Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Ley Nº 24071
Sancionada: 04.03.1992.
Promulgada de hecho: 07.04.1992.
Publicada: 20.04.1992

ARTICULO 1º –– Apruébase el CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
ARTICULO 2º –– Comuníquese al Poder Ejecutivo. –

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Convenio 169
CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957,
adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:

PARTE I. POLITICA GENERAL
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todos sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.
Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.
Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.
Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.
Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la Legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.
Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
PARTE II. TIERRAS
Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.
PARTE III. CONTRATACION Y CONDICIONES DE EMPLEO
Articulo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la Legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.
PARTE IV. FORMACION PROFESIONAL ARTESANIA E INDUSTRIAS RURALES
Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.
Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos.
Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.
PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD
Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
PARTE VI. EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION
Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.
Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.
PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACION A TRAVES DE LAS FRONTERAS
Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.
PARTE VIII. ADMINISTRACION
Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.
PARTE IX. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.
Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.
PARTE X. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales 1957.
Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 39
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros de la Organización.
2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Ley nº 26811
Sancionada: 28.11.2012
Promulgada de Hecho: 08.01.2013
Publicada: 21.01.2013

ARTICULO 1º.— Institúyese el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional" con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

ARTICULO 2º.— Propónese que en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

ARTICULO 3º.— Disponer para cada uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron.

ARTICULO 4º.— Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para disponer en los distintos ámbitos de su competencia la implementación de actividades específicas, en el mismo sentido que el dispuesto para la comunidad educativa en el artículo 2º de la presente ley.

ARTICULO 5º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Ley nº 10781
Sancionada: 20.12.2019
Promulgada: 27.12.2019
Publicada: 20.01.2020

Artículo 1°.- Apruébase el Consenso Fiscal celebrado el 17 de diciembre de 2019, por medio del cual se complementa y modifica el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y su modificatorio el Consenso Fiscal de fecha 13 de septiembre de 2018, y ratifícase la gestión del Señor Gobernador de Entre Ríos de suscribir el mismo con el Poder Ejecutivo Nacional, representantes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, que, como Anexo, forma parte integrante de esta ley.(1)(2)

Artículo 2°.- Sustitúyase el inciso k) del Artículo 194°del Código Fiscal (T.O. 2018), por el siguiente: " Los ingresos atribuibles a la explotación de minas y canteras realizadas en la Provincia, siempre que la facturación anual no supere el monto que a tal efecto establezca la Ley Impositiva, excepto que la comercialización de los productos se efectúe luego de ser sometidos a procesos de transformación o al por menor A partir del 1° de enero de 2021 se elimina el requisito de monto de facturación anual establecido por la Ley Impositiva" .

Artículo 3°.- Sustitúyase el inciso i') del Artículo 194°del Código Fiscal (T.O. 2018), por el siguiente: " Los ingresos atribuibles a la producción agropecuaria, caza, silvicultura y pesca, desarrolladas por Micro y Pequeños contribuyentes, según la categoría de contribuyentes dispuesta en función del Artículo 191° de este Código, y para todas las categorías de contribuyentes a partir del 1°de enero de 2021, excepto que la comercialización de los frutos y productos se efectúe luego de ser sometidos a procesos de transformación o al por menor" .

Artículo 4°.- Sustitúyase el inciso j') del Articulo 194°del Código Fiscal (T.O. 2018), por el siguiente: " Los ingresos atribuibles a la industria manufacturera, desarrollada por Micro y Pequeños contribuyentes, según la categoría de contribuyentes dispuesta en función del Articulo 191º de este Código, y para todas las categorías de contribuyentes a partir del 1° de enero de 2021" .

Artículo 5°.- Sustitúyase el artículo 8° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente: " Las alícuotas para cada actividad, serán las que se indican en el presente articulo:

(1) Establécese las siguientes alícuotas especiales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos atribuibles a la actividad de Industria Manufacturera, en función de la categoría que corresponda al contribuyente según lo dispuesto en el Artículo 191° de Código Fiscal, del siguiente modo:

a) del uno por ciento (1%) para los contribuyentes cuya categoría sea Medianos 1 para el ejercicio fiscal 2020,

b) del uno con veinticinco centésimas por ciento (1,25%) para el ejercicio fiscal 2020, para los contribuyentes cuya categoría sea Medianos 2,

(2) Establécese las siguientes alícuotas especiales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos atribuibles a la actividad de "Comercio Mayorista y Minorista" en función de la categoría que corresponda al contribuyente según lo dispuesto en el Artículo 191º de Código Fiscal, del siguiente modo:

a) del tres con cincuenta centésimas por ciento (3,50%), para las categorías de Micro y Pequeños contribuyentes, siempre que hubieran presentado y pagado dentro del mes de vencimiento, las obligaciones mensuales del impuesto de los periodos correspondientes al año calendario inmediato anterior, y que no registre ajustes de fiscalización en el impuesto en los últimos tres (3) años calendarios. Los ajustes de fiscalización indicados deben tratarse de decisiones administrativas firmes, ya sea por estar consentidas por el contribuyente, expresa o tácitamente, o por haberse agotado la vía administrativa mediante la interposición de los medios recursivos establecidos por el Código Fiscal para el procedimiento administrativo tributario.

