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Lunes, 23 Mayo 2016 08:30

2.1. Ordenanza nº 6416 Contratación de Obras Públicas Destacado

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Capítulo 2: Contratación de Obras Públicas

Ordenanza nº6416 (1)(5)(6)(7)

Fecha de sanción y promulgación: 21.09.1979

CAPITULO I-DE LAS OBRAS PUBLICAS EN GENERAL

Artículo 1°.- Se consideran Obras Públicas y se someterán a las disposiciones de la presente Ordenanza, todos los estudios, proyectos, construcciones, conservaciones, instalaciones, trabajos, obras en general que realice la Municipalidad por intermedio de sus reparticiones centralizadas, autárquicas y/o empresas públicas de su patrimonio.

La adquisición, provisión, arrendamiento, adecuación o reparación de: máquinas, aparatos, artefactos, instalaciones y elementos de trabajo, que efectúe la Administración para las obras que construye hasta su habilitación integral y/o servicios públicos que preste, quedan incluidas y sujetas, en lo pertinente, a las disposiciones de esta ordenanza. Quedan excluidas, en cambio, la adquisición de materiales o provisiones de uso normal y corriente en las reparticiones dependientes de la administración municipal y adquisición destinadas a la formación de almacenes, depósitos y planteles, aunque los elementos de que se trate se utilicen posteriormente en la construcción de obras públicas.

Artículo 2°.- Cuando las obras deban efectuarse en inmuebles, éstos deberán ser de propiedad del comitente de la misma. Excepcionalmente podrán efectuarse en inmuebles sobre los que ejerzan sobre el derecho de posesión, servidumbre o uso por cualquier título, cuando y en la forma que la reglamentación lo establezca. Las inversiones que demanden la adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución de las obras públicas se imputarán al crédito presupuestario destinado a bienes de capital, o trabajos públicos.

Artículo 3°.- Cuando una cuestión no pueda resolverse ni por la palabra ni por el espíritu de la ordenanza, se atenderá supletoriamente a la ordenanza de Contabilidad, Ley Orgánica de los Municipios, Legislación provincial específica sobre el tema, los principios generales de derecho administrativo y a las normas del derecho común.

CAPITULO II-DE LOS ESTUDIOS, PROYECTOS Y FINANCIACION

Artículo 4°.- Antes de proceder a la Licitación a la Contratación Directa de una obra pública, deberá estar aprobado su proyecto y presupuesto, con conocimiento y especificaciones de todas las condiciones, estudios y antecedentes técnicos, legales, económicos y financieros que sean necesarios para su realización. Sin perjuicio de ello con carácter excepcional y mediante resolución fundada, se podrá proceder a contratar el estudio, proyecto, dirección, inspección y ejecución de obra en conjunto o separadamente en los casos en que las premisas del proyecto (locación, volumen y costo estimativo) se halla previamente acotadas por los organismos técnicos respectivos.

Asimismo en los casos de excepción que determine la reglamentación de la presente, en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten seriamente la seguridad, salud pública o la prestación de un servicio creando reconocida urgencia en ejecutar la obra se podrá proceder a su iniciación mediante adjudicación, contratación o por administración directa sobre la base de un anteproyecto o presupuesto global, debiendo elaborarse y aprobarse los definitivos dentro del plazo que fija el Departamento Ejecutivo.(*)

Artículo 5°.- Previa resolución, la Administración podrá contratar el estudio, proyecto, dirección, inspección, en conjunto o separadamente, conforme a las disposiciones de esta ordenanza y lo que su reglamentación establezca. Dicha contratación se hará preferentemente mediante concurso de anteproyecto o antecedentes. Los pliegos y las respectivas bases fijarán los requisitos pertinentes.

Artículo 6°.- Previo al llamado a licitación, a la contratación directa o a la iniciación por vía administrativa de toda obra, trabajo o adquisición, deberá disponerse o estar autorizado el respectivo crédito presupuestario, acorde con el importe que se prevea ejecutar anualmente, excepto ante circunstancias o acontecimientos imprevisibles que hagan indispensable la ejecución de reparaciones o construcciones nuevas, con cargo de solicitar ulteriormente la autorización legal pertinente.

Los presupuestos oficiales incluirán hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) sin incluir las variaciones de precios, para ampliaciones, modificaciones e imprevistos. Cuando el período de ejecución o provisión exceda de un ejercicio financiero, podrán contraerse compromisos con afectación a presupuestos futuros, siempre que el mismo no supere el marco de las posibilidades económicas financieras de la Municipalidad a juicio de la secretaría de Economía.

CAPITULO III -DE LOS SISTEMAS DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS (4)

Artículo 7°.- La ejecución de toda obra pública, a los efectos de la presente Ordenanza, puede ser realizada de conformidad a los siguientes procedimientos:

a) Por contratación.

b) Por administración, cuando existen razones de conveniencia.

c) Por combinación de los anteriores.

