Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Resolución General nº 11/2020
Fecha: 12.08.2020
Publicado: 18.08.2020

VISTO:

La Resolución General (C.A.) N.° 2/2019; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución citada en el Visto, la Comisión Arbitral aprobó el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC".

Que en dicha resolución se establece que la función de la Comisión Arbitral se limita, exclusivamente, al desarrollo, administración y/o coordinación del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC".

Que son las jurisdicciones adheridas las encargadas de fijar las reglas de funcionamiento y/u operatividad del sistema informático y las demás pautas comunes que permitan el funcionamiento armonizado de los regímenes locales que operarán a través del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC".

Que en este orden, corresponde introducir modificaciones a la resolución antes mencionada, para receptar las reglas y/o pautas básicas acordadas por las jurisdicciones adheridas en relación a los contribuyentes alcanzados y al procedimiento de los agentes de recaudación. Asimismo, es necesario establecer precisiones sobre el procedimiento de modificación de dichas reglas y/o pautas a través del Comité de Administración SIRTAC creado por el artículo 4° de la Resolución General (C.A.) N.° 2/2019.

Que el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC resultará de aplicación para quienes revistan o asuman la calidad de contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos –comprendidos en las normas del Convenio Multilateral y/o locales– en las jurisdicciones adheridas y, también, podrán estar alcanzados aquellos sujetos pasibles que sin haber informado su situación fiscal al agente de retención, realicen con habitualidad actividades económicas alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos, en una o más jurisdicciones adheridas.

Que a los efectos de contar con un cuerpo integrado de la normativa relacionada con el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC", se aprueba a través de la presente el texto ordenado de la Resolución General (C.A.) N.° 2/2019.

Que se ha dado intervención a Asesoría.

Por ello:
LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/08/77)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 3º de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 3º.- Las jurisdicciones adheridas serán las encargadas de fijar las reglas de funcionamiento y/u operatividad del sistema informático y las demás pautas comunes. Ellas deberán contemplar las pautas comunes que permita el funcionamiento armonizado de los regímenes locales que operarán a través del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC", en relación a los siguientes aspectos: recepción de declaraciones juradas, depósito de retenciones, pago de intereses por depósito fuera de término, administración y consulta del padrón de las jurisdicciones adheridas, montos mínimos no sujetos a retención, agentes nominados u obligados, consulta de los sujetos pasibles de retención y el régimen de información, de corresponder.
La Comisión Arbitral deberá, en función de las pautas, reglas y/o recomendaciones comunes acordadas por las jurisdicciones adheridas al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC", desarrollar, adecuar y/o ajustar el funcionamiento del sistema informático de retención sobre tarjetas de crédito y/o compra, permitiendo su operatividad con los regímenes de retención locales creados, en la medida que las jurisdicciones adheridas cumplan las pautas, reglas y/o recomendaciones comunes acordadas. A dichos fines las jurisdicciones establecen las pautas básicas del Anexo I, que se complementarán con las que establezca el Comité de Administración "SIRTAC".
Dichas pautas, reglas y/o recomendaciones comunes acordadas deberán ser observadas por los fiscos adheridos en las normas que regularán en cada jurisdicción el régimen de retención.
Las jurisdicciones adheridas no podrán crear o mantener regímenes análogos a los que funcionan dentro del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC".

ARTÍCULO 2º.- Incorpórese como segundo y tercer párrafo del artículo 4º de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019, los siguientes:
"Las modificaciones de las reglas y/o pautas referidas en el artículo 3° se realizarán a través del Comité de Administración "SIRTAC" con el acuerdo de la mayoría simple de las jurisdicciones adheridas, excepto cuando se decida dejar sin efecto el sistema informático, en cuyo caso se requerirá la unanimidad de las referidas jurisdicciones. No existirá desempate.
Aprobadas las reglas y/o pautas por las jurisdicciones adheridas, se elevarán las mismas a la Comisión Arbitral para su conocimiento".

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 5º de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019, por los siguientes:
"Asimismo podrán estar alcanzados los sujetos pasibles que sin haber informado su situación fiscal al agente de retención, realicen con habitualidad actividades económicas alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos, en una o más jurisdicciones adheridas.
La adhesión implicará la obligación de cada jurisdicción respecto a la implementación del sistema informático del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC" y su utilización por parte de los sujetos alcanzados por la presente, resultando, en todos los casos, aplicable las disposiciones normativas locales dictadas por las jurisdicciones para el cumplimiento de los respectivos regímenes de retención a que se hace referencia en el artículo 1° de esta Resolución".

ARTÍCULO 4º.- Incorpórese como último párrafo del artículo 6º de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019, el siguiente:
"Respecto a los sujetos pasibles de retención que no informen su situación fiscal ante el agente, la adhesión al régimen implica la aceptación por parte de las jurisdicciones adheridas de una regla y/o pauta común de habitualidad".

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el Anexo I de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019 por el Anexo II de la presente.

ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese en el articulado de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019 la dirección "www.sirtac.gob.ar" por "www.sirtac.comarb.gob.ar".

ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese en el articulado de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019 el término "nominados" por "nominados u obligados".

ARTÍCULO 8º.- Apruébase el texto ordenado de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019, que forma parte como Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 9º.- La presente Resolución entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y sus disposiciones surtirán efecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Resolución General (C.A.) N.º 2/2019.

ARTÍCULO 10º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)


COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77

ANEXO I - RESOLUCIÓN GENERAL C.A. N.° 11/2020

Texto Ordenado RESOLUCIÓN GENERAL C.A. N.° 2/2019

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC" disponible en Internet en el sitio web www.sirtac.comarb.gob.ar, en cumplimiento de las disposiciones sobre regímenes de retención establecidas por las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral y al presente Régimen, para los casos de:

a) Liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares y;

b) Recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos).

ARTÍCULO 2°.- El desarrollo y administración del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC" estará a cargo de la Comisión Arbitral.

ARTÍCULO 3°.- Las jurisdicciones adheridas serán las encargadas de fijar las reglas de funcionamiento y/u operatividad del sistema informático y las demás pautas comunes. Ellas deberán contemplar las pautas comunes que permita el funcionamiento armonizado de los regímenes locales que operarán a través del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC", en relación a los siguientes aspectos: recepción de declaraciones juradas, depósito de retenciones, pago de intereses por depósito fuera de término, administración y consulta del padrón de las jurisdicciones adheridas, montos mínimos no sujetos a retención, agentes nominados u obligados, consulta de los sujetos pasibles de retención y el régimen de información, de corresponder.
La Comisión Arbitral deberá, en función de las pautas, reglas y/o recomendaciones comunes acordadas por las jurisdicciones adheridas al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC", desarrollar, adecuar y/o ajustar el funcionamiento del sistema informático de retención sobre tarjetas de crédito y/o compra, permitiendo su operatividad con los regímenes de retención locales creados, en la medida que las jurisdicciones adheridas cumplan las pautas, reglas y/o recomendaciones comunes acordadas. A dichos fines las jurisdicciones establecen las pautas básicas en el Anexo I, que se complementarán con las que establezca el Comité de Administración "SIRTAC".
Dichas pautas, reglas y/o recomendaciones comunes acordadas deberán ser observadas por los fiscos adheridos en las normas que regularán en cada jurisdicción el régimen de retención.
Las jurisdicciones adheridas no podrán crear o mantener regímenes análogos a los que funcionan dentro del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC".

ARTÍCULO 4°.- Créase el "Comité de Administración SIRTAC", dependiente de esta Comisión Arbitral, encargado de interactuar entre los componentes de la operatoria para el cumplimiento y diligenciamiento de las tareas vinculadas a los procedimientos descriptos en el artículo precedente, como así también la implementación de las decisiones que tomen los fiscos adheridos al Sistema sobre los reclamos presentados por los agentes nominados u obligados y/o sujetos pasibles de retención.
Las modificaciones de las reglas y/o pautas referidas en el artículo 3° se realizarán a través del Comité de Administración "SIRTAC" con el acuerdo de la mayoría simple de las jurisdicciones adheridas, excepto cuando se decida dejar sin efecto el sistema informático, en cuyo caso se requerirá la unanimidad de las referidas jurisdicciones. No existirá desempate.
Aprobadas las reglas y/o pautas por las jurisdicciones adheridas, se elevarán las mismas a la Comisión Arbitral para su conocimiento.

ARTÍCULO 5°.- Las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral podrán disponer mediante el dictado de la normativa local correspondiente, su adhesión al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC", el cual resultará de aplicación para quienes revistan o asuman la calidad de contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos -comprendidos en las normas del Convenio Multilateral y/o locales- en las mismas.
Asimismo podrán estar alcanzados los sujetos pasibles que sin haber informado su situación fiscal al agente de retención, realicen con habitualidad actividades económicas alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos, en una o más jurisdicciones adheridas.
La adhesión implicará la obligación de cada jurisdicción respecto a la implementación del sistema informático del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC" y su utilización por parte de los sujetos alcanzados por la presente, resultando, en todos los casos, aplicable las disposiciones normativas locales dictadas por las jurisdicciones para el cumplimiento de los respectivos regímenes de retención a que se hace referencia en el artículo 1° de esta Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Las jurisdicciones adheridas al Sistema "SIRTAC" deberán comunicar y/o suministrar a la Comisión Arbitral, el padrón de:
a) altas y/o bajas de los sujetos nominados u obligados como agentes de retención por las operaciones indicadas en el artículo 1° de la presente Resolución.
b) sujetos pasibles de retención -comprendidos en las normas del Convenio Multilateral y/o locales-, con la periodicidad que a tales efectos se disponga.
A los fines previstos en el párrafo precedente, las jurisdicciones adheridas al Sistema serán las responsables de la administración de los citados padrones, debiendo observar como pauta para la aplicación del mismo que los agentes de retención nominados u obligados por su actuación en los términos del inciso b) del artículo 1° de la presente Resolución, sean excluidos de la nómina de sujetos pasibles de retención del Sistema "SIRTAC".
Respecto a los sujetos pasibles de retención que no informen su situación fiscal ante el agente, la adhesión al régimen implica la aceptación por parte de las jurisdicciones adheridas de una regla y/o pauta común de habitualidad.

ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y sus disposiciones surtirán efecto a partir del 1° día del mes inmediato posterior a aquel donde el "Comité de Administración SIRTAC" comunique a la Comisión Arbitral que el Sistema se encuentra en producción y/u operatividad.
A los fines previstos en el párrafo precedente, la Comisión Arbitral informará la operatividad del Sistema a los sujetos nominados u obligados como agentes de retención por las operaciones indicadas en el artículo 1° de la presente Resolución, a través de su publicación en la página WEB institucional.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas y archívese.


ANEXO II - RESOLUCIÓN GENERAL C.A. N.° 11/2020 

ANEXO I - RESOLUCIÓN GENERAL C.A. N.° 2/2019

REGLAS Y/O PAUTAS COMUNES

ARTÍCULO 1°.- Las jurisdicciones que se adhieran al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC" deberán crear y reglamentar el funcionamiento del sistema de acuerdo a la normativa de su jurisdicción.

Para que el sistema de cada jurisdicción pueda funcionar a través de los sistemas informáticos de la Comisión Arbitral y que resulten operables a través del sistema informático del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC" los mismos deberán adecuarse a las reglas establecidas en este anexo.

Reglas y/o pautas comunes para ser observadas en las normas locales con relación a los contribuyentes alcanzados

ARTÍCULO 2°.- Las jurisdicciones acuerdan que su normativa respete las siguientes pautas:

1) Los contribuyentes alcanzados por el régimen contarán con el detalle de las retenciones sufridas en los resúmenes o documentos equivalentes, que les servirán como comprobante suficiente.

2) La aplicación de los importes retenidos para la liquidación del impuesto, deberán agruparse por mes calendario y descontarse en los anticipos correspondientes según la normativa local, y los coeficientes de distribución que le corresponda entre las jurisdicciones adheridas.

3) Los coeficientes de distribución se consultarán en el sistema "SIFERE WEB Consultas" para lo cual deberán identificarse con la CUIT y autenticarse mediante el uso de la clave fiscal de AFIP. En el mismo sitio los contribuyentes podrán acceder a los importes totales retenidos como así también a las sumas que deberán ser deducidas para cada una de las jurisdicciones.

4) Los contribuyentes deberán canalizar los reclamos vinculados al funcionamiento del sistema informático ante el Comité de Administración creado por el artículo 4° de la presente resolución, acompañando la documentación que justifique su reclamo.

5) Los contribuyentes podrán consultar sus dudas sobre el uso del sistema informático a través de los medios disponibles en el sitio mencionado.

6) Las retenciones sobre contribuyentes inscriptos se realizarán aplicando una alícuota ponderada entre las alícuotas informadas por cada jurisdicción y la distribución de base imponible declarada por el contribuyente en las últimas 6 declaraciones juradas exigibles.

7) Cuando se trate de casos de liquidaciones o rendiciones periódicas vinculadas a operaciones de pago presenciales comprendidas en el artículo 1 inc. a) los agentes deberán informar la jurisdicción en que se encuentra el establecimiento -local o sucursal-, en todos los casos.

Cuando se trate de operaciones comprendidas en el artículo 1°, inc. b), los agentes deberán informar la jurisdicción que corresponde al domicilio del adquirente en todos los casos.

8) La base de retención estará constituida por el monto total que se pague, no pudiendo deducirse importe alguno por retenciones que, en concepto de tributos nacionales, provinciales y/o municipales pudieran corresponder.

9) La retención deberá efectuarse en el momento de la liquidación y/o rendición del importe correspondiente sobre el total de cupones o comprobantes equivalentes -presentados por el comerciante o prestador del servicio-.

Reglas y/o pautas comunes para ser observadas en las normas locales en relación a Procedimientos de los agentes de recaudación.

ARTÍCULO 3°.- Las jurisdicciones acuerdan que su normativa contemple las siguientes pautas:

1) Los agentes de retención alcanzados deberán acceder al sistema a través de su CUIT y la clave fiscal AFIP, a través del sitio web del Sistema informático de Recaudación sobre Tarjetas de Compra y Crédito.

Para operar por primera vez, los contribuyentes deberán efectivizar en la Opción "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal" del sitio de AFIP, la incorporación de una nueva relación en el Servicio "SIRTAC-DDJJ".

2) El sistema provisto por la Comisión Arbitral a los fiscos pondrá a disposición de los agentes de retención e información un servicio de consulta (web service) al padrón de contribuyentes alcanzados por el régimen que estará disponible en el sitio www.sirtac.comarb.gob.ar el penúltimo día hábil del mes anterior al de vigencia. Dicho padrón contendrá la CUIT, Nombre o Razón Social, condición frente al Impuesto, Período, Código de Redundancia y una letra que identificará la alícuota de retención aplicable a cada contribuyente según el siguiente cuadro: A: 0,0 % B: 0,01 % C: 0,05 % D: 0,10 % E: 0,20 % F: 0,30 % G: 0,40 % H: 0,50 % I: 0,60 % J: 0,70 % K: 0,80 % L: 0,90 % M: 1,00 % N: 1,10 % O: 1,20 % P: 1,30 % Q: 1,40 % R: 1,50 % S: 1,70 % T: 2,00 % U: 2,50 % V: 3,00 % W: 3,50 % X: 4,00 % Y: 4,50 % Z: 5,00 % .

3) Los agentes de retención deberán efectuar quincenalmente la presentación de la declaración jurada de las retenciones efectuadas en el período conforme al calendario de vencimientos que se publicará periódicamente, pudiendo presentarse declaraciones juradas rectificativas.

4) El pago de los importes que corresponda ingresar quincenalmente -conforme al calendario de vencimientos que se publicará periódicamente- y según la información de las declaraciones juradas se hará efectivo mediante la emisión de una "Boleta de Pago", que se ha de confeccionar a través del sistema, y su posterior cancelación de fondos en el sitio de la red Interbanking S.A., para lo cual deberá tener habilitado el servicio "Pagos BtoB" que ofrece dicha red en su sitio www.interbanking.com.ar. El detalle del procedimiento y sus instructivos estarán disponibles en el sistema

5) Los agentes de retención podrán consultar en una cuenta corriente habilitada por el sistema para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

6) El Comité de Administración informará a los agentes de retención, a través del sitio, el importe de los intereses/recargos correspondientes -los cuales serán liquidados en función de la normativa local vigente- cuando haya detectado el pago fuera de término de los importes que surgen de las declaraciones juradas.

7) El sistema provisto por la Comisión Arbitral a los fiscos habilitará a los agentes de retención e información a presentar dentro de la misma declaración jurada a información de las operaciones efectuadas por los sujetos excluidos en jurisdicciones adheridas.

En caso de existir errores el sistema permitirá la presentación de declaraciones juradas informativas rectificativas que no complementan la declaración anterior, sino que operarán como reemplazo.

Procedimientos de las jurisdicciones adheridas

ARTÍCULO 4°.-

1) Las jurisdicciones adheridas tendrán claves de acceso al sitio web de la Comisión Arbitral, donde podrán consultar todas las transacciones. En el mismo sitio, las jurisdicciones interactuarán respecto de las excepciones y las alícuotas aplicables a cada contribuyente o grupo de contribuyentes.

2) Las jurisdicciones adheridas a través del Comité de Administración SIRTAC recepcionarán los reclamos que efectúen los contribuyentes alcanzados.

3) Las jurisdicciones adheridas al presente sistema deberán enviar un padrón de sujetos comprendidos incorporando los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos locales y serán las únicas responsables de la actualización del mismo.

