Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Ley nº 10455
Sancionada: 05.10.2016
Promulgada: 19.10.2016
Publicada: 28.10.2016

ARTÍCULO 1°.- Establécese en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el Sistema Provincial de Botones Anti-pánico para Víctimas de Violencia de Género con el objeto de proteger y otorgar asistencia inmediata a las víctimas de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Defínase como botón antipánico, aquel dispositivo de geolocalización y alerta a autoridades de las fuerzas de seguridad.

ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Gobierno, o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 4º.- La Autoridad de Aplicación entregará a las víctimas los dispositivos anti-pánico en comodato, el que sólo puede ser utilizado por aquellas en forma personal y por el tiempo que se extienda la situación de peligro generado por el hecho violento.

ARTÍCULO 5°.- Para proceder a la entrega de dicho dispositivo de emergencia las víctimas deberán contar con Resolución Judicial de Exclusión de Hogar y/o Prohibición de Acercamiento, conforme lo dispuesto en los supuestos previstos por el artículo 26 de la Ley Nacional Nº 26.485 y el artículo 9º de la Ley Provincial Nº 9198, expedida por Juez competente de la cual surja la conveniencia y se ordene el uso del mismo.
La Resolución Judicial debe contener los datos particulares del caso, el tiempo estimado de utilización del dispositivo -el que podrá ser prorrogado automáticamente mientras subsista el riesgo a la víctima-, los datos identificatorios del denunciado y la denunciante de agresión quien debe tener su domicilio ubicado dentro del ámbito de cobertura del Centro de Monitoreo que a tal efecto disponga la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 6°.- El dispositivo anti-pánico debe contar con conexión directa a los Centros de Monitoreo, que a tales efectos creará la autoridad de aplicación, o a los que ya se encuentren en funcionamiento en el ámbito de la Provincia. Estos deberán adoptar la tecnología necesaria para receptar el alerta y detectar el geo-posicionamiento de la víctima al momento de poner en funcionamiento el botón anti-pánico.

ARTÍCULO 7º.- La autoridad de aplicación deberá establecer las acciones necesarias para garantizar la presencia inmediata de personal policial al lugar geo-referenciado conforme el alerta emitida por el dispositivo antipánico. Asimismo deberá proceder a la identificación y registro del personal policial designado.

ARTÍCULO 8º.- Todos los datos que surgieran de la tecnología aplicada al sistema servirá como medio de prueba en el proceso judicial en el cual fuera requerida su aplicación.

ARTÍCULO 9º.- Autorízase a la Autoridad de Aplicación a la firma de los protocolos y/o convenios necesarios para la aplicación de la presente y a la coordinación con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia para la implementación de las resoluciones judiciales necesarias para ello. La misma garantizará la capacitación de los agentes involucrados en la aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 10º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias que den reflejo al cumplimiento de los propósitos de la presente.

ARTICULO 11º.- La presente ley entrará en vigencia a partir del quinto día hábil a contar desde la fecha de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, la que no podrá exceder los 180 días de promulgada la presente.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10417
Sancionada: 12.04.2016
Promulgada: 27.04.2016
Publicada: 13.05.2016

ARTÍCULO 1°.- Establécese que las boletas de obligaciones tributarias y servicios públicos que se emitan bajo la regulación e intervención del Estado Provincial deberán contener leyendas de carácter preventivo respecto de la temática de violencia en sus diferentes manifestaciones; como así también incorporar el teléfono gratuito 144 de orientación para las víctimas.

ARTÍCULO 2º.- Será autoridad de aplicación, implementación y seguimiento el organismo que designe el Poder Ejecutivo con el acompañamiento del Consejo Provincial de Prevención de la Violencia (COPREV).

ARTÍCULO 3º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia a adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10416
Sancionada: 31.03.2016
Promulgada: 15.04.2016
Publicada: 27.04.2016

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

CAPÍTULO I: OBJETO. MARCO LEGAL. PRINCIPIOS.

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. La presente ley tiene como fin establecer políticas públicas para prevenir, reconocer y abordar la conflictividad social en el ámbito escolar, instituyendo las bases para la promoción, la intervención institucional, la recopilación de experiencias sobre la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo dependiente del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones de la provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2º.- MARCO LEGAL. La presente ley se encuadra en el siguiente marco legal:
a) Ley Nacional Nº 23.849 de "Convención sobre los Derechos del Niño".
b) Ley Nacional Nº 26.061 de "Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes".
c) Ley Nacional Nº 26.206 de Educación.
d) Ley Nacional Nº 26.892 de "Promoción de la Convivencia y el Abordaje de La Conflictividad Social en las Instituciones Educativas".
e) Constitución Provincial, Artículo 257º.
f) Ley Provincial Nº 9.890 de Educación.
g) Resolución Provincial Nº 2150/14 del Consejo General de Educación que establece el "Dispositivo para el abordaje de la conflictividad social en las instituciones Educativas", que como Anexo I forma parte de la presente ley.
h) Decreto Provincial Nº 1507/12, que suscribe al "Protocolo Interministerial e intersectorial de acciones destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia Integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar", que como Anexo II forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 3º.- PRINCIPIOS. La presente ley se regirá por los siguientes principios fundamentales y orientadores:
a) La protección integral de los niños, adolescentes y jóvenes ante cualquier proceso de toma de decisiones, así como la movilización de los recursos disponibles en los ámbitos legal, educativo, social y otros, a fin de garantizar la interrupción de la situación de violencia y lograr un mejor contexto psicosocial para ellos.
b) El respeto por los derechos humanos como orientación para la convivencia social y la integración a la vida escolar, social y comunitaria.
c) La educación en el respeto mutuo a la dignidad e intimidad de las personas, el reconocimiento de los valores, creencias e identidades culturales de todos. El respeto y la aceptación de las diferencias.
d) La escuela es un lugar de construcción e interacción de subjetividades. En los procesos pedagógicos, de socialización e inclusión, los niños, adolescentes y jóvenes son sujetos iguales como agentes de derechos, pero diferentes por sus singularidades.
e) El rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación.
f) El rol de la escuela enmarcado en la educación para la paz y la no violencia, desde un abordaje transversal. La resolución no violenta de conflictos será la metodología utilizada para el tratamiento de los problemas de convivencia, desde una perspectiva preventiva, de intervención y posventiva.
g) La promoción y fortalecimiento permanente del diálogo y la reflexión, que permitan orientar y viabilizar la toma de decisiones y actuaciones pertinentes así como el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas inclusivas.
h) El derecho a participar de diferentes ámbitos y asuntos de la vida escolar.
i) El respeto por las normas y la sanción de las transgresiones, con un encuadre que forme parte de la enseñanza socializadora de la escuela y que posibilite al alumno continuar su proceso de inclusión.
j) La contextualización de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según las perspectivas de los actores, las situaciones previas y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley.
k) La promoción de espacios de reflexión que garanticen el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas.
l) La valoración primordial del sentido formativo en la construcción de límites, al aplicar eventuales sanciones o llamados de atención.
m) El reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas, bienes de la escuela o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona o grupos responsables de esos hechos.

ARTÍCULO 4º.- OBJETIVOS: Son objetivos de la presente ley:
a) Estimular la adopción del enfoque de derechos humanos como orientación para la convivencia y la integración a la vida social y comunitaria.
b) Potenciar valores y prácticas democráticas para el ejercicio de la ciudadanía y la inclusión social.
c) Promover que las instituciones educativas expresen en cada toma de decisión y en cada una de sus prácticas el espíritu de la inclusión escolar.
d) Garantizar los derechos y deberes de niños, adolescentes y jóvenes.
e) Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia.
f) Orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico.
g) Promover la elaboración y revisión de las normas de convivencia en las instituciones educativas, con la finalidad de establecer bases para generar acuerdos de convivencia y conformar órganos de participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.
h) Establecer los lineamientos sobre las sanciones a aplicar en casos de transgresión de las normas.
i) Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y a sus equipos docentes para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia.
j) Fortalecer los lazos entre familia y escuela que propicien el trabajo conjunto para alcanzar acuerdos precisos de colaboración mutua y proyectar metas comunes entre ambas.
k) Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en los distintos departamentos y ciudades para la prevención, la intervención y la posvención ante situaciones de violencia.
l) Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas.

CAPÍTULO II: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. LINEAMIENTOS.

ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones a través del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, es la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 6º.- El Consejo General de Educación debe promover la elaboración y revisión de las normas sobre convivencia en las instituciones educativas para todos los niveles y modalidades de la enseñanza, a partir de los siguientes lineamientos:
a) Orientar las acciones de los integrantes de la comunidad educativa hacia el respeto de sí mismo y del otro, la aceptación de las diferencias, el respeto por la vida y los derechos de cada persona y la resolución no violenta de los conflictos.
b) Propiciar vínculos pluralistas que impulsen el diálogo y la interrelación en la diversidad.
c) Reconocer las competencias de las instituciones educativas para elaborar y revisar periódicamente sus propios acuerdos de convivencia garantizando la participación de la comunidad educativa, adecuándose a las características específicas de los diferentes niveles, modalidades y contextos.
d) Reconocer la facultad que tiene la escuela para disponer el abordaje transversal e institucional de la resolución pacífica de conflictos y la educación para la paz, incorporando al proyecto educativo institucional el contexto en la que la institución está inserta.
e) Impulsar modos de organización institucional que garanticen la participación de los alumnos, docentes y familias en diferentes ámbitos y asuntos de la vida institucional de la escuela, según las especificidades de cada nivel y modalidad.
f) Prever y regular la conformación y funcionamiento de órganos e instancias de participación, reflexión, diálogo y consulta en relación con la convivencia en las instituciones educativas, que resulten adecuados a la edad y madurez de los niños, adolescentes y jóvenes. Los mismos deben ser de funcionamiento permanente y deben estar representados todos los sectores de la comunidad educativa.
g) Impulsar la constitución de un sistema de sanciones formativas dentro de un proceso educativo de construcción de límites, que posibilite al niño, al adolescente o al joven, internalizarlos para asumir responsabilidades progresivamente, teniendo en cuenta la perspectiva de los derechos y deberes.
h) Promover la recopilación de experiencias sobre la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en las instituciones educativas.

ARTÍCULO 7º.- El Consejo General de Educación regulará las sanciones a ser aplicadas a los niños, adolescentes y jóvenes, en caso de transgresión, considerando el paradigma no punitivo y siguiendo las pautas que se detallan a continuación:
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al niño, adolescente o joven, asumir responsabilidades progresivamente teniendo en cuenta la perspectiva de los derechos y deberes, según las características de los diferentes niveles y modalidades.
b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión cometida.
c) Deben aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según los diferentes actores, las situaciones previas y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante las normas.
d) Deben definirse garantizando el derecho del niño, adolescente o joven, a ser escuchado y a formular su descargo.

ARTÍCULO 8º.- Queda expresamente prohibida cualquier norma o medida que atente contra el derecho a la participación de los docentes, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, en la vida educativa institucional.

ARTÍCULO 9º.- Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los niños, adolescentes o jóvenes en el sistema educativo.

CAPÍTULO III: FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES.

ARTÍCULO 10º.- El Consejo General de Educación debe:
a) Promover la educación para la paz y la no violencia.
b) Promover el desarrollo de estrategias y acciones para fortalecer a las instituciones educativas y a los equipos docentes y de supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia en las instituciones educativas.
c) Propiciar la conformación de consejos de convivencia escolar y departamental.
d) Impulsar la consolidación de espacios de orientación, reflexión y participación acerca de la conflictividad social.
e) Fortalecer a los equipos profesionales de los distintos departamentos a fin de que éstos puedan proveer el acompañamiento y la asistencia profesional, tanto individual como institucional, a los sujetos y a los grupos que encuentren situaciones de violencia en contextos escolares, de modo de atender las dimensiones sociales, educativas, vinculares y subjetivas.
f) Proponer acciones e iniciativas que afiancen una cultura democrática en las instituciones educativas.
g) Elaborar guías y resoluciones orientadoras que establezcan líneas de acción, criterios normativos y distribución de responsabilidades para los diferentes actores del sistema y las instituciones educativas, de modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia producidas en el contexto escolar.
h) Desarrollar acciones institucionales tendientes a generar condiciones que inhiban el maltrato, la discriminación, el acoso escolar o cualquier otra forma de violencia entre pares, adultos, niños, adolescentes y jóvenes.
i) Garantizar el abordaje de la conflictividad social conforme al "Dispositivo para el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas", dispuesto por la Resolución Provincial Nº 2150, articulando acciones con otros organismos gubernamentales, tendientes al cumplimiento de esta ley, con el objetivo de atender la problemática en toda su magnitud y complejidad.
j) Promover que en la cátedra de Derechos Humanos de los institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones, se incluya en sus contenidos curriculares el abordaje de la conflictividad social y la promoción de la convivencia en las instituciones educativas.

CAPÍTULO IV: ACCIONES A DESARROLLAR POR EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 11º.- El Consejo General de Educación desarrollará las siguientes acciones:
a) Acordar convenios con universidades para el desarrollo de investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas, a fin de generar y difundir información oficial, pública y confiable sobre las dimensiones y caracterizaciones de los fenómenos con especial énfasis en los aspectos pedagógicos.
b) Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las formas que adquiere la violencia en las instituciones educativa ante los nuevos modos de interacción en entornos virtuales.
c) Identificar, sistematizar y comunicar las situaciones de conflicto acaecidas en las instituciones educativas a los organismos correspondientes.
d) Identificar, sistematizar y difundir a través de los organismos correspondientes, prácticas que hayan permitido crear condiciones favorables para la convivencia, el encuentro y la comunicación en las instituciones educativas.

ARTÍCULO 12º.- El Consejo General de Educación elaborará un informe anual de carácter público en base a los resultados de las investigaciones sobre convivencia y conflictividad en las instituciones educativas y las acciones llevadas a cabo en el marco de la presente ley con el objetivo de evaluar el estado de situación para el desarrollo y orientación de las políticas educativas.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10496
Sancionada: 01.06.2017
Promulgada: 21.06.2017
Publicada: 12.07.2017

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, como ente autárquico descentralizado, el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (CO.PRE.V.). Se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 2º.- El Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (CO.PRE.V), funcionará bajo la conducción de un Presidente que será secundado por un Secretario General, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 3º.- En órbita del Consejo funcionará una mesa intersectorial como órgano honorario, con especialidad en la materia, conformada por: un representante de cada uno de los Ministerios; un representante de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo Provincial; un representante del Poder Judicial; un representante del Ministerio Público de la Defensa; un representante del Ministerio Público Fiscal; un representante por las entidades sindicales o gremiales; un representante por cada Universidad; un representante por cada Colegio de Profesionales afines y un representante por cada organización no gubernamental dedicada a la temática, quienes revistarán la calidad de consejeros. Estos consejeros desarrollarán sus tareas ad-honorem.
ARTÍCULO 4º.- En órbita del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas (CO.PRE.V.), funcionará el Hogar de Protección Integral para mujeres en situación de violencia "Inés Londra" de Paraná, conforme al convenio celebrado con el Consejo Nacional de las Mujeres, ratificado mediante Decreto 3071/13 y todos aquellos de similar y análoga naturaleza que se creen en el territorio y jurisdicción provincial.(1)
ARTÍCULO 5º.- El Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las violencias (CO.PRE.V.), tendrá las siguientes funciones y facultades:
a) Desarrollar y diseñar políticas públicas de carácter institucional destinadas a promover la igualdad de género y contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación.
b) Propiciar la promoción y fortalecimiento de acciones y estrategias vinculadas a la prevención y protección integral de las violencias en todo el territorio.
c) Promover el trabajo articulado, participación, corresponsabilidad y comunicación permanente entre los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales.
d) Construir el segundo nivel de intervención, teniendo como objetivo brindar asesoramiento y la coordinación de la asistencia integral a personas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos de reparticiones públicas y privadas, en temas vinculados a la violencia y promoción de los derechos humanos de los sectores vulnerables.
e) Realizar convenios de cooperación y asistencia recíproca con organismos internacionales, Nacionales, Provinciales, Municipales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entidades gremiales, colegios de profesionales, entre otros.
f) Gestionar acciones que permitan optimizar, profundizar y avanzar en el abordaje interdisciplinario de la problemática de las violencias en todo el territorio.
g) A través de la Mesa Intersectorial, se encargará del estudio, análisis y revisión y seguimiento de las políticas públicas, protocolos, y demás dispositivos vigentes y a crearse, sus ejes temáticos, de las acciones intermedias que se desarrollen en virtud de la aplicación de los mismos.
h) Asesorar a los distintos organismos y poderes del Estado en la promoción de acciones en el ámbito de su competencia y la sanción de normas a nivel provincial en temas vinculados a la presente ley.
ARTÍCULO 6º.- En el término de tres (3) meses de su entrada en vigencia y sin perjuicio de la inmediata puesta en funcionamiento y operatividad de la presente, el Consejo propondrá al Poder Ejecutivo su reglamento de funcionamiento y organización interna conforme lo estipulado en esta ley.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, etcétera.

 

(1) El Decreto nº 3071/2013 MPlyS obra como archivo Adjunto

Contacto:
Dirección: Andrés Pazos 242 - Paraná
Teléfono: 0343-4840503 / 4840239
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Ley nº 10218
Sancionada: 24.04.2013
Promulgada: 06.06.2013
Publicada: 13.06.2013

Adhesión a la Ley Nacional Nº 26811 "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional"

ARTÍCULO 1º.- Adherir a la Ley Nacional Nº 26.811 que declara el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional", con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

ARTÍCULO 2º.- Incorporar al calendario escolar provincial el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional".

ARTÍCULO 3º.- Disponer la señalización de cada uno de los lugares donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional, acompañada de una leyenda alusiva en repudio de los hechos que allí sucedieron.

ARTÍCULO 4º.- La provincia de Entre Ríos se compromete a eliminar por medio del Poder Ejecutivo todas las medidas políticas y administrativas que permitan o toleren actos de violencia institucional. El Poder Legislativo provincial se compromete a sancionar las leyes y a realizar las modificaciones legislativas para evitar cualquier tipo de detención ilegal o arbitraria. El Poder Judicial tomará las medidas que permitan el acceso irrestricto a la justicia de las víctimas de actos de violencia institucional y el cumplimiento de las garantías procesales en todas sus instancias.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10186
Sancionada: 20.12.2012
Promulgada: 21.12.2012
Publicada: 26.12.2012

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese en el territorio de la Provincia de Entre Ríos la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente Ley se entiende por establecimientos o locales a:
a) Todo lugar abierto al público o de acceso al público en donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad;
b) Todos los locales de cualquier tipo abiertos al público o de acceso al público en donde los concurrentes o clientes traten con hombres o mujeres contratados para estimular el consumo o el gasto en su compañía;
c) A todo lugar en donde bajo cualquier forma, modalidad o denominación se facilite, realice, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena.

ARTÍCULO 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley es el Ministerio de Gobierno y Justicia o el organismo que lo sustituya.

ARTÍCULO 4°.- Dispónese la inmediata clausura de los establecimientos enunciados en el Artículo 1º de la presente ley y facúltese a la Autoridad de Aplicación a adoptar las medidas necesarias y conducentes a tales fines, y aquellas destinadas a la protección integral de las víctimas, como así también a suscribir convenios con los municipios y comunas correspondientes, para el control, seguimiento y aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO 5°.- Sin perjuicio de la clausura total y definitiva del local o establecimiento, se impondrán las multas que correspondan, debiéndose poner en conocimiento del hecho al Ministerio Público Fiscal o a la Justicia Penal competente.(1)

ARTÍCULO 6°.- En los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la presente ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar.
Las personas retiradas de estos locales o establecimientos serán consideradas "presuntas víctimas de trata" y recibirán todas las medidas correspondientes de protección y contención en el marco del programa provincial de prevención, asistencia y recuperación de las personas víctimas del delito de trata y demás disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 7º.- Asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías, proporcionándoles la orientación técnica para el acceso a servicios de atención gratuitos y generar acciones tendientes a la reinserción social; previniendo e impidiendo cualquier forma de re-victimización de las víctimas de trata y explotación de personas y sus familias.

ARTÍCULO 8°.- Los funcionarios públicos que tuvieren conocimiento por sí o por informes de terceros del probable incumplimiento de lo normado en la presente están obligados a denunciarlo ante la autoridad competente.

ARTÍCULO 9°.- La presente Ley es de orden público.

ARTÍCULO 10°.- Los municipios y comunas de la provincia de Entre Ríos deberán adherir a las disposiciones de la presente Ley; quedando facultados a solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar adelante los procedimientos normados en esta ley.

ARTÍCULO 11°.- Créase una Comisión de seguimiento de la presente ley que estará compuesta por tres (3) representantes de la Cámara de Senadores, tres (3) representantes de la Cámara de Diputados y tres (3) representantes de ONGs que tengan incumbencia y experiencia en la materia.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, etcétera.

 

(1)Ley nº 10207
Sancionada: 23.04.2013
Promulgada: 26.04.2013
Publicada: 13.05.2013

Artículo 1°.- A los efectos dispuestos en el Artículo 5º de la Ley Nº 10.186, las multas a aplicar se regirá por las disposiciones de la presente.
Artículo 2º.- El valor de la multa se establecerá en unidades fijas denominadas UF, cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. En el acto que disponga el monto de la multa se determinará la misma en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
Artículo 3º.- Los que instalen, sostengan, administren, regenteen, exploten, promocionen y/o publiciten ostensible o encubiertamente alguno de los establecimientos mencionados en el Artículo 1º de la Ley Nº 10.186, será sancionados con pena de multa de cinco mil (5.000) UF a diez mil (10.000) UF. En caso de reincidencia la pena a aplicar se incrementará en una vez y medio el monto fijado en la primera sanción.
Artículo 4º.- Los propietarios de inmuebles que faciliten los mismos a cualquier título para el desarrollo de las actividades mencionadas en el Artículo 1°de la Ley N°10.186, será sancionados con pena de multa de mil (1.000) UF a cinco mil (5.000) UE En caso de reincidencia la pena a aplicar se incrementará en una (1) vez el monto fijado en la primera sanción.
Artículo 5º.- La gradación de las multas en cada caso particular, respetando los mínimos y máximos indicados en los artículos precedentes, será efectuada por la autoridad de aplicación de conformidad a lo previsto en el Artículo 3° de la Ley N° 10.186.-
Artículo 6°.- La modalidad de pago de las multas establecidas en la presente será a través de depósito bancario en la cuenta especial que determine la autoridad de aplicación, y podrá ser exigida mediante el sistema de cobro por vía ejecutiva cuando no se hubiera abonado en término, para lo cual será título suficiente el certificado expedido por el organismo sancionador.-
Artículo 7°.- La recaudación por el pago de multas se aplicará para costear programas y acciones destinados a cumplir con los fines de la Ley N° 10.186.
Artículo 8°.- La presente leyes complementaria de la Ley N° 10.186 y entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.-
Artículo 9°.- Comuníquese, etcétera.-

Ley nº 10166
Sancionada: 28.08.2012
Promulgada: 20.09.2012
Publicada: 21.09.2012
                                          INTERÉS PÚBLICO

ARTÍCULO 1°.- Declárase de interés público la atención del envejecimiento y la vejez y el desarrollo integral de los Adultos Mayores, en iguales condiciones de acceso, oportunidades, derechos y deberes que el resto de los habitantes, conforme lo establece el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Provincial en su artículo 18 y la presente ley.

FUNCIONES

ARTÍCULO 2°.- Créase el Consejo Provincial de Adultos Mayores como ámbito institucional de participación en las políticas públicas sobre asistencia, seguridad y previsión social destinadas al sector.

ARTÍCULO 3°.- Establézcanse como funciones del Consejo Provincial de Adultos Mayores, las siguientes:
a) Asesorar, proponer y apoyar por las vías competentes a los organismos nacionales, provinciales o municipales en lo referido a temas de los adultos mayores.
b) Promover la creación e institucionalización de áreas específicas, tanto a nivel provincial como municipal.
c) Promover la actualización permanente y sistemática de los diagnósticos locales que permitan una adecuada identificación de las necesidades específicas de la población de los adultos mayores de la Provincia y de las acciones pertinentes.
d) Colaborar en el relevamiento y análisis de los recursos asignados a cada una de las acciones identificadas elevando propuestas de articulación y optimización de su uso.
e) Contribuir a fortalecer los vínculos entre los niveles nacional, provincial y municipal en el diseño e implementación de las acciones dirigidas a los adultos mayores.
f) Apoyar a los organismos gubernamentales en la ejecución y monitoreo de las acciones mencionadas en el punto antecedente.
g) Informar y dictaminar en las consultas que el gobierno provincial le formule.
h) Difundir información sobre los programas destinados a los adultos mayores existentes a nivel local.
i) Promover y transmitir experiencias exitosas e innovadoras.
j) Proponer y promover el intercambio de experiencias a nivel interprovincial.
k) Colaborar en las campañas de sensibilización sobre el envejecimiento, las potencialidades y la problemática de la vejez, adaptándolas a la realidad local, y en toda otra campaña promovida por el Consejo Federal de Adultos Mayores.
l) Propiciar la organización de adultos mayores sin cobertura de la Seguridad Social;
m) Colaborar en la promoción de la capacitación de los recursos humanos de funcionarios y especialistas dedicados a la formulación de programas y a la atención directa de los adultos mayores propiciadas por el Consejo Federal de Adultos Mayores, ajustándola a las necesidades locales.
n) Contribuir a la creación y organización de los Consejos Municipales de Adultos Mayores.
o) Difundir y apoyar, a nivel local, las propuestas elaboradas por el Consejo Federal de Adultos Mayores.
p) Proponer y participar en el diseño de las políticas sociales específicas y las líneas prioritarias estatales de acción para el sector de adultos mayores, de los recursos que les sean asignados, proponer alternativas para su optimización y evaluar los resultados logrados.
q) Participar en la identificación de las necesidades específicas de los Adultos Mayores, respetando sus particularidades acorde a la incidencia de los distintos factores regionales, sociales y económicos.
r) Impulsar acciones conducentes al relevamiento de la información referida a los adultos mayores, instituciones, recursos, programas, servicios, legislación, investigación y estudios, proponiendo la constitución y el fortalecimiento de centros de documentación y bancos de datos que la registren.
s) Proponer, colaborar e impulsar la organización periódica de encuentros municipales y provinciales de los organismos del Estado y organizaciones de adultos mayores que contribuyan al crecimiento de los aspectos organizativos, culturales, científicos, etcétera, elaborando sus agendas.
t) Impulsar la actividad legislativa a nivel provincial y municipal que contemple toda la problemática vinculada a los adultos mayores; contribuir a que la normativa vigente se mantenga constantemente actualizada, sugiriendo en tal sentido las modificaciones pertinentes y procurando su incorporación a la legislación general aplicable a todos los adultos mayores del país.
u) Constituir comisiones especiales para el estudio de determinados asuntos en razón de los temas y de su trascendencia, con la colaboración de técnicos y especialistas.
v) Promover las relaciones intergeneracionales.

ÓRGANOS

ARTÍCULO 4°.- El Consejo Provincial de Adultos Mayores estará integrado por:
a) Un Plenario.
b) Un Comité Ejecutivo.

PLENARIO

ARTÍCULO 5°.- El Plenario es el órgano del Consejo Provincial de Adultos Mayores responsable de fijar las políticas y acciones generales que el Consejo debe ejecutar.

INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 6°.- Estará integrado por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario Ejecutivo y los Vocales.
a) La Presidencia será ejercida por el Ministro de Desarrollo Social y, en caso de ausencia, vacancia o enfermedad, por el titular de la Dirección de Integración Comunitaria u Organismo que en el futuro lo reemplace.
Corresponderá a la Presidencia:
1.- Dirigir, coordinar y promover las acciones del Consejo.
2.- Ejercer su representación.
3.- Acordar la convocatoria del Plenario y de las reuniones del Comité Ejecutivo.
4.- Presidir las reuniones del Plenario.
5.- Dirimir con su voto los empates en la votación sin perjuicio del voto que le corresponde como miembro del Consejo.
b) La Vicepresidencia Primera será ejercida por un representante de las Organizaciones No Gubernamentales de Adultos Mayores, elegido para tal fin.
c) La Vicepresidencia Segunda será ejercida por el titular de la Dirección de Integración Comunitaria o quien tenga a su cargo la responsabilidad política sobre los temas relacionados con los adultos mayores o quien el/ ella designara.
d) La Secretaría Ejecutiva será ejercida por un representante del Área de Gobierno de competencia en la temática de adultos mayores, que sustituirá al Vicepresidente Segundo en caso de vacancia, ausencia o enfermedad.
El Secretario Ejecutivo desempeñará aquellas funciones ejecutivas que le sean delegadas por el Presidente y los Vicepresidentes.
e) Las Vocalías serán ejercidas por:
1) Un (1) representante del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJyP) – Unidad de Gestión Local (UGL): autoridad jerárquica, funcionario o profesional con experiencia o idoneidad en la materia y cargo no inferior a Director o su equivalente.
2) Un (1) representante de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES): autoridad jerárquica, funcionario o profesional con experiencia o idoneidad en la materia con asiento en la Provincia y cargo no inferior a gerente o su equivalente.
3) Dos (2) legisladores de la Legislatura Provincial: uno (1) por la Cámara de Senadores y uno (1) por la Cámara de Diputados.
4) Un (1) representante de la Obra Social Provincial, con cargo no inferior a Director.
5) Un (1) representante de la Caja de Jubilados de la Provincia, con cargo no inferior a Director o su equivalente para el caso de las provincias no transferidas.
6) Un (1) representante del área municipal específica a cargo de los adultos mayores por cada ciudad cabecera de departamento. Estos representantes serán reemplazados por el de los Consejos Municipales de Adultos Mayores en la medida en que éstos se constituyan en los respectivos municipios.
7) Un (1) representante por las sociedades científicas de Geriatría y Gerontología, que desarrollen sus actividades a nivel provincial.
8) Un (1) representante por cada una de las instituciones de segundo grado de jubilados nacionales, provinciales y municipales.
9) Un (1) representante por cada diez Organizaciones No Gubernamentales no federadas que desarrollen actividades con adultos mayores.
10) Un (1) representante de centros de jubilados no federados con más número de afiliados, considerando las actividades que desarrollan.
11) Un (1) representante del Ministerio de Salud.
12) Un (1) representante del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones.
Los vocales del Consejo Provincial de Adultos Mayores durarán dos (2) años en su mandato, pudiendo ser reelegidos por un período más. Cesarán en su representación en los siguientes casos:
a) fallecimiento,
b) renuncia,
c) vencimiento del mandato,
d) revocación del mandato otorgado por la entidad a la que representa,
e) mal desempeño de sus funciones. En este supuesto se requerirá el voto de la mitad más uno de los miembros del plenario.

FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 7°.- El Plenario será presidido por el Presidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, en caso de ausencia por el Vicepresidente Primero, el Vicepresidente Segundo o el Secretario Ejecutivo del mismo, en ese orden.

ARTÍCULO 8°.- Las reuniones del Plenario revestirán carácter de ordinarias y extraordinarias. Las primeras se realizarán, como mínimo, una vez al año. Las extraordinarias serán convocadas por el Presidente por propia iniciativa, por solicitud del Comité Ejecutivo, o por una tercera parte de sus miembros, debiendo efectuarse la notificación con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles, excepto en casos de urgencia manifiesta. Las decisiones del Plenario serán tomadas con la aprobación de la mitad más uno de los miembros presentes. Cada uno tendrá derecho a un (1) voto y una misma persona no podrá tener más de una representación.
El plenario sesionará en fecha, lugar y hora preestablecidos, debiendo asistir para sesionar válidamente la mitad más uno de sus miembros. Si el número de miembros requeridos para sesionar no lograra reunirse a la hora previamente fijada, los miembros presentes, después de treinta (30) minutos de espera a partir de dicha hora, pasarán a sesionar válidamente cualquiera sea su número.

ARTÍCULO 9°.- Los temas a tratar deberán ajustarse estrictamente al Orden del Día previamente establecido.

ARTÍCULO 10º.- El Plenario expresará sus conclusiones a través de recomendaciones o dictámenes.

COMPETENCIAS DEL PLENARIO

ARTÍCULO 11º.- Serán competencias del Plenario:
a) Establecer las líneas generales de actuación del Consejo Provincial de Adultos Mayores y dictar su Reglamento Interno.
b) Proponer el Plan de Trabajo del Comité Ejecutivo.
c) Designar comisiones de trabajo a fin de cumplimentar los objetivos del Consejo Provincial de Adultos Mayores.
d) Considerar los informes presentados por el Comité Ejecutivo sobre las actividades desarrolladas por el mismo.

COMITÉ EJECUTIVO

ARTICULO 12º.- El Comité Ejecutivo es el Órgano del Consejo Provincial de Adultos Mayores que realizará las tareas necesarias para el cumplimiento de las decisiones del Plenario.

INTEGRACIÓN

ARTICULO 13º.- El Comité Ejecutivo está integrado por: el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario Ejecutivo del Consejo y los siguientes vocales del Plenario:
a) Un (1) representante del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJyP);
b) Un (1) representante de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES);
c) Un (1) representante de las instituciones de segundo grado de jubilados nacionales;
d) Un (1) representante de las instituciones de segundo grado de jubilados provinciales;
e) Un (1) representante de Organizaciones No Gubernamentales no federadas;
f) Un (1) representante de la obra social provincial;
g) Un (1) representante del Ministerio de Salud;
h) Un (1) representante del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones.

FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 14º.- El Comité Ejecutivo será coordinado por el titular de la Secretaría Ejecutiva. Dictará su propio reglamento interno y celebrará al menos, una reunión por bimestre y reuniones extraordinarias cuando así lo considere el Presidente. El Comité Ejecutivo expresará las conclusiones a las que arribe a través de recomendaciones a la Presidencia.

COMPETENCIAS

ARTICULO 15º.- Serán competencias del Comité Ejecutivo:
a) Convocar a las reuniones de Plenario.
b) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno, los dictámenes y recomendaciones y ejecutar las resoluciones y tareas que le delegue el Plenario.
c) Elaborar planes y propuestas de actividades para someter a la aprobación del Plenario.
d) Tomar las decisiones urgentes que estime necesarias, informando sobre razones y objetivos de las mismas en la próxima reunión del Plenario.
e) Coordinar las comisiones y grupos de trabajo creados por el Plenario a los efectos de la elaboración de propuestas.

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTICULO 16º.- Los integrantes del Consejo Provincial de Adultos Mayores no percibirán remuneración alguna por las funciones que desempeñen, no obstante, la Presidencia arbitrará los medios para atender los gastos de traslados y estadía que ocasionen la participación de sus miembros en las reuniones.

ARTICULO 17º.- El Consejo Provincial de Adultos Mayores podrá proponer modificaciones a la presente ley en caso de considerarlas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. La elevación de la propuesta debidamente fundada deberá contar con la aprobación del Plenario por el voto de las dos terceras partes, al menos, de sus miembros.

ARTICULO 18º.- El Consejo Provincial de Adultos Mayores expresará las conclusiones a que arribe en los temas de su competencia, mediante dictámenes, recomendaciones y resoluciones.

ARTICULO 19º.- REGISTRO DE ORGANIZACIONES: Créase el Registro de Organizaciones de Adultos Mayores de Entre Ríos en la órbita de la Dirección de Integración Comunitaria, con dependencia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, y tendrá como finalidad identificar las organizaciones. Asimismo se deberán implementar los formularios a través de los cuales las organizaciones se registren, acrediten y actualicen los datos correspondientes.

ARTICULO 20º.- El Consejo Provincial de Adultos Mayores contará con una Secretaría Administrativa, ejercida por la Dirección de Integración Comunitaria con competencia en el área específica de Adultos Mayores. La misma será de carácter permanente y brindará el apoyo técnico requerido para el cumplimiento de los objetivos fijados por el Consejo.

ARTICULO 21°.- Comuníquese, etcétera.

Ley nº 10015
Sancionada: 29.12.2010
Promulgada: 11.03.2011
Publicada: 22.03.2011

ARTICULO 1°.- Créase un Registro Especial en el ámbito de la Justicia Provincial dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, denominado «Registro de Defensa de la Integridad Sexual» (REDIS), que mediando orden judicial, se integra con los datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes procesales valorativos de su historial delictivo, de los condenados por delitos tipificados en el Libro II, Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), Capítulos II, III y IV del Código Penal, a cuyo efecto se complementan además, con las correspondientes fotografías y registros de ADN, conforme se dispone en el Artículo 8º de la presente ley. La caducidad de las registraciones se producirá conforme al Artículo 51 del Código Penal.
ARTÍCULO 2°.- Los datos obrantes en dicho Registro serán comunicados a las Policías de la Provincia de Entre Ríos, quienes deberán instrumentar un sistema de notificación y provisión de esos datos a sus respectivas seccionales.
ARTÍCULO 3°.- Complementariamente, las fotografías a las que se hace referencia en el primer artículo y las principales características de su historial delictivo, se destinarán a un sitio especialmente creado en Internet que podrá ser consultado por quienes demuestren interés legítimo.
ARTÍCULO 4°.- La autoridad de aplicación actualizará en forma permanente la información de las personas sujetas a este Registro Especial y también notificará automática y permanentemente a las autoridades Municipales, Escolares, Entidades Vecinales y Organizaciones Sociales que demuestren interés legítimo.
ARTÍCULO 5°.- Incorpórase al Artículo 456 del Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia (Ley Nº 9754); lo siguiente: «Art. 456 - ... Cuando la condena recaída, lo sea por los delitos comprendidos en el Libro II, Título III, Capítulos II, III y IV del Código Penal, y el Tribunal determine de la prueba rendida, la probabilidad de reiteración delictiva, ordenará la inscripción de la sentencia en el REDIS, una vez firme ésta, suministrando los demás datos de filiación determinados en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley de creación del Registro de Defensa de la Integridad Sexual».
ARTÍCULO 6°.- Las Seccionales Policiales deberán informar al REDIS toda novedad referida con lo dispuesto en el artículo anterior. Los Ministerios de Gobierno, Justicia y Educación; de Desarrollo Social, Empleo, Ciencia y Tecnología y de Salud, deberán en su ámbito de acción coordinar con las Organizaciones Sociales de la Comunidad, un ámbito de concientización de la problemática, acciones de disuasión, rehabilitación y protección.
ARTÍCULO 7°.- El Poder Ejecutivo Provincial proveerá los recursos presupuestarios pertinentes para sustentar el REDIS, quedando autorizado a realizar las modificaciones y ajustes presupuestarios correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- A los fines previstos en el Artículo 1º, créase el Registro Provincial de Identificación Genética de Abusadores Sexuales –(RePrIGAS), que funcionará en el ámbito del REDIS dependiente del Superior Tribunal de Justicia conforme a las siguientes previsiones:
a) Constará en el Registro la información genética de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual tipificados en los Artículos 119° y 120° del Código Penal.
b) La realización del examen genético y la incorporación de la información al Registro se hará sólo por orden judicial previa sentencia firme. El Juez ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética y su inscripción en el Registro.
c) Las constancias obrantes en el Registro, serán de contenido reservado y sólo podrán ser suministradas mediante orden judicial:
c.1) A los Jueces y Tribunales de todo el país.
c.2) A la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y las Policías de las diferentes Provincias, para atender necesidades de investigación.
c.3) Cuando las leyes provinciales así lo dispongan.
d) La información genética almacenada no podrá ser retirada del Registro bajo ningún concepto y sólo será dada de baja por fallecimiento del ausente.
e) El Registro contará con una sección especial destinada a autores ignorados. En ella constarán las huellas genéticas identificadas en las víctimas de delitos sexuales. Su incorporación será ordenada judicialmente y será dada de baja de acuerdo con los términos previstos en el Código Penal para la prescripción de la acción penal.
f) Las constancias del Registro de Identificación Genética de Abusos Sexuales, conservadas de modo inviolable e inalterable harán plena fe, pudiendo ser impugnadas sólo judicialmente por error o falsedad.
g) En el marco de esta Ley queda absolutamente prohibida la utilización de muestras de ADN para otro fin que no sea exclusivamente la identificación de personas en investigación penal determinada.
h) Hasta tanto se incluya en la Ley General de Presupuesto, el gasto que demande la instalación y funcionamiento del Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, será afectado a Rentas Generales con imputación a la presente Ley.
ARTÍCULO 9°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de treinta (30) días, coordinando sus términos con el Superior Tribunal de Justicia.
ARTICULO 10°.- Comuníquese, etcétera.

Viernes, 22 Noviembre 2019 15:55

Ley nº 10668 PROCESAL DE FAMILIA

Ley nº 10668
Sancionada: 12.03.2019
Promulgada: 01.04.2019
Publicada: 08.04.2019

ARTÍCULO 1º: Principios procesales. El trámite en los procesos de familia, debe conducirse observando los siguientes principios:
1) Autoridad del Juez: los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal y de dirigir el proceso para asegurar su observancia;
2) Los procesos de familia deben tramitar ante jueces especialistas;
3) Oficiosidad: el tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible;
4) Celeridad;
5) Oralidad con inmediación;
6) Concentración;
7) Saneamiento;
8) Eventualidad;
9) Inmediación;
10) Acceso limitado al expediente: el acceso está limitado a las partes, sus representantes, letrados y a los auxiliares designados en el proceso. En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, la remisión
se ordena sólo si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva;
11) Flexibilidad de las formas: para evitar excesos rituales, el Juez puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. El pedido y la causa de la petición pueden ser interpretados extensivamente;
12) Veracidad y colaboración procesal;
13) Preferencia por la solución consensuada de los conflictos;
14) Tutela judicial efectiva, que debe manifestarse en el acceso a la justicia, el debido proceso, la eficacia de institutos y procedimientos y la materialización oportuna de los derechos reconocidos.-

ARTÍCULO 2º: Gratuidad para los procesos carentes de contenido económico y para el reclamo por alimentos, hallándose exceptuados de todo impuesto, tasa o anticipo de gastos. Sin perjuicio de lo anterior, en todos los procesos, quien alegue insuficiencia de bienes o ingresos suficientes para hacer frente a las costas o gastos del juicio sin comprometer el sostenimiento de vida digna para sí y su grupo familiar, deberá presentar declaración jurada de tal carencia de recursos por ante el funcionario que corresponda del organismo que tramite la causa respectiva, quien le informará sobre las consecuencias de la falsedad en que eventualmente incurriera al formular su solicitud.
Deberá acompañar informe expedido por el Registro Público del que surge su situación patrimonial respecto de bienes inmuebles, como así también informes del organismo recaudador provincial y del organismo de recaudación nacional, de los que surja su situación sobre impuestos inmobiliario, automotor y a las actividades lucrativas e ingresos o empleos en relación de dependencia. Dichos informes también podrán ser ordenados durante el trámite de la solicitud, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial o norma que en el futuro lo reemplace.
La declaración que otorgue el beneficio instituido en el presente, eximirá al solicitante del pago de gastos y costas del proceso mientras persista la situación patrimonial acreditada.-

ARTÍCULO 3º: Lenguaje. Las resoluciones judiciales deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.
Las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular de las partes.
Las expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del incumplimiento.
Los tribunales deben facilitar los medios para superar cualquier impedimento de comprensión y, en especial, contar con servicios de traductor e intérprete para los procesos en que intervienen extranjeros, personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios.
Cuando tales actos estén destinados a personas menores edad o con capacidad restringida, tendrán que garantizarse los ajustes razonables que resulten precisos y, en el caso de las sentencias, si fuera útil, se incluirá un resumen en formato de lectura fácil.-

ARTÍCULO 4º: Documentación electrónica de actuaciones. Siempre que el tribunal esté en condiciones físicas, materiales y económicas, todas las actuaciones judiciales deben ser documentadas en forma electrónica del modo más adecuado para garantizar su integridad y fidelidad.
Las partes pueden solicitar al despacho que se entregue una copia de esa documentación electrónica siempre que, a criterio del Juzgado, se asegure el equilibrio entre privacidad y defensa en juicio.-

ARTÍCULO 5º: Uso de medios electrónicos para obtener información. En cualquier estado del proceso, a los fines de evitar demoras en la tramitación, el funcionario judicial interviniente puede obtener información necesaria para el proceso por los medios electrónicos disponibles y agregarla al expediente, sin necesidad de ponerla en conocimiento de las partes si no las afecta.-

ARTÍCULO 6º: Principio del interés superior del niño. Derecho a ser oído. Personas con capacidad restringida. Todo tipo de decisión y medidas dictadas en procesos que involucre personas menores de edad, deberán estar guiadas por el principio del interés superior del niño, optando siempre por la situación que mejor asegure la máxima vigencia y satisfacción simultánea de todos sus derechos.
Correlativamente, todo niño, niña y adolescente, tienen derecho a ser oídos y que sus opiniones sean tenidas en cuenta al momento de arribarse a una decisión judicial que los afecte. Tales derechos y garantías también deben asegurarse a las personas con capacidad restringida.- El Superior Tribunal de Justicia mediante reglamentará, de considerarlo necesario y mediante acordada, aspectos esenciales a cumplimentar durante las audiencias en las que ejerzan este derecho los niños, niñas y adolescentes para garantizar su participación en
condiciones adecuadas, que se respetarán en todas las diligencias previstas en este código.-

CAPÍTULO II
COMPETENCIA

ARTÍCULO 7º: Competencia. La Justicia de Familia tiene competencia exclusiva para conocer en las materias que le atribuye la presente ley, con sujeción a las reglas generales y especiales previstas en la legislación procesal de aplicación supletoria.

ARTÍCULO 8º: Competencia por la materia de los Juzgados de Familia. Los jueces de Familia tienen competencia en las siguientes materias:
1) Cuestiones derivadas del matrimonio, excepto en la etapa de liquidación del régimen patrimonial si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno de los cónyuges;
2) Cuestiones derivadas de las uniones convivenciales;
3) Autorización para contraer matrimonio y dispensa judicial;
4) Cuestiones derivadas del parentesco;
5) Cuestiones derivadas de la filiación, referidas a la adopción y pretensiones originadas en la utilización de técnicas de reproducción humana asistida;
6) Cuestiones derivadas de la responsabilidad parental;
7) Cuestiones sobre el ejercicio de los deberes y derechos de los progenitores afines;
8) Intervenciones judiciales derivadas del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes;
9) Tutela;
10) Violencia familiar y contra la mujer en el ámbito doméstico;
11) Pretensiones resarcitorias y preventivas de daños derivadas de las relaciones de familia;
12) Procesos de restricción a la capacidad, incapacidad e inhabilitación, acciones derivadas de esos sistemas de protección, y control de legalidad de las internaciones motivadas en la Ley de Salud Mental;
13) Cuestiones derivadas de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
14) Cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas;
15) Cuestiones que se susciten sobre disponibilidad del cuerpo o alguno de sus órganos, aún con posterioridad al deceso de la persona;
16) Acciones por restitución internacional de personas menores de edad y demás cuestiones de derecho internacional privado en las relaciones de familia;
17) Exequátur, relacionado con la competencia del Juzgado;
18) Medidas preparatorias, cautelares y urgentes en protección de personas en estado de vulnerabilidad;
19) Acciones por violación de derechos de incidencia colectiva relativos a niños, niñas y adolescentes;
20) Cualquier cuestión conexa o accesoria de las enumeradas en los incisos anteriores, con excepción de las atinentes al derecho sucesorio.-

ARTÍCULO 9º: Competencia de los Juzgados de Paz en asuntos de familia y en Tutelas de Protección por violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico.
En las localidades donde no se cuente con Juzgados de Familia, resulta competente el Juez de Paz más próximo a la residencia de la o las víctimas, para entender en Tutelas de Protección por violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico reguladas en esta ley.
Es asimismo competente, para adoptar las Medidas Autosatisfactivas vinculadas a procesos urgentes de familia, o de tutela anticipada urgente, conforme las disposiciones del Capítulo IX del presente Título de esta ley, debiendo tratarse de situaciones donde el derecho del solicitante resulte evidente y la tutela no pueda admitir demoras.-

ARTÍCULO 10º: Competencia territorial. Carácter. Reglas. La competencia territorial atribuida a los jueces de familia es improrrogable. Se aplican las reglas de competencia territorial establecidas en el Código Civil y Comercial.-

ARTÍCULO 11º: Continuidad de la competencia. Cambio del centro de vida. El juez que ha entendido en el juicio de divorcio, en el cese de la unión o cuestiones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental, debe seguir interviniendo en los demás procesos conexos o que deriven del mismo conflicto, excepto que se verifique la efectiva modificación del centro de vida de niños, niñas o adolescentes del grupo y la discusión se refiera a ellos. En este último caso, la constatación merece una interpretación estricta, en cuanto a la legalidad del cambio y los componentes fácticos que lo definan.-

ARTÍCULO 12º: Centro de vida. A los efectos de la determinación de la competencia, la expresión centro de vida se interpretará de manera armónica con la definición de "residencia habitual" de la niña, niño o adolescente contenida en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina en materia de sustracción y restitución internacional de personas menores de edad, al momento de trabarse la litis.-

CAPÍTULO III
SUJETOS PROCESALES

ARTÍCULO 13º: Juez. Son deberes y facultades del juez:
1) Resolver las causas dentro de los plazos fijados;
2) Incentivar la resolución consensuada del proceso mediante el asesoramiento necesario, dentro de un diálogo constructivo y no adversarial;
3) Aplicar la normativa procesal regulada en esta ley de manera proactiva, a fin de lograr la solución más justa y eficaz al conflicto que se le presenta;
4) Excepcionalmente, admitir pretensiones o disponer prestaciones relacionadas con el objeto de la pretensión y la causa de la petición, que no fueron inicialmente formuladas, siempre que los hechos que las originen se encuentren probados y que durante su incorporación al proceso haya mediado oportunidad de defensa;
5) Dictar medidas de protección para evitar todo perjuicio a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad;
6) Asumir una actitud dinámica y responsable, no inquisidora ni espectadora, utilizando razonablemente los instrumentos jurídicos procesales que se regulan;
7) Conducir el proceso velando por la igualdad real de las partes y la garantía de la defensa;
8) Prevenir y sancionar todo acto contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe;
9) Sancionar el fraude procesal;
10) Integrar las normas procesales en los casos en los que se carece de una regulación expresa a fin de tratar adecuadamente el conflicto;
11) Recurrir al equipo técnico interdisciplinario a fin de ampliar el conocimiento sobre el conflicto planteado;
12) Disponer oficiosamente medidas de saneamiento para evitar la indefensión de las partes o subsanar nulidades;
13) Informar a los intervinientes en el proceso la finalidad de los actos procesales y los derechos y deberes que tienen dentro del proceso;
14) Dirigirse a las partes, sus abogados y demás intervinientes con respeto y mediante la utilización de un lenguaje claro y sencillo;
15) Escuchar de manera directa a los niños, niñas y adolescentes involucrados, valorándose su opinión según su edad y grado de madurez;
16) Escuchar de manera directa a las personas con capacidad restringida y valorar su opinión conforme su posibilidad de comprensión del tema a decidir;
17) Mantener relación directa con las personas incapaces;
18) Motivar las providencias simples denegatorias y toda sentencia definitiva e interlocutoria, de conformidad con las normas vigentes y en correspondencia con las alegaciones y pruebas arrimadas en el proceso;
19) Ejercer sus deberes y facultades en materia probatoria, especialmente, al decidir la admisión o no de elementos de prueba presentados por las partes e intervinientes, y disponer de oficio la utilización de otros medios eficaces;
20) Ordenar la realización de estudios y dictámenes y solicitar la colaboración de organismos e instituciones especializadas para procurar una solución integral y efectiva de los conflictos de familia;
21) Actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, infancia y adolescencia mediante la capacitación necesaria y continua;
22) Interpretar y juzgar con perspectiva de género;
23) Procurar el cumplimiento de las decisiones judiciales, y disponer cuando existieran personas merecedoras de especial tutela, medidas de salvaguarda y el seguimiento del caso.-

ARTÍCULO 14º: Secretario. Deberes y facultades. Además de los deberes impuestos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el Código Procesal Civil y Comercial y por otras disposiciones de esta norma, el secretario tiene las siguientes obligaciones:
1) Instrumentar todo acto de comunicación del organismo, sin perjuicio de las facultades con las que cuentan los abogados, de los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones o entre magistrados y las distintas dependencias que intervengan en los expedientes y de lo que se establezca reglamentariamente respecto de la notificación electrónica;
2) Extender certificados y copias certificadas de actas;
3) Conferir vistas y traslados;
4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren a otros funcionarios judiciales, las providencias de mero trámite. En la etapa probatoria pueden firmar todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba;
5) Actualizar de modo constante su especialidad en los temas comprendidos en la competencia de los Juzgados de Familia y en organización y gestión judicial.-

ARTÍCULO 15º: Equipo Técnico Interdisciplinario. Integración. El Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial que se encuentre afectado a prestar servicio a los Juzgados de Familia, debe estar integrado por profesionales de la psicología, psiquiatría, del trabajo social, medicina u otro, en el número necesario de acuerdo a la jurisdicción, conforme lo evalúe el Superior Tribunal de Justicia.-

ARTÍCULO 16º: Requisitos para integrar el Equipo Interdisciplinario. Quienes integren los Equipos Interdisciplinarios deben poseer título habilitante en la disciplina de que se trate; haber ejercido la profesión ininterrumpidamente durante los últimos tres (3) años anteriores al de su designación, como mínimo y poseer especial formación en la temática de familia y perspectiva de género; rendir el concurso de idoneidad que prevea el Superior Tribunal de Justicia conforme reglamentación vigente acordada por el mismo.-

ARTÍCULO 17º: Funciones. Son deberes y facultades de quienes integran el Equipo Técnico Interdisciplinario:
1) Intervenir en los procesos judiciales en los que se les solicite;
2) Asesorar al Juez en las materias relacionadas con su especialidad;
3) Elaborar informes a solicitud de la Magistratura de Familia, para la resolución del conflicto;
4) Prestar contención emocional en casos de urgencia en los procesos que intervenga;
5) Colaborar en las diferentes estrategias dispuestas en el proceso para la resolución de los conflictos;
6) Analizar situaciones complejas, abordando a través de diferentes disciplinas la comprensión integral de los distintos aspectos que operan en una situación problema judicializada;
7) Intervenir en situaciones que involucran a personas en situación de vulnerabilidad;
8) Abarcar la asistencia del caso desde su especialidad, con un enfoque interdisciplinario, inclusivo de la perspectiva especializada de todas las profesiones con las que se efectúa la intervención;
9) Coordinar sus actividades con el resto de los profesionales con los que deban realizar la tarea;
10) Proporcionar una escucha activa y utilizar un lenguaje claro y sencillo, adecuado a las personas asistidas;
11) Realizar las intervenciones profesionales desde la perspectiva de género.-

ARTÍCULO 18º: Asignación de causas. Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Poder Judicial intervienen en los diversos Juzgados de Familia conforme la Jurisdicción territorial que determine el Superior Tribunal de Justicia.
Mediante sorteo a los profesionales, conforme a la disciplina que para el caso se requiera, les serán asignadas las causas en las que deban intervenir conforme al Reglamento de Funcionamiento de Equipos Técnicos Interdisciplinarios que fije el Superior Tribunal de Justicia.
El Equipo Técnico Interdisciplinario actuará prioritariamente en procesos de Familia, su intervención en colaboración con otros Fueros será excepcional a efectos de garantizar el acceso a justicia.
La realización de pericias por parte del Equipo Técnico Interdisciplinario sólo será procedente en casos en que no existiere lista de peritos para la disciplina requerida en la Jurisdicción o cuando quienes integren la lista no puedan aceptar la designación efectuada conforme a la legislación vigente.-

ARTÍCULO 19º: Participación de la persona menor de edad en el proceso. La participación de los niños, niñas y adolescentes en juicio, se rige por las siguientes reglas generales:
1) En principio la representación en el proceso de las personas menores de edad es ejercida por sus representantes legales;
2) Excepcionalmente, pueden participar de modo autónomo si se presentan situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales o el menor de edad pide participar. En estos casos el juez de oficio debe definir si le asigna participación autónoma directa o indirecta:
a) La actuación será autónoma directa y comparecerá con la asistencia técnica de un letrado especialista, si la persona menor de edad cuenta con capacidad procesal. Esta condición se relaciona con la suficiente madurez para llevar a cabo el acto, y se presume que se cuenta con la misma -salvo prueba en contrario- una vez cumplidos los trece (13) años de edad.
b) En cambio, la actuación debe ser autónoma indirecta a través de un Tutor Especial que lo represente, si la persona menor de edad no cuenta con capacidad procesal;
3) La presunción de capacidad procesal a los trece años, puede desplazarse si el juez con la asistencia del Equipo Técnico Interdisciplinario, concluye que el niño o niña a pesar de no contar con esa edad, sí goza de autonomía y madurez suficiente o en sentido inverso, verifica que a pesar de tener trece años cumplidos, carece de tales aptitudes. A su vez, dicha presunción deja a salvo disposiciones especiales establecidas por el Código Civil y Comercial;
4) Cuando el litigio se vincula a bienes o créditos de las personas menores de edad, pueden estar en juicio representándolos sus progenitores o tutores, pero si se trata de adolescentes, se presume que cuentan con edad y madurez suficiente para actuar en el proceso conjuntamente con aquellos representantes o de manera
autónoma con asistencia letrada, sin previa autorización judicial. Además, bajo esa misma condición, pueden reclamarles a los representantes por sus propios intereses sin previa autorización judicial.-

ARTÍCULO 20º: Tutores Especiales y Abogados especialistas. Los Juzgados de Familia contarán con un listado de Tutores Especiales y Abogados Especialistas para los asuntos que requieran la intervención de los mismos, en representación o asistencia técnica -según el caso de niños, niñas y adolescentes, como asimismo de personas víctimas de violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico.
El Superior Tribunal de Justicia reglamentará, para su funcionamiento y concreción, el Cuerpo de Tutores Especiales y Abogados Especialistas para el Fuero de Familia de la Provincia de Entre Ríos, que se crea a los efectos de la presente ley.
Para el patrocinio de personas beneficiarias de un proceso de restricción a la capacidad, como asimismo en los procesos de internaciones involuntarias, intervendrán los profesionales de la Unidad de letrados en procesos de salud mental, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa quienes tendrán como función garantizar la asistencia jurídica a las personas internadas involuntariamente como consecuencia de su padecimiento mental así como a las personas que se encuentran en proceso de restricción de su capacidad.-

ARTÍCULO 21º: Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público de la Defensa, tiene la intervención conforme a las funciones que la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Provincia de Entre Ríos y las de la presente ley.
Asimismo, en todo proceso que involucre personas menores de edad o con capacidad restringida, la actuación del Ministerio Público de la Defensa es accesoria o principal conforme a lo previsto en el artículo 103 del Código Civil y Comercial.-

CAPÍTULO IV
MEDIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA

ARTÍCULO 22º: Ámbito de aplicación. Objeto. Previo a todo proceso de familia, salvos excepciones expresas, se deberá acreditar el cumplimiento de la mediación prejudicial obligatoria. La misma deberá ser cumplida ante mediadores abogados, registrados ante el Centro de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia. Quedan exceptuados del cumplimiento de esta etapa, los asuntos cautelares y urgentes que no admiten demora y los expresamente excluidos por su naturaleza.
La etapa previa consiste en que las partes, deberán procurar la solución extrajudicialmente, a cuyo fin se convoca obligatoriamente al procedimiento de mediación, que se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial y el Reglamento de Mediación.
Las partes quedarán exentas de este trámite si acreditaren que previo al inicio de la causa, existió mediación privada ante mediador registrado en el Superior Tribunal de Justicia.-

ARTÍCULO 23º: Designación. Conclusión de la mediación. La designación del mediador podrá ser por sorteo, cuando el reclamante formalice su requerimiento en forma oficial ante la mesa de entrada que corresponda o por elección, cuando privadamente lo designen las partes o a proposición de parte reclamante.
Si se arribare a un acuerdo y estuvieran involucrados intereses de personas menores de edad o con capacidad restringida, cualquiera de las partes presentará en forma inmediata lo actuado ante el juez competente, a fin de homologar lo pactado, previa vista al Ministerio Público.
Si la mediación hubiere fracasado, deberá acompañarse al escrito de demanda que impulse el proceso, la constancia del acta final que concluye la etapa pre judicial obligatoria.

