Indice Digesto Municipal

Declaración Jurada de Bienes - de Datos Personales

Declaración Jurada de Bienes - de Datos Personales (9)

Viernes, 03 Septiembre 2010 18:32

5.10.2.1. Ordenanza nº 6815 Declaración Jurada de Bienes

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5.10.2. Declaración Jurada de Bienes

5.10.2.1. Ordenanza nº6815

(Texto ordenado con las modificaciones introducidas por ordenanzas n°s. 7088)

Sancionada: 26.06.1985

Promulgada: 02.07.1985

 

(1)(2)ARTÍCULO 1º.-Quedan obligados a presentar declaración jurada de bienes en las condiciones establecidas en la presente ordenanza, los siguientes funcionarios y agentes municipales:

a) Presidente,

b) Secretarios del Departamento Ejecutivo,

c) Subsecretarios,

d) Directores,

e) Subdirectores,

f) Contador,

g) Tesorero,

h) Subtesorero,

i) Habilitado,

j) Subhabilitado,

k) Administradores y jefes de departamento,

l) Concejales,

m) Secretario del Honorable Concejo Deliberante,

n) Presidente, directores, síndicos, representantes de la Municipalidad en el directorio del Banco Municipal de Paraná ,

ñ) todos aquellos funcionarios y agentes que, no hallándose comprendidos en la nómina precedente, deban ser incluidos a juicio del Departamento Ejecutivo o del Honorable Concejo Deliberante en sus áreas respectivas.

ARTÍCULO 2º.-Las declaraciones juradas deberán contener:

a) Relación detallada de los bienes propios del declarante tanto de los radicados en el país como en el extranjero, con especificación de fecha de adquisición, costo de origen, rentas y deudas;

b) Relación detallada en los mismos términos de los bienes del cónyuge e hijos menores;

c) Nombre, apellido, profesión, medios de vida, y domicilios de los parientes por consanguinidad en línea recta, que vivieran a la fecha de la declaración.

ARTÍCULO 3º.-Los funcionarios y empleados en funciones a la fecha de la presente ordenanza, deberán presentar la declaración jurada en el plazo de sesenta días a contar de la misma

Los que sean nombrados con posterioridad y aquellos que por promociones o asignación de funciones se hallaren comprendidos en el artículo 1º deberán presentar sus declaraciones dentro de los treinta días de su designación.

ARTÍCULO 4º.-Los que no presenten sus declaraciones juradas en término sin causa justificada, o incurran en omisiones, ocultaciones o falsedades acerca de su verdadera situación patrimonial serán pasibles de juicio político, suspensión, cesantía e inhabilitación, según el caso y las previsiones que contemple la reglamentación a dictarse y sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.

ARTÍCULO 5º.-En caso de modificación sustancial de los patrimonios, debe presentarse nueva declaración jurada durante el mes de enero de cada año para ser agregada a las anteriores.

"ARTÍCULO 6º.-Las declaraciones juradas se presentarán para ser guardadas en sobre lacrado y firmado ante el Escribano Municipal." (/)

ARTÍCULO 7º.- La Contaduría General o respectivas habilitaciones retendrán los haberes de los funcionarios o empleados que no presentaren, en los términos fijados, las declaraciones juradas, comunicando de inmediato al Secretario de Economía tal circunstancia.

La violación del secreto de las declaraciones juradas será causal de cesantía sin perjuicio de las responsabilidades penales a que tuviere lugar.

ARTÍCULO 8º.-Los funcionarios y agentes municipales individualizados en el artículo 1º que hubieren cumplimentado lo dispuesto en las simples normas 6157 y 6619 en el tiempo que estas estuvieron vigentes, quedarán exceptuados de cumplimentar la presentación dispuesta en el primer párrafo del artículo 3º.

 

(/) Texto según ordenanza Nº 7088. 

(1) Ver Disposiciones Reglamentarias por Decreto nº 714/92 en este Digesto Municipal 

(2)  CIRCULAR Nº 8

Fecha: 10.02.2016 

 

DE: SECRETARIA DE HACIENDA

A: Secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo y Unidades de Organización dependiente de las mismas.

Me dirijo al Señor Secretario y por su intermedio a los responsables de las distintas Unidades de Organización que se encuentran a su cargo, a fin de poner en su conocimiento lo expuesto por la Dirección General de Escribanía Municipal a través del Expediente Nº 2011/2016-3432-13.

Al respecto informa la obligación de los funcionarios y agentes municipales a su cargo, que se encuentren comprendidos dentro del Artículo 1º de la Ordenanza Nº 6815, modificada por las Ordenanzas Nºs 7088 y 8323, y Decreto Nº 714/92, respecto de la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes ante dicha Unidad de Organización.

El procedimiento a seguir es el que determinan las mencionadas normas y el Decreto Nº 714/92, que en su Artículo 1º ordena "... sobre la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de bienes en el plazo de 30 días de su designación".

A tal efecto, se adjunta fotocopias de la normativa antes indicada, para mejor ilustración.

Viernes, 03 Septiembre 2010 18:32

5.10.2.2. Decreto nº714/92

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5.10.2.2. Decreto nº714/92

Fecha: 15.04.1992

ARTÍCULO 1º.- La dirección de Despacho procederá a notificar, en la copia de la norma en la que se efectúa el nombramiento de los agentes y/o funcionarios, como así también en el caso de promoción a los cargos expresamente establecidos en el artículo 1º de la ordenanza Nº 6815, sobre la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de bienes en el plazo de treinta (30) días de su designación.

La dirección de Despacho asimismo, procederá a notificar a los funcionarios y/o agentes municipal que se encuentre a la fecha desempeñando cargos o funciones de los determinados en el artículo 1º de la referida ordenanza, de lo dispuesto en el artículo 3º de la misma, debiendo cumplimentar la declaración jurada de bienes, para el caso en que no lo hubiera hecho, en el plazo establecido en el referido artículo 3º.

ARTÍCULO 2º.-Una vez notificado el funcionario y/o agente municipal la dirección de Despacho, remitirá la copia de la norma a la dirección de Recursos Humanos a los efectos de proceder a dar el alta en el padrón municipal.

ARTÍCULO 3º.-La Escribanía Municipal, recepcionará las declaraciones juradas de bienes, según lo establece la ordenanza Nº 6815 la dirección de Recursos Humanos comunicará a la Escribanía los nombramientos y recategorizaciones del 1º al 10º de cada mes incluyendo los agentes y funcionarios que se encuentren a esa fecha desempeñando cargos conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, 2º párrafo.

ARTÍCULO 4º.-Transcurrido el plazo establecido por el artículo 3º de la ordenanza Nº 6815, la Escribanía Municipal elevará a la secretaría de Hacienda, la nómina de los funcionarios y agentes municipales que no han cumplimentado la obligación de presentación de la declaración jurada.

ARTÍCULO 5º.- La secretaría de Hacienda, arbitrará los medios para la aplicación inmediata de lo dispuesto en el artículo 7º, -1º párrafo-de la ordenanza Nº 6815 respecto a las funciones y agentes que no han presentado sus declaraciones juradas de bienes, según la nómina elevada por la Escribanía Municipal, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 4º de la mencionada ordenanza.

ARTÍCULO 6º.-Las dependencias premencionadas en este decreto procederán a tomar conocimiento de la presente reglamentación.


 

 

ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LLENAR FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES ORDENANZA Nº 6815.

ACTIVO:

I -INMUEBLES: ya sean urbanos o rurales, especificando fecha de adquisición, ubicación, costo de origen. Para el caso en que el/los inmuebles se hallan hipotecados individualizar el/los inmuebles gravados, nombre del acreedor, nº de inscripción de la hipoteca.

Para el caso en que existen mejoras en el/los inmuebles determinar tipo de mejora, ubicación, año, costo de la mejora.

II -CAPITALES INVERTIDOS: en explotaciones comerciales, industriales, financieras, agrícolas, ganaderas, etc.

III -TÍTULOS -ACCIONES -DEBENTURES -ETC-: consignar tipo, ente emisor, cantidad, valor total.

IV -CREDITOS: comunes, con garantía prendaria o hipotecaria, concepto, nombre del deudor, fecha de constitución, monto total.

V -DEPOSITOS BANCARIOS: institución, tipo de cuenta, importe total.

VI -EFECTIVO:

VII -OTROS BIENES: automóviles, semovientes, objetos de arte, etc., consignando características, marca, costo de origen. PASIVO:

DEUDAS: Nombre y apellido del acreedor, concepto, fecha de constitución, tipo de garantía si existiere, tasa de interés, vencimiento, importe total.

