Indice Digesto Municipal

Responsabilidad Fiscal

Responsabilidad Fiscal (6)

Declaró Estado de Emergencia Administrativa, Económica y Financiera yAdhirio a la Ley nº 25917 Responsabilidad Fiscal

Ordenanza nº 8726

Sancionada: 17.12.2007
Promulgada: 19.12.2007
Publicada: 26.12.2007 

(1)DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 °.- Declárese el estado de emergencia administrativa, económica y financiera de la Municipalidad de Paraná, con el objeto de ordenar el funcionamiento operativo de la administración, alcanzar el equilibrio fiscal, mejorar el nivel de empleo público y de distribución de ingresos, reestructurar las obligaciones en curso de ejecución, la deuda pública, y garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales en beneficio de la comunidad.

...................

CAPITULO VI
OTRAS DISPOSICIONES DE EMERGENCIA

Artículo 31°.- SOBRE LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Adhiérase la Municipalidad de Paraná a la ley n° 25.917, de Responsabilidad Fiscal, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal dictar todas las medidas necesarias para su instrumentación y progresiva aplicación. El Honorable Concejo Deliberante deberá también, en el ámbito de su competencia, dictar las medidas que entienda necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de lo prescripto por el mencionado marco legal.

Artículo 45º.- Las disposiciones de carácter general de esta ordenanza contempladas en los artículos 6°, 17°, 26°, 27°, 30°, 31°, 32°, 34°, 38°, 40°, 41° y 45° son permanentes y no caducarán en el plazo que dure la emergencia, salvo que expresamente se disponga lo contrario por acto administrativo expreso.

(1) Ver Texto Completo en este Digesto Municipal

Martes, 07 Septiembre 2010 22:10

1.1 Ley nº 25917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

Digitalizado por

1.1. Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

Ley nº 25917

(Texto actualizado modificado por Ley nº 26422 y 27428) (2)

Sancionada: 04.08.2004

Promulgada: 24.08.2004

Publicada: 25.98.2004

Artículo 1º.- Créase el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, el que estará sujeto a lo establecido en la presente ley.

CAPITULO I

TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA

"Artículo 2°.- El Gobierno nacional, antes del 31 de agosto de cada año, presentará ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la presente ley, el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio, el cual deberá incluir:

a) Los resultados previstos —resultado primario y financiero— base devengado para el sector público de cada nivel de Gobierno.

b) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) La política salarial e impositiva que espera implementar y las proyecciones de las variables que se detallan a continuación: precios, producto bruto interno y tipo de cambio nominal. El índice de precios al consumidor debe contar con cobertura nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos." (sustituido por Ley nº 27428)

"Artículo 3°.- Las leyes de presupuesto general de las administraciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Administración Pública Nacional contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados, de las instituciones de la seguridad social y los flujos financieros de los fondos fiduciarios. Asimismo, informarán sobre las previsiones correspondientes a todos los entes autárquicos, los institutos, las empresas y sociedades del Estado del Sector Público no Financiero. Los recursos y gastos figurarán por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Lo dispuesto en el presente artículo no implica alterar las leyes especiales en cuanto a sus mecanismos de distribución o intangibilidad, en cuyo caso no estarán sometidas a las reglas generales de ejecución presupuestaria." (sustituido por Ley nº 27428)

Artículo 4º.- A propuesta de una Comisión formada por representantes del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina se establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos con los aplicados en el ámbito del Gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá ser elaborada dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley y elevada al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para su aprobación. Cada Gobierno provincial aprobará los conversores que le correspondieren mediante una normativa emanada del área con competencia en la materia.

Artículo 5º.- El Gobierno nacional incorporará en la formulación de las proyecciones de Presupuestos Plurianuales que se presentan en el Mensaje Anual de Elevación del Presupuesto General de la Administración Nacional, las estimaciones de los recursos de origen nacional distribuidas por Régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perfil de vencimientos de la deuda pública nacional instrumentada para el trienio correspondiente.

"Artículo 6°.- Dentro de los noventa (90) días de presentado el presupuesto, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentarán ante sus legislaturas, con carácter no vinculante, las proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el trienio siguiente, conteniendo como mínimo la siguiente información:

a) Proyecciones de recursos por rubros; 

b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica; 

c) Programa de inversiones del período, informando sobre los proyectos nuevos y en ejecución; 

d) Proyección de la coparticipación a Municipios; 

e) Programación de operaciones de crédito y desembolsos previstos, provenientes de organismos multilaterales; 

f) Stock de deuda y perfil de vencimientos de la deuda pública; 

g) Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento, y 

h) Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos." (sustituido por Ley nº 27428)

"Artículo 7°.- Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en su página web el Presupuesto Anual —una vez aprobado, o en su defecto, el presupuesto prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél— y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes, y la Cuenta Anual de Inversión. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A tales efectos, y con el objetivo de contribuir a la realización de estadísticas fiscales acordes con las establecidas en las normas internacionales, se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley 24.156 y modificatorias, mediante la aplicación de los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera mención en el artículo 4°. Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá elaborar y publicar en su página web oficial la información antes detallada.

Los informes anuales de evaluación de cumplimiento de las reglas deberán ser comunicados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, antes del 30 de junio de cada año, al Congreso de la Nación." (sustituido por Ley nº 27428) 

"Artículo 8°.- Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional, calcularán parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público. Estos indicadores deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y su medición deberá ser publicada conforme lo establecido en el artículo 7°." (sustituido por Ley nº 27428)

"Artículo 9°.- Los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán un sistema integrado de administración financiera, compatible con el nacional. Los Gobiernos Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional modernizarán sus sistemas de Administración Financiera, Administración de Recursos Humanos, de Deuda y Administración Tributaria, para las jurisdicciones que correspondan." (sustituido por Ley nº 27428)

CAPITULO II

"Reglas Cuantitativas"

"Artículo 10.-La tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2°, inciso c). Esta regla se aplicará para la etapa de presupuesto y de ejecución (base devengado).

Respecto de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gasto público corriente primario neto será entendido como los egresos corrientes primarios excluidos: 

a) Los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales; 

b) Las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas; 

c) Los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el Gobierno nacional a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica; 

d) Los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales, que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales. 

Adicionalmente, y sólo en aquellas jurisdicciones que en el año previo a su evaluación hayan ejecutado el presupuesto (base devengado) con resultado financiero positivo, se deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura en las áreas de educación, salud y seguridad. Respecto de la Nación, el gasto público corriente primario neto será entendido como los egresos corrientes primarios excluidos los incrementos prestacionales derivados de la aplicación de la ley 26.417." (sustituido por Ley nº 27428)

"Artículo 10 bis.- Para el Gobierno nacional y para aquellas jurisdicciones que en el año previo presenten ejecuciones presupuestarias (base devengado) con resultado corriente primario deficitario o no cumplan con el indicador previsto en el artículo 21, la tasa nominal de aumento del gasto público primario neto no podrá superar la tasa de incremento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal citado en el artículo 2°, inciso c).

A tales efectos, el gasto público primario neto excluirá:

a) Los gastos corrientes detallados en el segundo párrafo del artículo anterior;

b) Los gastos de capital financiados con recursos afectados cualquiera sea su fuente de financiamiento; y

c) Los gastos de capital destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales definidas por futuras leyes nacionales como política de Estado." (agregado por Ley nº 27428)

"Artículo 10 ter.- A partir del ejercicio fiscal 2020, estarán exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos anteriores aquellas Jurisdicciones que ejecuten el presupuesto (base devengado) con resultado financiero equilibrado o superavitario en el año previo al que se realice la pertinente evaluación de la evolución del gasto.

Alcanzado el resultado financiero equilibrado, la tasa nominal de incremento del gasto corriente primario no podrá superar la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Interno definida en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2°, inciso c). Cuando la tasa nominal de variación del Producto Bruto Interno sea negativa, el gasto corriente primario podrá a lo sumo crecer como el índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal citado en el artículo 2°, inciso c)." (agregado por Ley nº 27428)

"Artículo 10 quáter.- El Gobierno nacional, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción. El cumplimiento de esta obligación será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en oportunidad de realizar la evaluación del artículo 10 bis.

Las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado financiero (base devengado) superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad.

A partir del ejercicio fiscal 2018 el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de cargos ocupados (planta permanente, temporaria y contratados) adecuada a las características de cada jurisdicción, a los efectos de permitir excepciones." (agregado por Ley nº 27428)

Artículo 11º.- Los gastos incluidos en los Presupuestos del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen autorizaciones máximas, estando sujeta la ejecución de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos previstos en dichas normas.

"Artículo 12º.- La venta de activos fijos deberá destinarse a financiar erogaciones de capital. (sustituido por Ley nº 27428) 

Artículo 13º.- No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que no consoliden en el presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria.

Artículo 14º.- Las autorizaciones de mayores gastos sólo podrán incorporar una mayor recaudación de aquellos recursos que componen la fuente de financiamiento "Tesoro Nacional" o "Rentas Generales" si el nuevo cálculo fundamentado, superara la estimación de la totalidad de la fuente de financiamiento mencionada. Esta restricción no comprende la incorporación de nuevos recursos destinados a atender una situación excepcional de emergencia social o económica y sea establecido por ley.

Artículo 15º.- El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. 

"Artículo 15 bis.- Adicionalmente a lo dispuesto en la presente ley, durante los dos (2) últimos trimestres del año de fin de mandato, no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente, exceptuando:

a) Los que trasciendan la gestión de Gobierno, que sean definidos en ese carácter normativamente, y deban ser atendidos de manera específica; y

b) Aquellos cuya causa originante exista con anterioridad al periodo indicado y su cumplimiento sea obligatorio.

Durante ese período, estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.

A los efectos de la aplicación del presente artículo, se entenderá por incrementos del gasto corriente de carácter permanente, a aquellos gastos que se prolonguen por más de seis (6) meses y que no se encuentren fundados en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural." (agregado por Ley nº 27428) 

Artículo 16º.- El cálculo de recursos de un ejercicio deberá basarse en la ejecución presupuestaria del ejercicio previo o en la metodología que se considere técnicamente más conveniente y tendrá que considerar las modificaciones de política tributaria impulsadas o previstas ejecutar en el ejercicio fiscal y detallar las variables y factores que se tienen en cuenta para su previsión.

Artículo 17º.- Si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política tributaria que conlleven a una menor recaudación se deberá justificar el aumento del recurso que la compense o, en caso contrario, se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento.

Artículo 18º.- En un plazo de un (1) año a contar a partir de la vigencia de la presente ley, los Presupuestos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nacional incluirán estimaciones del gasto tributario incurrido por la aplicación de las políticas impositivas, en el supuesto de no contar con tal información a la fecha de entrada en vigencia de la presente.

"Artículo 18 bis.- El Gobierno nacional, los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordarán la adopción de políticas tributarias, tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. A tales efectos, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal publicará anualmente la presión legal impositiva por área de actividad." (agregado por Ley nº 27428)

"Artículo 19º.- A los efectos de la utilización en los indicadores previstos en el artículo 8°, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias a fin de incorporar el cálculo del producto bruto geográfico (PBG) con metodologías compatibles con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), hasta que este organismo disponga del cálculo actualizado." (sustituido por Ley nº 27428)

Artículo 20º.- Cuando los niveles de deuda generen servicios superiores a los indicados en el primer párrafo del artículo 21 de la presente ley, deberán presentarse y ejecutarse presupuestos con superávit primario (nivel de gasto neto del pago de intereses) acordes con planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda y la consiguiente convergencia a los niveles antes definidos.

Asimismo el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituirán fondos anticíclicos fiscales a partir de la vigencia de la presente ley con el objeto de perfeccionar el cumplimiento de sus objetivos.  

"Artículo 21º.-Los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.

