Indice Digesto Municipal

Olga María Elena Yostar

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Decreto nº 1226/2011
Fecha: 15.06.2011

ARTICULO 1º.- Inclúyase dentro del Anexo VI del Decreto nº 333/10, que determina la estructura orgánica de Presidencia y Secretarías del Departamento Ejecutivo, la Dirección de Gestión Técnica con dependencia directa de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.
ARTICULO 2º.- (1)
ARTICULO 3º.- Refrenda el presente la Sra. Secretaria de Planificación e Infraestructura.
ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y en estado, archívese.

(1) No se transcribe el artículo 2º, en virtud de que el mismo refiere al personal a cargo del área creada.-

Resolución nº 1/2019

LA COMISIÓN ARBITRAL (CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-08-77)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Actualizar el ordenamiento de las resoluciones generales contenido en la Resolución General Nº 1/2018, reemplazándolo por el anexo adjunto que se aprueba por la presente y que se incorpora en la página web de la Comisión Arbitral (www.ca.gov.ar).
ARTÍCULO 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, comuníquese a las jurisdicciones adheridas y archívese.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1/2019 Artículos
TÍTULO I.- Disposiciones comunes. 1 al 11
TÍTULO II.- Régimen General. 12 al 26
TÍTULO III.- Regímenes Especiales. 27 al 44
TÍTULO IV.- Protocolo Adicional. 46 al 53
TÍTULO V.- Sociedades Comerciales. 54 al 58
TÍTULO VI.- Regímenes de Retención y Percepción 59 al 70
TÍTULO VII. – Municipios. 71 al 79
TÍTULO VIII.- Liquidación del impuesto. 80 al 131
TÍTULO IX.- Padrón único de contribuyentes. Identificación. 132 al 155
TÍTULO X.- Organismos y Sistemas de Recaudación. 156 al 183
TÍTULO XI.- Fiscalizaciones. 184 al 185
TÍTULO XII.- Vencimientos. 186 al 194
TÍTULO XIII.- Vigencia del Convenio y Domicilio de los Organismos de aplicación. 195 al 196

Decreto nº 734/2020
Fecha: 08.09.2020
Publicado: 09.09.2020
DCTO-2020-734-APN-PTE - Disposiciones.

VISTO el Expediente N° EX-2020-41971126-APN-CGD#MMGYD, las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y su modificatoria, 26.743, 27.541, el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificatorias), y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 75 inciso 22 otorga rango constitucional a la "CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER" aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual el ESTADO NACIONAL se comprometió a elaborar, por todos los medios apropiados, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y en el año 1996, mediante la Ley N° 24.632, se aprobó la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ".

Que por el inciso b) del artículo 7° de la citada Convención, los Estados Partes se comprometen a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Que la Ley N° 26.485, de PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, establece dentro de sus objetivos promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida; generar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

Que, asimismo, esta Ley garantiza todos los derechos reconocidos por las Convenciones mencionadas, en especial los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones y otros derechos derivados, como así también, a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad.

Que, asimismo, en el artículo 7° se establece entre otros preceptos rectores, que para el cumplimiento de los fines de la Ley, los TRES (3) poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, deberán garantizar, la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Protección Integral.

Que en igual sentido, el artículo 10 de la citada norma compromete al ESTADO NACIONAL a promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres en situación de violencia por motivos de género, debiendo garantizar, entre otras cosas, programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.

Que por su parte, la Ley de Identidad de Género N° 26.743 establece el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su persona conforme a esta.

Que mediante el Decreto N° 7/19 modificatorio de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, ordenado por Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) se creó el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD como respuesta al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.

Que entre los objetivos del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD se encuentra la formulación de políticas de asistencia y atención integral a personas en situación de violencia por motivos de género y la coordinación con otras Jurisdicciones en el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género.

