Indice Digesto Municipal

Ordenanza nº 9448
Sancionada: 11.08.2016
Promulgada: 05.09.2016 por Decreto nº 1827
Publicada: 14.09.2016

Artículo 1°.- Créase el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Paraná.

Artículo 2°.- La presente Ordenanza tiene como objetivo incrementar las medidas de detección y prevención de delitos en la ciudad de Paraná, contribuyendo en el diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas de seguridad ciudadana.

Artículo 3°.- El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana integrado por:

1. Representantes del Departamento Ejecutivo Municipal.

2. Representantes del área de Seguridad Ciudadana.

3. Un Concejal representante de cada bloque del Honorable Concejo Deliberante.

4. Representantes de la Policía de Entre Ríos.

5. Representantes vecinalistas.

6. Representantes de establecimientos educativos de todos los niveles.

7. Representantes del Poder Judicial.

8. Organizaciones de la sociedad civil que manifiesten ante el Municipio su voluntad de participar.

Artículo 4°.- El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

a) Propender a la coordinación entre el Municipio, la Policía y las instituciones participantes, a los fines de lograr acciones mancomunadas de prevención del delito.

b) Cooperar de manera activa y responsable en el desarrollo de políticas integradoras, y estrategias que permitan afrontar con éxito las causas y efectos de la violencia y de la inseguridad.

c) Orientar las políticas preventivas principalmente a aquellos sectores de riesgo social y muy especialmente a la juventud.

d) Proponer políticas de prevención del vandalismo urbano y de medidas educativas que favorezcan su erradicación.

e) Evaluar periódicamente las acciones efectuadas en materia de seguridad y plantear las modificaciones o correcciones que estime necesarias.

f) Asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión o asunto atinente a la seguridad pública en el ámbito municipal.

g) Realizar actividades de difusión, información y formación en materia de seguridad.

h) Solicitar el asesoramiento de profesionales o técnicos públicos o privados especialistas en seguridad ciudadana y participación comunitaria.

i) Promover el mantenimiento de la seguridad y la convivencia como un derecho y un elemento esencial en la calidad de vida de los vecinos de Paraná.

Artículo 5°.- Comuníquese al Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos.

Artículo 6°.- Comuníquese.

1.2.2.6.2.Ordenanza nº 8600
(Texto actualizado, modificado por la Ordenanza n 9451)
Sancionada: 17.05.2006
Promulgada: 13.06.2006 por Decreto nº 942
Publicada: 04.07.2006 

CAPÍTULO I:

(1)Artículo 1°.- OBJETO

La presente ordenanza tiene por objeto establecer las funciones y el procedimiento administrativo del organismo de Defensa del Consumidor, para la efectiva implementación en el ámbito de la ciudad de Paraná, de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en el artículo 42° de la Constitución Nacional, en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24240, su decreto reglamentario n° 1786/99, Ley Provincial N° 8973, su decreto reglamentario, disposiciones complementarias y normas que en su consecuencia se dicten.

Artículo 2°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Dispónese que la aplicación de las facultades delegadas por el gobierno de la Provincia de Entre Ríos referidas a la Ley Nacional N° 24240, su decreto reglamentario y Ley Provincial N° 8973 y su decreto reglamentario en el ámbito de la Municipalidad de Paraná esté a cargo del organismo de Defensa del Consumidor, el que tendrá nivel de dirección, dependerá directamente de la Jefatura de Gabinete de Secretarios y cuyas funciones y estructura orgánica se determinará por decreto que aprobará el Departamento Ejecutivo Municipal.

Artículo 3°.- DEBERES Y ATRIBUCIONES

Son deberes y atribuciones del organismo de Defensa del Consumidor:

a) Velar y controlar el estricto respeto y cumplimiento de la Ley N° 24240 de Defensa del Consumidor, y otras leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, provincial o municipal concordantes con la misma.

b) Promover a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios previstos en el artículo 42° de la Constitución Nacional, en su relación como tales, a saber: a la protección de la salud, seguridad, e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

c) Esta protección prevé la educación para el consumo, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales y legales, la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

d) Contempla también la defensa y representación de los intereses de consumidores individual o colectivamente ante organismos oficiales o privados y la justicia.

e) Recibir, atender, canalizar y seguir las quejas y denuncias de los consumidores, usuarios y/o asociaciones de consumidores, interviniendo a través de audiencias de conciliación de partes.

f) Asesorar a los consumidores, asociaciones y usuarios en general, acerca de la reglamentación vigente en cuanto a relaciones de consumo y servicios, tanto en el ámbito privado como público.

g) Fomentar la creación y actuación de las asociaciones locales de consumidores.

h) Colaborar en la confección de un registro de asociaciones de consumidores, de actualización permanente.

i) Difundir los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos dentro de los marcos regulatorios que norman los servicios públicos y las relaciones de oferta y demanda de bienes y servicios en general.

j) Mantener relaciones con los organismos de control competentes, tanto en la promoción de audiencias y conciliaciones entre damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos, como así también para efectuar sugerencias en cuanto al dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, tendientes a la protección o educación de los consumidores.

k) Celebrar convenios o acuerdos de colaboración con organismos públicos o privados a fin de hacer efectiva y eficaz la implementación de los objetivos de la presente ordenanza.

l) Solicitar la colaboración necesaria a las distintas reparticiones municipales para ejecutar las tareas de asesoramiento, contralor y promoción de las acciones pertinentes, tendientes a solucionar las inquietudes planteadas por los particulares, asociaciones y/o entidades, individual o colectivamente, que representen situaciones de indefensión o discriminación que afecten derechos de los consumidores o usuarios.

m) Requerir a los organismos competentes la realización de inspecciones, comprobaciones y pericias vinculadas al cumplimiento de las normas inherentes a la Defensa del Consumidor.

n) Toda otra actividad destinada a la defensa, información y educación del consumidor.

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 4°.- INICIO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

uando existan presuntas infracciones dentro del ámbito de la ciudad de Paraná, a las disposiciones de la ley nacional N° 24240, sus normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, el organismo de Defensa del Consumidor, iniciará actuaciones administrativas de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores.

Artículo 5°.- DE LA INICIACION POR DENUNCIA. REQUISITOS

La denuncia deberá formalizarse por escrito o verbalmente, en ambos casos se deberán acompañar las pruebas documentales que avalen el reclamo y ofrecerse las restante.

El particular afectado por una infracción en los términos del artículo 4°, puede denunciar por sí o por representante o por intermedio de una asociación de consumidores debidamente registrada. La denuncia deberá contener:

a) Nombre, apellido, D.N.I. y domicilio del denunciante y en su caso de su representante. En caso de formularse por una asociación de consumidores, deberá indicarse además la denominación completa de la entidad, su domicilio y número de inscripción en el registro.

En caso de presentarse por representante deberá acreditarse personería con el respectivo poder o acta poder otorgado judicial o administrativamente.

b) Nombre y apellido o denominación social y domicilio del denunciado.

c) Los hechos relatados en forma concreta y precisa.

d) Expresar su pretensión en forma clara.

e) La documentación que acredite la relación de consumo y demás que obre en poder del denunciante. En su caso deben indicarse los medios por los que se pretende probar la relación de consumo y los demás hechos base de la denuncia.

Si la denuncia es formulada verbalmente, el organismo deberá proceder a labrar acta, dejando constancia en la misma de los datos de identidad y domicilio real del denunciante. Si se trata de una persona jurídica deberán acompañarse los instrumentos constitutivos de la misma y la representación legal correspondiente. Asimismo, deberán consignarse los demás requisitos establecidos en el presente.

Deberá constituir domicilio dentro del ejido municipal, en el caso que residiera fuera del mismo.

En el acta que a tal efecto se labre se deberá advertir al denunciante las penalidades previstas por el artículo 48° de la Ley N° 24240 para el caso de denuncias maliciosas.

Artículo 6°.- GRATUIDAD

Las denuncias presentadas ante el organismo de Defensa del Consumidor por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentas de sellado exigido por el artículo 76° inciso 1) de la ordenanza N° 8439.