4) Cálculo e ingreso de intereses resarcitorios y recargos automáticos:

a) El Comité de Administración SIRTAC, verificará el ingreso en término de las retenciones practicadas por los agentes. Advertido que fuera un pago no realizado en término, dicho Comité informará fehacientemente el importe de los intereses resarcitorios/recargos correspondientes al agente de retención -según la normativa local vigente-. Asimismo, el Comité procederá a informar a las jurisdicciones adheridas al Sistema, el ingreso extemporáneo de las retenciones por parte de los Agentes.

El sistema liquidará los intereses de acuerdo a la información suministrada por las jurisdicciones adheridas, la cual resultará vinculante para las jurisdicciones.

b) Los intereses resarcitorios/recargos así establecidos serán ingresados por el agente de retención juntamente con las retenciones correspondientes al período siguiente a la fecha en que fueron informados.

Fiscalización de los agentes de retención.

ARTÍCULO 5°.- Respecto de los contribuyentes alcanzados por el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra "SIRTAC", cuando deba realizarse una fiscalización que afecte a las entidades recaudadoras, se llevará a cabo una única fiscalización y en tanto el agente de retención esté inscripto en las jurisdicciones que intervengan conjuntamente en la fiscalización. El Comité de Administración SIRTAC establecerá la forma y condiciones a tener en cuenta para el cumplimiento de dicho objetivo.

Sumarios por incumplimiento

ARTÍCULO 6°.- Los eventuales sumarios por incumplimiento a los deberes formales y/o materiales en que pudieran incurrir las entidades recaudadoras sólo podrán ser sustanciados por las jurisdicciones en las que el agente de retención se encuentre inscripto.

IF-2020-53390670-APN-DNRO#SLYT

Ley nº 10821
Sancionada: 02.09.2020
Promulgada: 15.09.2020
Publicada: 18.09.2020

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto crear, en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, la Campaña de Concientización y Sensibilización para la Prevención de Violencias en la Niñez y Adolescencia en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto N° 361/20 del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 2°.- Definición. A los efectos de la presente ley entiéndase por Violencias en la Niñez y Adolescencia a aquellas acciones que, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder atentan contra el derecho a la integridad física, sexual, psíquica, económica y moral de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial N° 9.861.
Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación. El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) es Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Artículo 4°.- Finalidad. La Campaña de Concientización y Sensibilización para la Prevención de Violencias en la Niñez y Adolescencia, tiene como finalidad la difusión y promoción masiva de contenidos relativos a la prevención de violencias contra niñas, niños y adolescentes.
Artículo 5°.- Contenidos. Los contenidos de la Campaña de Concientización y Sensibilización para la Prevención de Violencias en la Niñez y Adolescencia, incluyen una " Guía de Recursos" , redactada en lenguaje claro y sencillo, con los datos de los diferentes organismos, roles, números de contacto y con las vías de atención dispuestas por el Estado Nacional y Provincial para asistir a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de violencias; como así también una " Guía de directrices prácticas" para garantizar su seguridad en el transcurso de la Emergencia Sanitaria y cualquier otro contenido que la autoridad de aplicación considere menester para tal fin.
Artículo 6°.- Difusión. Los contenidos de la Campaña de Concientización y Sensibilización para la Prevención de Violencias en la Niñez y Adolescencia se difunden de manera prioritaria en la vía pública, los hospitales, sanatorios y centros de salud de la Provincia de Entre Ríos; como así también en las plataformas virtuales que utiliza el Consejo General de Educación (CGE) para el dictado de clases en épocas de aislamiento obligatorio o distanciamiento social. Se utilizarán además los canales de comunicación oficiales de los que dispone el Estado Provincial.
Artículo 7°.- Adhesión. Invítese a los Municipios y Comunas de la Provincia de Entre Ríos a adherir a la presente
Ley.
Artículo 8°.- Presupuesto. Facúltase al Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento efectivo a la presente Ley.
Artículo 9°.- Vigencia. La presente Ley se encontrará vigente mientras dure la Emergencia Sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, conforme a lo establecido en el Decreto Provincial Nº 361/20 o la norma que en el futuro la reemplace.
Artículo 10°.- Comuníquese, etcétera.

Decreto nº 1475/2020 GOB
Fecha: 16.09.2020
Publicado: 21.09.2020

Artículo 1°.- Autorízase en las ciudades de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, a partir del lunes 21 de septiembre de 2020 la práctica de las disciplinas deportivas, individuales, sin contacto físico, en su modalidad no competitiva conforme se determinara en los Decretos Nº 736 GOB, 787/20 GOB, 833/20 GOB y 1160/20 GOB.-(1)
Artículo 2°.- Dispónese que la autorización prevista en el artículo precedente está supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en el DNU Nº 714/20 PEN, a las del presente decreto, a las normativas del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES), a los protocolos pertinentes y toda otra normativa accesoria, complementaria y/o modificatoria aplicable emitida por autoridad competente provincial o municipal.
Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y justicia.-
Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

(1) Por Decreto n° 741/2020 adhiere la Municipalidad de Paraná a las disposiciones del Decreto n° 736/2020 GOB -habilitación de actividades gastronómicas y hoteleras; Trote recreativo saludable y Ciclismo. Por Decreto nº 797/2020 se habilitan Actividades Físicas y/o Deportivas Individuales -Tenis, Padel, Pelota a Paleta, Badmington, Golf, Footgolf, Equitación, Tiro Deportivo, Tiro con arco, Canotaje, Remo, Vela (kitesurf – Windsurf –optimist), Sup (Stan Up Paddle), Natación en Aguas abiertas (solo para prácticas en río para entrenamientos), Pesca Deportiva de costa-, en el marco del Decreto nº 787/2020 GOB. Por Decreto nº 1130/2020 -Adhesión Decreto nº 833/2020 GOB- que autoriza actividades y prácticas náuticas, deportivas y/o recreativas –no competitivas-, con uso de embarcaciones a motor. Por Decreto nº 1133/2020 de adhesión a disposiciones Decreto nº 1160/2020 GOB; que autoriza el desarrollo de las actividades físicas y deportivas en su modalidad no competitiva, entre ellas bochas, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, patín artístico y carrera, motociclismo y automovilismo, beach vóley, pádel (en cancha cerrada), pelota paleta (en cancha cerrada), gimnasia deportiva, natación y esgrima; en su modalidad no competitiva. Ver Textos Completos en este Digesto Municipal. 

 

Decreto nº 754/2020
Fecha: 20.09.2020
Publicado: 20.09.2020
DECNU-2020-754-APN-PTE

VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020 y 714 del 30 de agosto de 2020, sus normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia.

Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20 por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "ASPO", durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de la normativa señalada en el Visto del presente decreto, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 y, con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20 hasta el 20 de septiembre del corriente año, inclusive.

Que durante el transcurso de estos más de CIENTO OCHENTA (180) días desde el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.

Que, como se viene señalando, solo en materia de salud se dispusieron más de 30.000 millones de pesos a la atención de la emergencia destinados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a transferencias financieras y en especie a las provincias, a la compra y distribución de bienes, insumos, recursos y a obras para hospitales nacionales.

Que se desarrollaron y registraron 4 dispositivos de diagnóstico diseñados y producidos por científicos y empresas locales y se estimuló y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y elementos de protección personal.

Que ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS como parte de los países que están participando del Estudio Solidaridad con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospitalizados con COVID-19. La ARGENTINA fue uno de los primeros DIEZ (10) países en confirmar su participación, junto con BAHREIN, CANADÁ, FRANCIA, IRÁN, NORUEGA, SUDÁFRICA, ESPAÑA, SUIZA y TAILANDIA.

Que ARGENTINA está llevando adelante en SEIS (6) de sus hospitales, el primer ensayo para demostrar la efectividad de un suero equino hiperinmune, primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de la infección por el nuevo coronavirus, totalmente desarrollado en nuestro país.

Que, asimismo, ARGENTINA ha sido seleccionada como parte de los países en los que se efectúan los ensayos clínicos para al menos TRES (3) de las vacunas para COVID-19 y se ha anunciado la producción de otra de ellas en territorio nacional, posicionando al país en un lugar de privilegio dentro de la región de las Américas.

Que, además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento de muestras para diagnóstico de COVID-19; se han adquirido más de 800 mil determinaciones de PCR (Polymerase Chain Reaction) y se han destinado recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS).

Que se implementó como estrategia la búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados con presencia de síntomas, el "DetectAr" (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina) en provincias y municipios de todo el país, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, en igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica que se vio plasmada a través de distintos instrumentos que han sido detallados en los considerandos de la normativa señalada en el VISTO del presente decreto.

Que, tomando en cuenta los distintos programas y herramientas desplegadas por el Gobierno Nacional para morigerar el impacto de la pandemia y de las medidas sanitarias necesarias para contener su expansión sobre la viabilidad de las empresas y el ingreso de las familias, el gasto público afectado ha superado a partir del momento del impacto de la epidemia de COVID-19, el equivalente a 3,85% del Producto Interno Bruto (PIB). A estas erogaciones se suman las políticas de garantías de créditos y subsidios de tasa para la actividad productiva y para las y los profesionales independientes cuyo despliegue ha implicado otros 1,9% del PIB.

Que con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y también para incorporar gradualmente la realización de diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera, se establecieron excepciones al "ASPO" y a la prohibición de circular para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios. Además, se estableció el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "DISPO". Todo ello mediante los Decretos Nros. 297/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20, y las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20, 975/20, 995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20, 1075/20, 1146/20, 1251/20, 1264/20, 1289/20, 1294/20, 1318/20, 1329/20, 1436/20, 1440/20, 1442/20, 1450/20, 1468/20, 1518/20, 1519/20, 1524/20, 1533/20, 1535/20, 1547/20, 1548/20, 1549/20, 1580/20, 1582/20, 1592/20, 1600/20, 1604/20 y 1639/20.

Que al día 17 de septiembre, según datos oficiales de la OMS, se confirmaron más de 29 millones de casos y 942 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios, con casos de COVID-19.

Que la región de las Américas sigue siendo la más afectada en este momento (50,7% de los casos mundiales) donde se observa que el 43,3% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 29% a BRASIL y el 3,8% a ARGENTINA, (evidenciándose un aumento en nuestro país en las últimas semanas) y que similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 37,5% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 25,7% a BRASIL y el 2,3% a la ARGENTINA.

Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 1326 casos cada 100.000 habitantes, con una tendencia al aumento sostenido del número de casos.

Que la tasa de letalidad al 17 de septiembre se mantuvo estable en 2,1% y la tasa de mortalidad es de 275 personas por millón de habitantes, y que, a pesar del aumento en el número de fallecimientos, ARGENTINA se mantiene dentro de los países con menor mortalidad de la región

Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.

Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual; en efecto, todas las jurisdicciones del país reportaron casos en los últimos CATORCE (14) días, con un aumento importante de casos a expensas principalmente de casos en las áreas distintas al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Que continúa aumentando el número de departamentos con transmisión comunitaria y el porcentaje de población que reside en zonas de transmisión comunitaria sostenida se incrementó de CINCUENTA Y SIETE COMA OCHO POR CIENTO (57,8 %) el 28 de agosto, al CINCUENTA Y NUEVE COMA OCHO POR CIENTO (59,8%) el 17 de septiembre.

Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el ASPO han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comunitaria sostenida y brotes en distintas jurisdicciones, no se haya saturado el sistema de salud.

Que en distintas jurisdicciones, a partir del aumento de la circulación y de la habilitación de numerosas actividades, se observó un aumento importante del número de casos, con generación de conglomerados de casos y con inicio de transmisión comunitaria del virus.

Que las personas sin síntomas o previo al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad.

Que el SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las personas, mayor es el riesgo de contagio.

Que los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus.

Que un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la transmisión en eventos sociales, en los cuales la interacción entre las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física. En efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención en dichas reuniones y se confirma que, con el transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes, especialmente cuando hay bajas temperaturas.

Que en encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados se puede propagar la enfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisión; ello aumenta exponencialmente en número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus.

Que es posible que una persona se infecte de COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos.

Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2 son, principalmente, el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos frecuente, la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la ventilación de los ambientes.

Que, entre el SETENTA POR CIENTO (70%) y el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los mayores de SESENTA (60) años que requieren asistencia respiratoria mecánica fallece y no existe hasta la fecha un tratamiento con demostrada eficacia, por lo que la estrategia más efectiva para disminuir la mortalidad es la disminución de la circulación del virus.

Que la estrategia de cuidado de personas pertenecientes a grupos en mayor riesgo no es solo el diagnóstico oportuno sino que debemos evitar que contraigan la enfermedad y para ello deben incrementarse los cuidados y evitar todo lo posible la circulación.

Que para disminuir de la circulación del virus se deben cortar las cadenas de transmisión, y esto se logra a partir del aislamiento de los casos y de la detección de contactos estrechos, con cumplimiento de cuarentena y detección temprana de casos sintomáticos.

Que debido a esto en la estrategia de control de COVID-19 es fundamental orientar las políticas sanitarias a la atención primaria de la salud, con el diagnóstico oportuno (ya sea a través del laboratorio o por criterios clínico/epidemiológicos) y a partir de esto llevar a cabo las acciones de control de foco.

Que el comportamiento de la epidemia en el país actualmente se focaliza más en el aumento de casos en el interior del país. En efecto, se ha observado que, al 23 de mayo, el NOVENTA Y TRES COMA TRES POR CIENTO (93,3%) de los casos nuevos se registraba en la región ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en adelante AMBA, mientras que, al 17 de septiembre, este porcentaje disminuyó y representa un CINCUENTA COMA OCHO (50,8%) de los casos.

Que la situación epidemiológica del AMBA presenta una cierta estabilidad en el promedio de casos semanales que se evidencia más claramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la semana epidemiológica 29 (12 de julio a la fecha), mientras que en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires esta estabilidad es más tardía y se observa a partir de la semana epidemiológica 31/32 (2 de agosto a la fecha).

Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, se observa estabilidad en un elevado número nuevo de casos, con estabilidad también elevada en la mortalidad.

Que en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires el aumento del número de casos se verifica con distintas velocidades según el municipio y se observa estabilidad en los municipios pertenecientes al primer y segundo cordón.

Que se registra un aumento exponencial de casos en diversos municipios (no pertenecientes al área metropolitana) de la Provincia de Buenos Aires.

Que en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, el tiempo de duplicación de casos al 25 de junio era de CATORCE COMA TRES (14,3) días y al 14 de septiembre, de CINCUENTA Y UNO COMA SIETE (51,7) días.

Que a pesar del aumento de casos no se saturó el sistema de salud y el porcentaje de ocupación de camas para la misma región es del SESENTA Y SIETE COMA TRES POR CIENTO (67,3%).

Que, tal como se ha señalado, todas las jurisdicciones presentaron casos en los últimos CATORCE (14) días y muchas de ellas presentan brotes, conglomerados extensos y zonas con transmisión comunitaria.

Que el tiempo de duplicación de casos para el total del país, excluyendo del cálculo al AMBA al 2 de junio era de CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días, al 31 de julio era de DIECIOCHO COMA TRES (18,3) días y al 14 de septiembre, de DIECIOCHO COMA NUEVE (18,9) días.

Que la Provincia de JUJUY continúa con una situación crítica en relación con la transmisión de la enfermedad, con casos distribuidos en todo el territorio, con brotes localizados tanto comunitarios como en personal de salud, que continúa comprometiendo la capacidad de respuesta del sistema de atención. A los departamentos más afectados en las semanas previas (Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro), se suman brotes en los departamentos de Susques, Rinconada y Yavi.

Que la Provincia de MENDOZA continúa con transmisión comunitaria y aumento exponencial de casos, principalmente en la región metropolitana de Mendoza y Gran Mendoza, y con registro de casos y brotes en múltiples departamentos de la provincia. El tiempo de duplicación de casos al 14 de septiembre registrado era de QUINCE COMA CINCO (15,5) días. El sistema de salud verifica una elevada tensión, principalmente en la Capital y presenta una ocupación de camas de UTI, en toda la provincia, del SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%) -mayor que hace dos semanas-.

Que en la Provincia de SANTA FE, Rosario y Gran Rosario, ciudad Capital, San Lorenzo, Casilda y Venado Tuerto continúan con transmisión comunitaria. Además, se registran brotes en varios departamentos de la provincia. El tiempo de duplicación estimado para la provincia al 14 de septiembre era de QUINCE (15) días, lo que refleja la continuidad del aumento en la velocidad de aparición de casos. La provincia presenta un sistema de salud muy tensionado, principalmente en Rosario y Gran Rosario, con una ocupación de camas de UTI, para toda la provincia, del SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) -mayor que hace dos semanas-.

Que la Provincia de CÓRDOBA continúa también con aumento exponencial de casos, principalmente en ciudad Capital, Río Cuarto y en localidades más pequeñas, en las cuales se han implementado medidas epidemiológicas tales como cordones sanitarios restringidos en algunos casos y más estrictos en otros, con el objetivo de contener los brotes, pero sin el impacto esperado. La provincia presenta un sistema de salud que puede dar respuesta a esta situación sanitaria, con una ocupación de camas de UTI del CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (48%) -casi el doble que en las DOS (2) semanas previas-.

Que la Provincia de ENTRE RÍOS continúa con transmisión comunitaria del virus pero con impacto positivo a partir de las medidas de restricción de la circulación que se implementaron en la ciudad capital y en Gualeguaychú, lo que se evidencia en la disminución del número de casos. Se observa un aumento en el tiempo de duplicación de casos -al 14 de septiembre de VEINTISÉIS COMA CUATRO (26,4) días-, con un sistema de salud que hasta el momento puede dar respuesta. La ocupación de camas de UTI es del CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (56%).