Artículo 8°.- La contratación de obras podrá realizarse mediante:

a) Contrato de obra pública, que a su vez, puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas:

1) Por unidad de medida

2) Por ajuste alzado

3) Por coste y costas

4) Por administración delegada

5) Por combinación de estos sistemas entre sí

6) Por otros sistemas que como excepción se pueden establecer por el Departamento Ejecutivo.

b) Concesión de obra pública

Artículo 9°.- La inscripción y habilitación de personas o empresas que intervengan en obras públicas, se efectuará por intermedio de un Registro de Constructores. En este registro deberá constar la matrícula municipal expedida por la dirección de Obras Privadas, con aclaración del representante técnico y categoría del mismo y estará a cargo de la dirección de Suministros Municipal. A estos efectos se tendrán en cuenta principalmente los siguientes conceptos: capacidad técnica, económica, financiera y de ejecución.

Artículo 10°.- Todas las contrataciones que se realicen con sujeción a la presente ordenanza, deberán formalizarse mediante licitación pública. Quedan exceptuados de la obligación de este acto y podrán hacerse mediante licitación privada, concurso de precios o contrataciones directas de acuerdo con los importes límites fijados por la ordenanza de Contabilidad y su decreto reglamentario. Podrán contratarse directamente como excepción, previa fundamentación del acto, en los siguientes casos:

a) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto. El importe de estos trabajos, no podrá exceder del cuarenta por ciento (40%) del total del monto contratado. Este porcentaje podrá ser excedido cuando se haya licitado proyecto y construcción con un presupuesto meramente estimativo.

b) cuando los trabajos de urgencia reconocida, o circunstancias imprevistas, demandaren una pronta ejecución que no permita esperar el resultado de una licitación pública, o se trate de aquellos que sean necesarios para la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable.

c) Cuando las circunstancias exijan reserva.

d) cuando se trate de obras u objetos de arte o de técnica o de naturaleza especial, que solo pudieran confiarse a artistas, técnicos, científicos, empresas u operarios especializados, cuando deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos, o cuando los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona.

e) Cuando realizado por segunda vez la licitación pública, no hubiese habido postor o no se hubieran hechos ofertas convenientes.

f) Cuando la Administración por motivos de oportunidad o conveniencia debidamente fundados, contrate con sociedades cooperativas, consorcios vecinales o cualquier entidad de bien público, constituída conforme a las disposiciones legales vigentes, la realización de obras que sean de la finalidad específica de las mismas.

h) Cuando se trate de la contratación de un proyecto con el autor del estudio respectivo o de la dirección de una obra con el autor del proyecto correspondiente, siempre que así se haya especificado.

i) Por las causales especificadas en la ordenanza de Contabilidad.

Artículo 11°.- La reglamentación establecerá los requisitos, publicidad, procedimientos y demás condiciones que deban regir el llamado. Toda oferta presentada en término deberá ser recepcionada por el Escribano Municipal, sin perjuicio que su admisibilidad o rechazo deba ser resuelta por un acto administrativo posterior del Departamento Ejecutivo, previo informe de la Comisión de Adjudicaciones y constancias expresas de haber agotado todas las gestiones para el cumplimiento de las formalidades exigidas para su presentación. Podrá asimismo considerarse variantes sobre proyectos oficiales.

En las licitaciones, las ofertas deberá afianzarse en una suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial, salvo que el pliego de condiciones particulares establezca otra forma de porcentaje.

Artículo 12°.- Cuando razones de conveniencia a los intereses fiscales así lo justifique, la autoridad competente podrá autorizar, el anticipo de fondos al contratista, lo que constará en forma expresa en los pliegos de bases y condiciones de la licitación. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía satisfecha de acuerdo a las normas que se fijen en la reglamentación.

(2)Artículo 13°.- El Departamento Ejecutivo Municipal aprobará un pliego general de condiciones único, ajustado a las disposiciones de la presente ordenanza y su reglamentación el que será obligatorio para todas las licitaciones y contratos que se realicen dentro del ámbito de la misma.

CAPITULO IV -DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

Artículo 14°.- Los pliego de condiciones establecerán el término por el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas. La Administración Municipal, podrá solicitar a la totalidad de los oferentes, prórrogas en el mantenimiento de sus ofertas, previo acto fundado

Artículo 15°.- La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación. El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la adjudicación, si se la considera conveniente.

Artículo 16°.- En aquellos casos en que dos o más ofertas resulten igualmente convenientes, se llamará a mejoras de precios entre los oferentes en paridad de condiciones. Para la apertura de las nuevas ofertas se seguirán las formalidades del acto público con participación de los interesados.

Artículo 17°.- La Administración podrá rechazar todas la propuestas mediante decisión fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquella.

Artículo 18°.- Los oferentes, una vez efectuada la apertura de la primer propuesta, o en etapas posteriores, no podrán retirar la suya, sin consentimiento expreso de la Administración, la que aplicará, según el caso, las sanciones previstas en la presente ordenan

Artículo 19°.- La adjudicación se comunicará a todos los oferentes y formalmente al adjudicatario en el plazo y condiciones que establezca la reglamentación. Dentro de los treinta días corridos de efectuada la notificación se firmará el contrato.

Previamente el adjudicatario deberá haber constituido una garantía equivalente al cinco por ciento del monto a contratar, que podrá hacerse en la forma que establezca la reglamentación. La misma se podrá formar integrando la garantía de la propuesta y/o sustituirse por los demás medios que prevea la reglamentación. Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el contrato en la forma y tiempo establecido, la Administración aplicará, según la gravedad del caso, las sanciones previstas en la presente ordenanza y su reglamentación Si el contrato no se firmara por causas imputables a la Administración el adjudicatario podrá desistir de la propuesta, para lo cual deberá previamente intimarla por un plazo mínimo de diez días corridos Exceptúase de la constitución de la garantía contractual del cinco por ciento dl importe del contrato, a los Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales.