Artículo 7°.- REGISTRO DE DENUNCIAS

Presentada una denuncia ante el organismo de Defensa del Consumidor, ésta se registrará con un número de causa de orden interno y se procederá a caratular la misma.

Artículo 8°.- INSTANCIA CONCILIATORIA

Recibida una denuncia de parte interesada, si resulta procedente de acuerdo con las circunstancias del caso y en un plazo de veinte días hábiles, el organismo de Defensa del Consumidor debe promover la instancia conciliatoria. En caso de no ser procedente, deberá en igual término ser desestimada la denuncia, por resolución expresa o en forma tácita si no hubiera acto administrativo expreso en dicho término.

a) La primera notificación a las partes deberá hacerse por cédula con entrega de la correspondiente copia de la denuncia, la fecha y hora de la audiencia y el aviso a fin de que el requerido acredite personería y constituya domicilio en la ciudad de Paraná. Asimismo deberá transcribirse el inciso c) y d) del presente artículo y los artículos 46°, 47° y 48° de la Ley N° 24240.

b) El procedimiento es oral, actuado y público.

"c) En caso de incomparecencia injustificada del denunciante, o su representante, a la audiencia de conciliación, a pedido del denunciado se lo podrá tener por desistido de la denuncia, sin perjuicio de la facultad del Organismo de ordenar notificar al denunciante del acta de la audiencia a los fines de que se expida al respecto."(∞)

(2)"d) En caso de incomparecencia injustificada del denunciado, éste será pasible de multa, cuyo monto se fijará entre 1.000 UTF  a 15.000 UTF .

A dicho efecto, se tendrá en cuenta la reincidencia en la falta, otras circunstancias que a juicio del Organismo se consideren atenuantes o agravantes, la cuantía económica del reclamo y la situación económica financiera del denunciado pudiendo tenerse como parámetro el monto de pago de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad."(∞)

e) En el supuesto de que las partes no arriben a un acuerdo conciliatorio, el funcionario actuante, si las circunstancias del caso lo aconsejan, podrá formular una propuesta de acuerdo, que puede ser aceptada en el acto o sometida a consideración de los interesados por un plazo de cinco (5) días hábiles. Transcurrido dicho término, sin que haya pronunciamiento de partes, se tiene a la propuesta conciliatoria como rechazada, y se da por fracasada la conciliación promovida.

f) En caso de fracasar la instancia conciliatoria el funcionario actuante dará por concluido el procedimiento por simple providencia, remitiéndose las actuaciones a la autoridad de aplicación provincial para la sustanciación y resolución definitiva.

g) Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio antes de la audiencia deberán presentarlo por escrito ante el organismo de Defensa del Consumidor. De llegarse a un acuerdo en la audiencia se labrará el acta en tal sentido, y, habiendo llegado a una justa composición de los derechos e intereses de las partes el organismo procederá a homologar el acuerdo alcanzado.

h) En caso de ser necesario se podrá fijar una prórroga de la audiencia de conciliación.

Artículo 9°.- ACUERDOS CONCILIATORIOS. INCUMPLIMIENTO

El organismo procederá a constatar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Constatado el cumplimiento se ordenará el archivo de las actuaciones. El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante el organismo se considerarán violación a la ley n° 24240, por lo que se dispondrá la remisión de las actuaciones a la autoridad de aplicación provincial para el dictado de la resolución correspondiente.

Artículo 10°.- DE LA INICIACION DEL TRAMITE DE OFICIO INSPECCIONES:

El trámite ante el organismo podrá ser iniciado de oficio por la propia área de Defensa del Consumidor en base a hechos de público conocimiento, sea por informaciones periodísticas (televisivas, radiales, escritas) o por denuncia anónima.

Asimismo el Organismo podrá disponer de oficio la realización de inspecciones para constatar la presunta infracción.

En estos casos se labrará acta por el inspector actuante, por triplicado donde conste en forma concreta y precisa el hecho, la que se remitirá a la dirección General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial a efectos de continuar con el trámite previsto en la Ley Nacional N° 24240.

Del acta, en la que deberá constar todo lo actuado y las manifestaciones vertidas por el interesado, se dejará un ejemplar en poder del inspeccionado, de su factor, empleado, dependiente o representante.

Artículo 11°.- COMPROBACION TECNICA

Cuando en el transcurso de la etapa conciliatoria sea necesaria una comprobación técnica a efectos de esclarecer los hechos, el organismo de Defensa del Consumidor, podrá requerir el auxilio de la repartición municipal competente.

La comprobación técnica podrá efectuarse en presencia de ambas partes, si es voluntad de las mismas o de una de ellas o sin presencia de éstas. En su caso en el acta deberá dejarse constancia de las manifestaciones vertidas por los presentes. El acta será firmada por el funcionario actuante y las partes concurrentes.

La repartición municipal actuante deberá informar sobre el resultado de la comprobación en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se recepcione en la repartición el requerimiento de la comprobación técnica.

(2)"Artículo 12°.- PAGO DE MULTAS

En el caso en que corresponda la aplicación de la sanción de multa por inasistencia injustificada a la audiencia conciliatoria, el infractor deberá proceder a abonar la suma fijada mediante el Volante de Pago expedido por la Dirección de Defensa del Consumidor, dentro del término de 10 días hábiles de notificado de la resolución que así lo dispone, salvo que haya interpuesto recurso en cuyo caso el ingreso del importe será dentro del plazo para apelar o simultáneamente con la presentación del recurso.

El pago quedará acreditado con el duplicado de la boleta respectiva o su fotocopia certificada.

Vencido el plazo sin que el infractor haya abonado la multa impuesta, el Organismo procederá a remitir copia autenticada de los antecedentes pertinentes a la Administración Fiscal Municipal (AFIM),  a efectos de la constitución del título ejecutivo para su posterior cobro judicial. Asimismo las penas de multa que no sean abonadas en el plazo establecido, serán registradas como deudas, inhibiendo al multado para obtener el certificado de libre deuda."(∞)

(2)Artículo 13°.- La resolución que disponga multa por inasistencia injustificada a la audiencia será notificada y el trámite de apelación se regirá por las disposiciones de la ordenanza N° 8256 de Trámite Administrativo Municipal, siendo requisito para su interposición válida el previo pago de la multa, acreditado con el comprobante de ingreso por Tesorería

CAPÍTULO III: EDUCACION AL CONSUMIDOR

Artículo 14°.- PROGRAMAS EDUCATIVOS

Incumbe al organismo de Defensa al Consumidor, la formulación de programas educativos para el consumo y su difusión pública, fomentando la creación y el funcionamiento de asociaciones locales de consumidores y la participación de la comunidad en ellas.

Artículo 15º.- FORMACION AL CONSUMIDOR

La formación al consumidor debe tender a:

a) Hacerle conocer, comprender y adquirir habilidades para ayudarlo a evaluar las alternativas y emplear sus recursos en forma eficiente. Facilitar la comprensión y utilización de información sobre temas inherentes al consumidor.

b) Orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o de utilización de servicios.

c) Impulsarlo para que desempeñe un papel activo que regule, oriente y transforme el mercado a través de sus decisiones.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 16°.- Las disposiciones de la ley nacional n° 24240, ley provincial N° 8973 y la ordenanza N° 8256 se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente por la presente ordenanza, y en tanto no resulten incompatibles con la misma.

Artículo 17°.- Quedan exceptuados del artículo 19° de la ordenanza n° 8256 los informes técnicos que sean requeridos mediante oficios por el organismo de Defensa al Consumidor, los que deberán expedirse dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción del mismo en la repartición requerida. A tal fin deberá transcribirse el presente artículo en todo oficio que se le libre a cualquier repartición municipal.

Artículo 18°.- Las notificaciones, podrán ser efectuadas personalmente o por cédula o por cédula postal con aviso de retorno. Se tendrán por válidas y vinculantes para el denunciante todas las notificaciones efectuadas en el domicilio real o legal constituido, y para el presunto infractor supletoriamente las notificaciones efectuadas en el domicilio denunciado ante el organismo fiscal, o el que surja de la habilitación del local comercial, o de la Secretaría Electoral de la Nación o dirección de Personas Jurídicas.