CAPÍTULO V
REGLAS ESPECIALES PARA LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 24º: Regla general. Rige el principio general de la notificación automática los días de nota.-

ARTÍCULO 25º: Notificación a las partes. Las notificaciones a las partes que deban serlo personalmente o por cédula se cursan en el domicilio constituido, incluso las que comunican audiencias, excepto la citación para la etapa previa y el traslado de la demanda cuando no se cuente con aquél, o expresa disposición en contrario de esta ley o del Juez.
La citación a la etapa judicial intermedia y eventualmente el traslado de la demanda debe efectuarse en el domicilio real del convocado, pudiendo concretarse a su vez el acto en su domicilio laboral o comercial.-

ARTÍCULO 26º: Otros medios de notificaciones. Autorízase la utilización de comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos en todos los procesos judiciales de familia regulados en la presente norma, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, coexistiendo el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas con el sistema de presentaciones en formato papel, hasta la
implementación en toda la provincia de las notificaciones electrónicas de forma obligatoria.-

ARTÍCULO 27º: Implementación. El Superior Tribunal de Justicia reglamentará su utilización y dispondrá su gradual implementación.-

CAPÍTULO VI
LEGAJO DE FAMILIA

ARTÍCULO 28º: Formación de un Legajo único familiar. Iniciado un proceso el Juez competente ordenará la conformación de un legajo único familiar, el cual constará de todos los antecedentes documentales y/o de cualquier otro carácter o naturaleza que sean presentados y que se produzcan en la causa judicial, vinculados a un mismo grupo familiar. Si iniciado un proceso el Juez constata que respecto a las personas intervinientes ya existe un legajo único familiar dispondrá la acumulación de nuevos documentos al mismo y no se exigirá copia alguna de la documental ya obrante en el Legajo único.-

ARTÍCULO 29º: Valor probatorio. Los documentos del Legajo único familiar servirán como prueba en los procesos conexos o que deriven del mismo conflicto, o que tengan a las personas que allí consten como partes en causas judiciales que se tramiten en los Juzgados de Familia.-

ARTÍCULO 30º: Unicidad. El Legajo único familiar será común por jurisdicción territorial del Fuero de Familia de la Provincia de Entre Ríos, debiendo contar con un respaldo digital.
El Superior Tribunal de Justicia reglamentará la forma de almacenamiento de los legajos, los que se guardarán bajo la modalidad de expedientes en custodia, para lo cual se asignará un lugar específico.-

ARTÍCULO 31º: Pedido en remisión. Los Jueces y los mediadores de Familia, de oficio o a pedido de parte, pueden solicitar la remisión del archivo digital o copia del legajo familiar si las circunstancias de la causa lo ameritan.

CAPÍTULO VII
INCIDENTES

ARTÍCULO 32º: Trámite. Promovido un incidente, el Juez puede, dependiendo de la índole de la discusión, disponer que se remita al mediador designado para el cumplimiento de la etapa previa, sustanciarlo o, si fuera manifiestamente improcedente, rechazarlo sin más trámite. La resolución será apelable en ese último supuesto con efecto devolutivo.
Si la cuestión a criterio del Juez pudiera ser dirimida en una sola audiencia, en la primera providencia la fijará en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. En ese caso, al notificar de la audiencia al incidentado, le dará a conocer los términos de la pretensión, anunciándole que las partes expondrán en la audiencia, sobre sus respectivas posiciones en forma oral, brindando sus fundamentos y ejerciendo su defensa. Al cabo del acto se dictará oralmente la sentencia, la que asimismo quedará notificada.-

CAPÍTULO VIII
DILIGENCIAS PRELIMINARES

ARTÍCULO 33º: Aplicación a todos los procesos. En todo proceso puede realizarse una etapa preliminar, con el objeto de:
1) Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso;
2) Obtener elementos necesarios para el proceso, tales como documentos, estados contables y otros similares;
3) Anticipar el diligenciamiento de prueba de difícil o imposible producción en la etapa probatoria.-

ARTÍCULO 34º: Requisitos. La parte que solicita una diligencia preliminar debe denunciar el nombre y domicilio de la futura parte contraria, el objeto del juicio y la finalidad concreta de la medida.
El Juez califica la medida y dispone o rechaza su diligenciamiento. La resolución es apelable sólo en caso de rechazo.-

ARTÍCULO 35º: Medidas preparatorias. Enumeración. Quien pretenda demandar, o quien con fundamento prevea que será demandado, puede solicitar que:
1) La persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el Juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda integrarse válidamente la relación procesal;
2) Se dispongan las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares;
3) Se nombre tutor o curador especial, si el juicio lo exige;
4) Se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda;
5) El eventual demandado que debe ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los cinco días de notificado, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado;
6) Se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas. Esta enunciación no es taxativa, pudiendo solicitarse y disponerse la medida preparatoria que se estime necesaria e idónea para la eficaz tramitación del
proceso.
Estas medidas proceden también para preparar el proceso cautelar, en lo que sea aplicable.-

ARTÍCULO 36º: Trámite de la declaración jurada. En el caso del inciso 1) del artículo anterior, la providencia se notifica por cédula con entrega del interrogatorio. Si el requerido no responde dentro del plazo, se tienen por ciertos los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda producirse una vez iniciado el juicio.-

ARTÍCULO 37º: Trámite de la exhibición de cosas e instrumentos. La exhibición o presentación de cosas o instrumentos se debe realizar en el tiempo, modo y lugar que determine el Juez, atendiendo a las circunstancias.
Cuando el requerido no los tenga en su poder debe indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentran y quién los tiene.-

ARTÍCULO 38º: Prueba anticipada. Procedencia. Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tengan motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas resulte imposible o muy dificultosa en el período probatorio, pueden solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes:
1) Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país;
2) Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares;
3) Pedido de informes;
4) La exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión.
La declaración de parte puede pedirse únicamente en un proceso ya iniciado.-

ARTÍCULO 39º: Trámite de la prueba. El diligenciamiento se hace en la forma establecida para cada clase de prueba. Debe citarse a la contraria, excepto cuando la citación pueda frustrar la finalidad y eficacia de la medida. En tal caso, una vez diligenciada, debe notificarse a la contraparte si no ha tomado conocimiento al tiempo de su realización.
Cuando es citada, la parte contraria puede ejercer todos los actos inherentes al contralor de la producción de la prueba de que se trate. Si presenta contraprueba, ésta se diligencia en la etapa oportuna.-

ARTÍCULO 40º: Producción de prueba anticipada después de trabada la litis. Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba también procede cuando se configuran razones de urgencia en el proceso y sin perjuicio de las medidas que pueda ordenar oficiosamente el Juez.-

ARTÍCULO 41º: Responsabilidad por incumplimiento de diligencias preliminaresRegla general. Cuando el interpelado no cumpla la orden del Juez en el plazo fijado, o brinde informaciones falsas o que puedan inducir a error o destruya u oculte los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se le haya requerido, corresponde aplicar una multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurra.
La orden de exhibición o presentación de instrumento o cosa mueble que no sea cumplida en el plazo fijado, se debe efectivizar mediante secuestro y allanamiento de lugares, en caso necesario.
Cuando la diligencia consiste en la citación para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas y el citado no comparece, procede tener por admitida dicha obligación y el juicio debe continuar por el trámite de los incidentes. Según corresponda, por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el requerido, los jueces y tribunales pueden imponer sanciones conminatorias.-

CAPÍTULO IX
TUTELAS PREVENTIVAS Y DE URGENCIA

ARTÍCULO 42º: Medidas cautelares. Además de las Medidas Cautelares del Código Procesal Civil y Comercial, las partes pueden peticionar las medidas provisionales reguladas en esta ley.-

ARTÍCULO 43º: Tutela Anticipada de Urgencia. Al iniciar el juicio, o en cualquier estado del mismo, las partes pueden solicitar el anticipo de tutela con la satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión contenida en la demanda, cuando de la insatisfacción pueda derivarse un perjuicio irreparable. Al efecto el peticionante deberá exhibir además de esa posibilidad, que su posición cuenta con una fuerte probabilidad capaz de generar en el examen judicial provisorio, una convicción suficiente de que el derecho invocado existe.
En principio, no se exigirá contracautela, bastando la caución juratoria de la parte peticionante; pero puede el Juez solicitar la brinde quien la pide o terceros, si resultara razonable en función de la índole de la medida pedida.-

ARTÍCULO 44º: Trámite y resolución. Previo a decidir, el Juez podrá sustanciar la solicitud de tutela anticipada de urgencia, según fueren las circunstancias del caso, mediante un traslado o la fijación de una pronta audiencia y resolverá motivando de modo suficiente su juicio provisional. Si correspondiera, otorgará intervención al Ministerio Público.-

ARTÍCULO 45º: Recursos. La decisión que admita o rechace las medidas cautelares, provisionales o la tutela anticipada de urgencia, es susceptible de recurso de reposición con apelación en subsidio.-

ARTÍCULO 46º: Proceso Urgente. Adaptación del proceso. Potestades judiciales. En casos de extrema urgencia, si es necesario para salvaguardar derechos fundamentales de las personas, el Juez puede resolver la pretensión del peticionario acortando los plazos previstos para el proceso y disponiendo las medidas autosatisfactivas que juzgue necesarias para una tutela real y efectiva.
Excepcionalmente, cuando existe prueba fehaciente y evidencia del derecho invocado, puede resolverse sin sustanciación.-

ARTÍCULO 47º: Procedencia. El derecho del solicitante debe resultar evidente y la tutela no admitir demora ante la posibilidad real de que se consume un daño irreparable si no fuere otorgada.-

ARTÍCULO 48º: Presupuestos. Para la procedencia del proceso urgente de satisfacción inmediata deben cumplirse los siguientes presupuestos:
1) Existencia de la necesidad de satisfacer una obligación incondicionada impuesta por ley o de hacer cesar de inmediato conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo;
2) Petición limitada a obtener una solución de urgencia no cautelar, que no involucre la declaración judicial de derechos conexos o afines, y que la protección de su interés jurídico no requiera de la ulterior promoción de un proceso de conocimiento.-

ARTÍCULO 49º: Trámite. Excepcionalmente, el juez puede admitir el trámite del presente proceso urgente, cumplidos los siguientes actos:
1) El peticionante debe prestar garantía suficiente, de conformidad con las particularidades del caso;
2) La contraparte debe ser oída por el juez, en una breve sustanciación, aplicando en lo pertinente las normas sobre incidentes o citando a una audiencia. Si el derecho es evidente o la urgencia es extrema, puede ordenar la medida de modo inmediato, posponiendo la sustanciación para cuando lo ordenado se haya cumplido.
En todos los casos la resolución debe ser notificada personalmente o por cédula. Si no ha mediado traslado previo, con la notificación de la resolución se cita a la contraria a ejercer su derecho de defensa, haciéndole saber que debe cumplir la medida ordenada aunque formule oposición a la pretensión.-

ARTÍCULO 50º: Oposición. El legitimado que se haya opuesto a la pretensión urgente, puede impugnar la resolución, mediante recurso de apelación sin efecto suspensivo, que tramita por las normas del presente.-

CAPÍTULO X
REGLAS DE PRUEBA

ARTÍCULO 51º: Principios procesales en materia probatoria. Rigen en los procesos de familia los principios de libertad, amplitud y flexibilidad en materia probatoria.

ARTÍCULO 52º: Medios de prueba. La prueba debe producirse por los medios previstos por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio.
Los medios de prueba no previstos se diligencian aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el Juez.-

ARTÍCULO 53º: Principio de colaboración. Las partes tienen el deber de prestar colaboración para la efectiva y adecuada producción de la prueba. Cualquier incumplimiento injustificado de este deber genera una presunción en su contra, sin perjuicio de lo previsto respecto de cada medio probatorio. El deber de colaboración alcanza a los terceros y su incumplimiento tiene las consecuencias previstas en cada caso.-

ARTÍCULO 54º: Falta de prueba. Ante la falta de prueba, el Juez tendrá en cuenta las siguientes reglas:
1) La carga de la prueba recae, finalmente, en quién está en mejores condiciones de probar;
2) La disponibilidad y facilidad probatoria de cada una de las partes y la actividad desplegada en relación a ello;
3) Que incumbía probar a la parte que afirmó la existencia del hecho controvertido si estaba en mejores condiciones de probarlo.-

ARTÍCULO 55º: Facultades judiciales. El Juez puede disponer de oficio, en cualquier etapa del proceso, diligencias tendientes a conocer la verdad de los hechos, respetando el derecho de defensa de las partes. Las medidas para mejor proveer son inapelables.
Por decisión fundada, de oficio o a pedido de parte, puede desestimar la prueba inadmisible, impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente.-

ARTÍCULO 56º: Prueba trasladada. Las pruebas producidas en un proceso tienen valor probatorio en otro cuando la parte contra quien se hacen valer ha tenido oportunidad de audiencia y contralor de su producción en el juicio en que se practicaron.
Al dictar resolución, tiene el deber de analizar las constancias de los procesos conexos en trámite o concluidos entre las mismas partes.-

ARTÍCULO 57º: Constancias de expedientes judiciales. Cuando se ofrecen como prueba expedientes judiciales en trámite, puede agregarse copia certificada de las piezas pertinentes o del sistema informático, sin perjuicio de la facultad del Juez de requerir la remisión de las actuaciones originales en oportunidad de encontrarse el expediente en estado de dictar sentencia si lo considerara necesario.-

ARTÍCULO 58º: Prueba a producir en el extranjero. Al ofrecer prueba que debe producirse fuera de la República, debe indicarse a qué hechos controvertidos se vinculan y los demás elementos de juicio que permitan establecer si son esenciales, o no.-

ARTÍCULO 59º: Prueba de Informes acompañada con los escritos postulatorios. Además de la facultad de peticionar el libramiento de oficios para la prueba de informes, las partes pueden acompañar con sus escritos de demanda y contestación, informes elaborados por oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas, los cuales deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, relacionados con la controversia.
Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante.
Podrán presentarse asimismo expedientes, testimonios o certificados relacionados con el juicio, que sean requeridos por los letrados en representación de las partes, a las oficinas públicas conforme a esta modalidad de la prueba informativa.
Dentro de los tres (3) días siguientes a tomar conocimiento de esta prueba, la otra parte puede pedir, directamente o solicitando libramiento de oficio, la ampliación de los informes o impugnarlos fundadamente de falsedad, en cuyo caso, el Juez requerirá la inmediata exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.

ARTÍCULO 60º: Prueba Pericial acompañada con los escritos postulatorios. Además de la facultad de peticionar el nombramiento de perito de lista o que el Juez disponga la intervención pericial del equipo multidisciplinario del Juzgado, las partes pueden acompañar con sus escritos de demanda y contestación, pericias elaboradas por profesionales especialistas en la materia, matriculados en sus Colegios Profesionales respectivos. En este caso, el auxiliar, antes de contestar los puntos de pericia que la parte solicita, expresará en su informe que jura formalmente desempeñar el fiel desempeño de la tarea pericial y declarará conocer las consecuencias penales previstas en el Código Penal por su accionar.
En este supuesto, la parte contraria a la que presentó la pericia bajo esta modalidad, puede dentro de los tres (3) días de tomado conocimiento de la misma, presentar sus propios puntos de pericia para que el perito se expida, o brinde explicaciones en la audiencia de vista de causa, lo que el Juez ordenará según el caso.
El dictamen al que se refiere este artículo, podrá asimismo ser elaborado a por academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello. En estos casos, el responsable de tales organizaciones que suscriba el informe, será quien de ser requerido, deba comparecer a la audiencia de vista de causa.

ARTÍCULO 61º: Prueba Testimonial. Los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos, y en el caso de las personas menores de edad, a partir de los trece (13) años de edad.
El Juez podrá relevar de la declaración al testigo menor de edad o al pariente de alguna de las partes, si con ello se privilegiaran los vínculos afectivos y la salud emocional del niño, conforme su interés superior. Para eximirse de declarar, el pariente o persona menor de edad, debe comparecer ante el Juez de la causa en cualquier momento desde que se le notifique la convocatoria y hasta el momento mismo de comenzar la declaración, para brindarle sus motivos en forma oral y directa. No se dejará constancia de las razones que el interesado exprese, y el Juez resolverá de inmediato rechazando o admitiendo la solicitud, decisión que
resultará inapelable.-

ARTÍCULO 62º: Recaudos para la producción probatoria tempestiva. El Juez y las partes, adoptarán los recaudos necesarios para que la producción de la prueba se agote en la audiencia de vista de prueba y alegatos, a ese fin:
1) Si las partes fueran a valerse de prueba testimonial, tendrán que indicar en sus escritos postulatorios de modo expreso si requieren la citación judicial;
2) En la prueba de informes que no sea acompañada con la demanda, se hará saber al oficiado que deberá responder antes de la fecha de la audiencia que a tal fin se especificará;
3) Al ordenar la prueba pericial, el Juez fijará la fecha de presentación del informe con la antelación suficiente como para que las partes tomen conocimiento de su resultado, y puedan en su caso solicitar la comparecencia del perito a la audiencia para que brinde sus explicaciones. Podrá asimismo ordenar la prueba previendo
que el perito se expida en forma oral en la audiencia de pruebas y alegatos, y que en el mismo acto, las partes puedan pedir aclaraciones e impugnar;
4) La citación de testigos, peritos, funcionarios y otros auxiliares, dejará constancia, que de no concurrir los mismos a la audiencia sin causa justificada, de considerarlo necesario, el Juez podrá disponer la conducción inmediata de los mismos por la fuerza pública.-

ARTÍCULO 63º: Audiencia por videoconferencia. El Juzgado podrá disponer que la declaración testimonial, la declaración de parte, dictámenes o explicaciones de peritos o prueba de otro tipo, se celebre mediante videoconferencia si las personas tuvieran su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal.-

ARTÍCULO 64º: Inapelabilidad de las decisiones sobre prueba. Las resoluciones sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba son inapelables, sin perjuicio del replanteo ante la Cámara de Apelaciones de las que no hubieran sido admitidas.-

TÍTULO II
PROCESO ORDINARIO POR AUDIENCIAS

ARTÍCULO 65º Carácter supletorio. Los procesos que no tengan asignado un trámite especial se rigen por el trámite del proceso ordinario por audiencias, que se regula en este Título.-

ARTÍCULO 66°: Facultades judiciales. El juez, en atención a la mayor o menor complejidad de la cuestión, puede cambiar el tipo de proceso mediante resolución fundada, intimando por cédula a las partes para que dentro del plazo de cinco (5) días adecuen sus peticiones conforme a su decisión. Esta decisión sólo es susceptible de recurso de reposición.-

ARTÍCULO 67°: Resolución sobre competencia. Si la competencia no resulta claramente de la cuestión propuesta, se emplaza al demandante para que formule precisiones. Vencido el plazo conferido, el juez resuelve en tres (3) días.-

ARTÍCULO 68°: Traslado de la demanda. Recibida la demanda por el juez, luego de concluida la etapa previa, el mismo da traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro del plazo de diez (10) días.-

ARTÍCULO 69°: Hechos no invocados en la demanda o contrademanda. Cuando en la contestación de la demanda o de la reconvención se alude a hechos no invocados en la demanda o contrademanda, los demandantes o reconvinientes, según el caso, pueden ofrecer prueba y agregar la documental referente a esos hechos, dentro de los cinco (5) días de notificado fictamente el decreto que tiene por contestada la demanda.-

ARTÍCULO 70°: Demanda y contestación conjunta. El demandante y el demandado, de común acuerdo, pueden presentar al juez la demanda y contestación, precisando la cuestión a resolver y ofreciendo la prueba en el mismo escrito.-

ARTÍCULO 71°: Causa de puro derecho. El juez, sin otro trámite, dispone el llamamiento de autos para resolver si la causa es de puro derecho.-

ARTÍCULO 72°: Reconvención. En el escrito de contestación el demandado debe deducir la reconvención. Si no lo hace, no puede hacerlo después, excepto su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio.
La reconvención es admisible si las pretensiones en ella deducidas derivan de la misma relación jurídica o son conexas con las invocadas en la demanda.-

ARTÍCULO 73°: Trámite posterior. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, el juez declara, aún de oficio, la improponibilidad objetiva de la demanda o la ausencia de legitimación manifiesta, sea activa o pasiva.
Si existen hechos controvertidos, convoca a la audiencia preliminar que debe realizarse en el plazo de veinte (20) días contados desde el vencimiento del plazo para contestar la demanda o la reconvención, en su caso.-

ARTÍCULO 74°: Audiencia preliminar. Reglas generales. La audiencia preliminar se rige por las siguientes reglas: debe ser presidida por el juez. Esta función es indelegable.
Las partes deben comparecer en forma personal, excepto que exista motivo fundado a criterio del juez, que justifique la comparecencia por representante. Las personas jurídicas y las personas incapaces comparecen por intermedio de sus representantes.
Las personas con capacidad restringida comparecen con sus apoyos.
Las personas con capacidad restringida y menores de edad que cuentan con edad y grado de madurez suficiente pueden comparecer asistidas por su abogado; además, el juez puede citar al integrante del Equipo Interdisciplinario u organismo auxiliar interviniente siempre que lo estime conveniente.
Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no puede comparecer, la audiencia puede diferirse por una sola vez. La decisión sobre el diferimiento se tiene por notificada el mismo día de su dictado.
La inasistencia no justificada de la parte actora importa el desistimiento de su pretensión, incluso si la parte demandada tampoco comparece.
La inasistencia injustificada del demandado permite tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no exista prueba en contrario, excepto que esté comprometido el orden público o se trate de derechos indisponibles. Su inasistencia no impide que el juez disponga oficiosamente medidas para sanear el proceso, fije el objeto de la prueba y decida sobre los medios probatorios a producir.-

ARTÍCULO 75°: Audiencia Preliminar. Contenido. En la audiencia preliminar el juez:
1) Interroga informalmente a las partes sobre las circunstancias conducentes para la delimitación de las cuestiones en disputa;
2) Invita a las partes a una conciliación total o parcial del conflicto. Si se arriba a un acuerdo conciliatorio, se labra acta en la que conste su contenido y la homologación por el juez interviniente. El acuerdo homologado tiene efecto de cosa juzgada. Si no hubiera acuerdo entre las partes, en el acta se hace constar esta
circunstancia, sin expresión de causas. Los intervinientes no pueden ser interrogados en ninguna etapa posterior del proceso acerca de lo acontecido en la conciliación;
3) Seguidamente, en el mismo acto, fija el objeto del proceso y de la prueba y se pronuncia sobre los medios probatorios solicitados por las partes, rechazando los que sean inadmisibles, innecesarios o inconducentes; también puede disponer prueba de oficio;
4) Subsana eventuales defectos u omisiones que advierta en el trámite del proceso, con el objeto de evitar o sanear nulidades;
5) Decide sobre los hechos nuevos planteados y la prueba ofrecida para acreditarlos;
6) Ordena la producción y diligenciamiento de la prueba admitida y fija la fecha para la audiencia final en un plazo que no puede exceder de cuarenta (40) días, coordinándolo con las partes y sus letrados o letradas en función de la complejidad de la prueba que se intenta producir. Excepcionalmente, si tal complejidad lo justificara y haciendo expresa mención a la concreta dificultad, para garantizar el éxito de la audiencia, el juez podrá ampliar aquél plazo, aún en aquellos supuestos en que la prueba en cuestión haya sido obtenida;
7) Dicta el auto por el que resuelve las excepciones previas;
8) Si corresponde, declara que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho;
en tal caso, la causa queda en estado de dictar sentencia.
Las manifestaciones del juez en la audiencia preliminar, en cuanto están ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, no importan prejuzgamiento en ningún caso.
Excepto la conciliación, el resto del desarrollo de la audiencia podrá ser video registrado de conformidad a lo dispuesto en las reglas prácticas para la implementación de la oralidad efectiva en el fuero de familia aprobadas por el Superior Tribunal de Justicia, quedando incorporado el archivo audiovisual al sistema informático.
En tal caso, sólo se emitirá un acta resumen que dé cuenta de la comparecencia de las partes y, en su caso, de los otros sujetos intervinientes y de las demás cuestiones previstas en el Reglamento de Gestión de la Prueba – Proceso por Audiencias para el Fuero Civil y Comercial, de aplicación supletoria en todo lo no previsto expresamente en las Reglas Prácticas mencionadas.-

ARTÍCULO 76º: Resoluciones dictadas en la audiencia preliminar. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia se notifican a las partes en la misma audiencia.
Admiten recurso de reposición, que debe interponerse en la misma audiencia en forma verbal y decidirse en forma inmediata por el tribunal.
Todas las excepciones se resuelven en forma conjunta, excepto si se declara la incompetencia, en cuyo caso no corresponde pronunciarse sobre las otras cuestiones.
La decisión que hace lugar a las excepciones previas de incompetencia, litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, desistimiento, transacción, conciliación u otro medio de resolución consensuada del conflicto que, además, pone fin al proceso, es apelable con trámite inmediato, debiendo indicarse el efecto, suspensivo o no, al conceder el recurso.-

ARTÍCULO 77°: Audiencia de vista de causa. Contenido. En la audiencia de vista de causa el juez:
1) Intenta la conciliación o cualquier otro medio para arribar a un acuerdo;
2) Recibe la declaración de las partes y escucha a las personas con capacidad restringida y a los niños, niñas y adolescentes en la forma que corresponda;
3) Toma declaración a los testigos;
4) Requiere explicaciones a los peritos y a los integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario intervinientes respecto de los dictámenes e informes presentados.