NOTA: Este formulario no debe incluirse en el sobre que contiene la declaración jurada.

 

5.10.39. Declaración Jurada de Datos Personales y Familiares

5.10.39.1. Decreto nº 416

Fecha: 26.03.2008

ARTÍCULO 1º.-Apruébase el formulario que como anexo I, forma parte integrante del presente decreto, el que tendrá carácter de "Declaración Jurada de Datos Personales y Familiares", será de cumplimiento obligatorio por todo el personal municipal, formará parte del legajo personal de cada agentes y deberá ser presentado ante la dirección de Recursos Humanos con antelación al 15 de abril de 2008.

ARTÍCULO 2º.- La información contenida en la "Declaración Jurada de Datos Personales y Familiares", recibirá el tratamiento y disposición prevista por la ley de Protección de Datos Personales nº 25326.

ARTÍCULO 3º.-La sección Legajos de la dirección de Recursos Humanos,será la encargada de relevar, receptar, registrar, guardar y actualizar permanentemente la información contenida en el formulario aprobado por el artículo 1º, debiendo comunicar periódicamente a la dirección Liquidaciones de Haberes del Personal, las altas, bajas o modificaciones en los datos concernientes a descuentos, pago, aportes previsionales y/o asignaciones familiares

ARTÍCULO 4º.- Se considera autoridad judicial competente, el Juez de Menores y Familia o Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, a efectos de acreditar mediante sentencia la guarda y tenencia que justifique el pago de la asignación por "pupilo" o "familiar impedido" a cargo, instituida por ordenanza nº 7056.

ARTÍCULO 5º.- Confórmase la Junta Municipal prevista en el artículo 3º de la ordenanza nº 7056, para evaluar y determinar los grados de discapacidad en casos de hijos o menores a cargo discapacitados, debiendo la misma determinar su funcionamiento con la mayoría de sus integrantes, la que estará compuesta de la siguiente forma:

-Sr. Subsecretario de Salud

-Representante Profesional la Dirección de Integración al Discapacitado

-Médico especialista de la Subsecretaría de Salud Municipal.

-Profesional especializado de organismo provincial competente, convocado al efecto, en virtud del Acuerdo Marco de Colaboración formalizado con el Gobierno de la Provincia, aprobado por decreto nº 326/08 PEP y decreto nº 111/08 DEM.(2)

ARTÍCULO 5º.- Esta disposición será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno y el Señor Secretario Legal y Administrativo.

 

 


(1) El anexo I, que forma parte de este decreto, puede ser consultado en dirección de Despacho de Presidencia o en dirección de Recursos Humanos.
El mismo no se incorpora el Digesto, a efectos de evitar inconvenientes en la visualización del mismo.

(2) Presumiblemente por error, se repitió el número 5 en los artículos.-

 

 

Martes, 26 Marzo 2013 11:32

Circular Nº 3/2013 SG

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CIRCULAR Nº 3 / 2013

Fecha: 08.03.2013

De : SECRETARIA DE GOBIERNO

A : TODAS LAS SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

…………………………………………………………………………………………….

                                                                                 

            Me dirijo a los Señores Secretarios y por su intermedio, a los Subsecretarios y todos los responsables de unidades de organización bajo su dependencia, a efectos de comunicarles que con motivo de la implementación del Plan Estratégico Institucional de Recursos Humanos, el cual se está desarrollando en su etapa de Relevamiento y Digitalización de Datos, se a modificado el Sistema Maestro de Personal, donde se carga toda la información relativa al personal municipal.-

            Por este motivo, a partir del mes de Marzo se requerirá para la incorporación a los legajos personales de los agentes que sean dados de alta, fotocopia de documento nacional de identidad (DNI), fotocopia de la constancia de C.U.I.T. o C.U.I.L. y el llenado del Formulario de Relevamiento, caso contrario no se podrá otorgar número de legajo y en consecuencia, resultará imposible la liquidación de haberes.-

            Los plazos para incorporar las altas en las liquidaciones de haberes, se tomarán de aquellos que hayan ingresado a la Mesa de Entradas de la Dirección General de Recursos Humanos, hasta el día 21 de cada mes, respecto de aquellos conceptos que corresponden al pago de haberes de fin de mes y hasta el día 10 de cada mes, para los correspondientes a la liquidación de Complementaria.-

            Asimismo, se recuerda que la encuesta a completar reviste carácter obligatorio para todo el personal municipal, bajo cualquier tipo de situación de revista y tendrá condición de Declaración Jurada Confidencial, resguardada por la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25326. Dicha información no tendrá efecto directo en la liquidación y será de uso exclusivo en el ámbito municipal.- 

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Decreto 290
Fecha: 27.03.2007
Publicado: 29.03.2007
Reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Deróganse los Decretos Nº 169 del 13 de febrero de 2001 y Nº 1025 del 13 de agosto de 2001.
Bs. As., 27/3/2007
VISTO la Ley Nº 25.246 con las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 1500 del 22 de noviembre de 2001 y las Leyes Nº 26.087 y Nº 26.119; los Decretos Nº 169 del 13 de febrero de 2001 y Nº 1025 del 13 de agosto de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que por el Capítulo II de la Ley Nº 25.246 se creó la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, entidad autárquica que actúa en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, previéndose sus funciones, integración, competencia, facultades y obligaciones.
Que los Capítulos III, IV y V de la citada ley regulan los aspectos referidos al Deber de Informar de los sujetos obligados, al Régimen Penal Administrativo y a la actuación del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, respectivamente, en función a las previsiones operativas de la misma.
Que en uso de facultades delegadas por la Ley Nº 25.414, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 1500 del 22 de noviembre de 2001, modificando el texto de los artículos 8º, 9º, 10 y 16 de la Ley Nº 25.246.
Que posteriormente, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sancionó la Ley Nº 26.087 modificando, entre otros aspectos, la normativa correspondiente a los artículos 14, 19 y 20 de la Ley Nº 25.246.
Que recientemente ha sido promulgada la Ley Nº 26.119 que sustituyó los artículos 8º, 9º,10, 12 y 16 de la Ley Nº 25.246.
Que el artículo 5º de la Ley Nº 26.119 le encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL el dictado de un texto ordenado de las normas reglamentarias de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, dentro de plazo de TREINTA (30) días contados desde su promulgación.
Que a su vez corresponde incorporar en la nueva reglamentación ordenada, las normas necesarias para la puesta en ejecución de las modificaciones efectuadas a la Ley Nº 25.246 por la Ley Nº 26.119.
Que entre los aspectos novedosos de la reglamentación cabe mencionar, entre otros, la obligación que se impone al Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA de fundamentar acabadamente las resoluciones que dicte en caso de apartarse de la opinión vertida por el CONSEJO ASESOR, garantizándose de esa forma la mayor transparencia que deben sustentar sus decisiones.
Que además se establecen detalladamente los impedimentos para acceder a la designación como integrante de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, las incompatibilidades de los mismos durante su desempeño y las prohibiciones sobrevinientes a la desvinculación del cargo.
Que han tomado intervención la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.
Que, asimismo, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º.— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias que, como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2º.— Deróganse los Decretos Nº 169 del 13 de febrero de 2001 y Nº 1025 del 13 de agosto de 2001.
Artículo 3º.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL del REGISTRO OFICIAL y archívese. — 

 



                                                                                                                                                                         ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS
ARTICULO 1º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 2º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 3º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 4º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 5º.— El MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS será la Autoridad de Aplicación del presente decreto.(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N° 1025/2016 B.O. 15/9/2016.)

