso a las actuaciones de acuerdo a la prioridad que disponga el Presidente.

ARTÍCULO 43º.-El Consejo emitirá sus resoluciones por simple mayoría y en caso de no lograrse acuerdo, cada uno de los miembros producirá por escrito su dictamen fundado. la cuestión será dilucidada en forma inapelable por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 44º.-Los integrantes del Consejo se identificarán por medio de una credencial expedida por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Las mismas se guardarán en la Secretaría y serán utilizadas por los peritos tasadores para tareas exclusivas encomendadas por el Consejo.

 

Viernes, 26 Septiembre 2014 15:53

Decreto Nº 1948/2014

Digitalizado por

Decreto Nº 1948/2014

Fecha: 08.09.2014

ARTICULO 1º.- Ratifíquese el CONVENIO DE TRABAJO Regularización Dominial de Barrio "El Morro", suscripto el 31 de julio de 2014 entre esta Administración Municipal y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivinda de Entre Ríos (I.A.P.V.), representado por por su Presidente M.M.O. Oscar Alfredo Marelli, con domicilio en calle Laprida Nº 351, el que como Anexo I forma parte del presente, por los motivos expresados en los Considerandos precedentes.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección General de Escribanía, a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planificación, Infraestructura y Servicios, para conocimiento y trámite inherente a cada una.-

ARTICULO 3º.- Cúrsese nota de estilo adjuntando fotocopia autenticada del presente al Señor Presidente del I.A.P.V., al domicilio de calle Laprida Nº 351.-


CONVENIO DE TRABAJO REGULARIZACION DOMINIAL DE BARRIO

EL MORRO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PARANA Y EL INSTITUTO AUTARQUICO

DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS (I.A.P.V.) -

 

En la ciudad de Paraná, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil catorce, entre la Presidenta Municipal de la ciudad de Paraná, Profesora BLANCA INES OSUNA, MI DNI 6.501.325, por una parte, en adelante "La Municipalidad", y el Presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, M.M.O. OSCAR ALFREDO MARELLI DNI. 6.610.298, en adelante "El I.A.P.V." convienen en celebrar el siguiente convenio de trabajo para la regularización dominial del Barrio El Morro, el que se regirá conforme las siguientes antecedentes, cláusulas y condiciones:

Antecedentes: La ley Nº 8482 (B.O. 18/6/91), por la que se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná y las actuaciones caratuladas "SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA C/ETIENOT JORGE A. Y OTROS S/EXPROPIACION" Expte 321 que tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 7, y cuya sentencia firme de fecha 03-06-2005 en su parte pertinente hace lugar a la demanda por expropiación interpuesta por el ESTADO PROVINCIAL contra JORGE AUGUSTO ETIENOT, AMARO DANIEL ETIENOT, JUAN AMARO VILLALBA, CARLOS ALFREDO MAXIMO VILLALBA, HORACIO FLORENTINO VILLALBA, ANGELA MARGARITA AMALIA VILLALBA, ROBERTO ANDRES VILLALBA, MARGARITA AMELIA VILLALBA, LUCILA ANGELA ANTELO, MARIA MERCEDES ANTELO, ESTHER HAYDEE ANTELO, ALFREDO AUGUSTO MATEO ANTELO, GUILLERMO ENRIQUE PINTO, AIDA FILOMENA SCACCHI DE CLEMENTI Y MIGUEL ANGEL CLEMENTI, declarando adquirido por el actor eldominio de los siguientes inmuebles, a saber: a) inmueble compuesto de una superficie según título de 35.258 mts2, y según plano de mensura Nº 27.313 de una superficie de 28.838 mts2, ubicado en el Departamento Paraná, Ciudad de Paraná, Area Urbana, Distrito U.I.4, Manzana 1, registrado por ante el Registro Público bajo Matrícula Nº 155.264; y b) inmueble compuesto según plano Nº 14.716 de una superficie de 23.772 mts2, inscripto por ante de una superficie de 23.772 mts2, inscripto por ante el Registro Público bajo Matrícula Nº 122.532; y

CONSIDERANDO: 

-Que la Municipalidad de Paraná cuenta con los recursos humanos necesarios para efectuar el relevamiento social, el proyecto de urbanización, el relevamiento catastral, las mensuras y las fichas de transferncia del Barrio denominado "El MOrro", de esta ciudad;