Los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país." (sustituido por Ley nº 27428)

"Artículo 22º.- Aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado en el artículo anterior no podrán acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia de monto o plazo o tasa de interés aplicable, y/o los financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito, o préstamos con características de repago/devolución similares, y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los servicios pertinentes." (sustituido por Ley nº 27428) 

Artículo 23º.- El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar, actualizar sistemáticamente e informar el estado de situación de las garantías y avales otorgados, clasificados por beneficiario, en oportunidad de elevar a las correspondientes legislaturas los respectivos Proyectos de Presupuesto de la Administración General, los que deberán contener una previsión de garantías y avales a otorgar para el ejercicio que se presupuesta.

Artículo 24º.- Derogado. (Ley nº 27428)

"Artículo 25º.-  Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, para acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al Sector Público no Financiero, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Gobierno nacional, que efectuará un análisis a fin de autorizar tales operaciones en consonancia con las pautas contenidas en el marco macrofiscal al que hace referencia el artículo 2° y siendo condición necesaria para la autorización que la jurisdicción solicitante haya cumplido con los principios y parámetros de la presente ley. 

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal pondrá a disposición del Gobierno nacional la situación de cumplimiento de cada jurisdicción.  

Los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios podrán acceder a operaciones de endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, siempre que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no informe incumplimiento de los principios y parámetros de la presente ley.  

El Gobierno nacional implementará un tratamiento diferenciado para el análisis de las operaciones de reestructuración y amortización de la deuda del presupuesto en ejecución.  

El Gobierno nacional establecerá normativamente los procedimientos y los plazos para la autorización de las operaciones de endeudamiento." (sustituido por Ley nº 27428)  

Artículo 26º.- El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta ley. Los programas se instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del Gobierno nacional y garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero, y el cumplimiento de sus compromisos suscriptos con Organismos Multilaterales de Crédito.

El Poder Ejecutivo nacional instrumentará un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia de la presente ley.

CAPITULO III

CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 27º.- Créase el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, como órgano de Aplicación del Régimen establecido en la presente ley, con la estructura básica, misiones y funciones que se detallan en este capítulo.

Artículo 28º.- El Consejo tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se reunirá alternativamente en cada zona geográfica del país. Una vez constituido el Consejo, adoptará su Reglamento Interno mediante voto por mayoría de los dos tercios (2/3) del total de participaciones asignadas a las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la ley nº 23.548 y sus modificatorias y con el voto favorable de al menos siete jurisdicciones provinciales. Tales participaciones serán recalculadas conforme la cantidad de jurisdicciones adheridas.

El Reglamento Interno del Consejo deberá prever la facultad de veto del Estado nacional en la materia reglada por el artículo 31 de la presente ley.

Artículo 29º.- El Consejo se reunirá trimestralmente y cuando lo disponga su Reglamento Interno y sesionará válidamente con la mitad más uno (1) de sus miembros.

Artículo 30º.- El Consejo estará integrado por los Ministros de Economía y/o Hacienda, o cargo similar, del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida que hubieren adherido. Tendrá un Comité Ejecutivo que estará constituido por un (1) representante de la Nación y los de ocho (8) provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya integración, representación y funciones serán determinadas por el Reglamento Interno que dictará el Consejo.

Artículo 31º.- El Consejo evaluará el cumplimiento del Régimen establecido en la presente ley y aplicará las sanciones derivadas de su incumplimiento.

"Artículo 31 bis: Las jurisdicciones que hubieren ejecutado presupuesto (base devengado) con resultado financiero equilibrado o superavitario en los dos (2) ejercicios previos, ante situaciones particulares suficientemente fundadas, podrán tramitar excepciones ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal." (agregado por Ley nº 27428)

CAPITULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

"Artículo 32: El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley dará lugar a sanciones que, sin perjuicio de otras que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal pudiera fijar al efecto, podrán consistir en:

a) Divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gobierno nacional, en un apartado especial creado a tales efectos;  

b) Restricción del derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal;  

c) Limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno nacional, y  

d) Limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática." (sustituido por Ley nº 27428)

"Artículo 33º.- Los Gobiernos Provinciales invitarán a adherir a la presente ley a sus Municipios, les propondrán la aplicación de los principios establecidos, promoverán la elaboración de información fiscal de los mismos con los criterios metodológicos citados en el artículo 7°, coordinarán su correcta difusión e informarán sobre todo lo relativo al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con la asistencia técnica y soporte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal." (sustituido por Ley nº 27428)

"Artículo 34º.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establecido por la presente ley. Las jurisdicciones que adhieran deberán comunicar al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal el respectivo instrumento normativo de adhesión." (sustituido por Ley nº 27428) 

Artículo 35º.- El Régimen creado por la presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2005. Para aquellas jurisdicciones que adhieran con posterioridad, la vigencia comenzará a regir a partir de la fecha de adhesión. 

Artículo 36º.- Derogado (Ley nº 27428) 

Artículo 37º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 25.917—


(1) Municipalidad de Paraná, mediante ordenanza nº 8726, adhirió a la ley  25917, de Responsabilidad Fiscal; la misma puede ser consultada en este Digesto Municipal

(2) La Ley nº 27428 dispone que las modificaciones al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal dispuestas por la presente ley entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2018. Para aquellas jurisdicciones que adhieran con posterioridad, la vigencia comenzará a regir a partir de la fecha de adhesión. Por Ley nº 10599 adhirió la Provincia. Ver Archivo Adjunto. 

 

1.2.ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Ley Nº 24156

(Texto actualizado modificado por leyes nº 25233, nº 25565, nº 25725, nº 25827, nº 26078, nº 26124, nº 26337, nº 26546, nº 26599, nº 26855, nº 27198 y nº 27342)

Disposiciones generales. Sistemas presupuestario, de crédito público, de tesorería, de contabilidad gubernamental y de control interno. Disposiciones varias.

Sancionada: 30.09.1992
Promulgada Parcialmente por Decreto nº 1957: 26.10.1992
Publicada: 29.10.1992

TITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 1º.- La presente ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional.

ARTICULO 2º.- La administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

ARTICULO 3º.- Los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del sector público nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

ARTICULO 4º.- Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;

b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional;

c) Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas;

d) Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de:

i) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas;

ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoria interna;

iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad.

Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les asignen en el marco de esta ley.

e) Estructurar el sistema de control externo del sector público nacional.

ARTICULO 5º.- La administración financiera estará integrada por los siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados entre si:

- Sistema presupuestario;

- Sistema de crédito público;

- Sistema de tesorería;

- Sistema de contabilidad.

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos.

ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo nacional establecerá el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá y supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos.

ARTICULO 7º.- La Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente.

ARTICULO 8º.- Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades.

(Artículo sustituido por art. 8 de la Ley N° 25.827 B.O. 22/12/2003)

(Nota Infoleg: por art. 6° del Decreto N° 1668/2012 B.O. 13/9/2012 se establece que el personal que preste servicios bajo relación de dependencia en el Sector Público Nacional definido en el presente artículo, percibirá las asignaciones familiares establecidas para los trabajadores comprendidos en el inciso a) del artículo 1° de la Ley Nº 24.714, en forma directa a través de la ANSES. Vigencia: comenzará a regir a partir de las asignaciones familiares devengadas en el mes de enero de 2013)

(Nota Infoleg: por art. 8° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018 se establece que las juridicciones y entidades contempladas en el presente artículo, formularán, suscribirán y remitirán las respuestas a los oficios judiciales exlucisvamente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica -GDE-)

ARTICULO 9º.- En el contexto de esta Ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades:

a) Institucionales

- Poder Legislativo

- Poder Judicial

- Ministerio Público

- Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional

b) Administrativo-Financieras

- Servicio de la Deuda Pública

- Obligaciones a cargo del Tesoro

(Artículo sustituido por art. 53 de la Ley N° 26.078 B.O. 12/1/2006).

ARTICULO 10.- El ejercicio financiero del sector público nacional, comenzará el primero de enero y terminar el treinta y uno de diciembre de cada año.

TITULO II

Del sistema presupuestario

CAPITULO I

Disposiciones generales y organización del sistema

SECCION I

Normas técnicas comunes

ARTICULO 11.- El presente titulo establece los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público nacional.

ARTICULO 12.- Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre si. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo, en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

ARTICULO 13.- Los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio.

Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes.

ARTICULO 14.- En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.

La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados.

ARTICULO 15.- Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deber incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La aprobación de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, implicara la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir los bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes.

Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros a que se refiere el presente artículo caducarán al cierre del ejercicio fiscal siguiente de aquel para el cual se hayan aprobado, en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, mediante la documentación que corresponda, la contratación de las obras y/o la adquisición de los bienes y servicios autorizados. (Párrafo sustituido por art. 67 de la Ley N° 26.078 B.O. 12/1/2006)

SECCION II

Organización del sistema

ARTICULO 16.- La oficina nacional de presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario del sector público nacional.

ARTICULO 17.- La oficina nacional de presupuesto tendrá las siguientes competencias:

a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;

b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del sector público nacional;

c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de la administración nacional:

d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado;

e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la administración nacional y proponer los ajustes que considere necesarios;

f) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo nacional;

g) Preparar el proyecto de ley de presupuesto general y fundamentar su contenido;

h) Aprobar, juntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del presupuesto de la administración nacional preparada por las jurisdicciones y entidades que la componen;

i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector público nacional regidos por esta ley y difundir los criterios básicos para un sistema presupuestario compatible a nivel de provincias y municipalidades;

j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración nacional e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación;

k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas;

I) Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

ARTICULO 18.- Integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de cumplir con esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina Nacional de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del sector público nacional. Estas unidades ser n responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes.

Capítulo II

Del presupuesto de la administración nacional

SECCION I

De la estructura de la ley de presupuesto general

ARTICULO 19.- La ley de presupuesto general constará de tres títulos cuyo contenido será el siguiente:

Titulo I - Disposiciones generales;

Titulo II - Presupuesto de recursos y gastos de la administración central;

Titulo III - Presupuestos de recursos y gastos de los organismos descentralizados.

ARTICULO 20.- Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero.

Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.

El titulo I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.

ARTICULO 21.- Para la administración central se consideran como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el periodo en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la administración central, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. No se incluirán en el presupuesto de recursos, los montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales.

Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

ARTICULO 22.- Para los organismos descentralizados, la reglamentación establecerá los criterios para determinar los recursos que deberán incluirse como tales en cada uno de esos organismos. Los gastos se programarán siguiendo el criterio del devengado.

ARTICULO 23.- No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de:

a) Los provenientes de operaciones de crédito publico;

b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado nacional, con destino específico;

c) Los que por leyes especiales tengan afectación especifica.

SECCION II

De la formulación del presupuesto

ARTICULO 24.- El Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general.

A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país y sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas en particular.

Se considerarán como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos, el programa monetario y el presupuesto de divisas formuladas para el ejercicio que será objeto de programación, así como la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente.

El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional, a titulo informativo, como soporte para el análisis del proyecto de ley de presupuesto general.

ARTICULO 25.- Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina Nacional de Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general.

El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:

a) Presupuesto de recursos de la administración central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasificados por rubros;

b) Presupuestos de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentralizado los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios;

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar;

d) Resultados de las cuentas corriente y de capital para la administración central, para cada organismo descentralizado y para el total de la administración nacional.

El reglamento establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser presentadas al Congreso Nacional tanto para la administración central como para los organismos descentralizados.

ARTICULO 26.- El Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación, antes del 15 de setiembre del año anterior para el que regirá , acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos.

ARTICULO 27.- Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regir el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que deber introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados:

1.- En los presupuestos de recursos:

a) Eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente;

b) Suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito‚ público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas;

c) Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;

d) Estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;

e) Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.

2. En los presupuestos de gastos:

a) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos;

b) Incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales;

c) Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;

d) Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

(Nota Infoleg: Por art. 56 de la Ley Nº 25.725 B.O. 10/01/2003 se dispone que, "en caso de operarse el supuesto previsto en el presente artículo, se faculta al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para adecuar el Presupuesto General de la Nación, a los efectos de incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en que haya regido la prórroga aquí prevista, sin exceder el total de créditos aprobado por la Ley de Presupuesto del año correspondiente".)