ARTICULO 6º.— Se entenderá por:
a) análisis de la información: al proceso de compatibilización y estudio de la información recibida en el ámbito de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, relativa a los incisos a) a g) del artículo 6º de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, con la finalidad de obtener los elementos de convicción suficientes que le permitan ejercer las facultades que le fueran asignadas por dicha ley;
b) tratamiento de la información: la tarea de sistematizar la totalidad de los datos obtenidos en cumplimiento de sus fines;
c) transmisión de la información: la comunicación al Ministerio Público Fiscal, en los términos del artículo 19 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
ARTICULO 7º.— La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA se encuentra facultada para establecer agencias regionales en aquellas jurisdicciones que considere necesarias. Dichas agencias no podrán ser más de UNA (1) por Región y tendrán como función la recepción, complementación y compatibilización de la información producida en sus respectivas jurisdicciones, para su posterior remisión a la Oficina Central de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
A los fines de esta reglamentación, el territorio nacional quedará integrado por las siguientes regiones: 1) Región Central, integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, teniendo su sede en la ciudad de Córdoba; 2) Región de Cuyo, integrada por las Provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, teniendo su sede en la ciudad de Mendoza; 3) Región del Litoral, integrada por las Provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, teniendo su sede en la ciudad de Posadas; 4) Región Norte, integrada por las Provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, teniendo su sede en la ciudad de Salta, 5) Región Pampeana, integrada por las Provincias de Buenos Aires y La Pampa, teniendo su sede en la ciudad de Bahía Blanca y 6) Región Patagónica, integrada por las Provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, teniendo su sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Las agencias regionales se conformarán con un máximo de CINCO (5) agentes cada una, que serán adscriptos o transferidos de distintos organismos del ámbito de la Administración Pública Nacional. Dichos agentes deberán revistar en una categoría no superior al Nivel B del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) o equivalente de otros escalafones y UNO (1) de ellos será designado por el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA como Coordinador de la Agencia.
ARTICULO 8º.— El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA dictará el reglamento interno del Consejo Asesor, dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la vigencia del presente.
ARTICULO 9º.— Las obligaciones impuestas mediante el inciso b) del artículo 9º de la Ley 25.246 y sus modificatorias deberán ser también cumplimentadas por los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en los términos de la Ley Nº 25.188 y su reglamentación.
ARTICULO 10.-
a) El Presidente y Vicepresidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, percibirán como retribución la establecida para los Secretarios de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias; los Vocales del Consejo Asesor percibirán la retribución fijada para los Subsecretarios.
b) El Presidente, el Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA deberán abstenerse de intervenir en el análisis y tratamiento de la información que se reciba en dicho Organismo, así como de decidir a su respecto, cuando:
1) se trate de información, operaciones o transacciones en las que se encuentren involucrados los sujetos señalados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias en los que hayan desempeñado su actividad, en los CINCO (5) años previos a su designación.
2) se trate de información, operaciones o transacciones que puedan afectar sus intereses propios, o los de su cónyuge o conviviente o los de sus parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o por afinidad.
c) El Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, por tener dedicación exclusiva en su tarea, no podrán desempeñar otro empleo, cargo o función en el sector público nacional, provincial ni municipal, sea a título oneroso o gratuito, tanto en planta permanente como transitoria o mediante contratos de locación de servicios o de obra, independientemente de la fuente de financiamiento.
Para el caso que tuvieran algún cargo de Planta Permanente en el sector público nacional, podrán solicitar a la autoridad competente se les acuerde licencia durante el tiempo que ejerzan el cargo para el que hubieran sido designados.
Tampoco podrán desempeñarse en ningún tipo de función, empleo o actividad, sea onerosa o gratuita, en el sector privado, ni en el ejercicio de su profesión. La única excepción a estas incompatibilidades la constituye el ejercicio de la docencia universitaria y secundaria, en tanto no importe, por el tiempo que insuma, un impedimento funcional para el desempeño del cargo en la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
d) Durante los DOS (2) años posteriores a su desvinculación, el Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, no podrán desempeñarse ni tener interés, en ningún tipo de actividad relacionada con los sujetos individualizados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, con excepción de que se trate de actividades circunscriptas a la prevención del lavado de activos proveniente de actividades ilícitas o que se reintegren a las actividades previas en alguno de los organismos de fiscalización y control del artículo 20, inciso 15), de la Ley 25.246 y sus modificatorias o que vuelvan a ejercer las profesiones indicadas en los incisos 12) y 17 del mismo artículo.
e) El Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, podrán ser removidos de sus funciones por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
ARTICULO 11.- Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas legales que regulan en general los impedimentos para el ingreso a la función pública, no podrán integrar la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA:
a) quienes, por su desempeño en cualquiera de las actividades indicadas en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, hayan sido sancionados con medidas disciplinarias graves, en los términos de las leyes y normas reglamentarias que las rigen;
b) quienes hayan sido declarados responsables, por decisión de autoridad competente y aún cuando la misma no se encuentre firme, de intervenir como autores, partícipes o profesionales vinculados, en actividades u operaciones cuestionadas o consideradas sospechosas de lavado de activos;
c) quienes tengan proceso penal pendiente por intervenir como autores, partícipes o profesionales vinculados, en actividades u operaciones cuestionadas o consideradas sospechosas de lavado de activos;
d) los que se encuentren en jurisdicción extranjera, en alguna de las situaciones previstas en los apartados a), b) y c) que anteceden, y los que hayan sido condenados por un tribunal extranjero por el delito de cohecho a funcionario público extranjero.
ARTICULO 12.- Los organismos consignados en el artículo 12 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, que no hubieran designado un Oficial de Enlace, deberán hacerlo dentro del plazo de QUINCE (15) días contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, a los efectos de que cumpla las funciones contempladas en el artículo mencionado.
En los casos que el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA solicite a otros organismos de la Administración Pública Nacional o Provincial la designación de oficiales de enlace, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de QUINCE (15) días.
ARTICULO 13.- Sin reglamentar.
ARTICULO 14.- A efectos de implementar el sistema de contralor interno establecido por el inciso 7. para la totalidad de los sujetos obligados del artículo 20, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14, inciso 10.
El sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada.
En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, estos últimos deberán proporcionar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) la colaboración en el marco de su competencia.
Habiendo mediado negativa o reticencia del requerido, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) podrá solicitar al Ministerio Público, en los términos de lo dispuesto por el inciso 6. del artículo 14, que requiera al juez competente la orden de allanamiento para el ingreso al domicilio de aquél con la finalidad de efectivizar la inspección y proceder a la compulsa de la documentación y/o efectos que se estimen conducentes para la investigación.
Los sujetos obligados en los incisos 6. y 15. del artículo 20 podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) conforme el inciso 10., no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.
(Artículo incorporado por art. 4° del Decreto 1936/2010 B.O. 14/12/2010)
ARTICULO 15.- Sin reglamentar.
ARTICULO 16.- En los casos en los que el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA se aparte de la opinión vertida por el Consejo Asesor, deberá fundamentar su decisión conforme lo previsto en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario (Decreto Nº 1759/72 t.o. 1991) en los términos del artículo 2º, inciso e), de la Ley Nº 25.188.
ARTICULO 17.- Sin reglamentar.
ARTICULO 18.- Sin reglamentar.
ARTICULO 19.- Sin reglamentar.
ARTICULO 20.- El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21, inciso a. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y de llevar a conocimiento de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, conforme el artículo 21, inciso b. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.
La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
En el supuesto que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, el que deberá ser integrante de dicho órgano, a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.
En el supuesto que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.
Para el caso que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6. y 15. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias corresponde exclusivamente al titular del organismo.
(Artículo sustituido por art. 5° del Decreto 1936/2010 B.O. 14/12/2010)
ARTICULO 21.- A los fines del inciso a. Del artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.
En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.
La información mínima a requerir a los clientes abarcará:
a. Personas Físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).
b. Personas Jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).
Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente.
Los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).
La información recabada deberá conservarse como mínimo durante CINCO (5) años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se pueda reconstruir.
A los fines del inciso b. del artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, serán considerados, a mero título enunciativo, 'hechos' u 'operaciones sospechosas', los siguientes:
a) Los servicios postales, por montos o condiciones, que pudieran exceder manifiesta y significativamente la razonabilidad, en orden a la naturaleza de la operación.
b) El comercio de metales o piedras preciosas, el transporte de dinero en efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual del comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad.
c) La realización de operaciones secuenciales o transferencias electrónicas simultáneas entre distintas plazas, sin razón aparente.
d) La constitución de sociedades que realicen operaciones con bienes muebles o inmuebles; contratos de compraventa, facturas de importación o exportación, o préstamos, sin contar con una evolución patrimonial adecuada.
e) Los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos societarios, asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o periodicidad excedan las prácticas usuales del mercado.
f) Las contrataciones de transporte de caudales, que por su magnitud y habitualidad, revelen la existencia de transacciones que excedan el giro normal de las personas jurídicas contratantes.
g) Las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras, fundadas en hechos y circunstancias que les permitan identificar indicios de anormalidad con relación al mercado habitual del seguro.
h) Las actividades realizadas por escribanos, contadores y otros profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio habitual de su profesión, que por su magnitud y características se aparten de las prácticas usuales del mercado.
i) Los supuestos en los que las entidades comprendidas en el artículo 9º de la Ley Nº 22.315, detecten en sus operaciones el giro de transacciones marginales, incrementos patrimoniales o fluctuaciones de activos que superen los promedios de coeficientes generales.
j) Las situaciones de las que, mediante la combinación parcial de algunas pautas establecidas en los incisos precedentes u otros indicios, pudiera presumirse la configuración de conductas que excedan los parámetros normales y habituales de la actividad considerada.
El plazo máximo para reportar 'hechos' u 'operaciones sospechosas' del lavado de activos, será de TREINTA (30) días a partir de la operación realizada o tentada.
El plazo máximo para reportar 'hechos' u 'operaciones sospechosas' de financiación del terrorismo será de CUARENTA Y OCHO (48) horas a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.
(Artículo sustituido por art. 6° del Decreto 1936/2010 B.O. 14/12/2010)
ARTICULO 22.- Sin reglamentar.
ARTICULO 23.- Sin reglamentar.
ARTICULO 24.- Sin reglamentar.
ARTICULO 25.- Las resoluciones emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA previstas en el capítulo IV de la Ley podrán recurrirse en forma directa por ante la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
El recurso judicial directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la resolución recurrida y deberá interponerse y fundarse en sede judicial dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de su notificación.
La autoridad administrativa deberá remitir, a requerimiento del Tribunal, todos los antecedentes administrativos de la medida recurrida.
Serán de aplicación, en lo pertinente, las normas de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (t.o. 1991) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTICULO 26.- Sin reglamentar.
ARTICULO 27.- Las erogaciones correspondientes a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA seguirán siendo atendidas con cargo a los créditos presupuestarios del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Jurisdicción 40 - hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS. (Artículo sustituido por art. 5° del Decreto N° 1025/2016 B.O. 15/9/2016.)