Artículo 20°.- Producido el desistimiento de la propuesta en el caso previsto en el penúltimo párrafo del artículo precedente, el adjudicatario tendrá derecho al resarcimiento de los gastos que fueran consecuencia directa o inmediata de la preparación y presentación de la oferta y los realizados para cumplir la garantía prevista hasta la fecha de su desistimiento. Sin embargo no podrá reclamar ningún perjuicio producido, en el lapso que hubiera dejado de transcurrir, sin formalizar la intimación. Estos resarcimientos no podrán exceder el importe correspondiente a la garantía de su propuesta.

Artículo 21°.- El orden de prelación de la documentación contractual será establecida en la reglamentación.

Artículo 22°.- Cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en el pliego respectivo, el proponente, adjudicatario, o contratista, deberá presentar el plan de trabajos, plan de inversiones o cronograma de avance de obra expresada en importes, según el plan de trabajos y detalle del equipo a utilizar.

El plazo total de la obra debe cumplirse en las condiciones establecidas en la documentación contractual.

CAPITULO V -DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Artículo 23°.- La realización de los trabajos y/o provisiones debe efectuarse con estricta sujeción al contrato.

Artículo 24°.- El contratista no tendrá derecho bajo ningún pretexto de error u omisión de su parte, a reclamar aumento de los precios fijados en el contrato. En caso de que los trabajos a ejecutar difiera ostensiblemente con la información o descripción que de ellos se hace en el proyecto o en la documentación que sirvió de base al contratista para formular su oferta, dará derecho a éste a solicitar a la administración la fijación de nuevo precio.

Artículo 25°.- La documentación del contrato establecerá expresamente el plazo de ejecución y/o entrega y comienzo del mismo. El término contractual se computará desde el perfeccionamiento del contrato o aprobación del replanteo inicial o si dependen de otras circunstancias, desde que ellas estén dadas, todo ello conforme lo establezcan los pliegos pertinentes. En estos últimos supuestos, se dejará constanciade la iniciación, labrándose actuaciones.

Artículo 26°.- La vigilancia y contralor de los trabajos o provisiones está a cargo de la administración y debe ser encomendada a profesionales universitarios o a personal técnico debidamente habilitados. El contratista puede impugnar al personal técnico de la misma por causas justificadas, resolviendo la Administración su aceptación o rechazo dentro del plazo máximo de treinta días corridos, vencido el cual sin que la Administración se pronuncie, su representante será reemplazado provisionalmente hasta tanto se dicte la resolución correspondiente. Esto no será motivo de suspensión o ampliación de los plazos contractuales. El contratista responsable de la conducción técnica de la obra, y salvo disposición contraria del pliego de condiciones, debe contar en la misma con la presencia de un representante técnico cuya capacidad determine el pliego de condiciones. La Administración puede rechazar con fundamento al representante técnico del contratista, en cuyo caso debe ser reemplazado dentro del término que se le fije, bajo pena de incurrir en las responsabilidades contempladas en el artículo 79° de la presente ordenanza.

(3)Artículo 27°.- El contratista debe mantener al día el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y cumplir con las leyes laborales, previsionales, impositivas, seguro contra accidente de trabajo, FO.NA.VI., pudiendo la Administración exigirle a acreditar su cumplimiento. 

Artículo 28°.- Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, darán lugar a la aplicación de las penalidades que fije la reglamentación de la presente ordenanza o los pliegos de condiciones salvo que dichas demoras fueran motivadas por causas debidamente justificadas y aceptadas por la Administra El contratista quedará constituido en mora, por el solo vencimiento del o de los plazos estipulados en el contrato y está obligado al pago de las multas que correspondan y le sean aplicadas. Estas serán descontadas de los certificados pendientes de emisión o futuros que se le otorgue o de las sumas acreditadas al contratista por cualquierconcepto, o de las garantías constituídas si los créditos y/o garantías correspondientes al contrato no alcanzare a cubrir el importe de las multas aplicadas, el contratista está obligado a depositar el saldo dentro de los diez días corridos de notificados; bajo apercibimiento de rescisión del contrato y la ejecución a su cargo, por un tercero a elección de la Administración. En el caso de recepciones previsionales parciales, las multas que correspondiere aplicar se determinarán separadamente para cada una de las partes de obras recibidas, teniendo en cuenta su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

Artículo 29°.- Cuando las multas alcancen el diez por ciento del importe básico del contrato, la Administración podrá rescindir el contrato según la forma prevista en el artículo 68° de la presente ordenanza, o convenir con el contratista las condiciones de la prosecución de las obras. Las circunstancias de que la Administración opte por la continuación de la obra no enerva los demás derechos que esta ordenanza acuerde. Cuando existen pedidos de prórroga del plazo contractual, las multas sólo podrán aplicarse después que hubiere recaído resolución al respecto.

Artículo 30°.- El contratista está obligado a denunciar o poner en conocimiento de la Administración, todo caso fortuito o situación de fuerza mayor dentro del plazo de ocho días corridos de producirse o podido conocer el hecho o su influencia. Pasado dicho término no podrá ser invocado para justificar de mora alguna, salvo el caso de que tratara de siniestro de pública notoriedad.