b) del cuatro por ciento (4%), para las categorías de Micro y Pequeños contribuyentes, cuando no cumplan los requisitos de buena conducta tributaria requeridos en el inciso anterior.

c) del cuatro por ciento (4%), para las categorías de Medianos 1 y Medianos 2, siempre que hubieran presentado y pagado dentro del mes de vencimiento, las obligaciones mensuales del impuesto de los periodos correspondientes al año calendario inmediato anterior, y que no registre ajustes de fiscalización en el impuesto en los últimos tres (3) años calendarios. Los ajustes de fiscalización indicados deben tratarse de decisiones administrativas firmes, ya sea por estar consentidas por el contribuyente, expresa o tácitamente, o por haberse agotado la vía administrativa mediante la interposición de los medios recursivos establecidos por el Código Fiscal para el procedimiento administrativo tributario.

d) del cuatro con cincuenta centésimas por ciento (4,50%), para las categorías de Medianos 1 y Medianos 2, cuando no cumplan los requisitos de buena conducta tributaria requeridos en el inciso anterior. Los ingresos atribuibles a servicios en general, cuando no hayan sido detallados en la tabla de alícuotas del presente articulo, tendrán el tratamiento dispuesto para el sector de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler.

Los ingresos atribuibles a ventas realizadas por contribuyentes del sector industrial a consumidores finales, tendrán el tratamiento dispuesto para el sector Comercio. Se define como comercio mayorista, a las ventas, con prescindencia de la significación económica y/o de la cantidad de unidades comercializadas, cuando la adquisición de los bienes se realice para revenderlos o comercializarlos en el mismo estado o para incorporarlos en el desarrollo específico de una actividad industrial o de la construcción. Asimismo, se consideran mayoristas, las ventas de bienes realizadas al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus entes autárquicos y organismos descentralizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable para la comercialización mayorista de combustible. Se entiende por esta a las ventas realizadas por empresas que comercializan el combustible líquido con marca propia, que sean contribuyentes del impuesto a los combustibles (Ley N° 23966 Y sus modificatorias) y que realicen dichas ventas a estaciones de servicio para la reventa al público.

Artículo 6°.- Sustitúyase el articulo 12° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente:

"Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se enumeran se deberá pagar el impuesto que en cada caso se establece:

Artículo 7°.- Sustitúyase el artículo 13° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente:

"Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se enumeran, se deberá pagar el impuesto que en cada caso se establece:

Establécese en 2 (dos) puntos el coeficiente corrector para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana Subrural y Rural de la Provincia, previsto en el artículo 209º y siguientes del Capitulo III del Código Fiscal y modificatorias. Se faculta a la Administradora a establecer, sobre la base de los informes elaborados a tal fin por la Dirección de Catastro, un nuevo coeficiente corrector el cual podría diferir para los inmuebles pertenecientes a cada uno de los tipos de plantas definidas

Artículo 8°.- Sustitúyase el articulo 14° de la Ley 9622 y modificatorias (t.o. 2018) por el siguiente:

"Por los actos, contratos y operaciones que a continuación se enumeran, se deberá pagar el impuesto que en cada caso se establece. 

Artículo 9°.- Incorpórese como artículo nuevo a continuación del Artículo 35° de la Ley Impositiva Nº 9622 y modificatorias (T.O. 2018) el siguiente:

Articulo Nuevo.- Para la integración del Fondo de Asistencia Social previsto en la Ley N° 4035, Articulo 9°, se aplicarán los siguientes gravámenes: a) El Aporte patronal se determinará aplicando la alícuota sobre el monto mensual devengado en concepto de remuneración a las personas que guarden con el aportante relación de dependencia. A los fines de este inciso se entiende por relación de dependencia y remuneración a cualquiera de los modos y formas establecidos por la legislación laboral o administrativa de fondo. Este aporte debe ser satisfecho aun por aquéllos que estuvieren exceptuados de otras obligaciones fiscales.

La alícuota del Aporte Patronal se determinará en función de la categoría que cada contribuyente asuma según el procedimiento dispuesto en el Artículo 191° del Código Fiscal, y será la que se establece desde el día primero de los meses que se indican a continuación, en cada caso:

b) Aporte personal de los empleados, obreros y demás personas que trabajan en relación de dependencia en ámbito privado y público. Nacional, provincial y municipal, del seis por mil (6o/oo), que se aplicará sobre el monto mensual devengado que perciba por los conceptos mencionados en inciso a) o sobre el jornal de trabajo de las personas que realizan prestación en forma no permanente. Lo dispuesto en el presente inciso tendrá vigencia hasta el 01 de diciembre de 2020.

Artículo 10°.- Sustitúyese el Inciso d) del Artículo 23° Bis de la Ley 10.204 por el siguiente:

"d) La autoridad de aplicación de las disposiciones del Régimen establecido por este artículo será el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, quien determinará las actividades industriales especificas incluidas en el presente Régimen, reglamentará su procedimiento y quedará facultado para prorrogar el Régimen en iguales condiciones, para el año 2020."