- Que conforme la Ley Nº 8482 corresponde al I.A.P.V. proceder a realizar las tareas de regularización, en un todo de acuerdo con las condiciones fijadas por dicha norma legal, resultando conveniente delegar estas tareas en el Municipio;

Por ello, conforme las pautas dadas en los considerandos precedentes, las Partes acuerdan celebrar el siguiente Convenio de Colaboración:

PRIMERA: "La Municipalidad" se compromete a:

a.- la elaboración del Proyecto de urbanización del Barrio "El Morro", obligándose a su tramitación y aprobación por la Municipalidad, de acuerdo a la normativa vigente.

b.- la realización del relevamiento social-económico-habitacional del Barrio El Morro.

c.- la realización del relevamiento catastral y la elaboración y aprobación de los planos de mensura y fichas de transferencias de cada una de las parcelas integrantes del Barrio El Morro.

SEGUNDA:  El I.A.P.V., una vez realizadas las tareas previas necesarias descriptas en el artículo anterior, se obliga a entregar la escritura traslativa de dominio e inscripción registral de cada una de las unidades parcelarias e inmobiliarias relevadas por La Municipalidad, que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 8482. La entrega de las escrituras traslativas de dominio será realizada en acto conjunto con la Municipalidad de Paraná.

No siendo para más, firman los mencionados en prueba de conformidad dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al inicio.

Viernes, 21 Noviembre 2014 13:34

DECRETO Nº 2502/2014

Digitalizado por

DECRETO Nº 2502/2014

FECHA: 06.11.2014

ARTICULO 1º.- Ratifìquese en Convenio Marco ejecutar  mensuras y fichas de Transferencias por inmuebles ubicados en el Barrio "EL MOrro" de nuestra ciudad.

suscripto el 31 de octubre de 2014 entre esta Municipalidad y el Collegio deProfecionales de la Agrimensura de Entre Rìos, que como Anexo I, forrma parte del presente por, por los motivos expresados en los Considerandos precedentes.-

ARTICULO 2º.- Desè intervenciòn a la Direcciòn General en Escribanìa. Secretarìa fde Hacienda y àrea involucradas para su conocimiento y tràmite inhereente a cada una.-

ARTICULO 3º.- Cùrsese nata de estilo adjuntando fotocopia autenticada del presente al Señor Presidente del Diectorio del Colegio de Profecionales de la Agrimensura de Entre Rìos Ingº Agrimensor JOSE FRANCISCO SCHANTON al domicilio de calle España Nº 281 de nuestra ciudad por intermedio de la Subdirecciòn de Notificaciones.-

 


 

CONVENIO MARCO PARA EJECUTAR MENSURASS Y FICHAS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A INMUREBLES UBICADOS EN EL BARRIO EL MORRO DE LA CIUDAD DE PARANÀ.-

En la ciudad de PARANÀ, Capital de la provincia de Entre Rìos, a los 31 dìas del mes de Octubre de 2014, eunidos : por una parte la Profesora Blanca Inès Osuna, DNI Nº 6.501.325, en su caràcter de Presidenta de la MUnicipalidad de Paranà, en adelante la MUNICIPALIDAD DE PARANÀ, con domicilio legal en calle Urquiza y Corrientes, y por la otra el señor Ing. Agrimensor SCHANTON JOSE FRANCISCO, DNI Nº 25.171.757, en su caràcter dePresidente del Directorio del Colegio de Profecionales de la Agrimensor de Entre Rìos,  en adelante el C.P.A.E.R, con domicilio legal en calle España Nº 281, ambos de esta ciudad, resuelven celebrar el presente CONVENIO MARCO, sujeto a las clàusulas que a continiuaciòn se eneuncien:

PRIMERO: El objetivode este CONVENIO es establecer las condiciones generales en que MUNICIPALIDAD DE PARANÀ harà ejecutar, con profecionales matriculados, habilitados y designados por el C.P.A.E.R, con residencia real en esta Provincia, las mensuras y certificados de los inmuebles ubicados en el àmbito decompetencia terrritorial la Municipalidad de Paranà, con el fin de regularizar su situaciòn dominal u ordenamiento territorial.