Que en el marco de sus competencias producto de un proceso participativo y federal, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD elaboró el "Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022", contemplando los lineamientos establecidos a través de las leyes referidas, desde una perspectiva multiagencial y transversal, proponiendo un nuevo abordaje integral e interseccional de esas violencias, que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situaciones de violencia por motivo de género.

Que lo expuesto exige adecuar los instrumentos existentes a los nuevos objetivos prioritarios de gobierno.

Que en ese orden de ideas, debe reconocerse que el reparto desigual del trabajo de cuidado no remunerado limita las posibilidades de que las mujeres y el colectivo LGBTI+ puedan tener acceso a empleos remunerados fuera y dentro de sus casas y si lo hubieran obtenido, que Puedan seguir desempeñándolo a lo largo de su desarrollo en igualdad de condiciones.

Que atento a que la violencia de género suele tener un componente de dependencia económica, el ESTADO NACIONAL entiende que debe ser primordial promover la autonomía de las personas en situación de riesgo por violencia por razones de género, resultando imperioso establecer acciones tendientes a crear las condiciones iniciales para la construcción de un proyecto de vida autónomo, a través de asignaciones económicas excepcionales destinadas a disminuir la condición de vulnerabilidad en que dichas personas se encuentran.

Que estas asignaciones económicas serán exclusivas para las situaciones descriptas precedentemente y asimismo, una herramienta más dentro de una estrategia de trabajo a llevar adelante, que contemplará los lineamientos establecidos a través de las Leyes Nros. 26.485 y 26.743.

Que en el entendimiento de que la dependencia económica de las personas en riesgo por violencia de género dificulta la salida de esos contextos, es impostergable que el ESTADO NACIONAL disponga recursos que favorezcan la autonomía de esas personas, en miras a disminuir los casos de violencias extremas.

Que mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, siendo prioritario en este marco, atender a los sectores más vulnerados.

Que es prioritario crear una herramienta destinada a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género, tendiente a la reducción de estos hechos, así como de los femicidios, travesticidios y transfemicidios que ocurren diariamente.

Que en virtud de lo expuesto, resulta imperioso y urgente el desarrollo de políticas públicas tendientes a lograr mayor autonomía de las personas en situación de violencia por motivos de género, que tiendan a reducir no solo estas situaciones de violencia, sino también, la feminización de la pobreza.

Que también se considera impostergable adoptar políticas públicas concretas que permitan crear las condiciones mínimas de autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social a través de la aplicación de recursos económicos, sociales y culturales que les permitan recuperar y fortalecer las relaciones sociales y comunitarias en las que se insertan sus proyectos de vidas, con el objetivo de erradicar aquellas situaciones disvaliosas.

Que en consecuencia, resulta conveniente crear el "PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de un apoyo económico y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, cubriendo los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias en las condiciones y con los requisitos que acrediten la situación de riesgo, vulnerabilidad social y dependencia económica, que se disponen en la presente medida.

Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá prever las adecuaciones presupuestarias pertinentes para el ejercicio en curso.

Que el otorgamiento, la administración y gestión de las prestaciones que resulten de la aplicación del "PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR) estarán a cargo del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, quedando facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación.

Que por su parte, el pago de la prestación económica que resulte de la aplicación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR" estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), quedando facultada para dictar las normas necesarias para la instrumentación del mismo.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio de asesoramiento jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 10 de la Ley N° 26.485.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase el "PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO" (ACOMPAÑAR), en el ámbito del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

ARTÍCULO 2°.- El PROGRAMA "ACOMPAÑAR" está destinado a aquellas personas que se encuentren en situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género, conforme lo establezca el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 3°.- En el marco del PROGRAMA "ACOMPAÑAR", se entiende por personas en situación de violencia por motivos de género que se encuentren en "riesgo", a aquellas mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social.

ARTÍCULO 4°.- Para acceder a la prestación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR" se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a UN (1) año anterior a la solicitud, a partir de los DIECIOCHO (18) años de edad.

ARTÍCULO 5°.- La prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de UN (1) salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante SEIS (6) períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género, de conformidad con lo que se establece en el presente.