ARTICULO 28.- Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, deber contar con el financiamiento respectivo.

SECCION III

De la ejecución del presupuesto

ARTICULO 29.- Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado el Congreso Nacional, según las pautas establecidas en el artículo 25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.

ARTICULO 30.- Una vez promulgada la ley de presupuesto general, el Poder Ejecutivo Nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos.

La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la ley de presupuesto general. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.

ARTICULO 31.- Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.

ARTICULO 32.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta ley están obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el momento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de presupuesto de gastos, además del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente, las etapas de compromiso y del pago.

El registro del compromiso se utilizara como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago, para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

ARTICULO 33.- No se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista.

(Segundo párrafo vetado por art. 1º del Decreto N° 1957/92 B.O. 29/10/1992)

ARTICULO 34.- A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las Jurisdicciones y Entidades deberán programar, para cada ejercicio la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestarios y de tesorería, excepción hecha de las Jurisdicciones del PODER LEGISLATIVO, del PODER JUDICIAL y del MINISTERIO PUBLICO que continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el artículo 16 de la Ley N° 16.432, en su artículo 5°, primer párrafo de la Ley N° 23.853 y en el artículo 22 de la Ley N° 24.946, respectivamente.

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezcan.

El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste.

(Artículo sustituido por art. 26 de la Ley Nº 25.725 B.O. 10/01/2003)

ARTICULO 35.- Los órganos de los tres poderes del Estado determinarán, para cada uno de ellos, los limites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer compromisos por sí, o por la competencia especifica que asignen, al efecto, a los funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley.

ARTICULO 36.- Facúltase al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a afectar los créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación.

"ARTICULO 37.-  Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia.

El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado.

Dichas reestructuraciones no podrán superar el siete coma cinco por ciento (7,5%) para el ejercicio 2017 y el cinco por ciento (5%) para el ejercicio 2018 y siguientes, del monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado por finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital o de aplicaciones financieras, y/o modificaciones en la distribución de las finalidades.

A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917.

Las reestructuraciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en función de las facultades establecidas en el presente artículo, deberán ser notificadas fehacientemente a ambas comisiones de Presupuesto y Hacienda del Honorable Congreso de la Nación dentro de los cinco (5) días hábiles de su dictado, especificándose los montos dinerarios, finalidades del gasto, metas físicas y programas modificados.

La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución."

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 27.342 B.O. 21/12/2016)

ARTICULO 38.- Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

ARTICULO 39.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las revisiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables.

Las autorizaciones así dispuestas se incorporaran al presupuesto general.

ARTICULO 40.- Las sumas a recaudar que no pudieren hacerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo Nacional o por los funcionarios que determine la reglamentación, una vez agotados los medios para lograr su cobro.

La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del Estado, ni de la responsabilidad en que pudiera incurrir el funcionario o empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuera imputable.

SECCION IV

Del cierre de cuentas

ARTICULO 41.- Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

ARTICULO 42.- Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio.

Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año podrán ser cancelados, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.

Los gastos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser cancelados, por carácter y fuente de financiamiento, con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente.

La, programación de la ejecución financiera, prevista en el artículo 34 de la Ley 24.156, del ejercicio fiscal siguiente deberá ajustarse a fin de atender las obligaciones financieras determinadas en el párrafo precedente.

El Poder Ejecutivo nacional promoverá, en la ley de Presupuesto del ejercicio fiscal siguiente la aprobación de las obligaciones financieras determinadas en el tercer párrafo del presente artículo.

El reglamento establecerá los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.

(Artículo sustituido por art. 79 de la Ley Nº 26.546 B.O. 27/11/2009)

ARTICULO 43.- Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y captación de recursos de la administración nacional y se procederá al cierre del presupuesto de recursos de la misma.

Del mismo modo procederán los organismos ordenadores de gastos y pagos con el presupuesto de gastos de la administración nacional.

Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y la producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de Presupuesto, será centralizada en la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la cuenta de inversión del ejercicio que, de acuerdo al artículo 95, debe remitir anualmente el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional.

SECCION V

De la evaluación de la ejecución presupuestaria

ARTICULO 44.- La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la administración nacional tanto en forma periódica, durante el ejercicio, como al cierre del mismo.

Para ello, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán:

a) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes;

b) Participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina Nacional de Presupuesto.

ARTICULO 45.- Con base en la información que señala el artículo anterior, en la que suministre el sistema de contabilidad gubernamental y otras que se consideren pertinentes, la Oficina Nacional de Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.

La reglamentación establecerá los métodos y procedimientos para la aplicación de las disposiciones contenidas en esta sección, así como el uso que se dará a la información generada

Capítulo III

Del régimen presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional.

(Denominación del Capítulo sustituida por art. 71 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/03/2002)

ARTICULO 46.- Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, antes del 30 de setiembre del año anterior al que regirá. Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera y la autoridad de la jurisdicción correspondiente; contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.

ARTICULO 47.- Los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos deben estar formulados utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

ARTICULO 48.- La Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional y preparará un informe destacando si los mismos se encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de instituciones y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al Estado o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes.

ARTICULO 49.- Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional aprobará, en su caso con los ajustes que considere convenientes, antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, elevados en el plazo previsto en el artículo 46 de la presente ley, pudiendo delegar esta atribución en el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Si las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional no presentaren sus proyectos de presupuesto en el plazo previsto, la Oficina Nacional de Presupuesto elaborará de oficio los respectivos presupuestos y los someterá a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 50.- Los representantes estatales que integran los órganos de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 51.- El Poder Ejecutivo Nacional hará publicar en el Boletín Oficial una síntesis de los presupuestos de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional, con los contenidos básicos que señala el artículo 46.

ARTICULO 52.- Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, previa opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión favorable de dicha oficina, las empresas y sociedades establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias.

ARTICULO 53.- Al cierre de cada ejercicio financiero las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional procederán al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos.

ARTICULO 54.- Se prohíbe a las entidades del sector público nacional realizar aportes o transferencias a Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional cuyo presupuesto no esté‚ aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

(Nota Infoleg: Por art. 71 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/03/2002 se sustituye la denominación en los artículos del presente capítulo III, "empresas y sociedades del Estado" por "Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional".)

(Nota Infoleg: Por art. 60 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/03/2002 se establece que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados queda comprendido en los alcances del presente Capítulo.)

Capítulo IV

Del presupuesto consolidado del sector público nacional

ARTICULO 55.- La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector público, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector con el resto de la economía y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Una síntesis del presupuesto general de la Administración nacional;

b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del Estado;

c) La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico;

d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el sector público nacional;

e) Información de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros;

f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía.

El presupuesto consolidado del sector público nacional será presentado al Poder Ejecutivo Nacional, antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional será remitido para conocimiento del Congreso Nacional.

TITULO III

Del sistema de crédito público

ARTICULO 56.- El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.

Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.

Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

ARTICULO 57.- El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en:

a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito.

b) La emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.

c) La contratación de préstamos.

d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de UN (1) ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente.

e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero.

f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.

A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.

No se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 10 del Decreto N° 1387/2001 B.O. 02/11/2001)

(Nota Infoleg: Ver art. 2° del Decreto N° 1506/2001 B.O. 23/11/2001, lo que no se computará a los efectos de determinar el monto de la deuda pública nacional.)

ARTICULO 58.- A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa y en directa e indirecta.

Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

La deuda pública directa de la administración central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal.

La deuda pública indirecta de la Administración central es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.

ARTICULO 59.- Ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera.

ARTICULO 60.- Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

- Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa;

- Monto máximo autorizado para la operación;

- Plazo mínimo de amortización;

- Destino del financiamiento.

Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente.

Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte.

ARTICULO 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.

ARTICULO 62.- Cumplidos los requisitos fijados en los artículos 59 y 61 de esta ley, las empresas y sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la administración central, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en la ley de presupuesto general o en una ley específica.

ARTICULO 63.- El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera fijará las características y condiciones no previstas en esta ley, para las operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público nacional.

ARTICULO 64.- Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que cualquier ente público otorgue a personas ajenas a este sector, requerirán de una ley. Se excluyen de esta disposición a los avales, fianzas o garantías que otorguen las instituciones públicas financieras.

ARTICULO 65.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

Para el caso de deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, a los que resulte de aplicación el COEFICIENTE DE ESTABILIZACION DE REFERENCIA (CER), el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la operación.

(Artículo sustituido por art. 58 de la Ley N° 26.337 B.O. 28/12/2007)

ARTICULO 66.- Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

ARTICULO 67.- El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva y las normas presupuestarias.

ARTICULO 68.- La Oficina Nacional de Crédito Público será el órgano rector del sistema de Crédito Público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público.

ARTICULO 69.- En el marco del artículo anterior la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá competencia para:

a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que, para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;

b) Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito;

c) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional;

d) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público;

e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito del sector público nacional;

f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;

g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público se apliquen a sus fines específicos;

h) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental;

i) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento;

j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.

ARTICULO 70.- El servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo Nacional podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente.

ARTICULO 71.- Se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito que realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria.

(Nota Infoleg: Por art. 60 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/03/2002 se establece que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados queda comprendido en los alcances del presente Título III.)

TITULO IV

Del sistema de tesorería

ARTICULO 72.- El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del sector público nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.

ARTICULO 73.- La Tesorería General de la Nación será el órgano rector del sistema de tesorería y, como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el sector público nacional, dictando las normas y procedimientos conducentes a ello.

ARTICULO 74.- La Tesorería General tendrá competencia para:

a) Participar en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera, que para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;

b) Elaborar juntamente con la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la administración nacional y programar el flujo de fondos de la administración central;

c) Centralizar la recaudación de los recursos de la administración central y distribuirlos en las tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen;

d) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de acuerdo con la ley general de presupuesto;

e) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la administración nacional que establece el artículo 80 de esta ley;

f) Emitir letras del Tesoro, en el marco del artículo 82 de esta ley;

g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del sector público nacional;

h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución;

i) Coordinar con el Banco Central de la República Argentina la administración de la liquidez del sector público nacional en cada coyuntura económica, fijando políticas sobre mantenimiento y utilización de los saldos de caja;

j) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporarias de fondos que realicen las Entidades del Sector Público Nacional definidas en el artículo 80 de la presente ley, en Instituciones Financieras del país o del extranjero, en los términos que establezcan conjuntamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Las entidades integrantes del Sistema Bancario Nacional deberán informar a la Secretaría de Hacienda, a su requerimiento, las inversiones temporarias correspondientes a los Organismos del Sector Público Nacional alcanzados por el presente; (Inciso sustituido por art. 81 de la Ley Nº 26.546 B.O. 27/11/2009)

k) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de terceros, que se pongan a su cargo;

l) Todas las demás funciones que en el marco de esta ley, le adjudique la reglamentación.

ARTICULO 75.- La Tesorería General estará a cargo de un tesorero general que será asistido por un subtesorero general. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Para ejercer ambos cargos se requerirá titulo universitario en alguna de las ramas de las ciencias económicas y una experiencia en el área financiera o de control no inferior a cinco años.

ARTICULO 76.- El tesorero general dictará el reglamento interno de la Tesorería General de la Nación y asignará funciones al subtesorero general.

ARTICULO 77.- Funcionará una Tesorería Central en cada jurisdicción y entidad de la administración nacional. Estas tesorerías centralizarán la recaudación de las distintas cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán los pagos que autorice el respectivo servicio administrativo.

ARTICULO 78.- Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus veces.

ARTICULO 79.- Las embajadas, legaciones y consulados serán agentes naturales de la Tesorería General de la Nación en el exterior. Las embajadas y legaciones podrán ser erigidas en tesorerías por el Poder Ejecutivo Nacional. A tal efecto actuarán como agentes receptores de fondos y pagadores de acuerdo a las instrucciones que dicte la Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 80.- El órgano central de los sistemas de administración financiera instituirá un sistema de caja única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, en el porcentaje que disponga el reglamento de la ley.