SEGUNDO: El C.P.A.E.R aceptay toma bajo su responsabilidad la implementaciòn de la metodologìa de adjudicaciòn de los trabajos requeridos por MUNICIPALIDAD DE PARANÀ. Al efecto se habilitarà un Registro en el que Podràn incribirse los profecionales mencionados en la Clàusula Primera, que acepten ejecutar dichos trabajos en orden a este CONVENIO. La MUNICIPALIDAD DE PARANÀ podrà vetar total o parcialmente por causas debidamente justificadas, las nominaciones efectuadas por el C.P.A.E.R.

TERCERO: El C.P.A.E.R sobre la base de los amntecedentes y alementos suministrados por MUNICIPALIDAD DE PARANÀ, establece los costos de la obra segùn el Anexo I de los importes paraa realizar los trabajos de: Mesuras y certificaciones de Mensura. Dichos imporetes podràn ser modidficados por acuerdos de las partes de este convenio marco. Estos montos servirràn de baseen la definiciòn para adjuntar a cada Profecional, lo cual darà lugar a la firma de un Convenio Complementario, que firmarà la Muunicipalidad de Paranà con cada Profecional designado para cumplimentar la economienda, en el que se consignaràn las condiciones particulares correspondientes al sector que deba ejecutar cada Profecional.- Dejase expresamente establecidos que la suma de los montos correspondientes a cada Convenio complementario, serà el total que en concepto de Honorarios y Gastos deberà abonar MUNICIPALIDAD DE PARANÀ.

CUARTO: MUNICIPALIDAD DE PARANÀ remitirà al C.P.A.E.R. todos los antecedentes necesarios y detalles de ls tareas a realizara antes del dìa 30 de Noviembre del corriente.

QUINTO: El monto consignado serà abonado de las siguientes manera:

el 30% (TRINTA POR CIENTO) de ADELANTO al haber firmado los convenios complementarios, y el SALDO de la suma pactada, 70 % (SESENTA POR CIENTO) en el momento que el C.P.A.E.R. haga entrega de la totalidad de los trabajos convencidos, debidamente registrados por los organismos competentes. El Convenio Complementario, referido en el articulo tercero, podrà modificar la forma de pago conforme a los ìtems de tercera a efectuar.- El pago se efectuarà en la tesorerìa dela MUNICIPALIDAD DE PARANÀ sita en calle 25 de mayo 126....de la Ciudad de Paranà, dentro de los plazos anteriormente estipualados o los establecidos en los convenios particulares, a cada profecional.- Vencido el Tèrmino de pago establecido en cada caso, los montos se actualizanconforme al decreto provincial Nro. 2539/02 S.O.S.P y modificatorios segùn decreto 3338/05 GOB. los cuales deberàn liqudarse al momento del pago sin necesidad de reclamentaciòn previa .- Del monto que corresponda al Profecional, se deduciràn , si correspondiere las sanciones por mora establecidas en el convenio complementario, las que seràn verificadas y conformadas por el C.P.A.E.R.

SEXTO: Las sanciones por mora se fijaran en los convenios.

SÈPTIMO: Las causales de rescisiòn se estipularan en el conveniocomplementariio.

OCTAVO: El presente convenio tendrà una duraciòn de SESENTA (60) dìas a partir de lafecha de su firma y podrà rescindido por cualquiera de las partes con un preaviso fehaciente de no menos de treinta (30) dìas corridos o serà renovado automàticamente por igual periodo, una vez vencido el tèrmino de duraciòn, si ninguna de las partes lo denuncia con la anticipaciòn mencionada.

NOVENO: Previa lectuara y ratificaciòn, se firman dos ejemplaresde igual tenor ya aun solo efecto, en el lugar y fecha ut - supra.-

ANEXO I

VALORES DE HONORARIOS DE LOS

TRABAJADORES A REALIZAR

Certificaciones de Mensura: $ 1.500 (pesos un mil quinientos)

Mensura: $ 2.500 (pesos dos mil quinientos)

 

 

 