ARTÍCULO 6º.- Este apoyo económico tiene la finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género, y resulta compatible con:

a. Asignación Universal por hijo o hija;

b. Asignación Universal por Embarazo para Protección Social;

c. Asignación por hijo o hija con discapacidad;

d. Monotributo Social,

e. Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y

f. Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

ARTÍCULO 7°.- La prestación que otorga el PROGRAMA "ACOMPAÑAR" resulta incompatible con el goce por parte de la persona postulante de:

a. Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributo; y régimen de autónomos, excepto la compatibilidad establecida en el ARTÍCULO 6° incisos d) y f) del presente;

b. Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el ESTADO NACIONAL;

c. Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES;

d. Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016;

e. Prestación por desempleo.

ARTÍCULO 8°.- La percepción de este apoyo económico cesa por:

a. Fallecimiento de la persona destinataria;

b. Renuncia expresa;

c. Ingreso a otro programa social de apoyo económico destinado a personas en situación de violencia por motivos de género;

d. Incompatibilidad sobreviniente al otorgamiento por verificarse alguno de los supuestos previstos en el ARTÍCULO 7° del presente.

ARTÍCULO 9°.- Se podrá disponer el cese de la percepción del referido apoyo económico antes del cumplimiento del término por el que haya sido otorgado, previo informe social del dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, cuando se constatara que han desaparecido las condiciones que justificaron su otorgamiento.

ARTÍCULO 10.- Las Provincias, los Municipios y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES podrán suscribir Convenios con el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD para constituirse como Unidades de Ingreso y Acompañamiento del Programa "ACOMPAÑAR". Dichas Unidades estarán a cargo de recibir y certificar la situación de riesgo por violencia por motivos de género, de elevar las solicitudes de inscripción al referido Ministerio y de dar acompañamiento y seguimiento a las personas que ingresen al Programa, en consonancia con los lineamientos y procedimientos que imparta cada Jurisdicción.

Durante el plazo en el que las personas en riesgo reciban la prestación económica referida en el artículo 5°, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, en articulación con las citadas Jurisdicciones que hayan suscripto los respectivos Convenios, brindarán acompañamiento promoviendo el fortalecimiento psicosocial de la persona.

El MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD promoverá capacitaciones a las Unidades de Acompañamiento con el objetivo de reforzar sus herramientas y metodología de abordaje para que puedan garantizar el enfoque de género en el acompañamiento y el fortalecimiento de las personas receptoras del apoyo económico.

ARTÍCULO 11.- Facúltase al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD para dictar las normas aclaratorias y complementarias para la efectiva implementación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR" que por el presente se crea.

ARTÍCULO 12.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) tendrá a su cargo el pago de la prestación económica que resulte de la aplicación del PROGRAMA "ACOMPAÑAR".

ARTÍCULO 13.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para dictarlas normas necesarias para la implementación del pago de la prestación económica creada por el PROGRAMA "ACOMPAÑAR", de conformidad con las disposiciones del presente.

ARTÍCULO 14.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dispondrá las adecuaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de poner en ejecución la presente medida.

ARTÍCULO 15.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Dirección General de Seguridad Vial y Habilitaciones.

4.1. Dirección de Colisiones.
4.2. Dirección de Servicios a Terceros.
4.3. Dirección Operativa de Tránsito.
4.4. Dirección de Movilidad y Habilitaciones.

Resolución Conjunta nº 5/2020 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES Y
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Fecha: 24.08.2020
Publicado: 04.09.2020
RESFC-2020-5-APN-MMGYD

VISTO el Expediente N° EX-2020-50855283- -APN-CGD#MMGYD, las Leyes Nros. 20.655, 23.179, 24.632, 26.485, 26.743 y 27.499 y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL (artículos 16, 37 y 75, incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía, entre ellos, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (artículo 2), la DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (artículo 2), la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (artículos 1, 13.5, 17.4 y 24), el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (artículos 2.1, 3, 20.2, 23.4, 24.1, 26), el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (artículos 2.2 y 3), la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (artículo 2) y la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (artículos 2, 3 y subsiguientes).