Artículo 11°.- Todo lo dispuesto en la presente ley tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2020, salvo donde se indica otra fecha.

Artículo 12°.- Comuníquese, etcétera.

(1) Por Ley nº 27542
Sancionada: 29.01.2020
Promulgada: 11.02.2020
Publicada: 12.02.2020

Artículo 1°.- Apruébase el CONSENSO FISCAL, suscripto el 17 de diciembre de 2019 por el Poder Ejecutivo nacional, representantes de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente ley.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

El Consenso Fiscal aprobado obra como Archivo Adjunto 

(2) Las Leyes Provinciales nº 10687 y nº 10557, que aprueban los consensos mencionados obran en este Digesto Municipal 

 

Ley nº 10778
Sancionada: 03.12.2019
Promulgada: 17.12.2019
Publicada: 02.01.2020

REGULACIÓN DE LOS PASTIZALES NATURALES

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Declárase de interés provincial la conservación, defensa, preservación, mejoramiento, aprovechamiento y protección de los pastizales naturales, que se encuentren bajo el dominio público o privado, por constituir un patrimonio natural de importancia socioeconómico; así como toda política pública que genere incentivos para el cuidado de los pastizales naturales en todo el territorio de la Provincia.-

Artículo 2°.- Entiéndase por Pastizales Naturales a los fines de esta ley, todo eco sistema definido como campo natural, en el que la comunidad herbácea está dominada por distintas especies nativas de la familia de las gramineas (poaseas), con cobertura de especies leñosas que no supere el treinta por ciento (30%) del ecosistema observado, a excepción de las consideradas especies exóticas invasoras según Ley Nro. 10.485.-

Artículo 3°.- Entiéndase por Pastizal Natural Sustentable, al área que produee forrajes con predominio o dominancia de pasturas nativas de la familia de las gramíneas (Poaseas), arbustos ramoneables, herbáceas o mezcla de éstas. Este valor forrajero, constituye un recurso natural renovable. La sustentabilidad de los pastizales naturales, está directamente relacionada a la preservación del recurso natural y el ambiente productivo, constituyéndose como la concepción de un plan de manejo conservacionista, eficaz y eficiente, para el aprovechamiento de lID recurso como los pastizales naturales.-

CAPÍTULO II: OBJETIVOS

Artículo 4°.- Los objetivos generales de conservación de los pastizales naturales son:

a) Proteger muestras de la totalidad de ambientes naturales y especies de la Provincia de Entre Ríos, preservando su carácter de bancos genéticos, de reguladores ambientales y de fuentes de materias primas, mejorando cuando corresponda, su productividad.

b) Conservar en su lugar de origen los recursos genéticos.

c) Proteger ecosistemas ambientales y hábitats terrestres y acuáticos que alberguen especies migratorias, endémicas, raras, amenazadas y de uso comercial.

d) Mantener la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos y evolutivos naturales.

e) Conservar el patrimonio natural y cultural.

f) Realizar investigaciones en los pastizales naturales tendientes a encontrar opciones de modelos y técnicas para el desarrollo sustentable.

g) Minimizar la erosión de suelos.

h) Mantener bajo manejo protectivo o recuperativo, según corresponda, aquellos espacios que constituyen muestras de grandes eco sistemas terrestres de la Provincia y paisajes y formas de relieve singulares o únicos.

i) Proteger y brindar áreas de pastizales naturales cercanas a los centros urbanos para que los habitantes disfruten de una recreación en convivencia con una naturaleza lo mejor conservada posible.

j) Cumplir con los servicios ecosistémicos, tales como la protección del suelo y cuencas hídricas, recarga de acuíferos, captura de carbono, albergue de insectos y aves controladoras de plagas de cultivos, provisión de paisajes.

k) Dotar a los pastizales naturales de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios, que permita la investigación científica de los ecosistemas y sus componentes, el desarrollo de actividades educativas y la implementación del sistema de control y vigilancia.

l) Incentivar producciones compatibles con los pastizales naturales, como la ganadería y la apicultura entre otras, procurando establecer medidas que le otorguen beneficios diferenciales a los productos provenientes de estas zonas.

m) Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y de los pastizales naturales en particular, por iniciativa de la autoridad de aplicación o en coordinación con establecimientos educativos de todos los niveles.-

CAPÍTULO III: AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 5°.- La Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales dependiente de la Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos o quien la reemplace en el futuro, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley y el órgano ejecutor de la política provincial de pastizales naturales, en el marco de los objetivos establecidos en el Articulo 4°.