Jueves, 30 Junio 2016 11:02

Ley nº 21499 EXPROPIACIONES

Digitalizado por

EXPROPIACIONES

LEY Nº 21.499

Sancionada: 17.01.1977

Publicada: 21.01.1977


TITULO I
Calificación de utilidad pública
Artículo 1º.— La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.
TITULO II
Sujetos de la relación expropiatoria
Artículo 2º.— Podrá actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales.
Los particulares, sean personas de existencia visible o jurídicas, podrán actuar como expropiantes cuando estuvieren autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.
Artículo 3º.— La acción expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de personas, de carácter público o privado.
TITULO III
Objeto expropiable
Artículo 4º.— Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.
Artículo 5º.— La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.
Artículo 6º.— Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.
Igualmente son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Artículo 7º.— La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública.
Artículo 8º.— Si se tratase de la expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.
En los terrenos urbanos se considerarán sobrantes inadecuados los que por causa de la expropiación quedaren con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o usos locales.
Tratándose de inmuebles rurales, en cada caso serán determinadas las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta la explotación efectuada por el expropiado.
En el supuesto de avenimiento, las partes de común acuerdo determinarán la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia de dominio; en el juicio de expropiación dicha superficie será establecida por el juez.
Artículo 9º.— Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se afectare su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de propiedad en los términos del artículo 51, incisos b) y c).
TITULO IV
La indemnización
Artículo 10º.— La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.
Artículo 11º.— No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.
Artículo 12º.— La indemnización se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.
Artículo 13º.— Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación para los bienes inmuebles, o las oficinas técnicas competentes que en cada caso se designarán, para los bienes que no sean inmuebles. Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento.
Artículo 14º.— Si el titular del bien a expropiar fuere incapaz o tuviere algún impedimento para disponer de sus bienes, la autoridad judicial podrá autorizar al representante del incapaz o impedido para la transferencia directa del bien al expropiante.
Artículo 15º.— No habiendo avenimiento respecto del valor de los bienes inmuebles, la cuestión será decidida por el juez quien, respecto a la indemnización prevista en el artículo 10 y sin perjuicio de otros medios probatorios, requerirá dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los noventa días.
Las maquinarias instaladas o adheridas al inmueble que se expropiará, se tasarán conforme a lo establecido para los bienes que no sean inmuebles.
Artículo 16º.— No se considerarán válidos, respecto al expropiante, los contratos celebrados por el propietario con posterioridad a la vigencia de la ley que declaró afectado el bien a expropiación y que impliquen la constitución de algún derecho relativo al bien.
Artículo 17º.— No habiendo avenimiento acerca del valor de los bienes que no sean inmuebles, sin perjuicio de la intervención de las oficinas técnicas a que alude el artículo 13, deberá sustanciarse prueba pericial. Cada parte designará un perito y el juez un tercero, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.
TITULO V
Del procedimiento judicial
Artículo 18º.— No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación.
Artículo 19º.— El proceso tramitará por juicio sumario, con las modificaciones establecidas por esta ley y no estará sujeto al fuero de atracción de los juicios universales.
Promovida la acción se dará traslado por quince días al demandado. Si se ignorase su domicilio, se publicarán edictos durante cinco días en el diario de publicaciones legales de la Nación y en el de la Provincia correspondiente.
Si existieren hechos controvertidos se abrirá la causa a prueba por el plazo que el juez estime prudencial debiendo tener presente lo dispuesto en los artículos 15 y 17.
Las partes podrán alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de diez días, computados desde que el Secretario certificare de oficio sobre la producción de la misma.
Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el juez llamará autos para sentencia, la que deberá pronunciarse dentro de los treinta días de quedar firme aquella providencia. El cargo de las costas del juicio, como así su monto y el de los honorarios profesionales, se regirán por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por las respectivas leyes de aranceles.
Las partes podrán interponer todos los recursos admitidos por el mencionado Código.
Artículo 20º.— La sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión.
Para establecer la depreciación monetaria, se descontará del valor fijado la suma consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el artículo 22, efectuándose la actualización sobre la diferencia resultante, hasta el momento del efectivo pago.
En tal caso, los intereses se liquidarán a la tasa del seis por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta el del pago, sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia, según corresponda.
Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.
Artículo 21º.— Tratándose de inmuebles, incluso por accesión, será competente el juez federal del lugar donde se encuentre el bien a expropiar con jurisdicción en lo contencioso-administrativo. Tratándose de bienes que no sean inmuebles, será competente el juez del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
Los juicios en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte, tramitarán ante la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal.
Artículo 22º.— Si se tratare de bienes inmuebles, el expropiante deberá consignar ante el juez respectivo el importe de la valuación que al efecto hubiere practicado el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Efectuada dicha consignación, el juez le otorgará la posesión del bien.
Artículo 23º.— El expropiado podrá retirar la suma depositada previa justificación de su dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real y que no está embargado ni pesan sobre él restricciones a la libre disposición de sus bienes.