ARTICULO 28.- Sin reglamentar.
ARTICULO 29.- Sin reglamentar.

Decreto nº 714
Fecha: 15.04.1992
Artículo 1º.- La Dirección de Despacho procederá a notificar, en la copia de la norma en la que se efectúa el nombramiento de los nuevos agentes y/o funcionarios, como así también en el caso de promoción a los cargos expresamente establecidos en el artículo 1º de la Ordenanza nº 6815, sobre la obligación de presentación de Declaración Jurada de Bienes en el plazo de treinta (30) días de su designación.
La Dirección de Despacho asimismo, procederá a notificar a los funcionarios y/o agentes municipal que se encuentre a la fecha desempeñando cargos o funciones de los determinados en el artículo 3º de la misma, debiendo cumplimentar la Declaración Jurada de Bienes, para el caso en que no lo hubiere hecho, en el plazo establecido en el referido artículo 6º.-
Artículo 2º.- Una vez notificado el funcionario y/o agente municipal la Dirección de Despacho, remitirá la copia de la norma a la Dirección de Recursos Humanos a los efectos de proceder a dar el alta en el padrón Municipal.
Artículo 3º.- La Escribanía Municipal, recepcionará las declaraciones Juradas de Bienes, según lo establece la Ordenanza nº 6815 la Dirección de Recursos Humanos comunicará a la Escribanía los nombramientos y recategorizaciones del 1º al 10 de cada mes incluyendo los agentes y funcionarios que se encuentren a esa fecha desempeñando cargos conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, 2do párrafo.
Artículo 4º.- Transcurrido el plazo establecido por el artículo 3º de la Ordenanza nº 6815, la Escribanía Municipal elevará a la Secretaría de Hacienda, la nómina de los funcionarios y agentes Municipales que no han cumplimentado la obligación de presentación de la Declaración jurada.
Artículo 5º.- La Secretaría de Hacienda, arbitrará los medios para la aplicación inmediata de lo dispuesto en el artículo 7º, -1º párrafo- de la Ordenanza nº 6815 respecto a las funciones y agentes que no presenten sus Declaraciones Juradas de Bienes, según la nómina elevada por la Escribanía Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º de la mencionada Ordenanza.
Artículo 6º.- Las dependencias premencionadas en este Decreto procederán a tomas conocimiento de la presente reglamentación.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 


                                                                                                                                                          ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LLENAR FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES ORDENANZA Nº 6815
ACTIVOS:
I- INMUEBLES: ya sean urbanos o rurales, especificando fecha de adquisición de hallen hipotecados individualizar el/los inmuebles gravados, nombre el acreedor, Nº de inscripción de la hipoteca.
Para el caso en que existen mejoras en el /los inmuebles determinar tipo de mejora, ubicación, año, costo de la mejora.
II- CAPITALES INVERTIDOS: en explotaciones comerciales, industriales, financieros, agrícolas, ganaderas, etc.
III- TITULOS – ACCIONES – DEBENTURES –ETC.: consignar tipo, entre emisor, cantidad, valor total.
IV- CREDITOS: comunes, con garantía prendaria o hipotecaria, concepto, nombre del deudor, fecha de constitución, monto total.
V- DEPOSITOS BANCARIOS: institución, tipo de cuenta, importe total.
VI- EFECTIVO:
VII- OTROS BIENES: automóviles, semovientes, objetos de arte, etc. Consignado características, marca, costo de origen.
PASIVOS:
DEUDAS: nombre y apellido del acreedor, concepto, fecha de constitución, tipo de garantía si existiere, tasa de interés, vencimiento, importe total.

 

NOTA: este formulario no debe incluirse en el sobre que contiene la Declaración Jurada.

CODIGO PENAL
Ley nº 25246
Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
Sancionada: 13.04.2000
Promulgada: 05.05.2000
Publicada: 10.05.2000

VER REGLAMENTACIÓN: Decreto Nº 290/2007 
Reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. El mismo obra en este Digesto Municipal.

CAPITULO I
Modificación del Código Penal
ARTICULO 1º.— Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII: Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo".
ARTICULO 2º.— Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 277: 1) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.
c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.
d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.
e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.
2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:
a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.
b) El autor actuare con ánimo de lucro.
c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.
La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.
3) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e, y del inciso 2,b.
ARTICULO 3º.— Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;
b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277;
2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito; (*)
3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277;
4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 ó 3 de este artículo podrán ser decomisados.
ARTICULO 4º.— Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 279: 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este Capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente;
2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2; (*)
3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 ó 2, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación;(*)
4. Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.
CAPITULO II
Unidad de Información Financiera
ARTICULO 5º.— Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Finanzas, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley. (Expresión "en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación" sustituida por la expresión "en jurisdicción del Ministerio de Finanzas", por art. 5° del Decreto N° 2/2017 B.O. 3/1/2017. Vigencia: a partir de la fecha de su dictado).
(Artículo sustituido por art. 7º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 6º.— La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal;
d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.
2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).
(Artículo sustituido por art. 8º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 7º.— La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.
ARTICULO 8º.— La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por:
a) Un (1) funcionario representante del Banco Central de la República Argentina;
b) Un (1) funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Un (1) funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores;
d) Un (1) experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación;
e) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Finanzas;
g) Un (1) funcionario representante del Ministerio del Interior.
Los integrantes del Consejo Asesor serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan.
Será presidido por el señor presidente de la Unidad de Información Financiera, quien tendrá voz pero no voto en la adopción de sus decisiones.
El Consejo Asesor sesionará con la presencia de al menos cinco (5) de sus integrantes y decidirá por mayoría simple de sus miembros presentes.
El Presidente de la Unidad de Información Financiera dictará el reglamento interno del Consejo Asesor.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006).
ARTICULO 9º.— El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera: (Expresión "a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", sustituida por la siguiente expresión: "a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación", por art. 92 inc. b) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)
a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, un procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos; (Expresión "en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", sustituida por la siguiente expresión: "en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación", por art. 92 inc. c) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)
b) Se publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días;
c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y concordantes.
Además, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigente, los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses;
d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados;
e) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación;
f) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso b) del presente artículo, presentar a lMinisterio de Hacienda y Finanzas Públicas , por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración; (Expresión "presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos" sustituida por la siguiente expresión: "presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas", por art. 92 inc. d) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)
g) En no más de quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo establecido se deberá celebrar la audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete (7) días, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas elevará la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo. (Expresión "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevará" sustituida por la siguiente expresión: "el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas elevará", por art. 92 inc. e) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)
(Artículo sustituido por art. 9º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 9º bis.— El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 10.— El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la U.I.F. las actividades que la reglamentación establezca en cada caso.
El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor durarán cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indefinida, percibiendo los dos primeros una remuneración equivalente a la de Secretario. Los Vocales del Consejo Asesor percibirán una remuneración equivalente a la de Subsecretario.
El Presidente, en caso de impedimento o ausencia transitorios, será reemplazado por el Vicepresidente.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006).
ARTICULO 11.— Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se requerirá:
1) Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho, o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas.
2) Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
3) No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.
Para ser integrante del Consejo Asesor se requerirán tres (3) años de antigüedad en el organismo que se represente.
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 12.— La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Finanzas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales.
Los oficiales de enlace tendrán como función la consulta y coordinación institucional entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y los organismos a los que pertenecen. Deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los organismos que representan.
El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) puede solicitar a los titulares de otros organismos públicos o privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de utilidad para el ejercicio de sus funciones.
(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 13.— Es competencia de la Unidad de Información Financiera:
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso; (Inciso sustituido por art. 13 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes; (Inciso sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007)
3. Colaborar con los órganos judiciales y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta Ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente. (Inciso sustituido por art. 9° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
4. (Inciso derogado por art. 10 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 14.— La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
2. Recibir declaraciones voluntarias, que en ningún caso podrán ser anónimas.
3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal vigente.
4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.
7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10.
El sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada.
En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia.
8. Aplicar las sanciones previstas en el capítulo IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.
9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera (UIF) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos obligados en los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 15.— La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:
1. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación.
2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.
3. Conformar el Registro Unico de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.
ARTICULO 16.— Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no es vinculante.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006).
ARTICULO 17.— La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 20 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera.
ARTICULO 18.— El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.
ARTICULO 19.— Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.

Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente.

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
CAPITULO III
Deber de informar. Sujetos obligados
ARTICULO 20.— Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas humanas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho organismo. (Inciso sustituido por art. 200 de la Ley N° 27.440 B.O. 11/5/2018)

5. Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del mercado de capitales. (Inciso sustituido por art. 200 de la Ley N° 27.440 B.O. 11/5/2018)

6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
7. Las personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia;
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas;
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;
19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados;
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente;
21. Las personas humanas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
22. Las personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas humanas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 20 bis.— El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas humanas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.
El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.
La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20.
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.
En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.
Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.
(Artículo incorporado por art. 16 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 21.— Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:
a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.
Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúen.
Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca;
b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.
La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad;
c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que refieren los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20, sea que integren o no el mismo grupo económico y aun cuando se trate de entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de los datos previsto en el punto 1 del artículo 5° de la ley 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos de sus clientes que contengan información relacionada con la identificación del mismo, el origen y la licitud de los fondos. (Inciso sustituido por art. 12 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 21 bis.— Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la presente ley, todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.

1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:

a) Identificarlos mediante la información, y en su caso la documentación, que se requiera conforme las normas que dicte la Unidad de Información Financiera y que se pueda obtener de ellos o de fuentes confiables e independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad de su contenido.

La tarea comprende la individualización del cliente, el propósito, carácter o naturaleza del vínculo establecido con el sujeto obligado, el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo asociado a éstos y su operatoria.

En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque basado en riesgo para identificar a los propietarios, beneficiarios finales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su estructura de titularidad y control.

Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, deberán adoptar medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un enfoque basado en riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.

A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar que las personas humanas utilicen estructuras jurídicas, como empresas pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones.

En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto.

Asimismo, deberán adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación; debiendo completar las medidas de verificación en tiempo razonablemente práctico, siempre que los riesgos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo se administren con eficacia y resulten esenciales a efectos de no interrumpir el curso normal de la actividad.

En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del cliente y de la operatoria, implementar medidas idóneas para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten proporcionales a éstos; teniendo en consideración un enfoque basado en riesgo.

Cuando se tratare de personas expuestas políticamente, deberán adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de detectar posibles desvíos en el perfil del cliente, a fin de mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo vinculado al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria;

b) Determinar el origen y licitud de los fondos;

c) Conservar la información recabada respecto de sus clientes, en forma física o digital, por un plazo mínimo de cinco (5) años; debiendo permitir ésta reconstruir las transacciones realizadas, nacionales o internacionales; y encontrarse a disposición de la Unidad de Información Financiera y/o de las autoridades competentes cuando éstas lo requieran;

d) Reportar "hechos" u "operaciones sospechosas" de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince (15) días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada;

e) Reportar "hechos" u "operaciones sospechosas" de financiación de terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.

2. Asimismo, los sujetos obligados deberán:

a) Registrarse ante la Unidad de Información Financiera;

b) Documentar los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades funcionales que correspondan, en atención a la estructura del sujeto obligado, y teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgo;

c) Designar oficiales de cumplimiento, que serán responsables ante la Unidad de Información Financiera del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente norma y por las reglamentaciones que dicte esa unidad. Las personas designadas deberán integrar el órgano de administración de la entidad.

En el caso que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.

Las obligaciones establecidas en el presente artículo serán objeto de reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 22.— Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.
El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.
CAPITULO IV
Régimen penal administrativo
ARTICULO 23. —
1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quáter del Código Penal.
Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito.
2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000).
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 24. —
1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.
2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).
4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco (5) años, del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga.
5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación.
(Artículo sustituido por art. 19 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 25.— Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 26.— Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por "acción civil", la acción "penal administrativa".
ARTICULO 27.— El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:
a) Aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación". (Inciso sustituido por art. 92 inc. f) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)
b) Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.
En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro Nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), los programas previstos en el artículo 39 de la ley 23.737 y su modificatoria ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.
El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley, serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.
Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.
(Artículo sustituido por art. 20 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
CAPITULO V
El Ministerio Público Fiscal
ARTICULO 28.— Cuando corresponda la competencia federal o nacional el Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.(*)
Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva.(*)
ARTICULO 29.— Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
ARTICULO 30.— El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá:
a) Suspender la orden de detención de una o más personas;
b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica;
c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado;
d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio.
El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino.
La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida.
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 31.— (Artículo derogado por art. 17 de la Ley N° 27.304 B.O. 2/11/2016)
ARTICULO 32.— El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias.
(Artículo incorporado por art. 23 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 33.— El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.
Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies de la ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 24 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)