Que la Provincia de RÍO NEGRO continúa con localidades con transmisión comunitaria y si bien el aumento de casos es relativamente estable, este incremento genera una elevada tensión en el sistema de salud, principalmente en las localidades del Alto Valle y Bariloche. La ocupación de camas es del OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (87%) en la provincia y se verifica saturación del sistema de salud en el departamento de General Roca.

Que las Provincias de MENDOZA, SANTA FE, TUCUMÁN, NEUQUÉN y CÓRDOBA presentan un sistema de salud que, a juicio de sus autoridades, tiene capacidad de dar respuesta al aumento de casos tanto en lo que hace al diagnóstico como también con relación a la atención sanitaria y control de contactos. Según afirman las autoridades, en estas zonas se presenta, además, un sistema intensificado de búsqueda de casos por medio de unidades centinelas que sensibiliza la detección de posibles casos nuevos de COVID-19. En este marco y en atención a la evaluación positiva de la situación realizada por las autoridades provinciales, teniendo en cuenta el expreso compromiso asumido por dichas autoridades provinciales de informar cualquier situación de alerta epidemiológico a las autoridades sanitarias nacionales, se ha determinado, en el marco de lo establecido en el artículo 2° del presente decreto, que las Provincias de MENDOZA, CÓRDOBA, TUCUMÁN, NEUQUÉN y SANTA FE, se mantengan en el marco de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y se deben redoblar los esfuerzos en estas jurisdicciones para evitar la expansión de los contagios y las consecuencias que la propagación de la enfermedad conlleva.

Que la Ciudad de RÍO GRANDE en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y la Ciudad de RÍO GALLEGOS en la Provincia de SANTA CRUZ continúan con transmisión comunitaria. Además, el aumento del número de casos en RÍO GALLEGOS sigue siendo importante y genera tensión en el sistema de salud y se comenzaron a registrar brotes en otras localidades de la Provincia de SANTA CRUZ. Se debe destacar que, en la Ciudad de RÍO GRANDE, debido a las acciones implementadas, se ha logrado disminuir el número de casos nuevos pero igualmente continúa tensionado el sistema de salud.

Que la Provincia de SALTA continúa con un aumento exponencial del número de casos, lo que se ve reflejado en el tiempo de duplicación de casos que pasó a CATORCE COMA CUATRO (14,4) días al 14 de septiembre. Los lugares más afectados son los departamentos de General San Martín, Orán, General Güemes, Cerillo, Rosario de Lerma, La Caldera y Capital, y todos ellos registran transmisión comunitaria. Se comenzó también a observar ocurrencia de casos en poblaciones originarias. La tensión del sistema de salud es alta, con un porcentaje de ocupación de camas de UTI del OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%).

Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO presenta transmisión comunitaria en la ciudad Capital y en Banda, con registro de casos en otras localidades de la provincia. A pesar de las medidas implementadas continúa con aumento exponencial de casos. La ocupación de camas de UTI es del SESENTA Y TRES POR CIENTO (63%), con un tiempo de duplicación de casos de CATORCE COMA DOS (14,2) días.

Que la Provincia de LA RIOJA continúa con aumento de casos y, si bien ese aumento es estable, continúa con transmisión comunitaria en la ciudad capital y se ha logrado un impacto muy positivo en la localidad de Chamical a partir de acciones de control de casos, lo que logró disminuir los casos nuevos. Continúan los brotes en otras localidades de la provincia y continúa tensionado el sistema de salud, con ocupación de camas de UTI del SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66 %) en toda la provincia.

Que la Provincia de TUCUMÁN registra transmisión comunitaria del virus en la ciudad Capital y brotes en distintas localidades. La velocidad de aumento de casos es alta. El tiempo de duplicación de casos al 14 de septiembre es de NUEVE COMA NUEVE (9,9) días y el porcentaje de ocupación de camas de UTI es de SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (74%) -dato solo del sector público-, lo que muestra un aumento importante en las últimas semanas.

Que la Provincia de SAN JUAN ha logrado estabilizar el número de casos nuevos con muy buen impacto de las medidas implementadas. Al 14 de septiembre el tiempo de duplicación de casos registrados es de CUARENTA Y UN (41) días y la ocupación de camas de UTI es del CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (58%).

Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país.

Que, en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin nexo y las que presentan brotes o conglomerados pequeños controlados.

Que es importante evaluar también la velocidad de aumento de casos y de la detección temprana de casos sin nexo, lo que puede indicar circulación no detectada.

Que es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del sistema de atención en cada jurisdicción.

Que en esta etapa de la evolución de la pandemia los indicadores epidemiológicos no son las únicas variables que corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez que pesan factores locales, culturales, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso. En efecto, cualquier decisión debe contemplar estas circunstancias y, además, la situación epidemiológica; las tendencias que describen las variables estratégicas, entre ellas la evolución de casos y fallecimientos; los tiempos de duplicación, que deben interpretarse necesariamente asociados a la cantidad de casos en valores absolutos; el tipo de transmisión; la respuesta activa del sistema para la búsqueda de contactos estrechos y adicionalmente la capacidad de respuesta y de saturación del sistema de atención de la salud en lo que se relaciona con el porcentaje de ocupación de las camas críticas de terapia intensiva. Todo ello está relacionado con la posibilidad de hacer uso de redes de derivación, lugares de aislamiento intermedio y las características de la zona donde se producen los brotes. Para analizar y decidir las medidas necesarias resulta muy relevante la evaluación que realizan de la situación epidemiológica y sanitaria las autoridades provinciales y locales con el asesoramiento de las áreas de salud respectivas.

Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA en atención a lo ya señalado y, específicamente, debido a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica, obliga al Estado Nacional a adoptar decisiones en función de cada realidad.

Que si bien han transcurrido más de CIENTO OCHENTA (180) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.

Que en muchas localidades ha disminuido el nivel de alerta y la percepción del riesgo de la comunidad, lo que facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de los casos.

Que las medidas de distanciamiento social para tener impacto deben ser sostenidas e implican no solo la responsabilidad individual sino también la colectiva, para lograr el objetivo de disminuir la transmisión del virus y evitar la saturación del sistema de salud.

Que la eventual saturación del sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros países del mundo.

Que sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar definitivamente la epidemia, por lo que se mantiene vigente la imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia adoptada, especialmente cuando las realidades sociales, económicas y culturales introducen aún mayores complejidades.

Que muchos de los países que habían logrado controlar los brotes y relajado las medidas de cuidado y regresado a fases avanzadas de funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una segunda ola de contagios.

Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el DISPO, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto".

Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, "...no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás".

Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales", del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.

Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción parcial y temporaria a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de la totalidad de las y los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.

Que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES siguen manifestando la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la presente medida.

Que, desde el día 21 de septiembre y hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, se mantendrá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -DISPO- para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica en el artículo 2° del presente decreto y en los términos allí previstos. Asimismo, se mantendrá por igual plazo la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 y no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo.

Que el "DISPO" y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas y sociales en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Que, en lo que hace a los lugares donde se mantiene vigente la medida de ASPO, debe destacarse que, en la gran mayoría de ellos, se encuentran habilitadas una gran cantidad de actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios, así como actividades recreativas y deportivas, sobre todo al aire libre, las que se van autorizando paulatinamente, con los correspondientes protocolos. En todos los casos las personas circulan para realizar numerosas actividades autorizadas, para lo cual es necesario insistir en la necesidad de mantener las medidas de prevención de contagios porque, al aumentar la cantidad de personas circulando también aumenta el número de contagios y, eventualmente, de personas fallecidas a causa de COVID-19.

Que una parte importante de la transmisión se produce debido a la realización de actividades sociales en las cuales se hace más difícil sostener el distanciamiento social, principalmente en lugares cerrados y con escasa ventilación.

Que, por lo tanto, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el "DISPO" y otras para el "ASPO", y, asimismo, mantener entre dichas prohibiciones, tal como lo dispuso el Decreto N° 641/20, la realización de eventos sociales o familiares en espacios cerrados en todos los casos conforme se indica en los artículos 9° y 18 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipulados. En tal sentido, el Jefe de Gabinete de Ministros, a pedido de los Gobernadores o las Gobernadoras, podrá autorizar la realización de reuniones sociales o familiares en los lugares alcanzados por la medida de "DISPO", según la evaluación de riesgo epidemiológico y sanitario del lugar.

Que el aglomerado urbano del AMBA que incluye, a los fines de este decreto, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los TREINTA Y CINCO (35) partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES que se indican en el artículo 11 del presente, y los Departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca y Tandil en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, los Departamentos de Capital y Banda en la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, el Departamento de Río Grande en la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos en la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, Yavi, Rinconada y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY, el Departamento Capital de la PROVINCIA DE LA RIOJA, los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital de la PROVINCIA DE SALTA, y los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO presentan transmisión comunitaria sostenida del virus, o aumento brusco del número de casos de Covid-19, o tensión en el sistema de salud, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.

Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente con las Decisiones Administrativas mencionadas en el artículo 12 del presente decreto, se mantiene la declaración de "esenciales" a distintas actividades y servicios y se exceptúa del cumplimiento del "ASPO" a las personas afectadas a ellos.

Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente decreto requieren la previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, con el fin de preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de todas las personas, especialmente de los niños, las niñas y adolescentes que deban cumplir el "ASPO", se mantendrá, con los alcances y limitaciones establecidos en el artículo 20 del presente decreto, la facultad de realizar salidas de esparcimiento.

Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, se mantiene la facultad de los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias con el fin de decidir nuevas excepciones al cumplimiento del "ASPO" y a la prohibición de circular, para personas afectadas a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, con la implementación del protocolo respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, excepto respecto de las prohibiciones establecidas en el artículo 18.

Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada en el artículo 11 es considerada como una unidad a los fines de contabilizar los y las habitantes que en ella residen, toda vez que se trata de un aglomerado urbano.

Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y también los lugares donde es más difícil contener su expansión, sigue sin autorizarse para las zonas con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes bajo la modalidad "ASPO", la disposición de nuevas excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, por sí, o previo requerimiento del Gobernador o de la Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.

Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares se seguirá exigiendo que las empleadoras o los empleadores garanticen el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. En todos los casos la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá utilizar el que se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de distintas áreas del país, se continuará implementando la misma estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.

Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el "DISPO" como para el "ASPO".

Que las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES remitir al referido MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).

Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.

Que se mantiene la obligación, por parte de las Autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de comunicar de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario.

Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones y tomando en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), se puede transitar entre "ASPO" y "DISPO", según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder no depende de plazos medidos en tiempo, sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos.

Que con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente, que se mencionan en el artículo 12 del presente decreto.

Que resulta imprescindible en todo el país y especialmente en las zonas definidas como de transmisión comunitaria sostenida, aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de signos y síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y el cumplimiento de cuarentena por CATORCE (14) días de sus familias, convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la pandemia.

Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados y las afectadas y sus contactos estrechos, como estrategia imprescindible para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.

Que se autorizan las reuniones sociales de hasta de DIEZ (10) personas en espacios públicos al aire libre, siempre que se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y nacional y que no se utilice el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. Las autoridades locales dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, establecer los lugares habilitados para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.

Que, asimismo, se deberá permitir el acompañamiento durante la internación y en los últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento. En tales casos, las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en todos los casos deberá requerir el consentimiento previo informado por parte del o de la acompañante. Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictarán las correspondientes normativas reglamentarias.

Que se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el "DISPO" como por el "ASPO", las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.

Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 11 de octubre de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20.

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.

Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

TÍTULO UNO

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19.

TÍTULO DOS
CAPÍTULO UNO:
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen "transmisión comunitaria" sostenida del virus SARS-CoV-2.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no cumplan positivamente los TRES (3) parámetros anteriores, se definirá si se les aplican las normas de este CAPÍTULO o las del CAPÍTULO DOS del presente decreto, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral epidemiológico y sanitario.

La medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el día 21 de septiembre hasta el día 11 de octubre de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares:

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS,

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY, excepto los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Yavi, Susques, Rinconada y San Pedro

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA, excepto Capital

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, excepto los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA, excepto los de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, excepto el aglomerado de la Ciudad de Río Gallegos

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, excepto los de Capital y Banda

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, excepto Río Grande

• Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil y de los TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el artículo 11 del presente decreto.

ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del límite del aglomerado, departamento o partido donde residan, salvo que posean el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que las habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.
En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos aglomerados, departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.
En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE (14) días.

ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad.
Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.

ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS. PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas ni se encuentren alcanzadas por las prohibiciones establecidas en el artículo 9°.
Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS (2) metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.
La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

ARTÍCULO 8º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 9°.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del presente decreto quedan prohibidas las siguientes actividades:
1. Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas. Los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control del cumplimiento de estas normas.
2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes. Los mismos deberán realizarse, preferentemente en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente un protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control de su cumplimiento.
4. Cines, teatros, clubes, centros culturales.
5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del presente.
6. Turismo.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones podrán ser requeridas por los gobernadores y las gobernadoras y deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.
Déjanse sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en oposición a lo establecido en el inciso 2 del presente artículo, salvo las dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros a partir del 17 de agosto de 2020.

CAPÍTULO DOS:
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 21 de septiembre hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto.

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 10, los siguientes lugares:

• El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

• Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca y Tandil, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

• Los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, Yavi, Rinconada y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY

• El departamento Capital de la PROVINCIA DE LA RIOJA

• Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO

• Los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital de la PROVINCIA DE SALTA

• El aglomerado de la Ciudad de Río Gallegos, de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ

• Los departamentos de Capital y Banda de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

• El departamento de Río Grande de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 10, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.
24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.
25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.
26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.
27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.
28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.
29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.
30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1.

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: También quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes:
1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2.
2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Mutuales y Cooperativas de Crédito mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o pagos. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5, 6 y 7.
3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7.
4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.
5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre ubicada en los lugares establecidos por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10.
6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (Decisión Administrativa N° 763/20, artículo 1°, Anexo I punto 5, y concordantes para el resto de las jurisdicciones).
7. Profesionales y técnicos o técnicas especialistas en seguridad e higiene laboral, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 2.
8. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas o en proceso de clasificación para los XXXII Juegos Olímpicos o para los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas a la actividad de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino. Práctica deportiva desarrollada por los atletas miembros de la selección argentina de Rugby. Práctica de deportes individuales y asistencia a clubes e instituciones públicas y privadas y polideportivos donde se realice la actividad. Entrenamientos de los y las deportistas de representación nacional pertenecientes a determinadas Confederaciones, Asociaciones, Fundaciones y Federaciones, así como a las personas que los y las acompañan, y a los integrantes de la Comisión Nacional Antidopaje. Eventos deportivos de carácter internacional. Automovilismo. Todo ello en los términos de las Decisiones Administrativas Nros. 1056/20, 1318/20, 1442/20, 1450/20, 1518/20, 1535/20, 1582/20 y 1592/20.
9. ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Galerías y paseos comerciales. Lavaderos de automotores automáticos y manuales. Paseo, adiestramiento y peluquería canina. Galerías de arte con turno. Profesiones. Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética). Industrias. Cultos: rezo individual con aforo y tope de hasta DIEZ (10) personas. Establecimientos hoteleros y para-hoteleros para permanencia con fines no turísticos, y sin uso de los espacios comunes. Industria de producción de cine publicitario y funcionamiento de playas de estacionamiento y garajes comerciales. Actividad Gastronómica y Construcción de Obras. Todo ello en los términos de las Decisiones Administrativas N° 1289/20, 1519/20, 1548/20, 1600/20 y 1604/20.
10. ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS en diversos partidos, departamentos y aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, en los términos de las Decisiones Administrativas N° 1294/20 y N° 1580/20.
11. Actividades desarrolladas en el Municipio de La Matanza en los términos de la Decisión Administrativa N° 1329/20.
12. Actividades teatrales sin público. Trabajos de mantenimiento y conservación de las colecciones e instalaciones en museos. Sistema de préstamo de libros de las bibliotecas. Todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la Decisión Administrativa N° 1436/20.
13. Actividad turística local, en el ámbito del Parque Nacional Iguazú, exclusivamente para residentes de la Provincia de MISIONES y a la actividad turística y al alojamiento turístico que se desarrolle en el ámbito del Parque Nacional Iberá, exclusivamente para los y las residentes de la Provincia de CORRIENTES. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 1524/20.
14. Actividad desarrollada por los psicólogos y las psicólogas, en el ámbito de los TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES comprendidos en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), en los términos de la Decisión Administrativa N° 1533/20.

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados y alcanzadas por el artículo 10 del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 último párrafo del presente decreto.
Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.
Los Gobernadores y las Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva.

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados y alcanzadas por el artículo 10 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 último párrafo del presente decreto.
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, y limitar su duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá, asimismo, autorizar sin necesidad de requerimiento de las autoridades provinciales respectivas ni del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular e incorporar al "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" ya citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria.
Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o UNA (1) sola pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20.

ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las siguientes actividades:
1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.
2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas.
3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.
4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 23 de este decreto.
5. Turismo.
Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.
En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares.
Déjanse sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren alcanzadas y alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados y obligadas a cumplir con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20.

CAPÍTULO TRES:
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.
Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado, departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento se excluya de las disposiciones del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del "aislamiento social, preventivo y obligatorio". El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 10 del presente decreto.

ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, que disponen el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10.
Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que disponga el cese del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.
En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanzados por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" queda facultado para ampliar o reducir la autorización prevista en el presente artículo.
Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto.

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de "caso sospechoso" ni la condición de "caso confirmado" de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabajadoras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes.

ARTÍCULO 26.- REUNIONES SOCIALES. Se autorizan las reuniones sociales de hasta de DIEZ (10) personas en espacios públicos al aire libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacional.
No podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes.
Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" queda facultado para ampliar, reducir o suspender la autorización prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación epidemiológica.

ARTÍCULO 27.- ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES. Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la acompañante.
Los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes reglamentaciones.

ARTÍCULO 28.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 29.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 30.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.

ARTÍCULO 31.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20.

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 33.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES EN "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO": Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 576/20. Su efectiva reanudación está supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las autorizaciones que habilitan actividades prohibidas en los términos del artículo 9°, inciso 2, con la salvedad establecida en el artículo 9° in fine y en los términos de los dos últimos párrafos del artículo 18 del presente decreto.

TÍTULO TRES
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 34.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 35.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 21 de septiembre de 2020.

ARTÍCULO 36.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 37.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ordenanza nº 9911 (1)
Sancionada: 11.08.2020
Promulgada: 01.09.2020 por Decreto nº 1391
Publicada: 17.09.2020

CAPITULO 1: REGIMEN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2020 Y SIGUIENTES.

Artículo 1°.- Dispónese retomar la ejecución del Régimen de Presupuesto Participativo en la Ciudad de Paraná, a partir del año 2020 y siguientes, de manera gradual y de acuerdo a la evolución del financiamiento disponible, en el marco del procedimiento dispuesto por la Ordenanza N° 9040 y N° 9055, y según las pautas y criterios que se establecen en los artículos siguientes.

CAPITULO II: EJECUCION DE LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUCION DESDE 2015.

Artículo 2°.- A partir del año 2020, de modo gradual y en la medida que evolucione el financiamiento disponible establecido por la Ordenanzas N° 9040 y 9893, se procederá a ejecutar las obras que, habiendo sido elegidas por votación de los vecinos de la ciudad en el año 2015 a través del Régimen de Presupuesto Participativo, aún no han sido ejecutadas a la fecha, en cada una de las cinco zonas comunales.
Artículo 3°.- A los fines establecidos en el artículo anterior, a través de la Dirección de Presupuesto Participativo, dependiente de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, se llevará a cabo un relevamiento e informe de tales obras, el cual será elevado al Departamento Ejecutivo para que éste determine el orden y posibilidades de su ejecución, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1) Proyección de recursos disponibles;
2) Grado de cobertura de infraestructura y equipamiento de la zona en la que se propone el proyecto, siendo los proyectos prioritarios aquellos proyectados en zonas de la ciudad de menor grado de cobertura;
3) Tipo de ejecución por administración o por terceros, siendo prioritario las obras ejecutadas por administración en la medida que la capacidad operativa del municipio lo permita;
4) Tipo de necesidad que la obra ayuda a resolver, respetando el siguiente orden de prioridad: salud, seguridad, desarrollo comunitario y en cuarta instancia todas las demás;
5) Participación registrada por número de habitantes de la zona comunal en el régimen de Presupuesto Participativo 2015.
Artículo 4°.- Se dispone que la recaudación de los recursos establecidos para financiar el Régimen de Presupuesto Participativo que se produzca desde el año 2020, así como saldos remanentes anteriores si existieran, serán aplicados íntegramente a la ejecución de las obras dispuestas de acuerdo a lo establecido en los artículos, 2°y 3°. Una vez que se haya concluido con su ejecución, se procederá a financiar la ejecución de otras obras que fueran elegidas por los vecinos de acuerdo a lo que se establece en los artículos siguientes.

CAPITULO III: INICIO DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS.

Artículo 5°.- Establécese que a partir del año 2020, y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se proceda a retomar gradualmente el procedimiento participativo que establece el artículo 5° de la Ordenanza N° 9040, año a año, hasta alcanzar toda la ciudad de Paraná en el año 2023.
Artículo 6°.- El Departamento Ejecutivo determinará la forma en que se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, teniendo en cuenta la proyección de recursos disponibles, el avance del plan de obras general, las capacidades operativas del municipio, el nivel de participación alcanzado oportunamente en cada zona comunal, las necesidades por tipo de obra en cada zona, y el criterio de trabajo por cuencas urbanas en línea con los preceptos de la Ordenanza N° 9668 (conocida como "de cuencas"). A tales efectos podrá realizar otra delimitación de las zonas comunales atendiendo a los criterios indicados y otros que se consideren aplicables de acuerdo a las características del Régimen.
A los efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7° de la Ordenanza N° 9.040, el Departamento Ejecutivo queda facultado para realizar la determinación del importe de cada zona de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, y dentro del monto total establecido para el Régimen de Presupuesto Participativo.

CAPITULO IV: MODIFICACIONES DE ASPECTOS PARTICULARES DEL REGIMEN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 7°.- Modifícanse los artículos 5°y 6°de la Ordenanza N° 9040, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
"Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo deberá establecer un procedimiento que garantice la selección democrática y transparente de los proyectos que las diferentes Zonas Comunales presentarán al mismo para su tratamiento y posterior aprobación, el cual deberá contemplar cinco instancias de participación vecinal, a saber:
a) Diagnóstico de cada Zona Comunal y elección de delegados Zonales. A tales efectos quienes se postulen para este rol, deberán acreditar la realización de una instancia de capacitación previa referida al instituto del presupuesto participativo, la cual será dictada por el Órgano de Aplicación.
b) Deliberación de las diferentes problemáticas Zonales.
c) Selección preliminar de iniciativas que serán remitidas al Departamento Ejecutivo Municipal para el análisis de factibilidad:
d) Votación final del proyecto de cada Zona Comunal que será incluido en el Presupuesto General de la Administración Municipal para el año siguiente. A tales efectos podrá implementarse la votación por medios electrónicos, siempre que se asegure la transparencia del proceso.
e) Control de ejecución de los proyectos seleccionados. A los efectos de la ejecución de los proyectos elegidos, y cuando la naturaleza de los mismos lo permita, el Departamento Ejecutivo podrá realizar la contratación directa de cooperativas de trabajo.
Con el objeto de valorar y reconocer la mayor participación de los vecinos, el Departamento Ejecutivo podrá realizar en cada zona una instancia adicional a todas las instancias indicadas anteriormente, con el objeto de establecer en la misma un nivel mínimo requerido de participación de los vecinos, proporcional a la cantidad de habitantes de esa zona. También podrá incorporar esta instancia adicional en la misma ocasión de las instancias previstas en los incisos a) o b) de este artículo. En caso de no lograrse dicho piso, podrá optar por no realizar el resto de las instancias en esa zona, destinando los recursos proporcionales de la misma hacia las zonas donde se alcance dicho mínimo indicado."
"Artículo 6° El Órgano de Aplicación del presente régimen será la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, en virtud de las funciones que le fueron encomendadas por artículo 8°, punto 8, de la Ordenanza N° 9.889. El órgano de aplicación desarrollará por si o a través de la Dirección de Presupuesto Participativo, las siguientes atribuciones y deberes:
a) Convocar a la ciudadanía a participar en el desarrollo de todas las instancias del Presupuesto Participativo, garantizando la normal, transparente y democrática realización de las mismas.
b) Convocar a las Secretarías del Departamento Ejecutivo que por sus competencias y dada la transversalidad del régimen, resulten necesarias para una mayor eficacia del proceso.
c) Promover, en tiempo y forma, el acceso a la información necesaria para el desarrollo de los debates y toma de decisiones por parte de los vecinos.
d) Organizar jornadas de capacitación periódicas sobre Presupuesto Participativo, y cualquier otro mecanismo que promueva la participación vecinal.
e) El o la responsable de Presupuesto Participativo o en su defecto a quién él designe, deberá intervenir personalmente en cada una de las etapas del desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo que se realicen en las diferentes Zonas Comunales, conforme a las pautas y condiciones que determine el Departamento Ejecutivo Municipal.
f) Viabilizar el estudio de factibilidad técnica por parte de las dependencias municipales competentes de los proyectos preliminares o iniciativas, que presenten las Zonas Comunales, de los cuales posteriormente surgirán los definitivos.
g) Recepcionar y elevar a la Presidencia Municipal los proyectos remitidos por las Zonas Comunales, conforme lo establecido en la presente Ordenanza y las disposiciones reglamentarias que se establezcan."
Artículo 8°.- Modifícase el artículo 13° de la Ordenanza N° 9040, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 13°: Podrá participar en el régimen de presupuesto participativo cualquier vecino y vecina de la ciudad de Paraná, mayor de 16 años que tenga interés en proponer proyectos para su Zona Comunal. También podrán hacerlo Asociaciones Civiles, Comunidades Vecinales, Instituciones Intermedias sin fines de lucro y movimientos de Participación Ciudadana, en las condiciones que se establezcan en la reglamentación."
Artículo 9°.- Modifícase el artículo 16° de la Ordenanza N° 9040, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 16°: En el ámbito del Honorable Concejo Deliberante funcionará una comisión de seguimiento del presupuesto participativo, integrada por dos representantes del bloque oficialista, un representante de cada bloque de la oposición y quienes sean titulares de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria y de la Secretaría de Obras Públicas. Esta comisión tendrá la función de dar seguimiento de la implementación del régimen y realizar anualmente una autoevaluación en miras al perfeccionamiento del mismo. Asimismo, y en conjunto con el órgano de aplicación, convocará a la ciudadanía a participar en el desarrollo de todas las instancias del Presupuesto Participativo, garantizando la normal, transparente y democrática realización de las mismas."
Artículo 10°.- Comuníquese.-

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1391/2020, dispone: "Dar intervención a la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, para la implementación y reglamentación de la Ordenanza promulgada."

Ordenanza nº 9904 (1)
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1160
Publicada: 17.09.2020

Artículo 1°.- Dispóngase la creación del Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Municipio de la ciudad de Paraná.
Artículo 2°.- El presente protocolo tendrá aplicación ante aquellas situaciones de violencia ejercida por funcionarios, profesionales y agentes municipales, que en el marco de sus relaciones laborales municipales, realicen algún acto de discriminación hacia mujeres y/o población LGBTTTIQP+, obstaculizando ascensos, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, edad, apariencia física, preferencias sexuales, y cuando estos ejerzan hostigamiento psicológico en forma sistemática con el fin de lograr la exclusión laboral; independientemente que la violencia se ejerza de forma:
a) Física: aplicada en el cuerpo, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
b) Psicológica: Donde se cause daño emocional y disminución de la autoestima o se perjudique y perturbe el pleno desarrollo personal, degradando o controlando las acciones, comportamientos, creencias y decisiones; mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Esto Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
c) Sexual: Cuando se provoque una vulneración en todas sus formas, del derecho de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
Artículo 3°.- Procedimiento de aplicación:
a) La persona denunciante mantendrá una entrevista con personal de la Dirección General preventiva laboral y ART (o la que en el futuro la reemplace), en donde se tomará conocimiento y se le informará sobre los derechos que la asisten. Dicha entrevista podrá ser en forma presencial o mediante comunicación telefónica y/u otro medio electrónico que fuere posible.
b) La Dirección General preventiva laboral y ART dará apertura a un expediente, el cual contará con la información referente al nombre de la persona denunciante y denunciada, su N° de legajo, las áreas en donde desempeñan sus tareas, y el relato de los hechos que se están denunciando.
c) Desde la Dirección General preventiva laboral y ART se hará la comunicación notificando al denunciado a fin de ponerlo en conocimiento de las acusaciones formuladas en su contra. Luego de la notificación tendrá 48 horas hábiles para realizar su descargo.
d) La Dirección General preventiva laboral y ART una vez recibido el descargo del denunciado, convocará a ambas partes, en días y horarios diferentes a una entrevista con un equipo de profesionales especializados en violencia de género, quienes confeccionarán un informe sobre lo expuesto por ambas partes.
e) Una vez realizadas las entrevistas, desde la Dirección General preventiva laboral y ART, se elevará un informe integral de la situación, detallando si hubiera antecedentes, con apreciaciones profesionales que será elevado a la Dirección de Recursos Humanos. Esta repartición, convocará en un plazo de 48 horas un Dispositivo Consultivo, a fin de evaluar la situación el cual estará integrado por representantes del área legal del Municipio, representantes gremiales, personal de la Dirección Recursos Humanos y de la Dirección General preventiva laboral y ART, y de la Subsecretaria de Mujer y Diversidad.
f) Analizado el caso, se elaborará un escrito donde plasmarán las recomendaciones y sugerencias de procedimientos a seguir, y será entregado a la Dirección de Recursos Humanos del Municipio.
g) En función de la evaluación del Dispositivo Consultivo, la Dirección de Recursos Humanos tomará las medidas pertinentes a fin de proteger a la persona afectada, y de creer conveniente por la entidad del caso, aconsejar y/o instar a la realización de la denuncia en sede penal, y se determinarán las medidas de seguridad y/o sanciones que deban aplicarse según el caso, conforme al Estatuto de Estabilidad y Escalafón de Obreros y Empleados Municipales y demás normativas laborales.
Artículo 4°.- Comuníquese.-

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1160/2020, dispone: "Facúltese a la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Prevención Laboral y ART, para la implementación de las disposiciones de la Ordenanza promulgada."

Ordenanza nº 9903 (1)
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1159
Publicada: 17.09.2020

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Declárase en el ámbito de la ciudad de Paraná la Emergencia Publica en Materia Social, Administrativa, Económica y Financiera por Violencia de Género por el término de un año (1), pudiendo prorrogarse por igual plazo si subsisten las razones que la han originado. La presente Ordenanza tiene por objeto optimizar los recursos municipales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento de los programas municipales de atención a mujeres víctimas de violencia, que diseñan y ejecutan políticas acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de violencia contra las Mujeres.
Artículo 2°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reasignar las partidas presupuestarias necesarias a los efectos de aumentar, profundizar, articular e implementar las tareas de prevención y acciones positivas para afrontar la emergencia que se declara por la presente.
Dispóngase para los próximos presupuestos anuales municipales, que las partidas presupuestarias de las áreas correspondientes no podrán ser menores a las actuales, de acuerdo al principio de no regresividad en la materia.
Artículo 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal garantizará una mirada transversal con perspectiva de género en la planificación y ejecución de todas las políticas públicas.
Artículo 4°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, garantizará en el marco de la emergencia declarada el cumplimiento de toda legislación municipal vigente en materia de género.

CAPITULO 2: COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA EMERGENCIA

Artículo 5°.- Créase la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Pública en materia Social, Administrativa, Económica y Financiera por Violencia de Género, la que tendrá por objetivo velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de género y realizar un informe cuatrimestral de carácter público sobre las acciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas correspondientes.
Artículo 6°.- La Comisión creada en el Artículo anterior, estará conformada por un representante de la Subsecretaría de la Mujer y Diversidad del Municipio y un representante por cada Bloque Político del HCD. La misma deberá reunirse como mínimo tres (3) veces al año y estará abierta a la participación del COPREV (Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias), Universidades, Organizaciones sociales y Colegios de Profesionales.

CAPITULO 3: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 7°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar y dictar todas las medidas necesarias y urgentes para la implementación de la presente ordenanza. –
Artículo 8°.- Articúlese las acciones de cooperación necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza con las dependencias ministeriales provinciales correspondientes y con el Poder Judicial.
Artículo 9°.- Comuníquese.-

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1159/2020, dispone:"Facúltese a la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria para la implementación de las disposiciones de la Ordenanza promulgada."

Resolución nº 19/2020 (1)(2)
Fecha: 08.05.2020
Publicado: 14.05.2020
RESOL-2020-19-APN-MDTYH

VISTO:el Expediente EX-2020-28316904-APN-SSPSYU#MDTYH la Ley de Ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y su última modificación efectuada por Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019 y el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, a fin de adecuar la organización ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL conforme los objetivos y las políticas de gobierno en cada una de las áreas de gestión, estableciendo sus competencias, entre ellas, las del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que el Decreto N° 50/19, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales determinó las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobando el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y los objetivos de esas Unidades Organizativas.

Que a éste Ministerio, entre otras incumbencias, le corresponde "Entender en las políticas de gestión de suelo, innovando y generando instrumentos urbanísticos y jurídicos que garanticen el crecimiento conveniente de las áreas metropolitanas, de las ciudades pequeñas y medianas, y de la protección de los cordones periurbanos, en coordinación con provincias y municipios", como así también "intervenir en la coordinación, seguimiento y fiscalización de las acciones que realicen el ESTADO NACIONAL, las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios, en lo referente a la planificación y organización del territorio, a los usos del suelo y a los programas de infraestructura y hábitat, en el marco de lo que establezca la política de ordenamiento territorial".

Que el Decreto Nº 50/19, basado en criterios de racionalidad y eficiencia y en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales reordenó las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, creando en el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL y la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO.

Que una política de hábitat virtuosa requiere de una adecuada gestión del suelo, el que debe contar con infraestructura, equipamiento, localización adecuada y resultar accesible a los diferentes sectores sociales y sus respectivas capacidades de pago.

Que la generación de suelo urbano producido o promovido por el Estado resulta fundamental para garantizar que el propio Estado cuente con suelo disponible para localizar vivienda a construirse y/o a promoverse en forma pública y para ampliar la accesibilidad de las familias a suelo urbano y, por ende, a un lugar en las ciudades.