Artículo 24º.— La litis se anotará en el Registro de la Propiedad, siendo desde ese momento indisponible e inembargable el bien.
Artículo 25º.— Si la expropiación versare sobre bienes que no sean inmuebles, el expropiante obtendrá la posesión inmediata de ellos, previa consignación judicial del valor que se determine por las oficinas técnicas mencionadas en el artículo 13.
Será de aplicación, en lo pertinente, lo establecido en el artículo 23.
Artículo 26º.— Otorgada la posesión judicial del bien, quedarán resueltos los arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta días para su desalojo, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan justas razones que así lo aconsejen.
Artículo 27º.— La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contratos de locación u otros que tuvieren celebrados con el propietario, se ventilará en juicio por separado.
Artículo 28º.— Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquélla libre de todo gravamen.
Artículo 29º.— El expropiante podrá desistir de la acción promovida en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada. Las costas serán a su cargo.
Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.
Artículo 30º.— Es improcedente la caducidad de la instancia cuando en el juicio el expropiante haya tomado posesión del bien y el expropiado sólo cuestionare el monto de la indemnización.
Artículo 31º.— La acción del expropiado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años, computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo.
Artículo 32º.— Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requerirá escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.
TITULO VI
Plazo de la expropiación
Artículo 33º.— Se tendrá por abandonada la expropiación —salvo disposición expresa de ley especial— si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica.
No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a éstas a expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las ordenanzas respectivas.
(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Ley N° 25.811 B.O. 1/12/2003 se extiende a tres (3) años el plazo establecido en el presente artículo para promover el juicio de expropiación en relación, única y exclusivamente, a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 25.549.
Prórroga anterior: Ley N° 24.640 B.O. 31/5/1996 )
Artículo 34º.— Las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo anterior no serán aplicables en los casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida, calificados por ley formal.
En tal supuesto se aplicarán las siguientes normas:
a) El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la tasación del bien afectado con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y notificará al propietario el importe resultante.
b) Si el valor de tasación fuere aceptado por el propietario, cualquiera de las partes podrá pedir su homologación judicial y, una vez homologado, dicho valor será considerado como firme para ambas partes, pudiendo reajustarse sólo de acuerdo con el procedimiento previsto en el inciso d) del presente artículo.
c) Si el propietario no aceptara el valor de tasación ofrecido, el expropiante deberá solicitar judicialmente la fijación del valor del bien, de conformidad con las normas de los artículos 10 y 11.
d) La indemnización será reajustada en la forma prevista en el artículo 10.
e) Si durante la tramitación del caso y antes de que se dicte la sentencia definitiva el expropiante necesitara disponer en forma inmediata del inmueble, regirá lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24.
f) Los inmuebles afectados podrán ser transferidos libremente a terceros, a condición de que el adquirente conozca la afectación y consienta el valor fijado, si éste estuviera determinado. Con tal finalidad una vez firme dicho valor, será comunicado de oficio por el ente expropiante o, en su caso, por el juzgado interviniente al Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda. Los certificados que expidan los Registros en relación con el inmueble afectado deberán hacer constar ese valor firme. En las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles comprendidos en este artículo, los escribanos que las autoricen deberán dejar expresa constancia del conocimiento por el adquirente de la afectación, o de su consentimiento del valor firme, según corresponda.
TITULO VII
De la retrocesión
Artículo 35º.— Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computado desde que la expropiación quedó perfeccionada en la forma prevista en el artículo 29.
Artículo 36º.— Se entenderá que no hubo cambio de destino cuando el acordado al bien mantenga conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley.
Tampoco se considerará que medió cambio de destino si a una parte del bien expropiado se le asignare uno complementario o que tiende a integrar y facilitar el previsto por la ley.
Artículo 37º.— La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere salido del patrimonio de su titular por el procedimiento de avenimiento.
Artículo 38º.— La retrocesión no sólo podrá lograrse por acción judicial, sino también mediante avenimiento o gestión administrativa.
Artículo 39º.— Cuando al bien no se le hubiere dado destino alguno dentro del plazo mencionado en el artículo 35, a efectos de la acción de retrocesión el expropiado deberá intimar fehacientemente al expropiante para que le asigne al bien el destino que motivó la expropiación; transcurridos seis meses desde esa intimación sin que el expropiante le asignara al bien ese destino, o sin que hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá mantener conforme a los planes de obra aprobados, la acción de retrocesión quedará expedita, sin necesidad de reclamo administrativo previo.
Si al bien se le hubiere dado un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, deberá formularse el reclamo administrativo previo.
Artículo 40º.— Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivó la expropiación, y por esa circunstancia quedare desvinculado de aquella finalidad, la retrocesión será improcedente.
Artículo 41º.— Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.
Artículo 42º.— Para que la retrocesión sea procedente se requiere:
a) Que la expropiación que la motive haya quedado perfeccionada, en la forma prevista en el artículo 29.
b) Que se de alguno de los supuestos que prevé el artículo 35 y en su caso se cumpliese lo dispuesto en el artículo 39.