Artículo 31°.- La Administración puede, cuando lo considere conveniente, establecer premios por entrega anticipadas de obras y provisiones. Cuando la Administración conceda prórroga de los plazos contractuales, podrá convenir con el contratista el nuevo régimen de premios, el que se ajustará al espíritu de las condiciones contractuales.

Artículo 32°.- Los materiales provenientes de demolición cuyo destino no hubiera sido previsto en la documentación contractual, quedan de propiedad de la Administración.

Artículo 33°.- El organismo que confecciona o aprueba el proyecto es responsable del mismo y de los estudios que han servido de base para su realización. El contratista es responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos, basados en proyectos o planos con deficiencias manifiesta, que no denuncie por escrito a la Administración antes de iniciar los respectivos trabajos. El representante técnico es responsable solidario con el contratista, por todo daño o perjuicio que ocasione a la Administración por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.

Artículo 34°.- El importe de los derechos por el uso de elementos materiales, istemas y/o procedimientos constructivos patentados es a cargo del contratista, salvo disposición en contrario de los pliegos de condiciones. La responsabilidad técnica por el uso de los mismos queda a cargo de quien dispuso su utilización.

Artículo 35°.- Cuando los pliegos de condiciones exijan la utilización de productos o materiales de fabricación exclusiva, o la ejecución de ciertos trabajos por otros contratistas determinados por la Administración, el contratista principal queda eximido de responsabilidad por las deficiencias que originen dichos productos o materiales, siempre que su utilización se hubiese ajustado a las condiciones técnicas y por el incumplimiento en que incurrieron aquellos contratistas.

Artículo 36°.- Cuando sin haberse estipulado en el contrato, fuese conveniente emplear, materiales pertenecientes a la Administración, se descontará el importe que resulte del estudio equitativo de valores, adoptando los precios vigentes y cuidando que la provisión no represente una carga extracontractual para el contratista. Se reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados por su cuenta y los contratados, si probare fehacientemente su existencia con anterioridad a la fecha de la comunicación correspondiente de la Administración.

Artículo 37º.- El contratista será el único responsable y no tendrá derecho a indemnzación alguna por destrucción, pérdida, averías o perjuicios de materiales de consumo, de aplicación de equipos o de elementos incorporados o a incorporar a la obra, debido u originado por su culpa, por falta de medios o por errores que le sean imputables.

Artículo 38º.- Serán reconocidas al contratista las mayores erogaciones debidas a gastos improductivos que sean consecuencia de paralización total de la obra imputables o causadas por la Administración. Por la paralización parcial no se reconocerán mayores erogaciones por gastos improductivos

Artículo 39º.- No puede el contratista efectuar subcontratación ni asociación alguna, sin la previa autorización de la Administración. Esta autorización no exime al contratista de sus responsabilidades.

Artículo 40º.- La Administración puede autorizar la transferencia o cesión del contrato siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Constructores Municipal o Provincial, tenga capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del treinta por ciento del importe del contrato, salvo causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese retenido al cedente.

CAPITULO VI -ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Artículo 41º.- Las alteraciones que produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada que no excedan en conjunto el 30 por ciento del importe básico contractual, son obligatorias para el contratista en las condiciones que establece el artículo siguiente, abonándose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales, equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del que haya sufrido por tal causa, el que será reconocido por la Administración. los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados, se deban emplear equipos que difieren manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendrá nuevos precios.

Artículo 42º.- Las alteraciones a que se refiere el artículo precedente deben considerarse en la siguiente forma:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de unidad de medida y significase en algún ítem un aumento o disminución superior al treinta por ciento del importe del mismo, la Administración o el contratista en su caso, tiene derecho a que se fije un nuevo precio unitario por análisis y de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem; pero si se trata de aumento, sólo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el treinta por ciento de la que para este ítem figura en el presupuesto oficial de la obra.

b) Si el contrato fuera por ajuste alzado y representase en algún ítem un aumento o disminución superior al treinta por ciento del importe de dicho ítem, los precios aplicables serán fijados por análisis y de común acuerdo entre las partes, en la forma que se establezca en los pliegos de bases y condiciones. El porcentaje de la alteración se establecerá sobre el cómputo especial efectuado para el caso, en base a los planos y especificaciones del proyecto que integra el contrato, con prescindencia del cualquier otro cómputo que pudiera figurar en la documentación.

c) En el caso de ítem nuevo debe convenirse el precio a aplicar por analogía de los precios contractuales o por análisis de precios.

d) En caso de supresión de ítems, se determinará de común acuerdo el valor real del ítem suprimido a los efectos de contemplar los gastos generales, por los cuales el contratista debe ser indemnizado y determinar el reajuste contractual correspondiente.

Para ello se procederá en la siguiente forma:

1 Cuando los precios unitarios hubieran sido calculados por el contratista el valor de los gastos generales será el que se deduzca del análisis de precios.

2) Cuando los precios unitarios se obtuvieren de los fijados por la Administración, el valor a reconocer será el que resulte de deducir del precio unitario el beneficio y gastos directos.

De no llegarse a un acuerdo sobre los precios nuevos los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el contratista, a quien se le reconocerá el costo real, más los porcentajes de gastos generales y beneficios que corresponda, todo de conformidad al procedimiento que establezca la documentación contractual.