ARTÍCULO 78°: Audiencia de Vista de Causa. Trámite. Abierto el acto se da lectura resumida a las conclusiones de la prueba y diligencias realizadas desde la audiencia preliminar, excepto que las partes prescindan de ella por considerarse suficientemente instruidas.
Se recibe la prueba.
Excepto el intento de acuerdo, el resto del desarrollo de la audiencia se podrá videoregistrar de conformidad a lo previsto en el artículo 88 in fine.
La audiencia de vista de causa concluye cuando la totalidad de las cuestiones propuestas han sido tratadas. Sin embargo, excepcionalmente, el juez puede suspenderla por causas de fuerza mayor o por la necesidad de incorporar un elemento de juicio considerado indispensable, en cuyo caso debe fijar la fecha de reanudación a la mayor brevedad.
Finalizada la producción de la prueba, se clausura la etapa probatoria y se reciben en forma oral los alegatos de las partes durante diez (10) minutos, en el orden que el juez determine. El juez puede requerir aclaraciones y precisiones tanto durante el curso del alegato, como a su finalización. En el mismo acto dictaminan los Ministerios Públicos.
Finalizada la audiencia, el juez llama autos para sentencia.-

ARTÍCULO 79°: Efectos del llamamiento de autos para resolver. Desde el llamamiento de autos para resolver toda discusión queda cerrada y no pueden presentarse más escritos ni producirse más pruebas, excepto las que el juez disponga como medida para mejor proveer.
Tales medidas deben ser ordenadas en un solo acto y la resolución que las dispone debe ser notificada de oficio. La sentencia tendrá que ser dictada dentro del plazo de diez días a contar desde que queda firme el llamamiento de autos o desde que se cumplimentan las medidas de mejor proveer.-

ARTÍCULO 80°: Notificación de la sentencia. La sentencia debe ser notificada de oficio, dentro de los dos (2) días de su dictado. En la cédula se transcribe la parte dispositiva. Al litigante que lo pida, se le entrega una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario.-

TÍTULO III
PROCESO ABREVIADO

ARTÍCULO 81º: Procedencia. El proceso abreviado se aplica cuando así lo dispone esta ley, o en los supuestos que el juez lo resuelva expresamente.-

ARTÍCULO 82º: Reglas. El proceso abreviado se rige por las reglas del proceso ordinario por audiencias regulado en el Título II de la presente ley, en cuanto sea pertinente, con las modificaciones del artículo siguiente.-

ARTÍCULO 83º: Trámite. El juez da traslado de la demanda para que el demandado comparezca y conteste dentro del plazo de cinco (5) días.
El trámite se concentra en una sola audiencia. La inasistencia de las partes se rige por lo dispuesto en el artículo 74º.
Después de la contestación de la demanda, el juez se pronuncia sobre la prueba, fija la fecha de la audiencia de vista de causa y dispone que se produzca la que no puede ser recibida en esa audiencia, de modo tal que, a la fecha de aquélla, ésta se encuentre diligenciada.
El juez ejerce la facultad de limitar la prueba ofrecida y desestimar la inadmisible, impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza abreviada del trámite
El juez se pronuncia en una única decisión sobre todas las excepciones y defensas. Si acoge la excepción de incompetencia puede omitir pronunciarse sobre las otras.-

ARTÍCULO 84º: Oficina de Gestión de Audiencias. El Superior Tribunal de Justicia se encuentra facultado para organizar una oficina de gestión de audiencias para los juzgados de familia, en aquellas jurisdicciones en las que fuere pertinente, cuya composición y funcionamiento será definido por el Superior Tribunal de Justicia. Esta estructura administrativa dependerá de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia.-

TÍTULO IV
PROCESOS ESPECIALES
CAPÍTULO I
PROCESO DE FILIACIÓN

ARTÍCULO 85º: Trámite. Excepto disposición expresa de esta ley, el proceso de filiación tramita por la vía del proceso ordinario por audiencias, o el que determine el Juez por decisión fundada.
La etapa previa judicial se limitará, en caso de ser dispuesta, a intentar la realización consensuada de la prueba genética y a tratar sobre la petición de daño moral.-

ARTÍCULO 86º: Principio general. Excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada no procede en los procesos de reclamación de filiación cuando el rechazo de la demanda se ha fundado en la insuficiencia de prueba.-

ARTÍCULO 87º: Prueba genética de ADN. Realización. Contestada la demanda, vencido el plazo para hacerlo o, en su caso, resueltas las excepciones previas, el Juez ordenará la realización de la prueba científica de ADN, se haya o no ofrecido, la que deberá ser abonada salvo circunstancias excepcionales, por el demandado independientemente de lo que se determine posteriormente en la condena en costas y lo establecido en la última parte de éste artículo.
Asimismo el juez pondrá su máximo empeño para la realización de dicho examen en un plazo no mayor a noventa (90) días corridos contados desde la audiencia de extracción de muestra dentro del cual deberán estar incorporados los resultados de dicha prueba al expediente, notificándose por nota en un plazo común de cinco días las conclusiones. Previa vista a los Ministerios Públicos cuando corresponda, se dictará sentencia sin más trámite.
El Superior Tribunal de Justicia reglamentará vía acordada lo necesario para asegurar celeridad y transparencia de dicho examen desde el momento de la extracción del material genético en todos los casos en que sea requerida la intervención del Laboratorio del Servicio de Genética Forense para garantizar el derecho a la identidad de las personas, incluso la gratuidad del trámite cuando los litigantes acrediten los extremos requeridos por el artículo 90º.-

ARTÍCULO 88º: Incomparecencia o negativa injustificada. Si alguna de las partes no comparece a la extracción de las muestras o se niega a someterse a la prueba, el Juez la emplaza por cinco (5) días para que pruebe las razones que fundan su conducta procesal.-

ARTÍCULO 89º: Imposición compulsiva del examen. Conforme a los principios de necesidad y racionalidad, como solución residual frente a la injustificada inasistencia, resistencia o falta de colaboración de los convocados a la prueba y ante la ausencia de otros medios probatorios que inspiren igual confianza, podrá el Juez ordenar la imposición compulsiva del examen. En esa situación, la extracción de material biológico deberá practicarse del modo menos lesivo, implicará mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras, a efectuarse según las reglas del saber médico, sin desmedro de la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, y teniendo en consideración su género y otras circunstancias particulares, todo según la opinión del experto a cargo de la intervención.
Siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá el Juez ordenar la obtención de material biológico para la prueba genética por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo.
La parte interesada, antes de interponer la demanda, puede pedir al Juez ordene las medidas antes descriptas en calidad de diligencias preliminares.-

ARTÍCULO 90º: Carencia de recursos económicos. La carencia de recursos económicos suficientes para afrontar el costo de la prueba genética se acredita mediante la carta de pobreza del artículo 2 de la presente ley o cuando el juez lo estime necesario, por la tramitación del beneficio de litigar sin gastos conforme las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, con intervención del Ministerio Público.
Ello es necesario sólo si no existe otro sistema de cobertura de los costos de la prueba genética.

ARTÍCULO 91º: Alimentos provisorios. Trámite. Durante el trámite de reclamación de la filiación o incluso antes de su inicio, el Juez puede fijar alimentos provisorios a cargo del presunto progenitor, agregada que fuera prueba sumaria que acredite la verosimilitud del vínculo invocado.
Si la demanda de alimentos se promueve antes del juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el Juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida.-

ARTÍCULO 92º: Facultades judiciales para reconducir postulaciones. Cuando el interés superior del niño y el derecho a la identidad estuviera comprometido, el Juez puede reconducir las postulaciones, posibilitando el ejercicio de las acciones por parte del hijo.-

ARTÍCULO 93º: Sentencia. Anotación registral. Una vez firme la sentencia de emplazamiento o desplazamiento filial, de oficio el Juez la comunicará al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas para su toma de razón.-

CAPÍTULO II
PROCESO DE ADOPCIÓN

ARTÍCULO 94º: Regla general. Etapa intermedia. El cumplimiento de la etapa intermedia no es exigible en los procesos regulados en el presente Título.-

Sección 1°
Proceso de Declaración de situación de Adoptabilidad

ARTÍCULO 95º: Regla general. La declaración de situación de adoptabilidad es presupuesto de procedencia para la guarda con fines de adopción.-

ARTÍCULO 96º: Inicio de la Intervención Judicial. Verificada alguna de las situaciones que habilitan la declaración de adoptabilidad, el órgano administrativo de protección de derechos o el Ministerio Público de la Defensa, que tomó la decisión, debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al Juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.
Las actuaciones del control de legalidad de la medida excepcional de protección, serán apioladas o bien digitalizadas y sumadas al trámite.-

ARTÍCULO 97º: Sujetos. En el proceso que puede concluir con la declaración judicial de la situación de adoptabilidad intervienen:
1) Con carácter de parte, el niño, niña con edad y grado de madurez suficiente, y el o la adolescente, quienes comparecen con asistencia letrada. En casos en que el niño o niña no cuente con edad y grado de madurez suficiente, se le designará tutor ad litem;
2) Con carácter de parte, los padres u otros representantes legales del niño, niña o adolescente, si estuviesen identificados y la notificación fuese materialmente posible;
3) El organismo administrativo de protección integral que intervino;
4) El Ministerio Público.
El Juez puede escuchar a otros parientes y referentes afectivos que considere pertinentes para conocer la conflictiva familiar involucrada.-

ARTÍCULO 98º: Voluntad de los padres a favor de la adopción. La decisión de los progenitores de que su hijo sea adoptado por otras personas debe ser manifestada judicialmente, con patrocinio letrado, ante el Juez correspondiente a su domicilio. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de acaecido el nacimiento.
Si lo expresan antes del plazo mencionado, se debe dar intervención al órgano administrativo de protección de derechos para que les brinde orientación y disponga las medidas de protección pertinentes.
Presentada la manifestación expresa, el Juez fija una audiencia a la que deben concurrir los progenitores personalmente, dentro de los tres (3) días.
Si alguno o ambos progenitores son menores de edad, se debe citar, además, a sus padres o representantes legales.
En la audiencia, el Juez informa a los progenitores sobre los efectos de la adopción e indaga sobre los motivos por los cuales ellos se manifiestan a favor de la adopción de su hijo.
A fin de conocer si el consentimiento es libre e informado, se da intervención al equipo técnico multidisciplinario para que realice las entrevistas e informes pertinentes en el plazo de quince (15) días; excepcionalmente, por razones fundadas, el plazo puede ser ampliado por igual lapso. Si de los informes surge que el consentimiento es libre e informado, se declara la situación de adoptabilidad. Si no lo es, el organismo administrativo de protección toma las medidas adecuadas para generar la posibilidad de que el niño permanezca con su familia.-

ARTÍCULO 99º: Providencia inicial. La providencia inicial deberá disponer:
1) La citación a una audiencia para escuchar al niño, niña o adolescente conforme su edad y grado de madurez, que deberá celebrarse dentro de los diez (10) primeros días de promovido el trámite;
2) En igual lapso, se convocará también a los progenitores y/o responsables niño, niña o adolescente;
3) La comunicación de ambos actos al Ministerio Público de la Defensa y el organismo de protección de derechos, para que asistan a los mismos;
4) El Juez podrá disponer medidas de prueba para completar la información disponible;
5) De acuerdo a las circunstancias del caso, podrá citar a otros parientes y referentes afectivos del niño, niña o adolescente.-

ARTÍCULO 100º: Imposibilidad de notificación. En el supuesto que resulte imposible la notificación de la audiencia a los progenitores o responsables del niño, niña o adolescente y agotadas las diligencias tendientes a ese fin sin resultado satisfactorio, se dictará resolución, debidamente fundada, designándole a los mismos un representante del Ministerio Público de la Defensa, quien los representará a los fines de la continuidad del proceso.-

ARTÍCULO 101º: Duración de la etapa. Sentencia. La duración de esta etapa no podrá ser superior a noventa (90) días, al cabo de los cuales, y previa vista al Ministerio Público de la Defensa por un lapso de dos (2) días, el Juez debe pronunciarse sobre si declara o no la situación de adoptabilidad.-

ARTÍCULO 102º: Improcedencia. La declaración de situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y el pedido es considerado adecuado a su interés superior.-

ARTÍCULO 103º: Excepción a los plazos reglados. En casos excepcionales, y por decisión fundada, los plazos previstos en este Capítulo pueden ser reducidos si las medidas de protección han fracasado por motivos imputables a los progenitores, tutores o familiares a cargo, y se advierte que el cumplimiento de los plazos agrava la situación de vulnerabilidad del niño, niña o adolescente y, consecuentemente, conculca su interés superior.
El Juez, por pedido fundado del Ministerio Público o del organismo administrativo de protección de derechos, puede decretar la situación de adoptabilidad.
Dicha resolución se notifica a los progenitores o a la familia de origen, según el caso, haciéndoseles saber que se procederá a otorgar la guarda con fines de adopción.-

ARTÍCULO 104º: Contenido de la sentencia. La sentencia que declara la situación de adoptabilidad, debe contener la orden al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción de Entre Ríos para que en un plazo no mayor a los diez (10) días, remita al juzgado diez (10) legajos seleccionados por ese organismo.-

ARTÍCULO 105º: Legajos. Registro de Adoptantes. Los diez (10) legajos deben ser seleccionados teniéndose en cuenta las situaciones y particularidades del niño, niña o adolescente. Esta selección debe respetar el orden de la Lista Única del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción de Entre Ríos. El apartamiento del orden de la lista debe ser fundado, y es admisible sólo en circunstancias excepcionales. A los efectos de brindar al Registro la información necesaria y facilitar la selección de los legajos, colaborarán funcionalmente con dicha dependencia, el organismo administrativo de protección de
derechos y el Ministerio Público de la Defensa.-

ARTÍCULO 106º : Notificación de la Sentencia. La sentencia que concluya esta etapa debe notificarse a todos los sujetos del procedimiento.-

Sección 2°
Guarda con Fines de Adopción

ARTÍCULO 107º: Legajo. Receptados los legajos, el Juez deberá seleccionar uno de ellos.-

ARTÍCULO 108º: Selección de los guardadores para adopción. Seleccionado el o los postulantes, inmediatamente, el Juez debe fijar una audiencia para que se realice dentro del plazo máximo de cinco (5) días.-

ARTÍCULO 109º: Audiencia con los pretensos guardadores. El Juez convocará a la audiencia al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción de Entre Ríos, al organismo de protección de derechos y al Ministerio Público de la Defensa.
Los pretensos guardadores que concurren a la audiencia y no declinan su voluntad deben ratificarla expresamente. El Juez con el apoyo de los profesionales de los Equipos mencionados, debe elaborar una estrategia para favorecer la vinculación de los pretensos guardadores con el niño, niña o adolescente, que puede involucrar, según circunstancias del caso, encuentros graduales, audiencias interdisciplinarias e interinstitucionales, acompañamiento y apoyo psicológico, entre otras.
El Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial o el del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción de Entre Ríos, según entienda conveniente el Juez, evitando situaciones de revictimización del niño, debe intervenir en esta etapa de vinculación, teniendo a su cargo el seguimiento de las estrategias y medidas adoptadas y el deber de elaborar un informe en un plazo máximo de treinta (30) días desde la celebración de la audiencia.
El organismo administrativo de protección de derechos también tiene la facultad de intervenir en esta etapa, de oficio o a petición de parte interesada.
El juez debe adoptar medidas para evitar intervenciones superpuestas cuando las mismas resulten perjudiciales para el niño, niña o adolescente.
El Juez debe tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente, y entrevistar a los descendientes de los guardadores, si existiesen. También puede escuchar a todo otro familiar de los guardadores que el Juez o el equipo técnico multidisciplinario consideren conveniente.
La etapa de vinculación tendrá una duración máxima de noventa (90) días, salvo que las circunstancias del caso ameriten extender el mismo.-

ARTÍCULO 110º: Incomparecencia de los postulantes y carencia de postulantes. Si los aspirantes no concurren a la audiencia fijada sin causa justificada, o declinan su voluntad de constituirse en guardadores con fines de adopción, se seleccionan nuevos aspirantes en un plazo máximo de diez (10) días.
Si no existiesen postulantes para el caso particular, el Juez, luego de oír al niño, niña o adolescente, debe evaluar junto con el organismo administrativo y el equipo técnico multidisciplinario del Juzgado, cuáles son las medidas de protección o la figura jurídica adecuada para resolver la situación de vulnerabilidad planteada, procurando evitar la institucionalización.-

ARTÍCULO 111º: Otorgamiento de la guarda para adopción. Presentado el informe del equipo técnico multidisciplinario, el Juez, por resolución fundada, en caso de proceder otorga la guarda con fines de adopción, por un plazo que no puede exceder los seis (6) meses, designando al equipo técnico que estará a cargo del seguimiento de la instancia.
En esa resolución, el Juez convoca a una audiencia a realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que debe informar a los guardadores:
1) La obligación de someterse a entrevistas e informes periódicos que realice el Equipo Técnico Interdisciplinario en el domicilio que residan los guardadores, a fin de evaluar el desenvolvimiento de la guarda;
2) Las fechas de las audiencias para que concurran al Juzgado en compañía del niño, niña o adolescente y descendientes de los guardadores si los hubiese, a fin de que el Juez tome conocimiento personal de la situación;
3) Que en cualquier tiempo, puede citar a cualquier persona que considere pertinente para conocer el grado de desarrollo del vínculo afectivo con el pretenso adoptado.
Esta resolución será notificada a todos los sujetos intervinientes y al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción de Entre Ríos por el modo de notificación más ágil.-

ARTÍCULO 112º: Revocación de la guarda para adopción. Si durante el período de guarda para adopción, injustificadamente, los guardadores fueren remisos en presentar los informes, no comparecieren a las audiencias convocadas por el Juez, o los informes arrojaren resultados negativos sobre la vinculación afectiva o aptitud de los guardadores para adoptar, de oficio, a pedido de parte o por petición del organismo administrativo de protección de derechos interviniente, el Juez puede revocar la guarda para adopción otorgada, disponer las medidas de protección pertinentes, y proceder en el plazo máximo de diez (10) días a
seleccionar a otro postulante.
Dicha resolución deberá comunicarla al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción de Entre Ríos y al organismo de protección de derechos, y dispondrá lo necesario para una nueva selección de postulantes.-

Sección 3°
Juicio de Adopción

ARTÍCULO 113º: Inicio del proceso de adopción. Una vez cumplido el período de guarda, el Juez interviniente, de oficio, a pedido de parte, del organismo administrativo de protección de derechos, o del Ministerio Público de la Defensa, debe dar inicio al proceso de adopción.

ARTÍCULO 114º: Prueba. En la petición de adopción, los pretensos adoptantes deben acompañar toda la prueba documental y ofrecer las demás pruebas de la que intenten valerse.
Esta presentación se notifica al Ministerio Público y al organismo administrativo de protección de derechos interviniente.
El Juez examinará la información con la que cuenta la causa, y en su caso, en la primera resolución, podrá ordenar medidas probatorias complementarias de oficio o hacer lugar a las ofrecidas por las partes y fijará una audiencia dentro de los 10 (diez) días siguientes, a la que convocará a las partes, con la intervención del Ministerio Público de la Defensa.-

ARTÍCULO 115º: Sujetos. En el proceso de adopción son partes:
1) Los pretensos adoptantes;
2) El pretenso adoptado; si tiene edad y grado de madurez suficiente, comparece con asistencia letrada. El Juez debe oírlo personalmente, y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez.
Intervienen, además, el Ministerio Público y el organismo administrativo de protección de derechos.-

ARTÍCULO 116º: Audiencia. En la audiencia, el Juez hará saber a las partes de las consecuencias legales de la adopción encaminada, como asimismo de las distintas modalidades y alcance que puede revestir el emplazamiento adoptivo.-

ARTÍCULO 117º: Consentimiento del pretenso adoptado mayor de diez (10) años. Si el pretenso adoptado es mayor de diez (10) años, debe prestar consentimiento expreso en la audiencia mencionada en el artículo anterior. En caso de negativa arbitrará las medidas que fueren necesarias a las circunstancias del caso y para el mejor interés del niño.-

ARTÍCULO 118º: Sentencia. Producida la prueba y los informes correspondientes por el equipo técnico multidisciplinario, previa vista al Ministerio Público de la Defensa, el Juez dicta sentencia en el plazo de diez (10) días, otorgando la adopción, bajo la modalidad que corresponda, de acuerdo a las previsiones del código de fondo, y de conformidad con el interés superior del niño.
La sentencia debe inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y se remitirá copia certificada de la misma al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de adopción de Entre Ríos.-

ARTÍCULO 119º: Negativa del niño mayor de diez años. En caso de negativa del pretenso adoptado mayor de diez (10) años, el Juez debe tomar todas las medidas pertinentes para conocer y trabajar sobre esa negativa del pretenso adoptado. Puede pedir la colaboración del organismo administrativo de protección de derechos y de otros recursos institucionales a fin de lograr una real integración del niño en la pretensa familia adoptiva en un plazo máximo de treinta (30) días.
Vencido el plazo, si el pretenso adoptado mantiene la negativa, dentro de las veinticuatro (24) horas, el Juez debe ordenar la remisión de legajos del registro de adoptantes para proceder a seleccionar nuevos postulantes o, según las circunstancias del caso, evaluar conjuntamente con el organismo administrativo de protección de derechos y el equipo técnico multidisciplinario del juzgado, cuáles son las medidas de protección o figura jurídica adecuada para la situación concreta, procurando evitar la institucionalización.-

ARTÍCULO 120º: Recursos. Sólo son apelables, y en la forma establecida en la presente norma:
1) La decisión que resuelve la situación de adoptabilidad;
2) La revocación de la guarda para adopción;
3) La sentencia de adopción.-

Sección 4°
Proceso para la Adopción de Integración

ARTÍCULO 121º: Legitimación. Inicio del trámite. Audiencia. La adopción de integración deberá ser promovida por el pretenso adoptante y el pretenso adoptado. En el escrito de inicio, deberán describirse las circunstancias que lo justifican, y enunciar los vínculos familiares de origen.
En la primera resolución el Juez fijará una audiencia dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que convocará al peticionante, su cónyuge o conviviente, a la persona que se intenta adoptar y al progenitor biológico, si contara con doble vínculo filial de origen y dará intervención al equipo técnico interdisciplinario, cuyo informe deberá estar agregado a las actuaciones en forma previa a celebrarse la misma.
Si el pretenso adoptado fuera persona menor de edad, dará intervención al Ministerio Público de la Defensa.-

ARTÍCULO 122º: Sentencia. Previa vista, si correspondiera, al Ministerio Público de la Defensa, el Juez dictará sentencia en el plazo de diez (10) días, haciendo lugar a la adopción de integración, y fijando los efectos entre adoptante y adoptado, o rechazándola. La sentencia de integración será comunicada de oficio al Registro Civil y de Estado de las Personas, para su toma de razón.-

CAPÍTULO III
PROCESO DE ALIMENTOS

Sección 1°
Reglas del Proceso

ARTÍCULO 123º: Reglas generales. Trámite. La pretensión por alimentos, no es acumulable a otra petición, debe transitar por la mediación prejudicial obligatoria y si fracasa ésta, el trámite se rige por las reglas del Juicio abreviado por audiencia, con las disposiciones especiales que se establecen en este Capítulo.
Los Procesos de Alimentos, se rigen por las siguientes reglas:
1) Autonomía progresiva: los niños, niñas y adolescentes con edad y grado de madurez suficiente, están legitimados para peticionar alimentos; deben intervenir con patrocinio letrado;
2) Incremento de las necesidades alimentarias: a mayor edad de los niños, niñas y adolescentes aumentan las necesidades materiales, ampliándose la obligación alimentaria;
3) Irrepetibilidad: los alimentos son irrepetibles. El alimentado no puede estar obligado a compensación alguna, o a prestar fianza, caución para restituir los alimentos percibidos, aun cuando la sentencia que los fijó sea revocada;
4) Actividad probatoria oficiosa: la facultad judicial de ordenar prueba se acentúa si el alimentado es una persona menor de edad o con capacidad restringida;
5) Modificabilidad de la Sentencia firme: las resoluciones dictadas en los procesos de Alimentos pueden ser modificadas cuando se producen cambios significativos en los presupuestos que las motivaron.-

ARTÍCULO 124º: Legitimaciones y legitimación para reclamar alimentos a favor de los hijos. Sin perjuicio de otros legitimados para reclamar alimentos por diferentes causas, se encuentran legitimados para reclamar alimentos a favor de los hijos:
1) Si se trata de una persona menor de edad, los representantes legales, toda persona que acredite fehacientemente tener al niño bajo su cuidado y el Ministerio Público. La persona menor de edad, con edad y grado de madurez suficiente puede reclamar con patrocinio letrado. Si se trata de alimentos fundados en la
Responsabilidad Parental, en el mismo proceso se puede demandar a los abuelos y demás legitimados pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el Título VII del Código Civil y Comercial;
2) El hijo mayor de edad que aún no ha cumplido los veintiún (21) años está legitimado para reclamar alimentos a sus progenitores y demás obligados. Si convive con uno de sus progenitores, ese progenitor está legitimado para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla los veintiún (21) años. El
progenitor con el que convive puede iniciar el proceso de alimentos o, en su caso, continuar el ya promovido durante la minoría de edad del hijo para que el Juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Las partes de común acuerdo, o el Juez, a pedido de alguno de los progenitores o el hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente, de conformidad con lo previsto en el artículo 662 del Código Civil y Comercial de la Nación;
3) El hijo mayor de edad que estudia o se capacita hasta los veinticinco (25) años, está legitimado para peticionar alimentos si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios
necesarios para sostenerse de manera independiente. La legitimación del progenitor con el que el alimentado convive se rige por lo dispuesto en el inciso anterior.-

ARTÍCULO 125º: Legitimación de personas con capacidad restringida. Están legitimados para reclamar la obligación alimentaria de una persona con capacidad restringida:
1) El propio interesado;
2) Su representante legal, el o los apoyos designados;
3) El Ministerio Público.-

ARTÍCULO 126º: Demanda. La demanda de alimentos, debe contener:
1) Datos suficientes para acreditar el vínculo y las circunstancias en las que se fundan;
2) Estimar el monto que se reclama;
3) Si se tiene conocimientos, denunciar los ingresos que el demandado percibe, ya sea cuando se reclame en representación de sus hijos menores de edad, o de aquel progenitor, cónyuge, conviviente o pariente, cuando el pedido no involucra personas menores de edad;
4) Acompañar toda la documentación que el actor tuviese en su poder y que haga su derecho;
5) Ofrecer la prueba testimonial, hasta un máximo de tres (3) testigos, acompañando el interrogatorio y, en su caso, la declaración de éstos, de conformidad con las disposiciones generales previstas en esta ley, y firmado por ellos.-

ARTÍCULO 127º: Defensas que puede oponer la parte demandada. El demandado por alimentos, sólo puede oponer las siguientes defensas, especificando en su caso la prueba de la que intentará valerse:
1) La falta de título o de derecho de quien peticiona los alimentos;
2) La situación patrimonial propia o la de quien solicita alimentos;
3) Invocar como lo establece el artículo 546 del Código Civil y Comercial, la existencia de otros obligados, ya sea pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. El demandado puede pedir la citación a juicio de todos o parte de los
restantes obligados, para que la condena los alcance.-

ARTÍCULO 128º: Citación de otros Obligados. Si el demandado pide la citación de otros obligados, y la actora no lo consiente, el Juez ordenará el traslado de la demanda, aplazando al efecto la fecha de la audiencia. Las defensas que pueden oponer estos obligados, son las previstas en el artículo anterior.-

ARTÍCULO 129º: Prueba de informes o dictámenes periciales. La falsedad y omisión de datos en la contestación de los pedidos de informes o dictámenes hace solidariamente responsables al informante o perito por el daño causado.
Los oficios o cédulas de notificación, deben transcribir esta disposición.-

ARTÍCULO 130º: Modo de cumplimiento. Repetición. Excepto acuerdo de partes, la cuota alimentaria en dinero se deposita en el banco de depósitos judiciales y se entrega al beneficiario o su representante legal a su sola presentación. El apoderado puede percibirla sólo si existe resolución fundada que lo autorice. La percepción de la cuota alimentaria en especie se determina por la naturaleza de las prestaciones acordadas o judicialmente fijadas.
En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros obligados en la proporción que corresponda a cada uno. Esta solicitud puede ser peticionada en el mismo proceso, o de manera autónoma según las reglas previstas para incidentes.-

ARTÍCULO 131º: Medidas ante el incumplimiento. Apelación. El Juez interviniente en un proceso de alimentos, está facultado para aplicar cualquier tipo de sanciones conminatorias que resulten eficaces, adecuadas y razonables a los fines de obtener el cumplimiento, en tiempo y forma, del pago de la obligación alimentaria y asegurar la eficacia de la sentencia.
Las sanciones son apelables sin efecto suspensivo.-

ARTÍCULO 132º: Sentencia. Retroactividad. Retención de sueldo. La sentencia tiene efectos retroactivos a la fecha de constitución en mora, siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro de un término no mayor a seis (6) meses contados desde la interpelación.
En caso de no haber mediado interpelación fehaciente o de no haberse deducido la demanda en el referido plazo, la condena se retrotrae a la fecha de inicio de la etapa previa o de la interposición de la demanda, la que fuese anterior, según corresponda.
Si el alimentado posee un empleo en relación de dependencia, el Juez puede ordenar la retención directa de sus haberes. Quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor, es responsable solidario de la obligación alimentaria.- 

ARTÍCULO 133º: Alimentos devengados durante el proceso. Cuota suplementaria. Las cuotas devengadas durante el proceso y hasta la sentencia, serán consideradas para establecer el monto de una cuota suplementaria. El Juez fijará su importe teniendo en cuenta la cuantía de la deuda y la capacidad económica del alimentante.
Las cuotas mensuales suplementarias devengan intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.-

ARTÍCULO 134°: Tasa de interés. Las sumas adeudadas por el incumplimiento de la obligación alimentaria devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina, a la que se adiciona la que el Juez fije según circunstancias del caso.-

ARTÍCULO 135º: Medidas cautelares. El Juez puede disponer la traba de cualquier medida cautelar para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos.
El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes.

ARTÍCULO 136º: Salida del País. De oficio o a pedido de parte, el Juez puede prohibir la salida del país del deudor hasta tanto cumpla con su obligación, excepto que preste caución suficiente para satisfacerla.-

ARTÍCULO 137º: Registro de deudores alimentarios. El Juez dispondrá que se anote a la persona deudora de cuotas alimentarias provisorias o definitivas en el Registro de Deudores Alimentarios local si se dieran las siguientes condiciones:
1) Las cuotas fueron fijadas por resolución judicial o en acuerdo homologado judicialmente;
2) El obligado ha incumplido con el pago de tres (3) cuotas consecutivas o de cinco (5) alternadas;
3) Se ha intimado judicialmente al pago;
4) No se ha justificado el incumplimiento.-

ARTÍCULO 138º: Costas. Las costas son a cargo del demandado aun cuando se hubiese allanado, cuando la suma propuesta por él coincida con la fijada en la sentencia, se hubiese reconocido una suma menor a la reclamada o se hubiese arribado a un acuerdo.
Excepcionalmente, las costas pueden ser impuestas parcialmente al peticionante de los alimentos, cuando el Juez verifique que el derecho ha sido ejercido de modo manifiestamente abusivo. En este supuesto, si el alimentado fuera una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz, las costas pueden imponerse a su representante o apoyo según el caso.
Si el reclamo se rechaza, o si el litigio refiera al pedido de fijación de cuota alimentaria por parte del alimentante, se aplican las reglas generales sobre costas del Código Procesal Civil y Comercial.-

ARTÍCULO 139º: Apelación. Las resoluciones que establecen obligaciones alimentarias, cualquiera sea su naturaleza y procedimiento, son apelables sin efecto suspensivo.
Deducida la apelación, se expide copia certificada de la sentencia para su ejecución y las actuaciones se remiten a la Cámara de Apelaciones, inmediatamente, después de contestado el traslado del memorial o de haber vencido el plazo para hacerlo.La apelación interpuesta contra la resolución que hace lugar al incidente de reducción de la cuota se concede con efecto suspensivo.-

Sección 2°
Alimentos Provisorios

ARTÍCULO 140º: Alimentos provisorios. Trámite. Recurso. La solicitud de alimentos provisorios tramitará por el procedimiento de la Tutela Anticipada y se podrá articular directamente ante el juez, aun antes de instada la etapa previa por el reclamo de alimentos definitivos.-

ARTÍCULO 141º: Sentencia. La resolución que fija los alimentos provisorios debe mencionar expresamente que su incumplimiento dará lugar:
1) Al procedimiento ejecutivo;
2) A la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, en caso de incumplimiento.