Artículo 19º.- Comuníquese.

 

 (∞) Texto modificado por Ordenanza nº 9451


(1) Las normas mencionadas obran en este Digesto Municipal.

(2) Por Decreto nº 225/2010 se aprueba la Reglamentación de los artículos 8º inc.d), 12º y 13º respectivamente, de la Ordenanza nº 8600

Decreto nº 225/2010
(Texto actualizado, modificado por Decreto nº 685/2016)
Fecha: 23.02.2010

ARTÍCULO 1º.-Apruébase la Reglamentación de los artículos 8º inc.d), 12º y 13º respectivamente, de la Ordenanza nº 8600 que establece las misiones y funcionamiento del Organismo de Defensa al Consumidor, conforme las disposiciones contenidas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente decreto, entrando en vigencia las mismas a partir de su publicación.

ARTÍCULO 2º.-Tómese razón del presente decreto a través del Organismo de Defensa al Consumidor, la dirección de Apremios Fiscales, la Tesorería General y la Agencia Fiscal Municipal.

ARTÍCULO 3º.-Esta disposición será refrendada por la señora Secretaria de Gobierno.


 

REGLAMENTACION DE LA ORDENANZA 8600 EN SUS ARTICULOS 8º INC.D), 12º Y 13º: SANCIONES DE MULTAS PARA EL CASO DE INASISTENCIA INJUSTIFICADA DE LOS DENUNCIADOS A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION.

ARTÍCULO 1º.-INCOMPARECENCIA INJUSTIFICADA.

Se considera que hay incomparecencia injustificada del denunciado cuando éste, a pesar de estar debidamente notificado de la fecha, hora y lugar de la audiencia de conciliación , no concurra personalmente o por apoderado de la misma. En todos los casos tendrá una tolerancia de quince (15) minutos de la espera una vez cumplida la hora fijada de inicio de la misma. Transcurrido ese tiempo sin que la parte denunciada concurra, su conducta de considerará incursa en la infracción establecida por el artículo 8º inciso d) de la Ordenanza 8600 ; incomparecencia injustificada. En todos los casos la inasistencia podrá justificarse con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación a la fecha fijada para la audiencia.

De la incomparecencia injustificada se dejará constancia en el acta de audiencia. La presentación por parte de la denunciada de un escrito con propuesta conciliatoria, no justifica la inasistencia a la audiencia fijada.

ARTÍCULO 2º.-REPRESENTACIÓN.

La parte denunciada puede presentarse a la audiencia de conciliación por derecho propio o por apoderado. Quien se presente por derecho puede ser asistido por un patrocinante letrado.

Quien se presente como apoderado deberá acompañar los documentos que acredite tal carácter. Puede acreditarse la personería mediante escritura poder, o mediante acta o carta

poder con la firma autenticada por escribano o registro, juez de paz o secretario judicial.

Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el apoderado, declarando bajo juramento que el mismo está vigente. El denunciado también se puede presentar de "autorizado", en cuyo caso su carácter quedará acreditado mediante instrumento privado firmado por el autorizante. En todos los casos, el Organismo puede requerir la presentación de los instrumentos o testimonios originales o la comparecencia del autorizante. Acreditada la personería, el apoderado asume todas las responsabilidades de la ley y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare. Acreditada la personería en la primer audiencia, la misma queda acreditada para todas las actuaciones en el expediente.

Quienes se presenten como gestores, por no acreditar la representación que invocan, deberán ratificar su gestión con los instrumentos pertinentes en el término de diez (10) días hábiles administrativos de celebrada la audiencia. Venció ese plazo, sino fueron acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratificase la gestión, el Organismo tendrá al gestor por no presentado, siendo en consecuencia nulo todo lo actuado por el mismo. La nulidad se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera de intimación previa.

ARTÍCULO 3º.-RESOLUCION APLICANDO SANCION DE MULTA. NOTIFICACION.

Ante la inasistencia del denunciado a la audiencia de conciliación y no estando la misma debidamente justificada; el Titular del Organismo dictará la resolución imputándole la infracción del artículo 8º inc. d) de la Ordenanza 8600 y se aplicará la sanción prevista en dicha norma. Asimismo, se intimará al infractor para que en el término de diez (10) días hábiles administrativos ingrese a la Tesorería Municipal, con la correspondiente Orden de Ingreso, el importe de la multa. La resolución se notificará por cédula. En la cédula se transcribirán los artículos 12º y 13º de la Ordenanza 8600.

ARTÍCULO 4º.-CRITERIOS DE GRADUCACION DE LA MULTA

REINCIDENCIA EN LA FALTA:

La reincidencia implicará una circunstancia agravante de la sanción correspondiente. Se considera reincidencia en la falta, al denunciado que incurra en una nueva inasistencia injustificada dentro del plazo de dos (2) años, tendiendo el mismo resoluciones que impongan una multa en su contra.

PAGO DE LA TASA POR INSPECCION SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGURIDAD:

A los efectos de considerar el monto de pago de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, en el caso que la tasa no haya sido abonada, el Organismo podrá tener en cuenta los montos imponibles de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente-infractor a la Agencia Fiscal Municipal. En caso que el contribuyente no haya presentado las declaraciones juradas, se podrá tener como pauta la determinación del tributo sobre la base presenta según lo dispuesto por el Código Tributario Fiscal (Ordenanza 6410 y modificatorias) y la Ordenanza Tributaria Anual vigente al momento de la comisión de la infracción y ante la falta de éste, el monto mínimo imponible establecido para el tipo de actividad de que se trata.

CUANTIA ECONOMICA DEL RECLAMO:

Para determinar la cuantía económica del reclamo se tendrá en cuenta el bien objeto de la denuncia. Si se reclama una suma de dinero, la cuantía económica del reclamo está compuesta por el capital reclamado, con más los intereses reclamados. Si se reclama la entrega de una cosa o la prestación de un servicio, se considerará cuantía económica el valor equivalente que la misma cosa o el mismo servicio tiene en el mercado a la fecha de la presentación de la denuncia.

SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DEL DENUNCIADO:

La situación económica financiera del denunciado se determinará por su posición en el mercado o por su situación tributaria ante los Organismos Recaudadores. A tal fin en caso de ser necesario se solicitarán informes a los mismos.

OTRAS CIRCUNSTANCIAS:

El Organismo podrá tener en cuenta otras circunstancias que sean relevantes para determinar la cuantía de la multa, para agravarla o atenuarla. A tal fin, se considerará la conducta desplegada por el presunto infractor, como la reiteración de las inasistencias a las audiencias de conciliación, su voluntad conciliatoria demostrada en los convenios que el Organismo ha homologado, el cumplimiento de los mismos, etc.

ARTÍCULO 5º .-PAGO DE LA MULTA.

A los fines que el infractor proceda a pagar el importe de la multa, el Organismo emitirá la Orden de Ingreso correspondiente imputada a la Cuenta A1120004005 Multas-Org. Defensa al Consumidor, la cual deberá ser abonada dentro del término de diez (10) días hábiles de notificado de la resolución que así lo dispone.

ARTÍCULO 6º.-APELACION

Si el infractor interpone recurso de apelación contra la resolución que dispone la aplicación de la multa, se procederá conforme lo establece el artículo 13º de la Ordenanza 8600 y el artículo 83º de la Ordenanza 8256 de Trámite Administrativo Municipal; siendo requisito de admisibilidad del mismo, el previo pago de la multa acreditado con el comprobante de ingreso por Tesorería General.