ARTICULO 81.- Los órganos de los tres poderes del Estado y la autoridad superior de cada una de las entidades descentralizadas que conformen la Administración Nacional, podrán autorizar el funcionamiento de fondos rotatorios, fondos rotatorios internos y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

Los gastos que se realicen a través del régimen de fondos rotatorios, fondos rotatorios internos y/o cajas chicas o similares, quedan excluidos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

A estos efectos, las tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.

(Artículo sustituido por art. 58 de la Ley N° 27.198 B.O. 4/11/2015)

ARTICULO 82.- La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto general. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establece en el titulo III de esta ley.

ARTICULO 83.- Los organismos descentralizados, dentro de los limites que autorizan los respectivos presupuestos y previa conformidad de la Tesorería General de la Nación, podrán tomar prestamos temporarios para solucionar sus déficit estacionales de caja, siempre que cancelen las operaciones durante el mismo ejercicio financiero.

ARTICULO 84.- El órgano central de los sistemas de administración financiera dispondrá la devolución a la Tesorería General de la Nación de las sumas acreditadas en las cuentas de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, cuando éstas se mantengan sin utilización por un período no justificado. Las instituciones financieras en las que se encuentran depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las transferencias que ordene el referido órgano.

TITULO V

Del sistema de contabilidad gubernamental

ARTICULO 85.- El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas.

ARTICULO 86.- Será objeto del sistema de contabilidad gubernamental:

a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades;

b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma;

c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o externas;

d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales.

ARTICULO 87.- El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales:

a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional;

b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales;

c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas;

d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas;

e) Estar basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general, aplicables en el sector público.

ARTICULO 88.- La Contaduría General de la Nación será el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público nacional.

ARTICULO 89.- La Contaduría General de la Nación estará a cargo de un contador general que será asistido por un subcontador general, debiendo ser ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Para ejercer los cargos de contador general y de subcontador general, se requerirá titulo universitario de contador público y una experiencia anterior en materia financiero-contable en el sector público, no inferior a cinco (5) años.

ARTICULO 90.- El contador general dictará el reglamento interno de la Contaduría General de la Nación y asignará funciones al subcontador general.

ARTICULO 91.- La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para:

a) Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector publico nacional. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir por las entidades públicas;

b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección:

c) Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en la implantación de las normas y metodologías que prescriba;

d) Coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al registro contable primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la administración central y por cada una de las demás entidades que conforman el sector público nacional;

e) Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y producir anualmente los estados contable-financieros para su remisión a la Auditoria General de la Nación;

f) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la administración central, de cada entidad descentralizada y del sector público nacional en su conjunto;

g) Elaborar las cuentas económicas del sector público nacional, de acuerdo con el sistema de cuentas nacionales;

h) Preparar anualmente la cuenta de inversión contemplada en el artículo 67, inciso 7 de la Constitución Nacional y presentarla al Congreso Nacional:

i) Mantener el archivo general de documentación financiera de la administración nacional:

j) Todas las demás funciones que le asigne el reglamento.

ARTICULO 92.- Dentro de los dos (2) meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del sector público nacional, excluida la administración central, deberán entregar a la Contaduría General de la Nación los estados contables financieros de su gestión anterior, con las notas y anexos que correspondan. (Artículo sustituido por art. 38 de la Ley Nº 24.764 B.O. 02/01/1997)

ARTICULO 93.- La Contaduría General de la Nación organizar y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos existentes entre las entidades del sector público nacional.

ARTICULO 94.- La Contaduría General de la Nación coordinará con las provincias la aplicación, en el ámbito de competencia de éstas, del sistema de información financiera que desarrolle, con el objeto de presentar información consolidada de todo el sector público argentino.

ARTICULO 95.- La cuenta de inversión, que deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda tal documento, contendrá como mínimo:

a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración nacional, a la fecha de cierre del ejercicio;

b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la administración central;

c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta;

d) Los estados contable-financieros de la administración central;

e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.

La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;

b) El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública;

c) La gestión financiera del sector público nacional.

TITULO VI

Del sistema de control interno

ARTICULO 96.- Créase la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 97.- La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación.

ARTICULO 98.- En materia de su competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica.

ARTICULO 99.- Su activo estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado Nacional y por aquellos que sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.

ARTICULO 100.- El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de auditoria interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General.

ARTICULO 101.- La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo nacional será responsable del mantenimiento y de un adecuando sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoria interna.

ARTICULO 102.- La auditoria interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoria interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

ARTICULO 103.- El modelo de control que aplique y coordine la sindicatura deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

ARTICULO 104.- Son funciones de la Sindicatura General de la Nación:

a) Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoria General de la Nación;

b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas de auditoria interna;

c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorias financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones;

d) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la Nación;

e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoria General de la Nación;

f) Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoria interna;

g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoria interna, orientar y supervisar su ejecución y resultado;

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoria interna y acordadas con los respectivos responsables;

i) Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría;

j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;

k) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público;

I) Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus servicios;

m) Ejercer las funciones del artículo 20 de la ley 23.696 en materia de privatizaciones, sin perjuicio de la actuación del ente de control externo.

ARTICULO 105.- La Sindicatura queda facultada para contratar estudios de consultoría y auditoria bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final.

ARTICULO 106.- La Sindicatura General podrá requerir de la Contaduría General de la Nación y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la información que le sea necesaria, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello todos los agentes y/o autoridades del sector público nacional prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave.

ARTICULO 107.- La Sindicatura General deberá informar:

a) Al Presidente de la Nación, sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia;

b) A la Auditoria General de la Nación, sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control;

c) A la opinión pública, en forma periódica.

ARTICULO 108.- La Sindicatura General de la Nación estará a cargo de un funcionario denominado síndico general de la Nación. Será designado por el Poder Ejecutivo Nacional y dependerá directamente del Presidente de la Nación, con rango de Secretario de la Presidencia de la Nación.

ARTICULO 109.- Para ser Síndico General de la Nación será necesario poseer título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho y una experiencia en Administración Financiera y Auditoría no inferior a los ocho (8) años. (Artículo sustituido por art. 12 de la Ley Nº 25.233 B.O.14/12/1999)

ARTICULO 110.- El síndico general será asistido por tres (3) síndicos generales adjuntos, quienes sustituirán a aquél en caso de ausencia, licencia o impedimento en el orden de prelación que el propio síndico general establezca.

ARTICULO 111.- Los síndicos generales adjuntos deberán contar con título universitario y similar experiencia a la del síndico general y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del síndico general.

ARTICULO 112.- Serán atribuciones y responsabilidades del síndico general de la Nación:

a) Representar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por delegación o mandato;

b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y modificación de la estructura orgánico-funcional y el estatuto del personal;

c) Designar personal con destino a la planta permanente cuidando que exista una equilibrada composición interdisciplinaria, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente y al estatuto que, en consecuencia, se dicte;

d) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;

e) Elevar anualmente a la consideración de la Presidencia de la Nación, el plan de acción y presupuesto de gastos para su posterior incorporación al proyecto de ley de presupuesto general;

f) Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo, pudiendo redistribuir los créditos, sin alterar el monto total asignado;

g) Licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales, adquirir, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto de bienes muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas conforme las necesidades del servicio, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo;

h) Informar a la Auditoria General de la Nación de actos o conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 113.- Los síndicos generales adjuntos participarán en la actividad de la sindicatura general, sin perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones y cometidos que el síndico general de la Nación les atribuya conjunta o separadamente, con arreglo a la naturaleza de la materia o a la importancia o particularidades del caso. El síndico general, no obstante la delegación, conservará en todos los casos la plena autoridad dentro del organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas.

ARTICULO 114.- En los casos en que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria en sociedades anónimas, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado nacional, la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras, de acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos.

También los propondrá al Poder Ejecutivo Nacional en los casos en que deban asignarse síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado nacional, por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado tengan participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán las atribuciones y deberes previstos por la ley 19.550, en todo lo que no se oponga a la presente.

ARTICULO 115.- La Sindicatura General de la Nación convendrá con las jurisdicciones y entidades que en virtud de lo dispuesto en esta ley queden alcanzadas por su ámbito de competencia, la oportunidad y modalidades de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley.

(Nota Infoleg: Por art. 60 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/03/2002 se establece que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados queda comprendido en los alcances del presente Título VI.)

TITULO VII

Del control externo

Capitulo I

Auditoría General de la Nación

ARTICULO 116.- Créase la Auditoría General de la Nación, ente de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional.

El ente creado es una entidad con personería jurídica propia, e independencia funcional. A los fines de asegurar ésta, cuenta con independencia financiera.

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución de funciones y sus reglas básicas de funcionamiento serán establecidas por resoluciones conjuntas de las Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por vez primera.

Las modificaciones posteriores serán propuestas por la auditoria, a las referidas comisiones y aprobadas por éstas. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado Nacional, por aquellos que hayan pertenecido o correspondido por todo concepto al Tribunal de Cuentas de la Nación y por aquellos que le sean transferidos por cualquier causa jurídica.

ARTICULO 117.- Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. (Expresión "y de gestión" vetada por art. 2º del Decreto N° 1957/92 B.O. 29/10/1992)

El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 45 de la Constitución Nacional será siempre global y ejercida, exclusivamente, por las Cámaras del Congreso de la Nación.

El Congreso de la Nación, por decisión de sus dos Cámaras, podrá delegar su competencia de control sobre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los organismos que fueren creados por ésta.

El control externo posterior del Congreso de la Nación será ejercido por la Auditoria General de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y alcances de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley con relación al Poder Judicial de la Nación, debiendo velar por el respeto de los principios de transparencia en la gestión y uso eficiente de los recursos. (Párrafo sustituido por art. 27 de la Ley N° 26.855 B.O. 27/5/2013. Vigencia: desde el día de su publicación. A partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley quedarán sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a su cumplimiento y que importen un detrimento de la administración del Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura de la Nación, según el alcance de la ley de referencia.)

A los efectos del control externo posterior se ajustará al artículo 85 de la Constitución Nacional. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y sus modificatorias. (Párrafo sustituido por art. 27 de la Ley N° 26.855 B.O. 27/5/2013. Vigencia: desde el día de su publicación. A partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley quedarán sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a su cumplimiento y que importen un detrimento de la administración del Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura de la Nación, según el alcance de la ley de referencia.)

ARTICULO 118.- En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijen las comisiones señaladas en el artículo 116, la Auditoria General de la Nación, tendrá las siguientes funciones:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes;

b) Realizar auditorias financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría;

c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos;

d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio;

e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco Central de la República Argentina la información que estime necesaria en relación a las operaciones de endeudamiento interno y externo;

f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina independientemente de cualquier auditoría externa que pueda ser contratada por aquélla;

g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por si o por indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;

h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado;

i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que deberá ajustarse el trabajo de éstos;

j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario publico con rango de ministro; secretario, subsecretario, director nacional, máxima autoridad de organismos descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades del Estado, está obligado a presentar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de funciones.

k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los cargos que se imponga al beneficiario de un bien inmueble de propiedad del Estado nacional transferido a título gratuito por ley dictada en virtud del artículo 75, inciso 5, de la Constitución Nacional. (Inciso incorporado por art. 1º de la Ley Nº 26.599 B.O. 7/7/2010)

ARTICULO 119.- Para el desempeño de sus funciones la Auditoria General de la Nación podrá:

a) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia;

b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones;

c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda, comunicando sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a los fines del inc. f) de este artículo;

Además, deberá:

d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoria externa, a ser utilizadas por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas, deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;

e) Presentar a la Comisión mencionada, antes del 1° de mayo la memoria de su actuación;

f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer reservado.

ARTICULO 120.- El Congreso de la Nación, podrá ser su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado Nacional, o a las que éste se hubiere asociado incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

ARTICULO 121.- La Auditoría General de la Nación estará a cargo de siete (7) miembros designados cada uno como Auditor General, los que deberán ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho, con probada especialización en administración financiera y control.