ARTÍCULO 142º: Caducidad. Fijada la cuota alimentaria provisoria, el alimentado debe iniciar acciones pertinentes para la fijación de los alimentos definitivos mediante el procedimiento previsto en el capítulo siguiente, en un plazo de seis (6) meses. El alimentante puede solicitar la caducidad de la cuota alimentaria provisoria si el alimentado incumple la carga de iniciar la demanda dentro de ese término.
La caducidad no se aplica si se trata de alimentos fijados:
1) Al cónyuge, encontrándose pendiente el trámite de divorcio;
2) Al presunto hijo en el marco de un proceso de filiación;
3) Cuando los beneficiarios son personas menores de edad, incapaces o con capacidad restringida.
En los dos primeros supuestos los plazos de caducidad se cuentan desde que la sentencia respectiva quede firme. En el último, pasado los seis (6) meses, la sentencia provisional hace cosa juzgada formal, y es modificable conforme lo reglado en la Sección 5° del presente Capítulo.-

ARTÍCULO 143º: Alimentos para la mujer embarazada. Trámite. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria que permita inferir en grado de probabilidad, la filiación alegada. El trámite aplicable es el de la Tutela Anticipada.-

Sección 3°
Alimentos Definitivos

ARTÍCULO 144º: Conclusión de los alimentos provisorios. Pasado los seis (6) meses desde que se fijó la cuota alimentaria provisoria, el alimentado deberá iniciar las acciones correspondientes para que el Juez determine la cuota alimentaria definitiva, cumplimentado los recaudos que exige el artículo 126º de la presente ley.-

ARTÍCULO 145º: Apertura del proceso. Interpuesta la demanda el Juez, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas el Juez ordenará por auto fundado derivar el caso a mediación o despachar las medidas probatorias solicitadas, y fijará la fecha de audiencia dentro del plazo que no puede exceder de cinco (5) días, contados desde la fecha de interposición de la demanda o de la clausura de la etapa intermedia, según correspondiere.-

ARTÍCULO 146º: Audiencia. A la audiencia deben comparecer las partes personalmente y el Ministerio Público.
El alimentado que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, aunque intervenga mediante su representante legal, debe comparecer a la audiencia si así lo dispuso el Juez en el auto de apertura del proceso.
El Juez debe procurar que las partes arriben a un acuerdo. Si las partes acuerdan, en el mismo acto se homologa el acuerdo, concluyendo el proceso.-

ARTÍCULO 147º: Incomparecencia injustificada del demandado. Si la parte demandada no comparece ni acredita previamente justa causa de su inasistencia, en el mismo acto el Juez deberá:
1) Aplicar una multa pecuniaria cuyo monto tendrá en cuenta la situación económica del demandado, según las pruebas aportadas;
2) Fijar una nueva audiencia dentro de los cinco (5) días, que se notifica con habilitación de día y hora, bajo apercibimiento de establecer la cuota alimentaria de conformidad con las pretensiones de la parte actora y lo que resulte del expediente.-

ARTÍCULO 148º: Incomparecencia de la actora. Si la parte actora no comparece ni acredita previamente justa causa de su incomparecencia, el Juez fija una nueva audiencia, en la misma forma y plazo previsto en el artículo anterior, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su pretensión si no concurriese.
Esta regla no se aplica si el alimentado es una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz. En este caso, el Ministerio Público debe evaluar la situación de incomparecencia y dictaminar según corresponda.

ARTÍCULO 149°: Incomparecencia justificada. Si alguna de las partes no comparece por razones justificadas, el Juez fija otra fecha dentro del plazo de tres (3) días de explicadas las razones de la incomparecencia. La misma, puede justificarse una sola vez.-

ARTÍCULO 150º: Intervención de la parte demandada. En la audiencia inicial, la parte demandada puede oponer y probar:
1) La falta de título o de derecho de quien peticiona los alimentos;
2) La situación patrimonial propia o la de quien solicita alimentos.
A ese fin tiene la carga de:
a) Acompañar prueba documental sobre su situación patrimonial o de la parte actora,
b) Solicitar informes cuyo diligenciamiento estará a su cargo, debiendo agregarse al expediente en un plazo máximo de diez (10) días,
c) En el supuesto de ofrecer testigos, exponer las razones de la utilidad de este medio de prueba y presentar los interrogatorios correspondientes.
La prueba de testigos debe sustanciarse en esa misma audiencia, siendo carga de la parte interesada asegurar la comparencia.
También podrá solicitar la citación a juicio de otros obligados conforme al artículo 546 del Código Civil y Comercial, en cuyo caso y de juzgarlo procedente, el juez suspenderá la audiencia por un plazo máximo de diez (10) días y ordenará traslado a los mismos, fijando nueva fecha dentro de dicho plazo para que comparezcan, rigiendo para ellos las mismas disposiciones de los incisos anteriores.-

ARTÍCULO 151º : Decisión. Agregados los informes a los que alude el inciso b) del artículo anterior, en el plazo máximo de cinco (5) días, sin necesidad de petición de parte, si admite la demanda, el Juez fija los alimentos de conformidad con las constancias y pruebas agregadas y ordena pagar por meses anticipados, desde la fecha de notificación fehaciente, cuando ello correspondiere conforme las previsiones del Código Civil y Comercial.
Las cuotas, devengan intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.-

ARTÍCULO 152º: Alimentos atrasados. Inactividad procesal del alimentado. La inactividad procesal del alimentado crea la presunción de falta de necesidad. Según las circunstancias, el Juez puede determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas referidas al período correspondiente a la inactividad.
Esta caducidad no se aplica:
1) Si el alimentado es una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz;
2) Si la aparente inactividad del interesado es provocada por la inconducta del alimentante;
3) Si el interesado prueba causas justificantes de su inactividad.-

ARTÍCULO 153º: Alimentos devengados durante el proceso. Cuota Suplementaria. La sentencia que admite la demanda debe ordenar que se abonen las cuotas atrasadas. El Juez determinará el monto de la cuota suplementaria, teniendo en cuenta la cuantía de la deuda y la capacidad económica del alimentante.
Las cuotas mensuales suplementarias devengan intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.-

ARTÍCULO 154º: Alimentos atrasados y devengados durante el proceso. Pago en cuotas. El alimentante puede solicitar dentro de los cinco (5) días de notificado de la sentencia pagar los alimentos atrasados en cuotas distintas a las establecidas en el fallo. Si las razones invocadas tienen fundamentación suficiente, el Juez está facultado para hacer lugar a la petición en forma total, parcial o establecer otra forma de pago.-

ARTÍCULO 155º: Cuota extraordinaria. Si se pretende una cuota extraordinaria, la petición tramita por incidente, siempre que sea compatible con la naturaleza alimentaria del reclamo.-

Sección 4°
Ejecución Alimentaria

ARTÍCULO 156º: Titulo ejecutivo. Firme la sentencia que homologa el acuerdo o que fija los alimentos provisorios o definitivos, si el alimentante no cumple su obligación, queda habilitada la vía ejecutiva.
Si dentro de los tres (3) días de intimado al pago el demandado no cumple, el Juez ordenará el embargo y la subasta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda.-

ARTÍCULO 157º: Excepción. El alimentante sólo puede oponer las siguientes excepciones:
1) Pago documentado;
2) Prescripción.-

ARTÍCULO 158º: Recurso. El Recurso de apelación se concederá sin efecto suspensivo.-

Sección 5°
Aumento, Disminución, coparticipación o cesación de alimentos

ARTÍCULO 159º: Trámite. Toda petición de aumento, disminución, coparticipación o cesación de la obligación alimentaria se sustancia por incidente. Este trámite no interrumpe la percepción de las cuotas ya fijadas o acordadas.-

ARTÍCULO 160º: Disminución. Durante el proceso de disminución de cuota alimentaria, si el derecho del actor es verosímil, el Juez puede disponer como medida cautelar el pago de una cuota provisoria que rige durante la sustanciación del proceso.
Si la demanda es rechazada, la actora debe satisfacer los montos que le hubiera correspondido pagar y sus accesorios. Esta disposición no rige para alimentos a favor de personas menores de edad, con capacidades restringidas o incapaces.-

ARTÍCULO 161º: Momento a partir del cual la resolución rige. El aumento de la cuota alimentaria rige desde la fecha de promoción de la demanda. La disminución, coparticipación y cese de los alimentos, desde que la sentencia queda firme.
La Sentencia que admite la disminución, coparticipación y cese de los alimentos tiene efecto retroactivo respecto de las cuotas devengadas pero no percibidas, excepto que la falta de percepción se haya debido a maniobras abusivas o dilatorias del alimentante.-

ARTÍCULO 162º: Excepción a la prohibición de interponer nuevo incidente adeudando las costas de otro anterior. Si el aumento de la cuota alimentaria es solicitado por una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz, no rige la prohibición de dar trámite a nuevos incidentes estando pendientes el pago de las costas de un incidente anterior.-

ARTÍCULO 163º: Litisexpensas. Trámite. La demanda por litisexpensas se sustancia de conformidad con las disposiciones previstas para el trámite oral.-

CAPÍTULO IV
PROCESO DE DIVORCIO

ARTÍCULO 164º : Disposiciones generales. El cumplimiento de la mediación prejudicial obligatoria, no es exigible para peticionar el divorcio.-

ARTÍCULO 165º: Legitimación. Están legitimados para iniciar el proceso de divorcio sólo los cónyuges, de manera conjunta o unilateral.-

ARTÍCULO 166º: Requisitos para la petición. Facultades del Juez. Toda petición de divorcio, bilateral o unilateral, debe ser acompañada de:
1) Libreta de familia o acta de matrimonio y en su caso partidas de nacimiento de los hijos menores de edad;
2) Convenio regulador o la propuesta para arribar al mismo;
3) Indicar la fecha de la separación de hecho si ésta precedió al divorcio.
La omisión de dichos recaudos, impide dar trámite a la petición. El desacuerdo sobre alguno o todos los efectos del divorcio, o el déficit en la documentación que respalde el convenio o la propuesta, no suspende el dictado de la sentencia de divorcio en ninguna de las dos modalidad previstas.-

ARTÍCULO 167º: Divorcio bilateral. En este juicio, los cónyuges peticionan el divorcio en un mismo escrito, al que deben adjuntar el convenio regulador sobre los efectos del divorcio o, en su defecto, la propuesta unilateral de cada uno. En ambos casos, el escrito debe ser patrocinado por un abogado para cada parte.
Recibida la petición, el Juez dictará sentencia de divorcio y homologará los efectos acordados.
En caso de no existir acuerdo total, el Juez dicta sentencia de divorcio y convoca a una audiencia en el plazo de diez (10) días.
Las partes deben comparecer a la audiencia personalmente, con sus respectivos abogados. El Juez debe intentar la solución consensuada de aquellos aspectos relativos a los efectos del divorcio que no hayan sido previamente acordados.
Si el acuerdo se logra, el Juez lo homologa en la misma audiencia. Si es parcial, lo homologa en esa extensión. En ambos casos, el Juez puede rechazar los acuerdos que afecten gravemente los intereses de los integrantes del grupo familiar.-

ARTÍCULO 168º: Divorcio unilateral. En el divorcio unilateral, cualquiera de los cónyuges con patrocinio letrado solicita su declaración.
De la petición con la propuesta de acuerdo regulador, se correrá traslado por diez (10) días al otro cónyuge, quien puede presentar una propia. En este caso, se correrá traslado de la misma al peticionante por el plazo de cinco (5) días. Si hubiera entendimiento, el Juez procederá conforme a lo establecido para el caso de acuerdo en el divorcio bilateral.-

ARTÍCULO 169º: Ausencia de acuerdo. No habiéndose arribado a un acuerdo, y sin perjuicio del dictado de las medidas provisionales previstas en éste Capítulo, las partes previo cumplimiento de la mediación previa obligatoria, ocurrirán conforme las previsiones de ésta ley por la vía de los incidentes para ventilar aquellos planteos relativos a los efectos derivados del divorcio que no hubiesen sido objeto de acuerdo.-

ARTÍCULO 170º: Convenio regulador. En cualquier etapa del procedimiento los cónyuges pueden acordar, a través del convenio regulador, sobre todos o algunos de los efectos derivados del divorcio como la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, eventuales compensaciones económicas, ejercicio de la responsabilidad parental y prestación alimentaria, entre otros.
El Juez, a pedido de parte interesada o de oficio, puede objetar una o más estipulaciones del convenio regulador, siempre que afectaren gravemente los intereses de los integrantes del grupo familiar.-

ARTÍCULO 171º: Sentencia. Inscripción. Recursos. La sentencia, extingue el vínculo matrimonial. El Juez, de oficio, mandará a inscribir la sentencia de divorcio en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
La sentencia de divorcio no es apelable, excepto en la parte que disponga sobre:
1) Homologación de acuerdos;
2) Efectos del divorcio;
3) Regulación de honorarios profesionales;
4) Imposición de costas.-

ARTÍCULO 172º: Medidas provisionales. Iniciado el proceso de divorcio o antes, el Juez puede disponer medidas provisionales de carácter personal o patrimonial, a pedido de parte o de oficio en el caso de las primeras. Al despachar la medida, el Juez debe establecer el plazo de duración, pudiendo prorrogarlo si fuere necesario.
Las medidas provisionales que el Juez puede disponer son:
1) Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, quien de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, los bienes que retira el cónyuge que deja el inmueble;
2) Si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges;
3) Ordenar la entrega de los objetos de uso personal;
4) Disponer de un régimen de alimentos y ejercicio del cuidado de los hijos conforme lo dispone el Código Civil y Comercial;
5) Determinar los alimentos que solicite el cónyuge, teniendo en cuenta las pautas establecidas en el Código mencionado;
6) Cualquier otra medida pertinente para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante la tramitación del proceso.
Estas medidas también pueden disponerse en reclamos de carácter personal derivados de la nulidad del matrimonio y las uniones convivenciales.-

ARTÍCULO 173º: Medidas cautelares relativas a los bienes. Iniciado el Proceso de divorcio o antes, en caso de urgencia, a pedido de parte, el Juez puede disponer medidas cautelares para evitar que la administración o disposición de los bienes de uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos, o defraudar derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial que rija.
A pedido de parte, el Juez puede disponer medidas tendientes a determinar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares, a los fines de la traba de medidas cautelares.
Estas medidas también pueden disponerse en reclamos patrimoniales derivados de la nulidad del matrimonio y las uniones convivenciales.-

CAPÍTULO V
RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD DE EJERCICIO

Sección 1°
Declaración de restricción a la capacidad e incapacidad

ARTÍCULO 174º: Reglas generales. Los procesos de restricción a la capacidad y de incapacidad se rigen por las siguientes reglas generales:
1) La capacidad de ejercicio de la persona destinataria del proceso, se presume, y es parte del mismo, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial;
2) Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona;
3) El abordaje y dictamen interdisciplinario, como la entrevista personal entre el Juez y la persona tutelada, constituyen garantías especiales y condiciones necesarias en estos procesos;
4) La persona protegida tiene derecho a recibir información y ser escuchada, a través de ajustes razonables, medios y tecnologías adecuadas para su comprensión;
5) Tiene derecho además a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, y si carece de medios económicos, a que la misma le sea proporcionada con la designación de un abogado especialista;
6) Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades;
7) El Ministerio Público de la Defensa tiene intervención necesaria.-

ARTÍCULO 175º: Legitimación activa. Están legitimados para solicitar la declaración de capacidad restringida y la declaración excepcional de incapacidad:
1) La persona destinataria de este proceso de protección;
2) El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no
haya cesado;
3) Los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad, dentro del segundo
grado;
4) El Ministerio Público de la Defensa.-

ARTÍCULO 176º: Inmediación. Facultades judiciales. El Juez debe mantener relación directa con la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso y con los elementos de prueba, a tal efecto, está facultado para realizar todos los ajustes razonables del procedimiento, según las circunstancias del caso lo requieran.-

ARTÍCULO 177º: Asistencia letrada. Participación del Ministerio Público. El Ministerio Público y un abogado que preste asistencia a la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso deben estar presentes en todas las audiencias.-

ARTÍCULO 178º: Forma de las notificaciones. La persona en cuyo beneficio se realiza el proceso debe ser notificada en forma personal de las siguientes resoluciones:
1) La que dispone dar curso a la petición inicial del legitimado;
2) La que abre a prueba;
3) La sentencia que decide sobre la declaración de capacidad restringida o de incapacidad;
4) La sentencia que decide el pedido de cese de la incapacidad o de la capacidad restringida;
5) Toda otra que el Juez disponga expresamente.-

ARTÍCULO 179º: Requisitos de la petición. Medidas subsidiarias o complementarias.
La petición de declaración de restricción a la capacidad o incapacidad, debe contener:
1) Razones que justifican la restricción de la capacidad de la persona destinataria, con detalle de la afección que padece en su salud mental;
2) Acompañar certificado expedido por médico psiquiatra o neurólogo que abone el estado de salud mental alegado. Subsidiariamente, si se invocara la imposibilidad de acceder a dicha constancia, y la presentación resultara verosímil en su finalidad protectoria, a pedido de parte o de oficio, el Juez podrá requerir al servicio de
salud que haya prestado asistencia a la persona, remita en un plazo de cinco (5) días el resumen de su historia clínica y de la situación actual, o bien, que en ese lapso el estado de salud sea prima facie corroborado por el médico psiquiatra del equipo técnico multidisciplinario del organismo. Si se ordenaran dichas medidas, en la misma resolución se dará intervención al Ministerio Público de la Defensa;
3) Descripción de los recursos personales, familiares y sociales con los que cuenta;
4) Régimen que se propicia para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía.-

ARTÍCULO 180º: Providencia de apertura. Si el Juez corrobora con los elementos proporcionados en la presentación o en función de las medidas subsidiarias dispuestas, que el proceso podría cumplir una finalidad tuitiva de la persona desde la perspectiva de sus derechos humanos, la convocará a una audiencia para entrevistarla personalmente dentro de los veinte (20) días siguientes, citando además al peticionante y al Ministerio Público de la Defensa. En defecto de aquel presupuesto, rechazará la petición.
Si se fija la audiencia, y la persona protegida no fuera la peticionante de la declaración, deberá notificársela con al menos diez (10) días de antelación, acompañándole copia de la solicitud en trámite, como del resultado de las medidas subsidiarias que se hubieran producido. En la diligencia de notificación, a la que se le aplicarán los ajustes razonables y necesarios para la comprensión del destinatario, se interrogará al mismo sobre si cuenta con recursos para afrontar un abogado que lo patrocine en el proceso y acompañe a la audiencia, y en su defecto, por secretaría, se le designará uno de lista.
Si surgiera de dicha diligencia o de otros elementos, que la persona está imposibilitada de trasladarse a la sede del Juzgado, el Juez y el Ministerio Público de la Defensa se constituirán en su domicilio para entrevistarla.-

ARTÍCULO 181º: Medidas Cautelares. En la misma providencia de apertura, antes de la misma, o en cualquier etapa del proceso, a pedido de parte o de oficio, el Juez podrá ordenar con carácter cautelar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso.
Con idénticos propósitos, puede provisoriamente establecer actos de la persona protegida que requieren la asistencia de uno o varios apoyos y disponer, en caso necesario, la representación de un curador, como designar redes de apoyo institucionales y personas que actúen con funciones específicas durante un determinado tiempo.-

ARTÍCULO 182º: Audiencia. En la audiencia el Juez escuchará a la persona que se intenta proteger, quien podrá oponerse a la declaración manifestando la ausencia de los presupuestos previstos en el artículo 32 del Código Civil y Comercial, o bien propiciar una modalidad protectoria específica, apoyos con los que desea contar, salvaguardas o, si su situación lo permitiera, expresar directivas médicas anticipadas. Para abonar su oposición, la persona podrá ofrecer prueba o pedir en el mismo acto que se escuche el testimonio de hasta tres
personas en calidad de testigos, quienes deberán comparecer espontáneamente, acompañar informes u opinión de experto.
Si el interesado no se hubiera opuesto a la declaración, el Juez lo entrevistará procurando conocer sus gustos, necesidades, personas de confianza y todo cuanto le permita dictar una sentencia de protección a medida de la persona.
Al cabo del acto, se dispondrá la realización de la evaluación e informe del equipo técnico interdisciplinario, pudiendo incluir puntos de necesaria indagación que hubieran surgido de la audiencia, otorgándoles un plazo de diez (10) días para su presentación.
Los ajustes razonables para el desarrollo del acto, pueden incluir la asistencia de algún profesional del equipo técnico interdisciplinario.-

ARTÍCULO 183º: Informe interdisciplinario. El informe interdisciplinario que llevará a cabo el equipo técnico deberá expedirse con la mayor precisión posible sobre:
1) Diagnóstico, fecha aproximada en que el padecimiento se manifestó, tratamientos realizados y los que actualmente recibe;
2) Limitaciones para el ejercicio por sí mismo de sus derechos, especificando los actos para los que requiere asistencia y con qué intensidad;
3) Solución protectora que se aconseja, los apoyos necesarios, el tipo; y si la alternativa aconsejada es la de la incapacidad, especificar su alcance y determinar posibles personas para la figura del curador, y si consideran ventajoso designar más de uno con diferenciación de funciones;
4) Recursos personales, familiares, sociales y de orden económico o patrimonial con los que cuenta. Personas del grupo familiar, o con otra vinculación, que podrían actuar como apoyos, sostenes y posibles apoyos institucionales;
5) Mención de los recursos y dispositivos del Estado disponibles al efecto, teniendo en cuenta las particularidades del caso.-

ARTÍCULO 184º: Traslado del Informe. Trámites previos al dictado de sentencia. Plazo. Producido el informe del equipo interdisciplinario y las demás pruebas, se dispondrá un traslado por el plazo de cinco (5) días a la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso, a su abogado defensor, y a la persona que solicitó la declaración. Vencido el plazo se corre vista al Ministerio Público. Contestada la vista, se dictará sentencia en el plazo de diez (10) días.-

ARTÍCULO 185º: Contenido de la sentencia. Aspectos comunes. La sentencia debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso:
1) Diagnóstico;
2) Fecha aproximada en que el padecimiento se manifestó;
3) Pronóstico;
4) Régimen protectorio que se dispone, detallando en el caso de la restricción a la capacidad, que actos de la persona requerirán de la asistencia de apoyos, cuáles y de qué tipo y la intensidad con la que los mismos actuarán según cada acto. Si se trata de la declaración excepcional de incapacidad, indicar el curador que se
designa, alcance de su actuación y si existen actos que la persona puede realizar por sí misma sin la representación de aquél;
5) Medidas complementarias y de articulación, para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible de la persona con discapacidad, y posibilitadoras del pleno goce de sus derechos legales y convencionales;
6) Salvaguardas necesarias para las medidas de protección dispuestas;
7) Recursos personales, familiares y sociales existentes.-

ARTÍCULO 186º: Apelación. Consulta. La sentencia que hace lugar a la petición y dispone alguna de las soluciones protectorias previstas en el derecho de fondo, es apelable en modo restrictivo dentro de los cinco (5) días de su dictado conforme a lo previsto para el juicio oral de esta ley, por el solicitante de la declaración, la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, los apoyos, el curador, y el Ministerio Público. Si el fallo fuera consentido, se elevará en consulta a Cámara Civil y Comercial que corresponda, para que oficiosamente
revise la legalidad formal y sustancial de lo decidido.-

ARTÍCULO 187º: Registración de la sentencia. Encontrándose firme la sentencia declarativa de restricción a la capacidad o de incapacidad, el Juez de oficio ordenará su anotación marginal en el acta de nacimiento de la persona al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La comunicación electrónica al aludido organismo deberá incluir copia del fallo respectivo. Si la persona contara con bienes registrables, el Juez dispondrá asimismo la anotación de la limitación en la capacidad de ejercicio establecida, en los
registros respectivos.-

ARTÍCULO 188º: Revisión de la sentencia. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento a instancias de la persona en cuyo beneficio tramitó el proceso.
El Juez debe revisar la sentencia en un plazo no superior a tres (3) años sobre la base de nuevos dictámenes multidisciplinarios y previa entrevista personal con la persona. No rige la apelación automática en éste supuesto cuando la sentencia anterior haya sido revisada por la Cámara respectiva.-

ARTÍCULO 189º: Revisión de las designaciones. Las designaciones de los apoyos, curadores, redes de sostenes y otras personas con funciones específicas pueden ser revisadas en cualquier momento a instancias de la persona en cuyo beneficio tramitó el proceso o del Ministerio Público.-

ARTÍCULO 190º: Costas. Las costas son a cargo de la persona en cuyo favor se declara la restricción a la capacidad o la declaración de incapacidad y no pueden exceder, en conjunto, del diez por ciento (10%) del monto de sus bienes. Sin embargo se impondrán al solicitante de la declaración si el Juez considera que la petición fue formulada con malicia o con error inexcusable.
Además del principio de gratuidad que rige en procesos carentes de contenido económicos, la persona protegida que carece de recursos tiene derecho a contar con asistencia letrada proporcionada por el Estado, y consecuentemente a ser eximida de costas en esa situación.-

Sección 2°
Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad

ARTÍCULO 191º: Legitimación. La cesación de la declaración de capacidad restringida o de incapacidad puede ser solicitada por:
1) La persona declarada con capacidad restringida o con incapacidad;
2) Las personas legitimadas para solicitar la declaración;
3) Los curadores, sostenes o apoyos;
4) El Ministerio Público;
5) Los allegados.-

ARTÍCULO 192º: Trámite. En la primera providencia el Juez ordenará nuevo informe del equipo técnico interdisciplinario para que se expida acerca de la situación y el eventual restablecimiento de la persona, y dispondrá audiencia para la entrevista personal con el interesado.-

ARTÍCULO 193º: Sentencia. Cumplidos los actos previstos en el artículo anterior y escuchado el Ministerio Público de la Defensa, se dictará sentencia admitiendo o denegando el cese del régimen de protección impuesto. Si la solución más beneficiosa para la persona, implicara la adecuación de dicho sistema, el Juez decidirá en ese sentido.
Si se hiciera lugar al cese o se ajustara el régimen protectorio, de oficio se comunicará por medios electrónicos lo resuelto al Registro de Estado y Capacidad de las Personas, con copia de la sentencia recaída.-

ARTÍCULO 194º: Recursos. La sentencia que declara el cese de la restricción a la capacidad o incapacidad, es irrecurrible.
La sentencia que dispone el cese parcial de las restricciones y de la incapacidad es apelable conforme a las reglas establecidas en el presente Capítulo.-

CAPÍTULO VI
PROCESO DE INHABILITACIÓN POR PRODIGALIDAD

ARTÍCULO 195º: Objeto. El proceso de inhabilitación por prodigalidad se promueve en beneficio de aquella persona que en la gestión de sus bienes expone a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio.

