Indice Digesto Municipal

Ordenanza de Trámite Administrativo (8)

Martes, 17 Agosto 2010 21:25

1. Ordenanza nº 8256 Trámite Administrativo

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Trámite Administrativo

Ordenanza nº 8256

(Texto ordenado con la modificación introducida por ordenanza nº 8298, 8326, 8562, 8726 y 9137)

Sancionada:28.12.2000

Promulgada parcialmente:31.01.2001

Promulgación total: 28.08.2001

Publicada: 02.03.2001

CAPÍTULO I - Ambito De Aplicacion Y Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- Todo trámite ante la Administración Pública Municipal y toda la actividad administrativa, deberá ajustarse a las disposiciones de la presente, con excepción de aquellos que se regulen en forma especial por otra ordenanza, en cuyo caso su aplicación será supletoria.

ARTÍCULO 2º.- Toda persona física o jurídica, aún sin estar domiciliada en la ciudad de Paraná, tiene derecho a iniciar trámites administrativos en el seno de la Municipalidad. Ello implica la debida consideración desde el punto de vista formal y del contenido de la petición, y a obtener una resolución concreta en un término razonable.

El presente procedimiento administrativo tiende a: la juridicidad de los actos de la administración, asegurar el derecho de defensa y debido proceso legal de los particulares, la celeridad, sencillez, economía y eficacia de toda tramitación, la aplicación del formalismo moderado en todas aquellas cuestiones no esenciales y subsanables ante la misma administración y el cumplimiento estricto de los plazos y requisitos de ley.

CAPÍTULO II - De La Competencia De Los Organos

ARTÍCULO 3º.- La competencia administrativa es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida por quien la tiene asignada orgánicamente de forma directa y exclusiva, salvo en los casos legítimos de delegación, avocación y sustitución.

ARTÍCULO 4º.- La incompetencia podrá ser declarada en cualquier estado del procedimiento a pedido de parte interesada o de oficio. Los actos viciados de incompetencia son nulos.

ARTÍCULO 5º.- Todos los problemas de competencia en el ámbito del Departamento Ejecutivo, serán resueltos por el Presidente Municipal, a quien deberá considerarse superior jerárquico común a todos los órganos en conflicto.

ARTÍCULO 6º.- Planteado el conflicto de competencia, el órgano en cuestión deberá elevar el expediente dentro de los dos días de producido el mismo, a la Presidencia Municipal. La decisión final de dicha cuestión se adoptará sin otra sustanciación que el dictamen del organismo de asesoramiento legal y si fuera de absoluta necesidad, el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos para producir dictamen, serán de cinco días y para dictar resolución, de diez días.

ARTÍCULO 7º.- Las resoluciones del Presidente Municipal sobre cuestiones de competencia son irrecurribles. Resuelto el conflicto, las actuaciones serán remitidas a quien debe seguir el procedimiento.

En todo trámite administrativo intervendrán las reparticiones u oficinas en el orden que señale la normativa legal vigente o el que indique la naturaleza propia de la cuestión en caso de falta de una previsión especial para el trámite.

ARTÍCULO 8°.- Toda cuestión de competencia suspende la tramitación del asunto principal hasta la resolución definitiva de la Presidencia Municipal.

CAPÍTULO III - Presentación, recepción y tramite.

ARTÍCULO 9°.- Toda petición o escrito que se formule y por el que se inicie un asunto ante la Administración Municipal será presentado en Mesa de Entradas y deberá contener los siguientes requisitos:

a) el nombre y apellido completos de la persona que se presente, el número de matricula individual, el carácter en que lo efectúa y su domicilio real, legal y especial que constituya.

El domicilio especial es el que deberán constituir los interesados en todo expediente, dentro de la planta urbana de la ciudad de Paraná, a los efectos del trámite. A falta de domicilio especial, las notificaciones se realizarán en el domicilio real o legal fijado, siempre y cuando se encuentre dentro de la planta urbana. El domicilio, una vez constituido, se reputará subsistente para todos los efectos legales, mientras los interesados no hayan designado otro, aún cuando hubiera error en su indicación, por no existir el designado o no pertenecer a quien lo constituyó.

b) la firma del que se presenta, y si éste no supiera firmar, podrá hacerle otro a su ruego, ante el jefe de Mesa de Entradas quien exigirá la presentación dedocumentos de identidad, dejando constancia y firmando al pié. No se admitirá a los efectos de suplir la firma la impresión digital en ningún caso en los escritos.

c) los hechos explicados sintéticamente.

d) lo que se peticiona en términos claros y precisos.

ARTÍCULO 10°.- Los escritos recibidos por correo (autorizado oficialmente para funcionar como tal), se considerarán presentados en la fecha de su sello postal, a cuyo efecto se agregará el sobre a las actuaciones iniciadas. En caso de duda, debe estarse a la fecha inserta en el escrito pertinente.

ARTÍCULO 11°.- Cuando sean necesarios al trámite, determinados documentos, éstos deberán presentarse o indicarse en el lugar en que se encuentran. La misma regla se observará cuando en un escrito inicial se mencionen documentos. La no presentación o indicación de los documentos paralizará el trámite hasta que se subsane ese defecto.

ARTÍCULO 12°.- Todo escrito será redactado en idioma nacional, en letra manuscrita legible o a máquina, bajo apercibimiento de no admitir el mismo.

ARTÍCULO 13°.- El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o interés legítimo, siendo éstas consideradas partes legitimadas en el proceso administrativo.

Tendrán también el carácter de parte interesada, aquellos a quienes el acto a dictar les pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubiesen presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente o por citación del organismo interviniente, cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.

La Administración Municipal, considerará las peticiones que se realice por las vías reglamentadas, invocando intereses difusos. Toda gestión deberá tramitarse por el mismo interesado o por terceras personas debidamente autorizadas para ello. Los que representen a sociedades o asociaciones o cualquier persona jurídica presentarán los recaudos que justifiquen su autorización para actuar. Cuando un trámite sea iniciado por un grupo de personas que no tengan intereses encontrados, o gestionen intereses colectivos, se exigirá que uno de ellos asuma la responsabilidad y representación de todos, considerándose válidas las diligencias de notificación que se realicen en el domicilio de la misma.

Las personas que intervengan en representación de otras deberán acreditar la personería que invisten mediante un poder o carta poder con firma autenticada por Escribano Público, autoridad policial, judicial o mediante acta ante el jefe de la Mesa General de Entradas o Escribano Municipal.

Los menores adultos pueden actuar directamente sin necesidad de autorización del padre o tutor, cuando el trámite administrativo resulta de una relación jurídica que vincula directamente a la administración y al menor.

Los profesionales del derecho, que actúen en carácter de patrocinantes o apoderados legales, deberán hacer una mención expresa de su inscripción en la matrícula respectiva del Colegio de Abogados o Procuradores de la Provincia, según el caso, indicando número, tomo y folio.

ARTÍCULO 14°.- Todo documento que se acompañe, expedido por autoridad extraña a la jurisdicción de la provincia, deberá estar debidamente legalizado. Si estuviera en idioma extranjero deberá además, ser traducido por un traductor público matriculado.

CAPÍTULO IV - Formacion Del Expediente

ARTÍCULO 15°.- Admitido el escrito por la Mesa de Entradas, se procederá a formar el expediente respectivo, al cual se irán agregando sucesivamente las peticiones o actuaciones a la que diera lugar la sustanciación del asunto. Al interesado se le entregará como recibo del mismo una tarjeta en la constará el número bajo el cual queda registrado, nombre del solicitante, fecha y objeto de la presentación.

Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excederán de doscientas fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto.

Los expedientes que se realicen como continuación del cuerpo principal tendrán una foliación correlativa y sucesiva con relación al cuerpo anterior. Los que se agreguen “ad effectum videndi” deberán agregarse por cuerda floja sin acumular.

ARTÍCULO 16°.- En el escrito de presentación, la Mesa de Entradas consignará la pié del mismo la identidad de la persona que lo presenta, fecha y hora que lo realiza, con aclaración en cantidad de fojas y documentos que se acompañan. El cargo referenciado precedentemente será firmado por el resentante del escrito quien a su vez, podrá requerir igual exigencia en la copia.

ARTÍCULO 17°.- La Mesa de Entradas no dará curso a ninguna tramitación que no cumpla con las prescripciones de ley y el superior jerárquico con rango no inferior a director, podrá bajo firma rechazar aquellos escritos que no se ajusten a los requisitos de admisibilidad de la presente reglamentación, y que no guarden corrección en su forma y estilo.

En los casos en que se presenten notas simples o pedidos que no requieran estudios o tramitación especial para su respuesta, no se generará expediente alguno.

La Mesa de Entradas identificará de forma distinta estas presentaciones, remitiéndolas dentro de las 24 horas siguientes, a la repartición correspondiente, la que deberá responder en el término de 10 días hábiles.

CAPÍTULO V - Recibo, Foliado, Registro y Movimiento del expediente.

ARTÍCULO 18°.- La Mesa de Entradas deberá registrar todo el movimiento de los expedientes. La mencionada oficina será la única autorizada para dar informes sobre la actualidad del trámite y su movimiento, lo que podrá realizar por intermedio de tarjetas escritas. Siempre la mencionada oficina extenderá a requerimiento del interesado, constancia firmada y sellada del movimiento y trámite del expediente.

ARTÍCULO 19°.- Dentro de los dos días de su recepción, la Mesa de Entradas deberá remitir los expedientes a la repartición que corresponda.

En los casos de duda con respecto a la repartición que debe intervenir por tratarse de un asunto que se relacione con dos o más, se determinará la competencia de la que corresponde, teniendo presente la repartición principal que deba actuar o la que lo haya iniciado.

No se podrá remitir expedientes directamente a dictamen del organismo del asesoramiento legal, el que solo podrá requerirse cuando lo disponga la Presidencia, Secretarías o Subsecretarías.

ARTÍCULO 20°.- Las dependencias de la Administración Municipal diligenciarán en el término de cinco días los expedientes que reciban, contado desde la fecha de su recepción, cuando su despacho consistan en providencia de mérito trámite o simples. Sin perjuicio de lo expuesto, los expedientes que requieran informes técnicos o registrales tendrán un plazo de veinte días para su producción, los que podrán ampliarse por un plazo igual por resolución fundada del Departamento Ejecutivo. Cuando el despacho exceda los términos fijados precedentemente, el órgano moroso hará constar en el informe el motivo de su demora.

ARTÍCULO 21º.- El movimiento de un expediente de una repartición a otra interna, se registrará por hoja de ruta o un sistema que garantice la constancia -en duplicado-del número del mismo, año y cantidad de fojas, fecha de recepción y de remisión , hora e identidad de los agentes intervinientes. Dicha constancia deberá ser remitida en forma inmediata a conocimiento de la Mesa General de Entradas. El movimiento expuesto precedentemente podrá ser informatizado.

Ningún expediente o escrito podrá ser tramitado en forma o modo distinto a lo señalado en la presente norma, siendo responsable, en tal caso, los jefes de aquellas reparticiones que permitan la salida de los mismos de forma irregular y sin practicar las anotaciones de rigor.

ARTÍCULO 22º.- Los expedientes deberán ser foliados de forma sucesiva y correlativa. Los Jefes o Encargados de la Mesa de Entradas no darán salida ni recibirán ningún expediente sin que las fojas estén numerados por orden sucesivo.

ARTÍCULO 23º.- Cuando la Mesa de Entradas reciba un escrito para ser agregado a un expediente ya iniciado, deberá observar que el mismo individualice al expediente principal con la letra, número y año inicial, requisito sin el cual no se podrá recibir el mismo. La Mesa de Entradas al recibir esta clase de escritos accesorios para ser agregados a expedientes anteriores, le dará entrada como antecedente y lo foliará empezando desde el número uno. Glosado el mismo al expediente principal, la oficina receptora se encargará de refoliar todo el expediente en forma correlativa con su original, testando la numeración colocada por la Mesa de Entradas al expediente "antecedente".