Que la falta de acceso al suelo es una de las principales causas de la informalidad, siendo necesario desplegar una gama de instrumentos que, por una parte, desalienten las prácticas especulativas y, por otro, mejoren las condiciones para lograr la movilización de suelo ocioso.

Que la adquisición de suelo de manera anticipada a las necesidades de cada dependencia u organismo resulta clave para mejorar el desarrollo de las políticas urbanas y habitacionales y que, para ello, es fundamental el despliegue de instancias administrativas que garanticen que los municipios aprovechen el mayor valor que otorgan la normativa urbanística, las habilitaciones para desarrollar suelo urbano y/o mayor edificabilidad, así como las obras públicas construidas por los diferentes niveles del Estado.

Que en el marco de las competencias que en materia de suelo -planificación y uso del territorio- poseen los gobiernos sub nacionales, resulta indispensable asistir y apoyar técnicamente a las Provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los municipios en la gestión del suelo público, promoviendo la conformación y gestión estratégica de bancos de tierra y su instrumentación.

Que para el logro de los objetivos y acciones mencionadas resulta indispensable la creación de un Plan Nacional de Suelo Urbano, el que se implementará por el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT a través de la SUBSECRETARÍA DE SUELO Y URBANISMO.

Que una eficiente coordinación de esfuerzos debe hacer partícipes de estas políticas, además del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, a propietarios de suelo, gobiernos municipales, provincias, empresas constructoras, sindicatos, organizaciones civiles y otros organismos del propio Gobierno Nacional como la Agencia de Administración de Bienes del Estado, los que en el marco de acuerdos y de los instrumentos legales que sean necesarios, podrán asociarse para la regularización de suelo, la generación de suelo urbano y desarrollos urbanísticos integrales que contemplen la infraestructura básica, donde cada actor participe en función de los aportes que realice, tanto sea suelo, adecuación de la normativa urbanística, infraestructura, construcción, crédito para la construcción y/o adquisición de vivienda u otros que resulten posibles para la gestión de suelo señalada.

Que resulta necesario fijar pautas normativas que tiendan a lograr presupuestos mínimos a garantizarse en el uso y planificación del territorio por parte de las Provincias y los Municipios, prestándoles a los gobiernos subnacionales la asistencia y capacitación necesaria.

Que es indispensable coordinar dichas acciones con las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial emanadas de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial de la SUBSECRETARÍA DE SUELO Y URBANISMO, fortaleciendo la estructura federal de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que se requiere también de la puesta en marcha de dos iniciativas: la conformación de una "Mesa intersectorial en Políticas de Suelo" y un "Observatorio Nacional de Acceso al Suelo".

Que también resulta necesario que las políticas de suelo a implementar contemplen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, económicos, sociales y culturales, promoviendo ciudades compactas, equitativas y sostenibles.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias.

Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
RESUELVE:

Artículo 1º.- Créase el "Plan Nacional de Suelo Urbano", el que será implementado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a través de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

Artículo 2º.- El Plan que se crea por el artículo anterior comprenderá:

a) El Programa Nacional de Producción de Suelo.

b) El Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo.

c) La conformación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo.

Artículo 3º.- El Programa Nacional de Producción de Suelo promoverá:

a) la suscripción de convenios para la producción de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer, de acuerdo con la Clasificación de Suelo, la producción de Suelo Urbanizado y Especial,

b) la creación de bancos de tierra, -entendidos como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral.

Artículo 4º.- El Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo, contribuirá a la capacitación de técnicos y funcionarios de la Administración Pública nacional, provincial, municipal en Políticas Sostenibles de Gestión del Suelo para mejorar las capacidades de los gobiernos locales y provinciales, tanto en materia de recursos humanos como de equipamiento.

Artículo 5º.- Créase la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, como ámbito participativo de debate, la que estará integrada por el sector público, el sector privado, las organizaciones gremiales, las universidades y las organizaciones civiles, a los fines de realizar aportes a los contenidos mínimos de la política nacional de suelo y contribuir a la promoción de marcos legales y políticas públicas que permitan lograr un crecimiento adecuado de las áreas urbanas y la protección de los cordones periurbanos.

Artículo 6º.- Créase el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo como un ámbito de construcción y análisis de datos acerca de la situación de acceso al suelo en todo el territorio nacional, lo que constituirá un insumo fundamental para el diseño, la ejecución, evaluación y monitoreo de las políticas y programas implementados por el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT. En su ámbito funcionará el Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales y Proyectos Urbanos y el Observatorio Nacional de Precios del Suelo.

Artículo 7.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO a dictar normas complementarias e interpretativas, quedando autorizada a suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la presente Resolución.

Artículo 8.- Los convenios a los que se refiere el artículo anterior deberán contar con la asistencia e intervención del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, toda vez que los mismos comprendan bienes inmuebles, cualquiera sea el origen de su dominio. Dicha intervención deberá requerirse previa a la suscripción del Convenio y en forma posterior a que el mismo se haya ejecutado, en aquellos casos que se defina la transferencia de los lotes generados por el Plan a terceros adquirentes a título oneroso.

Artículo 9°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo al presupuesto de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

 

(1) Disposición nº 1/2020
Fecha: 18.06.2020
Publicado: 19.06.2020
DI-2020-1-APN-SSPSYU#MDTYH

VISTO: el expediente N° EX-2020-32075001-APN-SSPSYU#MDTYH, la Ley de Ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios y su última modificación, efectuada por Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y la Resolución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Nº 19 de fecha 8 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la ley de ministerios (Ley 22.520 texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorios, determinando las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Que el Decreto N° 50/19, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales determinó las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobando el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y los objetivos de esas Unidades Organizativas.

Que al MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, entre otras incumbencias, le corresponde "Entender en las políticas de gestión de suelo, innovando y generando instrumentos urbanísticos y jurídicos que garanticen el crecimiento conveniente de las áreas metropolitanas, de las ciudades pequeñas y medianas, y de la protección de los cordones periurbanos, en coordinación con provincias y municipios", como así también "intervenir en la coordinación, seguimiento y fiscalización de las acciones que realicen el ESTADO NACIONAL, las Provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Municipios, en lo referente a la planificación y organización del territorio, a los usos del suelo y a los programas de infraestructura y hábitat, en el marco de lo que establezca la política de ordenamiento territorial".

Que basado en criterios de racionalidad y eficiencia y en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales se reordenaron las responsabilidades de las distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, creándose en el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL y la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO.

Que por medio de la Resolución N° 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT se crea el "Plan Nacional de Suelo Urbano", facultándose en el artículo séptimo a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO a dictar las normas complementarias e interpretativas que resulten pertinentes y autorizándola a suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la mencionada Resolución.

Que el Plan Nacional de Suelo Urbano comprende el Programa Nacional de Producción de Suelo, el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo y la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo.

Que el Programa Nacional de Suelo tiene como uno de sus principales objetivos mejorar las condiciones en que se produce la oferta de lotes con servicios y contar con predios en localizaciones prioritarias para el desarrollo de las políticas nacionales de hábitat.

Que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo tercero de la citada Resolución, que establece que el Programa Nacional de Producción de Suelo promoverá la suscripción de convenios para la producción de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer, de acuerdo con la Clasificación de Suelo, la producción de Suelo Urbanizado y Especial y la creación de bancos de tierra, -entendidos como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral, los convenios e instrumentos referidos, deben contemplar la posibilidad de acceso a lotes con servicios o los programas habitacionales que se ejecuten en ellos.

Que igualmente para constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral es necesario establecer parámetros objetivos que permitan el análisis y selección de propuestas gestionadas con la intervención de instancias administrativas que garanticen la publicidad, legalidad y transparencia de las decisiones que se adopten.

Que en el marco de competencias atribuidas a los distintos niveles de gobierno corresponde a las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos y los Municipios, fijar normas y reglamentaciones para el uso, ocupación y subdivisión del suelo, por lo tanto, los convenios que se suscriban promoverán que se contemple la participación en la valorización inmobiliaria en caso que la misma sea generada producto del convenio.

Que para incorporar este último criterio, conocido como plusvalía urbana, las jurisdicciones deberán contar con normas que permitan criterios objetivos de valorización del suelo, de acuerdo a las mejoras de uso del suelo o edificabilidad que puedan obtener inmuebles del dominio de particulares.

Que el Plan Nacional de Suelo tiene como objetivo prioritario fomentar la utilización de bancos de tierra ya existentes en distintos municipios y provincias del país, como así también promover que se constituyan nuevos en donde aún no se han implementado.

Que a través del Plan se pretende optimizar y potenciar los bancos de tierra, incorporando medios tecnológicos, instrumentos técnicos y recursos humanos que permitan contar con bases de datos confiables y georeferenciadas en todo el país, las que conformarán un catálogo único de bienes inmuebles, propiedad de los distintos niveles de gobierno, sobre los que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pueda proponer intervenciones con criterio federal y planificado.

Que otro de los componentes del Plan Nacional de Suelo Urbano, es el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a la gestión local en políticas de suelo, que tiene como primordial objetivo la mejora de las capacidades de los gobiernos locales para gestionar políticas urbanas, a partir de contar con recursos humanos formados bajo criterios propuestos por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, garantizando una rica propuesta curricular y gestión por resultados.

Que a través de las áreas de capacitación y asistencia técnica se deberá desplegar distintas estrategias que permitan universalizar la propuesta y gestionar sus contenidos, para que la misma sea continua y permanente.

Que el desarrollo de los cursos permitirá formar una comunidad de efectores de políticas de suelo a nivel local y regional, que continuará vinculada a través de un foro virtual administrado por el área de capacitación y asistencia técnica, que servirá como mecanismo ágil de consulta, intercambio de experiencias y sugerencias de aplicación de instrumentos en diferentes contextos.

Que para atenuar la fragmentación de las políticas de suelo urbano, es necesario propiciar mayores niveles de participación, para lo cual el Plan ha establecido la creación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo.

Que dicha mesa se reunirá con periodicidad y aprobará en su primera reunión el reglamento de trabajo que propondrá la Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo en el que entre otros aspectos se establecen los criterios de composición, los documentos que podrán aportarse y discutirse y la modalidad de participación a distancia, que será coordinada por el área de capacitación y asistencia técnica.

Que las propuestas y debates realizados por los participantes, conformarán documentos públicos que serán puestos a consideración de la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat como insumos para la gestión y definición de políticas públicas.

Que otra cuestión abordada por la Resolución citada pone foco en la obtención, procesamiento, análisis y seguimiento de datos que permitan la construcción de un Observatorio Nacional de Acceso al Suelo.

Que para realizar dicha tarea se contará con dos recursos necesarios para desarrollar políticas de suelo urbano "preventivas", como son el Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales y el Observatorio Nacional de Precios del Suelo.

Que el Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales conformará una base de datos confiable a la que podrán recurrir las distintas áreas del Ministerio para la formulación de programas e intervenciones.

Que en el Observatorio Nacional de Precios del Suelo se realizarán los Mapas de Valores de Suelo, que permitirá la toma de decisiones estratégicas para evitar o mitigar las prácticas especulativas y la escasez de tierra en áreas consideradas de desarrollo prioritario.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto en el artículo Nº 7 de la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT Nº 19/2020.

Por ello,
El SUBSECRETARIO DE POLITICA DE SUELO Y URBANISMO
DISPONE

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT el "Programa Nacional de Producción de Suelo".

Artículo 2º.- Apruébase el Reglamento Particular del "Programa Nacional de Producción de Suelo", el cual como Anexo I (DI-2020-37113195-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 3º.- Créase en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT el "Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo".

Artículo 4º.- Apruébase el Reglamento Particular del "Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo", el cual como Anexo II (DI-2020-37755096-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 5°.- Apruébase el Reglamento Particular de la "Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo", creada por artículo 5° de la Resolución N° 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, el cual como Anexo III (DI-2020-37114741-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 6°.- Apruébase el Reglamento del "Observatorio Nacional de Acceso al Suelo", creado por artículo 6° de la Resolución N° 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, el cual como Anexo IV (DI-2020-37118999-APN-SSPSYU#MDTYH) forma parte integrante de la presente Disposición.

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)


                                                                                                                                                       ANEXO I

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                        ANEXO I

REGLAMENTO PARTICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE  PRODUCCIÓN DE SUELO

Alcances:

Objetivo general:

Promover y financiar la totalidad o parte de proyectos para la generación de lotes con servicios que cuenten con la infraestructura mínima garantizada, adecuada localización (1), que resulten asequibles a los diferentes sectores sociales y sus respectivas capacidades de pago y que sean aptos para programas habitacionales.

Objetivos particulares:

- Ampliar la oferta de suelo urbanizado, favoreciendo el acceso de los grupos sociales que no pueden acceder a través de la oferta existente en cada localidad.

- Apoyar a los gobiernos provinciales y locales en el incremento de la oferta de suelo con infraestructura donde desarrollar luego proyectos habitacionales.

- Mejorar las capacidades públicas para anticiparse a la demanda de suelo urbano para los diferentes usos, en particular los destinados al residencial y anexos.

- Lograr incidencia en la regulación de los mercados de suelo de cada localidad donde intervenga el programa.

- Vincular la política de suelo con el desarrollo territorial, promoviendo prácticas virtuosas para lograr ciudades compactas, equitativas y accesibles.

Componentes y productos:

A través de este programa se financiarán proyectos que incluyan los siguientes componentes, según los alcances de este Reglamento Particular, del Plan Nacional de Producción de Suelo, del Manual de Ejecución y de los convenios que se suscriban.

Serán financiables solicitudes que incluyan acciones destinadas a la generación de lotes con servicios, pudiendo incluir en el financiamiento la adquisición de suelo -si los Entes Ejecutores no disponen de suelo apto para urbanizar-, siempre con la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación o los organismos tasadores oficiales de provincial o municipios, y la infraestructura que sea requerida por las normas urbanísticas vigentes y las exigencias mínimas del programa.

Los proyectos a desarrollar deberán estar localizados en suelo urbanizado o urbanizable. Cuando se trate de proyectos localizados en zonas factibles de ser urbanizadas, sólo se admitirán predios cuando estén acompañados de un proyecto o plan de expansión urbana para el sector donde se localiza el predio ofrecido al programa, en función de las definiciones del Plan Urbano Local o las Directrices de Planeamiento.

En aquellos casos en los que el municipio cuente con suelo de dominio privado apto para desarrollar proyectos de lotes con servicios, se podrá solicitar el financiamiento de todas las redes de infraestructura que sean requeridas por las normas urbanísticas vigentes y las exigencias mínimas del programa.

Las redes de infraestructura pasibles de ser financiadas son las siguientes:

✓ Apertura, tratamiento de calles que se abran para realizar el loteo, veredas, obras de escurrimiento de aguas superficiales, desagües pluviales y retardadores hídricos;

✓ Veredas;

✓ Provisión de agua corriente en cantidad y calidad;

✓ Red de desagües cloacales. En caso de no contar con factibilidad para dotar con el servicio al loteo a desarrollar, o bien que las obras para lograr la factibilidad eleven el costo de los lotes por encima de valores razonables, se admitirán sistemas de eliminación de excretas no contaminantes, promoviendo el uso de biodigestores si este sistema resulta una solución adecuada en función del tipo de suelo;

✓ Red de energía eléctrica para uso domiciliario y alumbrado público;

✓ Red de gas natural;

✓ Forestación urbana de calles públicas y áreas verdes, incluyendo árboles que brinden frutos comestibles;

✓ Señalización urbana.

✓ Paradores de Transporte Público.

✓ Se promoverá la utilización de tecnologías que reduzcan el consumo energético y la reutilización del agua.

La infraestructura mínima exigida por el programa para desarrollar lotes con servicios son las siguientes:

- Apertura, tratamiento de calles que se abran para realizar el loteo, veredas, obras de escurrimiento de aguas superficiales y desagües pluviales;

- Provisión de agua corriente en cantidad y calidad;

- Red de energía eléctrica para uso domiciliario y alumbrado público;

- Forestación urbana;

- Señalización urbana;

- Paradores de Transporte Público, en caso que exista el servicio en la localidad y en la zona donde se localice el proyecto.

Partes intervinientes:

Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo: organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Unidad de Gestión: equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo de la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Tribunal de Tasaciones de la Nación: organismo del Estado Nacional que realiza las tasaciones oficiales requeridas por el Estado Nacional.

Solicitantes: organismos Provinciales o Municipales responsables de la ejecución de proyectos urbanísticos y habitacionales, organismos e instituciones públicas financieras, nacionales, provinciales y/o municipales, cooperativas de vivienda con experiencia en la materia, organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, fondos fiduciarios o entes del sector público nacional, provincial y municipal.

Entes Ejecutores: solicitantes que hayan suscripto un convenio en el marco del presente programa.

Oferentes de tierra para urbanizar: los que ofrezcan tierra en el marco de los llamados a licitación o concursos (el mecanismo que garantice la mayor concurrencia) que se organicen al efecto.

Responsabilidad de las partes:

A continuación, se describen las funciones generales de las partes intervinientes, con las especificidades que se describan en el correspondiente Manual de Ejecución.

Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo:

- Definir la ejecución presupuestaria anual de la presente línea del programa y sus metas de actuación.

- Establecer los lineamientos estratégicos, definir anualmente los requerimientos presupuestarios y suscribir los convenios particulares.

- Aprobar el Manual de Ejecución de esta línea del programa.

- Gestionar los desembolsos, de conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

- Emitir la habilitación para licitar y la constancia de factibilidad financiera.

- Promover la firma de convenios con los solicitantes.

- Evaluar el desempeño financiero de esta línea de acción.

- Informar los incumplimientos de los convenios firmados con los Entes Ejecutores y proponer la adopción de las medidas que correspondan.