Que la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER dispone en su artículo 10 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer,..." y en particular, para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres "g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física".

Que, asimismo, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está expresamente reconocido en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ("Convención de Belém do Pará", 1994), de la que la REPÚBLICA ARGENTINA es parte, y aporta una guía jurídica y política insoslayable para el diseño de políticas públicas en estas temáticas.

Que, a su vez, la creación de políticas públicas inclusivas requiere cumplimentar los PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD Y/O EXPRESIÓN DE GÉNERO, que promueven la eliminación de toda discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Que la REPÚBLICA ARGENTINA cuenta con una robusta legislación protectora de las garantías de igualdad y no discriminación, entre las que se destaca la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que tiene como objetivo primordial el promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida.

Que la Ley N° 26.485 enuncia, entre las modalidades en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, la violencia institucional, definida en su artículo 6°, inciso b) como "...aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley", quedando comprendidas explícitamente "...las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil".

Que la Ley N° 26.743 de Derecho a la Identidad de Género de las Personas tiene como objetivo el derecho al reconocimiento, trato, identificación y libre desarrollo de las personas conforme su identidad de género autopercibida.

Que la Ley Micaela N° 27.499 establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencias por razones de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Que la Ley Nacional de Deporte N° 20.655 dispone en el artículo 1° que "El Estado atenderá al deporte y la actividad física en sus diversas manifestaciones considerando como objetivo fundamental: a) La universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población y como factor coadyuvante a la formación integral de las personas, tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social; b) La utilización del deporte y la actividad física como factores de la salud integral de la población, con una visión holística", entre otros.

Que la AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, adoptada por la Asamblea General de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS en el año 2015, plantea que el logro de la igualdad de género y la participación plena de las mujeres en la esfera pública y privada son elementos fundamentales para acelerar los resultados del desarrollo sostenible, y de su lectura integral cabe interpretar que a través del deporte y la actividad física se puede empoderar a las mujeres y las niñas; la participación femenina en el deporte también cuestiona los estereotipos y papeles sociales que se asocian comúnmente a la mujer.

Que pese a los notables avances en términos de visibilización, prevención y sanción de las violencias por razones de género y de participación política de las mujeres y las personas LGBTI+ en las últimas décadas y a su incremento concreto en la participación en el deporte, aún se encuentran en condiciones desfavorables para el desarrollo pleno de su potencial en el ámbito deportivo, lo que se traduce en un menor acceso a becas y financiamiento para las competencias.

Que el deporte es un ámbito en que las mujeres y las personas LGBTI+ continúan estando subrepresentadas en las posiciones de liderazgo de las organizaciones deportivas, así como segregadas en deportes tradicionalmente asociados al estereotipo de la masculinidad.

Que los estereotipos asociados a la masculinidad en términos de fuerza física y vigor persisten en el imaginario social y han servido de justificación para conductas violentas y discriminatorias, a las que las políticas públicas tienen la obligación de prevenir y erradicar.

Que mediante el Decreto N° 7/19 se creó el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, el cual responde a un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.

Que compete al MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD entender en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas nacionales en materia de género, igualdad y diversidad, asistiendo al PRESIDENTE DE LA NACIÓN y a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en todo lo inherente a las cuestiones de su competencia.

Que, asimismo, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD tiene entre sus funciones, entender en la articulación de acciones con actores del sector público y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, así como en la coordinación de acciones con otros Ministerios para asegurar la transversalización de las políticas de género, igualdad y diversidad.

Que, de otro lado, el mencionado Decreto determina que compete al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES todo lo concerniente a la definición y ejecución de las políticas de desarrollo de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur y de recreación.