Agregándose un antecedente a su original, toda la información que se produzca a posteriori de ésta, deberá acompañarse o producirse en forma sucesiva, a fin de no alterar la numeración de las fojas en su orden cronológico.

ARTÍCULO 24º.- Las fojas separadas deberán ser sustituidas por otras de “desglose” en las que constará con claridad la índole y el detalle de las foja desglosada, el motivo de su retiro, la firma del empleado que lo realizó y sello de la oficina. En ningún caso se podrá alterar la foliación de los expedientes.

ARTÍCULO 25º.- Glosado o agregado un expediente o antecedente al expediente principal solicitante, toda la información que se produzca deberá formularse posteriormente a fin de no alterar el orden cronológico y la numeración correlativa de las fojas.

ARTÍCULO 26º.- La desagregación de antecedentes, no acumulados, se hará por el responsable de la unidad de organización donde se encuentre radicado, dejándose expresa constancia y comunicando tal circunstancia a la Mesa General de Entradas.

ARTÍCULO 27º.- Las distintas reparticiones quedan autorizadas a solicitar en las actuaciones en trámite la agregación de otros expedientes, sólo para el caso que ello sea indispensable y útil a la resolución de la causa, debiendo en cada caso, citar en su pedido de acumulación de forma clara y precisa la identificación que corresponde el expediente cuya agregación solicita.

Para el caso que el expediente solicitado se encuentre en trámite por objeto distinto, la acumulación solicitada será “ad effectum videndi”, cuya consulta y utilización liberará al mismo de la forma más perentoria para que siga su curso, bajo constancia certificada del funcionario solicitante.

De los informes

ARTÍCULO 28º.- Todos los informes o actos escritos producidos en los expedientes por funcionarios o empleados de la administración deberán ser extendidos uno a continuación de otro, siguiendo el orden temporal y correlativo de cómo han sido producidos. Cuando se agregaren escritos u otros documentos, las actuaciones siguientes se extenderán después de ellos. Los espacios que quedaren en blanco serán llenados de tal modo que no sea posible efectuar intercalaciones.

Toda corrección que se introduzca en las actuaciones administrativas, serán salvadas al final del informe o trabajo correspondiente y antes de la firma, dejándose expresa constancia de lo testado, salvado enmendado y de cualquier otra alteración que se practique.

ARTÍCULO 29°.- Los informes se producirán ajustando su desarrollo al siguiente orden:

a) Motivo del asunto.

b) Opinión fundada en lo posible en normas o principios jurídicos y de conveniencia en su caso.

c) Relación prolija y en detalle de todos los antecedentes administrativos que existan sobre el particular y que sirvan como elementos de juicio para resolver la cuestión de que se trata; y

d) Conclusiones resultantes del análisis, que se enumerarán y concretarán.

ARTÍCULO 30°.- Todo funcionario o empleado que suscriba resoluciones, informes, dictámenes, notas o comunicaciones de cualquier naturaleza, y que lo haga a título propio o en representación del órgano, deberá aclarar su firma con un sello en el que conste su nombre y apellido y el cargo que desempeña.

CAPÍTULO VI - Terminos, Dias y Horas Habiles, Vistas y Traslados.

ARTÍCULO 31°.- Los actos, actuaciones y diligencias se tramitarán en días y horas hábiles administrativos y dentro del horario que fije la Administración Municipal. Sin perjuicio de lo expuesto, de oficio, a pedido de parte o por orden judicial podrán habilitarse aquellos que no lo fueren por las autoridades que deben dictarlo o producirlas.

ARTÍCULO 32°.- Los términos se contarán desde el día siguiente de la fecha de las notificaciones y sólo se computarán los días hábiles administrativos.

ARTÍCULO 33°.- Todos los términos son perentorios. La prorrogabilidad de los mismos está sujeta a las excepciones y facultades establecidas en la presente reglamentación.

ARTÍCULO 34°.- Cuando después de cerradas las oficinas administrativas municipales, se desee presentar un escrito, para estar dentro del plazo del término, podrá hacerse su presentación el día siguiente hábil al vencimiento del plazo antes de las diez horas de la mañana, con la constancia o cargo correspondiente.

ARTÍCULO 35°.- La parte interesada o sus representantes legales o patrocinantes letrados, tendrán derecho a conocer y consultar en cualquier momento, el estado de tramitación del expediente, mediante simple petición verbal o escrita, la que se concederá sin necesidad de resolución expresa al efecto.

ARTÍCULO 36°.- La consulta de las actuaciones se hará en todos los casos de modo informal, ante el simple requerimiento de la parte interesada o facultada a tales efectos en la oficina en donde se encuentre el expediente al momento de ser solicitado, en la medida que el mismo no se encuentre a despacho del funcionario proveyente, siendo éste facilitado a sus efectos. El empleado o funcionario proveyente, podrá requerir la acreditación de la identidad de la persona si la misma no le constare, a los efectos del presente artículo de esta reglamentación.

ARTÍCULO 37°.- Las consultas se harán sin limitación de parte alguna en el expediente y se incluirán también los informes técnicos y dictámenes fiscales o letrados que se hayan producido.

ARTÍCULO 38°.- Todo traslado o vista que se corra por impulso procesal de la administración en una actuación, será evacuada en el plazo de cinco días, salvo que se diera o correspondiera un plazo mayor. También podrán ser ampliados por la autoridad proveyente a pedido de parte, cuando así lo estime por equidad o conveniencia para la resolución del asunto.

ARTÍCULO 39°.- Las personas legitimadas, para evacuar la vista o el traslado corrido, podrán examinar los expedientes en Mesa de Entradas, para lo cual la Mesa de Entradas dispondrá las medidas pertinentes a dichos efectos, quedando expresamente prohibido el retiro de los mismos. (=)

ARTÍCULO 40°.- Ningún funcionario o empleado podrá entregar expedientes a personas extrañas o sin representación en la causa que se trate. La comisión de este hecho traerá aparejada las sanciones disciplinarias que correspondieran según la gravedad del mismo y las consecuencias que tal conducta hubiere acarreado a los intereses de las partes o de la causa.

CAPÍTULO VII - Del impulso procesal de las actuaciones Administrativas.

ARTÍCULO 41°.- La impulsión del procedimiento administrativo será de oficio por los órganos de la administración en las causas en que tengan intervención, sin perjuicio de la que puedan darles los interesados intervinientes en la causa que se trate.

ARTÍCULO 42°.- Se exceptúa de la impulsión de oficio, a aquellos trámites en los que medie sólo el interés privado del administrado en el objeto de lo tramitado.

ARTÍCULO 43°.- Será aplicable la caducidad establecida en la presente reglamentación a aquellos trámites no alcanzados por la impulsión de oficio.

ARTÍCULO 44°.- Los expedientes sin resolución administrativa definitiva, cuyo trámite quede paralizado por abandono de la parte interesada por el plazo de noventa (90) días, serán destinados al archivo. El plazo establecido en el presente artículo será computable desde la fecha de la última diligencia en el expediente y dispuesto de oficio por la autoridad proveyente o requerida.

ARTÍCULO 45°.- Sin perjuicio de lo reglamentado en el artículo 50° de la presente, la administración podrá exceptuar de la caducidad a aquellos trámites en los que sin estar comprometido el interés público, por las especiales circunstancias del objeto tramitado deben continuar hasta resolución definitiva.

ARTÍCULO 46°.- Notificada la caducidad al interesado, el expediente se archivará una vez firme el acto declarativo. Sin perjuicio de lo expuesto y de la prescripción del derecho de fondo del accionante, éste podrá deducir las mismas pretensiones en nuevas actuaciones administrativas, haciendo valer las pruebas ya producidas en el expediente archivado, para lo cual deberá cumplir con los requisitos de presentación que establece esta reglamentación.

ARTÍCULO 47°.- Los asuntos resueltos con carácter definitivo y cuya resolución esté firme, no podrán ser reconsiderados por nuevas gestiones, excepto las que solicitaren testimonios, copias, certificados o desglose de documentales. No obstante lo expuesto, si la autoridad lo considera útil a la causa, se podrá ordenar la acumulación de un expediente archivado a las actuaciones en trámite.

ARTÍCULO 48°.- La Mesa de Entradas y las reparticiones correspondientes sólo expedirán copias o testimonios de actos o piezas de expedientes debidamente certificadas, a pedido expreso y escrito de la parte interesada.

CAPÍTULO VIII - Falta De Decoro

ARTÍCULO 49°.-La autoridad proveyente podrá ordenar la tacha o rectificación de aquellas expresiones que se reputen agraviantes por su contenido o naturaleza para el funcionario o terceros en escritos o informes presentados o producidos en actuaciones administrativas. En caso de ratificación o reincidencia ante la tacha observada, la autoridad podrá apercibir al causante con el archivo del escrito en cuestión, sea éste un particular o un funcionario. En el caso del funcionario o agente público se podrá además promover su corrección disciplinaria administrativa.


TÍTULO II

CAPÍTULO 1 - De las resoluciones y actos administrativos.

ARTÍCULO 50°.-Toda resolución administrativa, sea ésta de carácter interlocutoria o definitiva, que resuelva una petición deberá exponer las razones legales y de mérito, oportunidad o conveniencia en que se fundamente. La falta de causa, motivación, forma, competencia, objeto o voluntad del acto producirá la anulabilidad del mismo. Las resoluciones de mero trámite no requieren ser fundadas. Ni el Departamento Ejecutivo ni su subrogante legal u órganos dependientes podrán dejar de resolver las peticiones que se pongan a su consideración de forma simple o recursiva. En caso de vencimiento del plazo previsto para cada órgano de la

administración municipal en los supuestos contemplados por esta reglamentación, sin que se hayan expedido o resuelto las peticiones o formulaciones puestas a su consideración, la parte interesada podrá dar por denegada la misma en forma automática y sin requerimiento alguno, quedando expedita la pertinente vía recursiva.

ARTÍCULO 51°.- Las autoridades administrativas jerárquicas podrán tomar todas las diligencias que sean necesarias para evitar que el trámite sea perturbado en cualquier forma, o dictar medidas de mejor proveer a los efectos de motivar debidamente los actos administrativos de sus despachos o garantizar el debido proceso legal o de defensa.

ARTÍCULO 52°.- El acto administrativo municipal, goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración Municipal, a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial-e impide que los recursos que interpongan las partes interesadas, suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración Municipal podrá de oficio o a pedido de la parte interesada y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

ARTÍCULO 53°.- El acto administrativo municipal afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante declaración judicial de nulidad.

ARTÍCULO 54°.-El acto administrativo municipal regular de alcance particular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa, una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa, si la parte interesada hubiera conocido el vicio; si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros; y si el derecho se hubiese otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. (x) (1)

ARTÍCULO 55°.- En caso que el vicio sea de tal gravedad que tome al acto lesivo a la juridicidad y por ende nulo, el mismo deberá ser revocado con efecto retroactivo.

ARTÍCULO 56°.-Los actos revocados por razones de mérito, oportunidad o conveniencia o por imperio del dictado de una ordenanza posterior, tendrán efectos constitutivos y hacia el futuro.


TÍTULO III

CAPÍTULO I -NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES

ARTÍCULO 57°.-Todas las resoluciones administrativas de alcance particular, tendrán eficacia desde su notificación.

ARTÍCULO 58°.-Deberán ser notificadas a la parte interesada:

a) Los actos o resoluciones administrativas de alcance individual que tengan carácter definitivo, y las que sin serlo, obsten a la prosecución del trámite.

b) Los actos que resuelvan alguna incidencia planteada en el expediente.

c) Los actos que afecten o reconozcan derechos subjetivos o intereses legítimos.

d) Los que dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados, y todo aquello que dispusiere la autoridad proveyente de acuerdo a su naturaleza, efectos e importancia.