- Brindar asesoramiento para la presentación de proyectos que se enmarquen dentro de los componentes de la presente línea del programa.

Unidad de Gestión:

- Analizar y evaluar la documentación presentada por los solicitantes o Entes Ejecutores y solicitar y recibir correcciones y/o ampliaciones de los proyectos a financiar por la presente línea del programa.

- Canalizar los requerimientos de financiamiento de los solicitantes, coordinando su correspondiente evaluación con ajuste a los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de la presente línea del programa, asegurando brindar a dichos solicitantes la respuesta e información correspondiente.

- Emitir la Constancia de no objeción técnica de los proyectos y la Factibilidad de Ocupación.

- Elaborar los proyectos de convenios a suscribir entre la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y los Entes Ejecutores.

- Llevar adelante las acciones de supervisión para lograr una ejecución adecuada y eficiente de los proyectos a financiar por la presente línea, verificando el cumplimiento de los convenios que se suscriban.

- Generar información para la toma de decisiones, emergente de la ejecución de los proyectos que se enmarcan en la presente línea.

- Revisar y proponer mejores criterios de elegibilidad para los proyectos que se ejecutan a través de la presente línea.

- Colaborar con las auditorías de los proyectos financiados y preparar los informes que correspondan a tal fin.

- Confeccionar y difundir manuales, guías de presentación y gestión de los proyectos enmarcados en la presente línea del programa.

Tribunal de Tasaciones de la Nación: será el encargado de realizar las tasaciones de los predios propuestos por los municipios o provincias o los que se ofrezcan a través de las licitaciones públicas o concursos que se realicen a efectos de recibir ofertas de suelo apto para urbanizar.

Solicitantes / Entes Ejecutores:

Municipios:

- Participar de jornadas de capacitación en políticas de suelo y de difusión de los programas y líneas de trabajo de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y la Dirección Nacional de Planificación Estratégica.

- Responder la solicitud de información realizada por las áreas técnicas correspondientes acerca de la existencia y funcionamiento del Banco de Tierras a nivel local.

- Informar a la Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo de la existencia de Normas Urbanísticas, Planes Urbanos y/o Directrices de Planeamiento.

- Suscribir los convenios con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

- Informar a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo acerca de ofertas de ventas de terrenos o fracciones de tierra en el municipio y/o localidad donde se solicita la intervención -según planilla adjunta al convenio suscripto- para colaborar con la Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo en la conformación de un mapa de precios del suelo, a fin de contar con información para la evaluación y monitoreo del proyecto a desarrollar y su impacto en el mercado de suelo local.

- Realizar sus mejores esfuerzos para conformar un Banco de Tierras e Inmuebles en caso de no tenerlo, o bien actualizar la Ordenanza que lo creó y definió su administración si fuera necesario.

- Entregar la información catastral de la que dispongan y que sea solicitada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a fin de que la pueda utilizar para sus diferentes programas.

- Presentar los proyectos y, eventualmente, adecuarlos según las correcciones que se le indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, de corresponder, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia de Factibilidad de ocupación.

- Realizar sus mejores esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción y conformar un fondo específico intangible para el ingreso de lo recaudado por la venta de los lotes a los adjudicatarios.

- Crear una cuenta especial afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde recibirán los fondos para la adquisición de suelo (de corresponder) y/o el financiamiento de infraestructura.

- Disponer de los lotes con servicios generados dando prioridad al desarrollo de programas y proyectos propuestos por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

- Disponer de los bienes en favor de personas o familias que necesiten adquirir un lote de terreno con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

- En aquellos casos en que corresponda, llevar adelante los procesos licitatorios y/o el proceso de selección de cooperativas u organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas para la ejecución de los trabajos de urbanización necesarios.

- Llevar adelante la ejecución y dirección de cada componente de esta línea del programa que se ejecute por administración, cumpliendo con las obligaciones acordadas.

- Realizar el seguimiento de los proyectos, así como la inspección de las obras o acciones, controlando su cumplimiento, cuando fuese ejecutado por empresas, cooperativas u otras personas jurídicas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de obra de todos los proyectos incluidos en la presente línea del programa.

- Elaborar informes sobre los proyectos convenidos con carácter de declaración jurada, incluyendo la recepción provisoria y definitiva de las obras.

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con la constitución de derecho real de hipoteca en los casos que corresponda.

- Realizar censos, relevamientos, inscripciones, evaluaciones y selección de adjudicatarios, cuando corresponda, llevando adelante procesos públicos de oposición a la adjudicación.

- Adjudicar, cuando corresponda, los lotes con servicios, conforme los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de esta línea de acción, una vez ratificadas las adjudicaciones por la Unidad de Gestión.

- Emitir el acto administrativo de adjudicación que corresponda.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, los lotes con servicios ejecutados con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en buen estado de mantenimiento.

- Implementar y gestionar un sistema de recupero de cuotas a ser pagadas por los adjudicatarios de las soluciones habitacionales otorgadas.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

- Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la dispuesto en el Decreto 782 de fecha 20 de noviembre de 2019.

Organismos Provinciales:

- Participar de jornadas de capacitación en políticas de suelo y de difusión de los programas y líneas de trabajo de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial.

- Responder la solicitud de información realizada por las áreas técnicas correspondientes acerca de la existencia y funcionamiento de Banco de Tierras a nivel provincial.

- Suscribir los convenios con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

- Presentar los proyectos y, eventualmente, adecuarlos según las correcciones que se le indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, de corresponder, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia de Factibilidad de ocupación.

- Realizar sus mejores esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción y conformar un fondo específico intangible para el ingreso de lo recaudado por la venta de los lotes a los adjudicatarios.

- Crear una cuenta especial afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde recibirán los fondos para la adquisición de suelo (de corresponder) y/o el financiamiento de infraestructura.

- Entregar la información catastral de la que dispongan y que sea solicitada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a fin de que la pueda utilizar para sus diferentes programas.

- En aquellos casos en que corresponda, llevar adelante los procesos licitatorios y/o el proceso de selección de cooperativas u organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas para la ejecución de los trabajos de urbanización necesarios.

- Llevar adelante la ejecución y dirección de cada componente de esta línea del programa que se ejecute por administración, cumpliendo con las obligaciones acordadas.

- Realizar el seguimiento de los proyectos, así como la inspección de las obras o acciones, controlando su cumplimiento, cuando fuese ejecutado por empresas, cooperativas u otras personas jurídicas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de obra de todos los proyectos incluidos en la presente línea del programa.

- Elaborar informes sobre los proyectos convenidos con carácter de declaración jurada, incluyendo la recepción provisoria y definitiva de las obras.

- Fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social, riesgos del trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con la constitución de derecho real de hipoteca en los casos que corresponda.

- Realizar censos, relevamientos, inscripciones, evaluaciones y selección de adjudicatarios, cuando corresponda, llevando adelante procesos públicos de oposición a la adjudicación.

- Adjudicar, cuando corresponda, los lotes con servicios, conforme los parámetros que se establezcan en el Manual de Ejecución de esta línea de acción, una vez ratificadas las adjudicaciones por la Unidad de Gestión.

- Emitir el acto administrativo de adjudicación que corresponda.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, los lotes con servicios ejecutados con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en buen estado de mantenimiento.

- Implementar y gestionar un sistema de recupero de cuotas a ser pagadas por los adjudicatarios de las soluciones habitacionales otorgadas.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

- Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la dispuesto en el Decreto 782 de fecha 20 de noviembre de 2019.

Organizaciones no Gubernamentales / Cooperativas:

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen, a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica.

- Realizar esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción.

- Suscribir los convenios específicos con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y el Municipio o Provincia correspondiente.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, las soluciones habitacionales con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de mantenimiento.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

Organismos e instituciones públicas financieras, nacionales, provinciales y/o municipales, fondos fiduciarios o entes del sector público nacional, provincial y municipal:

- Presentar los proyectos y eventualmente adecuarlos según las correcciones que se indiquen a los efectos de obtener la Constancia de Factibilidad Técnica, la Habilitación para Licitar, la Constancia de Factibilidad Financiera y la Constancia Factibilidad de Ocupación.

- Realizar sus mejores esfuerzos para lograr el financiamiento compartido de esta línea de acción y conformar un fondo específico intangible para el ingreso de lo recaudado por la venta de los lotes a los adjudicatarios.

- Crear una cuenta especial afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, donde recibirán los fondos para la adquisición de suelo (de corresponder) y/o el financiamiento de infraestructura.

- Suscribir los convenios específicos con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

- Cuando corresponda, administrar financieramente, controlar y/o inspeccionar proyectos que no sean ejecutados por sí mismos.

- Llevar adelante los procesos licitatorios cuando corresponda.

- Llevar adelante un exhaustivo seguimiento y control de cumplimiento contractual de las obras convenidas, notificando en forma oportuna a la Unidad de Gestión respecto a cualquier tipo de incumplimiento.

- Realizar y visar las certificaciones de avance, actas de inicio y de final de todos los proyectos incluidos en la presente línea de acción.

- Gestionar la confección de planos de mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios con la constitución de derecho real de hipoteca, si correspondiere.

- Entregar, junto a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, las soluciones habitacionales con su correspondiente título de propiedad, una vez finalizadas las obras y en correcto estado de mantenimiento.

- Instrumentar y gestionar, en acuerdo con la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, el recupero de cuotas y su posterior reinversión en soluciones habitacionales, según los parámetros que establezca el convenio específico y la reglamentación vigente.

- Llevar adelante las acciones post obra que se convengan y monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.

- Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la dispuesto en el Decreto 782 de fecha 20 de noviembre de 2019.

Oferentes de tierra para urbanizar: los que ofrezcan tierra en el marco de los llamados a licitación o concursos (el que garantice la mayor concurrencia) que organice la Provincia o Municipio al efecto.

Contenidos y estructura del reglamento particular:

Aspectos financieros y presupuestarios

Los recursos presupuestarios se asignarán en función de criterios de equidad y solidaridad, dando prioridad a la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, a fin de fomentar el arraigo. Se utilizarán para ello indicadores poblacionales asociados al déficit habitacional, los niveles de desocupación, la mano de obra ocupada en la obra pública, entre otros.

Asimismo, a fin de incentivar la aplicación por parte de los gobiernos locales de instrumentos urbanísticos para mejorar el acceso al suelo del conjunto de la población, se tendrá en cuenta en la definición de los criterios de asignación la utilización de instrumentos reguladores del mercado de suelo como un indicador importante.

Montos máximos financiables:

Los montos máximos a financiar para los proyectos presentados por los solicitantes, serán los establecidos por la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y se aplicarán al momento de otorgar la correspondiente Constancia de Factibilidad Técnica.

Financiamiento compartido:

El financiamiento de los proyectos deberá ser compartido entre la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y los Entes Ejecutores, debiendo estos últimos financiar por lo menos un 15% del monto total del proyecto. Esta modalidad podrá exceptuarse en situaciones de emergencia y en los casos en que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, previa evaluación del proyecto, determine la excepción.

Los montos a financiar no incluirán el pago de impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes Provinciales o Municipales, para los que será solicitada la exención y, en caso de no lograrlo, los importes por dichos conceptos serán afrontados por los Entes Ejecutores.

Recupero de cuotas:

Los Entes Ejecutores serán los encargados de implementar y gestionar el sistema de recupero de cuotas, a ser pagadas por los adjudicatarios en forma mensual y consecutiva.

Las condiciones para el otorgamiento de los financiamientos a cada hogar, el destino y disposición de los fondos, los mecanismos de información y rendición de cuentas serán establecidos en el Manual de Ejecución de esta línea del programa.

Aspectos financieros y presupuestarios:

A definir en el Manual de Ejecución.

Indicadores para la definición de metas de la línea del programa

Los indicadores del Programa Nacional de Producción de Suelo son las siguientes:

Proyectos ejecutados: se refiere a los proyectos de lotes con servicios que se ejecutaron en un todo de acuerdo con los convenios suscriptos.

Lotes con servicios generados: se refiere a la cantidad de lotes con servicios terminados, cuyo funcionamiento se encuentra habilitado por el correspondiente organismo o empresa prestadora.

Hogares adjudicatarios con título: hogares adjudicatarios de un lote con servicio que recibieron el título debidamente inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Ciclo de los proyectos

Esta línea del programa se instrumentará en base a los lineamientos fijados en el presente Anexo, el Manual de Ejecución que se apruebe, las normas complementarias que se dicten y los convenios suscriptos.

Los proyectos a ser financiados por esta línea comprenderán las siguientes fases:

a) Fase de evaluación y aprobación de los proyectos

b) Fase de ejecución, seguimiento y control.

c) Fase de Cierre.

Primera fase: de evaluación y aprobación de los proyectos.

Presentación de una solicitud de financiamiento

Los solicitantes podrán presentar proyectos ante la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, mediante nota de solicitud de financiamiento en la cual deberán incluir la información y la documentación específica necesaria según se establezca en el Manual de Ejecución de esta línea de acción.

Fundamentos de la solicitud

La especificidad de los proyectos para los que se solicita financiación deberá estar adecuadamente justificada por los Solicitantes según los lineamientos del Manual de Ejecución de esta línea de acción, en base a datos fehacientemente comprobables, teniendo en cuenta para su dimensionamiento el déficit habitacional cuantitativo y la demanda de suelo de la localidad o localidades donde se prevé llevar adelante el proyecto.

Marco de gestión de los proyectos

Los proyectos a financiar se podrán gestionar mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Por administración del Ente Ejecutor;

b) Por Licitación Pública o Concurso;

c) Por cooperativas.

Criterios para el otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Técnica

La Unidad de Gestión, en articulación con las diferentes áreas de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, procederá a evaluar cada proyecto de acuerdo a los criterios que se establezcan en el Manual de Ejecución, verificando los aspectos urbanísticos, ambientales, sociales, dominiales, constructivos, financieros y su adecuación a los montos máximos financiables vigentes.

Analizada la documentación técnica que presente el Solicitante, en caso de obtener un informe favorable de la Unidad de Gestión, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo generará un expediente de proyecto y procederá a otorgar una Constancia de Factibilidad Técnica, la cual será comunicada mediante nota al solicitante, teniendo ésta un plazo de validez que será establecido según las características de cada proyecto.

Criterios para otorgar la habilitación para licitar

El otorgamiento de la Constancia de Factibilidad Financiera por parte de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, habilitará la firma del convenio específico.

Para obtener la Constancia de Factibilidad Financiera se deberá presentar la documentación que seguidamente se señala:

Para los proyectos a ejecutar por administración: la Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentado el presupuesto desagregado, además de la documentación relativa a la designación del Responsable Técnico, cuyo perfil y antecedentes será evaluada por la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

Para los proyectos a ejecutar por licitación de obra y ejecución por empresa: la Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentada la siguiente documentación con carácter de declaración Jurada:

- Fecha de apertura de la licitación.

- Monto del presupuesto oficial.

- Documentación que dé cuenta de la publicidad de las ofertas.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará nombre de la empresa, capacidad técnico-financiera de cada una y puntaje.

- Cuadro de las ofertas donde se consignará: nombre de la empresa, oferta económica y porcentaje relación oferta / presupuesto oficial.

- Conclusiones de la comisión evaluadora.

- Antecedentes de la empresa pre adjudicada.

- Pliego de contratación utilizado, términos de referencia, modelo de contrato de obra y cronograma de obra a suscribir, de donde surja el cumplimiento de las condiciones aprobadas por la Constancia de Factibilidad Técnica.

- Cualquier otra información que requiera la Unidad de Gestión.

Para los proyectos a ejecutarse por cooperativas: la Constancia de Factibilidad Financiera será otorgada luego de presentado el presupuesto desagregado, además de la documentación relativa a la designación del Responsable Técnico de proyecto, cuyo perfil y antecedentes será evaluado por la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo.

Firma del convenio específico

Obtenida la Constancia de Factibilidad Financiera, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo promoverá la firma de un convenio específico, en el cual se definirán los siguientes aspectos:

- El modo de gestión del proyecto.

- Los montos a financiar por cada parte.

- El plan de trabajo, anticipo y cronograma de desembolsos.

- El plazo de obra.

- La metodología a ser utilizada para la redeterminación de precios.

- Las características que deberá tener la rendición de cuentas, que será en base a lo dispuesto en el Decreto N° 782, de fecha 20 de noviembre de 2019.

- La frecuencia de presentación de cronogramas actualizados de ejecución del proyecto.

- La obligación de dar publicidad al listado de adjudicatarios del proyecto, en caso que corresponda, y el establecimiento de un mecanismo de oposición.

- La obligatoriedad de adjudicar los lotes con servicios, en caso que corresponda, en un plazo que no podrá superar los CIENTO OCHENTA (180) días de iniciada la ejecución del convenio específico y registrarlos en la Base Única de Beneficiarios (BUB).

- La acreditación de la instalación del cartel de obra acordado con la presentación del primer certificado de avance de obra.

- La escrituración de los lotes con servicios se realizará con la Escribanía General de Gobierno de la Nación, con las Escribanías de Gobierno Provinciales o por convenio con el Consejo Federal del Notariado y/o con los Colegios de Escribanos Provinciales.

- Modalidad de recupero de los fondos y destino de los mismos.

Anticipos y modalidad de las transferencias financieras

- En cada convenio específico se definirá el anticipo financiero a otorgar, el cual podrá alcanzar hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total acordado en dicho convenio. El saldo restante del proyecto se transferirá contra certificación mensual y descuento proporcional del anticipo financiero.