Durarán ocho (8) años en su función y podrán ser reelegidos.

ARTICULO 122.- Seis de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada Cámara.

Al nombrarse los primeros auditores generales se determinará, por sorteo, los tres (3) que permanecerán en sus cargos durante cuatro (4) años, correspondiéndoles ocho (8) años a los cuatro (4) restantes.

ARTICULO 123.- El séptimo Auditor General será designado por resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados y será el presidente del ente.

Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los auditores.

ARTICULO 124.- Los Auditores Generales podrán ser removidos, en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos establecidos para su designación.

ARTICULO 125.- Son atribuciones y deberes de los auditores generales reunidos en Colegio:

a) Proponer el programa de acción anual y el proyecto de presupuesto de la entidad;

b) Proponer modificaciones a la estructura orgánica a las normas básicas internas, a la distribución de funciones y a las reglas básicas de funcionamiento con arreglo al artículo 116 y, además, dictar las restantes normas básicas, dictar normas internas, atribuir facultades y responsabilidades, así como la delegación de autoridad;

c) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, permutar, transferir locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo;

d) Designar el personal y atender las cuestiones referentes a éste, con arreglo a las normas internas en la materia, en especial cuidando de que exista una equilibrada composición interdisciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión pública;

e) Designar representantes y jefes de auditorias especiales;

f) En general, resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la entidad;

g) Las decisiones se tomarán colegiadamente por mayoría.

ARTICULO 126.- No podrán ser designados auditores generales, personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal.

ARTICULO 127.- El control de las actividades de la Auditoria General de la Nación, estará a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma en que ésta lo establezca.

Capítulo II

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas

ARTICULO 128.- La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes.

Anualmente la Comisión elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que pueden ser reelectos.

Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de ésta, los de mayor edad.

La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.

ARTICULO 129.- Para el desempeño de sus funciones la Comisión Parlamentaria Mixta Revisara de Cuentas debe:

a) Aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación;

b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general de la Nación;

c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización;

d) Requerir de la Auditoria General de la Nación toda la información que estime oportuno sobre las actividades realizadas por dicho ente;

e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;

f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá elevarle antes del 1° de mayo de cada año.

Capítulo III

De la responsabilidad

ARTICULO 130.- Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.

ARTICULO 131.- La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los artículos 117 y 120 de esta ley, prescribe en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de la comisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas.

(Nota Infoleg: Por art. 60 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/03/2002 se establece que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados queda comprendido en los alcances del presente Título VII.)

TITULO VIII

Disposiciones varias

Capítulo I

Disposiciones generales

ARTICULO 132.- Los órganos con competencia para organizar la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación quedan facultados para subscribir entre sí convenios que posibiliten reasignar los funcionarios y empleados de la Sindicatura General de Empresas Públicas y del Tribunal de Cuentas de la Nación. (Expresión "El personal de los organismos de control reemplazados conservarán el nivel jerárquico alcanzado, manteniéndose los derechos que hagan a la representación y defensa de los intereses colectivos del personal" vetada por art. 3º del Decreto N° 1957/92 B.O. 29/10/1992)

Capítulo II

Disposiciones transitorias

ARTICULO 133.- Las disposiciones contenidas en esta ley deberán tener principio de ejecución a partir del primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a la sanción de la misma.

El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los sistemas de presupuestos, crédito público, tesorería, contabilidad y control internos previstos en esta ley, los cuales constituyen un requisito necesario para la progresiva constitución de la estructura de control interno y externo normada precedentemente.

ARTICULO 134.- (Artículo vetado por art. 4º del Decreto N° 1957/92 B.O. 29/10/1992)

ARTICULO 135.- El Poder Ejecutivo Nacional, en el plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado.

ARTICULO 136.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su promulgación.

Los artículos 116 a 129, ambos inclusive, no serán objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Capítulo III

Disposiciones finales

ARTICULO 137.- Se derogan expresamente los siguientes ordenamientos legales:

a) Decreto Ley 23.354, del 31 de diciembre de 1956, ratificado por ley 14.467 (Ley de Contabilidad), con excepción de sus artículos 51 a 54 inclusive (capítulo V- De la gestión de bienes del Estado) y 55 a 64 inclusive (capitulo VI - De las contrataciones);

b) Ley 21.801, reformada por la ley 22.639, que crea la Sindicatura General de Empresas Públicas;

c) Ley 11.672 complementaria permanente del presupuesto en lo que se oponga a la presente ley, con excepción de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 13.922 y por los artículos 16 y 17 de la Ley 16.432, los que continuarán en vigencia.

El Poder Ejecutivo nacional procederá a ordenar el texto no derogado de la ley;

d) Todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley con excepción de lo dispuesto en el artículo 5º, primer párrafo de la Ley 23.853, que continuará en vigencia.

ARTICULO 138.- Las causas administrativas y judiciales pendientes de resolución o promovidas por la Sindicatura General de Empresas Públicas serán resueltas o continuadas por la Sindicatura General de la Nación.

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá el tratamiento a darse a las causas administrativas y judiciales radicadas o promovidas ante el Tribunal de Cuentas de la Nación.

ARTICULO 139.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. —ALBERTO R. PIERRI — ORALDO BRITOS. — Juan Estrada. —Edgardo Piuzzi.

(Nota Infoleg: Por art. 64 de la Ley 25.401 se establece que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS queda comprendido dentro de los alcances del Título II - Capítulo III y de los Títulos III, VI y VII de la presente ley.)

Antecedentes Normativos:

- Art. 74 inc. j) sustitutido por art. 23 de la Ley N° 26.198 B.O. 10/01/2007.

1.3.Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 25.917, que tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2005. Determinación de las funciones que les corresponden a distintas áreas del Ministerio de Economía y Producción en su carácter de autoridad de aplicación del Régimen, hasta tanto se constituya el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Decreto 1731/2004

Fecha: 07.12.2004


Artículo 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 25.917 que, como Anexo, forma parte del presente decreto, la que tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2005.

Artículo 2º.- A los fines de la aplicación de la Ley Nº 25.917 y de la Reglamentación que se aprueba por el artículo anterior se definen como:
Administración Pública No Financiera: incluye todos los organismos y entidades centralizados y descentralizados que no tengan carácter empresarial; las cuentas especiales y fondos afectados, los fondos fiduciarios y las instituciones de la seguridad social.
Organismo descentralizado: entidad con personalidad jurídica, patrimonio propio, autarquía y/o autonomía administrativa y financiera, incluyendo a los Entes Públicos no Estatales donde el Estado tenga la propiedad del patrimonio y/o preponderancia en el control de la toma de decisiones.
Sector Público No Financiero: comprende la Administración Pública No Financiera, las obras sociales estatales, las empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, empresas interestaduales, todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, y todo ente, instituto u organismo que tenga carácter empresarial.
Venta de Activo Fijo: recursos propios de capital provenientes de la venta de tierras y terrenos, bosques, campos, áreas de explotación de yacimientos minerales y de zonas pesqueras, edificios e instalaciones y maquinarias y equipos.
Gasto Devengado: el gasto autorizado en el presupuesto se considera devengado cuando se produce una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio del Estado.
Gasto Tributario: recursos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo específico que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria y que tiene como objetivo beneficiar a determinadas actividades, zonas, sujetos y consumos; tales como: exenciones, deducciones, reducción de alícuotas impositivas, diferimientos y amortizaciones aceleradas.
Gasto Primario: suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de la deuda pública.
Gastos de capital destinados a infraestructura social básica: son aquellas erogaciones que se destinen a: administración judicial; seguridad interior; servicios penitenciarios; servicios sociales y servicios económicos; y se correspondan con los siguientes conceptos:
Bienes preexistentes: comprende la adquisición de bienes físicos ya existentes tales como tierras y terrenos, edificios en general —incluido el terreno en que se asientan— fábricas, represas, puentes, muelles, canalizaciones, redes de servicio y otros bienes de capital adheridos al terreno.
Construcciones: comprende la realización de obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un todo indivisible, como así también las ampliaciones mejorativas de construcciones ya existentes.
Maquinarias, equipos y accesorios que se usan o complementan en la unidad principal comprendiendo maquinarias y equipos: de producción, agropecuarios, industriales, de transporte en general, energía, riego, frigorífico, de comunicación, médicos y educativos. Se excluyen los equipos para computación y para oficina; y muebles.
Resultado Financiero Base Devengado: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de gastos corrientes y de capital devengados.
Resultado Primario Base Devengado: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de los gastos primarios devengados.
Resultado Financiero Base Caja: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de gastos corrientes y de capital pagados del ejercicio vigente y de ejercicios anteriores.
Resultado Primario Base Caja: es la diferencia entre el total de los recursos corrientes y de capital percibidos y el total de los gastos primarios pagados del ejercicio vigente y de ejercicios anteriores.
Deuda pública: endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público que se originen en:
a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito;
b) La emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero;
c) La contratación de préstamos;
d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente;
e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero;
f) La consolidación, conversión y renegociación de deudas.
Servicios de la Deuda: gastos destinados a atender el pago por intereses, amortizaciones y comisiones derivadas del endeudamiento.
Indicador de Endeudamiento: en el caso de las Administraciones Públicas No Financieras Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES es la relación porcentual entre los servicios de la deuda y los recursos corrientes netos de transferencias por participación de impuestos a Municipios, o el Régimen que la sustituya.
Límite de Endeudamiento: es el monto máximo de nueva deuda (excluida la asumida a través de avales y garantías) de corto y largo plazo, que se adicionará al stock de deuda pública constituida al cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.
Pagos de Deudas no Financieras: son los gastos destinados a atender amortizaciones de deudas en moneda nacional o extranjera reconocidas por el Estado originadas por la adquisición de bienes y servicios financiados por el proveedor, otorgamiento de subsidios y préstamos, reconocimiento de derechos legales adquiridos por terceros, subrogación de deudas de terceros y toda otra obligación no derivada del propio financiamiento.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 


                                                                                                                                                               ANEXO
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.917, REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 1º.- Sin reglamentar.

Artículo 2º.- La presentación anual del GOBIERNO NACIONAL se realizará a través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION con la información que a continuación se detalla:
a) Los resultados primarios y financieros base devengados de la Administración Pública No Financiera Nacional, Provincial y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y Municipal.
b) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y el GOBIERNO NACIONAL.
c) Las proyecciones de recursos de origen nacional con destino a cada Provincia y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES originadas en el régimen de coparticipación federal de impuestos y en los distintos regímenes especiales de participación de impuestos con distribución automática.
d) Las definiciones relativas a:
I) Política salarial, incluyendo los ajustes proyectados en las remuneraciones u honorarios de la planta permanente y transitoria y del personal contratado.
II) Administración tributaria y política impositiva, incluyendo la modificación esperada en la estructura tributaria derivada de los cambios de las alícuotas que se aplican en los distintos gravámenes, la creación de nuevos tributos y la supresión de impuestos vigentes; así como las definiciones en el marco de las promociones impositivas y el cálculo de los gastos tributarios.
III) Producto Bruto Interno, en valores corrientes y constantes, a precios de mercado, desagregando las proyecciones de: consumo, inversión, exportaciones e importaciones y las variaciones previstas en dichos agregados para el ejercicio presupuestado, tanto en términos nominales como reales, respecto del ejercicio vigente.
IV) La variación porcentual esperada en los precios implícitos de cada una de las variables macroeconómicas mencionadas en el punto anterior, así como la variación porcentual esperada de los precios al consumidor y mayoristas. En estos DOS (2) últimos casos se deberá especificar:
i) la variación porcentual esperada correspondiente al promedio del ejercicio que se presupuesta respecto al promedio del año anterior al que se presupuesta; y
ii) la variación porcentual esperada a diciembre del año que se presupuesta respecto de diciembre del año anterior al que se presupuesta.
V) Tipo de cambio nominal del Peso con relación al Dólar Estadounidense y las monedas:
i) de los países con los que principalmente se relaciona el país en el marco del comercio internacional; y
ii) de los títulos representativos del endeudamiento asumido.
VI) La evolución de la cuenta comercial que contenga las previsiones de exportaciones (FOB) y de importaciones (CIF), expresadas en Dólares Estadounidenses.