Artículo 43°.- El derecho acordado en los incisos a) y b) del artículo anterior podrá ser ejercido por las partes en cualquier momento, y los nuevos precios que se convengan, se aplicarán a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha en que se ejerció el derecho.

Artículo 44°.- En los contratos celebrados por el sistema de coste y costas, el porcentaje a que se refiere el artículo 41° se calculará sobre las cantidades de obras contratadas.

Artículo 45°.- La reglamentación determinará con precisión, la base con las que se determinará el valor de cada uno de los elementos del precio.

Artículo 46°.- Toda ampliación o reducción de obra significará un reajuste del plazo contractual, en que debe ser fijado por la Administración con la conformidad del contratista.

En toda ampliación de obra o en los adicionales o imprevistos que se autoricen, deben reajustarse las garantías correspondientes.

CAPITULO VII -DE LA MEDICION Y CERTIFICACION Y PAGO

Artículo 47°.- Los pliegos de bases y condiciones determinarán la forma como debe ser medida y certificada la obra y/o provisión.

Artículo 48°.- A los efectos de esta ordenanza, se entiende por certificado, todo crédito, documento que expida la Administración al contratista con motivo del contrato de obra pública. Las observaciones que el contratista formulare sobre los certificados no eximirán a la Administración de la obligación de pago de los mismos en su totalidad, hasta una suma líquida reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos.

De reconocerse el derecho del contratista sobre el reclamo, los intereses por el saldo se liquidarán de acuerdo al criterio establecido en el artículo 52°.

Artículo 49°.- Del importe de cada certificado, excepto de los de acopios e intereses, se deducirá el cinco por ciento que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de ejecución de la obra o fondo de reparos. Este depósito, podrá ser sustituido por los demás medios que prevea la reglamentación.

En caso de ser afectado el pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez días corridos, bajo apercibimiento de rescisión del contrato y su ejecución por un tercero a su cargo, igualmente se procederá cuando la afectación esté referida a la garantía del contrato.

Artículo 50°.- Todos los certificados, salvo el final, son provisionales. Una vez expedido no pueden ser modificados en su importe ni trabado su trámite de pago, en sede administrativa, por ninguna circunstancia, salvo error material evidente. De advertirse error u omisiones en los certificados, serán tenidos en cuenta en los siguientes, cualquiera sea su naturaleza. Dentro de los setenta y cinco días corridos contados desde el de la recepción provisoria, se procederá a expedir el certificado de liquidación final.

Artículo 51°.- Dentro del mes siguiente al que se efectúen los trabajos o acopios, la repartición expedirá el correspondiente certificado de pago de los mismos, como así también los adicionales o de reajustes a que hubiere lugar y el provisorio de variaciones de precios. Si el contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulase al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto el contratista no tendrá derecho a los intereses previstos en el artículo 48°.

Artículo 52°.- El pago de los certificados con excepción del de la liquidación final a que se refiere el artículo 50° y el de las variaciones de costos correspondientes al mismo, se efectuará dentro de los sesenta días corridos contados a partir del mes siguiente al que fueron realizados los trabajos o acopios, salvo que los pliegos de condiciones particulares establezcan un plazo menor.

Para el certificado de liquidación final y el de variaciones de costos correspondiente, el plazo que fija el párrafo anterior comenzará a contar a partir de la fecha de la firma por el contratista de los citados certificados, o desde el vencimiento de los setenta y cinco (75) días a que alude el artículo 50°, el que se produzca primero. Vencidos dichos plazos la Administración incurrirá automáticamente en mora, sin perjuicio de los demás derechos que le correspondan por la presente ordenanza, correrán desde entonces a favor del contratista intereses o se actualizará la suma adeudada con sus correspondientes intereses, en un todo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. El derecho del contratista a percibir intereses o a la actualización de la deuda, según corresponda, no está sujeto a la formulación reserva alguna.

Los intereses o la actualización de la deuda, según lo determine la reglamentación, serán liquidados y abonados al contratista dentro de los quince días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados fuera ocasionada por culpa del contratista, éste no tendrá derecho al cobro de los intereses o la actualización que fijan los párrafos anteriores.

Artículo 53°.- La obra podrá contratarse por pagos diferidos. En estos casos se establecerá en el pliego respectivo los plazos y modalidades para el pago de los certificados.

Artículo 54°.- El pliego deberá estipular los medios de pago y su valor, en caso de preverse que no será efectivizado el total de la obra en moneda argentina.

Artículo 55°.- Las liquidaciones de las variaciones de precios se efectuarán por los períodos que establezca la reglamentación y tendrán carácter definitivo en cuanto al criterio de cálculo de las variaciones de costos. Los errores de cómputos que pudieran producirse, se rectificarán al comprobarse, siempre que ello se produzca antes de la liquidación final.

Loa saldos que resulten de las diferencias entre las liquidaciones de las variaciones de precios definitivas y las aproximadas tendrán los mismos plazos de pago, que los certificados ordinarios de obras o de acopios y provisorios de variaciones de costos.

No dará derecho a la percepción de variaciones de costos, por los acopios o ejecución de obras equivalentes a los anticipos totales o parciales otorgados por la Administración.