Artículo 6°.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:

a) Entender en la conservación, el manejo y la fiscalización de las superficies de pastizales naturales sujetas a su jurisdicción.

b) Elaborar y aprobar Planes de Manejo y Conservación para la gestión de las áreas sujetas a su jurisdicción, los que preverán las acciones a cumplirse en cuanto a la protección y conservación de los recursos naturales, de los eco sistemas y de la calidad ambiental de los asentamiento s humanos.

c) Promover la educación ambiental en todos los niveles educativos, especialmente en la temática de manejo y conservación de pastizales naturales.

d) Promover la realización de estudios e investigaciones científicas, censos de poblaciones, encuestas de visitantes y relevamientos e inventarios de recursos naturales existentes en los pastizales naturales.

e) Intervenir obligatoriamente, a los fines de la previsión y control del impacto ambiental, en el estudio, programación y autorización de cualquier proyecto de obra pública a realizarse en las áreas de pastizales naturales sujetas a su jurisdicción, en coordinación con las demás autoridades competentes en la materia.

f) Autorizar y fiscalizar los proyectos de obras de aprovechamiento de recursos naturales de carácter privado, fijando normas para su ejecución, a fin de asegurar el debido control de su impacto ambiental.

g) Dictar normas generales para la planificación de las vías de acceso y de los circuitos camineros en las áreas de pastizales naturales, a fin de minimizar el impacto ambiental. En caso de tratarse de rutas provinciales o nacionales, la autoridad vial deberá dar intervención a la autoridad de aplicación en el estudio del trazado, a los fines establecidos en el párrafo anterior y someter a su aprobación el proyecto definitivo.

h) Establecer regímenes sobre acceso, permanencia, tránsito y actividades recreativas de las áreas pastizales naturales sujetas a su jurisdicción y el control de su cumplimiento.

i) Favorecer toda la colaboración recíproca necesaria con las autoridades provinciales, municipales y comunales para el mejor cumplimiento de sus respectivos fines.

j) Celebrar convenios con las autoridades provinciales a fin de coordinar con ellas el ejercicio del poder de policía cuando ello resultare conveniente para su mejor control de las actividades de que se trate.

k) Celebrar convenios con municipalidades, comunas, entidades públicas o privadas, sociedades del Estado o empresas del Estado o con participación mayoritaria estatal, ya sean nacionales, internacionales, provinciales o municipales, para el mejor cumplimiento de los fines de la presente ley.

l) Celebrar convenios de intercambio y de asistencia técnica y financiera de carácter internacional, que hagan al mejor cumplimiento de los fines de la presente ley.

m) Aplicar sanciones por infracciones a la presente ley y de acuerdo con las normas que en ella se establecen.

n) Dictar todas las reglamentaciones que sean necesarias a los fines de la aplicación de la presente ley, siempre que hayan sido delegadas por la misma o por decretos reglamentarios.-

Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación incentivará la creación de Asociaciones Cooperadoras de los sitios de pastizales naturales y la constitución de Cooperativas integradas por pobladores de las jurisdicciones vinculadas a estas áreas, a los fines del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las zonas en que ello sea permitido mediante el otorgamiento de beneficios de distinta índole, los cuales se establecerán en las normas reglamentarias que se dicten, así como la participación de las mencionadas cooperativas en las obras y servicios que deban ejecutarse en las áreas sujetas a su jurisdicción.-

Artículo 8°.- En todos los actos administrativos vinculados con atribuciones y deberes comprendidos dentro de lo establecido en la presente ley, se deberá dar intervención previa a la autoridad de aplicación.-

CAPÍTULO IV: RESERVAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Artículo 9°.- Se entiende por Reservas Públicas, aquellos predios de dominio público provincial, municipal o comunal, que conservan rasgos naturales de interés educativo o turístico, que permitan la subsistencia en zonas urbanas o periurbanas de aspectos naturales dignos de conservarse, y que sean declarados como tales por las autoridades pertinentes.-

Artículo 10°.- Para la incorporación de un predio de dominio municipal dentro del presente sistema la Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con el municipio, quedando bajo la regulación de la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.-

Artículo 11°.- Se entiende por Reservas Privadas aquellas áreas de dominio de particulares que mediante convenios especiales con la autoridad de aplicación pasen a integrar el Sistema de Pastizales Naturales dentro de los principios establecidos en esta ley.-

Artículo 12°.- Se establecerá en las normas reglamentarias que se dicten, un régimen de adhesión a la categoría de Reserva Privada, el cual, a modo de estímulo, contemplará suficientes beneficios impositivos, fiscales y/o crediticios, previo convenio con la Autoridad de Aplicación.-

Artículo 13°.- La Autoridad de Aplicación será la responsable de la administración, manejo y contralor de las áreas de su dominio y jurisdicción.-

Artículo 14°.- La Autoridad de Aplicación establecerá un régimen de control, vigilancia y señalización de las Reservas Privadas, que en virtud de convenios pasen a integrar el Sistema de Pastizales Naturales.-

CAPÍTULO V: ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE PASTIZALES NATURALES (ICP)

Artículo 15°.- Establécese el Índice de Contribución a la Conservación de Pastizales Naturales (ICP) para establecimientos rurales en el ámbito de la Provincia, a través del cual se obtendrán las calificaciones necesarias para la selección y promoción de establecimientos rurales para su ingreso al Régimen de Reservas Naturales Privadas, previsto en la correspondiente ley.-