Artículo 3º.- Las expresiones "entes autárquicos" e "institutos" se encuentran reservadas exclusivamente a aquellos que desarrollan actividades empresariales y a las obras sociales estatales, quedando los demás institutos y entes autárquicos contenidos en la definición de organismos descentralizados de la Administración Pública No Financiera.
Las Leyes de Presupuesto contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos de la Administración Pública No Financiera e informarán sobre las previsiones presupuestarias de cada uno de los restantes componentes del Sector Público No Financiero.
El Presupuesto de la Administración Pública Nacional excluirá los recursos impositivos de origen nacional pertenecientes a los Gobiernos Provinciales y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en la medida que se distribuyan en forma automática, los que serán registrados por estos últimos por los montos brutos dando lugar a la imputación del gasto pertinente en los casos que se presenten deducciones.

Artículo 4º.- La Comisión a la que se refiere el Artículo 4º de la Ley Nº 25.917 tendrá carácter permanente, estará constituida al menos por los integrantes del Comité Ejecutivo del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA.
Los conversores a los que hace mención la ley citada anteriormente posibilitarán la elaboración de una matriz de equivalencias entre las clasificaciones presupuestarias vigentes en cada jurisdicción respecto a las que rigen en el ámbito del Gobierno Nacional, conforme lo dispuesto en el marco de la Ley Nº 24.156.
Estos conversores, aprobados por las áreas competentes en la materia de cada Gobierno Provincial y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, serán utilizados para cumplimentar la remisión de la información a la que se refiere el Artículo 7º de la presente Reglamentación.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobará los conversores que utilizarán los Gobiernos Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos dentro de los TREINTA (30) días de su elevación por parte del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA.
A los fines de la incorporación de modificaciones que se produzcan en las clasificaciones presupuestarias, se realizará una actualización permanente de los conversores y, antes del 15 de mayo de cada año, el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA elevará las propuestas de modificación al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, las que serán aprobadas en el plazo y la forma indicados en los párrafos anteriores.

Artículo 5º.- El GOBIERNO NACIONAL presentará en la formulación de las proyecciones de Presupuestos Plurianuales una desagregación de los recursos de origen nacional de distribución automática a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES en cada ejercicio fiscal, conforme a los conceptos que se especifican en el punto c) del Artículo 2º de la presente reglamentación. El perfil de vencimientos de la deuda pública deberá contener para cada año un detalle por concepto (intereses, amortizaciones y comisiones derivadas de la deuda pública) y por tipo de acreedor.

Artículo 6º.- Las proyecciones de los presupuestos plurianuales de la Administración Pública No Financiera de los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, para cada trienio, contendrán como mínimo la siguiente información:
a) Las proyecciones de recursos se presentarán por rubros en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen, distinguiendo los que provienen de: impuestos, tasas, derechos, rentas de la propiedad y transferencias; los que provienen de la disminución del patrimonio, tales como la venta de bienes físicos, de títulos, de acciones, y la recuperación de los préstamos; y los que provienen del financiamiento, tales como el crédito público. Adicionalmente, las proyecciones de recursos serán presentadas de acuerdo a la clasificación económica, diferenciando si corresponden a ingresos corrientes, de capital y fuentes financieras.
b) Las proyecciones de gastos se presentarán conforme a los criterios que se detallan a continuación:
I) Por "Finalidades y funciones", presentando el gasto según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan, distinguiendo aquellas actividades propias de la administración gubernamental, de las que se llevan a cabo para proporcionar los distintos servicios a la comunidad, tales como los servicios sociales, económicos, de seguridad, y los intereses y gastos de la deuda.
II) Por "Naturaleza económica", discriminando el gasto destinado a:
i) fines corrientes, tales como las remuneraciones, las compras de bienes y servicios no personales, los subsidios y los pagos de las rentas de la propiedad;
ii) fines de capital, tales como las inversiones físicas, las transferencias o las inversiones financieras; y
iii) aplicaciones financieras, tales como las adquisiciones de activos financieros o las amortizaciones del endeudamiento.
c) Programa de inversiones, informando sobre los proyectos nuevos y en ejecución, su localización geográfica y las compras de equipamientos, incluyendo el costo total estimado de cada proyecto, discriminando en forma anual el que ha sido ejecutado en los ejercicios previos del que resta ejecutarse en los períodos siguientes.
d) La proyección de coparticipación de impuestos a Municipios, informando el monto a transferir por los distintos regímenes de distribución análogos vigentes.
e) La programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales de crédito, informando los nuevos desembolsos y el destino de los mismos, así como las condiciones previstas de tasa de interés, plazo de amortización, ajuste del capital, comisión de compromiso y otros posibles costos.
f) El perfil de vencimientos de la deuda pública, que deberá contener para cada año del trienio un detalle por concepto (intereses, amortizaciones, comisiones y otros costos derivados del endeudamiento) y por tipo de acreedor.
g) Los criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento, a través de operaciones de crédito con el Sector Privado, con el Sector Público Nacional no financiero y con las instituciones financieras.
h) La descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones de:
I) Recursos: administración tributaria y política impositiva a instrumentar, incluyendo la modificación planeada en las alícuotas en los distintos gravámenes, la creación de nuevos tributos y la supresión de los impuestos vigentes; así como las definiciones en torno de las promociones impositivas y el cálculo de sus gastos tributarios.
II) Gastos: la política en materia de prestación de servicios a la comunidad, la que se vincula con el otorgamiento de préstamos y subsidios, así como la política prevista para ejecutar los gastos de funcionamiento del Estado (personal, compra de bienes y servicios no personales).

Artículo 7º.- A los fines de la elaboración y publicación por parte del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES remitirán a la SECRETARIA DE HACIENDA de dicho Ministerio, la siguiente información:
a) El Presupuesto anual o, en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, las Proyecciones de los Presupuestos Plurianuales y ejecución presupuestaria trimestral —base devengado y base caja— conforme al formato del Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente reglamentación. A tales efectos se utilizarán los conversores mencionados en el Artículo 4º de la presente reglamentación.
b) Stock de la deuda pública trimestral y los servicios financieros de la misma, a la que habrá que adicionarle la deuda flotante, de acuerdo al Anexo II que forma parte de la presente reglamentación.
c) Nivel de ocupación al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, diferenciando el personal de planta permanente y transitoria y el personal contratado, incluido el financiado por Organismos Multilaterales de Crédito, con un detalle por escalafón y jurisdicción, según se consigna en el Anexo III que forma parte de la presente reglamentación.
El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, publicará en la página web de la SECRETARIA DE HACIENDA la información en un plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días contados a partir de la fecha de su recepción. Dentro de ese mismo plazo informará al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal un detalle de las presentaciones efectuadas y remitirá la información a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los efectos que ésta cumplimente lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 7º de la Ley Nº 25.917.

Artículo 8º.- El Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA elaborará un plan de trabajo en cuya primera etapa identificará indicadores fiscales y financieros relevantes, que permitan comparaciones interjurisdiccionales. El plan de trabajo concluirá con la propuesta metodológica a la que hace mención el Artículo 8º de la ley, la que deberá contener las definiciones de los indicadores y parámetros, junto al alcance y los requerimientos de información necesarios para el cálculo. Todos los indicadores propuestos deberán ser homogéneos, de modo que sus resultados puedan ser comparables a través del tiempo; basados en fuentes de información oficial; la periodicidad del cálculo deberá ser anual como mínimo, y preverse un cálculo inicial para el año 2006.
Los parámetros e indicadores de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación deberán posibilitar la evaluación del desempeño de las administraciones tributarias y la presión tributaria, incluyendo los costos de las administraciones tributarias y la cobrabilidad para el caso específico de los impuestos predeterminados.
Con relación a la gestión del gasto público, el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA, deberá efectuar propuestas que incluyan indicadores significativos que permitan captar la economicidad, es decir, el costo de los insumos utilizados; así como la eficiencia, esto es, la relación entre los insumos y productos que muestre la combinación de los elementos utilizados en los procesos de producción de bienes o servicios. En la construcción de tales indicadores se considerarán al menos los servicios y bienes derivados de la prestación de seguridad interior, defensa, justicia y función legislativa, que prestan los gobiernos, y las funciones que forman parte de los servicios sociales y económicos.
En el plazo previsto en la ley, el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la REPUBLICA ARGENTINA elevará sus propuestas al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el que deberá decidir su aprobación en el plazo de TREINTA (30) días.
Cada Gobierno Provincial, la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y el GOBIERNO NACIONAL deberán aprobar los respectivos parámetros e indicadores, y designarán un área responsable de su elaboración y publicación.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dará continuidad a tales acciones y ampliará los objetivos iniciales para incluir indicadores que permitan evaluar las demandas de bienes y servicios públicos que requiere la población y no tienen cobertura, así como otros objetivos que considere de utilidad, a cuyos efectos podrá solicitar la consulta a los Consejos Federales existentes.

Artículo 9º.- El Sistema Integrado de Información Fiscal, será coordinado por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y deberá garantizar la provisión de información integral, integrada, auditable, confiable y oportuna de modo tal de posibilitar la consolidación interjurisdiccional de la misma, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la ley.

Artículo 10º.- Establécese que a los fines de la aplicación del Artículo 10 de la Ley Nº 25.917 no se considerarán los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales, los gastos de capital destinados a infraestructura social básica financiados con cualquier uso del crédito, como así también aquellos gastos que se hubieren financiado con los saldos provenientes de tales conceptos ingresados en ejercicios anteriores y no utilizados.
A los fines de la formulación de los presupuestos la tasa de aumento resultante del gasto público primario de la Administración Pública No Financiera no podrá superar la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Interno (PBI) a precios de mercado prevista en el Marco Macrofiscal mencionado en el Artículo 2º inciso d) de la Ley Nº 25.917, y será calculada respecto al crédito vigente para el ejercicio en curso a la fecha de presentación del proyecto presupuestario. La tasa de aumento nominal del gasto corriente primario de la Administración Pública No Financiera no podrá superar la tasa de variación nominal de dicho Producto Bruto Interno (PBI).
La tasa de incremento de los créditos de los gastos de capital podrá superar la tasa de variación nominal del Producto Bruto Interno a precios de mercado previsto en el Marco Macrofiscal mencionado en el Artículo 2º inciso d) de la Ley Nº 25.917 por sobre el límite fijado para el gasto primario establecido en el párrafo precedente, si se presentan algunas de las siguientes situaciones:
a) Si la tasa de incremento nominal del cálculo del total de recursos corrientes y de capital incluido en el proyecto de presupuesto, respecto al cálculo vigente para el ejercicio en curso, a la fecha de presentación del proyecto, supera la tasa nominal de aumento del Producto Bruto Interno (PBI) a precios de mercado mencionado en el Artículo 2º inciso d) de la Ley Nº 25.917.
b) Si el indicador de endeudamiento establecido en el Artículo 21 de la Ley Nº 25.917 no supera el QUINCE POR CIENTO (15%), en cuyo caso podrán financiarse los gastos de capital con cualquier fuente.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal evaluará el cumplimiento del presente artículo una vez aprobados los presupuestos de los distintos niveles de gobierno.
Durante el segundo trimestre de cada año evaluará la tasa nominal de variación del gasto primario ejecutado, base devengado, del ejercicio fiscal anterior respecto al año previo, teniendo en cuenta las excepciones previstas en el presente artículo, a cuyos fines la tasa de variación del Producto Bruto Interno (PBI) a precios de mercado se calculará sobre la base del dato que de tal variable macroeconómica disponga el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Artículo 11º.- A los fines de adecuar la ejecución de los gastos a la efectiva percepción de los ingresos, las Jurisdicciones implementarán técnicas que permitan efectuar durante cada ejercicio fiscal la programación de las ejecuciones presupuestarias.