ACLARACION: extraido de la página de infoleg 12.02.2019

(*) NOTA: Los textos en negrita fueron observados.
Decreto 370/2000
Bs. As., 5/5/2000
VISTO el Proyecto de Ley Nº 25.246, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 13 de abril del corriente año, y
CONSIDERANDO:
Que se considera conveniente observar el inciso 2) del artículo 278 del Código Penal, sustituido por el artículo 3º del Proyecto de Ley.
Que en materia penal la regla general es la punibilidad de conductas de naturaleza dolosa, a las que, por excepción, se añaden formas de comisión culposas, en función de la necesidad de proteger debidamente los bienes jurídicos de que se trate.
Que las conductas incriminadas en el inciso 1) apartado a) del artículo 278 del Código Penal aparecen como suficientes para tutelar los intereses en juego.
Que la extrema complejidad que pueden asumir las diferentes operaciones que constituyen la base de las conductas punibles, torna en extremo dificultosa la aplicación de un delito culposo, ya que tratándose de un tipo de los denominados "abiertos", necesita de la determinación por parte del juez del preciso y concreto deber de cuidado objeto de violación, para poder afirmar la responsabilidad culposa.
Que en razón de ello, los distintos reglamentos modelo y las legislaciones que exhiben un mayor desarrollo del tema, en líneas generales sólo contemplan la tipicidad dolosa. En cuanto a los primeros, cabe aludir al "Reglamento modelo del Grupo de Expertos en lavado de dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Droga (CICAD) de la ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS" y las "cuarenta recomendaciones elaboradas por el Grupo de Acción Financiera". Respecto de la legislación de los países de la región corresponde señalar que a excepción de la REPUBLICA DEL PARAGUAY, esa es la modalidad adoptada por la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPUBLICA DE CHILE, la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la REPUBLICA DE BOLIVIA.
Que las razones antes expuestas como fundamento de la observación, no parecen aplicables al inciso 2) del artículo 23 del Proyecto de Ley, pese a que en él también se hace alusión al hecho cometido por temeridad o imprudencia grave. Ello, en virtud de tratarse de un régimen penal administrativo aplicable a personas jurídicas, que parece apropiado para alcanzar la finalidad perseguida por la norma.
Que el artículo 10 del Proyecto de Ley en su segundo párrafo dispone que los miembros de la Unidad de Información Financiera, durarán CUATRO (4) años en su cargo y "percibirán una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia".
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia aconsejan observar esta última referencia dejando a la facultad reglamentaria del PODER EJECUTIVO NACIONAL el fijar la escala de remuneraciones pertinentes.
Que, asimismo, el cuarto párrafo del citado artículo 10 establece que el Tribunal de Enjuiciamiento que tendrá a su cargo el procedimiento de remoción de los miembros de la Unidad de Información Financiera estará integrado por TRES (3) miembros ex Magistrados de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL.
Que la naturaleza de las causales de remoción no son estrictamente penales, por lo que no resulta comprensible la limitación del origen de los Magistrados a un solo Fuero, ya que no mediaría ningún inconveniente en la designación de ex Magistrados del Fuero Federal Civil o Contencioso Administrativo, etc.
Que el artículo 12 del Proyecto de Ley, dispone que la Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados, entre otros titulares, por los del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Que la dependencia citada en último término, es un organismo perteneciente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y no tiene el carácter de ente descentralizado, no resultando procedente que su titular designe a un oficial de enlace.
Que el artículo 28 del Proyecto de Ley, al referirse a las atribuciones del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, expresa: "Cuando corresponda a la competencia federal o nacional" el Fiscal General designado por la PROCURACION GENERAL DE LA NACION recibirá la denuncia sobre la posible comisión de delito de acción pública, agregando que "en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda".
Que, asimismo, en el último párrafo del citado artículo, al referirse a las normas procesales que se aplicarán en las circunstancias previstas, establece que se actuará conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, "o en su caso, el de la provincia respectiva".
Que reiteradamente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, ha sostenido que el CONGRESO DE LA NACIONAL no puede sustraer la facultad constitucional que las provincias tienen para legislar sobre procedimientos por ser una atribución, que en principio, está reservada a ellas por los artículos 75, inciso 12 y 121 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL tiene competencia para el dictado del presente conforme el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1º — Obsérvase el inciso 2) del artículo 278 del Código Penal, sustituido por el artículo 3º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246.
Art. 2º — Obsérvase en el inciso 2 del artículo 279 del Código Penal, sustituido por el artículo 4º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase que dice: "No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2".
Art. 3º — Obsérvase en el inciso 3 del Artículo 279 del Código Penal, sustituido por el artículo 4º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase que dice: "En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación".
Art. 4º — Obsérvase en el segundo párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase: "y percibirán una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia".
Art. 5º — Obsérvase, en el cuarto párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase: "de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional".
Art. 6º — Obsérvase, en el artículo 12 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase: "la Inspección General de Justicia".
Art. 7º — Obsérvase en el inciso 2 del artículo 23 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246 la frase: "en el sentido del artículo 278, inc. 2) del Código Penal".
Art. 8º — Obsérvanse, en el artículo 28 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, las frases: "Cuando corresponda la competencia federal o nacional"; "; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda" y ", o en su caso, el de la provincia respectiva".
Art. 9º — Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246
Art. 10. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Rodolfo H. Terragno. — Federico T. M. Storani. — Adalberto Rodríguez Giavarini. — Ricardo R. Gil Lavedra. — Juan J. Llach. — Rosa Graciela C. de Fernández Meijide. — Nicolás V. Gallo. — Héctor J. Lombardo. — Ricardo R. López Murphy. — Mario A. Flamarique. — José L. Machinea.
NOTA: La presente Ley Nº 25.246 se publica nuevamente, en razón de que en la edición del miércoles 10 de mayo de 2000, por un error técnico en la impresión gráfica, se reprodujo en forma incompleta el texto de la columna 1 - página 2.
(Nota Infoleg: Por art. 218 de la Ley N° 27.440 B.O. 11/5/2018, se establece que en el texto de la presente; siempre que se haga referencia al término "persona de existencia visible" o "persona física" deberá leerse "persona humana" y donde diga "Ministerio de Economía", "Ministerio de Economía y Producción" o "Ministerio de Economía y Finanzas Públicas" deberá leerse "Ministerio de Finanzas")
Antecedentes Normativos
— Artículo 21 Bis sustituido por art. 164 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 21 Inciso c) sustituido por art. 163 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 19 sustituido por art. 162 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 4 Inciso 13 derogado por art. 161 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 13 Inciso 3° sustituido por art. 160 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 5°, expresión "en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación", sustituida por la siguiente expresión: "en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación", por art. 92 inc. a) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial;
— Artículo 31 incorporado por art. 22 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011;
— Artículo 21 bis incorporado por art. 17 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011;
— Artículo 23, inciso 2) sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007;
— Artículo 23, inciso 1) sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007;
— Artículo 19 sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007;
— Artículo 14, inciso 5) sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007;
— Artículo 6º sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007;
— Artículo 12 sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006;
— Artículo 9º sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B.O. 27/7/2006;
— Artículo 20, último párrafo derogado por Art. 3º de la Ley N° 26.087, B.O. 24/04/2006;
— Artículo 14, inciso 1), segundo párrafo sustituido por Art. 1º de la Ley Nº 26.087, B.O. 24/04/2006;
— Artículo 14, inciso 1), tercer párrafo sustituido por Art. 1º de la Ley Nº 26.087, B.O. 24/04/2006;
— Artículo 19 sustituido por Art. 2º de la Ley N° 26.087, B.O. 24/04/2006;
— Artículo 8° sustituido por art. 1° del Decreto N° 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
— Artículo 9°, inciso c), sustituido por art. 2° del Decreto N° 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
— Artículo 10 sustituido por art. 3° del Decreto N° 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
— Artículo 16 sustituido por art. 4° del Decreto N° 1500/2001 B.O. 26/11/2001.

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Resolución nº 11/2011
Publicada: 14.01.2011
Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.
Bs. As., 13/1/2011
VISTO, el Expediente Nº 963/2008 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246, modificada por las Leyes Nº 26.087, Nº 26.119 y Nº 26.268, las Leyes Nº 23.660; Nº 24.759; Nº 25.188 y Nº 26.097; así como lo previsto en los Decretos Nº 290/2007 y Nº 1225/2007 y lo establecido en las Resoluciones de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, dirigidas a los Sujetos Obligados a informar, contemplados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y,
CONSIDERANDO:
Que nuestro país ha aprobado, mediante la sanción de la Ley Nº 24.759, la "Convención Interamericana contra la Corrupción" firmada en la tercera sesión plenaria de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, celebrada en CARACAS, VENEZUELA.
Que la citada Convención define la "FUNCION PUBLICA" como "toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos" y establece que "FUNCIONARIO PUBLICO", "OFICIAL GUBERNAMENTAL" o "SERVIDOR PUBLICO" es cualquier funcionario o empleado del Estado de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
Que asimismo, en el artículo II de la mencionada Convención se establece que sus propósitos son: "1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y; 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio".
Que, por otra parte, en el artículo III de esa Convención se prevén medidas preventivas, indicándose que: "A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Parte convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: ... 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda".
Que mediante la sanción de la Ley Nº 26.097 se aprobó la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada en NUEVA YORK —ESTADOS UNIDOS DE AMERICA— el 31 de octubre de 2003.
Que el artículo 2º de la citada Convención dispone que a los efectos de esa Convención se entenderá por "funcionario público" a: "i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte".
Que se considera oportuno establecer quiénes deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente en nuestro país, a cuyo efecto se ha elaborado una nómina de funciones de Personas Expuestas Políticamente, que deberán tener en cuenta los sujetos obligados a informar, comprendidos en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Que a los efectos de elaborar la aludida Nómina, esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ha tenido en consideración, entre otros antecedentes lo dispuesto en el Artículo 5º de la Ley Nº 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Función Pública que enuncia a diversos magistrados y funcionarios del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, diversas normas y proyectos normativos elaborados hasta el presente, incorporando a otros funcionarios que se desempeñan en las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, se ha tenido en cuenta la realidad social, política y económica de nuestro país.
Que asimismo se tuvo en consideración la relevancia de las funciones incluidas en la Nómina, el carácter de servicio público y el interés público comprometido en las mismas, todo lo cual implica una importante exposición política en nuestro país.
Que teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos precedentes, esta UNIDAD DEINFORMACION FINANCIERA por medio de la presente aprueba la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" que comprende a Funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, funcionarios públicos extranjeros; los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las personas que sean públicamente conocidas por su proximidad con ellas.
Que asimismo por la presente se aprueba la "Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente", a los efectos de su utilización por parte de los sujetos obligados.
Que se establece también un plazo prudencial para que los sujetos obligados adecuen sus procedimientos internos e identifiquen entre sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, cuáles de ellos son Personas Expuestas Políticamente.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 25.246, esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA es el Organismo competente para entender en el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
Que la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA se encuentra facultada para emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados, conforme lo dispuesto en el artículo 14 incisos 7) y 10) y en el artículo 21 incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Unidad ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las citadas facultades, previa consulta al Consejo Asesor de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1º.— Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:

1 - Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;

2 - Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;

3 - Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;

4 - Embajadores y cónsules.