Artículo 16°.- El Índice de Contribución a la Conservación de Pastizales Naturales (ICP) para establecimientos rurales, incidirá en la ecuación de liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural, pudiendo morigerar las obligaciones de productores con actitud conservacionista (proveedores de servicios ecosistémicos) o aumentar las alicuotas de aquellos productores que aún en zonas de gran valor agroecológico (con impuestos menores), resuelvan el reemplazo de los ambientes naturales.-

Artículo 17°.- Se trabajará en conjunto con otras instituciones y se celebrarán convenios de trabajo para la ejecución de tareas de campo y mediciones de satélite entre organismos públicos y privados, tales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las Universidades que se desempeñan en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, organismos de investigación dependientes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre otros.-

CAPÍTULO VI: LOS INCENTIVOS

Artículo 18°.- Los adherentes a la presente ley, y a modo de incentivo por la adhesión al régimen de Reservas Privadas gozarán de beneficios impositivos, fiscales y crediticios.-

Artículo 19°.- El Poder Ejecutivo podrá exceptuar o reducir la carga tributaría del impuesto inmobiliario sobre la superficie afectada como pastizal natural, durante el plazo que el mismo estipule y si se da cumplimiento a las normativas. La Autoridad de Aplicación fijará los plazos y los porcentajes que se reducirán del Impuesto Inmobiliario, según el área. Asimismo, podrá contemplar otros estímulos para motivar la concreción de las mencionadas áreas. La implementación será de forma gradual, y no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del impuesto determinado.-

Artículo 20°.- Al formalizarse la adhesión se requerirá que el o los propietarios tengan regularizada su situación impositiva.-

Artículo 21°.- Los propietarios y productores que se acojan al régimen de la presente ley podrán recibir, de acuerdo a las modalidades que correspondan los siguientes beneficios:

a) Créditos en condiciones de fomento, con destino al desarrollo sustentable y al adecuado manejo de los pastizales naturales. En la reglamentación se fijarán los porcentajes de financiamiento, en función de los siguientes parámetros: zonas de localización, especie y proyección socioeconómica del proyecto. Estos indicadores serán prioritarios, pero no necesariamente en el orden expuesto. Los intereses devengados por cada integración, deberán ser pagados dentro del periodo de gracia. En todos los casos los préstamos deberán ser respaldados mediante la constitución de garantías reales.

b) Subsidios a programas de conservación de pastizales naturales, no concurrentes con otras promociones o incentivos de carácter comunal, municipal, provincial, nacional o internacional. La Autoridad de Aplicación, en función de los costos de la conservación de pastizales naturales, establecerá los montos y cupos anuales que solventará el Fondo de Protección de los pastizales naturales, determinando zonas, especies y niveles de promoción, los que serán dados a publicidad en tiempo y forma.-

Artículo 22°.- La Autoridad de Aplicación certificará el cumplimiento de las pautas y plazos contenidos en el Plan de Manejo y Conservación de Pastizales Naturales y comunicará a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el momento a partir del cual los adherentes acceden a los beneficios previstos en los Artículos 18, 19 Y 21.-

Artículo 23°.- Las actividades incentivadas obligarán a los interesados a:

a) Presentar un plan de trabajo aprobado por la Autoridad de Aplicación y avalado por un profesional competente, quien será el responsable técnico solidario del cumplimiento del plan propuesto.

b) Realizar las certificaciones profesionales correspondientes al grado de avance del proyecto. La aprobación de tales certificaciones permitirá acceder a los fondos destinados a la promoción, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.-

CAPÍTULO VII: DEL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PASTIZALES NATURALES

Artículo 24°.- Créase el Fondo para la Protección de los Pastizales Naturales, de carácter acumulativo, el que estará integrado por los siguientes recursos:

a) Aquellos que el Poder Ejecutivo Provincial afecte presupuestariamente.

b) Los aportes provenientes del Gobierno Nacional u otros organismos nacionales e internacionales, públicos o privados.

c) Los importes percibidos por la aplicación del canon a la sustitución permanente de los pastizales naturales.

d) Las recaudaciones por infracciones a la presente ley y su decreto reglamentario.

e) Las contribuciones voluntarias de personas humanas y juridicas.

f) Un porcentaje preestablecido proveniente de la desgravación impositiva por aprobación de proyecto presentado.-

Artículo 25°.- De los recursos incorporados al Fondo de Protección de los Pastizales Naturales, deberá destinarse un porcentaje a la promoción de la conservación de los pastizales naturales. El saldo podrá ser utilizado en tareas de mantenimiento y producción de viveros, investigaciones, capacitación, equipamiento y los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley. Si los recursos destinados a promover la conservación de los pastizales naturales no fueran utilizados en su totalidad en cada campaña de promoción, la autoridad de aplicación podrá disponer su utilización para atender los otros aspectos que contempla el destino del Fondo de Protección de los Pastizales Naturales.-