Que, en particular, le atañe al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES el entender en todo lo relativo a la aplicación de la Ley Nacional de Deporte N° 20.655 y el establecer políticas activas de promoción, desarrollo y fomento del deporte social, de acuerdo con criterios de inclusión, promoción de derechos, federalismo e igualdad.

Que el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES viene trabajando en la transversalización de la perspectiva de género y diversidades en el diseño e implementación de las políticas públicas deportivas a partir la creación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL DEPORTE en el ámbito de la SECRETARÍA DE DEPORTES. Que dadas las competencias de ambos Ministerios, su trabajo conjunto resulta indispensable para la consecución de los objetivos propuestos.

Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD han tomado las intervenciones de sus competencias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 4°, inciso b) punto 6 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES Y
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Créase el "PROGRAMA INTERMINISTERIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE" en el ámbito del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.

ARTÍCULO 2°.- El Programa creado por el artículo precedente tiene como objetivos:
a) La incorporación de la perspectiva de género y la diversidad en todos los ámbitos y niveles de la comunidad e instituciones deportivas.
b) La promoción de medidas de acción positiva para la inclusión de mujeres y personas LGBTI+ en la comunidad deportiva, en cargos directivos, de enseñanza, entrenamiento, jurisdiccionales y en posiciones de liderazgo.
c) La sensibilización en estereotipos de géneros estructurales que impactan en la vida de las mujeres y personas LGBTI+ en estos ámbitos.
d) La prevención de las violencias por motivos de género en los ámbitos deportivos y la elaboración de instrumentos y procedimientos de protección y actuación ante situaciones de violencia y/o discriminación.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los lineamientos generales del Programa creado por el artículo 1° de esta medida, de conformidad con lo establecido en el Anexo registrado bajo el IF-2020-52757332-APN-UGA#MMGYD, que forma parte integrante de la presente resolución.(1)

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: Anexos)

(1) El Anexo obra como Archivo Adjunto.

Decreto nº 721/2019
Fecha: 03.05.2019

ARTICULO 1º.- Dispónese la creación de la Dirección de Control del Tránsito Pesado, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.
ARTICULO 2º.- (1)
ARTICULO 3º.- (1)
ARTICULO 4º.- (1)
ARTICULO 5º.- (1)
ARTÍCULO 6º.- Refrenda el presente decreto el Señor Secretario de Servicios Públicos.
ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2º, 3º, 4º y 5º, en virtud de que los mismos refieren al personal del área creada.

Martes, 08 Septiembre 2020 08:06

2.2.2.Subsecretaría de Transporte

Subsecretaría de Transporte.

5.1. Dirección de Taxis, Remises, Transporte Público y Escolares.
5.2. Dirección de Transporte de Cargas.
5.3. Unidad de Gestión SUBE.

Subsecretaría de Tecnología y Capacitación.

6.1. Coordinación de Capacitación y Control.
6.2. Coordinación General de Tecnología e Infraestructura.
6.2.1. Dirección de Señalización.
6.3. Coordinación en Informática.
6.4. Dirección de Mantenimiento General.

Decreto nº 1377/2020 GOB
Fecha: 31.08.2020
Publicado: 04.09.2020

Artículo 1°.- Dispénsese de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada, en el período comprendido entre el 31 de agosto y el 20 de septiembre de 2020 inclusive, a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo según lo previsto en el Documento COES ID: DCOES022, en la normativa que en el futuro lo modifique o lo reemplace, y en el Art. 21º del DNU Nº 520/20 PEN; y dispénsese a todo el personal de la Administración Pública Central con prestación de servicios en las Ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú comprendidas en el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.-

Artículo 2°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente al personal declarado esencial o los que estén afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables conforme lo determine el Ministro Secretario de Estado de la jurisdicción, o el Secretario General de la Gobernación en el ámbito de la Gobernación.-

Artículo 3°.- Déjase establecido que las dispensas concedidas se computarán a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-