ARTÍCULO 196º: Legitimación. Están legitimados para promover la declaración de inhabilitación por prodigalidad:
1) El cónyuge no separado de hecho;
2) El conviviente mientras la convivencia no haya cesado;
3) Los ascendientes;
4) Los descendientes.-

ARTÍCULO 197º: La petición. La petición de inhabilitación debe exponer la verosimilitud de los hechos que sustentan la misma, extremo que puede surgir de prueba documental, informes, dictámenes de expertos o testigos de abono que serán citados a primera audiencia.-

ARTÍCULO 198º: Trámite. Resulta aplicable el trámite previsto para la declaración de restricción a la capacidad.-

ARTÍCULO 199º: Sentencia. Fundado en la prueba incorporada, el Juez, en la Sentencia podrá:
1) Declarar la inhabilitación por prodigalidad, si está acreditado que en la gestión de
sus bienes la persona expone a su cónyuge, conviviente, hijos menores de edad o
con discapacidad a la pérdida del patrimonio;
2) Designar el o los apoyos para que asistan a la persona en los actos de disposición
entre vivos y los demás actos que determine;
3) Ordenar la inscripción de la sentencia en el Registro Civil del Estado y Capacidad
de las Personas su anotación al margen de la partida de nacimiento. Podrá
disponer la inscripción en los demás Registros que correspondan.-

ARTÍCULO 200º: Recursos. La sentencia es apelable, conforme a las reglas establecidas en esta ley.-

ARTÍCULO 201º: Cese de la inhabilitación por prodigalidad. Legitimación. Están legitimadas para promover el cese de la inhabilitación ante el Juez que la decretó las personas mencionadas como legitimadas para promover la declaración de inhabilitación por prodigalidad.-

ARTÍCULO 202º: Procedimiento. El cese de la inhabilitación por prodigalidad tramita de acuerdo a las reglas del proceso de cese a la restricción de la capacidad.-

ARTÍCULO 203º: Sentencia. Incorporado el informe interdisciplinario, y conforme sus conclusiones, dentro del plazo de diez (10) días, el Juez dicta sentencia con alguna de las siguientes alternativas:
1) Cese de la inhabilitación.
2) Reducción de la nómina de actos que requieren la asistencia de apoyos.-

ARTÍCULO 204º: Recursos. Registración. Archivo. La sentencia que declara el cese de la inhabilitación es irrecurrible. Debe ordenarse la cancelación registral mediante oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y, operada la cancelación, archivarse las actuaciones.
La sentencia que dispone el cese parcial de las restricciones es apelable conforme a las reglas de la presente norma.-

CAPÍTULO VII
PROCESO DE CONTROL DE LEGALIDAD EN INTERNACIONES POR SALUD MENTAL

ARTÍCULO 205º: Características del proceso. El control de legalidad de las internaciones involuntarias por salud mental tiene carácter urgente, y reviste conexidad con los procesos de restricción de la capacidad o incapacidad preexistentes. Todos los actos procesales cuentan con habilitación de días y horas inhábiles.
La persona internada involuntariamente o su representante legal, tienen derecho a designar un abogado. Si no lo hicieran, se le dará intervención al Ministerio Público de la Defensa.-

ARTÍCULO 206º: Casos comprendidos. Este capítulo comprende el control de legalidad previsto por la Ley de Salud Mental N° 26.657 para las internaciones involuntarias en los términos de esa legislación especial.
La internación es involuntaria cuando la persona se opone a la misma, no presta el consentimiento informado o no está en condiciones de hacerlo, y también la internación es de ese tipo, si se trata de persona menor de dieciocho (18) años.
El control de legalidad aquí regulado, incluye la decisión de internación del establecimiento de salud, precedida del traslado por parte de autoridad pública para la evaluación de la persona que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.-

ARTÍCULO 207º: Decisión de la internación y comunicación al Juez. La decisión de la internación sin consentimiento de la persona, está a cargo del Equipo Interdisciplinario del Servicio de Salud, el cual contemplará al efecto principios y previsiones de la Ley de Salud Mental y del Código Civil y Comercial de la Nación. Si la internación se dispone, deberá comunicarse al Juez competente y al Órgano de Revisión, en un plazo máximo de diez (10) horas. Esta notificación deberá incluir informe interdisciplinario del equipo de salud
interviniente y de la decisión de internación fundada.-

ARTÍCULO 208º : Ejercicio del control de legalidad. Recibida la comunicación del Servicio de Salud, el Juez deberá garantizar el derecho de la persona internada, en la medida que sea posible, a ser oída en relación a la internación dispuesta.
Podrá asimismo citar de inmediato a sus familiares o allegados y entrevistar al equipo interdisciplinario que dispuso la medida si precisara aclaraciones sobre la misma.-

ARTÍCULO 209º: El juez en un plazo máximo de tres (3) días corridos de notificado debe:
1) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por la Ley de Salud Mental N° 26.657; o
2) Antes de dictar sentencia, requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria. La petición de informes ampliatorios sólo procede si, a criterio del Juez, el informe original es insuficiente. En caso de solicitar el mismo o peritajes externos, el plazo máximo para autorizar o denegar la internación no podrá superar los siete (7) días fijados en el artículo 25 de la Ley de Salud Mental N° 26.657; y/o
3) Denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata.
El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Salud Mental N° 26.657, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla.-

ARTÍCULO 210º: Internación negada por el Centro de Salud. Cautelar de Protección de persona. Presupuestos. Los legitimados para pedir la restricción de la capacidad, pueden solicitar cautelarmente en protección de la persona, la internación negada por el equipo interdisciplinario del servicio de salud. La petición deberá exponer la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Antes de decidir el Juez recabará la opinión del equipo multidisciplinario del Juzgado y del Ministerio Público de la Defensa, pudiendo pedir de modo urgente, aclaraciones al servicio de salud que denegó la medida.
La resolución del Juez hará o no lugar a la internación solicitada, y en caso de admitirla lo hará brindando motivos suficientes, teniendo en cuenta las exigencias del artículo 20 de la Ley de Salud Mental N° 26.657.
Dispondrá asimismo las medidas pertinentes para el control periódico de la internación, el cumplimiento de sus fines terapéuticos, y lapso de duración estimado.
La decisión deberá comunicarse de modo inmediato al Órgano de Revisión, para que en ejercicio de sus facultades de supervisión y evaluación, efectúe en el término de tres (3) días, informe acerca de las condiciones de la internación.-

ARTÍCULO 211º: Recursos. Las decisiones judiciales recaídas en el control de la orden de internación del equipo del servicio de salud, como la de tipo cautelar dictada frente a la negativa de éste, serán apelables, debiendo interponerse los recursos fundados dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación de la decisión respectiva, y se concederán con efecto devolutivo en caso de admitirse la medida.
Sustanciado el recurso y de resultar procedente, se elevarán las actuaciones de modo inmediato, previa conformación de legajo de piezas útiles que permanecerán en la primera instancia.-

ARTÍCULO 212º: Trámite posterior al control de legalidad. Si de los informes ordenados en la sentencia surge un cambio de la situación inicialmente verificada, y el Equipo Interdisciplinario del servicio de salud interviniente, no hubiera otorgado el alta correspondiente, de oficio, a pedido de la persona internada o de otro legitimado para pedir la restricción de la capacidad, el Juez debe en cualquier momento disponer la inmediata
externación de la persona.
Transcurridos los primeros noventa (90) días, de continuar la internación involuntaria, el Juez debe pedir al Órgano de Revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, a fin de obtener una nueva evaluación.
Con esa opinión, el Juez decidirá sobre la permanencia de la persona en situación de internación, y en caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada.
El cese de este recurso terapéutico que disponga el área de salud interviniente, deberá comunicarse al Juez en un plazo no superior a diez (10) días, para que proceda al cierre y archivo de las actuaciones.-

CAPÍTULO VIII
AUTORIZACIONES

Sección 1°
Autorización para contraer matrimonio

ARTÍCULO 213º: Ámbito de aplicación. Las personas menores de dieciséis (16) años y las que se encuentren dentro del supuesto previsto en el artículo 403 Inciso f) y 404 del Código Civil y Comercial, deben solicitar la correspondiente autorización judicial para contraer matrimonio.-

ARTÍCULO 214º: Legitimación de personas menores de dieciséis (16) años. Está legitimado para solicitar autorización judicial para contraer matrimonio, el menor de edad si cuenta con edad y grado de madurez suficiente.
El menor debe intervenir con el correspondiente patrocinio letrado y se deberá notificar a ambos progenitores. Si no comparecen al proceso, debe intervenir el defensor oficial.-

ARTÍCULO 215º: Falta de salud mental. Legitimación de las personas previstas en el artículo 403 inciso g) y 405 del Código Civil y Comercial. Las personas que padecen falta permanente o transitoria de salud mental que no les impide tener discernimiento para el acto matrimonial, pueden solicitar autorización para contraer matrimonio conjuntamente con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, según el caso.-

ARTÍCULO 216º: Trámite. Las autorizaciones reguladas precedentemente no exigen etapa previa, tramitando en audiencia oral, con intervención de los interesados, de los representantes legales y del Ministerio Público de la Defensa.
Presentada la petición, el Juez procederá a la fijación de una audiencia dentro de los cinco (5) días. En la misma, el Juez escuchará la posición de todos los convocados.-

ARTÍCULO 217º: Informe interdisciplinario. De oficio o a pedido de parte, el Juez puede requerir al equipo interdisciplinario del Juzgado, informe acerca de la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona menor de edad o cuya capacidad se encuentre afectada.-

ARTÍCULO 218º: Sentencia. Realizada la audiencia, agregado en su caso el informe, el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco (5) días.-

ARTÍCULO 219º: Apelación. La resolución es apelable dentro de los cinco (5) días de notificada. A efectos de resolver, la Cámara interviniente convocará a una audiencia a los pretensos contrayentes, sus representantes legales o apoyos y al Ministerio Público en un plazo máximo de diez (10) días. Se escuchará a los convocados, dictándose sentencia en el mismo acto.-

ARTÍCULO 220º: Matrimonio entre tutor o sus descendientes y el tutelado. La autorización para contraer matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela se rige por las mismas reglas que las previstas para las personas menores de dieciséis (16) años, teniéndose en cuenta los requisitos establecidos por el artículo 404 del Código Civil y Comercial.-

Sección 2°
Autorización para salir del país

ARTÍCULO 221º: Trámite. El trámite para el otorgamiento de la autorización supletoria para salir del país tramitará en lo pertinente por el mismo procedimiento del artículo 214º y siguientes de este Capítulo.

ARTÍCULO 222º: Legitimación. Los representantes legales, quienes tengan a una persona menor de edad bajo su cuidado o el propio niño, niña o adolescente si cuenta con edad y grado de madurez suficiente con el correspondiente patrocinio letrado, pueden solicitar autorización judicial para que los niños, niñas y adolescentes salgan del país ante la negativa o ausencia de uno o ambos representantes legales.

ARTÍCULO 223º: Audiencia y sentencia. Al concluir la audiencia, el Juez resuelve el pedido de autorización, excepto que según las circunstancias del caso ordene la realización de pruebas, que deben incorporarse al proceso en un plazo no superior a diez (10) días.-

ARTÍCULO 224º: Apelación. La resolución es apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. La Cámara convocará a una audiencia a los niños, niñas y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente involucrados, sus representantes legales y al Ministerio Público en un plazo máximo de cinco (5) días. Escuchados los convocados, dictará sentencia en el mismo acto.-

Sección 3°
Juicio de Disenso

ARTÍCULO 225º: Ámbito de aplicación. En el supuesto de que los padres o tutores no presten el consentimiento para la celebración de matrimonio de adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, ya sea por negativa expresa o por ausencia, el pretenso contrayente adolescente puede solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria sin necesidad de cumplimentar la etapa previa.-

ARTÍCULO 226º: Legitimación. Son legitimados:
1) Activos, el o los pretensos contrayentes adolescentes con el correspondiente patrocinio letrado;
2) Pasivos, los representantes legales que se niegan a prestar el consentimiento.-

ARTÍCULO 227º: Trámite. De la petición se corre traslado por cinco (5) días a los legitimados pasivos para que expresen los motivos de su negativa.
En caso de ausencia o desconocimiento del paradero de los representantes legales, acreditada de modo indubitable, el Juez convoca a una audiencia dentro de los cinco (5) días y resuelve la petición en ese acto.
Si la ausencia o desconocimiento del paradero de los representantes legales no se encuentra debidamente probada, previamente, debe acreditarse tal circunstancia por el trámite de la información sumaria.-

ARTÍCULO 228º: Intervención de los representantes legales. Los representantes legales, excepto que estén ausentes o se desconozca su paradero, deben expresar los motivos de su negativa, que podrán fundarse en alguna de las siguientes razones:
1) La existencia de alguno de los impedimentos legales;
2) La falta de madurez del adolescente que solicita autorización para casarse.-

ARTÍCULO 229º: Audiencia. Sentencia. El Juez mantendrá una audiencia con todos los involucrados y dictará sentencia en ese mismo acto.-

ARTÍCULO 230º: Apelación. La resolución es apelable dentro de los cinco (5) días.
Concedido el recurso, la Cámara interviniente convocará a una audiencia a los pretensos contrayentes, sus representantes legales y al Ministerio Público en un plazo máximo de diez (10) días. Escuchados los convocados, dictará sentencia en el mismo acto.-

Sección 4°
Autorización supletoria en materia de bienes en los matrimonios y en las uniones convivenciales

ARTÍCULO 231º: Ámbito de Aplicación. En todos los casos que el Código Civil y Comercial requiere el asentimiento de un cónyuge o conviviente para un acto de carácter patrimonial y éste se niegue a prestarlo, el otro cónyuge o conviviente puede solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria.-

ARTÍCULO 232º: Trámite. El proceso tramita por las reglas del proceso abreviado previsto en esta Ley, con las modificaciones dispuestas en esta sección.-

ARTÍCULO 233º: Audiencia y sentencia. Al concluir la audiencia, el Juez resuelve el pedido de autorización, excepto que según las circunstancias del caso ordene la realización de prueba, que debe incorporarse al proceso en un plazo máximo de diez (10) días.-

ARTÍCULO 234º: Apelación. La resolución es apelable dentro del quinto día por escrito fundado, del que se corre traslado por igual plazo. La Cámara interviniente deberá pronunciarse en el plazo de diez (10) días.-

CAPÍTULO IX
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
CONTROL DE LEGALIDAD

ARTÍCULO 235º: Orden judicial para garantizar medidas de protección. Cuando una orden judicial fuera necesaria para garantizar la aplicación o el cumplimiento de una medida de protección de derechos o de una medida excepcional de protección, el Órgano Administrativo de Protección debe solicitarla al Juez competente acompañando un informe fundado.-

ARTÍCULO 236º: Medida excepcional de protección. Presentación del órgano de protección ante el Juez. Recaudos. Dentro de las veinticuatro (24) horas de adoptada la medida de protección excepcional, el organismo administrativo de protección de derechos solicitará el control de legalidad de la medida.
La medida de protección excepcional, deberá explicar:
1) El agotamiento de las medidas de protección de derechos sin resultado positivo, o en su caso la acción adoptada en el caso concreto conforme a criterios de urgencia en la reparación de derechos;
2) La proporcionalidad e idoneidad de la medida adoptada, según las circunstancias del caso concreto;
3) La razonabilidad del plan de acción trazado para el reintegro del niño, niña o adolescente a su grupo familiar, con especificaciones de recursos y estrategia que lo sustenten;
4) El plazo de duración, que no podrá ser superior a noventa (90) días.-

ARTÍCULO 237º: Control de legalidad. Trámite. Recibida la presentación del organismo administrativo de protección, se fijará audiencia dentro de los cinco (5) días, salvo que la misma no se encuentre debidamente fundada conforme los recaudos señalados en el artículo anterior, en cuyo caso, previa vista al Ministerio Público, requerirá al organismo administrativo de protección la información que se amplíen los fundamentos.
A la audiencia serán convocados el niño, niña o adolescente, sus progenitores, tutores o guardadores, referentes afectivos o comunitarios, cuando éstos sean los encargados de la persona menor de edad destinataria de la medida de excepción, el organismo administrativo de protección de derechos interviniente y el Ministerio Público.
En el caso de los progenitores, tutores o guardadores, en la misma notificación, se les hará saber que deberán comparecer acompañados con un abogado y que la falta de comparecencia sin justificación, estando debidamente notificados, no obstará a la celebración del acto ni a la prosecución del trámite.
Si los referentes familiares manifestaran oposición, el Juez podrá requerir la intervención del equipo técnico interdisciplinario del Juzgado, para que amplíe la información del caso, para su resolución.-

ARTÍCULO 238º: Audiencia de Control de Legalidad. La audiencia se realizará el día y hora fijados, con los asistentes que concurran, debiendo ser registrada la misma mediante videoregistración, o por cualquier otro tipo de soporte para su debida registración. Abierto el acto el Juez explicará la finalidad de la audiencia, los alcances de la medida y proporcionará a los responsables familiares la información necesaria para el ejercicio de sus derechos.
El niño, niña o adolescente, será oído por el Juez en audiencia privada, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Superior Tribunal de Justicia, con los ajustes razonables que sean necesarios, evitado toda circunstancia que implique su posible revictimización, y con la intervención del Ministerio Público.
El Juez resolverá sobre la legalidad de la medida excepcional que motivó el trámite en la misma audiencia o en el plazo de veinticuatro (24) horas de culminada la misma.-

ARTÍCULO 239º: Resolución relativa al control de legalidad. Notificación. Apelación.
En su control de legalidad de la medida excepcional de protección, el Juez deberá tener en cuenta:
1) El agotamiento de las medidas de protección de derechos sin resultado positivo;
2) Que la separación del niño, niña o adolescente se encuentre debidamente justificada conforme a su superior interés;
3) Que el plan de acción y la medida adoptada resulte adecuada a las circunstancias del caso;
4) El plazo de duración de la medida que no podrá exceder de noventa (90) días.
Si el Juez considera que la medida excepcional sometida a control no cumple esos requisitos,
remitirá las actuaciones al organismo administrativo de protección haciéndole saber losmotivos del rechazo, y le concederá un plazo no superior a diez (10) días para que elabore y presente un nuevo plan de acción.
En todos los casos, la resolución que se dicte debe notificarse a las partes y demás intervinientes y es apelable con efecto devolutivo conforme lo prescripto en el Título IV de la presente ley.-

ARTÍCULO 240º: Prórroga de la Medida Excepcional de Protección. Si persisten las causas que le dieron origen, y el organismo administrativo de protección resuelve prorrogarla, deberá comunicarlo nuevamente al Juez, acompañando decisión fundada y los elementos en que se sustenta. Dicha prórroga no podrá exceder de noventa (90) días y deberá ser sometida al control de legalidad judicial regulado precedentemente.-

ARTÍCULO 241º: Cumplimiento del plazo. Intimación. Agotado el lapso total de ciento ochenta (180) días de las medidas excepcionales, el organismo administrativo deberá dictaminar para que el Juez resuelva acerca de la situación jurídica definitiva del niño, niña o adolescente.
Si vencido el plazo el órgano administrativo de protección no hubiera formulado alternativas, de oficio o a instancia del Ministerio Público, el Juez intimará a aquél para que las concrete o convocará audiencia en el término de cinco (5) días para escucharlo.-

ARTÍCULO 242º: Nueva intervención por control judicial de legalidad. Si reintegrado el niño, niña o adolescente con su familia nuclear o ampliada, se verifica otra situación de vulneración de derechos que obligue a un nuevo control judicial de legalidad, será competente el mismo Juzgado que intervino en el proceso judicial anterior, excepto que se haya modificado el centro de vida. En este último supuesto, el Juez que intervino debe remitir copia certificada de las actuaciones al Juez competente.-

CAPÍTULO X
PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD Y DE VISITAS, COMUNICACIÓN Y CONTACTO

Sección 1°
Restitución Internacional de Menores

ARTÍCULO 243º: Objeto. Ámbito de aplicación. El objeto del proceso de restitución internacional de menores de edad, es determinar si ha existido traslado o retención ilícita de una persona de menos de dieciséis (16) años de edad, en violación a un derecho de guarda o de custodia, y en su caso lograr en forma urgente la restitución en forma segura.
A los fines de este proceso, se entiende por derecho de guarda o custodia, aquel comprensivo del derecho de cuidado y de decidir sobre el lugar de residencia de la persona de menos de dieciséis años de edad –incluyendo su traslado al extranjero- de conformidad con la ley del Estado de su residencia habitual. Tal derecho puede resultar de la aplicación de pleno derecho de una norma legal, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho estado, y debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o conjuntamente, por sus padres, madres, tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho.
La persona menor de dieciséis (16) años de edad, en consecuencia, debe haber sido desplazada ilícitamente de su centro habitual de vida, encontrándose en el territorio provincial.

ARTÍCULO 244º: Etapa preliminar. La petición de localización debe cumplir los requisitos establecidos por esta ley y los que resultan de los artículos 8 de la Convención de la Haya de 1980 y 9 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Puede ser presentada de modo directo ante el Juzgado, por medio de exhorto o por comunicación judicial directa ante la Autoridad Central.
Inmediatamente después de presentada la petición en el Juzgado, se debe disponer de las medidas urgentes necesarias para la localización y las cautelares de protección del niño, niña o adolescente. Verificada la localización, el Juez debe comunicarlo de inmediato a la autoridad central y al estado requirente.
Dentro del plazo de treinta (30) días de conocida la localización, debe presentarse la demanda de restitución acompañada de la documentación que acredite la legitimación activa y demás recaudos.
En caso de no ser presentada en término, se produce la caducidad de las medidas preliminares dispuestas. La documentación agregada a la demanda debe estar traducida, si correspondiere, pero no requiere legalización.
Sin perjuicio de esto, el Juez puede convocar a las partes a una audiencia de conciliación en cualquier etapa del proceso, aun con sentencia firme, con la finalidad de lograr un acuerdo amistoso para su cumplimiento.-

ARTÍCULO 245º: Características del Proceso. El proceso de restitución internacional de menores de edad, reviste el carácter de urgente y autónomo. Tiene estructura monitoria. Este proceso no podrá exceder las seis semanas de duración, contadas desde la fecha de presentación de la demanda y computada la revisión de la sentencia.
El Ministerio Público tiene intervención necesaria.
Si fuera condición para la comunicación con las partes o la persona menor de edad en audiencia, se designará traductor del idioma correspondiente.-

ARTÍCULO 246º: Legitimación activa y pasiva. Está legitimado para pedir la restitución internacional de la persona de menos de dieciséis años de edad, el padre, madre, tutor, guardador u otra persona, institución u organismo que inmediatamente antes de su traslado o retención, fuere titular del derecho de guarda o custodia, conforme al régimen jurídico del país de residencia habitual.
Estará legitimado pasivamente, aquel que es denunciado por quien tiene la titularidad activa, como la persona que ha sustraído o retiene en forma ilegítima a la persona de menos de dieciséis años de edad cuyo desplazamiento o retención constituye la causa de la solicitud.-

ARTÍCULO 247º: Principios generales. Conforme lo establece el artículo 2642 del Código Civil y Comercial, en materia de desplazamientos, retenciones o sustracciones de menores de edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los Jueces deben procurar adaptar el caso a los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño.
Dicho principio debe ser entendido a los efectos del presente proceso, en función del derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el Juez del Estado de su residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia; a mantener contacto fluido con ambos progenitores y sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de visita internacional.-

ARTÍCULO 248º: Exclusión de la cuestión de fondo. La decisión sobre el fondo del asunto de la guarda está excluida en este proceso urgente, por ser materia privativa de la jurisdicción del Estado de residencia habitual de la persona de menos de dieciséis años de edad. Mientras se tramita la solicitud de restitución quedan suspendidos los procesos tendientes a resolver sobre el fondo de la guarda o custodia, que puedan ncontrarse en el trámite.-

ARTÍCULO 249º: Participación autónoma de la persona menor de edad. Autoridad Central. La persona menor de edad cuya restitución internacional se tramita tendrá participación autónoma en el proceso, pudiendo ser directa o indirecta.
A los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados por la Convención aplicable, la Autoridad Central respectiva deberá ser informada por el Juez de las actuaciones y tendrá libre acceso a las mismas. Podrá participar de las audiencias, y prestará colaboración para el logro del propósito del trámite.-

ARTÍCULO 250º: Cooperación judicial internacional. El Juez puede recurrir a la Autoridad Central y a la Red Internacional de Jueces de la Haya o al Juez competente del Estado de residencia habitual de la persona menor de edad, con el objeto de requerir la cooperación que fuere necesaria. Tales requerimientos pueden establecerse por medio de comunicaciones judiciales directas debiéndose dejar constancia en el expediente.-

ARTÍCULO 251º: Solicitud de localización, medidas de protección. El proceso se inicia con la solicitud de localización y eventuales medidas de protección, o directamente con la demanda o solicitud de restitución que puede incluir aquellas peticiones.
El Juez tomará conocimiento inmediato de la solicitud, y ordenará las más urgentes medidas para la localización con auxilio de la autoridad policial, como también para la protección de la persona menor de edad, lo cual incluye la adopción de dispositivos que eviten nuevos desplazamientos geográficos en desmedro de la prosecución del proceso.
Verificada la localización, se comunicará de inmediato al interesado y al Estado requirente vía Autoridad Central, quien actuará de modo simultáneo para conseguir la restitución voluntaria del menor de edad. A partir de esa noticia, en caso de que se hubiera efectuado una solicitud previa al respecto, comenzará a correr un plazo de treinta (30) días para la correspondiente presentación de demanda o solicitud de restitución, si esta no se hubiese deducido. Vencido el mismo, las medidas adoptadas liminarmente, caducarán de pleno derecho.-

ARTÍCULO 252º: Demanda. Presentada la demanda de restitución, el Juez debe analizar las condiciones de admisibilidad de la acción y la verosimilitud del derecho del peticionante.
Si el pedido se considera procedente, el Juez debe dictar resolución que ordene la restitución dentro de las veinticuatro (24) horas. En la misma resolución, el Juez:
1) Disponer las medidas necesaria para la protección del niño o adolescente y para mantener o modificar las medidas cautelares y provisionales adoptadas inicialmente, durante la etapa preliminar;
2) Ordenar la citación del accionado para que oponga alguna de las defensas previstas en el artículo siguiente.
Si no mediare oposición, la orden de restitución queda firme y se libra mandamiento para hacerla efectiva, con comunicación a la Autoridad Central.
La resolución que rechaza la demanda sin sustanciación, requiere motivación suficiente.-

ARTÍCULO 253º: Recurso. La resolución es apelable dentro del plazo de tres (3) días. Debe fundarse en el mismo escrito de interposición.
El expediente debe elevarse a la Cámara dentro de las veinticuatro (24) horas de concedido el recurso, debiendo ésta resolver en el plazo máximo de cinco (5) días.-

ARTÍCULO 254º: Excepciones admisibles. De la resolución que dispone la restitución del menor o adolescente, se debe correr traslado al accionante por el plazo de cinco (5) días para oponer defensas u oposiciones. Éstas sólo pueden fundarse en que:
1) La persona, institución u organismo que tenía a su cargo al niño en el momento en que él fue trasladado o retenido, no ejercía su cuidado de modo efectivo, o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención;
2) Existe grave riesgo de que la restitución del niño lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera lo someta a una situación intolerable;
3) El propio niño, niña o adolescente con edad o grado de madurez suficiente se opone a la restitución y resulta apropiado tener en cuenta su opinión.
El Juzgado debe rechazar sin sustanciación toda defensa que no sea de las enumeradas en este artículo.

ARTÍCULO 255º: Otras razones que el juez puede invocar. El Juez también puede denegar la restitución cuando sea manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.-

ARTÍCULO 256º: Situación ante la no oposición de excepciones. Si no fueren opuestas excepciones quedará firme el mandamiento de restitución y se dispondrá hacer efectivo el mismo, comunicándolo a la Autoridad Central.-
Se hará saber al Estado requirente, en su caso, que si dentro de los treinta (30) días calendario desde que fuere comunicada la sentencia, no adopta las medidas necesarias a efectos del traslado de la persona de menos de dieciséis (16) años de edad, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las providencias adoptadas.-

ARTÍCULO 257º: Trámite posterior a la interposición de excepciones. Opuestas excepciones, se sustanciarán con un traslado al requirente por tres (3) días, y con su resultado o vencido el plazo, el Juez fijará una audiencia dentro de los cinco (5) días contados desde esa fecha. En la misma providencia se ordenará la prueba estrictamente referida a los hechos en los que se sustentaron las defensas.
Solo son admisibles hasta tres (3) testigos por cada parte.
La realización de un informe pericial psicológico sólo puede ofrecerse en caso de invocarse como defensa que existe grave riesgo para el niño o adolescente. En ese supuesto, el Juez debe pedir un informe al equipo multidisciplinario del Juzgado.-

ARTÍCULO 258º: Audiencia. Contestadas las excepciones por el requirente, o vencido el plazo de tres (3) días, el Juez fija audiencia dentro de los cinco (5) días contados desde esa fecha, debiendo citar a las partes, a la persona menor de edad y al Ministerio Público.
En la audiencia, el Juez debe procurar la solución consensuada del conflicto. Si se arriba a un acuerdo, el Juez lo homologa en el mismo acto.
De no existir acuerdo, el Juez fija los puntos de debate, recibe la prueba testimonial y dispone la presentación de los informes periciales, si correspondiere.
Deberá labrarse acta del comparendo, pudiendo disponerse la filmación de las declaraciones y la entrevista.
Una vez presentados los informes periciales, si hubieren sido ordenados, se corre traslado por el plazo de dos (2) días a las partes, al solo efecto de que formulen observaciones sobre el valor probatorio. Asimismo, se correrá traslado al Ministerio Público para que se expida.-

ARTÍCULO 259º: Sentencia. Dentro del plazo de cinco (5) días de celebrada la audiencia o de vencido el plazo para formular observaciones a los informes periciales, el Juez debe dictar resolución sobre las oposiciones planteadas.-

ARTÍCULO 260º: Contenido de la sentencia. Restitución segura. Se ordenará la restitución cuando se tratare de una persona de menos de dieciséis años de edad, que haya sido trasladada o retenida ilícitamente en violación de un derecho de guarda o custodia efectivamente ejercido al momento del hecho en el país de su residencia habitual.
La sentencia debe disponer las medidas complementarias tendientes a garantizar el regreso seguro del menor de edad. En ese sentido, puede recurrir a la Autoridad Central para solicitar, por su intermedio, información relacionada con las medidas de protección y los servicios disponibles en el estado requirente o solicitar por otro tipo de colaboraron internacional, con el objetivo de disponer las medidas de retorno seguro que fueren pertinentes.
Se contemplará asimismo un sistema de seguimiento de la restitución y cumplimiento de las medidas de protección complementarias a través de la Autoridad Central y otras formas de cooperación internacional.
Los gastos de restitución serán a cargo del actor o en su caso del Estado requirente.-

ARTÍCULO 261º: Recurso. Contra la sentencia definitiva sólo será admisible el recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones competente, el cual deberá interponerse fundado dentro de los tres (3) días de notificada, y se sustanciará por igual plazo común con la contraparte y el menor de edad. En el mismo lapso se expedirá el Ministerio Público.
Será concedido libremente y con efecto suspensivo, salvo que el juez advirtiera que existen motivos suficientes fundados, para otorgarlo con efecto devolutivo. Los autos serán elevados dentro del término de veinticuatro (24) horas de evacuados los traslados.
Desde la recepción del expediente, el Tribunal de Alzada cuenta con seis (6) días para dictar su sentencia. Contra la sentencia de segunda instancia no será admisible otro recurso en el ámbito local.-

ARTÍCULO 262º: Restitución en los casos de petición posterior al año de la sustracción o retención ilícita. Según la circunstancia del caso, la restitución puede ser ordenada, no obstante el transcurso de un lapso mayor a un (1) año entre la fecha de la solicitud o de demanda de restitución y la de sustracción o retención ilícitos.
La restitución no procede si se prueba que el niño, niña o adolescente se encuentra integrado en su nuevo ambiente y la permanencia resulta favorable a su interés superior.-

Sección 2°
Régimen de Visitas, comunicación o Contacto Internacional

ARTÍCULO 263º: Régimen de visita o comunicación. La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas o comunicación por parte de sus titulares en los casos previstos en los Convenios Internacionales de Restitución, se regirá por las reglas que a continuación se establecen.
El derecho de visitar comprenderá el derecho de llevar a la persona de menos de dieciséis años de edad, por un período de tiempo limitado, a otro país diferente a aquel en que tiene su residencia habitual.
No es requisito para la procedencia de la solicitud en el marco de los Convenios Internacionales de Restitución, la existencia de un previo traslado o retención ilícita, ni la existencia de un régimen de visitas o comunicación establecido con anterioridad.-

ARTÍCULO 264º: Solicitud que cuenta con régimen de visitas o comunicación vigente.
El Juez de Familia que por ser el del lugar donde se localice un menor de edad, intervenga en un requerimiento para hacer efectivo un régimen de visitas o comunicación fijado en sentencia ejecutoriada o por convenio homologado judicialmente, podrá modificar el mismo en caso de que sea necesario, a fin de facilitar el contacto, sin perjuicio de la competencia originaria del Juez del Estado de residencia habitual.
Recibida la solicitud o demanda, se correrá traslado por seis (6) días, y en la misma resolución se convocará a una audiencia en la que se procurará la conciliación y en su defecto, dictará sentencia en el plazo de tres (3) días.
Si dispone el régimen de visitas o comunicación, lo hará bajo el apercibimiento a las partes, de que el incumplimiento hará incurrir al trasgresor en traslado o retención de ilícitos en términos de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.-

ARTÍCULO 265º: Solicitud sin régimen de visitas o comunicación establecido. Si no hubiere régimen establecido, el solicitante deberá presentar la demanda en el término regulado en este Capítulo, la cual se sustanciará con un traslado por 6 (seis) días a quien tuviera la tenencia o cuidado circunstancial de la persona de menos de dieciséis años de edad.
Con su resultado o vencido el plazo, el Juez fijará una audiencia dentro de los seis (6) días siguientes y se expedirá sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes.
En la audiencia, se intentará la conciliación, y si este propósito fracasa, se producirá la prueba ordenada, dictándose la sentencia en el plazo de tres (3) días.-

CAPÍTULO XI
TUTELA DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA FAMILIAR O CONTRA LA MUJER EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO

ARTÍCULO 266º: Ámbito de actuación. Las tutelas de urgencia reguladas en este capítulo, están destinadas a prevenir o evitar la continuación o agravamiento de daños causados por hechos de violencia, abuso de poder derivados de cualquier acción, omisión o manipulación crónica, permanente, periódica o incluso aislada, generadora de riesgo actual o previsiblemente inminente, que afecte la vida, integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica, la libertad de mujeres, niños, niñas o adolescentes u otras personas en
situación de vulnerabilidad generados en vínculos familiares y/o afectivos, constituyan tales hechos o no un delito penal.-

ARTÍCULO 267º: Aspectos generales. Todos los actos procesales cuentan con habilitación de días y horas inhábiles para esta tutela de protección.
Para denunciar hechos de violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico, no se requiere patrocinio letrado. Sin embargo, cuando el Juez imprima el trámite a la denuncia, podrá la víctima comparecer con abogado especialista que la asista.
El Ministerio Público de la Defensa tiene en estos trámites intervención necesaria. En las localidades en que dicho organismo no cuente con oficina y el proceso tramite ante el Juez de Paz, éste dará intervención al Defensor Público en turno que resulte competente, por medios tecnológicos disponibles o de telefonía, pudiendo intervenir en las audiencias por videoconferencia, anoticiarse y dictaminar por dichos medios.
Si la violencia es ejercida contra una persona menor de edad, el Juez dará asimismo intervención al órgano administrativo de protección de derechos.
En caso de reiteración de denuncias por hechos de violencia contra la mujer o familiar entre las mismas partes, se acumularán las causas ante la Magistratura que hubiera prevenido.