CAPÍTULO VIII: RÉGIMEN SANCIONATORIO Y ACCIONES JUDlCIALES

Artículo 26°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a realizar las inspecciones relativas al cumplimiento de la presente ley. Ante la negativa del propietario, usufructuario, arrendatario u ocupante por cualquier título, en permítir las inspecciones a la Autoridad de Aplicación, se recurrirá a la vía judicial para lograrlo, mediante la sustanciación del procedimiento sumarísimo.-

Artículo 27°.- Las infracciones que pudieren cometerse con relación a lo dispuesto por la presente ley, su reglamentación y las disposiciones que por vía resolutiva adoptare la Autoridad de Aplicación, se sancionarán con las penalidades que a continuación se expresan, teniendo siempre en cuenta la gravedad de la infracción:

a) Apercibimiento verbal o escrito.

b) Inhabilitación, prohibición de ingreso, expulsión.

c) Suspensión de permísos u otras formas de actividades autorizadas.

d) Cancelación de permisos u otras formas de actividades autorizadas, clausura transitoria o definitiva.

e) Decomiso de bienes muebles, semovientes y de todo elemento que hubiere participado en el acto sancionatorio.

f) Multas: de valor equivalente de 20 a 2.000 litros de nafta común, graduable conforme la gravedad de la acción sancionada y el carácter de reincidente del o los infractores involucrados.

g) Devolución del monto correspondiente a los beneficios desgravatorios del Impuesto Inmobiliario Rural con los intereses actualizados.-

Artículo 28°.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente ley será investigado mediante sumario que tramitará la Autoridad de Aplicación, con sujeción al procedimiento que establezca la reglamentación. La investigación podrá iniciarse de oficio sobre la base de informes, actas o denuncias.-

Artículo 29°.- Quienes realicen cortes o aprovechamientos no autorizados de los pastizales naturales serán pasibles de sanciones o multas establecidas en la reglamentación de la presente ley.-

Artículo 30°.- Las reincidencias en las infracciones indicadas, motivarán que el monto de la multa se duplique, triplique y así proporcionalmente acorde a las reincidencias. No se considerará reincidencia la infracción cometida después de los cinco (5) años.-

Artículo 31°.- Los profesionales actuantes que emitan informes incorrectos o falsos, serán pasibles de:

a) Apercibimiento

b) Suspensión

c) Inhabilitación

En cada caso, las actuaciones serán remitidas al Colegio Profesional correspondiente y al Juez competente si correspondiere.-

Artículo 32°.- El procedimiento especial que por reglamentación se determine, garantizará el derecho a defensa de los presuntos infractores.-

Artículo 33°.- El cobro judicial de los derechos, tasas, contribución de mejoras, cánones, recargos, multas y patentes se efectuará por vía de ejecución fiscal legislada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, sirviendo de suficiente título ejecutivo la certificación de deuda expedida por la autoridad de aplicación.-

Artículo 34°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios con municipalidades, comunas, comisiones de fomento o dependencias policiales, las que podrán percibir, cuando se efectivice el cobro proveniente de infracciones, un porcentaje del monto resultante. -

Artículo 35°.- El incumplimiento de los programas aprobados de promoción de la conservación de pastizales naturales sin justa causa, motivará la inmediata devolución de la totalidad de los importes percibidos, con más los intereses correspondientes.-

Artículo 36°.- Las cuestiones no previstas expresamente en el texto de la presente ley, serán resueltas por la autoridad de aplicación.-

CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 37°.- La Autoridad de Aplicación elevará al Poder Ejecutivo Provincial dentro de los noventa (90) días de la publicación de la presente ley, los proyectos de Decretos Reglamentarios de la misma, y de adecuación de su estructura orgánica a sus normas.-

Artículo 38°.- Comuníquese, etcétera.-

Ley nº 10771
Sancionada: 27.11.2019
Promulgada: 17.12.2019
Publicada: 02.01.2020

Artículo 1°.- La publicación del Boletín Oficial de la Provincia en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, en la forma y condiciones y con las garantías que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial, obligatoria y auténtica.

Artículo 2°.- Las autoridades del Poder Ejecutivo deberán publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la totalidad de los decretos, con sus respectivos anexos, sin excepción, dentro de los 30 días hábiles de la fecha de su dictado.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo garantizará la publicación, vía web, de todos los anexos correspondientes al Boletín Oficial a los efectos del cumplimiento del artículo 2°.

Artículo 4°.- Las disposiciones previstas en la presente ley de ningún modo alteran o menoscaban los derechos que los trabajadores que vienen prestando tareas en el Boletín Oficial y la Imprenta Oficial de la Provincia, tienen adquiridos en mérito a las normas estatutarias, escalafonarias y convencionales vigentes.

Artículo 5°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10774
Sancionada: 27.11.2019
Promulgada: 17.12.2019
Publicada: 02.01.2020

Artículo 1°.- Decláranse como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de potabilización y distribución de agua y el servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la Provincia de Entre Rios.

Artículo 2°.- Entiéndase por servicio esencial, aquel que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población.

Artículo 3°.- En aquellos casos en que por razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran adoptar medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción.

Artículo 4°.- La presente ley es de orden público para todo el territorio Provincial.