"ARTÍCULO 7º.-FALTA DE PAGO

Vencido el plazo sin que el infractor haya abonado la multa impuesta, el Organismo de Defensa del Consumidor, por intermedio de su Director y el Fiscal Municipal,  conjuntamente, procederá, a iniciar las acciones para obtener su cobro." (ε )(1)

 

(ε) Texto según Decreto nº 685/2016

 


 

(1) Ver Decreto nº 1086/2016 -Disposición para Funcionarios Letrados que actúen representando o patrocinando al Municipio. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal 

Decreto n° 639/2020
Fecha: 13.05.2020

VISTO:
El Decreto n° 624 GOB del 04.05.2020;
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto nº 624/20 GOB se autoriza el desarrollo en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos de las actividades comerciales, servicios y oficios en el marco de lo dispuesto en el artículo 3 del DNU 408/20.
Que el artículo 2° del mencionado Decreto dispone que dichas actividades deberán ser habilitadas por acto expreso de las autoridades municipales, como asimismo prever un protocolo de seguridad sanitaria que será comunicado al Comité de Emergencia Sanitaria Provincial –COES-, al Ministerio de Producción y al Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Que en virtud de ello, el Presidente Municipal ha mantenido reuniones con representantes de instituciones educativas privadas, clubes, asociaciones y fundaciones a los fines de establecer parámetros para la reglamentación de los trabajos esenciales de limpieza, guardia, mantenimiento y tareas administrativas urgentes de control de documentación y cobro de cuotas.

Por ello;
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANA
DECRETA:

Artículo 1°.- Dispónese la habilitación en el territorio de la Ciudad de Paraná de la realización de trabajos esenciales de limpieza, guardia, mantenimiento y tareas administrativas urgentes de documentación y cobro de cuotas en instituciones privadas y de gestión privada, clubes, asociaciones y fundaciones.
Artículo 2°.- Los representantes de las instituciones mencionadas en el artículo 1° deberán observar que la actividad se desarrolle de Lunes a Viernes en el horario de 9 a 17 hs.
Artículo 3°.- Las empleadoras, los empleadores y autoridades correspondientes deberán observar las disposiciones del Protocolo Sanitario que el Municipio prevee y que forma parte del presente como Anexo I.
Artículo 4°.- El presente Decreto no exime de las prohibiciones establecidas en lo dispuesto por el Decreto n° 459/2020 PTE en su artículo 10°, que establece como PROHIBICIONES GENERALES el dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades, los eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas, actividades turísticas, apertura de parques, plazas o similares.
Artículo 5°.- El Protocolo deberá ser exhibido en el salón de las instituciones en un lugar destacado que permita su visualización.
Artículo 6°.- Comunicar y elevar el Protocolo Sanitario al Comité de Emergencia Sanitaria –COES-, al Ministerio de Producción y al Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 7°.- Registrar, comunicar y oportunamente archivar.


                                                                                                                 

Decreto nº 1005/2020 GOB
Fecha: 03.07.2020
Publicado: 03.07.2020

VISTO: El Decreto Nº 944/20 GOB de fecha 24 de junio de 2020; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se dispensó de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Central de la Ciudad Paraná, hasta el viernes 3 de julio de 2020 inclusive, con excepción del personal crítico y/o esencial conforme lo determine la autoridad competente, y se adoptaron demás medidas contenidas en la norma;

Que periódicamente se analizan los informes elaborados por el Comité Organización de Emergencia de Salud (COES) relacionados con la evolución epidemiológica de casos de COVID-19 en la ciudad de Paraná, que la Autoridad Sanitaria ha encuadrado como contagio por conglomerado;

Que como resultado de ello se considera conveniente extremar las medidas precautorias pertinentes para reducir el tránsito de personas a los fines minimizar la posibilidad de circulación del virus y la escalada a la fase de contagio comunitario;

Que si bien todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, es intención de este Poder Ejecutivo adoptar decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad;

Que en este sentido desde el Gobierno Provincial en forma continua se adoptan y articulan diversas medidas urgentes y coordinadas, ello en el marco del Decreto Nº 361/20 MS por el que se declaró la emergencia sanitaria en el territorio provincial como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus;

Que producto del trabajo conjunto entre la autoridad sanitaria provincial y la Municipalidad de Paraná teniendo presente la densidad poblacional de la ciudad y que en ella se encuentra la red sanitaria de referencia en la Provincia, se concluyó en la necesidad de adoptar medidas preventivas y de control tendientes a disminuir la circulación de personas;

Que a los efectos reseñados y en relación a la prestación de servicios de los empleados públicos de la Administración Central Provincial en la ciudad de Paraná, se estima conveniente en esta instancia prorrogar la vigencia del Decreto Nº 944/20 GOB en todos sus términos hasta el 17 de julio de 2020 inclusive;

Que este acto administrativo tiene por objeto contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública; Que el presente se dicta en resguardo de los derechos del art. 19º de la Constitución de la Provincia y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 174º de la Carta Magna provincial;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus términos las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 944/20 GOB hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, de conformidad a lo manifestado en los Considerandos del presente.-(1)
Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.-
Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese y archívese.

(1) El Decreto nº 944/2020 GOB obra en este Digesto Municipal.

(2)Decreto nº 988/2020 GOB Ratifica vigencia Decreto nº 944/2020 GOB
Fecha: 29.06.2020
Publicado: 29.06.2020

VISTO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que por el primero se dispuso, entre otras medidas, el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para todos los habitantes del país o los que se encuentren en él en forma temporaria, a partir del 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año;

Que por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 se prorrogó el período dispuesto, hasta el 12 de abril, el 26 de abril, 10 de mayo, 24 de mayo y 7 de junio de 2020 respectivamente;

Que por el DNU 520/20 se estableció un marco normativo para todas aquellas zonas en donde no existe circulación comunitaria de SARS-CoV-2, en las cuales regirá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica y que se indican en el artículo 2° y se prorrogó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos;

Que por el DNU 576/20 PEN se determina un nuevo marco normativo con el objeto de proteger la salud pública, en razón de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 declarada el pasado 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud y su evolución en el transcurso del tiempo;

Que conforme lo previsto en el Art. 4º del DNU 576/20 PEN, la totalidad de los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos se encuentran comprendidas en la nueva etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio;

Que desde el Gobierno Provincial se adoptaron y articularon diversas medidas urgentes y coordinadas, ello en el marco del Decreto Nº 361/20 MS por el que se declaró la emergencia sanitaria en el territorio provincial y de los DNU mencionados, a fin de afrontar y mitigar la propagación del virus;

Que en este contexto, por Decreto Nº 368/20 GOB se estableció un aumento del 50% del Adicional por Riesgo para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud quienes se encuentren al frente de la atención sanitaria, y se incrementó las Becas de Residentes en Salud en un 20%, ello a fin de conceder una compensación compatible con el esfuerzo que el personal realiza en virtud de la especificidad de sus tareas;

Que en el marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta en el territorio provincial, se dictó además el Decreto Nº 549/20 GOB el cual dispuso para el personal activo de la Policía de la Provincia afectado a atender el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y/o medidas extraordinarias que se susciten, incluyendo al personal de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, en consideración a la exposición al riesgo de contagio;

Que se emitió adicionalmente, el Decreto Nº 595/20 GOB el cual dispuso, en el contexto citado, el otorgamiento de una bonificación para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas, a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio, al personal con prestación de servicios en los Hogares dependientes de esa cartera ministerial dedicados al cuidado y protección de mujeres en situación de violencia y de adultos mayores incluyendo además al personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida;

Que por Decreto Nº 817/20 GOB se dispensó de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Central, a las personas de 60 años o mayores y a las declaradas en situación de riesgo según lo previsto en el Documento COES Nº 22 y ampliatorias, y en el art. 21º del DNU Nº 520/20 PEN, durante el período de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" implementado desde el 8 al 28 de junio del corriente en todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos; salvo las declaradas personal esencial o las que estén afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables, y se dispusieron demás medidas contenidas en el referido Decreto Nº 817/20 GOB;

Que en teniendo presente el nuevo marco normativo dispuesto por el DNU 576/20, la provincia cumple con los requisitos sanitarios y epidemiológicos requeridos por el Art. 3º, efectuando además el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación conforme lo previsto en el Art. 22º de la norma citada;