ARTÍCULO 268º: Actuación coordinada de la Justicia de Familia y la Justicia Penal. La actuación de la Justicia de Familia o de Paz y la Penal en temas relacionados con violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico, que importen delitos, será en el ámbito de sus respectivas competencias pero en forma coordinada, para lograr en lo concerniente a las víctimas, su máxima protección y restitución de derechos como la sanción ejemplarizadora para los victimarios.
En todos los casos, cuando el Juez de Familia o el Juez de Paz advierta que los hechos de violencia denunciados constituyen un delito penal, debe dar inmediata intervención al Agente Fiscal en turno para el impulso de la acción penal.
Si la denuncia fuera efectuada en el ámbito penal y se adoptaran medidas de seguridad, el Juez de Garantías comunicará los pormenores del caso al Juez de Familia en el plazo de veinticuatro (24) horas, impulsando su actuación protectoria.
Todo incumplimiento del obligado de las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia o el Juez de Paz, serán comunicadas en forma inmediata a su verificación, al Agente Fiscal en turno para la investigación del delito de desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal.

ARTÍCULO 269º: Denuncia. La denuncia puede ser en forma verbal, escrita, por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos que permitan la comunicación de personas con discapacidad.

ARTÍCULO 270º: Personas habilitadas y personas obligadas a denunciar. La denuncia de violencia familiar o contra la mujer en la modalidad doméstica, puede ser realizada por la víctima, sea o no mayor de edad, o se tratara de persona con capacidad de ejercicio restringida.
Sólo podrá citarse a la víctima a ratificar en el caso previsto por el artículo 24 inciso d) de la Ley Nacional Nº 26.485.
También puede denunciar hechos de violencia cualquier integrante del grupo familiar o de la comunidad de la que la víctima forma parte, incluso en forma anónima.
Están obligados a denunciar los hechos de violencia:
1) Los tutores, curadores, apoyos;
2) Los profesionales u operadores de servicios de salud, asistenciales, sociales, educativos y todo funcionario que en razón de su labor, haya tenido contacto con la persona agraviada y se encuentren o no por ley especial obligados a denunciar.
Cuando la denuncia la efectuara una tercera persona, el Juez podrá ordenar la reserva de identidad de quien denuncie en los casos que así lo amerite.
La reserva de identidad de las partes se mantendrá durante el proceso extremándose los recaudos para su resguardo, reservándose la denuncia en caja fuerte del Juzgado cuando fuere efectuada por otras personas no víctimas y/o la gravedad de los hechos lo justificare.
Cuando sea necesario preservar la identidad de la víctima, se utilizará un sistema que combine el apellido completo, las iniciales del/los nombres y el número de DNI.
Durante el proceso no se recibirá declaración a quienes gocen de reserva de identidad si no es indispensable. En esos casos, se extremarán los cuidados para resguardar a la persona.-

ARTÍCULO 271º: Trámite de la denuncia realizada por un tercero. Si la denuncia no la realiza la propia víctima, el Juez la convocará para que comparezca dentro de las veinticuatro (24) horas a efectos de corroborar los hechos expuestos. Si la persona no comparece, niega la existencia de los hechos, fuera menor de edad o con capacidad restringida, pero la denuncia cuenta con verosimilitud fáctica, el Juez encomendará a su Equipo Técnico Interdisciplinario el informe de riesgo y situación a fin de establecer si corresponde el dictado oficioso de medidas de protección.-

ARTÍCULO 272º: Organismos de recepción de denuncia. La denuncia de hechos de violencia, o de actos u omisiones que hagan previsible su producción, con o sin solicitud de medidas de protección, debe realizarse ante el Juzgado de Familia o, si la localidad no cuenta con dicho organismo, ante el Juzgado de Paz, o ante el Defensor Público en turno del Ministerio de la Defensa o el Agente Fiscal en turno.
Además, la denuncia puede realizarse en la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial o ante la seccional policial más cercana al domicilio. En todos los casos, será recibida preferentemente por personal especializado y recabada en base al formulario modelo de denuncia de violencia familiar o doméstica contra la mujer, que se oficializará por el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias, la Policía de la Provincia y la Oficina de Violencia de Género.Las denuncias recibidas por la Defensoría Pública, el Agente Fiscal, la Oficina de Violencia de Género o en sede policial, deben ponerse en conocimiento del Juez de Familia, del Juez de Paz o del Agente Fiscal en turno, dentro de las veinticuatro (24) horas, sin perjuicio de
extremar la diligencia en los casos que evidencien alto riesgo.
Siempre que se presentare una persona a informar, exponer o denunciar hechos que puedan entenderse como de violencia contra la mujer u otras personas en estado de vulnerabilidad en el ámbito familiar y/o vínculos afectivos, se dará el trámite equivalente al de una denuncia, sin requerirse para ello ninguna jerarquía o rango al funcionario policial que la tomara. No obstante se priorizará para la atención a quienes cuenten con la formación específica en la temática, remitiéndose a las autoridades judiciales dentro de las veinticuatro (24) horas por los medios tecnológicos disponibles.
En caso de que la denuncia sea realizada en dependencias policiales, nunca se dejará de tomar la misma aunque el denunciante sea una tercera persona, correspondiendo a las autoridades judiciales la citación de la víctima a los efectos de la ratificación y la decisión de proseguir o no la causa conforme a lo previsto por el artículo 270º.
En el supuesto de que se solicitara la intervención a la fuerza policial sin que se formalizara denuncia, el personal interviniente deberá comunicar las actuaciones habidas a la autoridad correspondiente (Fiscalía y/o Juzgado competente). Dicha comunicación deberá efectuarse por el medio tecnológico que resulte más eficaz.-

ARTÍCULO 273º: Primera providencia. Medidas urgentes de Protección. Dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la denuncia, si los hechos expuestos resultan verosímiles y comprendidos por la finalidad de este capítulo, el Juez promoverá la tutela de protección.
Previo a proveer las medidas deberá cargar el proceso en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial, consultar si existen antecedentes y medidas vigentes, e imprimir la Foja de Antecedentes para su agregación al expediente.
A fin de corroborar la probabilidad fáctica como la entidad de los hechos y la gravedad, en el lapso temporal aludido, la Magistratura cuenta con amplias facultades probatorias, lo cual incluye la consulta de antecedentes en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia, el informe de riesgo y situación a cargo del equipo técnico interdisciplinario. Este informe deberá centrarse en la vulnerabilidad de la víctima, el riesgo que afronta y las características del denunciado.
La inexistencia de un informe previo de equipo técnico, no impedirá la adopción de medidas.
En la resolución que dispone tramitar la denuncia, además de ordenar el cese de los actos denunciados, de oficio o a pedido de parte, siempre que las razones lo justifiquen, debe adoptar las medidas protectorias para preservar la integridad física y psíquica de la persona o personas damnificadas.
Estas medidas pueden consistir en:
1) Excluir a la persona denunciada de la vivienda familiar, aunque el inmueble sea de su propiedad;
2) Prohibir el acceso de la persona denunciada al domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio u otros ámbitos de concurrencia de la persona damnificada;
3) Prohibir a la persona denunciada acercarse a una distancia determinada de cualquier lugar en el que se encuentre la damnificada u otro miembro del grupo familiar que pudiera verse afectado;
4) Prohibir a la persona denunciada realizar actos que perturben o intimiden a la víctima u otro integrante del grupo familiar;
5) Disponer el reintegro de la persona damnificada al hogar, cuando haya sido expulsada o salido de la misma por la situación de violencia, previa exclusión de quien resulte denunciada;
6) Asignar a la persona o personas en riesgo, un refugio de paso o espacio de abrigo;
7) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la persona damnificada, si ha quedado privada de ellos como consecuencia de la situación de violencia;
8) Dictar toda otra medida que fuera idónea para garantizar la seguridad de la persona damnificada, coordinando al efecto acciones con el Agente Fiscal o el Juez de Garantía intervinientes;
9) Disponer la suspensión provisoria del régimen de comunicación entre personas menores de edad y la persona denunciada;
10) Asignar apoyos, acompañante o persona cuidadora para la víctima en cualquier etapa del proceso;
11) Proveer a la víctima el sistema de alerta y localización inmediata georeferenciada, u otras herramientas tecnológicas con que se cuente, con el fin de proteger a la persona en riesgo;
12) Ordenar medidas provisionales de índole personal o referida a los bienes, en relación al divorcio o el cese de la unión convivencial;
13) Disponer medidas referidas al cuidado personal de los hijos menores de edad y la asignación de una cuota alimentaria provisoria.
Las medidas protectorias enumeradas son meramente enunciativas. La Magistratura podrá disponer toda otra medida que entienda corresponda para asegurar el cuidado y protección de la persona víctima según la situación y hechos de violencia acaecidos, cargando las medidas dictadas al Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia.
Cualquiera sea la o las medidas de protección que se dispongan, se indicará los medios para lograr su efectividad, el o los funcionarios que las llevarán a cabo, las facultades suficientes y las específicas instrucciones para su concreción.
Una vez dictadas las medidas, deberán librarse los despachos pertinentes a los fines de comunicarlas a los distintos ámbitos donde las personas protegidas desarrollen sus relaciones interpersonales. Asimismo se deberá comunicar dichas medidas a las personas empleadoras de las partes involucradas y/o a las instituciones educativas en el caso de que haya involucrados niños, niñas y adolescentes escolarizados u otras instituciones que frecuenten.

ARTÍCULO 274º: Notificación al Defensor Público. En el caso que corresponda, las medidas dispuestas deberán notificarse a la Defensoría Pública, quién podrá, dentro de las veinticuatro (24) horas, emitir dictamen sugiriendo otras.-

ARTÍCULO 275º: Audiencia. Se fijará una audiencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la denuncia, en la que se escuchará a la persona denunciada, quien podrá comparecer con patrocinio letrado. La citación incluirá el apercibimiento de ser llevado ante el Juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En caso de que se cite a audiencia a la persona víctima se celebrará en fecha distinta a la de la parte denunciada.
Realizadas las audiencias y en su caso adoptadas las medidas protectorias, el juez podrá disponer otras medidas que estime pertinentes para brindar a la víctima y a su grupo familiar, como así también al autor, asistencia legal, médica y/o psicológica por organismos públicos o no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar y asistencia a la víctima. Se procurará el fortalecimiento de las víctimas y el tratamiento de las personas denunciadas a partir de la articulación y el trabajo en red.
Establecerá asimismo en qué forma se llevará a cabo el seguimiento y el control del cumplimiento de las decisiones.
La parte que alegue inexistencia de riesgo deberá aportar elementos de prueba que así lo acrediten.-

ARTÍCULO 276º: Informe Interdisciplinario. Antes, durante o concluida la audiencia regulada en el artículo anterior, el Equipo Técnico Interdisciplinario entrevistará a las partes y elaborará un informe interdisciplinario dentro de los tres (3) días posteriores a la notificación de intervención. Los profesionales evaluarán la situación que motivó la denuncia, la existencia de peligro, las causas que puedan abordarse en la emergencia desde sus disciplinas y el plan de acción que aconsejan para proteger a la víctima o las víctimas, previniendo hechos de violencia.
Los informes técnicos deberán confeccionarse de acuerdo al Protocolo y variables de riesgo que se elabore y actualice por el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias, el Ministerio Público y la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial.-

ARTÍCULO 277º: Recursos. Contra la resolución que admite, deniega o dispone medidas urgentes de protección, proceden los recursos de reposición y el de apelación dentro de los tres (3) días hábiles, en ambos casos sin efecto suspensivo.
Sin embargo, si la apelación se dedujera contra la resolución que ordena la interrupción o cese de una medida de protección, se concederá con efecto suspensivo.
Si la actuación hubiera pasado por ante el Juzgado de Paz, será competente en grado de apelación, el Juzgado de Familia en turno de la Jurisdicción.

ARTÍCULO 278º: Medidas frente al Incumplimiento. Además de la obligación de comunicar a la justicia penal todo incumplimiento del obligado a las medidas protectorias dispuestas, el Juez puede:
1) Citar inmediatamente al autor para que explique su proceder, haciéndolo comparecer en su caso por la fuerza pública;
2) Evaluar la conveniencia de modificar o ampliar las medidas protectorias.
3) Imponer sanciones conminatorias pecuniarias y no pecuniarias;
4) Requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar el acatamiento;
5) Comunicar los hechos de violencia familiar al organismo, institución, sindicato, asociación profesional, partido político o lugar de trabajo del denunciado.-

ARTÍCULO 279º: Articulación. Para lograr la finalidad protectoria del presente capítulo, la Magistratura podrá articular con otros organismos del Estado para que aporten recursos y dispositivos necesarios, como también requerir la cooperación de organizaciones privadas con actividad ligada a cuestiones de género, de violencia, de niñez, de adicciones y otras situaciones de vulnerabilidad, promoviendo el trabajo en red.-

CAPÍTULO XII
MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

ARTÍCULO 280º: Caducidad de instancia. Supuestos de procedencia. Trámite. Solo opera la caducidad de instancia en los procesos de familia en el que litigan personas capaces y el contenido es exclusivamente económico.
En estos supuestos, los demandados en la primera instancia, incidentados, o la parte recurrida en la segunda instancia, podrán pedir la declaración de caducidad de instancia. La petición debe formularse una vez vencido el plazo legal y antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte. De la misma se correrá traslado a la parte contraria, con la intimación por única vez para que ejerza un acto impulsorio del trámite en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia.
Si la parte intimada activa el proceso y posteriormente, transcurre otro plazo de inactividad que habilite un nuevo pedido de perención, a solicitud de la contraria procede decretar la caducidad de la instancia. En ningún caso la caducidad puede ser decretada de oficio.-

TITULO IV
REGLAS RECURSIVAS

CAPÍTULO I
REGLA GENERAL

ARTÍCULO 281º: Regla General. Los recursos regulados en el presente Titulo, serán aplicables con las modalidades establecidas en cada uno de los Procesos Especiales regulados en la presente norma.
En forma subsidiaria, para las cuestiones no previstas, se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial.-

CAPÍTULO II
RECURSOS ORDINARIOS

Sección 1°
Recurso de Reposición

ARTÍCULO 282º: Procedencia. El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el Juez o Tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio.-

ARTÍCULO 283º: Plazo y Forma. El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto.
Si el recurso fuese manifiestamente inadmisible, el Juez o Tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite.-

ARTÍCULO 284º: Trámite. El Juez dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia.
La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será resuelta sin sustanciación.
Cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el Juez podrá imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes.-

ARTÍCULO 285º: Resolución. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos, que:
1) El recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable.
2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, si correspondiere.-

Sección 2º
Recurso de Apelación. Recurso de Nulidad

ARTÍCULO 286º: Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de:
1) La resolución que rechaza de oficio la demanda y la que declara la cuestión de puro derecho.
2) Las providencias cautelares y las que apliquen sanciones procesales.
3) Las sentencias interlocutorias que deciden las excepciones previas y el incidente de nulidad.
4) Las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación.
5) Las sentencias definitivas.
6) Las demás resoluciones que expresamente sean declaradas apelables por esta ley.

ARTÍCULO 287º: Formas y Efectos. Plazo. El recurso de apelación será concedido libremente o en relación; y en este último caso, en efecto suspensivo o devolutivo.
El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario será concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. En el caso que la cámara tuviere su asiento en la misma localidad, será fundado en las condiciones y plazos establecidos para el recurso libremente concedido.
En el caso que la Cámara de Apelaciones tuviere su asiento en distinta localidad los actos procesales de los artículos 298º, 299º, 300º y 303º se cumplirán ante el tribunal de primera instancia, y los actos procesales de los artículos 301º, 302º, 307º y siguientes hasta la decisión del recurso ante el tribunal de alzada, al que será remitido el expediente o actuación dentro del plazo de cinco (5) días a contar del vencimiento del plazo para contestar el traslado del artículo 300º, o desde la contestación del traslado en su caso.
Procederá siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo. Los recursos concedidos en relación lo serán, asimismo, en efecto diferido, cuando la ley así lo disponga.
No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar será de cinco (5) días.-

ARTÍCULO 288º: Forma de Interposición del Recurso. El recurso de apelación se interpondrá por escrito o verbalmente. En este último caso se hará constar por diligencia que el Secretario o el Jefe de Despacho asentará en el expediente.
El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario o el jefe de despacho pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso.-

ARTÍCULO 289º: Apelación en Relación sin Efecto Diferido. Cuando procediere la apelación en relación sin efecto diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante no presentare memorial, el Juez de primera instancia declarará desierto el recurso.-

ARTÍCULO 290º: Efecto Diferido. La apelación en efecto diferido se fundará, en el juicio ordinario, en la oportunidad del artículo 300º, y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia.-

ARTÍCULO 291º: Apelación Subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.-

ARTÍCULO 292º: Constitución de Domicilio. Cuando el Tribunal que haya de conocer del recurso tuviere su asiento en distinta localidad, y aquél procediere libremente, en el escrito o diligencia a que se refiere el artículo 301, el apelante y el apelado dentro del quinto día de concedido el recurso, deberán constituir domicilio en dicha localidad. Si el recurso procediere en relación, las partes deberán constituir domicilio en los escritos mencionados en el artículo 301.
En ambos casos, la parte que no hubiese cumplido el requisito impuesto por este artículo quedará notificada por ministerio de la ley.-

ARTÍCULO 293º: Efecto Devolutivo. Si procediere el recurso en efecto devolutivo, se observarán las siguientes reglas:
1) Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse.
2) Si la sentencia fuere interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale del expediente y de lo que el Juez estime necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los memoriales serán remitidos a la cámara, salvo que el Juez considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir
el expediente original.
3) Se declarará desierto el recurso si dentro de los cinco (5) días de concedido, el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo.
Si no lo hiciere el apelado, se prescindirá de ellas.-

ARTÍCULO 294º: Objeción Sobre el Modo y Efecto de Concesión del Recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso concedido en relación ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar, dentro de tres (3) días, que el Juez rectifique el error. Igual pedido podrán formular las partes si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación.
Idéntico procedimiento se seguirá si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso no ha sido concedido en el efecto correspondiente.
Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 314 y 321.-

ARTÍCULO 295º: Remisión del Expediente o Actuación. En los casos de los artículos 301 y 307, el expediente o las actuaciones se remitirán a la Cámara dentro de los cinco (5) días de concedido el recurso o de formada la pieza separada, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del secretario. En el caso del artículo 305, dicho plazo se contará desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo.
Si la cámara tuviese su asiento en distinta localidad, la remisión se efectuará por el medio que por acordada disponga el Superior Tribunal de Justicia y dentro del mismo plazo, contado desde la presentación del apelado constituyendo domicilio o contestando el traslado, o desde que venció el plazo para cumplir tales actos.-

ARTÍCULO 296º: Pago del Impuesto. La falta de pago del impuesto y sellado de justicia no impedirá en ningún caso la concesión o trámite del recurso.-

ARTÍCULO 297º: Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. El tribunal al declararla resolverá también sobre el fondo del litigio.-

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN SEGUNDA INSTANCIA

Sección 1°
Procedimiento Ordinario

ARTÍCULO 298º: Trámite Previo. Expresión de Agravios. Cuando el recurso se hubiese concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso ordinario, en el día en que el expediente llegue a la cámara, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notificará a las partes personalmente o por cédula. El apelante deberá expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días.-

ARTÍCULO 299º: Fundamento de las Apelaciones Diferidas, Actualización de las Cuestiones y Pedido de Apertura a Prueba. Dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes deberán:
1) Fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieren, quedarán firmes las respectivas resoluciones.
2) Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia. La petición será fundada y resuelta sin sustanciación alguna.
3) Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos.
4) Exigir declaración judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubiesen sido objeto de esa prueba en la instancia anterior.
5) Pedir que se abra la causa a prueba cuando:
a) Se alegare un hecho nuevo posterior.
b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo.

ARTÍCULO 300º.- Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3) y 5), apartado a) del artículo anterior, se correrá traslado a la parte contraria, quien deberá contestarlo dentro de los cinco (5) días.-

ARTÍCULO 301º.- Prueba y Alegatos. Las pruebas que deban producirse ante la cámara se regirán, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia.
Para alegar sobre su mérito, las partes no podrán retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato será de seis (6) días.-

ARTÍCULO 302º: Producción de Prueba. Los miembros del tribunal asistirán a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece o cuando así lo hubiere solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos llevará la palabra el presidente. Los demás Jueces, con su autorización, podrán preguntar lo que estimaren oportuno.-

ARTÍCULO 303º: Informe "in Voce". Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia a que se refiere el artículo 298º, las partes manifestarán si van a informar "in voce". Si no hicieren esa manifestación o no informaren, se resolverá sin dichos informes.-

ARTÍCULO 304º: Contenido de la Expresión de Agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se dará traslado por diez (10) días al apelado.-

ARTÍCULO 305º: Deserción del Recurso. Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, se declarará desierto el recurso, señalando en su caso, cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas. Declarada la deserción del recurso la sentencia quedará firme para el recurrente.-

ARTÍCULO 306º: Falta de Contestación de la Expresión de Agravios. Si el apelado no contestase el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado en el artículo 304º, no podrá hacerlo en adelante y la instancia seguirá su curso.-

ARTÍCULO 307º: Llamamiento de Autos. Sorteo de la Causa. Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, sustanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren el artículo 299º y siguiente, se llamará autos y, consentida esta providencia, el expediente pasará a acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas será determinado por sorteo, el que se realizará al menos dos veces cada mes.-

ARTÍCULO 308º: Libro de Sorteos. La secretaría llevará un libro que podrá ser examinado por las partes, sus mandatarios o abogados, en el cual se hará constar el sorteo de las causas, la fecha de remisión de los expedientes a los Jueces y la de su devolución.-

ARTÍCULO 309º: Estudio del Expediente. Los miembros de la cámara se instruirán cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.-

ARTÍCULO 310º: Acuerdo. El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los Jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al de otro. La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del Juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.- 

ARTÍCULO 311º: Sentencia. El acuerdo se insertará en el expediente, suscripto por los Vocales del Tribunal y autorizado por el Secretario, precediendo a la sentencia que firmarán los vocales. Una copia del acuerdo y sentencia autorizados por el Secretario, serán incorporados al libro respectivo.
Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de cinco (5) días.- 

ARTÍCULO 312º: Providencias de Trámite. Las providencias simples serán dictadas por el presidente. Si se pidiere revocatoria, decidirá el Tribunal sin lugar a recurso alguno.- 

ARTÍCULO 313º: Apelación en Relación. Si el recurso se hubiese concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, la cámara, si el expediente tuviere radicación de sala, resolverá inmediatamente. En caso contrario dictará la providencia de autos.
No se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos.
No será necesario proceder en la forma prescripta en el artículo 323 pudiendo redactarse la sentencia en forma impersonal, sin perjuicio de que el Vocal disidente emita su voto por separado. Si existiere acuerdo el Tribunal podrá fallar con dos de sus miembros. Cuando la apelación se concediere en efecto diferido, se procederá en la forma establecida en el artículo 299º inciso 1).-

ARTÍCULO 314º: Examen del Modo de Concesión del Recurso. Si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo serlo en relación, el Tribunal de oficio, o a petición de parte hecha dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en Secretaría para la presentación de memoriales en los términos del artículo 303. Si el recurso se hubiese concedido en relación, debiendo serlo libremente, la cámara dispondrá el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 312.-

ARTÍCULO 315º: Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.-

ARTÍCULO 316º: Omisiones de la Sentencia de Primera Instancia. El tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.-

ARTÍCULO 317º: Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el Tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación.-

Sección 2°
Queja por Recurso Denegado

ARTÍCULO 318º: Denegación de la Apelación. Si el Juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la cámara, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. El plazo para interponer la queja será de cinco (5) días, con la ampliación que corresponda por razón de la distancia, teniendo en cuenta las Reglas Procesales.-

ARTÍCULO 319º: Trámite. Son requisitos de admisibilidad de la queja:
1) Acompañar copia simple suscripta por el letrado del recurrente:
a) Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la sustanciación, si ésta hubiese tenido lugar.
b) De la resolución recurrida.
c) Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria.
d) De la providencia que denegó la apelación.
2) Indicar la fecha en que:
a) Quedó notificada la resolución recurrida.
b) Se interpuso la apelación.
c) Quedó notificada la denegatoria del recurso.
d) Personería invocada y carácter en que actúa en los autos a los que se refiere la queja.
La cámara podrá requerir copia de otras piezas que considere necesarias y, si fuere indispensable, la remisión del expediente.
Presentada la queja en forma, la cámara decidirá, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado; en este último caso, dispondrá que se tramite.
Mientras la Cámara no conceda la apelación no se suspenderá el curso del proceso.

ARTÍCULO 320º: Objeción sobre el Efecto del Recurso. Las mismas reglas se observarán cuando se cuestionare el efecto con que se hubiese concedido el recurso de apelación.-

ARTÍCULO 321º: Queja por Denegación del Recurso de Inaplicabilidad de Ley. Cuando se dedujere queja por denegación del recurso de inaplicabilidad de ley, se observarán las reglas establecidas en los artículos 318º y 319º pero no será obligatoria la presentación de las copias junto con la interposición de la queja. El Tribunal podrá exigir su presentación si lo estimare conveniente.

TÍTULO V
INFORMACIÓN SUMARIA

ARTÍCULO 322º: La información sumaria tiene por objeto probar un hecho o situación fáctica que genera determinados efectos jurídicos.-

ARTÍCULO 323º: Petición. La petición debe contener:
1) El hecho o situación fáctica que se pretende acreditar.
2) La finalidad de la petición.
3) Nombre, domicilio, documento nacional de identidad de dos (2) testigos y el interrogatorio.
4) Presentado el pedido de información sumaria, el Juez fija una audiencia en el plazo de cinco (5) a diez (10) días, que notifica de manera automática.-

ARTÍCULO 324º: Sentencia y Apelación. Celebrada la audiencia, en el mismo acto, el Juez procede a dictar sentencia que informa sobre la existencia de un hecho o situación fáctica, o rechaza la petición.
Sólo la sentencia que rechaza el pedido de información sumaria es apelable.-

Disposiciones Transitorias

ARTÍCULO 325º: Aplicación de las Normas del Código Procesal Civil y Comercial. Las normas del Código de Procedimientos Civil y Comercial de Entre Ríos se aplicarán supletoriamente en todo lo que concuerden y no esté expresamente previsto en la presente.-

ARTÍCULO 326º: Adaptación por contradicción. Las leyes, decretos, resoluciones y cualquier otro tipo de disposiciones que contradigan la presente ley, deben considerarse implícitamente derogadas.
Deróganse los Artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 de la Ley Provincial 9861.