Artículo 5°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10768
Sancionada: 03.12.2019
Promulgada: 16.12.2019
Publicada: 19.12.2019

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Entre Ríos, en todos sus términos a la Ley Nacional N°27.499, "Ley Micaela" de capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos.

Artículo 3°.- Créase el "Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres" (en adelante Observatorio), el cual es presidido por la autoridad de aplicación. El Observatorio es integrado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante por cada Cámara del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial, un representante por cada Universidad Pública con asiento en la Provincia y tres (3) representantes de organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas cuyo objeto contemple la defensa de los derechos de las mujeres. Sus integrantes desempeñan funciones ad honorem. Todos los integrantes del Observatorio tienen voz y voto y en caso de empate decide el voto de la presidencia.

Artículo 4°.- Son funciones del Observatorio: el asesoramiento, participación y sugerencia en la materia y sus conclusiones son elevadas, a través de la autoridad de aplicación, al Poder Ejecutivo para su consideración.

Artículo 5°.- El Observatorio certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, las que deberán ser enviadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El Observatorio podrá realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad. Los organismos que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan elaborado o adaptado programas de capacitación en género, deberán utilizar los programas, cursos u otras plataformas de capacitación propuestas por el Observatorio.

Artículo 6°.- Facúltase a la autoridad de aplicación u organismo que este prevea, a la realización de convenios específicos de capacitación con organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas cuyo objeto contemple la defensa de los derechos de las mujeres, Universidades Públicas con asiento en la Provincia, Municipios, Comunas, Poder Ejecutivo Nacional y todo otro ente, organización e institución que considere pertinente.

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación contará con un link de acceso directo en la página web del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, cuyo contenido mínimo debe:

- Difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos.

- Elaborar indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo.

- Identificar a las/os responsables de cumplir con las obligaciones emergentes de la presente y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía.

- Publicar un informe anual sobre el cumplimiento de la dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de máximas autoridades de la Provincia que se han capacitado.

- Publicar una reseña bibliográfica de la vida de Micaela Garcia y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio.

Artículo 8°.- Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente serán intimadas en forma fehaciente por el Observatorio a través de la autoridad de aplicación y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerada falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la web del Observatorio.

Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para garantizar el funcionamiento del Observatario de seguimiento de capacitación en género y violencia contra las mujeres, de conformidad a las posibilidades financieras de la Provincia. Las sucesivas Leyes de Presupuesto deberán contener las respectivas previsiones.

Artículo 10°.- Invítase a los municipios, comunas y Juntas de Gobierno de las localidades de la Provincia a adherir a la presente ley.

Artículo 11°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 27499
Sancionada: 19.12.2019
Promulgada: 10.01.2019
Publicada: 10.01.2019

LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL ESTADO

Artículo 1°.- Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Artículo 2°.- Las personas referidas en el artículo 1° deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones.

Artículo 3°.- El Instituto Nacional de las Mujeres es autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 4°.- Las máximas autoridades de los organismos referidos en el artículo 1°, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley.
Para tal fin, los organismos públicos podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país.

Artículo 5°.- El Instituto Nacional de las Mujeres certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser enviadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.

Artículo 6°.- La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.

Artículo 7°.- El Instituto Nacional de las Mujeres, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos referidos en el artículo 1°.
En la página se identificará a las/os responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía.
Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres publicará en esta página web un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado.
Además de los indicadores cuantitativos, el Instituto Nacional de las Mujeres elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo. Los resultados deberán integrar el informe anual referido en el párrafo anterior.
En la página web del Instituto Nacional de las Mujeres se publicará una reseña biográfica de la vida de Micaela García y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio.

Artículo 8°.- Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres.

Artículo 9°.- Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.

Artículo 10.- Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Cláusula Transitoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 4°, los organismos que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan elaborado o adaptado programas de capacitación en género, deberán utilizar los programas, cursos u otras plataformas de capacitación diseñados por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Artículo 11.— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Decreto nº 3869/2019 MEHF
Fecha: 09.12.2019
Publicado: 17.02.2020

(1)Artículo 1º.- Apruébase el Porcentual de Coparticipación de Impuestos Nacionales de 15,67814%, que corresponde distribuir al conjunto de los ochenta y tres (83) Municipios de la Provincia de Entre Ríos, aplicables a todo el ejercicio 2020.

Artículo 2º.- Apruébase la Tabla de Índices de Coparticipación de Impuestos Nacionales a distribuir entre el conjunto de ochenta y tres (83) Municipios de la Provincia de Entre Ríos, con vigencia para todo el ejercicio 2020, conforme se discrimina en el Anexo I, el que agregado forma parte del presente decreto.

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Economía, Hacienda y Finanzas.

Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese,publíquese, archívese y pasen las actuaciones a la Contaduría General de la Provincia, asus efectos.