ARTÍCULO 59°.-Todas las resoluciones administrativas que no deban ser notificadas por edictos, correo, personalmente o por cédula se notificarán por nota en el expediente, salvo que se disponga lo contrario por la autoridad proveyente. Se considerarán días de nota en toda la administración municipal los martes y viernes o el día siguiente hábil si alguno de ellos fuera inhábil No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrara en la Mesa de Entradas. En tal caso se confeccionará constancia escrita la que le será entregada a la parte interesada.

ARTÍCULO 60°.-Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas que deban ser notificadas por edictos, correo o por cédula, deberán contener el texto íntegro de su parte resolutiva, con la expresión de la carátula y número de expediente correspondiente. Nada obsta a que se transcriba la totalidad del acto a notificar, si así se dispusiera.

ARTÍCULO 61°.- Se notificarán personalmente o por cédula (u otro medio cuando fuere imposible practicarlas de esa forma) las siguientes resoluciones:

a) Aquella que ordene o invite a un tercero a intervenir en el trámite, ya sea como parte, testigo u otra calidad.

b) Aquella que fijen términos o audiencia de pruebas.

c) Las que decidan la cuestión principal o algún incidente planteado en el expediente.

d) Las que así lo ordene la autoridad administrativa para mejor defensa de los derechos de la administración Pública o de los particulares.

e) Las que declaren, constituyan, nieguen algún derecho subjetivo o interés legítimo.

f) Las que hagan nacer, modifiquen o extingan relaciones jurídicas con particulares.

ARTÍCULO 62°.- Las notificaciones personales son las que se producen por un conocimiento directo, que en el expediente toma la parte destinataria del acto que se interesa notificar. A tal efecto, se dejará constancia de la notificación en el expediente, la que será firmada por el notificado. Las notificaciones en el domicilio fijado por la parte a notificar se harán mediante cédula por el agente notificador, carta certificada sin cubierta con aviso de retorno, por telegrama colasionado con aviso de entrega o carta documento con aviso de retorno. Las notificaciones mediante el servicio de correo, serán utilizadas en aquellos casos en que la urgencia del trámite así lo exija.

ARTÍCULO 63°.-Si la notificación se hiciera mediante cédula, la misma se confeccionará conforme las indicaciones establecidas en la presente y en doble ejemplar. El agente notificador deberá practicar la diligencia dentro de los cinco días de recibida la cédula a tramitar.

Uno de los ejemplares de la cédula, que firmará y fechará, lo entregará a la persona a la cual debe notificar o, en su defecto, a cualquiera de la casa. En el ejemplar que queda para constancia del expediente se deberá consignar en el acto de notificación día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma de la persona que recibió la misma. Asimismo, si se negara a firmar deberá aclarar tal circunstancia.

ARTÍCULO 64°.-Cuando el empleado no encontrare la persona a la cual va a notificar y/o ninguna de las otras personas de la casa quiera recibirla, la fijará en la puerta de la misma, dejando constancia de dicha circunstancia en la copia destinada a ser devuelta al expediente.

ARTÍCULO 65°.-Toda diligencia de notificación deberá llevar la firma aclarada del empleado notificador, bajo sanción de nulidad de la misma.

ARTÍCULO 66°.-Cuando la notificación se realice por medio de telegrama simple, copia certificada o por carta documento se agregará al expediente la correspondiente copia juntamente con el recibo de entrega emitidos por la empresa de correo utilizada al efecto.

ARTÍCULO 67°.- Las notificaciones por edicto se efectuarán en los casos en que así se disponga y solo para cuando se trate hacer saber resoluciones de carácter general o a personas cuyos nombres o domicilios se desconocen, hecho del que se dejará constancia en el expediente después de referir las diligencias practicadas al efecto. También se harán las notificaciones por edictos cuando una ley, ordenanza o decreto así lo disponga.

ARTÍCULO 68°.-La publicación de los edictos se hará por tres días en el Boletín Oficial y por un día en un diario de la localidad de Paraná, consignándose el número de expediente, carátula, nombre, y apellido de la persona o personas a quienes se notifique y una síntesis de la resolución, debiendo agregarse al expediente un ejemplar del diario y boletín donde se haya efectuado la publicación. La notificación por edicto producirá efectos a partir del día siguiente de la última publicación.

ARTÍCULO 69°.-Las reparticiones y empleados de la Administración Municipal, se darán por notificados de las resoluciones de carácter individual recaídas en los trámites administrativos, en la misma forma que la prevista para los particulares considerados parte interesadas, autorizadas para intervenir en los expedientes.

ARTÍCULO 70°.-Según los medios que se utilicen, las notificaciones se considerarán realizadas, a saber:

a) por cédula: el día consignado en la copia agregada al expediente.

b) por carta documento: el día consignado en el “aviso de recibo”.

c) por telegrama colacionado: el día consignado en el “aviso de entrega”.

d) personalmente o por nota: el día que se realice.

e) por edicto: el último día de su publicación.

ARTÍCULO 71°.-El aviso de retorno, aviso de entrega, ejemplar del Boletín Oficial o ejemplar del diario de circulación en Paraná, serán agregados a las actuaciones a continuación de la cédula, telegrama o edicto, y llevarán el mismo número de folio con el agregado de la sigla “bis”. En caso de duda por cualquier circunstancia de la fecha de notificación, se estará a lo que resulte más favorable al administrado.

ARTÍCULO 72°.-Siempre que resulte del expediente o del libro de asistencia o préstamo, que la parte interesada o recurrente a tenido conocimiento de la providencia o resolución, la notificación surgirá efectos desde entonces como si estuviera legítimamente hecha.

ARTÍCULO 73°.- Toda notificación que se hiciere en contravención de las disposiciones de la presente reglamentación, será nula y el empleado notificador responsable de los daños y perjuicios que se cause a las partes.


TÍTULO IV

CAPÍTULO I -DE LAS FORMALIDADES Y ACTOS IMPUGNABLES

ARTÍCULO 74°.-Toda resolución administrativa que produce efectos jurídicos individuales o colectivos, sea de mero trámite o definitiva, es impugnable mediante los medios recursivos establecidos en el presente título, no sólo para la defensa de los derechos subjetivos o intereses legítimos, sino a los efectos de una plena juridicidad de los actos de la administración.

ARTÍCULO 75°.-Todos los recursos serán fundados por escrito, observándose las formalidades establecidas para cada uno de ellos y las que se establecen en el título I, capítulo III, de esta ordenanza. Sin perjuicio de lo expuesto, la falta o errónea denominación de un recurso no invalidará el mismo si de éste se deduce la indudable impugnación del acto respectivo.

ARTÍCULO 76°.-En todas las instancias administrativas, cuando venciere el plazo para que una autoridad se expida respecto de la resolución de algún recurso o escrito puesto a su examen, se podrá considerar denegado el mismo a todos los efectos normativos o dispuestos por ordenanza y sin perjuicio de las caducidades y los recursos respectivos, a los efectos de acceder a otras instancias que agoten la vía administrativa.

ARTÍCULO 77°.-En cualquier instancia administrativa, el órgano interviniente podrá de oficio o a pedido de parte interesada disponer la producción de prueba cuando se estimare que faltan elementos en la causa para resolver la cuestión principal. Para tal fin se establecerá un plazo de prueba que no superará los treinta días.

ARTÍCULO 78°.-Al resolverse un recurso de carácter administrativo, el órgano competente se limitará a desestimar el mismo, ratificando o confirmando el acto impugnado. En cambio si media aceptación parcial o total del recurso, deberá revocar, modificar o sustituir el acto en su parte pertinente o en su totalidad, si correspondiere.

ARTÍCULO 79°.-Ningún informe preparatorio o dictamen técnico o legal podrá ser objeto de impugnación por parte de los particulares, aún cuando estos fueran vinculantes y obligatorios al nacimiento del acto.

ARTÍCULO 80°.-Será aplicable supletoriamente el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia para resolver cuestiones no previstas en esta norma y en la medida que no fueren incompatible con la naturaleza y régimen del presente reglamento.

CAPÍTULO II -DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECURSO DE ACLARATORIA

ARTÍCULO 81°.- El recurso de aclaratoria se interpondrá para corregir en una resolución administrativa cualquier error material o para aclarar un concepto oscuro, o suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre algunas de las peticiones o cuestiones planteadas en el expediente o escrito, sin que ello importe una modificación esencial de lo decidido en el acto.

ARTÍCULO 82º.-La aclaratoria deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto, dentro de los cinco días de la notificación del mismo y será resuelto en diez días, produciéndose la suspensión de los plazos para plantear otros recursos que pudieran corresponder.

Los plazos se reanudarán una vez notificado personalmente o por cédula o medio fehaciente lo resuelto por el órgano recurrido por aclaratoria, a los efectos de los recursos pertinentes.

DEL RECURSO DE APELACION JERARQUICA

ARTÍCULO 83º.- El recurso de apelación jerárquica procederá contra todo acto definitivo o de mero trámite que impide totalmente la continuación de la causa, sea cual fuere la jerarquía del órgano que lo dictó, con el objeto que el mismo sea revocado o modificado por lesionar derechos subjetivos o intereses legítimos de los recurrentes al transgredir normas legales vigentes. Interpuesto el presente recurso, el órgano que ha dictado el acto recurrido pierde competencia, sin perjuicio de la facultad que le asiste en la ejecutabilidad del mismo si los efectos de éste no han sido suspendidos.

ARTÍCULO 84º.-La apelación jerárquica deberá interponerse ante el Presidente Municipal dentro del término de cinco días de notificado el acto susceptible de ser impugnado por esta vía. Deberá ser fundado en el mismo escrito de interposición.

ARTÍCULO 85º.-Presentado el recurso, el Presidente Municipal ordenará la remisión del expediente donde se dictó el acto recurrido, dentro de los dos días, para ser agregado al recurso, sin perjuicio de las medidas de mejor proveer o de las pruebas a producir que establezca a pedido de parte interesas o de oficio, como así también de las vistas que correspondan.

ARTÍCULO 86º.- Concluido el procedimiento establecido en el artículo anterior, la causa quedará a despacho para su resolución definitiva dentro del plazo de veinte días. Sin perjuicio de lo expuesto, vencido los veinte días desde la interposición del presente recurso sin que se resolviera la pretensión, el mismo se podrá tener por denegado, a los efectos de continuar la vía administrativa por donde corresponda.

ARTÍCULO 87°.-El decreto o resolución final mediante el cual se resuelva el recurso, será refrendado por uno de los Secretarios.

ARTÍCULO 88°.-(/)

ARTÍCULO 89°.-(/)

ARTÍCULO 90°.-(/)

ARTÍCULO 91°.- (/)

ARTÍCULO 92°.-(/)

ARTÍCULO 93°.-(/)

ARTÍCULO 94°(/)

ARTÍCULO 95°.-(/).

ARTÍCULO 97º.-(/)

ARTÍCULO 98º.-(/)

RECURSO DE GRACIA

ARTÍCULO 99º.-El recurso de gracia procede ante el Departamento Ejecutivo Municipal, cuando habiéndose dictado un acto administrativo, el cual en relación al administrado se encuentre firme y consentido, se desee obtener su modificación o revocación, fundándose en razones de equidad o justicia social.

ARTÍCULO 100º.-Este recurso podrá interponerse en cualquier tiempo después que el acto cause estado y deberá resolverse dentro de los treinta días de su presentación.

RECURSO DE REVISION

ARTÍCULO 101°.-El recurso de revisión procederá cuando una decisión del Departamento Ejecutivo de carácter definitivo, hubiere sido dictada teniendo como fundamento un documento que después se ha declarado falso por sentencia firma, o cuando se hallasen documentos decisivos, ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de un tercero.

ARTÍCULO 102°.-El recurso de revisión puede interponerse en cualquier tiempo y siempre deberá hacerse ante el Departamento Ejecutivo Municipal, quien tendrá sesenta días para resolver a partir de su interposición. Deberá ser fundado y por escrito.