Artículo 56°.- Cuando la mora en los pagos de la Administración lesione el presupuesto financiero previsto por el contratista para la obra, éste tendrá derecho a solicitar se autorice la disminución del ritmo de los trabajos y ampliación del plazo del contrato acompañando las pruebas necesarias. En tal caso la disminución será proporcional a la incidencia del perjuicio conforme al procedimiento que determine la reglamentación, sin perjuicio de su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. En el caso que la Administración lo considere conveniente, podrá acordar con el contratista el mantenimiento del ritmo de ejecución contractual, mediante el reconocimiento de las mayores erogaciones que por dicho motivo se le originen.

Artículo 57°.- Para la certificación de provisiones regirán las normas de despacho y pago correspondientes a certificados de obras y sólo podrá eximirse la constitución del fondo de reparo, cuando se estime conveniente, a criterio de la Administración.

CAPITULO VIII -DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

Artículo 58°.- Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, provisional o definitivamente, conforme a lo establecido en el contrato, pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente para la Administración, y de común acuerdo con el contratista. La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que fije el pliego.

Dentro de los treinta días corridos de solicitada por el contratista la Administración procederá a efectuar las recepciones correspondientes

Artículo 59°.- Si al procederse a la inspección previa a la recepción provisional, se encontrasen obras que no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que el contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.

A tales efectos, la Administración fijará un plazo, transcurrido el cual, si el contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, la Administración podrá ejecutarlas por sí o con intervención de terceros cargando los gastos al contratista, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren. Cuando se tratase de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional, dejando constancia en el acta para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía.

Artículo 60°.- La recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía fijado en el pliego el que regirá a partir de la fecha del acta de recepción provisional. Si  la recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones, y si durante el plazo de garantía no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieren realizado los trabajos de conservación que previeran los pliegos, la Administración efectuará la recepción definitiva. El contratista está obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisional y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantía que le sean notificadas. La Administración intimará al contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento procederá a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra y determinará el monto en que se afecta el fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, el plazo de garantía de las partes afectada de la obra podrá prorrogarse hasta un máximo que no excederá el plazo de garantía original.

Artículo 61°.- Producida la recepción provisional o definitiva, se procederá dentro del plazo de treinta días corridos a hacer efectiva la devolución de las garantías que correspondan. Si hubiera recepciones provisionales o definitivas parciales, se devolverá la parte proporcional de la garantía, siempre dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. En caso de mora atribuible a la Administración, el contratista tendrá derecho a percibir intereses del tipo fijado por el sistema bancario oficial para el descuento de los certificados.

Artículo 62°.- La habilitación total o parcial dispuesta por la Administración, da derecho al contratista a reclamar la formalización del acta y recepción provisional de la parte habilitada. La habilitación de hecho no dispuesta expresamente por la Administración no da derecho al contratista a reclamar la recepción provisional de la parte habilitada.

Artículo 63°.- Cuando los pliegos de condiciones exijan la ejecución de ciertos trabajos por otros contratistas determinados por la Administración, el contratista principal tiene derecho a que se efectúe la recepción parcial de sus trabajos independientes del estado de cumplimiento del contrato por parte de aquellos contratistas.

Artículo 64°.- Transcurrido el plazo establecido en el artículo 58° sin que la Administración efectúe las recepciones correspondientes y no mediando causa justificada, las mismas se considerarán operadas automáticamente.

Artículo 65°.- Para el caso de provisiones u obras especiales, los pliegos determinarán lo concerniente a las recepciones provisionales o definitivas.

CAPITULO IX -DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

Artículo 66°.- En caso de quiebra, concurso preventivo, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente o muerte del contratista, dentro del término de treinta días corridos de producirse algunos de los supuestos, los representantes o herederos, en su caso, podrán ofrecer continuar la obra por sí o por intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el contrato. Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato quedará rescindido de pleno derecho. Formulado el ofrecimiento en término, la Administración podrá admitirlo o rechazarlo, con causa fundada sin que este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

Artículo 67°.- En los casos previstos en el artículo 66° los efectos serán los siguientes:

a) Recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentra.

b) Liquidación y pago de los trabajos ejecutados que no merezcan objeción.

c) Certificación y pago de los materiales acopiados o cuya compra hubiere sido contratada y que la Administración quisiera adquirir.

d) Liquidación y pago a los precios de plaza a la fecha de rescisión, del valor de los equipos, herramientas, útiles y demás enseres que la Administración quiera adquirir o arrendar. A falta de acuerdo sobre el precio a pagar, la Administración podrá disponer de ellos previo inventario y valuación. En este supuesto el contratista podrá recurrir de la valuación o del precio de uso, en su caso.

e) Aplicación de las multas que pudieran corresponderle.

f) La Administración podrá subrogar al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la obra.

g) No corresponderá el pago de gastos que se hubieren vuelto improductivos como consecuencia de la rescisión ni tampoco lucro cesante o daño emergente. Las liquidaciones deberán terminarse en el plazo de noventa días corridos a partir de la fecha de la rescisión. El vencimiento de este plazo determinará la mora de la Administración, los créditos devengarán los intereses y/o actualización previstos para el supuesto de falta de pago de certificados.