                                                                                                                                                                     ANEXO I

Municipios — Indices

1° de Mayo, 0,48547;

Alcaráz, 0,56255;

Aldea San Antonio, 0,51932;

Aranguren, 0,52390;

Basavilbaso, 0,88771;

Bovril, 0,86200;

Caseros, 0,57960;

Ceibas, 0,53308;

Cerrito, 0,73597;

Chajarí, 2,64289;

Colón, 2,20569;

Colonia Avellaneda, 0,69027;

Colonia Ayuí, 0,53799;

Colonia Elía, 0,49032,

Concepción del Uruguay, 4,53807,

Concordia, 9,48713;

Conscripto Bernardi, 0,50562;

Crespo, 1,72533,

Diamante, 1,35364;

Enrique Carbó, 0,47016;

Estancia Grande, 0,55273;

Federación, 1,79006;

Federal, 1,32590;

General Campos, 0,60684;

General Galarza, 0,70097;

General Ramírez, 0,99102;

Gilbert, 0,48194;

Gobernador Maciá, 0,79687;

Gobernador Mansilla, 0,54101;

Gualeguay, 2,49648;

Gualeguaychú, 5,30106;

Hasenkamp, 0,69655;

Hernández, 0,53547;

Herrera, 0,50708;

Ibicuy, 0,69637;

La Criolla, 0,55411;

La Paz, 1,68122;

Larroque, 0,75864;

Libertador San Martín, 0,81712;

Los Charrúas, 0,62094;

Los Conquistadores, 0,49162;

Lucas González, 0,65592;

María Grande, 0,83845;

Nogoyá, 1,59792;

Oro Verde, 0,67252;

Paraná, 14,24615;

Piedras Blancas, 0,54618;

Pronunciamiento, 0,49810;

Pueblo General Belgrano, 0,57216;

Puerto Yeruá, 0,51697;

Rosario del Tala, 1,09414;

San Benito, 0,89706,

San Gustavo, 0,52623;

San Jaime, 0,62738;

San José, 1,43174;

San José de Feliciano, 0,98579;

San Justo, 0,51395;

San Salvador, 1.19707;

Santa Ana, 0,54535;

Santa Anita, 0,50030;

Santa Elena, 1,17527;

Sauce de Luna, 0,59515;

Seguí, 0,68392;

Tabossi, 0,49812;

Ubajay, 0,55379;

Urdinarrain, 0,96295;

Valle María, 0,59556;

Viale, 1,00350;

Victoria, 2,40661;

Villa Clara, 0,56077;

Villa del Rosario, 0,63493;

Villa Domínguez, 0,50835;

Villa Elisa, 1,16474;

Villa Hernandarias, 0,70901;

Villa Mantero, 0,50163;

Villa Paranacito, 0,65695;

Villa Urquiza, 0,51827;

Villaguay, 2,19173;

Aldea Brasilera, 0,47017;

Aldea María Luisa, 0,47160;

El Pingo, 0,46400;

Pueblo Brugo, 0,46834;

Pueblo Liebig, 0,46055;

Totales, 100,00000.

(1) Obra como Archivo Adjunto el Decreto nº 3023/2019 MEHF que aprueba provisoriamente Tabla de Indices.

Ley nº 10557
Sancionada: 26.12.2017
Promulgada: 27.12.2017
Publicada: 04.01.2018

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y ratifícase la gestión del Señor Gobernador de Entre Ríos de suscribir con el Poder Ejecutivo Nacional, representantes de las Provincias suscribientes, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el mismo, que como Anexo, forma parte integrante de esta ley.(1)
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los montos que surjan de la afectación específica determinada por aplicación del Punto I "Compromisos Comunes", Inciso c) del Consenso Fiscal, entendiéndose por tales aquellos importes derivados de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y su distribución conforme lo establecido en la Ley Nº 20.628 (T.O. por Decreto Nº 649/97 PEN) Artículo 104 Incisos b) y d), o la que en el futuro la remplace, por definición y/o contenido, se destinará a los gastos de programas que componen la Finalidad 3: Servicios Sociales de la Clasificación por Finalidad y Función del Manual de Clasificaciones Presupuestarias Provincial, y a los gastos destinados a financiar a las diferentes Unidades Ejecutoras de Obras Públicas y Viviendas.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que las transferencias con afectación específica que surjan de la aplicación del Punto II "Compromisos asumidos por el Estado Nacional", Inciso a) del Consenso Fiscal, se destinarán a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial, en sus ámbitos urbanos o rurales, incluyendo sin limitación los servicios de la deuda que correspondan a financiamientos tomados, o a tomarse, para esas finalidades.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese la reducción progresiva de la alícuota establecida por el Artículo 9º por la Ley Nº 4035, y sus modificatorias, hasta su eliminación total.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que la aplicación de la disposición contenida en el Punto III "Compromisos asumidos por las Provincias y la CABA", Inciso w) del Consenso Fiscal, entrará en vigencia a partir del año 2020.

 

 

 

(1) Por Ley nº 27429
Sancionada: 21.12.2017
Promulgada: 29.12.2017
Publicada: 02.01.2018

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como Anexo, forma parte integrante de esta ley.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

El Consenso Fiscal aprobado obra como Archivo Adjunto.

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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