Artículo 12º.- Sin reglamentar.

Artículo 13º.- Sin reglamentar.

Artículo 14º.- A los fines del presente artículo, se define la fuente de financiamiento "Rentas Generales", para el caso de las administraciones provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y "Tesoro Nacional", para el caso del GOBIERNO NACIONAL, como el conjunto de recursos públicos del ejercicio de libre disponibilidad y sin cargo de devolución, es decir, que no cuentan con ningún tipo de afectación específica dispuesta conforme la normativa legal vigente.

Artículo 15º.- Sin reglamentar.

Artículo 16º.- Sin reglamentar.

Artículo 17º.- Sin reglamentar.

Artículo 18º.- Las estimaciones de gastos tributarios que incluirán los presupuestos de los Gobiernos Nacional, Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES serán informativas, no tendrán incidencia presupuestaria y se realizarán como mínimo por impuesto.

Artículo 19º.- A los fines de la determinación del resultado financiero equilibrado no se considerarán:
a) los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica para el desarrollo económico y social financiados con cualquier uso del crédito, incluyendo los saldos de ejercicios anteriores no utilizados provenientes de tales préstamos.
b) los mayores gastos de capital que se deriven de la aplicación del inciso b) del Artículo 10 de la presente reglamentación y sean solventados con fuentes financieras.
Durante el segundo trimestre de cada año el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal evaluará el cumplimiento de este artículo respecto a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas No Financieras del ejercicio fiscal previo.
Asimismo, durante el transcurso del ejercicio fiscal verificará los resultados financieros base devengados trimestrales, dentro de los TREINTA (30) días posteriores a su cierre, para lo cual podrá requerir a las autoridades pertinentes informaciones, proyecciones y precisiones sobre las estrategias e instrumentos previstos para asegurar que las cuenta públicas cumplimenten al cierre del año con las pautas establecidas en la Ley Nº 25.917.

Artículo 20º.- Los resultados primarios superavitarios de la Administración Pública No Financiera de los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES serán calculados en los términos establecidos en el Artículo 19º de la presente reglamentación. Tales resultados primarios deberán permitir financiar la cancelación de los intereses del ejercicio y asegurar una progresiva reducción de la deuda.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal evaluará dichos resultados una vez sancionados los respectivos presupuestos y al cierre de cada ejercicio.
En aquellos casos en que sea de aplicación lo citado en el primer párrafo y conforme a lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 21 de la Ley Nº 25.917, conjuntamente con la formulación de los presupuestos plurianuales, se presentarán ante las legislaturas y ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, planes o programas que aseguren la progresiva reducción de la deuda y/o la adecuación del perfil de la misma. Estos planes o programas serán quinquenales, especificarán las estrategias e instrumentos a utilizar y presentarán un detalle de los recursos, de las fuentes de financiamiento y de los gastos, los cuales incluirán como síntesis un cuadro con el formato detallado en el Anexo I de la presente reglamentación.
Los fondos anticíclicos fiscales que constituyan los Gobiernos Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES incorporarán recursos generados en aquellos ejercicios fiscales en los cuales no exista uso del crédito proveniente del Gobierno Nacional con destino a la atención de los servicios de la deuda.

Artículo 21º.- El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificará el Indicador de Endeudamiento al momento de aprobarse los respectivos presupuestos y al cierre de cada ejercicio.

Artículo 22º.- Sin reglamentar.

Artículo 23º.- Los registros de avales y garantías otorgados que deberán implementar el GOBIERNO NACIONAL, los Gobiernos Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES deberán identificar los beneficiarios, consignándose aquellos casos en los cuales, en cumplimiento de las obligaciones asumidas, se efectúen pagos. Los registros contendrán como mínimo las características que se precisan en el Anexo IV de la presente reglamentación. Una síntesis de dicho registro deberá presentarse en oportunidad de elevar los Proyectos de Presupuestos a las correspondientes legislaturas.

Artículo 24º.- Sin reglamentar.

Artículo 25º.- Sin perjuicio de la intervención que en función de sus competencias le corresponda al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a través de la SECRETARIA DE HACIENDA analizará y autorizará, si correspondiere, con carácter previo a la generación de obligaciones para las partes, el endeudamiento del Sector Público No Financiero correspondiente a los Gobiernos Provinciales, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y de los Gobiernos Municipales de conformidad a las pautas y procedimientos que a continuación se detallan:
a) Los Gobiernos Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES que lo soliciten, deberán adjuntar la documentación detallada en el Anexo V el cual forma parte integrante de la presente reglamentación.
b) Las cesiones de recursos "prosolvendo" a otorgar no podrán superar la cuota de amortización, intereses y gastos que origine la operación de que se trate.
c) La SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION analizará las condiciones financieras en el marco de los parámetros que utilice el GOBIERNO NACIONAL para su propio endeudamiento y de acuerdo a la evolución del mercado financiero.
d) Sin perjuicio del procedimiento aquí previsto cuando se trate de operaciones de endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, la dependencia u organismo nacional que se encuentre evaluando la asignación de los recursos y/o elegibilidad de las jurisdicciones intervinientes en el programa de que se trate, deberá contar con un informe favorable de la SECRETARIA DE HACIENDA respecto de la sustentabilidad financiera de la Jurisdicción involucrada.
e) Los endeudamientos que tengan como objeto el otorgamiento de garantías, avales y/o fianzas por montos inferiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000) serán autorizados directamente por la Provincia mediante la norma que corresponda e informados a la SECRETARIA DE HACIENDA.
f) La autorización de endeudamiento de los Municipios se efectuará con arreglo al siguiente procedimiento:
i) Autorización expedida por la Provincia mediante la norma que corresponda. Las jurisdicciones provinciales dictarán una normativa específica para las autorizaciones de endeudamiento de sus Municipios de contenido análogo al presente, que contemple, como requisito previo al tratamiento de un pedido de autorización, la adhesión y cumplimiento por parte del Municipio del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que la Provincia dicte, el cual incluya pautas fijadas en el marco de lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Nº 25.917.
ii) Comunicación de la Provincia que deberá contener la documentación que se detalla en el Anexo VI el cual forma parte de la presente reglamentación. La SECRETARIA DE HACIENDA podrá solicitar la información adicional que considere necesaria.
iii) Cuando el endeudamiento del Municipio acumulado durante el ejercicio fiscal supere el VEINTE POR CIENTO (20%) de los recursos corrientes del mismo, o cuando el monto de la operación supere los PESOS CIEN MIL ($ 100.000) o el UNO POR CIENTO (1%) de los recursos corrientes, el que resulte mayor, la SECRETARIA DE HACIENDA, en el plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la recepción de la comunicación, podrá formular a la Provincia su objeción fundada a la aprobación de la operación de endeudamiento. Transcurrido dicho plazo la operación se considerará aprobada.
iv) Hasta tanto entre en vigencia la normativa provincial prevista en el punto i) precedente, la autorización seguirá el mismo procedimiento y tendrá las mismas condiciones que las establecidas con respecto al endeudamiento provincial.
g) La SECRETARIA DE HACIENDA queda facultada para aumentar el monto mencionado en los incisos e) y f) del presente artículo y con carácter previo a cada autorización deberá constatar:
i) Si la Jurisdicción se encuentra dentro del indicador de endeudamiento previsto por el Artículo 21 de la Ley Nº 25.917 y, en este supuesto, si con el endeudamiento requerido se respeta dicho indicador.
ii) Si la Jurisdicción se encuentra incursa en las sanciones previstas en el Artículo 32 inciso iv) y/ o v) de la Ley Nº 25.917.
iii) Que no se supere el límite de endeudamiento para el conjunto de las Provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES establecido durante cada ejercicio fiscal conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso b) de la Ley Nº 25.917.
h) En forma previa a la autorización de oferta pública de Títulos Públicos, la COMISION NACIONAL DE VALORES, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, deberá contar con la autorización a que se refiere el Artículo 25 de la Ley Nº 25.917. La COMISION NACIONAL DE VALORES deberá proveer a la SECRETARIA DE HACIENDA, un detalle trimestral de las autorizaciones de cotización otorgadas a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y a los Municipios.
(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 1120/2006 B.O. 30/8/2006 se exceptúa a las Sociedades de Estados Provinciales de las disposiciones contenidas en el presente artículo siempre que se cumplan los requisitos que se establecen. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial).

Artículo 26º.- Sin reglamentar.

Artículo 27º.- El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobará anualmente su propio Presupuesto de gastos y recursos. Todos sus miembros contribuirán al mismo en proporción a la participación que les corresponda en la Ley Nº 23.548, sus modificatorias y complementarias. El porcentaje de cada contribución será informado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION en la ocasión que determine el Reglamento Interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Artículo 28º.- El Reglamento Interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá contener disposiciones relativas, como mínimo, a las siguientes cuestiones:
a) De la integración del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y del Comité Ejecutivo; sus autoridades y los deberes y atribuciones de sus miembros.
b) De las funciones del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Comité Ejecutivo.
c) De la oportunidad, modalidad y lugar de realización de las sesiones del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Comité Ejecutivo.
d) Del voto en las sesiones del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Comité Ejecutivo.
e) De las sanciones que corresponden por el incumplimiento del Régimen de Responsabilidad Fiscal y del procedimiento para aplicarlas.

Artículo 29º.- Sin reglamentar.

Artículo 30º.- Sin reglamentar.

Artículo 31º.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 28 de la presente reglamentación, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en la aplicación de sanciones, deberá como mínimo:
a) Encargar al Comité Ejecutivo la realización de un dictamen en el cual se aconseje al Consejo Federal el temperamento a seguir cuando, de las evaluaciones efectuadas, surjan elementos suficientes que permitan inferir que alguna de las Jurisdicciones podría estar incursa en incumplimientos del Régimen establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917, su reglamentación o las Resoluciones que el Consejo adopte en su consecuencia.
b) Si del dictamen surgiera la aplicación de sanciones, deberá correr traslado por el plazo de DIEZ (10) días corridos a la Jurisdicción de que se trate a los fines de que produzca el respectivo descargo, el que será analizado por el Comité Ejecutivo.
c) Decidir si ha existido incumplimiento y, a propuesta del Comité, resolver el temperamento a adoptar, para lo cual:
I) Considerará el descargo efectuado por la Jurisdicción de que se trate, así como sus antecedentes de incumplimientos y sanciones; y tendrá en cuenta la evolución respecto al comportamiento previsto de las variables mencionadas en el inciso d) del Artículo 2º de la presente reglamentación.
II) De conformidad con los resultados que arroje la evaluación del párrafo precedente, a los fines de la aplicación de lo dispuesto por los Artículos 10 y 19 de la Ley Nº 25.917, tendrá en cuenta:
i) el efecto que pudiera ocasionar la diferencia entre la fecha de presentación del proyecto presupuestario y el cierre del ejercicio fiscal;
ii) la utilización de las disponibilidades de ejercicios anteriores y/o de recursos de fondos anticíclicos, y la incidencia de aquellos programas nacionales que se instrumenten a través de transferencias a las Jurisdicciones Provinciales y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
III) Podrá adoptar recomendaciones destinadas a la jurisdicción, con el objeto de que ésta ponga fin a la situación de incumplimiento en un plazo determinado.
d) En caso de aplicar sanciones, hacerlo mediante resolución fundada dictada al efecto.
e) Otorgar a la Jurisdicción afectada un plazo de DIEZ (10) días corridos para presentar un recurso de revisión ante el mismo Consejo, el que resolverá, previo dictamen del Comité Ejecutivo en el plazo de VEINTE (20) días. Esta decisión será definitiva.

Artículo 32º.- A los fines de la fijación de otras sanciones, el Consejo deberá considerar las que hayan sido establecidas en los Convenios Bilaterales del Programa de Financiamiento Ordenado.

Artículo 33º.- Sin reglamentar.

Artículo 34º.- Sin reglamentar.

Artículo 35º.- Sin reglamentar.