Artículo 68°.- La Administración tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b) Cuando el contratista sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en la documentación contractual para la iniciación de la obra. En este caso la Administración, a pedido del contratista, podrá conceder prórrogas del plazo, pero si vencido éste tampoco dio comienzo a los trabajos la rescisión se declarará sin más trámite.

c) Cuando sin mediar causa justificada el contratista no de cumplimiento al plan de trabajo. Previamente la Administración lo intimará para que, dentro del plazo que le fije, alcance el nivel de ejecución del plan previsto.

d) Cuando el contratista ceda total o parcialmente el contrato o se asocie con otro u otros para la ejecución de la obra o su-contrate la misma, sin autorización de la Administración.

e) Cuando el contratista infrinja las leyes de trabajo, impositivas o cualquier otra de orden público.

f) Cuando el total de las multas aplicadas alcance el diez por ciento del monto contractual.

g) Cuando se dé el caso previsto en los artículos 28° y 49°.

h) Cuando sin causa justificada el contratista abandonare o interrumpiere los trabajos por plazos mayores de ocho días en más de tres ocasiones o por un período mayor de un mes.

Artículo 69°.- En los casos previstos en el artículo 68° los efectos de la rescisión serán los siguientes:

a) Ocupación inmediata de la obra por la Administración en el estado que se encuentre. Recepción provisional de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales.

b) La Administración podrá resolver la ejecución del contrato por un tercero, siendo a cargo del adjudicatario la diferencia de precio que pudiere resultar. Para el caso que decidiera ejecutarlo por vía administrativa podrá efectuar la correspondiente reclamación indemnizatoria por daños, perjuicios, diferencias de precios, etc., excluidos el lucro cesante.

c) Aplicación de las multas que pudieran corresponderle al contratante.

d) Liquidación y pago a los precios de plaza a la fecha de rescisión del valor de los equipos, herramientas, útiles y demás enseres que la Administración quiera adquirir o arrendar. A falta de acuerdo sobre el precio a pagar, la Administración podrá disponer de previo inventario y valuación.

e) Asimismo podrá comprar los materiales necesarios al precio de costo, que el contratista hubiere acopiado para esa obra. Los créditos que resulten, por los materiales que la Administración reciba en virtud del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas, por las obras inconclusas que sean de recibo y por fondos de reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato.

f) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviere en la continuación de las obras, con respecto a los precios del contrato rescindido.

g) La Administración podrá subrogar al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la obra.

h) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ordenanza, el contratista que incurra en dolo o grave o reiteradas negligencias, perderá el deposito de garantía y será eliminado o suspendido del Registro por el término que fije la reglamentación y que no podrá ser menor de un año.

i) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto del depósito de garantía, aquella podrá hacerse efectiva sobre el equipo u otros bienes de su propiedad.

Artículo 70º.- El contratista tendrá derecho de solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la Administración no efectúe la entrega de terrenos ni realice el replanteo cuando éste corresponda.

b) Cuando las alteraciones o modificaciones del importe contractual contempladas en el Capitulo VI excedan de las condiciones y porcentajes obligatorios establecidos.

c) Cuando por causas imputables a la Administración se suspenda por más de tres meses la ejecución de la obra. d) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el plan de trabajo, en más de un cincuenta por ciento durante más de cuatro meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte de la Administración en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.

e) Cuando la Administración demore la emisión o pago de uno o más certificados, que en conjunto superen el veinte por ciento del importe contractual original, por más de tres meses después del término señalado en el artículo correspondiente, sin perjuicio del reconocimiento de los intereses y/o actualiación establecido en el artículo 52º. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediare culpa o negligencia del contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones cuya certificación no haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los plazos comenzarán a regir desde queexiste resolución firme y definitiva al respecto. En todos los casos el contratista intimará previamente a la Administración para que en el término de treinta días corridos, normalice la situación, el contratista tendrá derecho a solicitar a la Administración la rescisión del contrato por su culpa, la que deberá pronunciarse dentro del término de treinta días corridos, a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que la Administración se pronunciare, el contratista la intimará para que se expida en el plazo de diez días corridos, y de no hacerlo se entenderá automáticamente rescindido el contrato.

Artículo 71º.- En los casos previstos en el artículo 70º los efectos serán los siguientes:

a) Recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentre, salvo las partes que no están de acuerdo a las condiciones contractuales debiendo realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de garantía fijado.

b) Devolución de las garantías constituidas para el cumplimiento del contrato.

c) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados.

d) Certificación y pago de los materiales acopiados o cuya compra hubiere sido contratada, salvo que el contratista los quisiera retener.

e) Aplicación de las multas que pudieran corresponderle al contratista.

f) Liquidación y pago a favor del contratista, previa valuación practicada de común acuerdo, de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres que se hubieran adquiridos específicamente para la obra, siempre que el contratista no los quisiera retener.

g) La Administración podrá subrogar al contratista de sus derechos y obligaciones con respecto de los contratos que hubiere celebrado con tercero para la ejecución de la obra.

En caso contrario deberá indemnizarlo por los eventuales perjuicios que pudiera producirle la rescisión de dichos contratos.

h) Indemnización al contratista por los daños y perjuicios directos que sean consecuencia de la rescisión excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la recepción provisional de la obra.

Artículo 72º.- Será causa de rescisión del contrato únicamente, la fuerza mayor o el caso fortuito que imposibiliten su cumplimiento. En este caso la Administración abonará al contratista el trabajo efectuado y podrá adquirir, con la conformidad del contratista, los materiales y equipos específicamente destinados a la obra.