ARTÍCULO 327º: Modo de implementación. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, sus disposiciones serán aplicables a los Juicios que se inicien a partir de esa fecha y también a los que se encuentren en trámite, siempre que su aplicación resulte compatible con los actos procesales ya cumplidos.-

ARTICULO 328º: Comuníquese, etcétera.

Ley nº 26940

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Creación.

Sancionada: 21.05.2014
Promulgada: 26.05.2014
Publicada: 02.06.2014

                        Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral

Título I
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
Capítulo I
Condiciones generales

(2)ARTICULO 1°. — Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes, aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

ARTICULO 2°.— Las sanciones enumeradas en el presente artículo, una vez firmes, serán incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL):

a) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador en los términos del artículo 12 de la ley 24.241 y sus modificatorias;

b) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de registración de los trabajadores en los términos del artículo 7° de la ley 24.013 y del inciso g) artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)

c) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212;

d) Las impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos en los términos de los apartados a) y b) del inciso 1° del artículo 15 de la ley 17.250, y las derivadas de los incumplimientos a la debida registración de los trabajadores previstas en el artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; (Inciso sustituido por art. 246 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)

e) Las impuestas por las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013;

f) Las impuestas por las autoridades laborales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) por obstrucción a la labor de la inspección prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212;

g) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores;

h) Las sentencias firmes o ejecutoriadas por las que se estableciere que el actor es un trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de la alegada en su inscripción, que los secretarios de los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos, según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 18.345 (t.o. por decreto 106/98).

ARTICULO 3°.— Las sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847, una vez firmes, deberán ser informadas por el tribunal actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para ser incorporadas al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

ARTICULO 4°.— Las sentencias condenatorias por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, una vez firmes, deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para su incorporación al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

ARTICULO 5°.— El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) será de acceso libre y público desde un dominio dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente.

ARTICULO 6°.— La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tendrá a su cargo la administración del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en los términos de la ley 25.326 y su modificatoria, y ante ella se podrán ejercer los derechos que dicha ley acuerda. En todos los casos será responsabilidad del organismo sancionador actuante la carga de los datos correspondientes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), con las excepciones de las sentencias judiciales mencionadas en los artículos 3° y 4°, que deberán ser incorporadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y las del inciso h) del artículo 2° de la presente que deberán ser incorporadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

ARTICULO 7°.— La base que conformará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contendrá los siguientes datos: C.U.I.T., razón social, localidad del domicilio fiscal o legal según la norma procedimental que haya regido las actuaciones, provincia de detección, actividad, tipo de infracción, organismo sancionador, fecha de la constatación de la infracción, fecha de la resolución sumarial, fecha de la notificación sancionatoria, fecha de regularización de la infracción detectada, fecha de pago de la multa, y fecha y hora de ingreso en el Registro. Por su parte, los parámetros de búsqueda serán los siguientes: C.U.I.T., razón social, rama de actividad y localidad del domicilio fiscal o legal, según la norma procedimental que haya regido las actuaciones y provincia de detección.

ARTICULO 8°.— La sanción permanecerá publicada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos previstos en el Capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad competente que la hubiese aplicado según las normas procedimentales que rigen sus respectivos regímenes sancionatorios. La permanencia tendrá como duración máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes 26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados por el Código Penal de la Nación.

En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor permanecerá en el registro por el plazo de treinta (30) días corridos contados desde la fecha de pago de la Smulta. (segundo párrafo sustituido por art. 52 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

ARTICULO 8° bis.— Los organismos competentes para la anotación en el REPSAL de las sanciones enumeradas en el artículo 2°, contarán con un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde que la sanción quede firme, para la efectivización de la inscripción. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo de permanencia en el REPSAL -cualquiera sea el supuesto de los previstos en el articulado de la presente-, e independientemente se hubiera incluido o no la sanción firme en el registro por las autoridades responsables. (Artículo incorporado por art. 53 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

Capítulo II

Alcance de la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 9°.— En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo -en caso de corresponder-, y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya pagado la multa y/o regularizado, y treinta (30) días corridos más a contar desde la última obligación de las mencionadas que se encontrare cumplimentada, en los supuestos que hubieran sido sancionados por:

1. Violación a lo establecido en los apartados a) o b) del inciso 1 del artículo 15 de la ley 17.250.

2. Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o deficientemente registrado, respectivamente, e incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.

3. Violación a lo establecido por el artículo 15 de la ley 25.191 y su modificatoria.

4. Obstrucción a la labor de la inspección del trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

5. Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013 y las sanciones hubieran sido impuestas por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Artículo sustituido por art. 54 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

ARTICULO 10. — (Artículo derogado por art. 55 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018)

ARTICULO 11. — En el caso de sentencias condenatorias por violaciones a las leyes 26.390, 26.847 y 26.364, los infractores permanecerán en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de ciento ochenta (180) días contados desde el cumplimiento de la condena penal.

En el caso de las sentencias contempladas en el inciso h) del artículo 2° de la presente, los empleadores permanecerán en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de ciento ochenta (180) días, contados desde su inclusión en el mencionado Registro.

ARTICULO 12. — Los plazos fijados en el presente capítulo se contarán en días corridos.

Capítulo III

Efectos de la publicación de la sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 13.— Los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:

a) Acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional;

b) Acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas;

c) Celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias;

d) Acceder a los beneficios previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de la presente ley.

Por razones de interés público debidamente justificadas, los organismos competentes podrán realizar excepciones en la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) de este artículo.

Los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios podrán aplicar sanciones equivalentes a los incisos a), b) y c) del presente artículo en el ámbito de sus jurisdicciones.

ARTICULO 14.— En los casos previstos en el artículo anterior, si el infractor reincidiera en la misma infracción que produjera su inclusión en el Registro creado por la presente ley, en un lapso de tres (3) años contados desde la primera resolución sancionatoria firme, se procederá a:

a) Excluir de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a los empleadores adheridos al mismo, desde que quedara firme su sanción como reincidente;

b) Impedir que aquellos responsables inscriptos en los impuestos comprendidos en el Régimen General, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber incurrido en reincidencia, deduzcan en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal —empleados, dependientes u obreros—, de acuerdo con lo previsto por el artículo 87, incisos a) y g) de la ley del referido tributo.

En los casos de declaración de emergencia regional, el Poder Ejecutivo podrá exceptuar en cada caso concreto la aplicación de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la presente ley.

ARTICULO 15.— A los fines del cumplimiento de lo normado por el artículo 13, los organismos públicos o entidades involucradas deberán verificar la inexistencia de sanciones publicadas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), como requisito previo excluyente para dar curso a lo solicitado.

ARTICULO 16.— El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará las sanciones firmes que hayan sido impuestas en razón de violaciones legales cometidas a partir de los noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTICULO 17.— A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de determinado empleador.

Título II

(Nota Infoleg: por art. 172 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se deja sin efecto el Título II de la presente Ley, excepto por lo dispuesto en su artículo 33 y en los tres artículos anteriores. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado

Capítulo I

Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores

ARTICULO 18.— Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades de responsabilidad limitada que empleen hasta cinco (5) trabajadores, siempre que su facturación anual no supere los importes que establezca la reglamentación.

Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores, cuando el empleador que se encuadre en el párrafo anterior produzca un incremento en el plantel existente a la fecha de su inclusión en el presente régimen. A partir del trabajador número seis (6), inclusive, el empleador deberá ingresar, sólo por dichos empleados, las contribuciones patronales previstas en el régimen general de la seguridad social.

(Nota Infoleg: por art. 169 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se establece que los empleadores encuadrados en el presente artículo, que abonan las contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la seguridad social indicados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 19 de la presente ley, aplicando los porcentajes establecidos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, podrán continuar siendo beneficiarios de esas reducciones hasta el 1° de enero de 2022, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio. Los empleadores deberán continuar cumpliendo los requisitos y las obligaciones que les resulten aplicables, y podrán optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 2001, en cuyo caso quedarán automáticamente excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. La reglamentación establecerá el mecanismo para el ejercicio de esta opción. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTICULO 19.— El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada uno de sus trabajadores contratados por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, el cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425;

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificatorias;

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias;

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial en los términos del artículo 92 ter del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o. 1976) el empleador deberá ingresar el setenta y cinco por ciento (75%) de las citadas contribuciones.

Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción señalada.

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias.

ARTICULO 20.— El monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a toda la nómina de los empleadores que se encuadren en el presente capítulo deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones totales a dicho régimen en los distintos sectores de actividad, de acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación.

Los montos máximos a los que se refiere este artículo no serán de aplicación a los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente.

(Nota Infoleg: por art. 171 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, el monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo establecida en el presente artículo, seguirá siendo de aplicación para los empleadores anteriormente encuadrados en el artículo 18 de la presente Ley. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) reglamentará los requisitos para la continuidad del beneficio. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTICULO 21. — Los empleadores que se encuadren en el artículo 18 por producir bajas en el plantel de personal, quedarán excluidos de este régimen por el término de doce (12) meses, contados a partir del último despido.

Estarán asimismo excluidos durante todo el tiempo que permanezcan en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por el título I de la presente ley.

Los empleadores que se encuadren en el artículo 18 podrán permanecer en el régimen del presente capítulo, siempre que no registren alta siniestralidad en los establecimientos o lugares de trabajo, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 22. — Cuando se trate de servicios cumplidos en regímenes previsionales diferenciales o especiales, deberá adicionarse a la cotización que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, el importe correspondiente a la alícuota adicional que en cada caso se establece.

ARTICULO 23.— Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.

Capítulo II

Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado

ARTICULO 24.— Los empleadores que tengan hasta ochenta (80) trabajadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una reducción de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425;

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificatorias;

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias;

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

El beneficio consistirá, para los empleadores con una dotación de personal de hasta quince (15) trabajadores, en que, durante los primeros doce (12) meses de la relación laboral, no se ingresarán las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se pagará el veinticinco por ciento (25%) de las mismas.

Para los empleadores que tengan entre dieciséis (16) y ochenta (80) trabajadores, el beneficio consistirá en que durante los primeros veinticuatro (24) meses de la relación laboral se ingresará el cincuenta por ciento (50%) de las citadas contribuciones.

Las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias.

(Nota Infoleg: por art. 169 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, se establece que los empleadores encuadrados en el presente artículo, podrán continuar abonando las contribuciones patronales bajo este régimen, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio y hasta que venza el plazo respectivo de veinticuatro (24) meses.Los empleadores deberán continuar cumpliendo los requisitos y las obligaciones que les resulten aplicables, y podrán optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 4° del decreto 814 del 20 de junio de 2001, en cuyo caso quedarán automáticamente excluidos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. La reglamentación establecerá el mecanismo para el ejercicio de esta opción. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTICULO 25.— El régimen del presente capítulo resulta de aplicación respecto de los empleadores del sector privado inscriptos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) o en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) según corresponda, incluyendo a los encuadrados en el título II, capítulo I, de la presente ley. En este último caso, la reducción de contribuciones se aplicará sobre las alícuotas dispuestas por el régimen general de la seguridad social.

ARTICULO 26.— El empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador produzca un incremento en la nómina de personal respecto al período que se determinará en la reglamentación.

ARTICULO 27.— El empleador no podrá hacer uso del beneficio previsto en el artículo 24, con relación a los siguientes trabajadores:

a) Los que hubieran sido declarados en el régimen general de la seguridad social con anterioridad de la entrada en vigencia de la presente ley y hasta la fecha en que las disposiciones tengan efecto y continúen trabajando para el mismo empleador;

b) Los que hayan sido declarados en el régimen general de la seguridad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación;

c) El nuevo dependiente que se contrate dentro de los doce (12) meses contados a partir de la extinción incausada de la relación laboral de un trabajador que haya estado comprendido en el régimen general de la seguridad social.

ARTICULO 28.— Quedan excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 24 los empleadores cuando:

a) Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por el título I de la presente ley, por el tiempo que permanezcan en el mismo.

b) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento en que ocurra cualquiera de las causales indicadas en los párrafos anteriores.

ARTICULO 29.— El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27 y 28 producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la seguridad social que resultaron exentas, más los intereses y multas correspondientes.

El presente régimen es optativo para el empleador, por lo que la falta de ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo indeterminado, obstará a que aquél pueda hacer uso retroactivo del mismo por el o los períodos en que no hubiese gozado del beneficio.

ARTICULO 30.— El presente beneficio regirá por doce (12) meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.

(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 638/2017 B.O. 11/8/2017, se prorroga desde el 1° de agosto de 2017 y por el término de DOCE (12) meses el plazo establecido en el presente artículo. Pórroga anterior: Decreto N° 946/2016 B.O. 19/8/2016; Decreto N° 1801/2015 B.O. 8/9/2015.)

ARTICULO 31.— Quedan excluidas de las exenciones establecidas en la presente ley las alícuotas adicionales previstas en los regímenes previsionales especiales y diferenciales de la seguridad social.

ARTICULO 32.— Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.

Capítulo III

Convenios de Corresponsabilidad Gremial en Materia de Seguridad Social

ARTICULO 33.— Incorpórase como segundo párrafo del artículo 2° del decreto 1.370/08, el siguiente:

En aquellas otras actividades que, por sus características especiales similares a las previstas en el párrafo anterior, justifiquen la inclusión dentro de este régimen, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa intervención en el ámbito de sus competencias de la Secretaría de Seguridad Social, de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respectivamente, podrán por resolución conjunta autorizar la celebración de Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

ARTICULO 34.— Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:

a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes 24.241 y 26.425;

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificatorias;

c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificatorias;

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;

e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

Durante el primer período de vigencia de un Convenio de Corresponsabilidad Gremial, para el cálculo de la tarifa sustitutiva a pagar por los empleadores, se considerará una reducción del cincuenta por ciento (50%) de las citadas contribuciones y para el segundo período de vigencia dicha reducción será del veinticinco por ciento (25%). En casos críticos debidamente fundados, el Poder Ejecutivo nacional podrá extender la aplicación de esta última reducción a otros períodos posteriores.

Las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.

No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en la ley 23.660 y sus modificaciones, con destino a las obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias.

(Nota Infoleg: por art. 170 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017, la reducción de contribuciones establecidas en el presente artículo caducará automáticamente al cumplirse el plazo de vigencia del beneficio otorgado a los empleadores. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

Capítulo IV

Asesoramiento y difusión de los beneficios

ARTICULO 35.— El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindará información, asesoramiento y capacitación en materia de inscripción, registración laboral y de la seguridad social, y demás derechos laborales a los empleadores y trabajadores comprendidos en los regímenes instituidos en el presente título.

Título III

Administración del Trabajo

Capítulo I

Inspección del Trabajo

ARTICULO 36.— Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 29: El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la Autoridad de Aplicación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social y, en todo el territorio nacional, ejercerá las funciones de fiscalización de trabajo y de la normativa laboral, articulando con las administraciones del trabajo provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en tal carácter, le corresponde:

a) Velar para que los distintos servicios del sistema cumplan con las normas que los regulan y, en especial, con las exigencias de los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

b) Coordinar la actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y elaborando planes de mejoramiento;

c) Ejercer las demás funciones que a la autoridad central asignan los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sus recomendaciones complementarias y aquellas otras que contribuyan al mejor desempeño de los servicios;

d) Detectar núcleos de trabajo no registrado, mediante acciones inspectivas complementarias, articulando con el servicio local;

e) Recabar y promover, especialmente con miras a la detección del trabajo no registrado, la participación coordinada y la colaboración de las entidades representativas de los trabajadores y los empleadores;

f) Aplicar las sanciones establecidas en el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, o las que en el futuro las reemplacen, cuando verifique incumplimientos o infracciones.

ARTICULO 37. — Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 30: Cuando un servicio local de Inspección del Trabajo no cumpla con las exigencias de los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o con las que se deriven de este capítulo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá coordinadamente con el Consejo Federal del Trabajo en concurso con las jurisdicciones provinciales y, en su caso, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las correspondientes facultades.

ARTICULO 38. — Sustitúyese el artículo 35 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 35: Sin perjuicio de las facultades propias en materia de Inspección del Trabajo de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, éste realizará en todo el territorio nacional acciones dirigidas a la erradicación del trabajo infantil. Las actuaciones labradas por dicho ministerio en las que se verifiquen violaciones a la prohibición del trabajo infantil tramitarán en el ámbito de las respectivas administraciones locales.

Capítulo II

Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular

ARTICULO 39.— Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación de la presente, ejecute las acciones necesarias para la implementación y funcionamiento de la Unidad creada en el presente artículo.

Capítulo III

Comité de Seguimiento para el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado

ARTICULO 40.— Créase el Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado. El Comité estará integrado por un (1) representante titular y un (1) representante suplente de:

a) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

b) El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;

c) La Administración Federal de Ingresos Públicos;

d) La Administración Nacional de la Seguridad Social.

Cada uno de los representantes será designado por el titular del organismo respectivo.

ARTICULO 41.— El Comité de Seguimiento tendrá las funciones y atribuciones que serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, que incluirán el monitoreo de la aplicación del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, el análisis de su funcionamiento y de eventuales usos abusivos de los beneficios previstos en estos regímenes.

ARTICULO 42.— El Comité de Seguimiento, dentro de los treinta (30) días de conformado, dictará su propio Reglamento Interno de Funcionamiento.

Título IV

Disposiciones complementarias y transitorias

ARTICULO 43.— El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas complementarias que resulten necesarias a fin de implementar las disposiciones contenidas en la presente ley.

ARTICULO 44.— Incorpórase como inciso 1) del artículo 20 del Anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, el siguiente:

1) Resulte incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) desde que adquiera firmeza la sanción aplicada en su condición de reincidente.

ARTICULO 45.— Incorpórase como inciso h) del artículo 28 del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, el siguiente:

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTICULO 46.— Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación de la presente ley, ejecute las acciones necesarias para la implementación y funcionamiento del Registro creado por el artículo 1°.

ARTICULO 47.— Las disposiciones del título II comenzarán a regir a partir del primer día del segundo mes posterior al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha se considerarán derogadas las disposiciones del capítulo II, título II de la ley 26.476.

ARTICULO 48.— Los empleadores que hubieren producido despidos sin causa justificada en el transcurso de los seis (6) meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán excluidos del régimen del título II, capítulo I, por el término de un (1) año a contar desde la fecha de esa vigencia.

ARTICULO 49.— Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

 

Antecedentes Normativos

- Artículo 10 derogado por art. 147 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 9°, inciso 2) sustituido por art. 34 del Decreto N° 95/2018 B.O. 02/02/2018. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial;

- Artículo 9°, sustituido por art. 146 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 8° bis, incorporado por art. 145 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 8°, segundo párrafo sustituido por art. 144 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARG

 

(2) Decreto 1714/2014 Reglamentación. Ley Nº 26.940.
Fecha: 30.09.2014
Publicado: 01.10.2014

VISTO la Ley Nº 26.940, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.940 se creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el cual se incluyen y publican las sanciones firmes aplicadas por dicho Ministerio, por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, por las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS y por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Que la citada norma, en su Título II, introduce un Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores, un Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, y una normativa especial para los empleadores comprendidos en el Régimen de Sustitución de Aportes y Contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la Ley Nº 26.377.

Que, asimismo, dicha ley sustituye distintas disposiciones del Régimen de Administración y de Inspección del Trabajo, crea una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, y un Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, consagrados en la Ley Nº 25.877 y sus modificatorias, previendo los organismos que lo integrarán y las funciones principales que corresponden al citado Comité.

Que en razón del impacto que en la promoción del empleo registrado y en la prevención del fraude laboral aporta la mencionada ley, se hace indispensable proceder a su reglamentación para la eficaz aplicación de sus disposiciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1°.— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, la que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2°.— Facúltase al Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado creado por el artículo 40 de Ley Nº 26.940 a establecer, en cada caso concreto, los alcances de la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de dicha ley.

Artículo 3°.— Reglaméntase el artículo 29 de la Ley Nº 25.877: A los fines de la articulación de las funciones de fiscalización del trabajo y de la normativa laboral, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las administraciones del trabajo provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES AGRARIOS deberán informar en el "Registro de Inspección, Infracciones y Sanciones" en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 25.877 y sus modificatorias, las inspecciones, infracciones y sanciones correspondientes a sus respectivos ámbitos. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en su carácter de autoridad central de la inspección, administrará dicho Registro.

Artículo 4°.— La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 5°.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


 

                                                                                                                                                                             ANEXO

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.940 DE PROMOCION DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCION DEL FRAUDE LABORAL

Título I

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

Capítulo I

Condiciones generales

ARTICULO 1°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 2°.- Quedan exceptuados de su ingreso en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL):

1) Aquellos empleadores que resulten sancionados administrativamente por consignar en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real que no exceda los TREINTA (30) días corridos.

2) Aquellos empleadores que resulten sancionados administrativamente por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), en razón de haber incurrido en infracciones calificadas como leves por el artículo 15 de la Ley Nº 25.191 y su modificatoria.

ARTICULO 3°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 4°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 5°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 6°.- Los organismos detallados en el artículo 1° de la Ley que se reglamenta, deberán actualizar el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) en forma permanente y ante cada novedad registrable que se produzca, en un término que no podrá superar los DIEZ (10) días hábiles administrativos de su acaecimiento.

El incumplimiento del precitado término no implicará cómputo a cuenta, quita o descuento alguno respecto de los plazos previstos en los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley que se reglamenta, para la incorporación, permanencia o baja de datos en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL determinará las especificaciones técnicas, funcionalidades, diseño y requisitos de seguridad informática que correspondan a la operatoria y administración del REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

Los organismos que tengan a su cargo el ingreso de datos en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) tendrán la responsabilidad de su baja, una vez cumplimentados los requisitos exigidos por la Ley que se reglamenta.

La baja en el citado Registro podrá ser dispuesta de oficio o a pedido de parte, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley referida.

ARTICULO 7°.- Sin reglamentar.

ARTICULO 8°.- En los casos de acciones judiciales por delitos tipificados en las Leyes Nros. 26.364 y 26.847, y sus modificatorias, los plazos determinados en el Código Penal se computarán de conformidad con las sentencias condenatorias respectivas, según cada caso concreto.

Capítulo II

Alcance de la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 9°.- Los plazos de permanencia de la inscripción en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) previstos en los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley que se reglamenta, serán computados a partir de la fecha de su asiento en dicho Registro.

ARTICULO 10.- Sin reglamentar.

ARTICULO 11.- Sin reglamentar.

ARTICULO 12.- Sin reglamentar.

Capítulo III

Efectos de la publicación de la sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

ARTICULO 13.- La incorporación en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) implicará la no renovación de los beneficios enunciados en los incisos a), b) y c) del artículo 13 de la Ley Nº 26.940, no obstante el mantenimiento de los ya otorgados, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 13, inciso d), y 14 de la referida Ley.

ARTICULO 14.- Sin reglamentar.

ARTICULO 15.- Los organismos públicos o entidades involucradas en las previsiones del artículo 13 de la Ley Nº 26.940, a los fines de su aplicación, deberán consultar el sitio Web correspondiente al REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

ARTICULO 16.- Sin reglamentar.

ARTICULO 17.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL determinará las formalidades operativas para la emisión del certificado de no inclusión en el REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL), aprobando los formularios y demás requisitos que deberán acreditar los solicitantes.

Título II

Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado

Capítulo I

Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores

ARTICULO 18.- A fin de adherir al Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores instituido por el Título II, Capítulo I, de la Ley que se reglamenta, los sujetos comprendidos deberán cumplir las disposiciones y requisitos que se establecen en el presente Decreto.

Sujetos incluidos y montos de facturación:

1. Quedan comprendidas dentro del régimen especial del Título II, Capítulo I, de la Ley que se reglamenta, con los mismos requisitos de dotación y beneficios, las asociaciones civiles sin fines de lucro inscriptas como empleadores ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). Otros tipos societarios requeridos para desarrollar actividades específicas en los ámbitos provinciales podrán ser incluidos por decisión del Comité de Seguimiento instituido por el artículo 40 de la Ley Nº 26.940.

Las organizaciones sociales reconocidas a través de convenios específicos vigentes con asistencia financiera, que tengan por objeto exclusivo la atención directa de la población en riesgo social, la defensa de los derechos humanos, o que se encuentren registradas en la red de bibliotecas reconocidas por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, podrán solicitar ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que, por resolución conjunta, se les otorguen los beneficios dispuestos en el artículo 19 respecto de todo el personal afectado al cumplimiento del objeto de cada entidad, con independencia de la facturación anual.

2. Los empleadores que incorporen nuevos trabajadores hasta el séptimo inclusive, en empresas encuadradas en los requisitos del presente régimen, podrán optar por los beneficios previstos en el régimen del Título II, Capítulo II de la Ley que se reglamenta.

3. Las empresas incluidas en el régimen establecido por el Título II, Capítulo I, de la Ley Nº 26.940 no podrán superar la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000) de facturación bruta total anual, neta de impuestos, correspondiente al año calendario inmediato anterior al período en que se aplica el beneficio de reducción de contribuciones. El mecanismo de actualización de dicho monto de facturación será determinado en el marco del Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado creado por la Ley Nº 26.940 que se reglamenta.

Si durante UN (1) año calendario la facturación superase el nivel precedentemente indicado, el contribuyente perderá los beneficios del Título II, Capítulo I, de la Ley Nº 26.940 a partir del 1° de enero del año siguiente.

Están asimismo, comprendidos en el referido régimen, aquellos contribuyentes que, cumpliendo con el requisito de emplear hasta CINCO (5) trabajadores, posean una antigüedad menor a la requerida para efectuar el cálculo previsto precedentemente.

4. Respecto de los trabajadores incorporados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley que se reglamenta, se mantendrán subsistentes los beneficios otorgados al amparo de la normativa preexistente. Los empleadores que se encuentren gozando de los referidos beneficios deberán sustituirlos por los establecidos en el régimen que se reglamenta en la medida que la reducción de contribuciones que resulte de este último sea superior a la que vienen gozando a la fecha.

ARTICULO 19.- Sin reglamentar.

ARTICULO 20.- El monto máximo de la cuota por trabajador correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a los empleadores encuadrados en el régimen instituido por el Título II, Capítulo I, de la Ley que se reglamenta, no podrá ser superior, en función de la actividad, al valor en pesos que resulte de las siguientes alícuotas porcentuales sobre la remuneración bruta de cada trabajador:

a) Agricultura, caza, silvicultura y pesca; minería: ONCE POR CIENTO (11%);

b) Construcción; actividades no clasificadas en otra parte: DOCE POR CIENTO (12%);

c) Industria manufacturera; electricidad, gas y agua; transporte, almacenaje y comunicación: CINCO POR CIENTO (5%);

d) Comercio; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos y profesionales; servicios comunales, sociales y personales: TRES POR CIENTO (3%).

La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO dictarán en forma conjunta las normas aclaratorias y complementarias para la aplicación de las mencionadas alícuotas.

La facultad del empleador de cambiar de Aseguradora de Riesgos del Trabajo prevista en el apartado 5 del artículo 27 de la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, sólo podrá ser ejercida a partir de la fecha de vencimiento del contrato de afiliación que estuviera en curso al momento de la entrada en vigencia de las disposiciones del presente decreto. Esta excepción al punto 1 del artículo 15 del Decreto Nº 334 de fecha 1° de abril de 1996 y sus modificatorios, sólo será de aplicación para los empleadores incluidos en el régimen especial del Título II, Capítulo I que se reglamenta.

La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO en forma conjunta podrán revisar las alícuotas máximas establecidas en el presente régimen, las que deberán ser aprobadas por el Comité de Seguimiento instituido por el artículo 40 de la Ley Nº 26.940. Los valores en pesos resultantes de esas alícuotas porcentuales en ningún caso podrán superar el valor promedio en pesos de las cuotas vigentes para el total de los empleadores asegurados en cada grupo de actividad.

ARTICULO 21.- Dentro del supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 21 de la Ley que se reglamenta, no se incluirán los distractos con origen en renuncia, jubilación o incapacidad permanente, o los producidos durante el período de prueba.

A los efectos de la calificación prevista en el tercer párrafo del artículo que se reglamenta, resultan de aplicación los criterios y parámetros sobre alta siniestralidad que determinará la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

ARTICULO 22.- Sin reglamentar.

ARTICULO 23.- Sin reglamentar.

Capítulo II

Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado

ARTICULO 24.- A fin de adherir al Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado instituido por el Título II, Capítulo II, de la Ley que se reglamenta, los sujetos comprendidos deberán cumplir las disposiciones y requisitos que se establecen en el presente Decreto.

El plazo previsto en el artículo que se reglamenta, se computará desde la fecha de inicio de cada nuevo vínculo laboral beneficiado por la reducción, con independencia de las interrupciones que se produzcan en el mismo, celebrado dentro de los DOCE (12) meses de vigencia previsto en el artículo 30 de la Ley o el mayor plazo que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL de acuerdo con las facultades otorgadas por el citado artículo.

Los empleadores mantendrán, respecto de los trabajadores incorporados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.940, los beneficios otorgados al amparo de la normativa preexistente.

ARTICULO 25.- Sin reglamentar.

ARTICULO 26.- Se considerará incremento neto de la nómina de personal, al que surja de comparar la cantidad de trabajadores contratados por tiempo indeterminado registrados al mes de marzo de 2014. Esta declaración será considerada como número base.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los trabajadores agrarios permanentes continuos o discontinuos amparados por la Ley Nº 26.727.

Cuando se disminuyera la plantilla de personal, el empleador dentro de los NOVENTA (90) días de producido el cese de la relación laboral deberá integrarla con nuevas contrataciones, como condición para continuar manteniendo el beneficio.

ARTICULO 27.- El plazo previsto en los incisos b) y c) del artículo que se reglamenta, rige respecto de los distractos que se produzcan a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 26.940.