Artículo 4°.- Dispónese que el personal no afectado al cumplimiento de tareas presenciales en los lugares habituales de prestación de servicios deberán estar disponibles en caso de ser requerido por la superioridad, ello en el marco de la buena fe contractual siendo susceptibles de sanción en caso de incumplimiento conforme lo normado en la reglamentación vigente, facultando a los responsables de cada jurisdicción a determinar las condiciones y pautas para la realización de las tareas cotidianas o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.-

Artículo 5°.- Facúltase a los Ministros Secretarios de Estado y al señor Secretario General de la Gobernación –en la jurisdicción Gobernación-, mediante el dictado de Resoluciones, a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias en el período referido, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios los agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten, debiendo garantizarse la prestación de servicios en las áreas a su cargo, en observancia del Documento COES ID: DCOES039.-

Artículo 6°.- Establécese en el marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta por Decreto Nº 361/20 MS, un aumento del 50% del Adicional de Riesgo (códigos: 201, 210, 212, 214, 226 y 238) exclusivamente para todos los Escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que perciban los mismos en razón de las tareas específicas del área, y dispónese un incremento del 20% de las becas de residentes de salud.-

Artículo 7°.- Dispónese para el personal activo de la Policía de la Provincia afectado a atender el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" y/o medidas extraordinarias en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, un estímulo de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativo, no bonificable consistente en el cincuenta por ciento (50%) del código de liquidación 181 "Riesgo y Peligrosidad".-

Artículo 8º.- Dispónese para el personal activo de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa, no bonificable, consistente en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500) mensuales.-

Artículo 9º.- Dispónese para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas y a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio, al personal del Hogar de Protección de Mujeres Inés Londra de Paraná, del Hospital Fidanza de Colonia Ensayo y del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart de Concordia, una bonificación de carácter excepcional, transitoria y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500) mensuales.-

Artículo 10º.- Dispónese para el personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500) mensuales y proporcionales, computables desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 26 de abril del corriente año.-

Artículo 11º.- Establécese la vigencia de los beneficios dispuestos en los artículos 6º al 10º hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive y que la percepción de los mismos estará condicionada a la efectiva prestación del servicio, la cual será certificada por la autoridad máxima de cada dependencia.-

Artículo 12º.- El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia.-

Artículo 13°.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Decreto nº 191/2012
Fecha: 03.12.2012

ARTICULO 1º.- Créase la Subdirección de Jardines Maternales dependiente de la Subsecretaría de Educación y Derechos Humanos, incorpórese a la estructura orgánica dispuesta por Decreto nº 333 de fecha 15 de marzo de 2010, en su Anexo II, como punto 4.2.1.
ARTICULO 2º.- (1)
ARTICULO 3º.- (1)
ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

(1) No se transcriben los artículos 2º y 3º, en virtud de que los mismos refieren a designación de personal a cargo del área creada.-

(2) Ver Decreto nº 392/2013 Personal que cumple funciones de Director Regente en Jardines Maternales. Hoy Nivel Subdirección, en este Digesto Municipal.

(3) Ver Ordenanza nº 9402 -crea el Nivel de Educación Inicial Municipal de la ciudad de Paraná-, en este Digesto Municipal

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo VII

 

Honorable Concejo Deliberante

Encontraremos información que refiere al funcionamiento del Órgano Deliberativo en sí mismo: régimen, organización, funcionamiento, protocolo,  como también disposiciones  sobre protección ciudadana, relaciones institucionales, participación ciudadana, información y atención al ciudadano. Asimismo información en cuanto a organización y estructura administrativa, como el marco normativo administrativo y laboral del personal de Honorable Concejo Deliberante.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VIII

Compendio Normativo en Materia de Género

Por Ordenanza nº 9879 se dispone la creación dentro del Digesto Municipal, de un “Compendio Normativo en Materia de Género”, que estará conformado por las normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres, con el objetivo de sistematizar el andamiaje normativo actualmente existente para que resulte de fácil acceso al conjunto de la ciudadanía.

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

 

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