Artículo 73º.- Cuando no se den plenamente los supuestos de rescisión previstos en los artículos 66º, 68º, 70º y 72º o cuando concurrieran las causales de unos y otros, podrá rescindise el contrato, graduando, de común acuerdo, las consecuencias que se mencionan en los artículos 67º, 69º y 71º

CAPITULO X -DEL RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

Artículo 74º.- La Administración, salvo los casos de otorgamiento de anticipos totales o parciales congelando las variaciones de precios o disposición en contrario del pliego en condiciones particulares, tendrá a su cargo o beneficio las variaciones de costos netos que se produzcan en más o menos, respecto a los siguientes conceptos: mano de obra y sus cargas sociales, materiales de uso y consumo, amortización de equipos, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes, energía, transporte de materiales y equipos y todo otro elemento significativo integrante del costo neto de las obras. Cuando las obras, acopios correspondientes a éstas o provisiones deban ejecutarse en su totalidad en un plazo que no exceda ciento veinte días corridos de licitados, podrá reconocerse solamente, si así se estableciera en el pliego, las variaciones de costos netos de mano de obra, de los combustibles y de la energía y de aquellos materiales expresamente especificados en las bases de la licitación. Podrá contratarse con la condición de precios invariables las previsiones de origen extranjero, pagaderas en moneda extranjera.

Artículo 75º.- A las variaciones del costo neto, enumerados en el artículo anterior se le adicionará el porcentaje que haya fijado el contratista en sus análisis de precios en concepto de "Gastos Generales" y al importe resultante se le adicionará el diez por ciento en concepto de "Beneficios", porcentaje éste que será invariable y que también deberá haber considerado el contratista en sus análisis de precios. Los pliegos de condiciones establecerán el procedimiento para considerar la variación de los importes correspondientes a "Gastos Financieros" e "Impuestos al Valor Agregado" que haya considerado el contratista en sus análisis.

Artículo 76º.- No serán reconocidos los mayores costos que sean consecuencia de la imprevisión, omisión, negligencia, impericia o error de operaciones de los contratistas.

Artículo 77º.- Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la fecha prevista en el plan de trabajo, con una tolerancia de hasta un diez por ciento de acuerdo con lo que disponga el pliego de condiciones, las variaciones de costos se referirán a las fechas en que debieron ejecutarse con su tolerancia, salvo que la ejecución demorada o postergada hubiera sido justificada por la Administración, prorrogando los plazos.

Artículo 78º.- A las variaciones de costos calculados se le descontarán los porcentajes equivalentes al fondo de reparo y la garantía contractual. Una vez emitido los certificados por la autoridad competente, deberá seguirse el trámite común a los certificados de obra, con los mismos plazos, intereses moratorios o actualización, establecidos en los artículos 52º y 55º.

CAPITULO XI -DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 79º.- La reglamentación de la ordenanza, o en su defecto el pliego de condiciones, deben establecer las multas u otras penalidades que se aplicarán al contratista por el incumplimiento de las obligaciones emergentes de esta ordenanza y el respectivo contrato.

Artículo 80º.- Cuando esta ordenanza menciona a la Administración debe entenderse por tal a la Municipalidad de Paraná o dependencias centralizadas, autárquicas o empresas que pertenezca a su patrimonio, que es el comitente de la obra pública.

Artículo 81º.- La presente ordenanza comenzará a regir a partir de la aprobación del respectivo decreto reglamentario pero los actos cumplidos como consecuencia de contratos celebrados bajo la vigencia de las normas de legislación anterior continuarán sometidos a ellas, salvo que, por razones de equidad de trato como acuerdo formal entre las partes resuelva aplicar la nueva normatividad.

Artículo 82º.- Derógase la ordenanza nº 5975 del 14 de enero de 1975 y toda otra disposición de análoga o inferior jerarquía que se oponga a la presente.

Artículo 83º.- Con nota de estilo, remítase al Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia de Entre Ríos.

(*) Texto según modificación introducida por ordenanza nº 6585. 

 

(1) Por Decreto nº 49/1980 se aprueba el Reglamento de Ordenanza de Obras Públicas.

(2) Por Decreto nº 2123/1992 se aprueba el Pliego General de Condiciones Unico.

(3) Por Decreto nº 499/2002 se establecen medidas sobre la documentación exigida a los contratistas de obras.

(4) Ver Ordenanza nº 8278  que establece que se deberá exigir a contratistas y subcontratistas en toda contratación de obra pública, el Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de sus trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones. Ver Texto Completo en este digesto Municipal.

(5) Por Ordenanza nº 9692 se establécese que en todos los carteles de obras públicas que se ejecuten en el ejido municipal se incorporen mensajes de interés general, dando referencia a temas tales como enfermedades como VIH, el dengue, defensa de los animales, cuidado del medio ambiente, donación de órganos, células madres y todos aquellos temas que sirvan como mensaje de prevención y concientización. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.

(6) Por Decreto nº 1185/2018 se adhiere a las disposiciones fijadas por Decreto nº 2715/16 MPLyS -Metodología de Redeterminación de los Precios de los Contratos de Obra Pública. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.

(7) Por Decreto nº 1858/2018 se aprueba el trámite de Redeterminación de Precios para los Contratos de Obra Pública. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.

Información adicional

  • Número de Ordenanza:: 6416
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Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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