ARTÍCULO 103°.-Este recurso procede aún cuando la anterior resolución hubiere dado lugar al procedimiento contencioso administrativo por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, debiendo estarse a la competencia de ese máximo tribunal y a las normas que establece para ese tipo de recurso el Código Procesal Administrativo.

ARTÍCULO 104°.-Derógase la ordenanza n°4152. No obstante lo cual, sus disposiciones seguirán siendo aplicables hasta el comienzo de vigencia de la presente ordenanza, en la forma prevista en el artículo 105°.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 105°.- Las disposiciones de esta ordenanza entrarán en vigor a los treinta días de su publicación y serán aplicables a todos los trámites que se iniciaren a partir de entonces.

Se aplicarán también a procedimientos pendientes, con excepción de los actos, licencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezando su curso, los cuales se regirán por las disposiciones hasta entonces aplicables.

ARTÍCULO 106°.-Las normas sobre apelaciones se aplicarán sólo aquellos recursos que, al momento de regir la presente, no hubieses sido interpuestos.

ARTÍCULO 107°.-Las disposiciones sobre caducidad de instancia, entrarán en vigencia en la oportunidad establecida en el artículo 105°. Sin embargo, no serán aplicables aún cuando a esa fecha hubiese transcurrido el plazo del artículo 44°, si los interesados impulsaren el procedimiento dentro de los treinta días siguientes a esa fecha.

ARTÍCULO 108°.-El trámite de los recursos de apelación que se interpongan ante el Honorable Concejo Deliberante, contra las sentencias de la Justicia de Faltas, se regirá por las normas de la presente aplicables al recurso de apelación y nulidad.(1)

ARTÍCULO 109°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, para que en los primeros ciento ochenta días de vigencia de esta ordenanza, pueda prorrogar por decreto especialmente dictado al efecto y para cada caso, los plazos en los que deberá expedirse cada repartición. En tales situaciones, los plazos prorrogados nunca podrán superar a un equivalente al término ordinario otorgado en la presente norma.

(x) Texto según ordenanza nº 8298

(=) Texto según ordenanza nº 8562

(/) Artículos derogados por ordenanza nº 9137 

 


(1) Por Ordenanza nº 9137 se derogó el apartado "Recursos de Apelación y Nulidad" de esta Ordenanza.

 

1.3.5. Ordenanza nº 6588

Sancionada: 20.01.1983

Promulgada: 28.01.1983

Publicada: 17.02.1983

ARTÍCULO 1º.-Facúltase al Departamento Ejecutivo a declarar de interés municipal inmuebles de propiedad del estado nacional, provincial, de entidades públicas, de bien público o privado y de particulares, ubicados en jurisdicción territorial del municipio, bajo el régimen establecido en esta ordenanza. (1)

ARTÍCULO 2º.-La declaración la debe efectuar el Departamento Ejecutivo en cada caso y tendrá los siguientes alcances y efectos:

1-Debe fundamentarse en causas o por razones de índole histórico, arquitectónico, culturales.

2-Se debe efectuar previo acuerdo con el titular del dominio del inmueble con quien se deben convenir, teniendo en cuenta las causas por las cuales se declara de interés, las siguientes cuestiones:

2.1. El destino del bien, su utilización o su mantenimiento en determinadas condiciones, sin modificaciones, por el término de 10 años como mínimo.

2.2. La realización de refacciones, reparaciones, ornamentaciones o trabajos de conservación o su equipamiento, por cuenta de o con el aporte de la Municipalidad.

2.3. Exención de la tasa general inmobiliaria y contribución de mejoras del inmueble por el término del beneficio que se conceda.

ARTÍCULO 3º.-Los gastos que demande el cumplimiento de esta ordenanza se imputarán, en el ejercicio 1982, a las partidas:

1-Cuando se efectúan suministros de bienes o servicios -Sección 02 -Sector 05 -Partida Principal 08 -Partida Parcial 60 -Partida Sub-Parcial 02 -TRABAJOS PUBLICOS -BIENES DE CONSUMO.

2-Cuando corresponda efectuar contrataciones previa incorporación al Plan de Trabajos Públicos, a Sección 02 -Sector 05 -partida Principal 08 -partida Parcial 60 Partida Sub-Parcial 05 -TRABAJOS PUBLICOS -OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS.

En los presupuestos de gastos de años venideros se debe incluir una partida especial para imputar las erogaciones que se efectúen en virtud de lo dispuesto en la ordenanza.


(1) Esta ordenanza fue reglamentada por decreto nº 749/83 que obra en este Digesto Municipal.

 

1.3.5.1. Decreto nº749/83

(Texto ordenado con la modificación introducida por decreto nº208/84)

Fecha: 08.09.1983

 

ARTÍCULO 1º.-Reglaméntase la ordenanza nº6588, conforme a lo que se establece en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2º.- En cada caso en que se gestione la declaración de interés municipal de un inmueble determinado, se debe formar un expediente.

ARTÍCULO 3º.-La respectiva gestión se puede promover por: 1) decisión del Departamento Ejecutivo; 2) por pedido de una repartición municipal o de la comisión que se crea por el artículo 7º; 3) por solicitud expresa de un organismo del estado nacional, provincial, de entidades públicas o privadas o de particulares.

En los casos previstos en los incisos 2 y 3 se deben indicar con precisión los antecedentes y las causas y razones por las cuales se considera que el bien es de interés municipal.

ARTÍCULO 4º.- Previo a la consideración por el Departamento Ejecutivo del caso planteado en cada expediente, debe seguirse el siguiente trámite:

1-Deben intervenir en el expediente, dando su opinión concreta, los organismos de la Administración Municipal que tengan incumbencia en el tema y posteriormente la comisión que se crea en el artículo 7º, sobre:

1.1. Causas y razones que justifican la declaración.

1.2. Las cuestiones contempladas en los subincisos 2.1., 2.2. y 2.3. de la ordenanza.

2-En caso de no haberse presentado antes la conformidad del propietario del inmueble, debe requerirse la misma.

ARTÍCULO 5º.- Después de haberse producido esos trámites el Departamento Ejecutivo dictará resolución haciendo lugar a la gestión o no. En caso afirmativo debe disponerse la elaboración del convenio previsto en el inciso 2 del artículo 2º de la ordenanza, por intermedio del Registro Notarial Municipal y con participación de Fiscalía Municipal.

ARTÍCULO 6º.-Dentro de los diez días de formalizado el convenio el Departamento Ejecutivo dictará el decreto declarando el inmueble de interés municipal y determinando los alcances y efectos conforme a lo determinado en el inciso 2, artículo 2º de la ordenanza.

ARTÍCULO 7º.-Créase una Comisión Asesora del Departamento Ejecutivo que se integrará de la siguiente manera:

-Un representante del Departamento Ejecutivo -Un representante del Museo Histórico "Martiniano Leguizamón".

-Un representante de la dirección provincial de Cultura

-Un representante del Colegio de Ingenieros y

-El director de Cultura y Educación de la Municipalidad de Paraná.

Esta comisión tiene la función de asesorar al Departamento Ejecutivo en cada caso a cuyo efecto se le debe dar la intervención prevista en el artículo 4º, inciso 1) de este decreto y dictarán su reglamento interno. (/)

ARTÍCULO 8º.-La dirección de Catastro de la Municipalidad realizará y tendrá a su cargo un registro de los bienes inmuebles que sean declarados de interés municipal conforme el régimen establecido en la ordenanza nº6588.

(/) Texto según decreto nº208/84

 

Miércoles, 18 Agosto 2010 14:35

3.2. Resolución nº78/72 Desarchivo de Actuaciones

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3.2. Desarchivo de Actuaciones

Resolución nº78/72

Fecha: 19.05.1972

1°.-Autorizar al titular del Archivo de la Municipalidad para que a pedido de las direcciones o jefaturas de departamento dependientes de secretarías u organismos y reparticiones con dependencia directa de la Intendencia, desarchive actuaciones y ponga en trámite las mismas

 

Miércoles, 18 Agosto 2010 14:54

3.24. Circular nº 4/2001

Digitalizado por

3.24. Circular nº 4/2001

Fecha: 11.04.2001

Me dirijo al Señor Secretario remitiéndole adjunto para su conocimiento modelo de hoja de ruta que deberá implementar a partir de la vigencia de la ordenanza de Trámite Administrativo nº8256, articulo 21º.

Solicito a Usted haga conocer el contenido de la presente a las reparticiones dependientes de su área, a los efectos de cumplimentar con eficacia la nueva normativa en materia de trámites administrativos.

De:

Fecha de Recepc.

Exp. nº

Indic.

Ficha

Cat. fojas

Repart.

Firma

.

           

3.39. Ordenanza nº 8756
Sancionada: 22.05.2008
Promulgada automáticamente: 20.06.2008
Publicada: 30.06.2008

ARTÍCULO 1º.- Adhiérase a la ley nacional nº 25506 y sus normas reglamentarias.(1)

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el uso de la tecnología informática de firma digital en el ámbito de la Municipalidad de Paraná, incluidos el Departamento Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante, como así también todo otro organismo dependiente del estado municipal.

ARTÍCULO 3º.-Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal, la implementación gradual de la referida tecnología en el ámbito de la administración pública municipal.


(1) Ley nº 25506

Sancionada: 14.11.2001
Promulgada de Hecho: 11.11.2001
Publicada: 14.12.2001

LEY DE FIRMA DIGITAL

CAPITULO I

Consideraciones generales

ARTICULO 1º — Objeto. Se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley.

ARTICULO 2º — Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.

ARTICULO 3º — Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.

ARTICULO 4º — (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)

ARTICULO 5º — Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.

ARTICULO 6º — Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

ARTICULO 7º — Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.

ARTICULO 8º — Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma.

ARTICULO 9º — Validez. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:

a) Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante;

b) Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente;

c) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado.

ARTICULO 10. — Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la persona titular del certificado.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 11. — Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.

ARTICULO 12. — Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.

CAPITULO II

De los certificados digitales

ARTICULO 13. — Certificado digital. Se entiende por certificado digital al documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su titular.

ARTICULO 14. — Requisitos de validez de los certificados digitales. Los certificados digitales para ser válidos deben:

a) Ser emitidos por un certificador licenciado por el ente licenciante;

b) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente, fijados por la autoridad de aplicación, y contener, como mínimo, los datos que permitan:

1. Identificar indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo emitió, indicando su período de vigencia y los datos que permitan su identificación única;

2. Ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación;

3. Diferenciar claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el certificado;

4. Contemplar la información necesaria para la verificación de la firma;

5. Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido.

ARTICULO 15. — Período de vigencia del certificado digital. A los efectos de esta ley, el certificado digital es válido únicamente dentro del período de vigencia, que comienza en la fecha de inicio y finaliza en su fecha de vencimiento, debiendo ambas ser indicadas en el certificado digital, o su revocación si fuere revocado.

La fecha de vencimiento del certificado digital referido en el párrafo anterior en ningún caso puede ser posterior a la del vencimiento del certificado digital del certificador licenciado que lo emitió.

La Autoridad de Aplicación podrá establecer mayores exigencias respecto de la determinación exacta del momento de emisión, revocación y vencimiento de los certificados digitales.

ARTICULO 16. — Reconocimiento de certificados extranjeros. Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los mismos términos y condiciones exigidos en la ley y sus normas reglamentarias cuando:

a) Reúnan las condiciones que establece la presente ley y la reglamentación correspondiente para los certificados emitidos por certificadores nacionales y se encuentre vigente un acuerdo de reciprocidad firmado por la República Argentina y el país de origen del certificador extranjero, o

b) Tales certificados sean reconocidos por un certificador licenciado en el país, que garantice su validez y vigencia conforme a la presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento deberá ser validado por la autoridad de aplicación.

CAPITULO III

Del certificador licenciado

ARTICULO 17. — Del certificador licenciado. Se entiende por certificador licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.

La actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al sector público se prestará en régimen de competencia. El arancel de los servicios prestados por los certificadores licenciados será establecido libremente por éstos.

ARTICULO 18. — (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)

ARTICULO 19. — Funciones. El certificador licenciado tiene las siguientes funciones:

a) Recibir una solicitud de emisión de certificado digital, firmada digitalmente con los correspondientes datos de verificación de firma digital del solicitante;

b) Emitir certificados digitales de acuerdo a lo establecido en sus políticas de certificación, y a las condiciones que la autoridad de aplicación indique en la reglamentación de la presente ley;

c) Identificar inequívocamente los certificados digitales emitidos;

d) Mantener copia de todos los certificados digitales emitidos, consignando su fecha de emisión y de vencimiento si correspondiere, y de sus correspondientes solicitudes de emisión;

e) Revocar los certificados digitales por él emitidos en los siguientes casos, entre otros que serán determinados por la reglamentación:

1) A solicitud del titular del certificado digital.

2) Si determinara que un certificado digital fue emitido en base a una información falsa, que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación.

3) Si determinara que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguros.

4) Por condiciones especiales definidas en su política de certificación.

5) Por resolución judicial o de la autoridad de aplicación.

f) Informar públicamente el estado de los certificados digitales por él emitidos. Los certificados digitales revocados deben ser incluidos en una lista de certificados revocados indicando fecha y hora de la revocación. La validez y autoría de dicha lista de certificados revocados deben ser garantizadas.

ARTICULO 20. — Licencia. Para obtener una licencia el certificador debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley y tramitar la solicitud respectiva ante el ente licenciante, el que otorgará la licencia previo dictamen legal y técnico que acredite la aptitud para cumplir con sus funciones y obligaciones. Estas licencias son intransferibles.

ARTICULO 21. — Obligaciones. Son obligaciones del certificador licenciado:

a) Informar a quien solicita un certificado con carácter previo a su emisión y utilizando un medio de comunicación las condiciones precisas de utilización del certificado digital, sus características y efectos, la existencia de un sistema de licenciamiento y los procedimientos, forma que garantiza su posible responsabilidad patrimonial y los efectos de la revocación de su propio certificado digital y de la licencia que le otorga el ente licenciante. Esa información deberá estar libremente accesible en lenguaje fácilmente comprensible. La parte pertinente de dicha información estará también disponible para terceros;

b) Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a los datos de creación de firma digital de los titulares de certificados digitales por él emitidos;

c) Mantener el control exclusivo de sus propios datos de creación de firma digital e impedir su divulgación;

d) Operar utilizando un sistema técnicamente confiable de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación;

e) Notificar al solicitante las medidas que está obligado a adoptar para crear firmas digitales seguras y para su verificación confiable, y las obligaciones que asume por el solo hecho de ser titular de un certificado digital;

f) Recabar únicamente aquellos datos personales del titular del certificado digital que sean necesarios para su emisión, quedando el solicitante en libertad de proveer información adicional;

g) Mantener la confidencialidad de toda información que no figure en el certificado digital;

h) Poner a disposición del solicitante de un certificado digital toda la información relativa a su tramitación;

i) Mantener la documentación respaldatoria de los certificados digitales emitidos, por diez (10) años a partir de su fecha de vencimiento o revocación;

j) Incorporar en su política de certificación los efectos de la revocación de su propio certificado digital y/o de la licencia que le otorgara la autoridad de aplicación;

k) Publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, la lista de certificados digitales revocados, las políticas de certificación, la información relevante de los informes de la última auditoría de que hubiera sido objeto, su manual de procedimientos y toda información que determine la autoridad de aplicación;

l) Publicar en el Boletín Oficial aquellos datos que la autoridad de aplicación determine;

m) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas;

n) Informar en las políticas de certificación si los certificados digitales por él emitidos requieren la verificación de la identidad del titular;

o) Verificar, de acuerdo con lo dispuesto en su manual de procedimientos, toda otra información que deba ser objeto de verificación, la que debe figurar en las políticas de certificación y en los certificados digitales;

p) Solicitar inmediatamente al ente licenciante la revocación de su certificado, o informarle la revocación del mismo, cuando existieren indicios de que los datos de creación de firma digital que utiliza hubiesen sido comprometidos o cuando el uso de los procedimientos de aplicación de los datos de verificación de firma digital en él contenidos hayan dejado de ser seguros;

q) Informar inmediatamente al ente licenciante sobre cualquier cambio en los datos relativos a su licencia;

r) Permitir el ingreso de los funcionarios autorizados de la autoridad de aplicación, del ente licenciante o de los auditores a su local operativo, poner a su disposición toda la información necesaria y proveer la asistencia del caso;

s) Emplear personal idóneo que tenga los conocimientos específicos, la experiencia necesaria para proveer los servicios ofrecidos y en particular, competencia en materia de gestión, conocimientos técnicos en el ámbito de la firma digital y experiencia adecuada en los procedimientos de seguridad pertinentes;

t) Someter a aprobación del ente licenciante el manual de procedimientos, el plan de seguridad y el de cese de actividades, así como el detalle de los componentes técnicos a utilizar;

u) Constituir domicilio legal en la República Argentina;

v) Disponer de recursos humanos y tecnológicos suficientes para operar de acuerdo a las exigencias establecidas en la presente ley y su reglamentación;

w) Cumplir con toda otra obligación emergente de su calidad de titular de la licencia adjudicada por el ente licenciante.

ARTICULO 22. — Cese del certificador. El certificador licenciado cesa en tal calidad:

a) Por decisión unilateral comunicada al ente licenciante;

b) Por cancelación de su personería jurídica;

c) Por cancelación de su licencia dispuesta por el ente licenciante.

La autoridad de aplicación determinará los procedimientos de revocación aplicables en estos casos.

ARTICULO 23. — Desconocimiento de la validez de un certificado digital. Un certificado digital no es válido si es utilizado:

a) Para alguna finalidad diferente a los fines para los cuales fue extendido;

b) Para operaciones que superen el valor máximo autorizado cuando corresponda;

c) Una vez revocado.

CAPITULO IV

Del titular de un certificado digital

ARTICULO 24. — Derechos del titular de un certificado digital. El titular de un certificado digital tiene los siguientes derechos:

a) A ser informado por el certificador licenciado, con carácter previo a la emisión del certificado digital, y utilizando un medio de comunicación sobre las condiciones precisas de utilización del certificado digital, sus características y efectos, la existencia de este sistema de licenciamiento y los procedimientos asociados. Esa información deberá darse por escrito en un lenguaje fácilmente comprensible. La parte pertinente de dicha información estará también disponible para terceros;

b) A que el certificador licenciado emplee los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por él, y a ser informado sobre ello;

c) A ser informado, previamente a la emisión del certificado, del precio de los servicios de certificación, incluyendo cargos adicionales y formas de pago;

d) A que el certificador licenciado le informe sobre su domicilio en la República Argentina, y sobre los medios a los que puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos;

e) A que el certificador licenciado proporcione los servicios pactados, y a no recibir publicidad comercial de ningún tipo por intermedio del certificador licenciado.

ARTICULO 25. — Obligaciones del titular del certificado digital. Son obligaciones del titular de un certificado digital:

a) Mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma digital, no compartirlos, e impedir su divulgación;

b) Utilizar un dispositivo de creación de firma digital técnicamente confiable;

c) Solicitar la revocación de su certificado al certificador licenciado ante cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma;

d) Informar sin demora al certificador licenciado el cambio de alguno de los datos contenidos en el certificado digital que hubiera sido objeto de verificación.

CAPITULO V

De la organización institucional

ARTICULO 26. — Infraestructura de Firma Digital. Los certificados digitales regulados por esta ley deben ser emitidos o reconocidos, según lo establecido por el artículo 16, por un certificador licenciado.

ARTICULO 27. — Sistema de auditoría. La autoridad de aplicación diseñará un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el ente licenciante.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)

ARTICULO 28. — (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)

CAPITULO VI

De la autoridad de aplicación

ARTICULO 29. — Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Modernización.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)

ARTICULO 30. — Funciones. La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:

a) Dictar las normas reglamentarias y de aplicación de la presente;

b) Establecer los estándares tecnológicos y operativos de la infraestructura de firma digital; (Inciso sustituido por art. 5° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
c) Determinar los efectos de la revocación de los certificados de los certificadores licenciados o del ente licenciante;

d) Instrumentar acuerdos nacionales e internacionales a fin de otorgar validez jurídica a las firmas digitales creadas sobre la base de certificados emitidos por certificadores de otros países;

e) Determinar las pautas de auditoría, incluyendo los dictámenes tipo que deban emitirse como conclusión de las revisiones;

f) Actualizar los valores monetarios previstos en el régimen de sanciones de la presente ley;

g) Determinar los niveles de licenciamiento;

h) Otorgar o revocar las licencias a los certificadores licenciados y supervisar su actividad, según las exigencias instituidas por la reglamentación;

i) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo referente a la actividad de los certificadores licenciados;

j) Homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales, con ajuste a las normas y procedimientos establecidos por la reglamentación;

k) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley.

ARTICULO 31. — Obligaciones. En su calidad de titular de certificado digital, la autoridad de aplicación tiene las mismas obligaciones que los titulares de certificados y que los certificadores licenciados. En especial y en particular debe:

a) Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio tomar conocimiento o acceder, bajo ninguna circunstancia, a los datos utilizados para generar la firma digital de los certificadores licenciados;

b) Mantener el control exclusivo de los datos utilizados para generar su propia firma digital e impedir su divulgación;

c) Revocar su propio certificado frente al compromiso de la privacidad de los datos de creación de firma digital;

d) Publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos y direcciones de Internet tanto de los certificadores licenciados como los propios y su certificado digital;

e) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los certificadores licenciados que discontinúan sus funciones.

ARTICULO 32. — Arancelamiento. La autoridad de aplicación podrá cobrar un arancel de licenciamiento para cubrir su costo operativo y el de las auditorías realizadas por sí o por terceros contratados a tal efecto.

CAPITULO VII

Del sistema de auditoría

ARTICULO 33. — Sujetos a auditar. El ente licenciante y los certificadores licenciados, deben ser auditados periódicamente, de acuerdo al sistema de auditoría que diseñe y apruebe la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación podrá implementar el sistema de auditoría por sí o por terceros habilitados a tal efecto. Las auditorías deben como mínimo evaluar la confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y, disponibilidad de los datos, así como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de procedimientos y los planes de seguridad y, de contingencia aprobados por el ente licenciante.

ARTICULO 34. — Organismo auditante. La Sindicatura General de la Nación realizará las auditorías previstas en la presente ley.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
CAPITULO VIII

De la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital

ARTICULO 35.— (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)

ARTICULO 36. — (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)

CAPITULO IX

Responsabilidad

ARTICULO 37. — Convenio de partes. La relación entre el certificador licenciado que emita un certificado digital y el titular de ese certificado se rige por el contrato que celebren entre ellos, sin perjuicio de las previsiones de la presente ley, y demás legislación vigente.

ARTICULO 38. — Responsabilidad de los certificadores licenciados ante terceros.

El certificador que emita un certificado digital o lo reconozca en los términos del artículo 16 de la presente ley, es responsable por los daños y perjuicios que provoque, por los incumplimientos a las previsiones de ésta, por los errores u omisiones que presenten los certificados digitales que expida, por no revocarlos, en legal tiempo y forma cuando así correspondiere y por las consecuencias imputables a la inobservancia de procedimientos de certificación exigibles. Corresponderá al prestador del servicio demostrar que actuó con la debida diligencia.