Artículo 36º.- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, como Autoridad de Aplicación del Régimen hasta tanto se verifique la condición establecida en el Artículo 36 de la Ley Nº 25.917, tendrá las funciones, deberes y atribuciones establecidas como correspondientes al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

dto1731 9 12 2004 1

dto1731 9 12 2004 2

dto1731 9 12 2004 3

dto1731 9 12 2004 4

dto1731 9 12 2004 5

dto1731 9 12 2004 6

dto1731 9 12 2004 7

 ANEXO V, ARTICULO 25 DE LA REGLAMENTACION

DOCUMENTACION REQUERIDA A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES y A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

A) COMUN PARA TODO TIPO DE OPERACIONES:

1) Nota de solicitud de autorización de la operación de financiamiento, estableciendo el destino de los ingresos, indicando en su caso si se trata de refinanciación de una deuda;

2) Copia Certificada de la Ley, que autorice:

— Uso del Crédito y su destino;

— Cesión de recursos en garantía y/o pago;

— La moneda del financiamiento.

3) Norma donde se aprueben las condiciones de la operatoria;

4) Modelo de Contrato de Mutuo y Cesión de Derechos y/o Fideicomiso en su caso, especificando claramente:

a) Moneda de pago del préstamo.

b) Plazo del préstamo

c) Amortización e Intereses: método de amortización del capital del préstamo y la frecuencia del pago de intereses y del capital.

d) Tasa de Interés: tipo (fijo o variable) y su conformación, indicándose los valores que asumen cada una de las variables que participan a la fecha de la concertación del préstamo. Asimismo, deberá especificarse la fuente de información de los datos necesarios para su recálculo. Debe indicarse la tasa resultante en términos nominales anuales, y el costo financiero total del préstamo (considerando comisiones y gastos) al momento de la concertación de la operación crediticia.

e) Garantía: recursos que se otorguen en garantía, así como su porcentaje de afectación si correspondiese.

f) Comisiones de estructuración, de instrumentación, de liquidación y/o cualquier otra que estén a cargo del prestatario, y todos los gastos inherentes a la operación, cualquiera sea su especie.

5) Dictámenes de Contaduría y Fiscalía sobre la viabilidad de la operación cuya autorización se solicita;

6) Programación de los servicios de capital e interés de la operación de endeudamiento para el período de duración del mismo.

7) Informe del stock de la deuda a la fecha de la solicitud y perfil de vencimientos de capital e intereses para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización, de acuerdo al Anexo II.

8) Afectaciones (importe o porcentaje comprometido) de la Coparticipación Federal de Impuestos Artículos 1º, 2º y 3º del ACUERDO NACION - PROVINCIAS SOBRE RELACION FINANCIERA Y BASES DE UN REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS" celebrado entre el ESTADO NACIONAL, los Estados Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el 27 de febrero de 2002, ratificado por Ley Nº 25.570.

9) Otras garantías (importe y porcentaje comprometido).

10) Ejecución Presupuestaria (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) al cierre del trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud de autorización y Proyección Financiera (Esquema Ahorro- Inversión-Financiamiento) para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización, de acuerdo al Anexo I.

11) Para el caso de que las solicitudes de endeudamiento correspondan a empresas o fondos fiduciarios provinciales, además de la información detallada en los apartados 1) a 7) y 9) del punto A del presente Anexo, deberá presentarse la siguiente documentación:

a) El estado patrimonial de la empresa o sociedad del Estado a la fecha de la solicitud.

b) El estado de origen y aplicación de fondos proyectado para el período de duración del endeudamiento.

B) EMISION Y COLOCACION DE TITULOS PUBLICOS:

i) Prospecto de emisión: deberá incluir como mínimo:

1. Valor nominal y moneda de la emisión;

2. Monto máximo de emisión;

3. Fecha de emisión y de vencimiento;

4. Precio de emisión.

5. Fecha de pago de amortización de capital e intereses.

6. Tasa de interés: fija o variable, conformación y recálculo y base anual de cálculo de los intereses.

7. Garantía: bienes cedidos y tipo de cesión. Instrumentación de la garantía.

8. Cláusula de Rescate: a opción del emisor o del tenedor. Penalidades y condicionamientos;

9. Cláusula de subordinación y/o preferencia si la hubiera;

10. Modalidad de los Títulos y su denominación;

11. Bolsa de Cotización, Sistema de Compensación y Agente de pago y de registro;

12. Método de distribución y/o colocación;

13. Agente colocador y Agente fiduciario;

14. Calificación de Riesgo Crediticio (si la hubiere);

15. Gastos y honorarios legales, por calificación de riesgo, por consultoría financiera y por cualquier otro concepto;

16. Legislación, jurisdicción y competencia aplicable.

ii) Contrato de Colocación, de Organización y/o Distribución, deberá detallar:

1. Tipo de colocación;

2. Comisión de cada uno de los participantes;

3. Compromisos de las partes intervinientes;

4. Gastos de escrituración, organización y demás;

5. Legislación, jurisdicción y competencia aplicable.

C) FIDEICOMISOS FINANCIEROS:

1. Contrato de Fideicomiso y de Administración Fiduciaria, si lo hubiere;

2. Definición de roles y de bienes fideicomitidos, y detalle de los porcentajes cedidos;

3. Duración del Fideicomiso;

4. Objeto del Fideicomiso;

5. Obligaciones y deberes del Fiduciario;

6. Retribución del Fiduciario, comisiones, gastos de administración del fideicomiso y demás cargos;

7. Mecanismo de pago y devolución;

8. Emisión de Certificados de Participación, si hubiere y rescate de los mismos;

9. Causales de extinción y renuncia;

10. Legislación, jurisdicción y competencia aplicable.

ANEXO VI, ARTICULO 25 DE LA REGLAMENTACION

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL:

I) Copia certificada del marco legal Provincial y Municipal relativo a la autorización de la operación de financiamiento.

II) Informe Técnico de sustentabilidad emitido por la Provincia que contenga como mínimo:

a) Condiciones financieras de la operación de endeudamiento (moneda, plazo de amortización, tasa de interés, garantías y comisiones).

b) Programación de los servicios de capital e interés de la operación de endeudamiento para el período de duración del mismo.

c) Informe del stock de la deuda al cierre del año inmediato anterior y al trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud y perfil de vencimientos de capital e intereses para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización.

d) Garantías (concepto, importe y porcentaje comprometido con anterioridad por otras operaciones).

e) Ejecución Presupuestaria (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) al cierre del año inmediato anterior y al trimestre inmediato anterior a la fecha de la solicitud de autorización y Proyección Financiera (Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento) para el período de duración del financiamiento que se solicita autorización.

Ley nº 10599
Sancionada: 19.06.2018
Promulgada: 29.06.2018
Publicada: 11.07.2018

ARTÍCULO 1º.- Adhiérase la Provincia de Entre Ríos a lo dispuesto por la Ley Nro. 27428 "Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno", modificatoria de la Ley Nro. 25.917.- (1)
ARTÍCULO 2 º.- Invítase a los municipios a adherir a las disposiciones del Artículo 1º de la presente.-
ARTÍCULO 3 º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normativas necesarias para la aplicación del Régimen establecido en la Ley Nro. 25.917 y sus modificatorias, en el ámbito de los Gobiernos Municipales.-
ARTÍCULO 4 º.- Comuníquese, etcétera.-

 

(1) La Ley nº 25917 con su modificatoria nº 27428 obra en este Digesto Municipal

Ley nº 9592 (1)
Sancionada: 04.11.2004
Promulgada: 04.11.2004
Publicada: 08.11.2004

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Entre Ríos al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal instituido por la Ley Nacional Nº 25.917.

Artículo 2°.- Invítase a los Municipios a adherir al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, de conformidad a lo establecido en el artículo 33º de la Ley Nº 25.917.

Artículo 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, a dictar las normativas necesarias para la aplicación del Régimen establecido en la Ley Nº 25.917, en el ámbito de los Gobiernos Municipales.

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.

 

 


(1) Ley nº 10474
Sancionada: 05.04.2017
Promulgada: 24.042017
Publicada: 26.04.2017

Artículo 1º.– Adhiérase la Provincia de Entre Ríos a lo dispuesto en el Capítulo IX "Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal", de la Ley Nº 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017, por el que, para dicho ejercicio, se modifican las disposiciones contenidas en los artículos 10º y 19º de la Ley Nº 25.917, se suspende la aplicación de los artículos 12º, 21º primer párrafo, 15º último párrafo y 24º de la Ley Nº 25.917 y los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 25.152, y se prorroga el plazo máximo establecido por el artículo 14º de la Ley Nº 26.422.

Artículo 2º.– Invítase a los municipios que corresponda a adherir a las disposiciones del artículo 1º de la presente.

Artículo 3º.– Comuníquese, etcétera.

 


Ley n º 27341
Sancionada: 30.11.2016
Promulgada: 20.12.2016
Publicada: 21.12.2016

CAPÍTULO IX

Del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal

ARTÍCULO 48. — Durante el ejercicio fiscal 2017, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario de la Administración Nacional, jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrá superar la tasa acumulada de aumento nominal de producto bruto interno a precios de mercado informado por el INDEC. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal calculará la tasa nominal de variación del gasto corriente primario ejecutado, base devengado, respecto del ejercicio fiscal anterior o con respecto del año 2015, según corresponda.

ARTÍCULO 49. — En aquellas jurisdicciones que hayan ejecutado resultado primario deficitario para el ejercicio fiscal 2016, deberán adoptar las medidas conducentes a fin de impulsar la convergencia al equilibrio fiscal.

A tales efectos las jurisdicciones provinciales deberán ejecutar en el ejercicio fiscal 2017 una disminución del 10% de dicho resultado, expresado este resultado en porcentaje del PBI.

El Gobierno nacional deberá registrar en el ejercicio 2017 una disminución del diez por ciento (10%) del resultado primario deficitario neto de los fondos que la Administración Nacional deja de percibir por el Acuerdo Nación-Provincias suscripto el 18 de mayo de 2016 ratificado por la ley 27.260 y los fallos de la CSJN en los autos caratulados CSJ 538/2009 (45-S)/CS1 "Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", CSJ 191/2009 (45-S)/CS1 "San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos", CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 "Córdoba Provincia de c/ Estado Nacional y otros/ medida cautelar", CSJ 538/2009 (45-S) CS1 "Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y CSJ 1039/2008 (44-S)/CS1 "San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional y otra s/ cobro de pesos", expresado este resultado en porcentaje del PBI.

ARTÍCULO 50. — Las jurisdicciones que hayan alcanzado resultado financiero positivo, gozarán de la eliminación de las autorizaciones de endeudamiento previstas en el artículo 25 de la ley 25.917, en operaciones de crédito público para el financiamiento de obras de infraestructura, con la limitación de que no revierta el signo del resultado.

ARTÍCULO 51. — Podrán efectuarse operaciones de crédito destinadas a financiar el resultado deficitario del ejercicio fiscal 2017 en tanto las respectivas Jurisdicciones Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplan con la limitación del resultado primario deficitario del artículo 49 de la presente, con la limitación de la variación del gasto corriente primario establecido en el artículo 48 de la presente y con las disposiciones de transparencia del artículo 7° de la ley 25.917.

ARTÍCULO 52. — Suspéndase para el ejercicio fiscal 2017 la aplicación de los artículos 12, 21 primer párrafo, 15 último párrafo y 24 de la ley 25.917 y los artículos 2° y 3° de la ley 25.152.

ARTÍCULO 53. — Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2017 el plazo máximo establecido por el artículo 14 de la ley 26.422.

ARTÍCULO 54. — El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá publicar la información establecida en el artículo 7 de la ley 25.917, de acuerdo a la información suministrada por cada jurisdicción evaluada. Los informes de evaluación de cumplimiento de las reglas deberán ser comunicados al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 55. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo establecido en el presente capítulo.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

Ver más...

Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

Ver más...

Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

Ver más...

Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

Ver más...

Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

Ver más...

Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

Ver más...