c) Que el accionante, dentro del plazo que fije la sentencia, reintegre al expropiante lo que percibió de éste en concepto de precio o de indemnización, con la actualización que correspondiere. Si el bien hubiere disminuido de valor por actos del expropiante, esa disminución será deducida de lo que debe ser reintegrado por el accionante. Si el bien hubiere aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por el expropiante, el expropiado deberá reintegrar el valor de las mismas. Si el bien hubiere aumentado de valor por causas naturales, el reintegro de dicho valor no será exigido al accionante. Si el bien, por causas naturales hubiere disminuido de valor, el monto de esa disminución no será deducido del valor a reintegrar por el accionante.
Artículo 43º.— Cuando la expropiación se hubiere llevado a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión deberá promoverse ante el juez que debería haber entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de expropiación.
Artículo 44º.— Si la expropiación se hubiere efectuado mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación.
Artículo 45º.— La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus sucesores universales.
Artículo 46º.— La retrocesión podrá ser demandada contra el expropiante, o contra éste y los terceros a quienes hubiere sido transferido el bien.
Artículo 47º.— El procedimiento aplicable en el juicio de retrocesión, y la naturaleza de la litis, serán los establecidos para el juicio de expropiación.
Artículo 48º.— Si en la sentencia se hiciere lugar a la acción, deberá establecerse la suma que debe reintegrar el accionante por retrocesión y el plazo en que ha de hacerlo; asimismo se establecerá el plazo en que el expropiante debe devolver el bien expropiado.
Artículo 49º.— La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbre que hubieren tenido lugar después de la desposesión.
Artículo 50º.— La acción por retrocesión prescribe a los tres años, computados desde que, habiendo quedado perfeccionada la expropiación en la forma prevista en el artículo 29, al bien se le dio un destino ajeno al que la determinó, o desde que no habiéndosele dado al bien destino alguno, hubieren transcurrido los plazos previstos en los artículos 35 y 39.
El trámite previsto en el artículo 39 suspende el curso de esta prescripción.
TITULO VIII
De la expropiación irregular
Artículo 51º.— Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:
a) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización.
b) Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales.
c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad.
Artículo 52º.— No corresponde la acción de expropiación irregular cuando el Estado paraliza o no activa los procedimientos después de haber obtenido la posesión judicial del bien.
Artículo 53º.— El que accione por expropiación irregular está exento de la reclamación administrativa previa.
Artículo 54º.— En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la misma forma prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en el artículo 10 y siguientes de la presente ley.
Artículo 55º.— Las normas del procedimiento judicial establecidas para la expropiación regular, rigen también para la expropiación irregular, en cuanto fueren aplicables.
Artículo 56º.— La acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años, computados desde la fecha en que tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornan viable la referida acción.
TITULO IX
De la ocupación temporánea
Artículo 57º.— Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea.
Artículo 58º.— La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente.
Artículo 59º.— La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta directamente por la autoridad administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación.
Artículo 60º.— Ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad.
Artículo 61º.— La ocupación temporánea por razones normales, previa declaración legal de utilidad pública, podrá establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la Administración Pública.
Artículo 62º.— La ocupación temporánea normal apareja indemnización, siendo aplicables en subsidio las reglas vigentes en materia de expropiación.
La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados, como así también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.
Artículo 63º.— El bien ocupado no podrá tener otro destino que el que motivó su ocupación.
Artículo 64º.— Ninguna ocupación temporánea normal puede durar más de dos años; vencido este lapso, el propietario intimará fehacientemente la devolución del bien. Transcurridos treinta días desde dicha intimación sin que el bien hubiere sido devuelto, el propietario podrá exigir la expropiación del mismo, promoviendo una acción de expropiación irregular.
Artículo 65º.— El procedimiento judicial establecido para el juicio de expropiación es aplicable, en lo pertinente, al juicio de ocupación temporánea normal.
Artículo 66º.— Sin conformidad del propietario, el ocupante temporáneo de un bien o cosa no puede alterar la sustancia del mismo ni extraer o separar de éste elementos que lo integren, sin perjuicio del supuesto previsto en el artículo 62, última parte.
Artículo 67º.— Si la ocupación temporánea afectase a terceros, los derechos de éstos se harán valer sobre el importe de la indemnización.
Artículo 68º.— Las cuestiones judiciales que promoviese el propietario del bien ocupado están exentas de reclamación administrativa previa.
Artículo 69º.— La acción del propietario del bien ocupado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante tomó posesión del bien.
Artículo 70º.— La acción del propietario del bien ocupado para requerir su devolución prescribe a los cinco años computados desde que el ocupante debió devolver el bien.
TITULO X
Disposiciones complementarias
Artículo 71º.— Todo aquel que, a título de propietario, de simple poseedor, o a mérito de cualquier otro título, resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado, se hará pasible de una multa de mil pesos ($ 1.000), a cien mil pesos ($ 100.000), al arbitrio del juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho, sin perjuicio de oír al imputado y resolver como corresponda. La multa se exigirá por vía ejecutiva.
Artículo 72º.— La presente ley se aplicará exclusivamente a las causas que se inicien a partir de su vigencia.
No obstante, en los juicios en trámite el expropiante podrá proponer la adquisición del bien por vía de avenimiento, en la forma prevista en el artículo 13.
Artículo 73º.— Deróganse las leyes números 13.264, 17.484 y 19.973 y el artículo 10 de la Ley Nº 14.393.
Artículo 74º.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.