ARTICULO 39. — Limitaciones de responsabilidad. Los certificadores licenciados no son responsables en los siguientes casos:

a) Por los casos que se excluyan taxativamente en las condiciones de emisión y utilización de sus certificados y que no estén expresamente previstos en la ley;

b) Por los daños y perjuicios que resulten del uso no autorizado de un certificado digital, si en las correspondientes condiciones de emisión y utilización de sus certificados constan las restricciones de su utilización;

c) Por eventuales inexactitudes en el certificado que resulten de la información facilitada por el titular que, según lo dispuesto en las normas y en los manuales de procedimientos respectivos, deba ser objeto de verificación, siempre que el certificador pueda demostrar que ha tomado todas las medidas razonables.

CAPITULO X

Sanciones

ARTICULO 40. — Procedimiento. La instrucción sumarial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la presente ley serán realizadas por el ente licenciante. Es aplicable la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus normas reglamentarias.

ARTICULO 41. — Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley para los certificadores licenciados dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;

b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos quinientos mil ($ 500.000);

c) Caducidad de la licencia.

Su gradación según reincidencia y/u oportunidad serán establecidas por la reglamentación.

El pago de la sanción que aplique el ente licenciante no relevará al certificador licenciado de eventuales reclamos por daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de éstos, como consecuencia de la ejecución del contrato que celebren y/o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme al mismo y/o la prestación del servicio.

(Nota Infoleg: por art. 4° de la Resolución N° 213/2017 del Ministerio de Modernización B.O. 11/5/2017 se actualizan los valores monetarios de las multas establecidas en el régimen de sanciones previsto en la presente Ley, fijando el monto de las multas entre CIENTO CINCUENTA Y SIETE Módulos de Contrataciones (157 MC) y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO Módulos de Contrataciones ( 7.865 MC). Vigencia: a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.)

ARTICULO 42. — Apercibimiento. Podrá aplicarse sanción de apercibimiento en los siguientes casos:

a) Emisión de certificados sin contar con la totalidad de los datos requeridos, cuando su omisión no invalidare el certificado;

b) No facilitar los datos requeridos por el ente licenciante en ejercicio de sus funciones;

c) Cualquier otra infracción a la presente ley que no tenga una sanción mayor.

ARTICULO 43. — Multa. Podrá aplicarse sanción de multa en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 21;

b) Si la emisión de certificados se realizare sin cumplimentar las políticas de certificación comprometida y causare perjuicios a los usuarios, signatarios o terceros, o se afectare gravemente la seguridad de los servicios de certificación;

c) Omisión de llevar el registro de los certificados expedidos;

d) Omisión de revocar en forma o tiempo oportuno un certificado cuando así correspondiere;

e) Cualquier impedimento u obstrucción a la realización de inspecciones o auditorías por parte de la autoridad de aplicación y del ente licenciante;

f) Incumplimiento de las normas dictadas por la autoridad de aplicación;

g) Reincidencia en la comisión de infracciones que dieran lugar a la sanción de apercibimiento.

ARTICULO 44. — Caducidad. Podrá aplicarse la sanción de caducidad de la licencia en caso de:

a) No tomar los debidos recaudos de seguridad en los servicios de certificación;

b) Expedición de certificados falsos;

c) Transferencia no autorizada o fraude en la titularidad de la licencia;

d) Reincidencia en la comisión de infracciones que dieran lugar a la sanción de multa;

e) Quiebra del titular.

La sanción de caducidad inhabilita a la titular sancionada y a los integrantes de órganos directivos por el término de 10 años para ser titular de licencias.

ARTICULO 45. — Recurribilidad. Las sanciones aplicadas podrán ser recurridas ante los Tribunales Federales con competencia en lo Contencioso Administrativo correspondientes al domicilio de la entidad, una vez agotada la vía administrativa pertinente.

La interposición de los recursos previstos en este capítulo tendrá efecto devolutivo.

ARTICULO 46. — Jurisdicción. En los conflictos entre particulares y certificadores licenciados es competente la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. En los conflictos en que sea parte un organismo público certificador licenciado, es competente la Justicia en lo Contencioso-administrativo Federal.

CAPITULO XI

Disposiciones Complementarias

ARTICULO 47. — Utilización por el Estado Nacional. El Estado nacional utilizará las tecnologías y previsiones de la presente ley en su ámbito interno y en relación con los administrados de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente en cada uno de sus poderes.

ARTICULO 48. — Implementación. El Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

En un plazo máximo de 5 (cinco) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará la tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley 24.156.

ARTICULO 49. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley en un plazo no mayor a los 180 (ciento ochenta) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

ARTICULO 50. — Invitación. Invítase a las jurisdicciones provinciales a dictar los instrumentos legales pertinentes para adherir a la presente ley.

ARTICULO 51. — Equiparación a los efectos del derecho penal. Incorpórase el siguiente texto como artículo 78 (bis) del Código Penal:

Los términos firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos documento, instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente.

ARTICULO 52. — Autorización al Poder Ejecutivo. Autorízase al Poder Ejecutivo para que por la vía del artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional actualice los contenidos del Anexo de la presente ley a fin de evitar su obsolescencia.

ARTICULO 53. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

                                                                                                                                                                               ANEXO

Información: conocimiento adquirido acerca de algo o alguien.

Procedimiento de verificación: proceso utilizado para determinar la validez de una firma digital. Dicho proceso debe considerar al menos:

a) que dicha firma digital ha sido creada durante el período de validez del certificado digital del firmante;

b) que dicha firma digital ha sido creada utilizando los datos de creación de firma digital correspondientes a los datos de verificación de firma digital indicados en el certificado del firmante;

c) la verificación de la autenticidad y la validez de los certificados involucrados.

Datos de creación de firma digital: datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear su firma digital.

Datos de verificación de firma digital: datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma digital, la integridad del documento digital y la identidad del firmante.

Dispositivo de creación de firma digital: dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite firmar digitalmente.

Dispositivo de verificación de firma digital: dispositivo de hardware o software técnicamente confiable que permite verificar la integridad del documento digital y la identidad del firmante.

Políticas de certificación: reglas en las que se establecen los criterios de emisión y utilización de los certificados digitales.

Técnicamente confiable: cualidad del conjunto de equipos de computación, software, protocolos de comunicación y de seguridad y procedimientos administrativos relacionados que cumplan los siguientes requisitos:

1. Resguardar contra la posibilidad de intrusión y/o uso no autorizado;

2. Asegurar la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto funcionamiento;

3. Ser apto para el desempeño de sus funciones específicas;

4. Cumplir las normas de seguridad apropiadas, acordes a estándares internacionales en la materia;

5. Cumplir con los estándares técnicos y de auditoría que establezca la Autoridad de Aplicación.

Clave criptográfica privada: En un criptosistema asimétrico es aquella que se utiliza para firmar digitalmente.

Clave criptográfica pública: En un criptosistema asimétrico es aquella que se utiliza para verificar una firma digital.

Integridad: Condición que permite verificar que una información no ha sido alterada por medios desconocidos o no autorizados.

Criptosistema asimétrico: Algoritmo que utiliza un par de claves, una clave privada para firmar digitalmente y su correspondiente clave pública para verificar dicha firma digital.

Antecedentes Normativos:

- Artículo 34 sustituido por art. 127 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 30 Inciso b) sustituido por art. 126 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 29 sustituido por art. 125 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 27 sustituido por art. 124 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 10 sustituido por art. 123 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 36 derogado por art. 122 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 35 derogado por art. 122 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 28 derogado por art. 122 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA)

- Artículo 18 derogado por art. 122 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 4° derogado por art. 122 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;

- Artículo 28, (Nota Infoleg: Por art. 8° del Decreto N° 624/2003 B.O. 22/8/2003 se establece que la Comisión creada por el artículo 28 actuará en la órbita de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS)

(1) Reglamentación: 

FIRMA DIGITAL

Decreto 182/2019

Fecha: 11.03.2019

Publicado: 12.03.2019

 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital, que como Anexo IF-2019-13755383-APN-SECMA#JGM, forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Interoperabilidad documental. La interoperabilidad documental prevista en el artículo 7° de la Ley N° 27.446 se instrumentará mediante el módulo Interoperabilidad (IOP) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE administrado por la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3°.- Poderes. Cuando una norma requiera la formalidad de escritura pública para otorgar poderes generales o particulares, para diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, formular peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se considera satisfecho mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, salvo disposición legal en contrario.

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 13 del Decreto N° 1063 del 4 de octubre de 2016, por el siguiente:

"ARTÍCULO 13.- Firmas digitales del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). El Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) permite la firma digital de los documentos electrónicos con las siguientes modalidades:

a) Firma digital remota: se utiliza para para firmar digitalmente todo tipo de documento electrónico incluyendo actos administrativos.

b) Firma digital con dispositivo criptográfico externo: se utiliza para firmar digitalmente todo tipo de documento electrónico incluyendo actos administrativos.

c) Firma digital con certificado del sistema: se utiliza para firmar documentos electrónicos, excepto actos administrativos, como dictámenes, informes, comunicaciones oficiales, etc.

Estas firmas digitales gozan de plena validez en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, asegurando indubitablemente la autoría e integridad del documento electrónico firmado digitalmente."

ARTÍCULO 5°.- Derogaciones. Deróganse los Decretos Nros. 2628/02, 283/03 y 724/06 y los artículos 8°, 9° y 10 del Decreto N° 561/2016.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 12/03/2019 N° 15146/19 v. 12/03/2019
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)
ANEXO

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente reglamentación regula el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.

ARTÍCULO 2°.- Certificación de firmas. La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de firma establecido para la firma ológrafa. ARTÍCULO 3°.- Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, conforme a la legislación vigente en la materia, queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente. Los documentos, registros o datos electrónicos, deberán ser almacenados por los intervinientes o por prestadores de servicios de confianza aceptados por los intervinientes, durante los plazos establecidos en las normas específicas.

La conservación de documentos, registros o datos en formato electrónico deberá garantizar su integridad, accesibilidad y disponibilidad.
CAPÍTULO II

DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL

ARTÍCULO 4°.- Componen la Infraestructura de Firma Digital:

1. La Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA.

2. El Ente Licenciante conformado por la SECRETARA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

3. Los certificadores licenciados, incluyendo sus autoridades certificantes y sus autoridades de registro, según los servicios que presten.

4. Las autoridades de sello de tiempo.

5. Los suscriptores de los certificados.

6. Los terceros usuarios.

7. Los certificadores reconocidos por la Autoridad de Aplicación.

8. El Organismo Auditante establecido en el artículo 34 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria.

9. Los prestadores de servicios de confianza.

ARTÍCULO 5°.- Autoridad Certificante Raíz. La Autoridad Certificante Raíz es la Autoridad Certificante administrada por la SECRETARA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Constituye la única instalación de su tipo y reviste la mayor jerarquía de la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria. Emite certificados digitales a las Autoridades Certificantes de los certificadores licenciados, una vez aprobados los requisitos de licenciamiento.

ARTÍCULO 6°.- Sistema de Auditoría. El Organismo Auditante realizará las siguientes auditorías:

1) Auditoría de inicio: como requisito para el otorgamiento de la licencia.

2) Auditoría de renovación: como requisito para la renovación de la licencia.

3) Auditorías periódicas anuales: a solicitud del Ente Licenciante.

4) Auditorías extraordinarias: a solicitud del Ente Licenciante.

Las auditorías podrán recaer en los certificadores que solicitan licencia, en los certificadores licenciados y en las autoridades de registro. El Ente Licenciante determinará la periodicidad de las auditorías.

ARTÍCULO 7°.- Informe de auditoría. El informe de auditoría evaluará los sistemas utilizados por el certificador de acuerdo con los requerimientos de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, el presente Decreto y las normas complementarias. El Organismo Auditante, previa consulta con el Ente Licenciante, determinará los objetivos de control.