- La transferencia de los fondos para la adquisición de suelo y/o la ejecución de las obras de infraestructura se realizará a una cuenta especial a crear por el Ente Ejecutor, la que estará afectada al Plan Nacional de Suelo creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

- La transferencia de los fondos para la adquisición de suelo sólo se realizará con la previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación o los organismos oficiales de tasación provincial o local.

- Cuando el suelo donde se desarrolle el proyecto de lotes con servicios se adquiera con fondos prevenientes del Programa Nacional de Producción de Suelo, las escrituras traslativas de dominio que se realicen a favor de provincias y municipios deberán contener una restricción al dominio de la que surja lo siguiente: "El presente inmueble ha sido adquirido con fondos nacionales en el marco del Plan Nacional de Suelo, creado por Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En caso que el Ministerio no priorice la ejecución de un proyecto, previo a disponer de los inmuebles, el municipio o provincia deberá notificar fehacientemente al Ministerio sobre el proyecto que pretende realizar en los mismos, debiendo informar el listado de personas o familias adjudicatarias y las condiciones en que se generó dicha adjudicación, acompañando copia de los actos administrativos que lo corroboren".

Segunda fase: de ejecución, seguimiento y control de los proyectos.

Suscripto el convenio específico, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo promoverá el pago del primer desembolso, comenzando, a partir de dicha transferencia, la etapa de ejecución del proyecto.

Inicio del proyecto

La ejecución del proyecto deberá iniciarse en un plazo no superior a los TREINTA (30) días a contar desde la fecha de transferencia del primer desembolso. La falta de inicio en dicho plazo dará derecho a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo a resolver el convenio específico y exigir la devolución de los fondos transferidos, sin necesidad de intimación previa a los Entes Ejecutores.

Política comunicacional

Los Entes Ejecutores deberán coordinar todas las acciones comunicacionales que se lleven adelante durante la ejecución del proyecto con la Unidad de Gestión, estando obligados a brindar toda la información que se le requiera para ser publicada y difundida, la que deberá ser provista por el medio que se indique.

Todas las piezas de comunicación deberán incluir el logo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de acuerdo a los lineamientos que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo establezca.

Adjudicación de los lotes con servicios

La adjudicación de las soluciones habitacionales se sujetará a las especificaciones del Manual de Ejecución de esta línea de acción y requerirá la revisión previa de la Unidad de Gestión.

No podrá ser causal de exclusión de ningún hogar como adjudicatario cuestiones de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica desfavorable, condición social o caracteres físicos.

Los adjudicatarios o cualquier otro miembro mayor del grupo familiar declarado no deberán ser propietarios de otra vivienda o lote, ni adjudicatarios de algún plan o programa habitacional, o beneficiario de un crédito habitacional otorgado por cualquier organismo público, siendo obligatorio para los Entes Ejecutores consultar, previo a la adjudicación, los Registros de la Propiedad Inmueble que correspondan, como así también el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat gestionará la Base Única de Beneficiarios (BUB), siendo obligación de los Entes Ejecutores ajustar los modos y criterios de selección a las especificaciones que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo establezca.

Control de avances, calidad constructiva y cumplimiento de las obligaciones emergentes del convenio específico

La Unidad de Gestión deberá realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos convenidos. En tal sentido, podrá requerir al Ente Ejecutor la presentación, entre otros, de los siguientes documentos, los cuales deberán ser entregados en tiempo y forma:

- Cronogramas de obras y acciones actualizados, con cálculo de fechas de finalización probable en función a posibles desvíos en los plazos de ejecución originalmente previstos.

- Resumen de movimientos de la cuenta bancaria especial a crearse, destinataria de los desembolsos de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo respecto al período de tiempo que le fuese requerido.

- Auditorías técnicas independientes, en caso de detectarse anomalías en la calidad de las infraestructuras.

- Actualización o remisión de certificados de factibilidad de provisión de servicios.

- Copias autenticadas de actas, partes o libros de obra.

- Listado de pre adjudicatarios y/o adjudicatarios de los lotes con servicios, cuando corresponda, con la información que de cada uno de ellos se requiera.

- Cualquier otra documentación pertinente necesaria para el control de la ejecución de los proyectos.

Modificación del proyecto

Solo por circunstancias imprevistas y debidamente justificadas podrán modificarse aspectos técnicos del proyecto o ampliarse su plazo de ejecución. Las eventuales modificaciones técnicas o ampliaciones de plazo sólo podrán realizarse con la previa aprobación de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, previo informe favorable de la Unidad de Gestión.

Rescisión o cesión del contrato de ejecución de proyectos

Cuando los proyectos sean ejecutados por terceros contratados mediante el procedimiento de Licitación Pública y el Ente Ejecutor resuelva o ceda el contrato, se deberá solicitar la aprobación previa de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, indicando para ello las razones por las cuales se resuelve o cede el contrato y acreditando el cumplimiento de todos los pasos legales previstos en el pliego licitatorio y en la normativa aplicable al efecto.

Suspensión del financiamiento o resolución del convenio particular

De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance acumulado planificado para los proyectos o el incumplimiento de las cláusulas del correspondiente convenio particular, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación o eventualmente resolver el convenio específico. En este último caso, el Ente Ejecutor deberá, en forma inmediata, presentar a la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo una rendición de cuentas y restituir los montos no invertidos en los proyectos convenidos más los intereses que pudieren corresponder, así como abonar los daños y perjuicios que correspondan.

Metodología de rendición de cuentas

Los fondos que se transfieran en el presente Programa quedan sujetos a su rendición de cuentas documentada de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 782 de fecha 20 de noviembre de 2019

Tercera fase: de cierre.

Finalizadas las obras y antes de la entrega de los lotes con servicios a los adjudicatarios, los mismos deberán ser inspeccionadas por la Unidad de Gestión a fin de otorgar la Factibilidad de Entrega. Este documento será entregado previa certificación del cumplimiento de las obligaciones descriptas en el convenio específico y verificada la provisión de los correspondientes servicios domiciliarios. Asimismo, deberá estar asegurada la entrega de los correspondientes títulos de propiedad a los hogares adjudicatarios.

Manual de ejecución

La Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo redactará y aprobará el Manual de Ejecución de la presente línea del programa, en el cual se ampliarán los aspectos contenidos en el presente Reglamento Particular, siendo este de cumplimiento obligatorio para la presentación de solicitudes de financiamiento y para el desarrollo de las demás acciones previstas en la presente línea de acción.

(1) Se entiende por adecuada localización a aquellos proyectos localizados en lugares que se encuentran insertos en la trama urbana, colindantes a áreas urbanizadas, con acceso a espacios públicos, equipamiento educativo, de salud, comercio de cercanías, espacios verdes, calidad ambiental y transporte público a distancias razonables de acuerdo a cada servicio y que además cuenten con acceso a infraestructura básica tales como espacio circulatorio vial y peatonal, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, desagües pluviales y servicios de emergencia.

DI-2020-37113195-APN-SSPSYU#MDTYH

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37113195-APN-SSPSYU#MDTYH
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 9 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO I Disposición SSPSyU PNASU

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                                                                                                                                                   ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                         ANEXO II

REGLAMENTO PARTICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN POLÍTICAS DE SUELO

Alcances:

El presente programa se divide en dos líneas de trabajo:

Línea 1. Capacitación.

Línea 2. Asistencia Técnica.

LÍNEA 1. CAPACITACIÓN

Objetivo general:

Capacitar a funcionarios y técnicos de los gobiernos provinciales y locales para mejorar la aplicación de políticas de suelo a nivel provincial y local.

Objetivos particulares:

- Mejorar la formación y el conocimiento de las políticas de suelo por parte de los técnicos y funcionarios que trabajan en la temática.

- Ampliar las capacidades técnicas de los equipos de gestión provinciales y municipales a través de acciones de formación en políticas de suelo.

- Lograr que se implementen políticas de suelo a nivel provincial y local que mejoren el acceso de la población al suelo urbano.

- Mejorar el impacto de la política nacional de suelo a partir de las acciones de capacitación.

Componentes y productos:

Tipo de cursos a ofrecer:

Anualmente, la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, desarrollará una oferta de cursos a realizar en cada una de las 6 regiones del país, financiados con recursos presupuestarios y de programas con financiamiento internacional, con el objetivo de acercar a cada región del país opciones de capacitación en políticas de suelo para los funcionarios y técnicos que trabajan en la temática.

Adicionalmente a ello, se podrán realizar cursos específicos a solicitud de gobiernos provinciales y locales, dependiendo del financiamiento disponible para ello o el que en su defecto pueda aportar el organismo solicitante.

Los cursos a ofrecer se compondrán de encuentros presenciales que incluirán clases teóricas, seminarios de presentación de casos y trabajo en taller, donde se abordará la resolución de un problema de política de suelo a nivel local / provincial. A ello se sumarán encuentros virtuales para completar el programa. Los cursos contarán con acreditación del Instituto Nacional de la Administración Pública.

Red de formación:

El desarrollo de los cursos permitirá ir formando una comunidad de efectores de políticas de suelo a nivel local, provincial y regional, que continuará vinculada a través de un foro virtual administrado por el área de Capacitación y Asistencia Técnica, que servirá como mecanismo ágil de consulta, intercambio de experiencias y sugerencias de aplicación de instrumentos en diferentes contextos.

Los cursos serán también una instancia de la que se espera que surjan solicitudes de asistencia técnica hacia la Subsecretaría para la aplicación de políticas de suelo, las que serán canalizadas a través de la línea 2 del presente programa.

LÍNEA 2. ASISTENCIA TÉCNICA

ALCANCES

Objetivo general del programa

Asistir técnicamente a gobiernos provinciales y locales para aplicar políticas de suelo, promoviendo el diseño e implementación de instrumentos de gestión de suelo eficaces.

Objetivos particulares

- Mejorar las capacidades de los equipos de gestión provinciales y municipales a través de acciones de asistencia técnica en políticas de suelo y planificación territorial.

- Lograr que se implementen políticas de suelo exitosas a nivel provincial y local a través de la implementación de instrumentos innovadores en políticas de suelo que mejoren el financiamiento de la ciudad.

- Ampliar la oferta de suelo urbano asequible para los distintos sectores sociales.

- Reforzar las capacidades del equipo técnico de la Subsecretaría y de los equipos provinciales y locales a partir de la aplicación concreta de políticas de suelo, midiendo el impacto de dichas políticas.

Componentes y productos

Partes intervinientes

El Ente Ejecutor será el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, a través de las áreas técnicas que correspondan y la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial.

Los solicitantes serán los organismos Provinciales o Municipales responsables de la aplicación de la política de suelo, hábitat y planificación territorial, mientras que los participantes serán los técnicos y funcionarios del nivel provincial y local que soliciten la asistencia técnica y tengan bajo sus responsabilidades la aplicación de la política de suelo, hábitat y planificación territorial.

Responsabilidad de las partes:

Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo:

- Definirá la ejecución presupuestaria anual de la presente línea del programa y sus metas de actuación.

- Establecerá los lineamientos estratégicos y definir anualmente los requerimientos presupuestarios para la implementación de la línea del programa.

- Aprobará el Manual de Ejecución de esta línea del programa.

Ente ejecutor: Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo:

- Gestionará los desembolsos, de conformidad con el procedimiento administrativo vigente.

- Canalizará las solicitudes de asistencia técnica realizadas por los organismos provinciales y municipales.

- Evaluará las posibilidades de dar respuesta a la demanda y organizar el equipo a cargo de brindar la asistencia técnica, así como el coordinador del equipo en cada caso.

- Promoverá la firma de convenios con los organismos provinciales y municipales solicitantes de la asistencia técnica.

- Elaborará los proyectos de convenios a suscribir entre la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo y los Solicitantes.

- Administrará los recursos del programa y gestionar las contrataciones de personal que fueren necesarias para la realización de la asistencia técnica.

- Evaluará los resultados de las acciones de asistencia técnica.

Equipo técnico de la Subsecretaría:

- Definirá los alcances de la asistencia técnica a brindar.

- Elaborará un plan de trabajo con los plazos y productos a entregar al solicitante.

- Desarrollará los trabajos acordados, comenzando luego de la firma del convenio de colaboración y asistencia técnica.

- Trabajará de manera mancomunada con el equipo técnico y los funcionarios designados por el solicitante, de modo que la asistencia técnica sirva también como instancia de capacitación para la implementación de las propuestas que surjan del trabajo de asistencia técnica

- Cumplirá con el cronograma de trabajo acordado con el solicitante.

Solicitantes:

- Responderán la solicitud de información realizada por las áreas técnicas correspondientes acerca de la existencia y funcionamiento del Banco de Tierras a nivel local.

- Informará acerca de ofertas de ventas de terrenos o fracciones de tierra en el municipio donde habita o trabaja el participante del curso -según planilla que se entrega al momento de la inscripción- para colaborar con la conformación de un mapa de precios del suelo de cada localidad.

- Se comprometen a la implementación efectiva de los programas, proyectos, acciones e instrumentos que surjan de la asistencia técnica.

- Ponen a disposición del equipo técnico de la Subsecretaría la información necesaria para el desarrollo de la asistencia técnica y preparar el material solicitado.

- Designan un equipo que hará las veces de contraparte local y trabajará junto al equipo técnico de la Subsecretaría.

- Realizarán la evaluación de la asistencia técnica al finalizar la misma.
DI-2020-37755096-APN-SSPSYU#MDTYH

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37755096-APN-SSPSYU#MDTYH
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 11 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO II Disposición SSPSyU PNASU

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                                                                                                                                                                 ANEXO III

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                               ANEXO III

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA MESA INTERSECTORIAL DE POLÍTICAS DE SUELO

Alcances:

Objetivo general:

Propiciar mayores niveles de participación social a través de esta nueva instancia de intercambio de ideas y propuestas para eliminar la fragmentación de las políticas de suelo urbano.

Objetivos particulares:

- Generar propuestas a partir del debate desarrollado en el marco de la Mesa, que conformarán documentos públicos puestos a consideración de la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, los que constituirán insumos para la gestión y definición de políticas públicas.

- Lograr reuniones periódicas presenciales y con participación a distancia de quienes no puedan estar presentes.

- Propiciar la generación de documentos que podrán ser publicados.

- Generar aportes a propuestas sustantivas de las áreas técnicas.

- Constituirse como un espacio consultivo.

Componentes y productos:

Los documentos que podrán aportarse y discutirse, incluyendo la modalidad de participación a distancia, será coordinada por las áreas técnicas correspondientes.

Reglamento de trabajo:

Será aprobado en la primera reunión de la Mesa.

La Secretaría Ejecutiva cursará las invitaciones a participar a los distintos actores intervinientes, quienes deberán validar la designación de sus representantes en la mesa por nota de la máxima autoridad de cada una de ellas.

Composición:

La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, quien convocará a representantes de organizaciones gremiales afines a la temática, universidades públicas que cuenten con carreras de Urbanismo, Arquitectura o afines, organizaciones no gubernamentales afines a los fines de hábitat y suelo, colegios profesionales y cámaras del sector inmobiliario y de la construcción, para que formen parte de la Mesa.

Ejes Temáticos a debatir:

- Marcos legales para la ejecución de políticas de suelo.

- Programas con financiamiento estatal para la generación de lotes con servicios y/o suelo urbano.

- Aspectos tributarios y fiscales que impacten sobre suelo.

- Asistencia técnica y capacitación en materia de suelo.

Documentos:

Los participantes podrán presentar documentos de trabajo sobre los temas mencionados, y los mismos contribuirán al debate en el marco de la mesa.

De las conclusiones de los temas tratados, se elaborará un único documento, el que podrá tener una postura por mayoría y otra en minoría.

Dicho documento conformará la o las propuestas que sobre los temas tratados defina La Mesa y el mismo será publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para ser compartido públicamente.
DI-2020-37114741-APN-SSPSYU#MDTYH

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37114741-APN-SSPSYU#MDTYH
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 9 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO III Disposición SSPSyU PNASU

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                                                                                                                                                        ANEXO IV

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO

PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO

                                                                                                                                                        ANEXO IV

REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE ACCESO AL SUELO

Alcances:

El Observatorio Nacional de Acceso al Suelo se constituye como un ámbito de obtención, procesamiento, análisis y seguimiento de datos acerca de la situación de acceso al suelo en todo el territorio nacional y de la situación del mercado de suelo, información que constituirá un insumo fundamental para el diseño, la ejecución y la evaluación y monitoreo de las políticas y programas implementados.

El Observatorio contará con dos líneas de trabajo, que son las siguientes:

1) Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales;

2) Observatorio Nacional de Precios del Suelo.

LÍNEA 1. REGISTRO TERRITORIAL DE SUELO APTO PARA PROGRAMAS HABITACIONALES

Objetivo general:

Constituir una base de datos confiable acerca de suelo apto para programas habitacionales y proyectos urbanos, a partir de la evaluación del suelo disponible ofrecido por distintos actores para el desarrollo de proyectos.

Objetivos particulares:

- Contar con un método sistematizado de análisis y evaluación de suelo para proyectos habitacionales y proyectos urbanos.

- Aportar información confiable sobre el suelo disponible a las distintas áreas del Ministerio para la formulación de programas e intervenciones.

- Ofrecer capacitación acerca del método de evaluación de suelo a municipios y provincias.

Componentes y productos:

El Registro definirá y publicará el método para la evaluación del suelo apto para programas habitacionales y proyectos urbanos, a través de un manual de evaluación de la aptitud del suelo y capacitará a los actores provinciales y locales en el uso del mismo, de modo de universalizar los criterios y facilitar la presentación y aprobación de proyectos.