Que le corresponde a este Poder Ejecutivo, adoptar las medidas pertinentes en coordinación con las autoridades municipales y comunales a los efectos de viabilizar y propender a su efectivo y eficaz cumplimiento, resguardando la prestación de servicios que el Estado Provincial debe brindar y garantizar, en observancia de las directivas y recomendaciones emanadas del Comité Organización de Emergencia de Salud (COES);

Que cabe resaltar que en la ciudad de Paraná ha habido un incremento de casos positivos de COVID-19, que la Autoridad Sanitaria ha encuadrado como contagio por conglomerado;

Que como consecuencia de ello se emitió el Decreto Nº 944/20 GOB por el cual se dispensó de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Central de la Ciudad Paraná, hasta el viernes 3 de julio de 2020 inclusive, con excepción del personal crítico y/o esencial conforme lo determine la autoridad competente;

Que si bien todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, se estima que se deben seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad;

Que este acto administrativo tiene por objeto contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionales a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria;

Que el presente se dicta acorde a lo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, prorrogado por los DNU Nº 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20; y en el marco normativo establecido por el DNU 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del Decreto Nº 361/20 MS, en resguardo de los derechos del Art. 19º de la Constitución de la Provincia y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 174º de la Carta Magna provincial;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo 1°.- Ratifícase la vigencia del Decreto Nº 944/20 GOB para la Ciudad de Paraná y dispénsese en el resto del territorio provincial de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Central, a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el Documento COES Nº 22, en la normativa que en el futuro lo modifique o lo reemplace, y en el Art. 21º del DNU Nº 520/20 PEN, durante el período de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" que se implementa desde el 29 de junio al 17 de julio del corriente en todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 2º, 3º y 4º del DNU 576/20.-(1)

Artículo 2°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente al personal declarado esencial o las que estén afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables conforme lo determine el Ministro Secretario de Estado de la jurisdicción, o el Secretario General de la Gobernación en el ámbito de la Gobernación.-

Artículo 3°.- Déjase establecido que la dispensa concedida en el artículo precedente se computará a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-

Artículo 4°.- Facúltase a las/os señores Ministras/os Secretarias/os de Estado y al señor Secretario General de la Gobernación –en la jurisdicción Gobernación-, mediante el dictado de Resoluciones, a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias en el período referido, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios los agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o deurgencia que se susciten, debiendo garantizarse la prestación de servicios en las áreas a su cargo, en observancia del Documento COES ID 039 que agregado forma parte del presente.-

Artículo 5°.- Prorróganse hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, las disposiciones contenidas en los Arts. 9º y 10º del Decreto Nº 368/20 GOB y los Decretos Nº 549/20 GOB y 595/20 GOB en todos sus términos.-

Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General.-

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

 

(1)Decreto nº 576/2020
Fecha: 29.06.2020
Publicado: 29.06.2020

DECNU-2020-576-APN-PTE - Prórroga. "Distanciamiento social, preventivo y obligatorio". Régimen aplicable.

VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020 y sus normas complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia.

Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20 por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de la normativa señalada en el visto del presente decreto, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 y, con ciertas modificaciones según el territorio, por el Decreto N° 520/20 hasta el 28 de junio del corriente año, inclusive.

Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la expansión de COVID-19 teniendo en cuenta la aparición gradual y detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país, según se detalla más adelante, y habiéndose evitado, hasta la fecha, la saturación del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo.

Que, durante el transcurso de estos más de CIEN (100) días desde el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.

Que a los fines estipulados en el considerando precedente, la protección económica desplegada se vio plasmada a través de distintos instrumentos. Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos se sumó el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables y los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la epidemia, como las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas.

Que, asimismo, se establecieron excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios y se estableció el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", todo ello mediante los Decretos Nros. 297/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 520/20, y las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20, 975/20, 995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20 y 1075/20, entre otra normativa, con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y, también, para ir incorporando la realización de diversas actividades económicas en los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera.

Que al día 27 de junio, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se confirmaron más de 9,6 millones de casos y 490 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios con casos de COVID-19.

Que la región de las Américas es la más afectada en este momento, donde se observa que el 50% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 23% a BRASIL y solo el 1,1% a ARGENTINA, y que similar distribución presenta el total de fallecidos donde el 52% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 23% a BRASIL y el 0,5% a la ARGENTINA.

Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 122 casos cada 100.000 habitantes, de las más bajas de la región americana.

Que la tasa de letalidad al 26 de junio es de 2,1% y la tasa de mortalidad es de 26,1 personas por millón de habitantes, manteniéndose la Argentina dentro de los países con menor mortalidad en la región.

Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.

Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual ya que el OCHENTA COMA SIETE POR CIENTO (80,7%) de los departamentos del país, donde vive el CUARENTA COMA OCHO POR CIENTO (40,8%) de la población, no registra casos de COVID-19 en los últimos CATORCE (14) días, mientras que solo el NUEVE COMA DOS POR CIENTO (9,2%) de los departamentos, donde reside el CUARENTA Y DOS COMA SEIS POR CIENTO (42,6%) de la población, tiene transmisión comunitaria.

Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comunitaria sostenida, no se haya extendido la circulación a la mayoría de los departamentos del país.

Que al momento de disponer el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" a nivel nacional, el tiempo de duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de TRES COMA TRES (3,3) días, y al día 8 de mayo de 2020 alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los VEINTICINCO (25) días. Al 6 de junio se estima que este valor era de QUINCE COMA CINCO (15,5) días y al 26 de junio se estima en QUINCE COMA DOS (15,2), lo que implica que el tiempo para duplicar casos es el mismo que VEINTE (20) días previos, pero con un número de casos mucho mayor.

Que, en la región del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en adelante AMBA, en los últimos VEINTE (20) días se presentó un aumento acelerado de casos del CIENTO TREINTA Y SEIS COMA CUATRO POR CIENTO (136,4%), un aumento del NOVENTA Y CINCO COMA SEIS POR CIENTO (95,6%) de personas fallecidas y un aumento del SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (74%) de las personas internadas en unidades de terapia intensiva por COVID-19.

Que el CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52%) de los casos de la región del AMBA se confirmó en los últimos CATORCE (14) días, y que el porcentaje de ocupación de camas, para la misma región, es del CINCUENTA Y CUATRO COMA UNO POR CIENTO (54,1%).

Que el tiempo de duplicación de casos para el total del país, excluyendo del cálculo al AMBA, al 2 de junio, era de CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días y al 23 de junio es de VEINTIDÓS COMA CUATRO (22,4) días.

Que en el resto de las jurisdicciones se comenzaron a registrar algunos brotes, en varias oportunidades ocasionados a partir de personas provenientes de la región del AMBA.

Que las Ciudades de Bariloche, Trelew y Córdoba lograron disminuir la transmisión comunitaria, presentando un predominio de transmisión por conglomerados.

Que la Provincia del Chaco continúa con transmisión comunitaria extendida en el departamento de San Fernando y comenzó a registrar casos en varios departamentos del interior.

Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión de que conviven distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país.

Que en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus y las que no presentan esta evidencia. En efecto, existe una provincia en la que no se han confirmado casos de COVID-19; otras en donde hace más de SIETE (7) días que no se registran nuevos contagios; otras con muy pocos casos y que no se corresponden a contagios por circulación comunitaria del virus; y también hay otras con brotes por conglomerados.

Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA, en atención a lo ya señalado, y específicamente debido a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica, así como el agravamiento de la situación epidemiológica en zonas muy determinadas del país, obliga al Estado Nacional a adoptar decisiones en función de cada realidad.

Que la efectividad del aislamiento social, preventivo y obligatorio ha logrado que más del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada actividad que se va habilitando como excepción.

Que, si bien han transcurrido más de CIEN (100) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.