ARTÍCULO 8°.- Deber de confidencialidad. Las personas que integran las entidades que componen la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria, están obligadas a mantener la confidencialidad sobre la información que no sea pública. Dicha obligación subsistirá aun cuando se hayan desvinculado de la entidad o la entidad deje de ser parte de la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.
ARTÍCULO 9°.- Certificados Digitales. Los Certificados Digitales contemplados en el artículo 13 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria son aquellos emitidos por un certificador licenciado y cuya utilización permite disponer de una firma digital amparada por las presunciones de autoría e integridad establecidas en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 25.506 y su modificatoria. Son personales e interoperables.

ARTÍCULO 10.- Validez de los certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados. Los certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados serán válidos para producir los efectos jurídicos que la Ley otorga a la firma electrónica. ARTÍCULO 11.- Revocación de certificados. Se deberán revocar los certificados digitales emitidos en los siguientes casos:

1) A solicitud del titular del certificado digital.

2) Si se determina que un certificado digital fue emitido en base a una información falsa que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de verificación.

3) Si se determina que los procedimientos de emisión y/o verificación han dejado de ser seguros.

4) Por condiciones especiales definidas en las Políticas de Certificación.

5) Por Resolución Judicial o de la Autoridad de Aplicación debidamente fundada.

6) Por fallecimiento del titular.

7) Por declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento del titular.

8) Por declaración judicial de incapacidad del titular.

9) Si se determina que la información contenida en el certificado ha dejado de ser válida.

ARTÍCULO 12.- Obtención de la licencia. Para obtener una licencia, los proveedores de servicios de certificación deberán particularizar las actividades para las cuales requieren la licencia y acreditar por los medios que determine el Ente Licenciante:

1) Documentación que demuestre:

1.1 En el caso de personas jurídicas, su personería.

1.2 En el caso de registro público de contratos, tal condición.

1.3 En el caso de organización pública, la autorización de su máxima autoridad para iniciar el proceso de licenciamiento.

2) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley, este decreto y las normas complementarias.

3) La política única de certificación que respalda la emisión de sus certificados, el Manual de Procedimientos, el Plan de Seguridad, el Plan de Cese de Actividades y el Plan de Contingencia satisfactorios, de acuerdo con las normas reglamentarias.

4) Los seguros de caución en caso de corresponder.

5) Toda aquella información o requerimiento que demande el Ente Licenciante.

ARTÍCULO 13.- Efectos del licenciamiento. El otorgamiento de la licencia no implica que el Ente Licenciante, el Organismo Auditante o cualquier organismo del Estado garanticen la provisión de los servicios de certificación o los productos provistos por el Certificador Licenciado.

ARTÍCULO 14.- Duración de la licencia. Las licencias tendrán un plazo de duración de CINCO (5) años y podrán ser renovadas, previa auditoría que acredite el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas y de procedimientos comprometidas al momento del licenciamiento. Los certificadores licenciados deberán efectuar anualmente una declaración jurada en la cual conste el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley N° 25.506 y su modificatoria, en el presente Decreto y en las normas complementarias, así como los procedimientos detallados en los documentos de licenciamiento.

Los certificadores licenciados serán sometidos a auditorías periódicas anuales de acuerdo a las pautas que determine el Ente Licenciante.

ARTÍCULO 15.- Causales de caducidad de la licencia. El Ente Licenciante podrá disponer de oficio, y en forma preventiva, la caducidad de la licencia en los siguientes casos:

1) Falta de presentación de la declaración jurada anual.

2) Falsedad de los datos contenidos en la declaración jurada anual.

3) Dictamen desfavorable de auditoría basado en causales graves.

4) Informe de la inspección dispuesta por el Ente Licenciante desfavorable basado en causales graves.

5) Cuando el certificador licenciado no permita la realización de auditorías o inspecciones dispuestas por el Ente Licenciante.

ARTÍCULO 16.- Reconocimiento de certificados extranjeros. Facúltase a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a elaborar y firmar acuerdos de reciprocidad con gobiernos de países extranjeros, a fin de otorgar validez, en sus respectivos territorios, a los certificados digitales emitidos por certificadores de ambos países, en tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley N° 25.506, su modificatoria y su reglamentación para los certificados emitidos por certificadores nacionales.

El Ente Licenciante establecerá los procedimientos y demás condiciones para el reconocimiento de certificados emitidos por certificadores de otros países.

ARTÍCULO 17.- Política Única de Certificación. La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS establecerá la Política Única de Certificación de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales vigentes, la que será de cumplimiento obligatorio para todos los certificadores licenciados que integran la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.

La Política Única de Certificación deberá contener al menos la siguiente información:

1) Identificación del certificador licenciado.

2) Política de administración de los certificados y detalles de los servicios arancelados.

3) Obligaciones de la entidad y de los suscriptores de los certificados.

4) Tratamiento de la información suministrada por los suscriptores, y resguardo de la confidencialidad en su caso.

5) Garantías que ofrece para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de sus actividades.

ARTÍCULO 18.- Responsabilidad de los certificadores licenciados. En ningún caso, la responsabilidad que pueda emanar de una certificación efectuada por un certificador licenciado, público o privado, comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado en su calidad de Ente Licenciante de la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.

ARTÍCULO 19.- Recursos de los certificadores licenciados. Para el desarrollo adecuado de las actividades de certificación, el certificador deberá acreditar que cuenta con un equipo de profesionales, infraestructura física, tecnológica y recursos financieros, como así también procedimientos y sistemas de seguridad que permitan:

1) Generar en un ambiente seguro las firmas digitales propias y todos los servicios para los cuales solicite licencia.

2) Cumplir con lo previsto en sus políticas y procedimientos de certificación.

3) Garantizar la confiabilidad de los sistemas de acuerdo con los estándares aprobados por el Ente Licenciante.

4) Expedir certificados que cumplan con:

4.1 Lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria.

4.2 Los estándares tecnológicos aprobados por el Ente Licenciante.

5) Garantizar la existencia de sistemas de seguridad física y lógica que cumplan con las normativas vigentes.

6) Proteger el manejo de la clave privada de la entidad mediante un procedimiento de seguridad que impida el acceso a la misma a personal no autorizado.

7) Registrar las transacciones realizadas, a fin de identificar el autor y el momento de cada una de las operaciones.

8) Utilizar con exclusividad los sistemas que cumplan las funciones de certificación con ese propósito, sin que se les asigne ninguna otra función.

9) Proteger a todos los sistemas utilizados directa o indirectamente en la función de certificación con procedimientos de autenticación y seguridad de alto nivel de protección, que deban ser actualizados de acuerdo a los avances tecnológicos para garantizar la correcta prestación de los servicios de certificación.

10) Garantizar la continuidad de las operaciones mediante un Plan de Contingencia actualizado y aprobado.

11) Disponer de los recursos financieros adecuados al tipo de actividad de certificación que desarrolla, acorde con los niveles de responsabilidad derivados de la misma.

ARTÍCULO 20.- Servicios de Terceros. En los casos en que el certificador licenciado requiera o utilice los servicios de infraestructura tecnológicos prestados por un tercero, deberá prever dentro de su Plan de Contingencia los procedimientos a seguir en caso de interrupción de estos servicios, de modo tal que permita continuar prestando sus servicios de certificación sin ningún perjuicio para los suscriptores. Los contratos entre el certificador licenciado y los proveedores de servicios o infraestructura deberán garantizar la ejecución de los procedimientos contemplados en el Plan de Cese de Actividades aprobado por el Ente Licenciante. El certificador licenciado o en proceso de licenciamiento deberá facilitar al Ente Licenciante toda aquella información obrante en los contratos vinculada a la prestación de servicios de certificación y a la implementación del Plan de Cese de Actividades y el Plan de Contingencia.

Serán objeto de auditoría e inspección también aquellos servicios o infraestructura contratados a terceros, incluyendo los sistemas y medidas de seguridad del prestador contratado.

ARTÍCULO 21.- Obligaciones del certificador licenciado. Además de lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, los certificadores licenciados deberán:

1. Estar domiciliados en la REPÚBLICA ARGENTINA, considerándose que cumplen con este requisito, cuando el establecimiento en el cual desempeñan su actividad en forma permanente, habitual o continuada y sus infraestructuras se encuentren situados en el territorio argentino.

2. Comprobar, por sí o por medio de una Autoridad de Registro que actúe en nombre y por cuenta suya, la identidad y cualquier otro dato de los solicitantes considerado relevante para los procedimientos de verificación de identidad previos a la emisión del certificado digital, según la Política Única de Certificación. La verificación de los datos de identidad debe hacerse de manera presencial, mediante los datos biométricos que determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

3. Abstenerse de generar, exigir, tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia a la clave privada del suscriptor.

4. Mantener a disposición permanente del público su Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos correspondiente.

5. Cumplir cabalmente con la Política Única de Certificación acordada con el titular y con su Manual de Procedimientos.

6. Garantizar la prestación establecida según los niveles definidos en el acuerdo de servicios pactados con sus usuarios, relativo a los servicios para los cuales solicitó el licenciamiento.

7. Informar al solicitante de un certificado digital, en un lenguaje claro y accesible, en idioma nacional, respecto de las características del certificado solicitado, las limitaciones a la responsabilidad, si las hubiere, los precios de los servicios de certificación, uso, administración y otros asociados, incluyendo cargos adicionales y formas de pago, los niveles de servicio a proveer, las obligaciones que el suscriptor asume como usuario del servicio de certificación, su domicilio en la REPÚBLICA ARGENTINA y los medios a los que el suscriptor puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema o presentar sus reclamos.

8. Disponer de un servicio de atención a titulares y terceros, que permita evacuar las consultas y la pronta solicitud de revocación de certificados.

9. Garantizar el acceso permanente, eficiente y gratuito de los titulares y terceros al repositorio de certificados revocados.

10. Mantener actualizados los repositorios de certificados revocados por el período establecido por el Ente Licenciante.

11.Informar al Ente Licenciante de modo inmediato la ocurrencia de cualquier evento que comprometa la correcta prestación del servicio.

12.Respetar el derecho del titular del certificado digital a no recibir publicidad de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento expreso de éste.

13.Publicar en el Boletín Oficial durante UN (1) día, su certificado de clave pública emitido por la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente a la Política Única de Certificación para la cual obtuvo licenciamiento.

14.Cumplir las normas y recaudos establecidos para la protección de datos personales.

15.En los casos de revocación de certificados contemplados en el apartado 3 del inciso e) del artículo 19 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, deberá sustituir en forma gratuita aquel certificado digital que ha dejado de ser seguro por otro que sí cumpla con estos requisitos.

El Ente Licenciante deberá establecer el proceso de reemplazo de certificados en estos casos. En los casos en los que un certificado digital haya dejado de ser seguro por razones atribuibles a su titular, el certificador licenciado no estará obligado a sustituir el certificado digital.

16. Enviar periódicamente al Ente Licenciante informes de estado de operaciones con carácter de declaración jurada.

17.Contar con personal idóneo y confiable, con antecedentes profesionales acordes a la función desempeñada.

18.Responder a los pedidos de informes por parte de un tercero respecto de la validez y alcance de un certificado digital emitido por él.
CAPÍTULO III

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y DEL ENTE LICENCIANTE

ARTÍCULO 22- Funciones. La SECRETARA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá las siguientes funciones:

1) Establecer las condiciones y procedimientos para el otorgamiento y revocación de las licencias.

2) Fijar el procedimiento de instrucción sumarial y la gradación de sanciones previstas en la Ley N° 25.506 y su modificatoria, en virtud de reincidencia y/u oportunidad.

3) Otorgar las licencias habilitantes para acreditar a los certificadores en las condiciones que fijen el presente Decreto y las normas reglamentarias, modificatorias o de aplicación que se dicten en el futuro.

4) Revocar las licencias otorgadas a los Certificadores Licenciados que dejen de cumplir con los requisitos establecidos para su licenciamiento.

5) Disponer la instrucción sumarial, la aplicación de sanciones e inhabilitar en forma temporal o permanente a todo Certificador Licenciado que no respetare o incumpliere los requerimientos y disposiciones de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, el presente Decreto y las normas complementarias.