FE DE ERRATA
LEY Nº 21.499
Se hace saber que en la publicación de la mencionada ley, efectuada en la edición del Boletín Oficial del día 21/1/77, se deslizaron los siguientes errores de imprenta:
Artículo 10. — Donde dice: "valores efectivos". — Debe decir: "valores afectivos".
Artículo 24. — Donde dice: "Indisponibles". — Debe decir: "indisponible".
Artículo 26. — Donde dice: "quedarán los arrendamientos". — Debe decir: "quedarán resueltos los arrendamientos".
Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "daclaración". — Debe decir: "declaración".
Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "dispones". — Debe decir: "disponer".
Artículo 51, inc. c). — Donde dice: "el derecho del titular". — Debe decir: "al derecho del titular".
Artículo 71. —Donde dice: "que en virtud de la presente ley del Estado". — Debe decir: "que en virtud de la presente ley fuesen dispuestos por el Estado".

EXPROPIACIONES

LEY Nº 21.878

No estarán sujetas a pagos de impuesto o gravamen alguno las expropiaciones realizadas por las Provincias o sus municipios.

Sancionada: 19.09.1978.

Publicada: 21.01.1977

 

Artículo 1º.- Los rubros que componen las indemnizaciones correspondientes a expropiaciones efectuadas por las Provincias o sus Municipios no estarán sujetos, en el orden nacional, al pago de impuesto o gravamen alguno.

Artículo 2°.- La presente ley se aplicará a las indemnizaciones provenientes de los juicios de expropiación iniciados a partir de 29 de enero de 1977. También se aplicará a las indemnizaciones provenientes de avenimientos producidos a partir de esa fecha.

Artículo 3°.- Quienes hubieran incurrido en infracciones fiscales por falta de pago, total o parcial, de impuestos o gravamenes nacionales sobre las indemnizaciones percibidas por expropiaciones efectuadas por las Provincias o sus Municipios, desde el 29 de enero de 1977, quedarán amnistiados por la presente ley.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Nacional gestionará ante los Gobiernos Provinciales la derogación de todo impuesto o gravamen sobre los rubros que componen las indemnizaciones correspondientes a expropiaciones efectuadas por las Provincias o sus Municipios.

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

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