Partes intervinientes:

La Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo definirá las políticas y estrategias del Suelo Urbanizado y el Suelo Urbanizable, en conjunto con la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial, y de acuerdo con las Normas Urbanísticas, Planes Urbanos y Directrices de Planeamiento elaboradas en las provincias y municipios.

La Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo elaborará y administrará el Registro Público de Suelo Apto para Proyectos Habitacionales y Proyectos Urbanos, llevará el registro de municipios que cuenten con bancos de tierra, canalizará el intercambio de información con las provincias y municipios que tengan suelo para ser evaluado y difundirá las características de la evaluación de la aptitud del suelo para proyectos habitacionales.

Las provincias y municipios aportarán la información necesaria del suelo a ser evaluado, mantendrán el intercambio de información en el tiempo, informarán sobre la existencia de bancos de tierra y se capacitarán en la metodología de evaluación de la aptitud del suelo, de modo de facilitar el intercambio constante de información.

LÍNEA 2. OBSERVATORIO NACIONAL DE PRECIOS DEL SUELO ALCANCES

Objetivo general del programa

Sistematizar y generar datos sobre el mercado de suelo, en una base georreferenciada, en las diferentes ciudades y localidades del país, que sirva para la toma de decisiones con parámetros que permitan evitar o mitigar las prácticas especulativas y la escasez relativa de tierra.

Objetivos particulares

- Contar con información sobre precios de suelo urbano en las diferentes localidades del país.

- Analizar la evolución y la dinámica de los precios del suelo.

- Monitorear el funcionamiento del mercado de suelo a lo largo del tiempo y evaluar el impacto de las políticas implementadas.

- Mejorar el conocimiento sobre el mercado de suelo urbano y aportar información que dé soporte a las políticas territoriales.

- Dar soporte a procesos de valuaciones masivas a realizar por las provincias y municipios y poder construir mapas de valuaciones fiscales actualizadas.

Componentes y productos

El Observatorio Nacional de Precios del Suelo es un proyecto para generar información acerca de los precios del suelo en diferentes ciudades y localidades del país a desarrollar progresivamente y de manera colectiva.

El Observatorio apunta a convertirse en una herramienta sencilla de usar para que diferentes actores registrados y validados puedan aportar información georreferenciada del mercado de suelo en las diferentes localidades del país.

El aporte de datos podrá ser realizado por diferentes actores y usuarios. Esos datos se sumarán a los que por relevamientos y estudios específicos realice la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo a través de las áreas técnicas correspondientes y el aporte de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial.

Se promoverá la firma de convenios con colegios profesionales, corredores inmobiliarios, bancos públicos y privados que cuenten con servicio de tasación de inmuebles, el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, los respectivos Registros de la Propiedad Inmueble de cada provincia, Universidades Nacionales y el Tribunal de Tasaciones de la Nación, a fin de que puedan aportar datos al Observatorio. Asimismo, podrán acceder a los datos procesados y mapas de valores del suelo, además del acceso mediante geoservicios.

Además, está previsto que cada municipio o provincia con los que se firmen convenios para la realización de proyectos de lotes con servicios, aporten una cantidad determinada de datos de ofertas de venta de lotes o fracciones de suelo baldías, a fin de que la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo cuente desde el inicio del proceso con datos acerca del mercado de suelo local.
DI-2020-37118999-APN-SSPSYU#MDTYH

Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición

Número: DI-2020-37118999-APN-SSPSYU#MDTYH
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 9 de Junio de 2020

Referencia: ANEXO IV Disposición SSPSyU PNASU

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(2)Disposición nº 5/2020
Fecha: 11.09.2020
Publicado: 15.09.2020
DI-2020-5-APN-SSPSYU#MDTYH

VISTO: el expediente N° EX-2020-52915142-APN-SSPSYU#MDTYH, la Resolución N° 19 del 8 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, la Disposición N° 1 del 18 de junio de 2020 de la Subsecretaría de Política de Suelo y Urbanismo, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución N° 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT se creó el "Plan Nacional de Suelo Urbano", facultándose por el Artículo 7º a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO a dictar las normas complementarias e interpretativas que resulten pertinentes y autorizándola a suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la mencionada Resolución.

Que el Plan Nacional de Suelo Urbano comprende el Programa Nacional de Producción de Suelo, el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo y la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo.

Que el Programa Nacional de Producción de Suelo tiene como uno de sus principales objetivos mejorar las condiciones en que se produce la oferta de lotes con servicios y contar con predios en localizaciones prioritarias para el desarrollo de las políticas nacionales de hábitat.

Que el Artículo 3º de la citada Resolución, establece que el Programa Nacional de Producción de Suelo promoverá: a) la suscripción de convenios para la producción de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer, de acuerdo con la Clasificación de Suelo, la producción de Suelo Urbanizado y Especial y b) la creación de bancos de tierra, -entendidos como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral.

Que para dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado Artículo 3º los convenios e instrumentos referidos, deben contemplar la posibilidad de acceso a lotes con servicios o los programas habitacionales que se ejecuten en ellos.

Que igualmente para constituir reservas de tierras públicas y lograr su aprovechamiento integral, es necesario establecer parámetros objetivos que permitan el análisis y selección de propuestas gestionadas con la intervención de instancias administrativas que garanticen la publicidad, legalidad y transparencia de las decisiones que se adopten.

Que en el marco de competencias atribuidas a los distintos niveles de gobierno, corresponde a las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, fijar normas y reglamentaciones para el uso, ocupación y subdivisión del suelo, por lo tanto, los convenios que se suscriban promoverán que se contemple la participación en la valorización inmobiliaria en caso que la misma sea generada producto del convenio.

Que para incorporar este último criterio, conocido como plusvalía urbana, las jurisdicciones deberán contar con normas que permitan criterios objetivos de valorización del suelo, de acuerdo a las mejoras de uso del suelo o edificabilidad que puedan obtener inmuebles del dominio de particulares.

Que el Plan Nacional de Suelo tiene como objetivo prioritario fomentar la utilización de bancos de tierra ya existentes en distintos municipios y provincias del país, como así también promover que se constituyan nuevos en donde aún no se han implementado.

Que a través del Plan Nacional de Suelo Urbano se pretende optimizar y potenciar los bancos de tierra, incorporando medios tecnológicos, instrumentos técnicos y recursos humanos que permitan contar con bases de datos confiables y georreferenciadas en todo el país, las que conformarán un catálogo único de bienes inmuebles, propiedad de los distintos niveles de gobierno, sobre los que el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT pueda proponer intervenciones con criterio federal y planificado.

Que resulta conveniente la aprobación de un Manual de Ejecución que reglamente los contenidos del Programa Nacional de Producción de Suelo.

Que para el logro de los objetivos antes señalados, resulta necesario implementar el financiamiento a través de un convenio específico entre el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT y los solicitantes, a los efectos de ejecutar las obras y acciones en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCION DE SUELO, en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Disposición N°1/2020 de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO y al Manual que se aprueba por la presente medida.

Que resulta necesario autorizar a los demás funcionarios que en representación de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO puedan suscribir los convenios derivados de la presente medida.

Que la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT ha tenido la intervención previa a la aprobación del proyecto, en cumplimiento de lo normado en el Artículo 101 del Decreto 1344/2007.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º de la Resolución Nº 19/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Por ello,
El SUBSECRETARIO DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO
DISPONE

ARTÍCULO 1º.-  Apruébase el "Manual de Ejecución del Programa Nacional de Producción de Suelo" que como Anexo I (DI-2020-60710386-APN-SSPSYU#MDTYH) integra la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Autorizase al Señor Director Nacional de Política de Suelo, a suscribir en representación de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO los convenios cuyos Modelos se aprueban como Anexo III (Modelo de Convenio Específico para financiar infraestructura en tierra publica o a adquirir) y Anexo IV (Modelo de Convenio Específico para financiar en tierras que sean parte de convenios o consorcios urbanísticos) del "Manual de Ejecución del Programa Nacional de Producción del Suelo" aprobado por el Artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: Anexos)

Ordenanza nº 9902
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1158
Publicada: 16.09.2020

Artículo 1°.- Créase el Boletín Oficial Electrónico de la Municipalidad de Paraná, de publicación diaria, en días hábiles del Municipio.(1)
Artículo 2°.- La publicación electrónica del Boletín, en las condiciones y garantías que determine la reglamentación, tendrá carácter oficial, derivando de ella los efectos jurídicos de la publicación, según lo previsto en la Ley Provincial N°10771 respecto a las normativas que fueren de aplicación.
Artículo 3°.- En el Boletín Oficial Municipal Electrónico se publicarán:
a- Las Ordenanzas, Decretos, Resoluciones u otras normas sancionadas por el Concejo Municipal y promulgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal que tengan alcance general.
b- Los Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal que contengan normas de alcance general y demás actos para los que expresamente se prevea su publicación por considerarlas de interés general.
c- Los llamados a Licitación Pública.
Artículo 4°.- A los fines del artículo anterior se consideran normas de alcance general, conforme criterio legal y doctrina unánime, aquellas que tienen una pluralidad de destinatarios no identificados, es decir, aquellas que no producen efectos individuales en forma inmediata.
Artículo 5°.- La vía de acceso al Boletín Oficial Electrónico de la Municipalidad de Paraná será pública, gratuita e irrestricta, ingresando a www.parana.gob.ar.
Artículo 6°.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Coordinación, dispondrá vía reglamentaria todas las acciones tendientes a la organización, puesta en marcha del Boletín Oficial Electrónico, como también designará a los responsables del mismo.
Artículo 7°.- Le corresponde al Departamento Ejecutivo por intermedio de los responsables asignados y con debido asesoramiento informático:
a) garantizar la autenticidad e inalterabilidad del diario oficial que se publique en versión electrónica.
b) custodiar y conservar la edición electrónica del mismo.
c) velar por la accesibilidad del particular a la edición electrónica del diario oficial, mediante la utilización de herramientas informáticas estándar
d) procurar su permanente adaptación al progreso tecnológico.
Artículo 8°.- Una vez promulgada la norma por el Departamento Ejecutivo, sea en forma expresa o por el transcurso del plazo transcurrido conforme a la Ley Provincial N° 10027, deberá procederse con la publicación prevista en el artículo 1°. En caso de omisión, transcurridos diez días hábiles, el Concejo Municipal podrá formular el requerimiento de la misma.
Artículo 9°.- El Departamento Ejecutivo reglamentará e implementará el Boletín Oficial Electrónico dentro de los ciento veinte (120) días de la promulgación de la presente Ordenanza.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 10°.- Deróguese la Ordenanza N° 6023 y su Decreto Reglamentario N° 694/36.
Artículo 11°.- Modifíquese el artículo 26° de la ordenanza N° 6173, que quedará redactado de la siguiente manera:
"Los llamados a licitación pública se publicarán durante tres (3) días como mínimo, en el boletín electrónico municipal, sin perjuicio de otros periódicos o medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto. Las publicaciones se harán con una anticipación mínima de quince días a la fecha de apertura a contar desde la primera publicación, excepcionalmente este término podrá ser reducido cuando la urgencia o interés del servicio así lo requiera, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) días, debiendo constar los motivos en el acto administrativo que disponga el llamado. En las licitaciones privadas se invitará a empresas o casas del ramo con una anticipación mínima de cinco (5) días a la fecha de apertura. Este plazo podrá ser reducido, dadas las mismas razones que para la licitación pública, pero nunca podrá ser inferior a cuarenta y ocho (48) horas, antes de la apertura".
Artículo 12°.- Deróguese toda norma legal anterior que se oponga a la presente Ordenanza.
Artículo 13°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a dictar todas las normas reglamentarias y complementarias que resulten necesarias para la implementación de la presente ordenanza.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Los artículos 10° y 11°, entrarán en vigencia una vez que el Boletín Electrónico Municipal sea implementado.
Artículo 14º.- Comuníquese.

 

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1158/2020, dispone: "Facúltese a la Secretaría de Coordinación Estratégica para la elaboración, implementación y reglamentación del Boletín Oficial Electrónico de la Municipalidad de Paraná."

 

 

Ordenanza nº 9901
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1157
Publicada: 16.09.2020

Artículo 1°.- Establézcase por la presente los principios, objetivos y organización de la Editorial Municipal de Paraná.(1)
Artículo 2°.- La Editorial Municipal de Paraná tendrá como propósitos:
a) Realizar y difundir la publicación, en edición gráfica, digital, sonora, fílmica y/o videográfica, de material que pueda dar cuenta de la historia de Paraná en sus diferentes esferas y dimensiones, como así también difundir a los creadores paranaenses y de la región, a través de la publicación de sus obras en los siguientes rubros: novelas, novela corta, cuentos, historieta, comics, relatos, poesía, ensayos, textos escolares, técnicos y científicos, música, artes plásticas y audiovisuales;
b) Realizar publicaciones especiales encomendadas por el Departamento Ejecutivo o el Honorable Concejo Deliberante, las que se efectuarán dentro del Presupuesto Editorial correspondiente al año siguiente.
Artículo 3°.- La Editorial Municipal se constituirá como, una Dirección dependiente de la Subsecretaría de Cultura de Paraná.
Artículo 4°.- El organismo será conducido por un/a funcionario/a designado/a con un rango de Director/a, y por quien esté a cargo de la Subsecretaría de Cultura.
Artículo 5°.- La Editorial Municipal está facultada a:
a) Registrar debidamente la Editorial;
b) Vender o donar el material editado;
c) Publicar, previa selección, las obras presentadas por escritores y artistas interesados en editar por su propia iniciativa;
d) Realizar concursos, dictar reglamentos, seleccionar jurados y establecer premios;
e) Adquirir derechos de publicación, reproducción o copia;
f) Pagar derechos de autor;
g) Aceptar en donación la enajenación de estos derechos;
h) Realizar convenios y coediciones con otras editoriales locales, provinciales, nacionales o extranjeras a fin de promover el intercambio y el trabajo en colaboración;
i) Formular convocatorias para vehiculizar proyectos que resulten de interés de acuerdo a los criterios de publicación fijados.
Artículo 6°.- Los fondos necesarios para el funcionamiento de la Editorial provendrán de la partida correspondiente del Presupuesto Anual municipal; de donaciones, del producto de la venta del material editado y de lo que se le adjudique de los fondos especiales de promoción de la cultura. Autorizase la creación de un Fondo Editorial que posibilite la recepción de donaciones y el ingreso correspondiente a la venta y distribución de los materiales editados, dichos montos tendrán el propósito exclusivo de viabilizar la publicación de nuevos materiales. El mismo será ingresado a una cuenta bancaria que será abierta a tales efectos. Todo ello sin perjuicio de las partidas presupuestarias de Rentas Generales que el presupuesto destine para tales fines.
Artículo 7°.- La Editorial Municipal podrá convocar a un Consejo Asesor, integrado por referentes del campo de las letras y las artes, con el propósito de evaluar criterios del proyecto editorial y realizar oportunamente la selección de trabajos en diferentes convocatorias.
Artículo 8°.- Constará en el Acta de Constitución de la Editorial los principios que deben animarla:
a) Fomentar la publicación y difusión de las obras de los creadores de Paraná y la región;
b) Dar prioridad a la historia local, regional y provincial;
c) Brindar oportunidad a los escritores y artistas, sobre todo inéditos, de publicar sus trabajos;
d) Dotar a las publicaciones de un criterio estético elevado sin elitismo, sin censura y sin prejuicios.
Artículo 9º.- Comuníquese

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1157/2020, dispone: "Facúltese a la Secretaría de Coordinación Estratégica para la implementación de la Editorial Municipal de Paraná."

Ordenanza nº 9900
Sancionada: 15.07.2020
Promulgada: 03.08.2020 por Decreto nº 1156
Publicada: 16.09.2020

Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad de Paraná que los organizadores de eventos públicos masivos y eventos privados masivos, en el caso de este último cuando cobren entradas para su ingreso, deberán garantizar como mínimo, una opción de menú apto para celíacos, libre de gluten sin TACC, cuando dichos eventos brinden servicio de alimentos y bebida. A los fines de la presente, se entenderá por eventos masivos "todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo, capaz de producir una concentración igual o mayor a un mil asistentes, y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semi cerrados".
Artículo 2°.- Aquellos eventos municipales, que reunieren las características del artículo primero; por los cuales hubiere que pagar un canon para participar como prestador de servicios, podrán ser eximidos del mismo, de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en la reglamentación de la presente Ordenanza, cuando éstas fueren ONG, fundaciones o cooperativas, certificadas como libres de gluten o sin TACC.
Artículo 3°.- Los eventos realizados en la ciudad de Paraná por organismos públicos, cualquiera sea su objeto y modalidad, donde se brinde un servicio de break, lunch o cena, deberán contar con un menú certificado libre de gluten sin TACC.
Artículo 4°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, en la reglamentación de la presente Ordenanza, establecerá la autoridad de aplicación y el régimen de sanciones aplicables ante el incumplimiento de la misma.
Artículo 5°.- Establécese como órgano responsable de control de la presente Ordenanza a la Dirección de Habilitaciones, Seguridad Alimentaria y Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Paraná o la que en el futuro la reemplace. Facúltese a los interesados del cumplimentado de la misma, a cursar denuncias ante el órgano citado en el párrafo anterior.
Artículo 6°.- Comuníquese

 

(1) Por artículo 2° del Decreto nº 1156/2020, dispone "Facúltese a la Secretaría Legal y Administrativa para elaborar la reglamentación de la ordenanza, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4° de la misma."

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Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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