ARTÍCULO 23.- Regulaciones técnicas. La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá las siguientes funciones:

1) Establecer los estándares tecnológicos y de seguridad aplicables en consonancia con estándares internacionales.

2) Determinar los procedimientos de firma y verificación en consonancia con los estándares tecnológicos definidos conforme el inciso precedente.

3) Fijar las condiciones mínimas de emisión de certificados digitales.

4) Establecer los casos en los cuales deben revocarse los certificados digitales.

5) Determinar los datos considerados públicos contenidos en los certificados digitales.

6) Establecer los mecanismos que garantizarán la validez y autoría de las listas de certificados revocados.

7) Indicar la información que los certificadores licenciados deberán publicar por internet.

8) Indicar la información que los certificadores licenciados deberán publicar en el Boletín Oficial.

9) Determinar los procedimientos mínimos de revocación de certificados digitales, cualquiera que sea la fuente de emisión, y los procedimientos mínimos de conservación de la documentación de respaldo de la operatoria de los certificadores licenciados, en el caso que éstos cesen su actividad.

10) Fijar las modalidades de difusión de los informes de auditoría.

11) Establecer las normas y procedimientos para la homologación de los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales.

12) Estipular los procedimientos aplicables para el reconocimiento de certificados extranjeros.

13) Determinar las condiciones de aplicación de la Ley N° 25.506 y su modificatoria en el Sector Público Nacional.

14) Fijar los contenidos mínimos de las políticas de certificación de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales y las condiciones mínimas que deberán cumplirse en el caso de cese de actividades de un certificador licenciado.

15) Fijar los niveles de licenciamiento.

16) Exigir las garantías y seguros necesarios para prestar el servicio previsto.

17) Determinar las condiciones de prestación de otros servicios de confianza en relación con la firma digital y otros temas cubiertos en la Ley N° 25.506 y su modificatoria.

18) Establecer la regulación exclusiva y excluyente del uso de la firma digital en sistemas y aplicaciones, así como su homologación.

19) Estipular la regulación de la hora oficial en entornos electrónicos.

20) Determinar las normas y los procedimientos técnicos para la generación, comunicación, archivo y conservación del documento digital o electrónico, según lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria.

21) Administrar la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA.

22) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo referente a la actividad de los Certificadores Licenciados.

23) Denegar las solicitudes de licencia a los prestadores de servicios de certificación que no cumplan con los requisitos establecidos para su licenciamiento.

24) Aprobar las políticas de certificación, el manual de procedimiento, el plan de seguridad, el plan de cese de actividades y el plan de contingencia, presentados por los certificadores solicitantes de la licencia o licenciados.

25) Solicitar los informes de auditoría en los casos que correspondiere.

26) Realizar inspecciones a los Certificadores Licenciados por sí o por terceros.

27) Homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales así como las aplicaciones o sistemas informáticos que utilicen firmas digitales.

28) Publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida los datos de contacto y certificados digitales de:

28.1 los Certificadores Licenciados,

28.2 los Certificadores cuyas licencias han sido revocadas,

28.3 la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA,

28.4 el Ente Licenciante.

29) Fijar el concepto y los importes de todo tipo de aranceles, multas y montos de los seguros de caución previstos en la Ley N° 25.506 y su modificatoria y en la presente reglamentación.

30) Solicitar la ampliación o aclaración sobre la documentación presentada por el certificador.

31) Dictar las normas tendientes a asegurar el régimen de libre competencia, equilibrio de participación en el mercado de los prestadores y protección de los usuarios.

32) Recibir, evaluar y resolver los reclamos de los usuarios de certificados digitales relativos a la prestación del servicio por parte de certificadores licenciados.

33) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los Certificadores Licenciados que discontinúan sus funciones;

34) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el trámite conferido a cada una de ellas.

35) Supervisar la ejecución de planes de contingencia de los Certificadores Licenciados.

36) Efectuar las tareas de control del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para determinar si se han tomado las acciones correctivas correspondientes.

37) Renovar las licencias a los Certificadores Licenciados, en el marco de la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.

38) Determinar los recursos tecnológicos que deberán disponer las Autoridades de Registro.

ARTÍCULO 24.- Obligaciones de la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA. En su calidad de titular de certificado digital, la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA tiene las mismas obligaciones que los titulares de certificados y que los Certificadores Licenciados. Debe permitir el acceso público permanente a la nómina actualizada de Certificadores Licenciados con los datos correspondientes.

ARTÍCULO 25.- Aranceles y multas. La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS fijará los montos de:

1) Aranceles de licenciamiento, renovación de la licencia, presentación de nuevas versiones de las políticas, certificaciones y otros trámites de certificadores y prestadores de servicios de confianza.

2) Aranceles de auditorías, inspecciones y gastos conexos.

3) Aranceles que se abonen por la provisión de los siguientes servicios de certificadores del sector público:

3.1. Servicios de certificación digital,

3.2. Servicios de certificación digital de fecha y hora,

3.3. Servicios de almacenamiento seguro de documentos electrónicos,

3.4. Servicios prestados por autoridades de registro,

3.5. Servicios prestados por terceras partes confiables,

3.6. Servicios de certificación de documentos electrónicos firmados digitalmente,

3.7. Otros servicios o actividades relacionados a la firma digital.

4) Aranceles de homologación de dispositivos de creación y verificación de firmas digitales.

5) Aranceles de homologación de aplicaciones o sistemas informáticos que utilizan firma digital.

6) Aranceles de uso de la Plataforma de Firma Digital Remota.

7) Aranceles aplicables a prestadores de servicios de confianza.

8) Montos mínimos de los seguros de caución.

9) Montos de multas.

ARTÍCULO 26.- Aranceles. Las entidades y jurisdicciones que integran el Sector Público están exentas del pago de aranceles de licenciamiento.
CAPÍTULO IV

DE LAS AUTORIDADES DE REGISTRO

ARTÍCULO 27.- Autoridades de Registro. Los certificadores licenciados podrán delegar en Autoridades de Registro las funciones de validación de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados y de registro de las presentaciones y trámites que les sean formuladas, bajo la responsabilidad del Certificador Licenciado, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos por la presente reglamentación.

La presencia física del solicitante ante el Certificador Licenciado o sus autoridades de registro será condición ineludible para el cumplimiento de los trámites necesarios para la emisión del correspondiente certificado digital.

ARTÍCULO 28.- Funciones de las Autoridades de Registro. Las Autoridades de Registro son responsables de las siguientes funciones:

1) La recepción de las solicitudes de emisión de certificados.

2) La validación de la identidad y autenticación de los datos de los titulares de certificados.

3) La validación de otros datos de los titulares de certificados que se presenten ante ella cuya verificación delegue el Certificador Licenciado.

4) La remisión de las solicitudes aprobadas al Certificador Licenciado con la que se encuentre operativamente vinculada.

5) La recepción y validación de las solicitudes de revocación de certificados; y su direccionamiento al Certificador Licenciado con el que se vinculen.

6) La identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de certificados.

7) El archivo y la conservación de toda la documentación respaldatoria del proceso de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el certificador licenciado.

8) El cumplimiento de las normas y recaudos establecidos para la protección de datos personales.

9) El cumplimiento de las disposiciones que establezca la Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos del Certificador Licenciado con el que se encuentre vinculada, en la parte que resulte aplicable.

ARTÍCULO 29.- Roles en las Autoridades de Registro. Las Autoridades de Registro deberán contar con personal idóneo para el cumplimiento de los siguientes roles:

1) Responsable de la Autoridad de Registro: ejercerá el nexo formal de comunicación entre el Responsable de la Autoridad Certificante y la Autoridad de Registro.

2) Oficial de Registro: será el responsable de ejecutar la operatoria principal de la Autoridad de Registro y de cumplir con las obligaciones, funciones y recaudos de seguridad que el Certificador Licenciado le delega.

3) Responsable de Soporte Técnico de Firma Digital: brindará soporte técnico y capacitación sobre las disposiciones de la Política Única de Certificación del Certificador Licenciado.

ARTÍCULO 30.- Cooperación entre Autoridades de Registro. Las Autoridades de Registro vinculadas a un mismo Certificador Licenciado deben operar cooperativamente, de acuerdo con las pautas que determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA podrá autorizar una excepción a solicitud fundada del Certificador Licenciado. Los titulares de certificados podrán solicitar la revocación de su certificado en cualquiera de las Autoridades de Registro del Certificador Licenciado emisor.

ARTÍCULO 31.- Modalidades de las Autoridades de Registro. Las Autoridades de Registro podrán operar en modalidad fija o móvil. Deberán constituir un domicilio y podrán establecer tantas sedes como sea necesario, en la medida que cumplan con los procedimientos y requisitos que fije la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para su autorización.

ARTÍCULO 32.- Responsabilidad del Certificador Licenciado respecto de la Autoridad de Registro. El Certificador Licenciado es responsable con los alcances establecidos en la Ley N° 25.506 y su modificatoria, aún en el caso de que delegue parte de su operatoria en Autoridades de Registro, sin perjuicio del derecho del certificador de reclamar a la Autoridad de Registro las indemnizaciones por los daños y perjuicios que aquél sufriera como consecuencia de los actos y/u omisiones de ésta.

ARTÍCULO 33.- Autoridades de Registro de Certificadores Licenciados del sector público. Los Certificadores Licenciados pertenecientes al sector público podrán constituir Autoridades de Registro en organizaciones del sector privado o entes públicos no estatales, previa autorización de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. A los fines del presente artículo, las Autoridades de Registro del sector privado o de entes públicos no estatales, dependientes de certificadores licenciados del sector público, deberán constituir una garantía mediante un seguro de caución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

ARTÍCULO 34.- Obligados a constituir seguros de caución. Deberán constituir un seguro de caución a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones:

1. Los Certificadores Licenciados pertenecientes al sector privado,

2. Las Autoridades de Registro del sector privado que dependan de Certificadores Licenciados del sector público,

3. Las Autoridades de Registro de entes públicos no estatales que dependan de Certificadores Licenciados del sector público.

ARTÍCULO 35.- Seguros de caución. Las pólizas de seguro de caución deberán reunir los siguientes requisitos básicos:

1) Estar aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA.

2) Ser extendidas a favor de:

2.1 La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en los casos de Certificadores Licenciados,

2.2 De la jurisdicción o entidad de la cual depende el Certificador Licenciado público en el caso de Autoridades de Registro del sector privado o de entes públicos no estatales.

3) Ser sustituidas, a solicitud del Ente Licenciante o del Certificador Licenciado, cuando la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieren requerido.

4) Mantener la vigencia y actualización del seguro de caución mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se pretende cubrir.

5) La garantía exigida deberá ser acreditada por la Autoridad de Registro del sector privado o de entes públicos no estatales ante el Certificador Licenciado público correspondiente, como requisito previo al otorgamiento de la autorización de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para operar como tal, en cualquier modalidad.

6) Los montos mínimos a integrarse en concepto de garantía o seguro de caución, serán fijados por la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
CAPÍTULO V

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CONFIANZA

ARTÍCULO 36.- Servicios de Confianza. Se entiende por Servicio de Confianza al servicio electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a:

1. La conservación de archivos digitales.

2. La custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, contratos electrónicos, y toda otra transacción que las partes decidan confiar a un tercero depositario.

3. La notificación fehaciente de documentos electrónicos.

4. El depósito de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico.

5. La operación de cadenas de bloques para la conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales.

6. Los servicios de autenticación electrónica.

7. Los servicios de identificación digital.

8. Otras prestaciones que determine el Ente Licenciante.

ARTÍCULO 37.- Prestadores de Servicios de Confianza. Podrán brindar servicios de confianza las personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos, entes públicos no estatales, de acuerdo a los procedimientos, estándares y condiciones que determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Extraído Pag. Infoleg 15.03.2019

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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