Que sigue sin conocerse todavía en el mundo un país que haya superado totalmente la epidemia en forma plenamente exitosa, por lo que no puede aún validarse en forma categórica ninguna estrategia adoptada, máxime cuando las realidades sociales, económicas y culturales son diversas. Por este motivo se debe continuar en el diseño de una estrategia nacional específica para atender las urgencias y los desafíos que demanda una situación epidemiológica con características inusitadas y, en muchos aspectos, desconocidas.

Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto".

Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, "...no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás".

Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada "COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales", del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.

Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en cuanto a la razonabilidad de las medidas adoptadas en nuestro país, en el marco de los Decretos Nros. 297/20, sus sucesivas prórrogas y 493/20, ha manifestado que: "...En este sentido, la restricción a la libertad ambulatoria para preservar la salud pública, y la reglamentación dispuesta por la norma se encuentra motivada en forma razonable por cuanto, como se explicó no se advierte otro mecanismo posible en este estado del conocimiento científico, ni la parte lo ha explicitado o ha brindado otras posibles opciones que demuestren que las medidas dispuestas en la norma que impugna constituyan mecanismos arbitrarios sin sustento científico o irracionales". "...Las restricciones allí impuestas a los derechos y garantías de todos los habitantes, de acuerdo a las limitaciones según las jurisdicciones con distintas intensidades de acuerdo a la situación sanitaria, están motivadas en forma razonable como se señaló y con el fin de preservar la salud pública.", así como también que "...los decretos de necesidad y urgencia cuestionados por la accionante no poseen tintes de arbitrariedad en tanto los fines y medios utilizados demuestran la compatibilidad constitucionalidad de las limitaciones a los derechos individuales (artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la CN)".(23588/2020/CA1 – "Blanco Peña, M. L. s/habeas corpus" - CNCRIM Y CORREC – SALA V- 29/05/2020)

Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.

Que, en función de las medidas tempranas y oportunas que se tomaron a nivel nacional desde el inicio de la pandemia, que incluyen entre otras la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, el cierre de fronteras, las restricciones al tránsito interurbano e interjurisdiccional y la prohibición del turismo interno e internacional, los resultados que se obtuvieron son alentadores, pero no han logrado impedir que se haya incrementado la morbimortalidad en algunos territorios de gran densidad poblacional y, en consecuencia, aún persiste el riesgo de expansión, por lo que resulta de vital importancia alcanzar un nivel más reducido de circulación de personas, sobre todo en los lugares donde se verifica la mayor concentración de casos de COVID-19.

Que, antes de decidir esta medida, el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación mantuvieron una reunión con destacados expertos y destacadas expertas en epidemiología y recibieron recomendaciones acordes con la conveniencia y necesidad, a los fines de proteger la salud pública, de prorrogar el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" en las zonas sin transmisión comunitaria sostenida del virus, así como también, con los alcances y las salvedades aquí establecidos, prorrogar el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" en las zonas donde existe transmisión comunitaria sostenida del virus, hasta el día 17 de julio del corriente año, inclusive.

Que, asimismo, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES manifestaron la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la presente medida.

Que, por todo lo expuesto, se prorroga con todas las finalidades y alcances allí estipulados, hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, el Decreto N° 520/20 y sus normas complementarias.

Que, desde el día 1° de julio y hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, se mantendrá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -DISPO- para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artículo 3° del presente decreto. Asimismo, se fortalecerá y prorrogará por igual plazo, la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo.

Que el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Que, asimismo, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y otras para el "asilamiento social, preventivo y obligatorio", conforme se indica en los artículos 10 y 19 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí estipuladas.

Que resulta necesario establecer un nuevo marco normativo para todas aquellas zonas en las que se registró un incremento en la velocidad de aparición de casos, que pone en riesgo la capacidad del sistema sanitario para dar la respuesta adecuada.

Que el aglomerado urbano del AMBA que incluye, a los fines de este decreto, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a TREINTA Y CINCO (35) partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES conforme se indica en el artículo 12 del presente, el aglomerado urbano de la Ciudad de Neuquén de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, el Departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO y todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO presentan transmisión comunitaria sostenida, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.

Que resulta necesario restringir la circulación de personas en las zonas más afectadas.

Que, para ello, se suspende, a partir del día 1° de julio y hasta el día 17 de julio inclusive, la vigencia de distintas normas que fueron exceptuando del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a distintas actividades y servicios, permaneciendo solo exceptuadas las "esenciales".

Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente con las Decisiones Administrativas mencionadas en el artículo 13 del presente decreto, se declaran "esenciales" a distintas actividades y servicios y se exceptúa del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" a las personas afectadas a ellas. Asimismo, siempre y cuando el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, también quedarán exceptuadas del cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se encuentran enunciadas en el artículo 14 del presente decreto.

Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente decreto requieren la previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y se encuentren aprobados por este, con el fin de preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de todas las personas, especialmente de los niños, las niñas y adolescentes, que deban cumplir el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", se mantendrá, con los alcances y limitaciones establecidos en el artículo 21 del presente decreto, la facultad de realizar una breve salida de esparcimiento.

Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes se prevé que los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias puedan decidir nuevas excepciones al cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, para personas afectadas a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, con la implementación del protocolo respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada en el artículo 12 es considerada como una unidad a los fines de contabilizar los habitantes que en ella residen, toda vez que se trata de un conglomerado urbano.

Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil contener su expansión, sigue sin autorizarse para las zonas con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes bajo la modalidad ASPO, la disposición de nuevas excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y previo requerimiento del Gobernador o Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.

Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares, se exigirá que las empleadoras o los empleadores garanticen el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. En todos los casos, la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá utilizar el que se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

Que, por lo tanto, bajo la modalidad de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" -ASPO- y en aglomerados urbanos, partidos y departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes -lo que incluye el AMBA-, seguirá siendo el MINISTERIO DE SALUD de la Nación quien determina las condiciones que deben ser exigidas como requisito previo a la habilitación de funcionamiento de determinadas actividades.

Que todo el personal de la Administración Pública Nacional que no se encuentra alcanzado por las excepciones previstas en el presente decreto al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" realizará sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

Que dada la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2 y su impacto en poblaciones vulneradas, las estrategias deben orientarse a la mayor protección de estas personas, al control de brotes en instituciones cerradas, personas que viven en situación de calle, barrios populares y pueblos originarios, extremando las medidas de prevención y cuidado en aquellos grupos con mayores dificultades para acceder a servicios básicos o donde se verifican condiciones de vida con mayor hacinamiento.

Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de distintas áreas del país, se continuará implementando la misma estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.

Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" como para el "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Que las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES remitir al referido MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).

Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.

Que las Autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES se encuentran obligadas a comunicar de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario.

Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones, tomando en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), se puede transitar entre "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder, no depende de plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos.

Que con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente, que se mencionan en el artículo 13 del presente decreto.

Que resulta imprescindible en todo el país, y especialmente en las zonas definidas como de transmisión comunitaria sostenida, aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de signos y síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y el cumplimiento de cuarentena por CATORCE (14) días de sus familias, convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la pandemia.

Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados y sus contactos estrechos, como estrategia imprescindible para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.

Que también se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio como por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.

Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20 y 520/20.

Que el sistema de salud público y privado en las diferentes jurisdicciones continúa incrementando y mejorando sus capacidades organizativas y de recursos para brindar atención adecuada ante la progresiva e incremental demanda de casos en las zonas con transmisión comunitaria.

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.

Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

TÍTULO UNO:
MARCO NORMATIVO

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19.

TÍTULO DOS:
RÉGIMEN APLICABLE PARA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2020

ARTÍCULO 2º.- PRÓRROGA DECRETO N° 520/20: Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, el Decreto N° 520/20 y sus normas complementarias.

TÍTULO TRES:
RÉGIMEN APLICABLE DESDE EL 1° HASTA EL 17 DE JULIO DE 2020 INCLUSIVE
CAPÍTULO UNO:
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 3º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen "transmisión comunitaria" sostenida del virus SARS-CoV-2.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos se aplicará el artículo 11 y concordantes del presente decreto.

La medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el día 1° hasta el día 17 de julio de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 4º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 3°, los siguientes lugares:

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN

. Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, excepto el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén.