5 - Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);

6 - Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;

7 - Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;

b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe
entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.

c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1 - El Presidente y Vicepresidente de la Nación;

2 - Los Senadores y Diputados de la Nación;

3 - Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;

4 - Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;

5 - El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;

6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;

7- Los interventores federales;

8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;

9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

10- Los Embajadores y Cónsules;

11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;

12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;

13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;

14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;

16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;

17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;

18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;

19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/4/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
Artículo 2º.— Aprobar la "Declaración Jurada sobre la condición de Personas Expuestas Políticamente", que como ANEXO se incorpora a la presente.
Artículo 3º.— Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la "Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente", de acuerdo con el modelo que se acompaña como ANEXO a la presente, pudiendo adicionar todo otro dato que considere necesario para la identificación de la persona.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/4/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
Artículo 4º.— Además de lo establecido en el artículo precedente, los sujetos obligados deberán:

a) Respecto de los clientes, requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de "Personas Expuestas Políticamente" en los términos del artículo 1º apartados a) y b):

1. Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de la relación, a estos efectos los Sujetos Obligados deberán contar con la aprobación del Oficial de Cumplimiento para establecer, o mantener, las relaciones con estos clientes.

2. Reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica, y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.

3. Llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial.

b) Respecto de los clientes, requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de

"Personas Expuestas Políticamente" en los términos del artículo 1º apartados c), d), e), f), g), h) e i) únicamente en aquellos casos en que los Sujetos Obligados detecten mayor riesgo en la relación con estas personas, deberán aplicar la medidas establecidas en los puntos 1 a 3 precedentes.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/4/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
Artículo 5º.— Los sujetos obligados deberán, en virtud de las obligaciones del artículo 21 inciso a) de la Ley 25.246, conservar constancias del cumplimiento de las exigencias previstas precedentemente, por un plazo de DIEZ (10) años.
Artículo 6º.— En los Reportes de Operaciones Sospechosas que se encuentren involucradas Personas Expuestas Políticamente, los sujetos obligados deberán dejar debida constancia de ello al efectuar la descripción de la operatoria.
La misma constancia deberá dejarse en los Reportes de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT1), efectuados conforme lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 125/2009.
Artículo 7º.— Los sujetos obligados deberán tener identificados, entre todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, a aquellos que reúnen la condición de "Personas Expuestas Políticamente", antes del 1º de abril de 2011.
Artículo 8º.— La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 9º.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 


                                                                                                                                                                  ANEXO
(Anexo sustituido por art. 2° de la Resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/4/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
"Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente"

El/la (1) que suscribe, ___________________________________ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____________________________________ Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3) ___________ Nº_____________________

País y Autoridad de Emisión: _______________________________________________________

Carácter invocado (4): ______________________

CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: _______________________

Lugar y fecha: _________________________________ Firma: ___________________________

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1).

Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.

Observaciones:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.

(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Resolución 134/2018
Publicado: 23.11.2018
RESOL-2018-134-APN-UIF#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-56727841-APN-DD#UIF, las Leyes N° 23.298, N° 23.660, Nº 24.759, Nº25.188, N° 25.246, Nº 26.097 y N° 26.215, el Decreto Nº 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y la Resolución UIF N° 11 de fecha 13 de enero de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF), es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT).

Que en el artículo 20 de la precitada norma se enumeran los sujetos obligados a informar a la UIF en los términos de los artículos 20 bis, 21 y 21 bis del mismo cuerpo legal.

Que mediante el inciso 10 del artículo 14 de la Ley N° 25.246 se faculta a la UIF a emitir directivas e instrucciones que deben cumplir e implementar los sujetos obligados.

Que con sustento en tal facultad, la UIF ha dictado la Resolución UIF N° 11/2011 que establece las medidas, procedimientos y controles que los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 deben adoptar y aplicar respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que se encuentran enumeradas en la mencionada norma.

Que al momento del dictado de la mencionada Resolución, la UIF tuvo en consideración las 40+9 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) contra el LA/FT aprobadas en el año 2003.

Que el GAFI es un ente intergubernamental con el mandato de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el LA/FT y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, siendo oficialmente conocidas como sus Recomendaciones, las que constituyen un esquema completo y consistente que los países miembros deben implementar.

Que en febrero de 2012 las Recomendaciones del GAFI fueron revisadas y como consecuencia de ello se modificaron los criterios para la prevención del LA/FT, mutando de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos.

Que, en tal sentido, la Recomendación N° 1 establece que a los efectos de un combate eficaz contra los delitos de LA/FT, los países miembros del GAFI deben aplicar un enfoque basado en riesgos, a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.

Que mediante dicho enfoque, las autoridades competentes, las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas deben ser capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar el LA/FT tengan correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de manera más eficiente.

Que el GAFI ha emitido en el año 2013 una Guía acerca de Personas Expuestas Políticamente donde define, en consonancia con lo dispuesto en la Recomendación N° 12, que son PEP aquellas personas a quienes se les ha confiado una función pública prominente. La relación con el Cliente que ya no ejerce una función pública prominente debe estar basada en una evaluación del riesgo y no en un límite temporal preestablecido. El enfoque basado en riesgo requiere que las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas evalúen el riesgo de LA/FT de una PEP que ya no ejerce una función pública prominente, y tomen medidas efectivas para mitigar esos riesgos.

Que sin perjuicio de ello, corresponde poner en resalto que nuestro país ha aprobado, mediante la sanción de la Ley Nº 24.759, la "Convención Interamericana contra la Corrupción" adoptada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos.

Que la citada Convención define a la "Función Pública" como "toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos" y establece que "Funcionario Público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor Público" es cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.

Que asimismo, en el artículo II de la mencionada Convención se establece que sus propósitos son: "1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y; 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio".

Que en el artículo III de esa Convención se prevén medidas preventivas, indicándose que: "A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: (...) 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda (...) 10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción".

Que mediante la sanción de la Ley Nº 26.097 se aprobó la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003.

Que su artículo 2º dispone que a los efectos de esa Convención se entenderá por "Funcionario Público" a: "i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario público" en el derecho interno de un Estado Parte...".

Que en el mismo artículo 2° inciso b) dispone a los efectos de esa Convención que se entenderá por "Funcionario Público Extranjero" a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública.

Que nuestro país ha aprobado, mediante la sanción de la Ley Nº 25.319, la "Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales" suscripta en París, República Francesa, el 17 de diciembre de 1997.

Que la citada Convención en su artículo 7° establece respecto del lavado de dinero que "Cada Parte que haya tipificado como delito determinante el cohecho de su propio funcionario público, a efectos de la aplicación de su legislación sobre lavado de dinero, hará lo mismo y en las mismas condiciones respecto del cohecho de un funcionario público extranjero, sin tener en cuenta el lugar en que ocurrió el cohecho".

Que asimismo, de conformidad con el artículo 12 de la citada Convención, nuestro país se comprometió a cooperar con la realización de un programa de seguimiento sistemático para controlar y promover su plena aplicación.

Que la OCDE ha emitido en el mes de marzo de 2017 un reporte acerca de la implementación de la citada Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en transacciones Comerciales en el marco de la Fase 3 bis del proceso de membresía de la República Argentina.

Que en dicho reporte, la OCDE formuló algunas recomendaciones a nuestro país sobre la necesidad del fortalecimiento de las medidas de debida diligencia para las relaciones contractuales con PEPs, la inclusión de algunas categorías a la definición de PEP, como así también el aseguramiento de que la debida diligencia sobre PEPs sea realizada con un enfoque basado en riesgo y no a partir de un criterio temporal desde la fecha de cese de la función pública prominente.

Que por lo expuesto, se considera oportuno establecer una nueva nómina de qué personas deben ser consideradas PEP en nuestro país, teniendo en cuenta las funciones que desempeñan o han desempeñado, y en su caso el vínculo de cercanía o afinidad que posean terceros con las personas que desempeñen o hayan desempeñado tales funciones.

Que la UIF ha tenido en consideración lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188.

Que se ha incorporado a otros funcionarios que se desempeñan en las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que se ha tenido en cuenta la realidad social, política y económica de nuestro país; junto a la relevancia de las funciones, el carácter de servicio público y el interés público comprometido en las mismas.