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, excepto el de General Roca.

• Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de los TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el artículo 12 del presente decreto.

ARTÍCULO 5º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesta por el artículo 3° del presente, por fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE (14) días.

ARTÍCULO 6º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.

ARTÍCULO 7º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad.

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2.

ARTÍCULO 8º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES. PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 6° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas.

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

ARTÍCULO 9º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 10.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 3° del presente decreto, quedan prohibidas las siguientes actividades:

1. Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas.

2. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes.

3. Cines, teatros, clubes, centros culturales.

4. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 24 del presente.

5. Turismo.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo. Las excepciones deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.

CAPÍTULO DOS:
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

ARTÍCULO 11.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 3° del presente decreto.

ARTÍCULO 12.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 11, los siguientes lugares:

• El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO.

• El Departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO.

. El aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN.

ARTÍCULO 13.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 11, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.

30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20 artículo 2°, inciso 1.

ARTÍCULO 14.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: También quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes:

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2.

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5 y 6.

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo ello en los términos de la Decisión Administración N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7.

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre ubicada en lugares alcanzados por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10.

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (Decisión Administrativa N° 763/20, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes para el resto de las jurisdicciones).

7. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos, en los términos de la Decisión Administrativa N°1056/20.

ARTÍCULO 15.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 13 y 14 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y se encuentren aprobados por este.

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 11 del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.

Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.

Los Gobernadores y Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva.

ARTÍCULO 17.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 11 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el "Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional" establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional.

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo.

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá incorporar al citado Anexo nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria.

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20.

ARTÍCULO 18.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

ARTÍCULO 19.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 11 del presente decreto, las siguientes actividades:

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas.

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 24 de este decreto.

5. Turismo. Apertura de parques y plazas.

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo.

ARTÍCULO 20.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a cumplir con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.

ARTÍCULO 21.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20 y 520/20.

CAPÍTULO TRES:
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

ARTÍCULO 22.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del "Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19" (MIRES COVID-19).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, si un Gobernador o una Gobernadora de Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento se excluya de las disposiciones del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del "aislamiento social, preventivo y obligatorio". El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 11 del presente decreto.

ARTÍCULO 23.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del artículo 3° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 11 y concordantes del presente decreto, que disponen el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 11.

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 3° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 11, la autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", que disponga el cese del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del artículo 3° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional", podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanzados por los artículos 3° y 11 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.

ARTÍCULO 24.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 13 del presente decreto.

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" queda facultado para ampliar o reducir la autorización prevista en el presente artículo.

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 13, exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 3° y concordantes del presente decreto.

ARTÍCULO 25.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de "caso sospechoso" ni la condición de "caso confirmado" de COVID-19 conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias.

ARTÍCULO 26.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación.

ARTÍCULO 27.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 28.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

ARTÍCULO 29.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.

ARTÍCULO 30.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20 y 520/20.

ARTÍCULO 31.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 32.- SUSPENSIÓN DE NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES EN "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO": Suspéndese, desde el 1° de julio hasta el 17 de julio de 2020, la vigencia de toda otra norma que no esté contemplada en los artículos 13 y 14, que autorice excepciones al "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular, en los lugares regidos por el artículo 11 y concordantes del presente decreto.

TÍTULO CUATRO:
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 33.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET: Prorrógase hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20.

ARTÍCULO 34.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.

ARTÍCULO 35.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 29 de junio de 2020.

ARTÍCULO 36.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 37.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Decreto nº 1006/2020 GOB
Fecha: 03.07.2020
Publicado: 03.07.2020

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se estableció un nuevo marco normativo para aquellas zonas en donde no existe circulación comunitaria de SARS-CoV-2, en las cuales regirá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica y que se indican en el artículo 3° y se prorrogó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos;

Que nuestra provincia de Entre Ríos se encuentra comprendida en los alcances del Art. 4º en el que se determinan los lugares donde rige el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio", con los límites previstos en el Art. 5º;

Que por el Art. 6º del decreto citado se determinaron las reglas de conducta generales durante la vigencia del nuevo período de distanciamiento social, debiendo las personas mantener una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional;

Que en el Art. 8º se consignó que solo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 6° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a diez (10) personas;

Que asimismo establece que a los fines de mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a una (1) persona cada dos coma veinticinco (2,25) metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados;

Que en adición, por el referido Art. 8º se facultó a las autoridades provinciales a dictar los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos y a las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus;

Que en esta oportunidad, habiéndose efectuado un análisis científico de la situación sanitaria y epidemiológica por parte de nuestra máxima autoridad sanitaria jurisdiccional "COES" (Comité de Organización de Emergencia de Salud) y en base a lo informado por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, el titular de este Poder Ejecutivo estima propicio autorizar el funcionamiento de los gimnasios en las localidades del territorio provincial, siempre y cuando no tengan casos activos de coronavirus confirmados por el Comité de Organización de Emergencia de Salud y se cumplan con las previsiones contenidas en los Arts. 6º y 8º del DNU Nº 576/20 PEN y en observancia de las recomendaciones establecidas en el presente y por el COES;

Que es intención de este Poder Ejecutivo propender al reinicio progresivo de las prácticas deportivas conforme las propuestas elaboradas por la Secretaría de Deportes, adoptando los recaudos sanitarios, ya que ello genera beneficios saludables tanto en lo físico como en la psiquis de los ciudadanos, máxime en el escenario particular que hoy padece el mundo como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19;

Que el Art. 27º de la Constitución Provincial reconoce al deporte como derecho social, promueve la actividad deportiva para la formación integral de la persona facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización, desarrollo y el acceso a su práctica en igualdad de oportunidades;

Que no obstante ello, en el marco de la situación sanitaria y epidemiológica actual como consecuencia de la pandemia, las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, atento a que se trata de garantizar el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los espacios comunes utilizados para la práctica de la actividad que por el presente decreto se autoriza;

Que los municipios y las comunas ejercen el poder de policía en materia de habilitaciones comerciales, salud pública, seguridad, higiene y bromatología de acuerdo a lo que dispone el Art. 240 Inc. 21 de la Constitución Provincial, lo que las convierte en las instituciones idóneas para concretar el acto de habilitación de nuevas actividades, así como su necesario control en acción coordinada con los gobiernos nacional y provincial;

Que en ese sentido las actividades que por este decreto se autorizan deberán interpretarse con carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso;

Que dichas habilitaciones están condicionadas al cumplimento de los requisitos de índole sanitaria establecidos en los Arts. 6º y 8º del DNU 576/20 y a las normas y recomendaciones emanadas de la autoridad sanitaria provincial y municipal mediante la emisión de normativa específica y a la comunicación constante de la información pertinente;

Que el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) podrá suspender las habilitaciones dispuestas si ello comprometiera la salud pública; Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del DNU 520/20 PEN y por el Art. 174º de la Constitución de la Provincia;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo 1°.- Autorízase la actividad de los gimnasios en el territorio provincial, con excepción de las localidades que registren casos activos de COVID-19 oficializados por el Comité de Organización de Emergencia de Salud provincial (COES).-

Artículo 2º.- Establécese que la autorización prevista en el artículo precedente está supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en los Arts. 6º y 8º del DNU Nº 576/20 PEN, a las del presente decreto y a las normativas del COES aplicables.-

Artículo 3º.- Apruébanse el Protocolo y las Recomendaciones que forman parte del presente, los que deberán ser tenidos en cuenta por las autoridades locales para el desarrollo de la actividad autorizada por el Art. 1º.-

Artículo 4º.- Dispónese que la actividad y los establecimientos que se utilicen como gimnasios deberán contar con la habilitación municipal o comunal, quienes tendrán a su cargo la regulación organizativa, el control y la verificación del cumplimiento del presente acto administrativo conforme lo expresado en los Considerandos.-

Artículo 5º.- Facultase al COES a suspender las habilitaciones conferidas por los municipios o comunas a la actividad, por acto debidamente fundado en razones sanitarias.-

Artículo 6º.- Determinase la vigencia del presente acto administrativo a partir del lunes 6 de julio de 2020.-

Artículo 7º.- El presente decreto será refrendado por las señoras Ministras Secretarias de Estado de Gobierno y Justicia, de Salud y por el señor Ministro Secretario de Estado de Producción.-

Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y archívese. 


PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES PARA HABILITACIÓN DE GIMNASIOS

Este protocolo está basado en documentos elaborados y presentados por Federaciones de Gimnasios y grupos de profesores de Educación Física de las distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, así como de los aportes de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, la Coordinación General del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, y el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de la provincia.
Medidas Generales:
Respecto al distanciamiento.
Promover el distanciamiento social establecido y recomendado por el Ministerio de Salud evitando la concentración de personas. El ingreso de clientes será reducido y dispuesto según el espacio disponible teniendo en cuenta la medida de distanciamiento y el máximo permitido por DNU N° 576/20 PEN en su artículo 8 fijando un máximo de 10 participantes por cada turno.
Se recomienda reducir la ocupación de salas, respetando la distancia mínima de dos metros de separación entre personas al ingreso/egreso y flujo de circulación interno. Para un riguroso cumplimiento de lo antes dicho, se estipula un ingreso limitado de público. Quienes consideren apropiado pueden implementar un sistema de señalización demarcando espacios de atención que mantengan la distancia de 2 metros entre personas.
En cuanto al desarrollo de clases grupales, se obligará a cada responsable del gimnasio a implementar las clases con densidad de ocupación de espacio de una persona cada 5 metros cuadrados.
Implementar Política de acceso y check in: se estima para mayor organización poner a disposición de los clientes un sistema de reserva de turnos con registro previo para asistir al establecimiento. De manera tal de preservar el control de cantidad de clientes en sala o clase. Los datos obligatorios personales que se registren deben estar a disposición de las autoridades sanitarias para las acciones de vigilancia epidemiológica que correspondan.
Diseñar la circulación en el espacio para evitar aglomeraciones y mantener las distancias ideales entre las personas.
Organiza el mobiliario de los espacios comunes de forma tal que exista al menos dos metros de distancia entre sillas, mesas, sillones y cualquier otro dispositivo.
Cada gimnasio debe exhibir cartelería con las principales características de distanciamientos aquí previstas para facilitar el derecho de los clientes a verificar su cumplimiento.
Respecto a desinfección.
Cada espacio de trabajo habrá de contar con esquemas intensificados de limpieza y desinfección permanente de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y los clientes.
Frecuencia de limpieza y desinfección: cada turno de 60 minutos asegurarse la limpieza de lugares de tránsito, superficies de uso continuo y elementos.
Se mantendrá una Ventilación continua de espacios comunes. Si existieran espacios comunes que no cuenten con la ventilación apropiada (natural o mecánica) se recomienda restringir su uso.
Colocar cartelería con indicaciones de: protocolo de seguridad e higiene que sigue el establecimiento, recordatorios preventivos que aplica la OMS y seguimiento de limpieza.
Colocar en espacios visibles un rociador con solución alcohólica sanitizante (alcohol 70%) para que tras el uso de elementos o maquinas, el cliente pueda rociar las superficies y proceder con la desinfección de los materiales usados. Se puede también ofrecer un rociador a cada cliente, lo cual aumenta la efectividad de la medida.
Será responsabilidad del personal y propietarios controlar con rigurosidad que se apliquen las normativas que el establecimiento implemente.
Respecto a la Higiene
Poner a disposición de los clientes alcohol en gel en todos los espacios comunes (se recomienda sea cada 50mts2) y garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado de manos en sanitarios (jabón y toallas de papel).
Pueden incorporarse dispensers con toallas de papel descartables en espacios comunes para evitar el uso de toallas de tela y basureros para el descarte correspondiente.
Incorporar en el acceso al gimnasio una alfombra de hipoclorito diluido para que el cliente pueda higienizar el calzado al ingreso.
Se recomienda no habilitar zona de vestuarios e Implementar un protocolo de limpieza de baños por cada turno.
Otras consideraciones importantes.
Pautar una permanencia máxima en el local de 60 minutos por persona (tiempo considerable para la realización del plan o clase).
De lo antes dicho, verificar cada hora reloj el ingreso del público, utilizando la diferencia de 30 minutos entre turno y turno para realizar tareas de higienización del local y equipos. A su vez, esta pauta organizativa, permitirá una adecuada, ágil y eficiente, organización de la entrada y salida de personas.
Instar a los usuarios a concurrir con sus propios elementos de aseo e hidratación, así como de tapabocas.
Quien estime conveniente puede avanzar en medidas de control y registro de temperatura personal y usuarios al ingreso al establecimiento.
Respecto a las obligaciones de los usuarios.
Se requerirá a los clientes al reingreso una Declaración Jurada en la que exponga su situación: su buen estado de salud, que no viajaron, que no estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior y/o que no estuvieron en contacto con personas infectadas por el COVID-19, y que no presentan síntomas asociados a la infección.
No se permitirá el ingreso de clientes que se nieguen a firmar a Declaración Jurada mencionada en el inciso anterior.
Cada persona ingresará con su botella de agua.
Todas las pertenencias deberán ser llevadas en un equipo de mano. En caso de utilizar el teléfono móvil para acceder a los planes de entrenamiento, llevarlo siempre consigo; evitando apoyarlo en cualquier superficie e higienizándolo permanentemente.
Disponer de un espacio para pertenencias personales, que sea permanentemente desinfectado con alcohol sanitizante 70% entre cada turno.
Respecto al uso de barbijos y guantes en clientes se seguirá las normas recomendadas por el Ministerio de Salud.
Cumplir con las medidas de higiene que se indican para ingresar, permanecer y salir del establecimiento.
De las obligaciones del establecimiento.
El personal será provisto de un equipo básico de protección personal (barbijos, guantes) y promoverá permanentemente el distanciamiento mínimo recomendado.
La provisión de los elementos del personal del gimnasio será realizada por el establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad correspondientes.
Personal de limpieza: Proveer de equipamientos necesario para la realización de su labor minimizando los riesgos por exposición.
Capacitar al personal en tiempo y forma sobre el nuevo protocolo de higiene y seguridad que implementará el establecimiento.
Actividades grupales: respetar el distanciamiento y al finalizar cada clase el personal/colaboradores debe contar con un mínimo 15 minutos para realizar la limpieza y desinfección pertinente
Respecto al alerta sanitario ante caso sospechoso.
Es responsabilidad del establecimiento notificar si alguna persona del staff o cliente presentara síntomas de enfermedad, para poner en consideración la situación y ante las autoridades pertinentes siguiendo el protocolo pertinente para aislar el caso.
Consideraciones Generales. Características de dispersión del virus
Modo de contagio: las investigaciones realizadas hasta el momento indican que las gotículas dispersadas al toser y estornudar precipitan dentro del metro de distancia, salvo que las acarree una corriente de aire o sean expedidas en el transcurso de una actividad física. Dichas gotículas se depositan luego en diversos materiales.
El virus ingresa al cuerpo por las mucosas de ojos, nariz y boca. Las personas que No deben concurrir a nuevos lugares/actividades son aquellas:
Que presenta síntoma compatible con Covid-19: fiebre (37.5 Cº o más) y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia).
Que haya estado en los últimos 14 días en contacto con casos confirmados de COVID-19; o tenga un antecedente de viaje internacional; o tenga un historial de viaje o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de COVID-19.
Que sea considerado caso sospechoso o confirmado de covid19, o contacto estrecho de
Personas sospechosas
También se deben limitar la concurrencia de personas pertenecientes a grupos de riesgo,
Nota: Se comprenden dentro de las actividades de Gimnasios, a todos aquellas que se desarrollan en establecimientos habilitados para tal fin: Sala de musculación, sala de crossfit, entrenamiento funcional, spinning, sala de pilates y/o yoga, clases grupales de gimnasia aeróbica y deportiva.

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Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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