Que la nómina que se aprueba por la presente integra una nueva regulación que deberán observar todos los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246, respecto al tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente desde un enfoque basado en riesgos.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Unidad ha tomado la intervención que le compete.

Que se dio intervención al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el Consejo Asesor emitió su opinión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Nº 25.246.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 25.246, y los Decretos N° 290 del 27 de marzo de 2007 y 233 del 25 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación:

a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente.

b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de naturaleza equivalente.

c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.

d. Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional.

e. Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros.

f. Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).

g. Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.

h. Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía.

i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión.

j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales o autorizados, de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

a. Presidente o Vicepresidente de la Nación.

b. Senador o Diputado de la Nación.

c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación.

d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación.

e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto.

f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.

g. Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director o su equivalente.

h. Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho organismo, con categoría no inferior a la de director o su equivalente.

i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento.

j. Embajador o Cónsul.

k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza.

l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.

m. Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el Estado, de empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o en otros entes del sector público.

n. Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.

o. Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General o Nacional.

p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director.

q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.

r. Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.

s. Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.

b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i. Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

k. Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.

l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.

m. Funcionario de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de Director General o Provincial.

n. Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.

o. Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215.

b. Autoridad de los órganos de conducción de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa). El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio sindical.

c. Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de las obras sociales.

d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros.

ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de la presente.

A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:

a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.

b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente.

d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.

e. Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda resultar relevante.

ARTÍCULO 6º.- ANALISIS DEL NIVEL DEL RIESGO. MONITOREO.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación particular establecida para los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, éstos deberán determinar el nivel de riesgo al momento de iniciar o continuar con la relación contractual con una Persona Expuesta Políticamente, contemplando al menos los siguientes parámetros:

a. El objetivo y riesgo inherente de la relación comercial.

b. Características de las operaciones:

1. Cuantía, naturaleza y complejidad de los productos o servicios comprendidos, canales de distribución, localización geográfica y países vinculados a la operación u operaciones comerciales implicadas.

2. Riesgo propio de las operaciones: uso de efectivo en forma intensiva, transacciones de alto valor, la complejidad y diversidad de productos o servicios, empleo de múltiples jurisdicciones, uso de patrimonios de afectación y la dificultad de identificar el beneficiario final.

3. Origen de los fondos o bienes involucrados.

c. Actuales o potenciales conflictos de intereses.

d. Si el ejercicio de la función pública, guarda relación con actividades que poseen antecedentes de exposición a altos niveles de corrupción.

e. Si el ejercicio de determinada función pública es de relevancia tal, que pudiera tornar dificultosa la implementación, por parte de los sujetos obligados, de las políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

f. Vigencia del ejercicio de la función pública; una vez transcurridos dos años contados a partir de la fecha del cese en el ejericio de la función pública se deberá evaluar la situación del cliente o beneficiario final mediante un enfoque basado en riesgos, tomando en consideración la relevancia de la función desempeñada, la potestad de disposición y/o administración de fondos y la antigüedad en la función pública ejercida, entre otros factores de relevancia para el análisis del nivel de riesgo.

Deberá asimismo tenerse en cuenta el ejercicio de cargos sucesivos en la misma, o diferente jurisdicción, su nivel jerárquico y relevancia.

En atención a lo expuesto, las Personas Expuestas Políticamente serán objeto de medidas de debida diligencia, adecuadas y proporcionales al riesgo asociado y la operación u operaciones involucradas.

El mismo tratamiento deberá propinarse a las personas consignadas en el artículo 5°, teniendo en consideración el grado de cercanía o afinidad con la Persona Expuesta Políticamente vinculada.

En todos los casos tendrán que implementarse reglas de control de operaciones y alertas automatizadas, de modo que resulte posible monitorear, en forma intensa y continua, la ejecución de operaciones y su adecuación al Perfil del Cliente, su nivel de riesgo y las posibles desviaciones en éste; a fin de tomar medidas oportunas para impedir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 25.246.

Sin perjuicio de ello, los sujetos obligados deberán establecer niveles de aprobación de la relación con esta clase Clientes, en función del riesgo que estos presenten.

ARTÍCULO 7º.- DECLARACIÓN JURADA DE PEP.

Los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246, deberán requerir a sus Clientes, al momento de iniciar la relación contractual, que suscriban una declaración jurada donde manifiesten si revisten o no la condición de Persona Expuesta Políticamente.

En forma previa a la firma de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente, los sujetos obligados deberán poner en conocimiento de sus Clientes el contenido de la presente Resolución a fin de que manifiesten si se encuentran incluidos en la nómina de personas establecidas en los artículos 1° a 5°.

La suscripción de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente, podrá ser conformada tanto presencialmente o a través de medios electrónicos o digitales, dejando constancia de las evidencias correspondientes.

ARTÍCULO 8º.- VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PEP.

Los sujetos obligados deberán verificar en todos los casos, y con un enfoque basado en riesgo, la condición de Persona Expuesta Políticamente respecto de sus Clientes y sus Beneficiarios Finales.

Podrán requerir información, o en su caso documentación, respecto de la actividad desarrollada por sus Clientes, a efectos de determinar si el origen de los fondos involucrados en las operaciones se encuentran vinculados con el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 1° y 4° de la presente, o puedan provenir de una persona relacionada por cercanía o afinidad en los términos del artículo 5° de esta Resolución.

La condición de PEP también podrá ser verificada mediante fuentes públicas, tales como las contenidas en boletines oficiales, registros de cualquier tipo, u otras, y por medio de fuentes privadas que por su reconocimiento y prestigio puedan brindar razonable certeza sobre la veracidad de su contenido, tales como proveedores de información crediticia, servicios de validación de identidad, medios de prensa, u otras.

En todos los casos, los sujetos obligados deberán guardar las evidencias correspondientes de la verificación realizada.

ARTÍCULO 9º.- REQUERIMIENTOS ESPECIALES.

Cuando se formulen Reportes de Operaciones Sospechosas donde se encuentren involucradas Personas Expuestas Políticamente, los sujetos obligados deberán dejar debida constancia de ello al efectuar la descripción de la operatoria.

De igual modo deberán proceder respecto de los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo.

ARTÍCULO 10.- La presente Resolución comenzará a regir a los CIENTO VEINTE (120) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial; oportunidad en que perderá vigencia la Resolución UIF N° 11/2011.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Tomo I

Municipalidad de Paraná

Encontraremos información que refiere al Régimen Municipal, de acuerdo a  la Constitución Nacional y Provincial y la Ley Orgánica de Municipios que rige en nuestra Provincia. También está conformada por aspectos vinculados a la Municipalidad en sí misma: Símbolos, Ejido, Ceremonial, dispositivos de Información Ciudadana, Relaciones Institucionales, mecanismos de Participación y de Protección, normas, leyes, procedimiento administrativo, Justicia de Faltas,  organización y estructura administrativa y laboral del Estado Municipal.

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Tomo II

Actividad Económico Financiera

Refiere a los medios y recursos económicos con que cuenta la Municipalidad. Las normas se agrupan en: finanzas, rentas, contrataciones, concesiones, contabilidad, patrimonio, expropiaciones, restructuración y reforma del estado municipal - emergencia económica - contención del gasto público - y régimen federal de responsabilidad fiscal.

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Tomo III

Prestaciones Municipales

Se agrupan las normas sobre tales prestaciones en: abastecimiento, acción social, catastro, cementerio, cultura y educación, deportes, estación terminal de ómnibus, higiene, obras públicas, obras sanitarias, promoción industrial, salud pública, turismo, preservación de bienes muebles e inmuebles, servicio fúnebre para indigentes, pensionado juvenil, defensa civil, fiestas-conmemoraciones, minoridad, discapacidad, familia, juventud, adolescencia, mujer, adultos mayores, tercera edad y derechos humanos.

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Tomo IV

Actividad Urbanística

Las normas que se incluyen en esta actividad refieren a preceptos de la Constituciona Nacional, Código Civil y Ley Orgánica nº 10027 que regulan esa materia y  normas sobre planeamiento urbano; trazado de calles, manzanas y lotes; edificación; paisaje urbano; medio ambiente y zonas de emergencia.

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Tomo V

Actividad de los Administrados

En dos títulos se incluyen las normas sobre permiso de uso y habilitación de locales y establecimientos y sobre espectáculos públicos.

 

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Tomo VI

Actividad en la Vía Pública

Refiere a la actividad en la vía pública y en cinco títulos se agrupan las normas sobre: tránsito; licencia para conducir vehículos; transporte; usos especiales de la vía pública y publicidad en la vía pública.

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